Mujeres cooperativas

Mujeres cooperativas

En la semana de la reivindicación de los derechos de la mujer, tres trabajadoras cuentan su experiencia en otro modelo de organización económica. Relatan cómo se unieron para enfrentar las dificultades del mercado laboral, para recuperar una fábrica u organizarse para cuidar a sus compañeras.

En la semana en la que se conmemora la lucha de las mujeres trabajadoras por igualdad de derechos, que tuvo origen con las trabajadoras textiles de las fábricas de Chicago, ANCCOM conversó con mujeres que llevan adelante asociaciones y cooperativas de trabajo para demostrar que otra economía es posible. De Berazategui y como parte de la Comisión Directiva de Safra, habló Graciela Avalos; desde el valle de Uco, lo hizo Francisca Agüero, integrante de Mujeres de la Viña y María Ramallo, integrante de la cooperativa Ave Fenix de la economía social y popular, se pronunció desde Ezeiza.

Graciela forma parte de Safra, una cooperativa de Berazategui que fabrica caldos deshidratados, sopas instantáneas y salsas. Tuvo origen en 2010, cuando los trabajadoras y trabajadores decidieron recuperar y autogestionar la empresa que estaba en vías de extinción. “La idea de formar una cooperativa surgió por necesidad. Antes de llevarla a la quiebra comenzaron a hacer un desgaste y muchos se fueron buscando otros horizontes y los pocos que quedamos dijimos que teníamos que hacer algo: o formábamos una cooperativa o cerrábamos y nos íbamos. Ni siquiera hizo falta tomar la empresa porque hicieron abandono del lugar”.

El espíritu de resistencia no sólo lo tenían los trabajadores y trabajadoras, sino que contaron con el apoyo de los vecinos de la fábrica, quienes les avisaron cuando empezaron a llevarse las máquinas del lugar, por lo que tuvieron que empezar a dejar guardias todo el día: “La mayoría éramos mujeres y de noche una mujer sola en el lugar era más peligroso. Durante todo el día íbamos las mujeres, con los chicos y a la noche se quedaban los varones”.

Graciela trabajaba en la empresa como personal de maestranza y dice que eso la ayudó y le sirvió porque escuchaba muchas cosas que nunca pensó que en algún momento le iban a servir para entender cómo organizar el trabajo, desde la producción hasta la venta. Cuando surgió la idea de la cooperativa nadie sabía nada de cooperativismo: «Para mí conformarla fue un mundo aparte, había escuchado de empresas recuperadas por sus trabajadores, pero no sabía bien lo que había que hacer. Un día estuvimos ahí y dijimos: ´¿Seguimos luchando por esto o cada uno se va a su casa y ve su rumbo?´ Había muchas chicas jefas de familia con hijos que su única entrada era esa. Fuimos aprendiendo con muchas ganas. Fue difícil aprender, pero tuvimos gente que nos ayudó, de la UOM y del INAES, por ejemplo». 

Graciela plantea que recuperar la empresa le dio otro valor al trabajo en cooperativa: «Lo único que tenés es la necesidad de sostener un trabajo y las ganas de trabajar». Graciela también menciona la diferencia que hay entre el mercado laboral formal y el cooperativismo: «Acá lo que entra, se reparte para todos igual, no hay empleados. La otra diferencia es que cuando pasamos por momentos difíciles en lo que estás en la disyuntiva de cerrar o no, en ningún momento se piensa que vamos a sacar a cinco o diez para salvar a unos pocos, en la cooperativa se salvan todos o ninguno.» Y también la ve en el rol que las mujeres tienen en Safra: «Cuando estaba el anterior dueño llegó un momento en el que quería echar a las mujeres porque decía que faltaban porque se embarazaban, o porque siempre tenían problemas con los hijos y echó a bastantes chicas. Éramos más mujeres porque el trabajo es muy manual y las mujeres tenemos más habilidad con las manos. Los varones estaban en lugares donde tenían que hacer tareas de fuerza». Graciela destaca que hoy en la cooperativa trabajan todos igual: “Todos a la par, siempre cuidando el respeto entre todos porque somos todos iguales, todos tenemos que saber hacer todo. Tenemos muchos proyectos a futuro, queremos ampliarnos, pero también queremos que el consumidor tenga la posibilidad de elegir”.

Mujeres de la Viña es una asociación productoras conformada por 23 trabajadoras. Estas mujeres eran dueñas de tierras en el Valle de Uco (Mendoza) donde se producían uvas de alta calidad que, en su mayoría, eran comercializadas a bodegas extranjeras.

Federica Agüero, técnica de los centros de desarrollo vitícola del INTA quien trabajó en articulación institucional con la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina), contó que se conformaron en 2018 como una asociación que trabaja con espíritu cooperativo. En ese año, las uvas no tenían buen valor y estaban teniendo inconvenientes para venderlas y colocarlas en la zona, dominada por bodegas extranjeras que compran a los pequeños productores para sus vinos de alta gama. «Ese año las bodegas estaban con stock de vino y era un problema que tenían en común las mujeres».

Federica trabajaba dando asesoramiento y apoyo técnico en la zona: «Me di cuenta que había muchas mujeres dueñas de sus unidades productivas que les costaba mucho insertarse en el mercado y ser visibilizadas en el sector vitivinícola. Las empezamos a visitar con más frecuencia y se unieron, en especial a las que eran mujeres porque los hombres, como es una actividad masculinizada, se apoyaban con el precio de la uva, se prestaban maquinaria y con las mujeres no sucedía eso». 

Ese año el problema era la venta de la uva y surgió la propuesta de hacer un vino bajo su propia marca aprovechando que lo que mejor que tenían era la materia prima, ya que sus uvas son de alta calidad. El proyecto fue creciendo de menor a mayor ya que primero fueron seis o siete productoras y después, con el boca en boca se fueron invitando a otras productoras. Agüero comentó que al principio les costó porque costaba que ellas encontraran su espacio. Pero que la idea era darles un espacio para que pudieran capacitarse en la elaboración de vino y fortalecerse como mujeres empresarias, productoras y que pudieran visibilizar todo lo que estaban haciendo. 

