Todos por el Garrahan

Todos por el Garrahan

Una multitud marchó desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para protestar por el desguace del hospital pediátrico en particular y del sistema sanitario en general. En el centro del reclamo -además del ajuste y la cuestión salarial- estuvo la transformación del sistema de residencias. Una verdadera multisectorial solidaria recorrió el centro porteño.

Trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan se movilizaron del Congreso a Plaza de Mayo en el marco del conflicto con el Gobierno nacional por el recorte presupuestario y el deterioro salarial. La marcha fue convocada a las 16 por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital y adhirieron también las dos CTA, varios gremios de la CGT, organizaciones sociales y políticas, agrupaciones de jubilados y muchas personas no encolumnadas. La movilización se realizó en medio de un paro de 24 horas que garantiza la atención de urgencias y de pacientes internados en la institución.

Las principales demandas giran en torno al ajuste propinado por el Poder Ejecutivo al mayor centro de atención pediátrica del país. Con un presupuesto congelado desde 2023, la amenaza de un vaciamiento progresivo y el desgaste de las condiciones laborales ya renunciaron casi doscientos trabajadores en el último año y medio.

Los residentes tomaron un lugar central en las discusiones a partir del reclamo por la recomposición de salarios que hasta abril se encontraban por debajo de la línea de pobreza, a eso se le suma una resolución emitida por el Ministerio de Salud de la Nación que modifica el Sistema Nacional de Residencias, transformando una relación laboral en una instancia de becas. Melina es residente de primer año de pediatría en el Garrahan y, en medio de la manifestación, sostuvo: “Estamos acá para defender la salud pública y nuestros derechos como trabajadores, nosotros como médicos y los de todos nuestros compañeros. Tenemos los sueldos pisados, estamos explotados de horas laborales y encima cambian el sistema nacional de residencias por un sistema de becas que nos va a dejar cobrando lo mismo pero en la informalidad”.

En la Plaza de los Dos Congreso, del lado de Yrigoyen, una multitud se congregaba mientras tomaban forma las primeras columnas, era la asamblea de residentes que convocaba a decenas de profesionales de diversos hospitales públicos. “Están tratando de pasar a los residentes de Nación a un beca que implica pérdida de derechos laborales, antigüedad, protección, derecho a paro y no supone una mejora del sueldo como dice el Gobierno. Es un precedente gravísimo, un retroceso muy grande para la lucha que hemos tenido en los últimos veinte años”, intervino Joahana, bioquímica residente de primer año del Hospital de Niños Gutiérrez. “Nosotros queremos defender al Garrahan y a todos los residentes de nación. Es muy importante que la gente entienda que el sistema de residencias forman a la mayoría de los profesionales, es el semillero de especialistas de todo el país”, agregó. En la misma ronda una de sus compañeras, instructora de residentes del mismo hospital, sumó que a la vez sus sueldos no están en línea con las paritarias del personal de planta y “se terminan retrasando mucho con la inflación,  para la cantidad de horas que trabajamos no alcanza”, aseguró María Belén y concluyó: “La idea de acá en adelante es trabajar en conjunto para que todos los residentes de la nación y de las provincias tengamos los mismos derechos”.

La situación de los residentes es transversal a las diferentes instituciones e implica una precarización de las condiciones de trabajo, de la formación de los profesionales y del estado general del sistema de atención médica. En esta línea, Mercedes comentó: “Venimos a acompañar al Garrahan, a hacer frente al desmantelamiento de la salud pública y también a defender el derecho a los usuarios, está muy complicado conseguir turnos, en farmacias, guardias, especialidades”. Ella es psicóloga y forma parte de la residencia interdisciplinaria en educación y promoción del hospital Pena, señaló que “cada vez hay menos presupuesto, menos insumos y a la vez están desmantelando el sistema de formación de residentes que es como se sostiene la salud de este país, no solo de los hospitales públicos sino también de los privados”.

