¿Quien garantizará la paridad de género en los medios?

¿Quien garantizará la paridad de género en los medios?

Jun 12, 2023 | Destacado 4, Géneros, Trabajo

Ahora que se reglamentó la Ley de Paridad de Género en los medios resulta necesario seguirla de cerca para que se cumpla. El rol del Ministerio de Trabajo y los gremios en las paritarias y de la universidad en el monitoreo.

El pasado 7 de junio, en un nuevo aniversario del Día del Periodista, el Boletín Oficial dio aviso de la reglamentación de la Ley 27.635 de Equidad de Género en los Servicios de Comunicación. Su sanción concibe una perspectiva de diversidad sexual para servicios tanto de gestión privada como estatal, con una representación base de 1% de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex.

Esta medida tuvo su inicio con proyectos presentados por las funcionarias del Frente de Todos (FdT) Norma Durango, Gisella Marziotta y Mónica Macha, junto a un pedido que involucra redes de periodistas, comunicadoras y gremios de trabajadores de medios en su búsqueda por reconocer en igualdad de condiciones a las tareas profesionales de las mujeres y diversidades.


Foro y gremios para la reglamentación

 

Para esta iniciativa –desde la misma aprobación de la ley en 2021– ya opera un Foro Federal con más de 80 organizaciones que coordina virtualmente provincia a provincia las demandas locales. “Es una ley que nos agarra muy organizadas, con mucho trabajo en común. Tuvimos que evitar que no quede en maquillaje. Hacer de esto una concientización no es de palabra, es de acto. Creemos que va a tener impacto en que el respeto, la dignidad, el trabajar en un ambiente libre de violencias es posible”, sostiene Claudia Acuña, fundadora de Periodistas Argentinas. 

Un elemento clave será la participación de los gremios, ya que regularán los ámbitos de trabajo para la aplicación de la reglamentación de la ley: entre los implicados, figuran los de prensa –Fatpren y Sipreba– como así también la multisectorial audiovisual, compuesta por más de 20 sindicatos de operadoras, locutoras, camarografas, editoras, guionistas, entre otras. Además  del sindicato de televisión Satsaid.

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo. Al respecto Larisa Kejval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y copartícipe en la redacción de la ley, refiere: “Ese es un logro, porque es el actor estatal que tiene capacidad de diálogo a partir de los acuerdos paritarios tanto con los gremios como con las empresas mediáticas. Ingresos, protocolos para el abordaje de las violencias en los espacios, cupo trans, salas de lactancias, regímenes de licencia. Cuando hablamos de equidad, hablamos de todas esas cosas, no solo de que ‘haya más mujeres’”.

Recientemente, Sipreba firmó un convenio con el Bachillerato Mocha Celis para acercar su actividad a las compañeras cobijadas por la escuela. Micaela Polak, secretaria de Género del sindicato, afirma al respecto: “Porque esas compañeras no tienen una visión de lo que pueden hacer más allá de la prostitucion. ¿De qué equidad estamos hablando si las diversidades no pueden siquiera acceder a pensar en eso? Hay un montón de maneras de las que son expulsadas. Lo que hace la reglamentación es enfocarse en lo que hay y tratar de que sean empresas las que vayan a Mocha Celis”.

Qué pasa con los salarios

“Respetar las cuotas de equidad implica el reconocimiento de las categorías salariales que corresponden y no se dan. Por eso es importante que la implementación de la ley esté en manos de las organizaciones gremiales, que van a trabajar con estos temas con la seriedad que requiere esta situación”, sostiene Acuña. “Es importante –agrega– enchufarlo a las paritarias, conectar que cuando se sienten a discutir salarios nadie se sienta desplazado, hombres, mujeres y trans”.

Según la Encuesta Integral 2023 de Sipreba, la presencia de mujeres aumenta en las ramas con mayor precariedad y escasea en aquellas con mejores condiciones laborales: es el caso de la radio con un 57% de mujers, trabajos freelance con un 52% y prensa escrita con un 33%, mientras por su parte, en televisión el porcentaje es apenas del 30%.

Al mismo tiempo, juegan un papel especial las tareas de cuidado en el hogar, dentro de las cuales un 48% de mujeres se sienten “muy afectadas” contra un 38% de varones, dentro de los trabajadores de prensa encuestados.

Polak sostiene que “en radio, no hay jefas mujeres y somos más que varones, justo la rama que peor paga. Hay paridad de operadoras y ninguna accede a un cargo de jefatura, esas compañeras se tendrían que quedar dos horas más para ejercer pero tenés la tarea de cuidado en tu casa que no te permite quedarte. Eso es una dinámica social que depende también de las empresas”. Además de las tareas de cuidado, una posible razón a la dificultad de acceso de mujeres a cargos de tomas de decisiones para Polak está en que “hay una división sexual del trabajo instalada que tiene que ver con quela maquinaria la operan los varones”.