Otro punto en común de estas mujeres era el amor por sus tierras que no querían perder, porque también eran tradiciones de familia. Los viñedos eran tradición masculina e históricamente los trabajaban los hombres. Pero, más allá del arraigo a sus tierras, más allá que las unía la necesidad al momento de vender la uva y elaborar un vino para mejorar la rentabilidad, las experiencias compartidas pasaban por no ser visibilizadas como mujeres productoras, explica Agüero. «Entonces empezaron a trabajar, a charlar, a contar historias y eso las unió y les permitió plantearse objetivos claros y sumar mujeres que estén en la misma situación». Federica las acompañó, escuchó, asesoró y ayudó a buscar capacitaciones. «Mi rol es contar las historias hermosas que tiene cada una. Hoy, en 2023 las veo y es increíble el crecimiento de este grupo, vendiendo su marca a nivel nacional con cuatro líneas de vino. 

En 2018 estaban preocupadas por tratar de levantar la cosecha y tratar de saber cómo negociar el valor de la uva a la bodega, y hoy están trabajando para exportar su línea de vinos, su marca. Por ejemplo, hay mujeres que vendieron toda su vida a bodegas, donde tenían que rogar y negociar el precio. Hoy las llaman porque son conocidas, porque saben que producen su propia marca y porque el bodeguero quiere su uva, entonces hay otro tipo de negociación. No son esas productoras sumisas que vendían la uva con tal de no dejar nada en la planta y levantar la cosecha, hoy están en otra posición».

Agüero destaca que Mujeres de la Viña es un colectivo que está todo el tiempo estudiando, porque ellas aprenden en todos los roles: desde la finca, que empezaron a capacitarse con asesoramiento técnico, después en la elaboración del vino. «Ellas están asesorando y aprendiendo siempre sobre comercialización, comunicación, sobre toda la cadena completa que lleva el vino. El estar constantemente capacitándose, adquiriendo conocimiento también les genera poder. El conocimiento es fundamental en ellas porque algunas son profesionales, otras amas de casa, otras modistas, otras trabajadoras de la educación. El valor más importante que tienen es que se transmiten una a la otra su conocimiento y eso también las empodera y las pone de pie frente a cualquier situación en las que tenga que negociar con una bodega, vinoteca o empresario del vino».

María Ramallo comenzó a trabajar en la cooperativa Ave Fénix de la economía social en 2009 debido a la situación económica que atravesaba el país. «Me llevó a ser parte de una cooperativa el tener que satisfacer una necesidad, participar en la economía social a través de un colectivo, organizado solidariamente y para prestar un servicio a la comunidad».

En el trabajo que realizaban, pudo darse cuenta de la diferencia que se da con el mercado laboral tradicional: «Las cooperativas dan oportunidades no sólo económicas, sino también educativas. Por fuera no tendríamos esas oportunidades, ya que las cooperativas generan los espacios para eso». María dice que las mujeres en las cooperativas tienen herramientas que sirven como una salida económica instantánea, pero también como oportunidad de estudio, ya que son un espacio para organizarse y satisfacer sus necesidades en todos los ámbitos de sus vidas y también en su propia comunidad. 

En 2013, el Ministerio de Desarrollo Social sumó a Argentina Trabaja un nuevo programa que se llamó Ellas Hacen, con el objetivo de otorgar una ayuda económica a madres solteras y a mujeres que hubieran atravesado situaciones de violencia de género. María, además del trabajo en la cooperativa, tuvo la oportunidad de realizar una diplomatura que dictó el organismo y comenzó con otras compañeras un equipo de «operadoras de género». En ese sentido, asegura: «Doy gracias a que las cooperativas me dieron el lugar y así estudié una diplomatura que me abrió muchas puertas». Desde ese año trabajó en la cooperativa y ayudó a decenas de mujeres que recurrían a sus asesorías y acompañamiento por grupos de WhatsApp: «Fue un trabajo que costó pero que al fin pudimos articular con las instituciones del distrito para ayudar y acompañar a las mujeres que estuvieran atravesando diferentes problemáticas. Hoy acompaño a las mujeres en sus denuncias, empezando ese camino al que llamo «la ruta crítica». 

María se jubiló hace dos años, pero no dejó de trabajar y tampoco de luchar por los derechos que faltan conquistar. «Los próximos años los veo difícil con este sistema capitalista. Creo que las cooperativas son clave para generar trabajo, igualdad, equidad; la salida está en la economía popular», asegura.

Graciela, Federica y María son tres de las tantas mujeres que se pusieron en pie ante las adversidades que se les presentaba el mercado laboral. Como reflexiona Federica: «Las mujeres somos así, si nos cierran las puertas nos metemos por la ventana. No hay maneras que nos pongan trabas. Solas sí, y es lo que tratamos de transmitir siempre a otras mujeres productoras o emprendedoras y es que la unión hace la fuerza». 

Los trabajadores del Bauen no se dan por vencidos

Los trabajadores del Bauen no se dan por vencidos

La pandemia logró lo que no pudo el poder: que cierre el autogestionado hotel Bauen. Pero sus integrantes ya armaron tres nuevas cooperativas y sueñan con una cuarta.

La cooperativa Sweet Canela la integran cinco extrabajadores del Bauen.

La pandemia de covid-19 causó la pérdida de innumerables puestos de trabajo y con ello la necesidad de decenas de familias de encontrar en medio de la crisis, nuevas formas para sustentarse. El coronavirus, entre otras cosas, logró lo que no pudo el Poder Judicial, el macrismo y empresariado: el Hotel Bauen cerró en octubre de 2020, luego de casi dos décadas de autogestión cooperativista y constantes luchas por las recurrentes amenazas de desalojo, los trabajadores tuvieron que abandonar el edificio debido a las deudas por la falta de ingresos a y previo a esto, los tarifazos y el veto de Mauricio Macri a la Ley de Expropiación, en el 2016.

Se cerró un capítulo para el exBauen, pero sus integrantes se repensaron junto con compañeros de otras cooperativas y así inició una nueva etapa, esta vez con mucha experiencia acumulada. Por eso, tras abandonar el edificio, surgieron tres experiencias cooperativistas. De estas, dos son gastronómicas: Sweet Canela, que administra el bar del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini; Los Carpinchos, que asume la gestión del bar de los trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (en la ex ESMA, Avenida del Libertador 8151) y Rutas Argentinas, la agencia de turismo que les va a permitir a todos los trabajadores conocer los alojamientos y destinos turísticos en manos de cooperativas y mutuales en todo el país y se espera que para el segundo semestre del año este en función en Avenida Cabildo al 1700.

