Bajo la consigna «Justicia por Griselda Blanco», la FATPREN y el colectivo Periodistas Argentinas exigió que la pesquisa por el crimen de la colega correntina no se cierre a la hipótesis de femicidio y se investiguen los indicios relacionados con sus denuncias.

Griselda Blanco tenía 45 años y era una activa comunicadora. Ninguna injusticia le era indiferente. El sábado 20 de mayo, apareció muerta en su casa de Curuzú Cuatiá, en Corrientes, una vivienda con frente de pintura descascarada y hiedra como cerco. La encontraron con golpes en el rostro, restos de sangre por una herida de arma blanca y estrangulada con una soga alrededor de su cuello. También se hallaron pelos en sus manos, lo que indica que intentó defenderse de su victimario, según informó la fiscal de la causa María José Barrero Sahagún. Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que murió por asfixia mecánica.

La mujer había recibido amenazas en los últimos días. Ella había denunciado a un comisario de la Policía correntina por acoso sexual –cometido en otra localidad y por el cual lo habrían trasladado–, y al hospital Irastorza por mala praxis. Lo hacía a través de transmisiones en vivo en sus cuentas en las redes sociales. La primera información que trascendió hablaba de un suicidio, y luego los medios locales difundieron que se había tratado de un femicidio. En ese sentido, fue detenido su ex marido Armando Jara, que también es periodista. El hasta ahora único imputado no tiene antecedentes por violencia de género y la familia afirma que su vínculo con Griselda era bueno.

Uno de sus hijos, Lautaro Cesani, dijo que a su madre “la mataron” porque “decía verdades que nadie se animaba a decir, la querían ver callada”. Con la confirmación por parte de la fiscal María José Barrero Shagún, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), de la presencia de “signos de defensa” y de “cabello en una de las manos de la víctima”, la carátula de la causa pasó a ser homicidio. Además, el hijo de la víctima aportó un dato fundamental: uno de los dos celulares de su madre “desapareció, no fue encontrado”, lo cual pone en peligro a las fuentes de la periodista y complica la investigación ya que se trata del teléfono que usaba para trabajar.

Bajo la consigna de “Justicia por Griselda Blanco” y con un lienzo negro en el pecho de cada uno de los presentes, el miércoles 24 se realizó una conferencia de prensa convocada por Periodistas Argentinas y la FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) para pedir especialmente que por la carátula de “femicidio” no se dejen de lado otros indicadores, y que la investigación se aborde de forma amplia. En este sentido, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), también presente allí, señaló que el crimen “puede estar relacionado con el ejercicio periodístico de Griselda”.

Durante la conferencia hablaron Claudia Acuña y Silvia Martínez Cassina, de Periodistas Argentinas, y Carla Gaudensi por la FATPREN. Hicieron hincapié en que si bien el trabajo de Blanco era “artesanal” su labor era de periodismo puro. “Estaba precarizada, una realidad que se hace cada vez más recurrente, pero estaba sindicalizada y el gremio la respalda. No tenía medio pero tampoco tenía miedo”, dijeron.

Fue reproducido un audio enviado por la víctima a su amiga, la abogada Silvia Casarrubia. “Siempre me están amenazando por estar informando. Yo lo único que hago es mi trabajo, informar y siempre con la verdad. En estos tiempos es peligroso decir la verdad”, se escuchó en la voz de Griselda. También dijo que había recibido una carta documento.

Periodistas Argentinas destacó la acción de los compañeros de la Asociación de Periodistas de Corrientes que rápidamente se movilizaron a la localidad para apoyar a la familia, pedir que el caso sea caratulado como homicidio y que se aparte a la Policía local. La agrupación también exigió protección para la familia, para la abogada y para las fuentes, sobre todo por la desaparición del segundo teléfono de Griselda. “Entendemos el crimen en relación a la libertad de expresión en Argentina”, dijeron sus referentes. “Vamos a demostrar que estamos unidas y organizadas”, agregaron.

En tanto, la abogada de la familia, Andrea Tribbia, dijo que Griselda siempre buscaba pasar por alto las amenazas. Sin embargo, en el último tiempo un mensaje en particular la había preocupado por lo que envió una captura de pantalla a su hijo. “La reacción por ese mensaje no era habitual en ella” sostuvo la letrada en diálogo con Radio Dos. Además, Tribbia aseguró que el ex marido no está entre la lista de los sospechosos prioritarios y presentó a la fiscal “información sobre otra persona” que aún no ha sido revelada. La abogada espera el resultado de la geolocalización de los teléfonos, las aperturas de las antenas y los resultados de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Por otra parte, en diálogo con ANCCOM, el periodista Ángel Roberto Vallejos, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y miembro de la Asociación de Periodistas de Curuzú Cuatiá, señaló un error por parte de Blanco de realizar las denuncias “en las redes sociales y no a través de la justicia”.  

“Pedimos la protección de todas las personas involucradas en el caso y vamos a viajar con una delegación a Curuzú Cuatiá”, dijo Acuña, de Periodistas Argentinas. Estuvieron presentes en la conferencia de prensa Carolina Varsky y Natalia Chinetti, del Ministerio de Mujeres, Políticas de géneros y Diversidad Sexual de la Nación; Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de géneros y Diversidad Sexual de PBA; María Elena Naddeo de APDH, Yamile Socolovsky de CTA de los Trabajadores y Leonor Cruz, secretaria de géneros de CTA-A, entre muchas otras mujeres y hombres conmovidos por otro crimen que podría haber sido cometido por razones políticas.