Las universidades: roles y desafíos

¿Cómo se expresan las desigualdades? y ¿cuál es el punto de partida y cómo la implementación de la ley va permitiendo transformarlo? Son algunas de las preguntas que se hace Kejval, quien cree que las universidades, dentro de esta medida, pueden aportar a “los procesos formativos y seguir profundizando en la reflexión de cómo estos se llevan adelante” en las casas de estudio, en tanto agrega que “no sólo enseñamos sino que articulamos con otras organizaciones en las tareas de extensión”.

Por su parte, las universidades nacionales cuentan con medios propios como radios o canales de televisión y desde el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales se aprobó recientemente una resolución donde llama al Consejo Superior de la UBA a adherir a la reglamentación. Kejval, quien ve como “un desafío” a esta adhesión en los establecimientos educativos, indica: “Creemos que tiene que haber una apropiación, no somos ajenos, estamos haciendo un llamamiento”. 

“Nosotras somos actoras políticas que pugnamos por la democratización de las comunicaciones y políticas comunicacionales sin desigualdades de género, en términos de una sociedad más justa”, concluye Kejval. Sobre la Ley, Acuña expresa: “Necesitamos que se la enseñe y que haya un observatorio que monitoree la aplicación en cada región. Por eso es muy importante el rol de la universidad, porque nos permitiría meterle presión al control y que a su vez se creen otras pautas de monitoreos de medios que no son sólo las cuestiones a los géneros sino también a los salarios”.

De cara al 31 de agosto se harán tres foros para terminar de trabajar sobre los puntos de la Ley para su implementación, con la elaboración por parte del Ministerio de Trabajo de un registro de medios privados que la vayan a incorporar.

Retrato de un periodista comprometido con la justicia social

Retrato de un periodista comprometido con la justicia social

Jun 7, 2023 | Destacado 5, Trabajo

“Sebastián Moro, el caminante” es un documental sobre el corresponsal mendocino asesinado durante el golpe de Estado de 2019 en Bolivia.

Sebastián Moro, el caminante es un documental que explora los últimos movimientos que realizó el periodista argentino antes de ser asesinado el 16 de noviembre de 2019 en Bolivia, mientras se precipitaba el golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales. Tras casi cuatro años de su fallecimiento, la causa sigue sin respuestas y sus familiares y amigos luchan por esclarecer lo que pasó aquella noche en que Moro salió a caminar como solía hacerlo y regresó con signos de politraumatismos que, una semana más tarde, derivaron en su muerte.

El documental, dirigido por María Laura Cali, recoge una multiplicidad de voces entre las cuales aparece principalmente la de Sebastián, recuperada a través de la utilización de audios de WhatsApp que envió a sus conocidos. Su madre, Raquel, y sus hermanas, Penélope y Melody, cuentan detalles de su personalidad y su trabajo profesional; también se hacen visibles los testimonios de sus colegas y allegados que vivieron junto a él sus últimos días de vida.

El audiovisual comienza en Mendoza, lugar del que Moro era oriundo, y muestra sus inicios en Radio Nacional, donde tenía un programa que se especializaba en derechos humanos. Con el gobierno de Mauricio Macri se vio obligado a abandonarlo, y fue entonces cuando decidió viajar a Bolivia para explorar nuevos horizontes y terminar ejerciendo como editor de Prensa Rural por su contacto y compromiso con la Confederación Única Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Retrato de un periodista comprometido con la justicia social

«Yo quería retratar la vida de Sebastián, que lo que priorizó era cubrir los sectores más vulnerables: ese fue mi objetivo», dice María Laura Cali, directora del documental.

El mendocino realizó un arduo trabajo por cubrir los crímenes de lesa humanidad en Argentina a través de su programa de radio Despacito y por las piedras, mediante la transcripción de los juicios a la dictadura y a través del abordaje de crímenes de violencia institucional: este trabajo lo formó como cronista. Durante su trayectoria demostró tener un fuerte compromiso con este tipo de causas. Su militancia en contra del golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia fue la que marcó su trágico destino con tan sólo 40 años.

María Laura Cali respondió acerca de si buscó retratar a la sociedad boliviana desde un lugar de dominación cultural: «Hay una dominación cultural, hay mucho racismo en Bolivia, pero no fue una mirada intencional sobre el lugar de dominación cultural. Yo quería retratar la vida de Sebastián, que lo que priorizó era cubrir los sectores más vulnerables: ese fue mi objetivo. Quise mostrar a quiénes defendía a través del periodismo: gracias al trabajo de Sebastián, que le da cobertura, ellos logran obtener justicia, porque estaban usurpando sus territorios».