Los exintegrantes de la cooperativa del Bauen ya crearon dos emprendimientos gastronómicos y uno turístico.

“Aún nos resta continuar con el Hotel. Es difícil pero no vamos a parar hasta encontrarlo. Como lo posible no se encuentra tirado por ahí sino que se construye espalda con espalda, salimos nuevamente a la cancha con más ganas que nunca”, indica Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA).

En este sentido, Tonarelli cuenta: “Nos encontramos en la búsqueda de un edificio estatal que cumpla con las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad hotelera, estamos gestionando los permisos de uso con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), es un proyecto a mediano plazo”.

En paralelo al cierre del Hotel Bauen, algunos trabajadores siguieron en la cooperativa, otros desarrollaron proyectos personales y algunos están trabajando en relación de dependencia. “La dispersión del grupo fue medio inevitable; sobre todo, por no haber podido resolver rápidamente lo del nuevo edificio”, dice Tonarelli. Sin embargo, hubo un grupo que siguió con el horizonte puesto en el asociativismo y la economía solidaria. En la actualidad, son 15 los trabajadores directos, 5 en cada una de las tres nuevas cooperativas, y a ellos se sumarían otros puestos de trabajo, según el número de habitaciones que tenga el futuro hotel y el crecimiento de cada una de las nuevas empresas autogestivas.

Sweet Canela asumió la administración del café-bar del Centro Cultural de la Cooperación en junio de 2022; el equipo de trabajo está integrado por cinco personas (tres mujeres y dos varones) y las ganancias se reparten entre todos por igual. Nancy Galván es la presidenta de esa cooperativa, y también es la encargada del local, en donde trabaja su hija mayor, Jacqueline.

Sweet es el proyecto que más recorrido tuvo en este tiempo y la más pura de los exBauen, aunque son poquitos por ahora, porque el bar de la CCC da para pocos todavía», explica el presidente de FACTA y adelanta “Cooperativa Los Carpinchos somos compañeros de la cooperativa Bar La Cacerola y yo que vengo del Hotel”.

La cooperativa Rutas Argentinas, en tanto, está integrada por siete trabajadores exBauen junto con compañeros de la Cooperativa Escuela Mundo Nuevo y la de lácteos La Ciudad (Séptimo Varón). “Si bien aún el proyecto está en sus inicios, ya tiene matrícula y CUIT y está tramitando el legajo de agencia de turismo en el Ministerio”, explica Tonarelli.

El objetivo a mediano plazo es reabrir el hotel.

El objetivo central es la reapertura del hotel que para el Mundial de 1978 fue hecho para albergar turistas y que tras la crisis económica, política y social del 2001 desatada por las políticas neoliberales que llevaron adelante los presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa terminó con sus puestos de trabajo. Así nació la cooperativa de los trabajadores que por casi 20 años hospedó a miles de personas y comensales y en sus últimos años supo ser la casa y cuna de diferentes proyectos culturales y sociales tales como las redacciones de las revistas La Garganta Poderosa y Cítrica, el grupo teatral El Descubridor (con Manuel Callau a la cabeza) y un almacén de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

“La suma de tantas voluntades hizo nacer el Espacio Cooperativo Bauen, y esperamos poder continuar con el trabajo de tantos años. A estas tres cooperativas que hablamos, se le sumaría la cuarta, que es la cooperativa del Hotel Bauen. Dependemos para poder avanzar de las negociaciones que con la AABE estamos motorizando para conseguir un edificio estatal en comodato. Si conseguimos un edificio habría un rápido reagrupamiento de los compañeros, de eso no tenemos dudas», cierra Tonarelli.

La larga espera

La larga espera

Docentes bonaerenses aportan un 16% de sus salarios para garantizar su derecho al retiro. Sin embargo, los trámites para jubilarse tienen demoras y plazos inciertos.

 

El Instituto de Previsión Social (IPS) es la caja contributiva de la Provincia de Buenos Aires y se encarga de gestionar la jubilación de los docentes, de los trabajadores municipales, de empleados de la administración pública provincial y del servicio penitenciario. En esta entidad se presentan conflictos en la resolución de los derechos de retiro y los profesionales de educación reclaman un aceleramiento en los plazos y una revisión en las modalidades de pago.

¿Cuándo puede un docente en jubilarse? Según la Ley 24.016, en la Provincia de Buenos Aires, necesita 25 años de servicio para retirarse y tener 50 años cumplidos al momento de presentar los papeles. Luego, restan meses, en algunos casos años, hasta que accede a su resolución definitiva y culmina el trámite.

“Hoy se cumple un año de mi cierre de cómputos, todavía estoy sin jubilarme y sigo en proceso de espera”, afirma María, una docente de colegio privado que desea mantener su identidad resguardada. Los maestros y profesores bonaerenses que se encuentran próximos a solicitar su derecho de retiro deben pedir una certificación digital a sus empleadores, que debe estar firmada por la Dirección General de Cultura y Educación, por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) o por el municipio a la cual corresponda el colegio, dependiendo de las características propias de cada establecimiento.

“Hubo problemas con las certificaciones que estaban enviadas, las rechazaron y tuve que volver a presentarlas. Luego, el IPS cometió un error en las fechas de carga de mis documentos», señala María. Su camino a la jubilación comenzó en noviembre de 2021 con conflictos alrededor de una certificación que acreditara todos sus cargos y años de servicio. Más tarde, en julio de 2022, ingresó en el sistema del IPS. Ya adentro, se encontró con obstáculos en los trámites, gestiones incorrectas en la certificación y se vio en la necesidad de acercarse personalmente a los centros de atención al cliente y a las oficinas centrales en La Plata. “Las dos veces que se movió mi trámite fue porque me acerqué a pedir atención”, remarca.

“Trabajar mientras aguardo la jubilación es muy angustiante –expresa María–, porque tenía otros proyectos o ideas. En este proceso, tengo que trabajar con profesionales los temas de salud que esta espera acarrea. Me habían dicho que podían tardar siete meses o un año”. Mientras aguardan, los docentes de colegios públicos pueden decidir cesar sus actividades cobrando un porcentaje de su sueldo jubilatorio, el cual es aportado por el Estado. Por el contrario, aquellos que ejercen en privados no cuentan con tal beneficio y, en caso de cesar actividades, dejan de percibir un salario hasta que se complete el retiro.

