Fabián Pierucci, síndico y responsable de la planificación de la Cooperativa La Litoraleña, denuncia las trabas judiciales en su lucha por mantener la fábrica recuperada en movimiento. Fallos adversos  amenazan la continuidad laboral. Un proyecto de expropiación ingresó a la Legislatura.

Una buena propuesta para la cena serían unos sorrentinos rellenos de ricotta, jamón y muzzarella de La Litoraleña, la fábrica de tapas de empanadas, pastas, piononos y pizzetas que fue recuperada y es autogestionada por sus trabajadores desde finales del año 2015. ¿Las razones? Darle su apoyo a la cooperativa de Girardot 345, en el barrio porteño de Chacarita, porque se encuentra en peligro de desalojo. Su continuidad está en riesgo debido a los fallos en contra de la justicia, que le niega a la empresa recuperada el derecho a comprar la fábrica y sus maquinarias con las indemnizaciones y meses que los antiguos acreedores -Deconti SA- le adeudan a los trabajadores. Habiendo agotado todas las instancias judiciales posibles, La Litoraleña, apoyada por el bloque de del Frente de Todos, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de expropiación que busca la declaración de “utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Giradot 345”. La iniciativa tiene como objetivo garantizar que los bienes expropiados sean destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo, siempre que mantenga su actividad productiva y fuentes de empleo.

Todo comenzó en 2015 cuando los trabajadores se vieron enfrentados a una situación preocupante: tres turnos de trabajo, salarios impagos o atrasados, falta de inversión en maquinaria y condiciones laborales precarias. Los empleados comenzaron a darse cuenta de que se trataba de un proceso de vaciamiento de la empresa, lo que generó accidentes y un ambiente de incertidumbre. En agosto de ese año, los trabajadores decidieron ocupar la fábrica en un acto de resistencia. Durante dos meses, llevaron a cabo una rotación laboral durante las 24 horas para mantener la producción. Sin embargo, esto no estuvo exento de consecuencias legales, ya que Luis Baini, delegado sindical y actual presidente de la cooperativa, fue imputado por usurpación y estuvo bajo investigación durante dos años.

A la par de haberla puesto a producir desde el 27 de octubre del 2015, La Litoraleña debió enfrentar durante ocho años los fallos adversos de la jueza Valeria Pérez Casado, quien en una primera instancia argumentó que los empleados no tenían la capacidad para gestionar una empresa. En 2020, en medio de la pandemia, la magistrada insistió con un pedido de desalojo; sin embargo, al tratarse de trabajadores esenciales dedicados a la producción de alimentos, tuvo que dar marcha atrás. Durante el mes de abril de este año, la justicia rectificó el fallo de la jueza, otorgando una prórroga de tan solo sesenta días para abandonar la fábrica. Frente a la imposibilidad de apelar ante la Corte Suprema, y tras haber agotado todas las instancias judiciales posibles, los trabajadores presentaron la propuesta de expropiación en una conferencia de prensa realizada la semana pasada en la Legislatura porteña. 

Fabían Pierucci, síndico y responsable de la planificación de la cooperativa, dialogó con ANCCOM sobre su llegada la empresa, los fallos en contra y la situación actual de La Litoraleña:

 ¿Por cuántos trabajadores está compuesta la cooperativa?

El día de la ocupación, el 27 de octubre del año 2015, había unos 115 empleados entre trabajadores de planta, administrativos, el cuadro jerárquico, los gerentes y gente vinculada a la patronal. La asamblea de la ocupación era cien por cien de planta, no participaron de otros sectores; y son los que se quedaron a conformar la cooperativa: éramos 50. 

 ¿Vos te incorporaste con la cooperativa ya en marcha?

Sí, yo venía como asesor de FACTA -Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados-, me dediqué muchos años a acompañar procesos de recuperación, básicamente especializado en la cuestión productiva. Empezamos a hacer unos talleres de formación, pasar algunas películas sobre otras experiencias para acelerar el proceso de información y de convencimiento, empezar a pensarse como trabajador autogestivo es cambiar el chip. 

 ¿Por qué te quedaste en la cooperativa?

Me invitaron los compañeros. Hubo una asamblea donde se decidio incorporarnos como asociados. Es mi primera experiencia como asociado. Yo pertenezco al Grupo Audiovisual Alavío, dónde venimos haciendo una serie llamada Redes del Trabajo y la Autogestión, son treinta capítulos, y el último que filmamos es acá -La Litoraleña-. No soy fundador, pero tengo la misma antigüedad que todos mis compañeros. Es muy interesante la perspectiva de un asesoramiento externo, sugerir y hacer capacitaciones a los asociados y tener que discutir en la asamblea de igual a igual. Tiene sus pros y sus contras. La contra de venir de afuera es que es un proceso de integración paulatina y de confianza, y por otro lado la posibilidad de decidir que defiendo con más énfasis porque soy parte, estoy adentro del barco, así que si se hunde me perjudico yo también. Es muy interesante desde el perfil profesional, en cuanto a la decisión de ser un externo o estar participando activamente. Yo llegué incluso a ser presidente. 

¿Podrías contarme cómo han utilizado las rotaciones en La Litoraleña?