Cali plantea que los medios hegemónicos de comunicación bolivianos jugaron un rol decisivo: «¡Fue terrible! No paraban de negar el golpe, decían que no había un golpe y lo siguieron haciendo antes y después, generando fake news y tergiversando la realidad. El periodismo es la nueva manera de dominación que tenemos a través de los medios hegemónicos. Es una práctica que ya sabemos que se está efectuando a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano cuando necesitan dominar a la población. Creo que la más vulnerable es la clase media, que cree en esa tergiversación de la realidad, que pone el eje en otro lado y no donde debe ponerlo, y es a raíz de eso que se logra la dominación y los votos hacia la derecha».

La directora conoció a Moro en octubre de 2019 tras una entrevista en la que el mendocino se interesaba por su documental Los ñoquis, enfocado en los despidos durante la asunción de Macri. Tras la muerte del periodista, Cali decidió reivindicar el fuerte compromiso que tuvo con las causas sociales. «Retrato la vida de un periodista comprometido con la verdad, la justicia, que tiene un gran sentido social, que llega a postergar su propio bienestar por dar luz a estas problemáticas y que por eso termina encontrando la muerte. Quise retratar que defender esa manera de vivir te puede llevar a la muerte. El documental fue una mirada de una historia de vida».

Su hermana Penélope Moro, quién también trabajó con él en Radio Nacional, lo recuerda: «La que convenció a Sebastián de que su camino de vida era el periodismo fui yo, él empezó profesionalmente después, pero cuando lo hizo, lo hizo con mucha más entrega. Se fue creando una relación muy particular entre los dos por compartir el oficio».

El audiovisual logra transmitir la situación de miedo y desesperación que se vivió en Bolivia frente a la intervención de la extrema derecha contra el gobierno de Evo Morales. Con imágenes originales y la reconstrucción del momento a través de los testimonios de sus protagonistas el audiovisual traslada a los espectadores a esa Bolivia azotada por la violencia militar, pero también combatiente, que buscó al igual que Sebastián resistir el golpe.

«Podemos ser inversores, no ocupas»

«Podemos ser inversores, no ocupas»

Jun 6, 2023 | Destacado 2, Trabajo

Fabián Pierucci, síndico y responsable de la planificación de la Cooperativa La Litoraleña, denuncia las trabas judiciales en su lucha por mantener la fábrica recuperada en movimiento. Fallos adversos  amenazan la continuidad laboral. Un proyecto de expropiación ingresó a la Legislatura.

Una buena propuesta para la cena serían unos sorrentinos rellenos de ricotta, jamón y muzzarella de La Litoraleña, la fábrica de tapas de empanadas, pastas, piononos y pizzetas que fue recuperada y es autogestionada por sus trabajadores desde finales del año 2015. ¿Las razones? Darle su apoyo a la cooperativa de Girardot 345, en el barrio porteño de Chacarita, porque se encuentra en peligro de desalojo. Su continuidad está en riesgo debido a los fallos en contra de la justicia, que le niega a la empresa recuperada el derecho a comprar la fábrica y sus maquinarias con las indemnizaciones y meses que los antiguos acreedores -Deconti SA- le adeudan a los trabajadores. Habiendo agotado todas las instancias judiciales posibles, La Litoraleña, apoyada por el bloque de del Frente de Todos, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de expropiación que busca la declaración de “utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Giradot 345”. La iniciativa tiene como objetivo garantizar que los bienes expropiados sean destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo, siempre que mantenga su actividad productiva y fuentes de empleo.

Todo comenzó en 2015 cuando los trabajadores se vieron enfrentados a una situación preocupante: tres turnos de trabajo, salarios impagos o atrasados, falta de inversión en maquinaria y condiciones laborales precarias. Los empleados comenzaron a darse cuenta de que se trataba de un proceso de vaciamiento de la empresa, lo que generó accidentes y un ambiente de incertidumbre. En agosto de ese año, los trabajadores decidieron ocupar la fábrica en un acto de resistencia. Durante dos meses, llevaron a cabo una rotación laboral durante las 24 horas para mantener la producción. Sin embargo, esto no estuvo exento de consecuencias legales, ya que Luis Baini, delegado sindical y actual presidente de la cooperativa, fue imputado por usurpación y estuvo bajo investigación durante dos años.