 

La mirada de la ley

La letrada especialista en Derecho Previsional Docente, Micaela Lazzatti, comenta que los abogados tienen la tarea principal de acompañar el trámite “desde el principio al final, terminando con el acto administrativo que establece la resolución definitiva y con la persona cobrando”. La responsabilidad del profesional es “determinar el derecho al retiro y el cargo con el cual se jubila” a fin de presentar los papeles en correcto estado y evitar observaciones o rechazos de las entidades.

Maricel Besse, diplomada en Derecho Previsional, explica que la presentación de los papeles tiene una alta demora, ya que “la firma de las certificaciones tarda aproximadamente cinco meses, si es que no es rebotada”. Luego, una vez que ingresa al sistema del IPS, se tarda otros nueve meses o un año para la resolución del expediente.

Los abogados que gestionan el derecho al retiro de este grupo de trabajadores cobran dos haberes jubilatorios completos. A su vez, están autorizados a presentar gestiones a nombre del docente, aunque “se maneja dentro del informalismo, tanto el cliente como el profesional puede realizar los trámites, ya que se trata de la administración pública”, puntualiza Besse.

Si bien la tramitación puede ser llevada a cabo por los mismos docentes, Graciela, una jubilada que se encarga de acompañar a quienes buscan acceder a su derecho al retiro y que prefiere no dar su nombre completo, enfatiza que “los trámites no son sencillos, menos para profesionales que están en actividad y no disponen del tiempo para ocuparse”. También hace una crítica hacia los procesos de trabajo con abogados del Derecho Previsional Docente: “No explican claramente las características del proceso y no acompañan el proceso emocional por el cual se atraviesa”, sostiene. 

 

La voz oficial

l Instituto de Previsión Social fue fundado en base a la Ley 5425, promulgada en 1948. Esta norma fue derogada por la Ley 8587 en 1975, que define a la entidad como la encargada de “recaudar sus recursos, conceder y pagar las prestaciones” en el marco de la previsión y seguridad social. Actualmente, según la directora del IPS, Marina Moretti, cuenta con 335 mil beneficiarios.

En los Centros de Atención Previsional (CAP) hay un flujo constante de atención a las personas que se acercan, que deben aguardar mientras el encargado evalúa su caso y las posibles acciones a llevar a cabo, ya sea para solucionar demoras en los trámites, para gestionar pensiones o para contactarse con áreas de la entidad que puedan colaborar en resolver el caso específico de cada una.

“En el IPS ya no existe más la transitoriedad”, asegura Moretti en referencia a la gestión de resoluciones jubilatorias provisorias. Una vez que los datos consignados por las instituciones empleadoras y el docente son verificados, se accede a la resolución definitiva. La directora del IPS detalla: “Tenemos 30 mil jubilaciones que estamos trabajando para pasar a definitivas”, a la par que señala que actualmente buscan emitir únicamente aquellas que tienen este carácter.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires tienen un régimen especial. A comparación de otros trabajadores que aportan el 11 por ciento de sus sueldos como contribución para el retiro, los docentes aportan un 16%. Según el Decreto-Ley 9650/80, aquellos docentes que acrediten 10 años de trabajo frente a alumnos podrán retirarse a los 50 años y tras 25 años de servicio. “Se reconoce que hay un desgaste mayor”, explica Moretti.

En cuanto a los tiempos, se trata de un tema que atraviesa a todas las áreas y profesionales que participan, afectando principalmente a quienes desean jubilarse. “Se está tardando entre 10 y 11 meses, pero queremos tardar cuatro”, dice Moretti. En cuanto a las personas que aún aguardan su resolución y la garantización del derecho al retiro, reconoce que “con más de un año tenemos cinco mil expedientes. Con más de tres años, no llegan a dos mil”.

Los esfuerzos de la entidad apuntan a la digitalización de los trámites para facilitar su automatización. «El IPS es 80% papel”, confirma Moretti. Con la búsqueda de esta nueva modalidad, confía en que se podrán reducir los tiempos y demorar solamente cuatro meses. “Nos falta todavía, pero estamos encaminados”, ratifica. Se espera que a partir del 1 de marzo, se acceda a la digitalización completa de todos los trámites que se realizan en el Instituto de Previsión Social.

 

Problemas en los pagos

Gladys, quien también desea mantener su identidad en reserva, acarrea un problema que tiene su base en el funcionamiento del IPS. Durante su servicio, se desempeñaba seis horas de trabajo como secretaria, cuatro le eran abonadas dentro de su sueldo y dos como extras. “En su momento hice los aportes en tiempo y forma”, aclara.

Hoy desde el IPS le solicitan que lleve un certificado firmado por la escuela y por escribanos o el banco. Este debe acreditar cuánto estaría cobrando por esa extensión horaria. “Tengo que presentar ese papel en alguno de los centros del IPS cada vez que se genera un aumento, lo cual es tedioso, ya que siempre son en cuotas”, se queja.

“Esperé hasta dos años para que me actualizaran el haber”, relata Amanda, que está en la misma situación, que siempre es, añade, en detrimento de los docentes. Si bien se acercó a hacer reclamos a las sedes del IPS, su experiencia fue negativa. “No nos atienden o no nos quieren atender”, dice.

Marisa, con similar problema, cuenta que “si atienden, dan respuestas ambiguas. Dicen que lo están trabajando o que están evaluando alternativas, pero nunca algo firme”. Todos estos casos quedan catalogados como “extraña jurisdicción” y los documentos habilitantes para acceder a los aumentos deben ser renovados en cada ocasión.

Ellas son sólo algunas de las damnificadas que no pueden acceder correctamente a su derecho a jubilarse. Marisa lo sintetiza así: “Con esta modalidad de reclamar lo que es propio, no nos están cuidando”.

 

 

 

Cara y ceca de un instituto hecho billete

Cara y ceca de un instituto hecho billete

El Banco Central anunció la próxima impresión de billetes de dos mil pesos, en los que aparecerá el Instituto Malbrán como reconocimiento por su tarea enfrentando al coronavirus. Los trabajadores del Malbrán piden que el reconocimiento también sea en el salario.

 

El pasado 3 de febrero, el Banco Central publicó un comunicado en el que daba a conocer la impresión del nuevo billete de dos mil pesos, donde figurarán imágenes de la primera médica argentina, Cecilia Grierson, el sanitarista y exministro de Salud Ramón Carrillo y el Instituto Malbrán, en conmemoración al “desarrollo de la ciencia y de la medicina en la Argentina”.