Julio Daniel Dunogent preside el Instituto V del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y  junto a un grupo de colegas llegó a la marcha a apoyar el reclamo del Garrahan: “No entendemos el motivo de lo que se está haciendo, este desguace no tiene un objetivo que sea para mejorar la situación, no creemos que ese sea el camino. Nosotros como médicos, los pacientes y los papás de los pacientes que también están acompañando manifestamos oposición a todas estas medidas. El hospital hay que defenderlo, los médicos y todos los profesionales de la salud tienen que estar muy bien pagos, eso es fundamental”.

A medida que empezaron a moverse las columnas en dirección a Plaza de Mayo, los distintos sectores que pueblan las calles confluyen en un mismo recorrido. Banderas de centros de estudiantes, espacios culturales y gremios se encuentran con los carteles de jubilados, Ni Una Menos, trabajadores Aeronáuticos, de Georgalos y Secco. Ricardo es un jubilado autoconvocado y todos los miércoles está en la marcha frente al Congreso. “Hoy estamos acá para apoyar la salud, al Garrahan, al Posadas, al Bonaparte y a todos los compañeros que están en estado de vulnerabilidad. Nosotros vamos a seguir luchando”, aseveró.

Una amarga semana de la dulzura

Una amarga semana de la dulzura

Los trabajadores de la fábrica de golosinas Georgalos resisten luego de la reducción de personal y el despido de cinco trabajadores por realizar huelga. Por qué puede ser un caso testigo.

“Ni despidos afuera, ni esclavos adentro” es la frase que resume la lucha obrera en la fábrica de golosinas Georgalos tras el despido de cinco trabajadores en la planta de San Fernando. “Semanas previas al inicio de los paros sufrimos una reducción de personal en la línea productiva y un achicamiento del salario consecuencia de la flexibilización laboral que unilateralmente está imponiendo la empresa”, explica Maximiliano Montero, uno de los trabajadores despedidos y agrega: “El Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria (STIA) que conduce Rodolfo Daer y la comisión interna estuvieron al tanto de esta situación y mantuvieron conversaciones con la empresa hasta que el jueves 29 de mayo convocaron a un paro”.

“Paramos el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de mayo en los tres turnos con el sindicato a la cabeza. El sábado levantamos el paro porque acordamos tener una audiencia que después no se realizó. Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, el martes 3 de junio hicimos dos horas de paro. El miércoles también, dos horas de paro y el jueves 5 de junio fue cuando nos dieron el telegrama de despido”, declara Diego Ciani, uno de los cinco trabajadores despedidos que, al igual que los demás compañeros del sector de chocolate, lo único que hizo fue acatar la medida de fuerza que convocó el sindicato: “Solo soy un obrero sindicalizado que, después de trabajar veintiún años en esta fábrica, estoy acostumbrado a que la única herramienta que tenemos para reclamar es la huelga”.

“El sindicato no midió las consecuencias y hoy estamos cinco familias en la calle”, denuncia Miguel Maciel, otro de los trabajadores despedidos que durante la mañana del 5 de junio se le impidió el ingreso a la fábrica. En el transcurso de ese día, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria que planteaba retrotraer el conflicto a foja cero y reincorporar a los cinco obreros despedidos. “Ante esta medida, el viernes 6 de junio entramos a trabajar, nos habilitaron los molinetes y nos dieron tareas normalmente, pero a partir del sábado 7 de junio ya no nos permitieron entrar más: se reforzó la seguridad, pusieron patrulleros, cadenas en los portones y más seguridad privada. La empresa nos negó el ingreso hasta el 8 de julio, que fue cuando se venció el plazo de la conciliación obligatoria”, explica Ciani.