Fabián Pierucci, síndico y responsable de la planificación de la Cooperativa La Litoraleña

 

A la par de haberla puesto a producir desde el 27 de octubre del 2015, La Litoraleña debió enfrentar durante ocho años los fallos adversos de la jueza Valeria Pérez Casado, quien en una primera instancia argumentó que los empleados no tenían la capacidad para gestionar una empresa. En 2020, en medio de la pandemia, la magistrada insistió con un pedido de desalojo; sin embargo, al tratarse de trabajadores esenciales dedicados a la producción de alimentos, tuvo que dar marcha atrás. Durante el mes de abril de este año, la justicia rectificó el fallo de la jueza, otorgando una prórroga de tan solo sesenta días para abandonar la fábrica. Frente a la imposibilidad de apelar ante la Corte Suprema, y tras haber agotado todas las instancias judiciales posibles, los trabajadores presentaron la propuesta de expropiación en una conferencia de prensa realizada la semana pasada en la Legislatura porteña. 

Fabían Pierucci, síndico y responsable de la planificación de la cooperativa, dialogó con ANCCOM sobre su llegada la empresa, los fallos en contra y la situación actual de La Litoraleña:

 ¿Por cuántos trabajadores está compuesta la cooperativa?

El día de la ocupación, el 27 de octubre del año 2015, había unos 115 empleados entre trabajadores de planta, administrativos, el cuadro jerárquico, los gerentes y gente vinculada a la patronal. La asamblea de la ocupación era cien por cien de planta, no participaron de otros sectores; y son los que se quedaron a conformar la cooperativa: éramos 50. 

 ¿Vos te incorporaste con la cooperativa ya en marcha?

Sí, yo venía como asesor de FACTA -Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados-, me dediqué muchos años a acompañar procesos de recuperación, básicamente especializado en la cuestión productiva. Empezamos a hacer unos talleres de formación, pasar algunas películas sobre otras experiencias para acelerar el proceso de información y de convencimiento, empezar a pensarse como trabajador autogestivo es cambiar el chip. 

 ¿Por qué te quedaste en la cooperativa?

Me invitaron los compañeros. Hubo una asamblea donde se decidio incorporarnos como asociados. Es mi primera experiencia como asociado. Yo pertenezco al Grupo Audiovisual Alavío, dónde venimos haciendo una serie llamada Redes del Trabajo y la Autogestión, son treinta capítulos, y el último que filmamos es acá -La Litoraleña-. No soy fundador, pero tengo la misma antigüedad que todos mis compañeros. Es muy interesante la perspectiva de un asesoramiento externo, sugerir y hacer capacitaciones a los asociados y tener que discutir en la asamblea de igual a igual. Tiene sus pros y sus contras. La contra de venir de afuera es que es un proceso de integración paulatina y de confianza, y por otro lado la posibilidad de decidir que defiendo con más énfasis porque soy parte, estoy adentro del barco, así que si se hunde me perjudico yo también. Es muy interesante desde el perfil profesional, en cuanto a la decisión de ser un externo o estar participando activamente. Yo llegué incluso a ser presidente. 

¿Podrías contarme cómo han utilizado las rotaciones en La Litoraleña?

Una de las cosas que valoramos mucho es la rotación, no rotar significa burocracia, tener algún tipo de privilegio. Acá nos proponemos como política interna que haya la mayor participación política, está la asamblea pero no alcanza. Luis Baini fue el primer presidente, de una gestión super sufrida, fue la de la ocupación, la que intervino la policía…. Por ejemplo, no nos permitían en la AFIP sacar el CUIT, porque no teníamos domicilio. Tuvimos que alquilar un local en Garay y Boedo para que esa sea nuestra sede fiscal. El segundo consejo, tenía que ver con consolidar, con analizar algunos procedimientos y nos tocó la pandemia en el medio. El tercer consejo, el que vuelve Luis de presidente, se incorporan algunos compañeros que no habían estado, y algunos rotamos de cargos. En lo personal, yo estoy cumpliendo el rol de síndico, que es un cargo muy importante en la cooperativa. Es la garantía de que si hay alguna cuestión que no se cumpla de legalidad del consejo, el síndico se tendría que hacer cargo. La primera gestión fue de aprendizaje, la segunda de consolidación y esta es  la que le va a poner el broche al conflicto, que es sacarnos de encima al fantasma de Deconti SA.

 ¿Cómo pudieron mantenerse a flote a lo largo de los años pese a los fallos en contra de la jueza Perez Casado, la Cámara de Apelaciones y el hecho de no poder apelar ante la Corte Suprema de Justicia? 