Con esta acción, la entidad monetaria tuvo un gesto de reconocimiento a quienes trabajan dentro del Instituto Malbrán ya que “los y las profesionales que hoy cumplen tareas en esta institución fueron los responsables de realizar los análisis y detectar los casos de coronavirus durante los tiempos más duros de la pandemia”.

Flavio Vergara, técnico en Virología en el Malbrán, vocal del Consejo Directivo y director, en ATE Nacional, del Departamento de Negociación Colectiva, consideró este acto como un reconocimiento de dos facetas en donde la primera “es la de un gobierno popular que efectivamente identificó a la institución como señera en la salud pública que se hizo muy visible producto de lo que fue la pandemia de covid-19”. 

“La aparición de la institución en el billete causó impacto en el conjunto de los trabajadores del Malbrán. La noticia enseguida invadió los grupos de WhatsApp de los compañeros y las compañeras y todo el mundo dijo: ‘Mirá, qué bueno, aparecemos’. Pero inmediatamente surge esta cuestión: ‘Qué bueno que nos reconozcan, qué importante que esto pase, cuánto de bueno sería poder cobrar muchos de esos billetes en el salario’”, señaló el directivo en diálogo con ANCCOM

 

Debajo de la línea de pobreza

Hoy, un trabajador del instituto en el sector de mantenimiento gana entre 80 y 100 mil pesos. Su salario equivale, promediando, a 45 de los billetes donde figurará la entidad para la que trabaja. Por su parte, un administrativo que recién ingresa gana 110.117,40 pesos brutos. Según el INDEC, la Canasta Básica al 17 de enero de 2023 tiene un valor de 152.515 pesos. Ambos empleados se ubican por debajo de la línea de pobreza.

“En esta última paritaria tuvimos un aumento del 116 por ciento para los que menos reciben, y más de 150 por ciento para quienes más reciben de aumento. De todas formas, eso es estar por encima de la inflación:pero igual no te alcanza. Cada vez que la inflación le gana al salario se arrima un poco para que no se descalabre todo, pero nunca es ganancia”, detalló el dirigente. 

 Los salarios en bruto del resto de las y los trabajadores a partir del 1º de enero de 2023 (cumpliendo presentismo) divididos por categoría se encuentran en los siguientes montos:

 Técnico (D Grado 0 + Función Específica Científico Sanitaria): $ 171.995,64 

  • Técnico (C Grado 0 + Función Específica Científico Sanitaria + Capacitación Terciaria): $ 226.626,40 
  • Profesional Asistente Grado 1 + Suplemento Científico Sanitario: $ 279.872,65 
  • Profesional Superior Grado 10 + Suplemento Científico Sanitario: $ 730.325,69

 “Durante la pandemia nos estuvimos moviendo para que nos reconozcan por la tarea científica, porque nosotros como Malbrán éramos reconocidos como salud solamente y no como ciencia. En ese momento, conseguimos que nos reconozcan con una especie de adicional de salario científico que era el 45 por ciento del salario. No era mucho, pero fue el inicio. Ahora eso aumentó al 60 por ciento, los profesionales cobraron un 30, pudimos meter un montón de mejoras. Logramos regularizar a varios compañeros y pasarlos a plantas permanentes. Este mes empiezan casi 300 concursos de profesionales, que es prácticamente la totalidad de los que tenemos contratados. Entre mayo y junio estaríamos regularizando a todos los profesionales que tenemos en la casa. Y además, tenemos también otra tanda de concursos para pasar a plantas los laburantes que son de otro convenio colectivo, que no son profesionales”, indicó Vergara.

Del presupuesto cero al compromiso 

Si bien durante la pandemia fueron señaladas ciertas condiciones en las que trabajaban los empleados del instituto, como las largas jornadas laborales y obras sin terminar, algunos problemas persisten. No obstante, hoy existe un nivel de inversión en obra de infraestructura sin precedentes. 

“Tenemos un presupuesto para equipamiento muy alto, que actualmente se divide en 50-50 entre salario y equipamiento de infraestructura y funcionamiento. Si bien la expectativa es la construcción de nuevas y grandes obras, siguen coexistiendo con laboratorios viejos que están laburando en malas condiciones. Hasta que no se concreten esas obras, se sigue trabajando en un lugar que está mal”, explica Vergara y da un ejemplo: el Laboratorio de Virus Respiratorio, fundamental en la pandemia por su responsabilidad primaria, todavía sigue siendo el mismo que durante el contexto epidémico. “Ese lugar -continúa- tiene un nivel de hacinamiento complejo, donde de las nueve personas que trabajan ahí, siete lo hacen de manera precaria”.

Ahora bien, las condiciones de trabajo en cuanto a insumos de bioseguridad, que son los que garantizan el cuidado durante la actividad, actualmente se encuentran cumplidas. Si bien, a raíz del “presupuesto cero” del macrismo, en la pandemia existieron algunas dificultades, la situación se pudo regularizar: “Hay un compromiso altísimo”. 

Los avances sobre un reconocimiento material del instituto Malbrán y sus trabajadores se chocan con una historia de vaciamiento y desguace económico e ideológico que presenta un problema en términos de pérdida de capital intelectual. “Por los salarios o por las condiciones, no se puede retener a la gente, entonces algunos se van: unos afuera, otros al ámbito privado y muchos se van a universidades u otras instituciones”. A lo largo del tiempo, la supervivencia de la institución se debió a una resistencia sólida y organizada. 

 

El recorrido de una resistencia sistemática

En sus 106 años de historia, el Malbrán atravesó muchas crisis, entre las que sobresalen la dictadura militar de los años setenta, los gobiernos neoliberales de la década de 1990, el desfinanciamiento del macrismo y la reciente pandemia del covid-19. Por sus laboratorios pasaron importantes figuras de la ciencia como los tres primeros Nobel de la Argentina, Bernardo Houssay, César Milstein y Luis Federico Leloir.

“El derrotero institucional se caracteriza por dejar a la deriva a una institución pública que se ve todo el tiempo sujeta a los vendavales de los ajustes y de las persecuciones. Sin embargo, la institución sobrevivió, además de porque hubo gobiernos que trataban de impulsar políticas, porque hubo una resistencia sistemática y organizada de parte de las y los trabajadores”, explicó el vocal. 