“Nos acusan de haber organizado la huelga, realizar un sabotaje contra la empresa, amedrentar a los compañeros, provocar daños económicos e incitar a la violencia”, plantea Montero que además comenta que en el plazo que duró la conciliación obligatoria se realizaron tres audiencias. “En la última audiencia, la parte gremial denunció que los despidos fueron inconstitucionales, discriminatorios y antisindicales. Por su parte, la empresa no presentó ninguna prueba y mantuvo la postura de no reincorporación”, expone Ciani y agrega: “No tienen ningún argumento para justificar lo que hacen y nosotros estamos muy preocupados porque una empresa como Georgalos te despide con mentiras, incumple la ley ¿y cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo? Una multa ¿Y nosotros? seguimos sin trabajo”.

 “Continuamos peleando por nuestra reincorporación porque se está violando un derecho constitucional como lo es el derecho a huelga; si esto pasa, fija un antecedente nefasto porque cualquier sindicato ya sea a nivel provincial o nacional no va a poder convocar a paro porque si para le echan a la gente”, declara Montero. Los trabajadores de la fábrica de golosinas insisten en que el despido de los compañeros es un caso testigo porque pone de manifiesto que empresas como Georgalos aplican una reforma laboral basada en medidas flexibilizadoras sin cumplir las leyes y la única consecuencia que afrontan por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires es una multa económica por incumplir la conciliación obligatoria. En esa misma línea, Ciani refuerza y resume: “Nos hacen laburar más, nos suben los ritmos de trabajo con menor personal, no damos abasto y encima si levantas la voz te echan”.

«Fue una semana de la dulzura muy amarga para nosotros», ironiza Maciel quien comenta que ante la violación de la conciliación obligatoria por parte de la empresa, el martes 8 de julio cortaron la Panamericana y fueron reprimidos por personal de Gendarmería. El miércoles 9 de julio, realizaron un festival solidario por el Día de la Independencia en la puerta de la fábrica que contó con la multitudinaria presencia de familias y obreros. El viernes 11 de julio participaron de una audiencia pública en el Congreso de la Nación junto a diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria quienes firmaron una resolución en solidaridad con los trabajadores despedidos y exigieron su inmediata reincorporación.

A su vez, este lunes 14 de julio se movilizaron en La Plata desde el Ministerio de Trabajo hasta la Gobernación para exigir que el gobierno provincial se pronuncie contra los despidos ilegales. “El Ministerio nos dice que ya no puede hacer más nada, entonces les llevamos un escrito que detalla articulo por articulo lo que puede hacer ante estos despidos inconstitucionales y persecutorios que estamos sufriendo”, comenta Ciani y Maciel agrega: “Tienen herramientas para pronunciarse a favor nuestro, solo hace falta un poco de decisión política”.

Como próxima medida de fuerza por parte de los trabajadores de Georgalos, este jueves 17 de julio convocan a marchar del Congreso a Plaza de Mayo junto a las y los trabajadores del Garrahan en defensa de la salud pública. Llevarán sus reclamos contra despidos ilegales y también se sumarán los obreros de Secco y Molinos Río de La Plata. Consideran que avanzar en la unidad de los trabajadores es fundamental para hacer frente al ajuste y la precarización laboral.

«Si bien nosotros somos cinco despedidos, hoy este conflicto excede el dejar a cinco familias en la calle», reflexiona Maciel y Montero explica que lo suyo no se trata de un hecho aislado:  «No hay que perder de vista que el gobierno nacional quiere avanzar con la reforma laboral y ya lo está haciendo». Ante la apertura de las importaciones la industria de la alimentación en Argentina tiene que competir con productos que antes no estaban en el mercado y es en este marco que: «La variante del ajuste en Georgalos es la flexibilización de las condiciones de trabajo y superexplotación del trabajador», según Montero, quien concluye: «Hoy las patronales se ven beneficiadas por las medidas del gobierno nacional y casos como los nuestros se están empezando a generalizar. Es por eso que desde Georgalos continuamos dando pelea».

 

Sin luz y sin operarios para reconectarla

Sin luz y sin operarios para reconectarla

En la misma semana que cien mil hogares se quedaron sin luz en medio de la ola de frío, la empresa energética Secco, que despidió a casi todos los operarios encargados de atender las emergencias y reconectar los servicios, no se presentó a la conciliación obligatoria y amenaza con nuevas desvinculaciones.