La jueza Perez Casado es la segunda vez que nos saca un fallo en contra, ahí me parece interesante la perspectiva del por qué, de dónde viene, cuánto gana, por qué nunca vino a la fábrica. Hay un sesgo de la justicia anti-trabajadora. Los que administran la justicia no vienen de la clase trabajadora, o si vienen ya hace rato perdieron esa perspectiva. No hay una idea de lo que es la vida cotidiana si vivís en un country o si venís en auto por autopista al juzgado y te volvés al country, si te vas de vacaciones a Europa y no pagas el impuesto a las ganancias y cobrás varios millones. Con el sueldo de la jueza seguramente pagamos todas las nóminas de retiro nuestro. No le importa nada, lo único que le interesa es cuidarse ella misma. La perspectiva de solucionar un problema social, que significa que si se desmantela la fábrica es una destrucción de capital sumamente importante, de trabajo humano, porque la fábrica no es solamente el capital que aportó el dueño, el capital es todo lo que implica instalar una fábrica: ponerla a punto, que las máquinas funcionen, que tengan los servicios correspondientes para que arranquen los procesos de producción. La jueza dice que hay un delito previo que es la ocupación. ¿Por qué juzga, si no es una jueza penal? A los compañeros que los juzgaban por el pasado fueron sobreseídos, ella tiene un sesgo clasista, xenófobo: si sos morocho, sos ocupa, y estas en una situación ilegal. Es una perspectiva fascista, nunca lo había dicho, pero está bueno como marcar de dónde se gestiona la ley. La primera barbaridad fue detenernos la continuidad, la segunda fue negarnos la compensación de crédito. En el juzgado comercial quienes deberían estar imputados no somos nosotros, no somos responsables, es Deconti SA, nosotros somos acreedores. Estamos inscriptos en la causa como perjudicados, no como imputados. Tenemos un fallo en contra que no nos permite cobrar con una solución social, que sería que nos cobramos las acreencia para con la planta para darle continuidad a la fábrica. Podemos constituirnos en inversores y no en ocupas o responsables de la quiebra.

¿Qué es lo que busca el proyecto de expropiación presentado el día miércoles? 

El proyecto de expropiación que presentamos nosotros, busca la declaración de “Utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Girardot 345”, que plantea la opción de que si el Estado considera que algo va a beneficiar el progreso, sea un terreno donde va a haber un dique o un lugar para hacer una ruta, se pueda expropiar. Se declara de utilidad pública y se expropia. El concepto de utilidad pública viene después de la crisis de 2001, porque se empieza a considerar que hay un valor en sí mismo en el taller o la fábrica en funcionamiento, que no es lo mismo que esté desguazada. Por lo que significa en términos de desocupación, el costo social que tiene que pagar el Estado y por lo que significa el capital social del trabajo muerto, que está en las máquinas e incluso en el saber hacer del conocimiento, que requiere poner en marcha la operatividad del proceso de producción. Esa discusión que fue parte del 2001, del cual tienen que ver la lucha de los trabajadores desocupados y la experiencia nueva de la ocupación de fábricas. Declarar de utilidad pública significa que el Estado asuma un costo y que compre lo que vamos a usar nosotros y que se lo ceda a la cooperativa. 

 ¿Alcanza solo con el apoyo de los legisladores Frente de Todos?

No alcanza sólo con el Frente de Todos. Nuestra tarea es seguir explorando, uno por uno a los diputados para tratar de convencerlos.

 ¿De qué trata el programa fábrica de puertas abiertas? ¿Quienes dan las charlas?

Es un concepto. La idea es que mientras una fábrica está bajo un patrón es un lugar cerrado o hermético, el trabajador ficha para salir. En las recuperaciones lo que sucede es que se abren las puertas a la comunidad, para alguien que nunca entró a una fábrica. En este caso nosotros trabajamos con comunidades educativas. Todo el tiempo vienen colegios primarios, secundarios, universitarios, terciarios. El perfíl, que es muy interesante, es por un lado el proceso productivo, de donde viene el capital, la distribución de la línea, la producción, etc.; y después el otro eje está vinculado a la cooperación, qué significa el trabajo cooperativo, hay mucho interés siempre en cómo fue abarcar los problemas políticos y cómo nos organizamos.

La inteligencia artificial ya reemplaza a los cajeros

La inteligencia artificial ya reemplaza a los cajeros

Jun 2, 2023 | Destacado 5, Trabajo

Carrefour abrió en Pilar su primera «sucursal inteligente», sin línea de cajas. Otras cadenas ya tienen terminales de autocobro que reducen un 25% la fuerza laboral. El debate interno del gremio.

Las cajas de autocobro, cajas robot o autocajas son máquinas que permiten al cliente realizar las tareas que usualmente haría un empleado del supermercado. Con estos dispositivos, los consumidores fichan su propia mercadería, la escanean, la cobran y la embolsan. Suelen ser aptas para un máximo de entre 15 y 20 unidades. Surgieron en la década del 90 en los Estados Unidos, pero recién 20 años después, la Argentina comenzó a adoptar esta tecnología. La empresa pionera fue Wal-Mart, que a fines de 2011 la implementó en su sucursal de San Fernando, y con el tiempo otras grandes cadenas como Carrefour, Jumbo y Coto imitaron la iniciativa.