Con la dictadura, el Malbrán se vio embestido no tanto a la persecución, sino fundamentalmente al silenciamiento. Si bien no había trabajadores que tuvieran reconocidos niveles de militancia como para ser perseguidos, algunos fueron amenazados, aunque no desaparecidos. “Lo que sí hubo es un plan sistemático de desguace”, subraya. 

Entre 1976 y 1977, la viruela fue erradicada del mundo. En ese entonces, el Malbrán producía la vacuna que fue utilizada en todo el planeta, la misma que se utilizó en Inglaterra cuando se produjo un brote en Inglaterra tras la fuga del patógeno. En la vuelta de la democracia, ya no quedaba ningún laboratorio de producción de vacunas en pie. “Desguazaron todo, desaparecieron las máquinas, la gente que laburaba o se fue o migró o quedaron ahí. Esto hace a una institución que construía soberanía, que construía salud, valga el doble ejemplo, conciencia nacional”, contó Vergara. 

“Hubo que remar desde lo que había quedado para volver a instalar una idea de que la salud pública era un valor y que la institución tenía un prestigio histórico que podía sobrevivir. Era todo una cuestión difícil de hacer, había que pasar la posta de la mística institucional que se iba pasando de generación en generación”, continuó. 

En ese contexto, el alfonsinismo no logró constituir un escenario propicio. Si bien hubo algunas mejoras, luego se desbarató todo con un ajuste. Y, seguidamente, se siguió agudizando con la llegada del menemismo: “Fue una situación catastrófica. El ajuste fue brutal y hubo 101 despidos sobre un total de 750 trabajadores. Eso dio origen a la organización de una toma en el Malbrán que duró seis meses”, recordó el paritario. 

Durante ese semestre, la lucha de los trabajadores del Malbrán fue coexistente con la Carpa Blanca docente, con la diferencia de que si bien también contaban con mucho apoyo, eran alrededor de 200 personas las que se organizaban. Fue en ese tironeo de duros meses que pudieron poner en valor la importancia estratégica de la institución, que se discuta: “No aparecimos en el billete, aparecíamos en las paradas de colectivos. Nadie sabía qué era ese edificio viejo que estaba todo roto hasta ese momento”, rememoró Vergara y seguidamente, el triunfo de esa toma.

Al terminar el mandato macrista el presupuesto del instituto estaba dividido en un 90% destinado a salario y un 10% disponible para funcionar. Esta cifra no es la expresión de salarios altos sino que refleja la falta de dinero para la actividad científica. En este marco el Malbrán inició la pandemia. “El microscopio  electrónico estaba roto, las máquinas no andaban, teníamos problemas edilicios de todos los estilos, con situaciones salariales catastróficas. Los trabajadores habían perdido un 65 por ciento del poder adquisitivo del salario, como casi todo el mundo pero un poco más”. 

 “Evidentemente hay una mística institucional que atraviesa a los integrantes que forman parte de ella y la engrosan. Eso hace que se sobreviva a momentos de vaciamiento económico e ideológico, porque hay una llama encendida por abajo que no puede brillar afuera pero que en algún momento aflora. La mística se da cuando hay un grupo humano que cree en los colectivos y en un proyecto de salud. Si bien el presupuesto es fundamental, sin ideología de lo que tenés que hacer, sin conocimiento y sin compromiso, no alcanza”, concluyó. 

«¿Qué puedo hacer con 30.000 pesos?»

«¿Qué puedo hacer con 30.000 pesos?»

El sector de la limpieza es uno de los más precarizados del mercado laboral. Sueldos por debajo del salario mínimo, maltratos y un sinfín de derechos vulnerados. La indignante realidad que viven las trabajadoras de una empresa del conurbano bonaerense.

Tania, una ex empleada de limpieza que prefiere resguardar su nombre, cuenta que un día estaba por empezar su jornada laboral en una zona acomodada de San Isidro, hasta que sonó su teléfono. Su hija no había llegado a la escuela, pese a que sí había salido de su casa. Angustiada, Tania le pidió permiso a su empleador para ir a buscarla. La respuesta fue negativa. Más tarde, tras enterarse que su hija estaba bien, la supervisora fue a verla con la falsa suposición de que Tania se había retirado y la retó como si fuera una niña.

Esta historia de maltrato es una de tantas dentro del Grupo ECA, una empresa ubicada en San Isidro, una de las localidades más ricas de la provincia de Buenos Aires. La compañía ofrece servicios y personal de limpieza a clientes corporativos. Dos años atrás, luego de tener problemas con la prestación a Supermercados Coto –que ya no se encuentran dentro de su lista de clientes–, la empresa cambió su nombre de Sislim a ECA. Un detalle que parece insignificante, pero que afectó los aportes de las empleadas que perdieron antigüedad.

“Era un mal servicio, las empleadas no sabían usar las máquinas. Nosotros contratamos a una empresa de limpieza, se supone que ellas tienen que manejarse. No las mandan a trabajar, sino a completar horas. Cuando se manejan así o nos enteramos de malos tratos, lo que se hace es cortar lazos”, explica Hugo, gerente de una de los locales de Coto que trabajó con ECA. 

Otro gerente, pero de la cadena de cines Showcase, cliente actual de la empresa, cuenta que a las empleadas de ECA les pagan mal y las cambian permanentemente de lugar de trabajo. Esa es la normalidad para este rubro, dice. Limpiando en uno de los cines está Eva, vinculada a ECA desde hace dos meses, que afirma estar satisfecha con las condiciones laborales. “Hasta ahora no me han cambiado de sitio, trabajo ocho horas fijas con un franco semanal. Antes trabajaba en una clínica, ahí limpiaba todo un piso y era horrible, aquí estoy bien”. El sueldo de Eva es de 70 mil pesos mensuales. Ella es cabeza de hogar y tiene tres hijos, sin ninguna ayuda del padre de los niños. Y si bien su familia no está debajo de la línea de indigencia (poco menos de 60 mil pesos), sigue estando lejos de superar la de pobreza (125.000 pesos).

Milagros tiene 23 años y es oriunda de Posadas. Allí su familia está conformada por sus padres y siete hermanos más. Terminó el colegio a los 17 años. A los 20, por la necesidad de trabajo, llegó a Buenos Aires junto con su pareja. “Tomar la decisión de viajar fue muy difícil, vine con la ropa puesta y el pasaje. La idea era solo por un tiempo, un año, juntamos plata y nos volvemos, pero en todos lados está muy difícil. Pasó un año, dos, tres y seguimos acá. Extraño mucho mi provincia, cada vez que puedo voy a visitar a mis hermanos”, cuenta.