Casi 100 mil usuarios se quedaron sin luz en el Gran Buenos Aires el lunes pasado, una de las noches más frías del año. El corte masivo ocurrió horas antes de que se oficializara un nuevo aumento del 2% en las tarifas de electricidad, que se suma a un incremento acumulado del 316% desde diciembre de 2023. La situación fue agravada por una decisión empresarial: en los días previos, la empresa de energía Juan F. Secco S.A. despidió a 30 trabajadores del área de emergencia, encargados de restablecer el servicio ante apagones masivos.

La demanda eléctrica alcanzó un pico de 26.764 megavatios. Aunque no se superó el récord de 30.240 MW registrado en febrero, fue suficiente para dejar sin servicio a 80 mil usuarios de Edesur y 20 mil de Edenor, además de miles de afectados en la capital bonaerense. Las zonas más perjudicadas fueron los barrios porteños de Almagro, Balvanera, Palermo y Villa Urquiza, y partidos del conurbano como Tigre, San Martín, Malvinas Argentinas, Berazategui, Quilmes y Avellaneda. En La Plata, EDELAP también registró cortes generalizados.

Desde la asunción de Javier Milei, las tarifas de gas se dispararon un 622 % en el AMBA. En paralelo, una ola polar generó un consumo récord que obligó a cortar el suministro en industrias, estaciones de GNC y hogares. En Mar del Plata, más de mil familias se quedaron sin gas. La situación se agravó porque el gobierno paralizó las obras del gasoducto Perito Moreno, clave para aumentar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.

En ese contexto, los despidos en Secco expusieron la desprotección ante las crisis energéticas. La empresa, que cuenta con unos 2.500 trabajadores, pasó de tener 40 operarios destinados al área de emergencia a contar con uno solo, localizado en Mar del Plata. «Ese sector se creó en 2012 para intervenir en cortes que vienen en aumento desde las privatizaciones de los 90. Con obradores móviles restablecíamos el servicio en pocas horas. Ahora, sin personal, los apagones se prolongan por días», explicó Ariel Moreno, delegado y uno de los despedidos. Además de los más de 30 cesanteados del área de emergencia, hubo siete despidos en el sector de energías renovables, tras el cierre de la planta de biogás de Ensenada.

La planta, ubicada en el predio de CEAMSE, convertía metano generado por la basura en energía para 40 mil hogares. También evitaba la emisión de gases contaminantes. Inaugurada en 2019, cerró por falta de inversión. La empresa, que recibe fondos estatales y mantiene contratos con el sector público, no dio explicaciones por el vaciamiento. «Nos mandan cartas documento con sanciones inventadas para justificar despidos. Intentan destruir nuestra organización sindical», denunció Moreno.

En paralelo, trabajadores organizados como la Agrupación de la Energía Móvil y despedidos de otras firmas (Kimberly Clark, Shell, Morillo, Pilkington) se solidarizan. El martes pasado se realizó una asamblea en la Universidad Nacional de San Martín con apoyo gremial del INTI, Cicop‑Posadas, Conicet, Unión Ferroviaria, entre otros. El lunes 7 de julio, a las 18, está prevista una movilización con corte en el Camino del Buen Ayre, frente al CEAMSE.

Juan Luis, despedido del área de Emergencia, relató: «Nuestro sector intervenía ante incendios, inundaciones o cortes técnicos. Si estaba en mi casa, me llamaban, me buscaban en remis y viajaba donde hiciera falta. En Calafate, en medio de una nevada, instalamos 16 equipos para abastecer a 400 familias cada uno». La modalidad laboral incluía rotación nacional: pasaban 18 días fuera de casa y solo una semana en sus hogares.