Según un estudio realizado por la Universidad de San Andrés, el 45 por ciento de los consumidores considera que el principal beneficio para los supermercados que utilizan las cajas robot es la reducción de costos. El delegado del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Eduardo De Stéfano, afirma: “Cada cuatro cajas de autocobro hay una sola fuente de trabajo, en lugar de las cuatro que debería haber. Lo único que hace el empleado que opera estas máquinas es un control de ticket”.

De Stéfano sostiene que todos los representantes gremiales de Coto de la ciudad de Buenos Aires, como él, se oponen al uso de esta tecnología. “Poblar los mercados con cajas de autocobro colabora con la política empresarial de reducción de personal”, remarca.

Las gerencias argumentan que las terminales de autoservicio no tienen como objetivo reemplazar a los seres humanos, sino que son parte de la evolución de los negocios. Contribuyen, dicen, a acortar las colas y los tiempos de espera.

Para Gonzalo Farut, delegado en Carrefour, las cajas de autoservicio no son sinónimo de despidos. “En los últimos años, en la sucursal de Liniers pasamos de 233 a 267 compañeros y allí funcionan estas máquinas. Lo que se busca es atender más rápido a la gente. En todo el mundo y en diferentes rubros se usa la autoatención”.

Mientras tanto, Carrefour ya instaló su primer supermercado inteligente del país, sin sector de línea de cajas, ubicado en la localidad de Pilar. Se trata de una tienda donde los clientes van eligiendo los productos de las góndolas y mediante inteligencia artificial y sensores se cargan automáticamente en un carrito virtual. El pago se realiza de forma online.

El caso de Rosario

La francesa Carrefour desembarcó en Rosario en 2008 con una planta permanente de 850 trabajadores. Hoy, con la misma cantidad de sucursales, más servicios y más secciones, cuenta con 398 empleados, lo que supone una reducción del 53 por ciento.

En el último mes, la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario (AEC) llevó adelante diversos reclamos a raíz de la estrategia de utilizar las cajas de autoservicio que, aseguran, viene a profundizar el recorte de personal. Bajo el lema “No te conviertas en un destructor del trabajo y la familia argentina”, piden a los clientes no usarlas y así, de paso, evitar convertirse en empleados sin salario.

Si bien la protesta llegó hasta la sede central de la empresa, Farut no cree que tenga la misma repercusión que en Rosario, ya que –denuncia- en la Capital Federal el SEC tiene una postura de común acuerdo con la patronal para la implementación de esta tecnología.

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El acuerdo paritario firmado el mes pasado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que agrupa a más de un millón de trabajadores, establece una suba del 19,5 por ciento  para el trimestre abril-junio (6,5 cada mes). A esto se le agrega una suma fija no remunerativa de 25 mil pesos. Con todo esto, más el presentismo, el salario básico debería rondar los 220 mil pesos.

Su secretario general, Armando Cavalieri, líder desde 1986 del SEC, había cerrado la paritaria 2022-23, en enero último, con un aumento anual del 101 por ciento, superando la inflación del año pasado que llegó al 94,8. El piso salarial se elevó de 139.000 a 182.700 pesos.

A pesar de estos aumentos, la situación actual es difícil. De Stéfano y Farut, que dentro del SEC forman parte de la oposición, advierten que varias de las categorías salariales que están bajo el convenio de comercio no logran cubrir la canasta básica, que según el INDEC es de 203.361 pesos. Ambos coinciden en que esto “es culpa de un sindicato permisivo que deja a los empresarios poner sueldos por debajo de la línea de pobreza”.

A la problemática de las cajas robot, se le agrega la de los despidos por el cierre de sucursales. En marzo, Carrefour llevó a cabo el cierre exprés de su local ubicado en el barrio porteño de Colegiales. La medida se anunció en el horario de atención al público, con el objetivo de eludir la acción coordinada de los trabajadores. Con una modalidad similar, se había cerrado la sucursal de la ciudad bonaerense de Balcarce, en noviembre de 2022. “En ninguno de los dos casos el sindicato se manifestó en contra, ni tampoco hace nada para solucionar estas cuestiones”, concluye De Stéfano

«Es peligroso decir la verdad»

«Es peligroso decir la verdad»

May 25, 2023 | Destacado 2, Trabajo

Bajo la consigna «Justicia por Griselda Blanco», la FATPREN y el colectivo Periodistas Argentinas exigió que la pesquisa por el crimen de la colega correntina no se cierre a la hipótesis de femicidio y se investiguen los indicios relacionados con sus denuncias.