Durante el año que trabajó para ECA, específicamente en Coto, Milagros recuerda: “Un día te mandaban a Tigre y el otro a Núñez, nunca sabía dónde iba a trabajar”. El paso inmediatamente posterior a la contratación es ir a limpiar, ECA no brinda ninguna capacitación, lo que genera una lógica insatisfacción en el cliente por un mal servicio, y quienes deben soportar las críticas son las empleadas. “En mi primer día, fue el portero del local quien amablemente me enseñó dónde estaban las cosas y medianamente me presentó el lugar. En la empresa me soltaron así, sin más”, relata Milagros. 

Sonia, de 37 años, otra de las exempleadas de ECA que pide reservar su nombre real, se queja del trato de la empresa hacia ellas. Cuando tienen alguna consulta o reclamo, dice, la respuesta es ignorarlas. “Todos se pasan la pelota y no te resuelven nada. Hace poco pregunté si era posible que me adelantaran las vacaciones para enero, por el horario de mis hijos. La supervisora no me respondió así que fui a la oficina, donde me terminaron diciendo que yo no podía ir a exigir cosas y me sacaron de ahí. Yo sólo quería saber si era posible eso”.

Eso sí, cuando se trata de perseguirlas y hostigarlas, el Grupo ECA es muy expeditivo. “La supervisora ve un papel en el suelo y en vez de decirnos que lo levantemos, pone la queja con la empresa y dice que el lugar está todo sucio”, expresa Susana, actual empleada de 36 años.

Un estudio elaborado en 2021 por la Universidad Nacional de Avellaneda y la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral da cuenta de la situación general que viven las y los trabajadores. Seis de cada diez han sufrido algún tipo de acoso laboral. La violencia simbólica fue el factor que más menciones tuvo (78 por ciento), seguido de situaciones ligadas a la discriminación (67), y, finalmente, a la violencia sexual (52) y física (35). Sólo tres de cada diez hicieron la denuncia respectiva. La violencia es mayor contra las mujeres y no binaries. El 43,5 por ciento de los varones sufrió violencia, el 65,5 de las mujeres y un 87,6 de no binaries. Las mujeres que sufrieron violencia sexual en espacios de trabajo fueron el 59.5 por ciento.

A esta violencia concreta que atraviesa a todo el sector del trabajo, hay que agregar la económica. Los pagos y la entrega de los insumos son dos aspectos de permanente incertidumbre para las empleadas de ECA: nunca saben ni cuándo van a cobrar, puede ser el 6 o el 15 o el 20 del mes, y a veces se quedan sin los productos de limpieza y no obtienen ninguna respuesta de la supervisora. Helena y Larisa, otras dos empleadas de 21 años ambas, fueron obligadas a firmar un documento, contra su voluntad, bajo la amenaza de despido inmediato y que establece que, si ellas hacen “algo mal”, la empresa tiene el derecho de echarlas sin indemnización. Cualquier día pueden encontrarse sin trabajo.

“De un día para otro te llaman y te cambian el horario de ocho a cuatro horas, a mí me lo hicieron”, dice Larisa. Por su parte, Helena teme que le quieran reducir a cuatro horas. “Si me recortan, también me recortan el salario a una miseria, ¿qué puedo hacer con 30.000 pesos?”, se pregunta. Ella, además, trabaja los fines de semana como moza para llegar a fin de mes. No tiene días libres. Esto no parece afectarla, conserva la esperanza en el futuro y cuenta que quiere seguir una carrera universitaria que le otorgue estabilidad y seguridad.

Al acceder a un recibo de sueldo, advertimos que la remuneración por ocho horas de trabajo es de 49.292 pesos más el adicional por presentismo que alcanza los 10.255 pesos. O sea que técnicamente cobran menos que un salario mínimo, que hoy asciende a poco más de 60 mil pesos. Hay que subrayar que el presentismo, según el propio Ministerio de Trabajo, es un “adicional voluntario que otorga la empresa, al margen del sueldo básico, los pagos a cuenta de futuros aumentos, otros adicionales otorgados voluntariamente por la empresa y de los otros conceptos fijados en el Convenio Colectivo de Trabajo”.

El sueldo de las empleadas de ECA –así como el de millones de trabajadoras– se traduce en dependencia económica de otros familiares y amigos, y en un desamparo estructural. Mientras, la canasta básica no para de aumentar y mes a mes va sumiendo a la mayoría de estas mujeres por debajo de la línea de pobreza, aun siendo empleadas en relación de dependencia.

“Ni siquiera las horas extras se pagan el doble, seguimos aquí porque no conseguimos otra cosa”, remarca Susana, quien, junto con Sonia, siempre están en busca de mejores ofertas laborales, hasta ahora sin suerte, y deben seguir soportando los malos tratos y las vulneraciones de sus derechos sin posibilidades de reclamo y protección. 

El testimonio que faltó en esta nota fue el del Grupo ECA. Pese a las reiteradas consultas, no obtuvimos ninguna respuesta, aún después de visitar sus oficinas en persona. La misma indiferencia que prodiga a sus empleadas.

Bienvenido SiPreBA

Bienvenido SiPreBA

Después de nueve años el SiPreBA obtuvo su personería gremial. Luego del largo camino los trabajadores de prensa cuentan su lucha y explican cómo sigue su reclamo por mejores condiciones laborales.

Luego de años de lucha el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) obtuvo la personería gremial. Así quedó asentado en la resolución N° 21/2023 del Boletín Oficial. SiPreBa había sumado más votos de afiliados que la Unión Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Fueron ocho años de lucha que comienzan en el 2015 cuando un grupo de periodistas creó el SiPreBA ante la falta de representatividad en los reclamos del sindicato autorizado a negociar con las patronales y que contaba con numerosas denuncias de fraude electoral.