Una de las cosas que valoramos mucho es la rotación, no rotar significa burocracia, tener algún tipo de privilegio. Acá nos proponemos como política interna que haya la mayor participación política, está la asamblea pero no alcanza. Luis Baini fue el primer presidente, de una gestión super sufrida, fue la de la ocupación, la que intervino la policía…. Por ejemplo, no nos permitían en la AFIP sacar el CUIT, porque no teníamos domicilio. Tuvimos que alquilar un local en Garay y Boedo para que esa sea nuestra sede fiscal. El segundo consejo, tenía que ver con consolidar, con analizar algunos procedimientos y nos tocó la pandemia en el medio. El tercer consejo, el que vuelve Luis de presidente, se incorporan algunos compañeros que no habían estado, y algunos rotamos de cargos. En lo personal, yo estoy cumpliendo el rol de síndico, que es un cargo muy importante en la cooperativa. Es la garantía de que si hay alguna cuestión que no se cumpla de legalidad del consejo, el síndico se tendría que hacer cargo. La primera gestión fue de aprendizaje, la segunda de consolidación y esta es  la que le va a poner el broche al conflicto, que es sacarnos de encima al fantasma de Deconti SA.

 ¿Cómo pudieron mantenerse a flote a lo largo de los años pese a los fallos en contra de la jueza Perez Casado, la Cámara de Apelaciones y el hecho de no poder apelar ante la Corte Suprema de Justicia? 

La jueza Perez Casado es la segunda vez que nos saca un fallo en contra, ahí me parece interesante la perspectiva del por qué, de dónde viene, cuánto gana, por qué nunca vino a la fábrica. Hay un sesgo de la justicia anti-trabajadora. Los que administran la justicia no vienen de la clase trabajadora, o si vienen ya hace rato perdieron esa perspectiva. No hay una idea de lo que es la vida cotidiana si vivís en un country o si venís en auto por autopista al juzgado y te volvés al country, si te vas de vacaciones a Europa y no pagas el impuesto a las ganancias y cobrás varios millones. Con el sueldo de la jueza seguramente pagamos todas las nóminas de retiro nuestro. No le importa nada, lo único que le interesa es cuidarse ella misma. La perspectiva de solucionar un problema social, que significa que si se desmantela la fábrica es una destrucción de capital sumamente importante, de trabajo humano, porque la fábrica no es solamente el capital que aportó el dueño, el capital es todo lo que implica instalar una fábrica: ponerla a punto, que las máquinas funcionen, que tengan los servicios correspondientes para que arranquen los procesos de producción. La jueza dice que hay un delito previo que es la ocupación. ¿Por qué juzga, si no es una jueza penal? A los compañeros que los juzgaban por el pasado fueron sobreseídos, ella tiene un sesgo clasista, xenófobo: si sos morocho, sos ocupa, y estas en una situación ilegal. Es una perspectiva fascista, nunca lo había dicho, pero está bueno como marcar de dónde se gestiona la ley. La primera barbaridad fue detenernos la continuidad, la segunda fue negarnos la compensación de crédito. En el juzgado comercial quienes deberían estar imputados no somos nosotros, no somos responsables, es Deconti SA, nosotros somos acreedores. Estamos inscriptos en la causa como perjudicados, no como imputados. Tenemos un fallo en contra que no nos permite cobrar con una solución social, que sería que nos cobramos las acreencia para con la planta para darle continuidad a la fábrica. Podemos constituirnos en inversores y no en ocupas o responsables de la quiebra.

¿Qué es lo que busca el proyecto de expropiación presentado el día miércoles? 

El proyecto de expropiación que presentamos nosotros, busca la declaración de “Utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Girardot 345”, que plantea la opción de que si el Estado considera que algo va a beneficiar el progreso, sea un terreno donde va a haber un dique o un lugar para hacer una ruta, se pueda expropiar. Se declara de utilidad pública y se expropia. El concepto de utilidad pública viene después de la crisis de 2001, porque se empieza a considerar que hay un valor en sí mismo en el taller o la fábrica en funcionamiento, que no es lo mismo que esté desguazada. Por lo que significa en términos de desocupación, el costo social que tiene que pagar el Estado y por lo que significa el capital social del trabajo muerto, que está en las máquinas e incluso en el saber hacer del conocimiento, que requiere poner en marcha la operatividad del proceso de producción. Esa discusión que fue parte del 2001, del cual tienen que ver la lucha de los trabajadores desocupados y la experiencia nueva de la ocupación de fábricas. Declarar de utilidad pública significa que el Estado asuma un costo y que compre lo que vamos a usar nosotros y que se lo ceda a la cooperativa. 

 ¿Alcanza solo con el apoyo de los legisladores Frente de Todos?

No alcanza sólo con el Frente de Todos. Nuestra tarea es seguir explorando, uno por uno a los diputados para tratar de convencerlos.

 ¿De qué trata el programa fábrica de puertas abiertas? ¿Quienes dan las charlas?

Es un concepto. La idea es que mientras una fábrica está bajo un patrón es un lugar cerrado o hermético, el trabajador ficha para salir. En las recuperaciones lo que sucede es que se abren las puertas a la comunidad, para alguien que nunca entró a una fábrica. En este caso nosotros trabajamos con comunidades educativas. Todo el tiempo vienen colegios primarios, secundarios, universitarios, terciarios. El perfíl, que es muy interesante, es por un lado el proceso productivo, de donde viene el capital, la distribución de la línea, la producción, etc.; y después el otro eje está vinculado a la cooperación, qué significa el trabajo cooperativo, hay mucho interés siempre en cómo fue abarcar los problemas políticos y cómo nos organizamos.