Griselda Blanco tenía 45 años y era una activa comunicadora. Ninguna injusticia le era indiferente. El sábado 20 de mayo, apareció muerta en su casa de Curuzú Cuatiá, en Corrientes, una vivienda con frente de pintura descascarada y hiedra como cerco. La encontraron con golpes en el rostro, restos de sangre por una herida de arma blanca y estrangulada con una soga alrededor de su cuello. También se hallaron pelos en sus manos, lo que indica que intentó defenderse de su victimario, según informó la fiscal de la causa María José Barrero Sahagún. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que murió por asfixia mecánica.

La mujer había recibido amenazas en los últimos días. Ella había denunciado a un comisario de la Policía correntina por acoso sexual –cometido en otra localidad y por el cual lo habrían trasladado–, y al hospital Irastorza por mala praxis. Lo hacía a través de transmisiones en vivo en sus cuentas en las redes sociales. La primera información que trascendió hablaba de un suicidio, y luego los medios locales difundieron que se había tratado de un femicidio. En ese sentido, fue detenido su ex marido Armando Jara, que también es periodista. El hasta ahora único imputado no tiene antecedentes por violencia de género y la familia afirma que su vínculo con Griselda era bueno.

Uno de sus hijos, Lautaro Cesani, dijo que a su madre “la mataron” porque “decía verdades que nadie se animaba a decir, la querían ver callada”. Con la confirmación por parte de la fiscal María José Barrero Shagún, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), de la presencia de “signos de defensa” y de “cabello en una de las manos de la víctima”, la carátula de la causa pasó a ser homicidio. Además, el hijo de la víctima aportó un dato fundamental: uno de los dos celulares de su madre “desapareció, no fue encontrado”, lo cual pone en peligro a las fuentes de la periodista y complica la investigación ya que se trata del teléfono que usaba para trabajar.

 

Bajo la consigna de “Justicia por Griselda Blanco” y con un lienzo negro en el pecho de cada uno de los presentes, el miércoles 24 se realizó una conferencia de prensa convocada por Periodistas Argentinas y la FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) para pedir especialmente que por la carátula de “femicidio” no se dejen de lado otros indicadores, y que la investigación se aborde de forma amplia. En este sentido, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), también presente allí, señaló que el crimen “puede estar relacionado con el ejercicio periodístico de Griselda”.

Durante la conferencia hablaron Claudia Acuña y Silvia Martínez Cassina, de Periodistas Argentinas, y Carla Gaudensi por la FATPREN. Hicieron hincapié en que si bien el trabajo de Blanco era “artesanal” su labor era de periodismo puro. “Estaba precarizada, una realidad que se hace cada vez más recurrente, pero estaba sindicalizada y el gremio la respalda. No tenía medio pero tampoco tenía miedo”, dijeron.

Fue reproducido un audio enviado por la víctima a su amiga, la abogada Silvia Casarrubia. “Siempre me están amenazando por estar informando. Yo lo único que hago es mi trabajo, informar y siempre con la verdad. En estos tiempos es peligroso decir la verdad”, se escuchó en la voz de Griselda. También dijo que había recibido una carta documento.

Periodistas Argentinas destacó la acción de los compañeros de la Asociación de Periodistas de Corrientes que rápidamente se movilizaron a la localidad para apoyar a la familia, pedir que el caso sea caratulado como homicidio y que se aparte a la Policía local. La agrupación también exigió protección para la familia, para la abogada y para las fuentes, sobre todo por la desaparición del segundo teléfono de Griselda. “Entendemos el crimen en relación a la libertad de expresión en Argentina”, dijeron sus referentes. “Vamos a demostrar que estamos unidas y organizadas”, agregaron.

En tanto, la abogada de la familia, Andrea Tribbia, dijo que Griselda siempre buscaba pasar por alto las amenazas. Sin embargo, en el último tiempo un mensaje en particular la había preocupado por lo que envió una captura de pantalla a su hijo. “La reacción por ese mensaje no era habitual en ella” sostuvo la letrada en diálogo con Radio Dos. Además, Tribbia aseguró que el ex marido no está entre la lista de los sospechosos prioritarios y presentó a la fiscal “información sobre otra persona” que aún no ha sido revelada. La abogada espera el resultado de la geolocalización de los teléfonos, las aperturas de las antenas y los resultados de las imágenes de las cámaras de seguridad.

 

Por otra parte, en diálogo con ANCCOM, el periodista Ángel Roberto Vallejos, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y miembro de la Asociación de Periodistas de Curuzú Cuatiá, señaló un error por parte de Blanco de realizar las denuncias “en las redes sociales y no a través de la justicia”.  