Francisco Rabini, delegado gremial en Clarín/AGEA, cuenta: “Fue un proceso de más de diez años para tratar de sacar a la cúpula de la UTPBA que estaba enquistada hace cuarenta. Nosotros fundamos el sindicato el 7 de junio de 2015 a través de un plebiscito que hicimos en diciembre de 2014. Durante el macrismo estuvimos bloqueados porque ni siquiera nos rubricaban los libros en blanco para que vos llenes y te controlen cuando fundás un sindicato. Tardamos más de dos años en lograrlo para luego pedir la compulsa. El trámite lo hicimos en junio de 2020 y esto tampoco es azaroso porque cuando presentás la compulsa te evalúan seis meses para atrás. En 2019 fue cuando cambió el gobierno y no tuvimos chances de hacer progresar ningún trámite porque todo estaba bloqueado, no solo lo nuestro sino de varios sindicatos”.

En las paritarias la UTPBA era el sindicato que negociaba con la cámara que nuclea a las patronales de los diarios en AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires). Diego Martínez es delegado en Página/12 y sostiene que «esa personería gremial es lo que le permitió a Clarín y La Nación firmar cualquier cosa sin contraparte y que lo padezcan los trabajadores, porque el sindicato que lo firma después no tiene que darle explicaciones a nadie ya que no tiene presencia en ninguna redacción».

ANCCOM intentó comunicarse con la secretaria general de UTPBA, Lidia Fagale, para conocer su opinión pero no obtuvo respuesta.

Tarda en llegar

Para cotejar la cantidad de afiliados que trabajan bajo el Estatuto del Periodista, los tres sindicatos de la ciudad de Buenos Aires, el ya mencionado UTPBA, el sindicato que funciona en la agencia Télam y el SiPreBA presentaron sus papeles ante el Ministerio de Trabajo de la Nación como lo marca la Ley de Asociaciones Sindicales, siendo el SiPreBA ganador de la compulsa superando el 10%. Rabini recuerda que: “Por la urgencia salarial que tenemos nos ganaba la impaciencia. Para los que saben de estos trámites el proceso fue rapidísimo porque en general a veces se traba o se enturbia y no se puede resolver”.

En Página/12, como en otros medios, los trabajadores llevan años luchando por la recomposición de un salario que se aleja cada vez más de la inflación. Martínez recuerda que: «La caída en en el poder adquisitivo coincide con el año en que Cambiemos asume el gobierno y Víctor Santamaría compra Página/12, en 2016. Estos cuatro años no solo fueron demoledores para los compañeros sino para todo el colectivo de prensa en particular».

Los números son fríos pero no mienten: actualmente los redactores y redactoras precarizados, -mal llamados colaboradores- cobran cifras muy bajas. En Página 12 una colaboración en la sección Cultura y Espectáculos se paga entre $4.000 y $4.500, en fotografía son $3.000 por una nota. Sobre este tema Martínez asegura: «Las últimas veces planteamos que ninguna colaboración se pague menos del 10% del sueldo básico del redactor. Con lo cual pensá que hoy el básico sin antigüedad y sin adicional está en $94.000 de bolsillo. En los hechos se está pagando la mitad cuando es algo bajísimo en el mercado y hay miles de compañeros que ansían trabajar y publicar en los diarios». Además agrega: “No es solo el valor de una nota, mal llamada ‘colaboración’, sino un sistema sumamente perverso que hace que muchos periodistas trabajen a destajo cobrando por nota y sin acceder a los derechos más elementales como vacaciones, licencias y antigüedades”.

Cómo se sigue

Sobre los pasos a seguir luego de la personería, Rabini concluye: “Lo principal está en la paritaria. Hay una revisión en el último acuerdo paritario para la última semana de febrero. Pretendemos estar ahí y negociar el acuerdo paritario, el anual y tratar de ir año a año mejorando el salario y ganarle a la inflación para recuperar la actividad que está destrozada. Todas estas décadas de inoperancia y desidia de la UTPBA nos dejaron en una situación crítica de precarización, de salarios por debajo de la canasta básica, de multiempleo para poder ganar un salario digno y eso hay que saldarlo. Es muy difícil hacerlo de un día para el otro, hay que trazarse un plan, un cronograma, e ir mejorando la situación para tener un futuro en la actividad”.

La crisis de los trabajadores de prensa ocurre también en Perfil, Diario Popular y otras publicaciones que se editan en la ciudad de Buenos Aires con el mismo reclamo. En el caso del diario Olé los trabajadores lograron cubrir el 25% del sueldo que les habían quitado por protestar durante el Mundial de Qatar. Lo lograron a través de un fondo de lucha organizado por el SiPreBA con aportes de compañeros, figuras de la política y el periodismo, entre otros sindicatos.

A las problemáticas generales se le suman las estrategias de los medios de prensa para ganar suscriptores ante la merma de las ventas en los kioscos de diarios y revistas como también la incursión en negocios del entretenimiento y otros rubros fuera de la gráfica. Rabini marca como ejemplo que: “En el 2022 abrieron una billetera virtual llamada Bimo fondeada con plata de AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentino) e hicieron transferencias por cientos de millones de pesos cada equis cantidad de meses hasta que se fundió; pero cuando vamos a exigir recomposición salarial la empresa dice que no tiene plata. En resumen cargan sus aventuras empresariales sobre nuestros salarios”.

Respecto del futuro, Martínez explica: «Por supuesto nosotros siempre tenemos expectativas y seguimos luchando por lo que consideramos justo y lo que nos corresponde, que es cobrar sueldos dignos. Como piso no queremos ningún sueldo por debajo de la línea de pobreza o de la canasta básica del INDEC. Estamos haciendo una pausa con los paros hasta febrero y la empresa lo sabe. Esperamos que aprovechen esta pausa y que nos propongan un cronograma de aumento serio. Porque además hay un agravante y es que esta paritaria en curso no tiene un centavo de aumento previsto para los primeros cuatro meses de 2023, o sea enero, febrero, marzo y abril». El deseo es que tengan una respuesta de parte del Grupo Octubre, dueño de Página/12 entre otros medios, y afrontar el año con menos medidas de fuerza que el anterior. Para eso necesitan no solo dejar de perder poder adquisitivo, sino también empezar a recuperarlo.

Rabini tiene la esperanza de que en el próximo encuentro con las patronales haya “un diálogo maduro, constructivo, lógico. Argumentos nos sobran y entendemos que hay mucho por discutir, mucho por negociar y mucho por crecer. Nosotros no queremos que a las empresas les vaya mal: todo lo contrario. Por eso tiene que haber un espacio en donde nos vaya bien a todos. No creemos que puedan existir las empresas exitosas cuyos trabajadores pasan hambre”.