“Pedimos la protección de todas las personas involucradas en el caso y vamos a viajar con una delegación a Curuzú Cuatiá”, dijo Acuña, de Periodistas Argentinas. Estuvieron presentes en la conferencia de prensa Carolina Varsky y Natalia Chinetti, del Ministerio de Mujeres, Políticas de géneros y Diversidad Sexual de la Nación; Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de géneros y Diversidad Sexual de PBA; María Elena Naddeo de APDH, Yamile Socolovsky de CTA de los Trabajadores y Leonor Cruz, secretaria de géneros de CTA-A, entre muchas otras mujeres y hombres conmovidos por otro crimen que podría haber sido cometido por razones políticas.

 

La fiesta del comercio justo

La fiesta del comercio justo

May 22, 2023 | Destacado 1, Trabajo

La primera Expo Feria de la Economía Popular y el Cooperativismo colmó la Plaza de Mayo. Más de 350 cooperativas de todo el país expusieron su producción al compás de la música popular.

«Con tierra, trabajo y soberanía se puede transformar la Argentina», fue una de las consignas que guiaron la jornada del 20 de mayo. Más de 350 organizaciones se presentaron en la más antigua plaza de la Ciudad de Buenos Aires junto a una amplia variedad de productos artesanales de distintas regiones del país. Allí mismo y a lo largo de la Avenida de Mayo se ubicaron puestos que ofrecían frutas, verduras, yerbas, miel, aceites, pesca artesanal y gastronomía típica. Además de los alimentos, se ofrecieron tejidos, alfarería, productos de carpintería y herrería artística, algunos electrodomésticos, ropa e indumentaria proveniente tanto de la Provincia de Buenos Aires como del interior del país. Entre la oferta se podía encontrar todo tipo de producciones de comunidades originarias y material de editoriales nacionales. Con una mirada crítica y consciente sobre el estado social y climático actual, se instalaron sectores específicos relacionados al reciclaje, a la labor femenina y a la tecnología en su relación con el uso de la tierra.

La ExpoFeria fue puesta en marcha por la Secretaría de Economía Social (Ministerio de Desarrollo Social), el INAES y el Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indigena. En un escenario se pudo ver a Peteco Carabajal, Bruno Arias, Sudor Marika y Eruca Sativa, entre otros. El clima húmedo y frío no impidió que la convocatoria fuera masiva. La gente arrimada junto al escenario se animó a bailar desde folklore con bombos y guitarras criollas a “cumbia queer” y otras variedades. Desde el inicio, cientos de personas se acercaron a los puntos de ventas y, cuando se escondió el sol entre los edificios de microcentro, algunos ya se habían quedado sin productos. “Rebalsó nuestra expectativa. Estamos felices porque directamente traemos el producto del campo para acá, al consumidor, y ya no nos queda nada”, contaba una de las feriantes de Tucuman con su puesto vacío.

“Toda esta movida nos sirvió un montón; laburamos muchísimo, vendimos un montón, estuvimos a full todo el día”, contaba Jazmín Delmaffeo, presidenta de la Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos (ECAS). “Nos parece reimportante porque esto visibiliza la economía popular que genera un montón de puestos de laburo, mueve muchísimos kilos de alimento y que acerca el alimento a la urbanidad. La verdad que fue un éxito, estamos súper contentos con esto”, cerró.

En conversaciones con vendedores y miembros de las cooperativas se habló de cómo este tipo de encuentros fortalecen las redes entre el público y los pequeños productores. Personas que desconocían la labor de las cooperativas, además de hacer sus compras en la feria, anotaban direcciones e información con el fin de acceder a una comercialización más directa. “De estos festivales debería haber todos los años al menos dos”, remarcaban algunos feriantes y sumaron pedidos al Estado para que regule en mayor medida precios “piso” para compras a productores. “Esta es una demostración de todas las trabajadoras y los trabajadores. Estaría bueno que se visibilice más, que se nos tenga más en cuenta. Somos trabajadores informales, pero que trabajamos en serio. Estamos profesionalizados, hacemos formación permanente, nos valemos de los valores del cooperativismo, del apoyo mutuo y generamos círculos virtuosos: pensamos otra economía, la proponemos y la llevamos adelante”, concluyó la representante de ECAS.

Ya entrada la noche la fiesta se volcó al escenario donde los artistas, además de presentar su show, pusieron en valor la organización del evento. Entre sus intervenciones recurrentes se mencionó cómo las personas afectamos el medio ambiente y realizaron un llamado de conciencia colectiva para revertirlo. Linda, una mujer mayor que se sumó al festejo, se mostró muy interpelada con la convocatoria y habló con ANCCOM. “Colaboro con Madres de Plaza de Mayo y cómo nieta de guaraníes e inmigrantes vascos me emociona ver cómo productores y pueblos originarios están hoy en este lugar histórico. Pensar que en esta misma plaza ocurrieron tantas tragedias y hoy está lleno de gente de trabajo. Me encanta”.