Antonio Samaniego, también despedido, detalló: «Trabajé 10 años, fui echado justo al cumplir la década. En pandemia quedamos varados 20 días en Calafate por estar asistiendo un corte. No hay muchos operadores capacitados para esto. Usamos motores Caterpillar a diésel y equipos de alta tensión, es riesgoso. El año pasado la empresa planteó que quería que trabajáramos 12 horas con un solo operario por turno, un peligro».

El vaciamiento se produce en paralelo a las denuncias que pesan sobre Jorge Balán, propietario de Secco S.A., imputado en la causa Cuadernos, en la que se presentó como arrepentido tras reconocer el pago de coimas a funcionarios públicos. Su nombre también figura en los Pandora Papers por haber utilizado una offshore en Costa Rica. A pesar de esto, su empresa sigue recibiendo contratos estatales.

«Están tercerizando el área de emergencia con contratos precarios, sin convenio colectivo. Nosotros logramos pasar a planta en 2018, después de años de contratos renovables cada tres meses. Ahora quieren volver atrás. No solo atacan a los trabajadores, estafan a los usuarios. El cargo por emergencia sigue figurando en la boleta, pero ya no hay quien atienda las emergencias», explicó Moreno.

El conflicto ya tuvo cinco audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales la empresa solo se presentó a dos. En ambas ocasiones amenazó con más despidos. La falta de respuestas institucionales refuerza la organización entre sectores afectados: además de trabajadores energéticos, se suman estatales, del ámbito de la salud, educación y jubilados. El vaciamiento de Secco, aseguran, es una muestra de cómo el ajuste y la desregulación también golpean donde más duele: en la garantía de derechos esenciales como la energía eléctrica.

“Es necesario unificar los conflictos”

“Es necesario unificar los conflictos”

Trabajadores de distintos sectores realizaron una jornada de difusión en el Obelisco para visibilizar despidos, condiciones laborales precarias y falta de respuesta sindical, en una acción que busca articular las luchas en una agenda común frente al ajuste.

El sol del mediodía iluminaba el centro porteño. Entre autos, peatones y turistas que se detenían a mirar el Obelisco, una serie de banderas y carteles se desplegaban en la Plaza de la República. Los manifestantes se organizaban en distintos roles: algunos sostenían estandartes, mientras otros repartían volantes con diversa información. La convocatoria era tranquila, no había bombos ni cánticos resonantes, solo estaba la necesidad de visibilizar reclamos ante quienes circulaban por allí.

La “Jornada de difusión de todas las luchas en curso”, como fue anunciada, reunió a trabajadores despedidos de empresas como Morvillo, Secco, Shell, Georgalos y Pilkington, acompañados por jubilados y empleados del Neumático. Todos conformaban una multitud heterogénea, unida por el mismo sentimiento de lucha.

“Nos parece importante generar acciones en común con los sectores que estamos peleando en el movimiento obrero”, señaló Sebastián Rodríguez, secretario general de la Comisión Interna de Morvillo. El caso de su empresa estaba detallado en uno de los carteles: con fotos, flechas y textos se denunciaba que Anselmo Morvillo, su dueño, anunció el cierre de la fábrica por WhatsApp, dejando a 240 familias en la calle. Desde entonces, llevan cuatro meses de ocupación. Rodríguez añadió: “El primer escollo que hay que superar es la burocracia sindical, que es la principal responsable de que el ajuste de Milei siga su curso. Por eso formamos un colectivo, para reforzar nuestras luchas y allanar el camino al resto del movimiento obrero”.

Otros trabajadores, guiados por los principios de solidaridad y por su propia situación crítica, se sumaron a la jornada. Es el caso de la empresa Secco, una multinacional dedicada entre otras cosas a la generación de energía. Dos meses atrás despidió a 37 técnicos calificados en emergencias, encargados de abastecer con camiones generadores a provincias afectadas por inundaciones o cortes masivos de luz. Juan José, uno de los despedidos, explicó: “Buscamos construir un frente único que nos permita convocar a una gran asamblea de trabajadores para reclamar contra el gobierno de Milei y el de Kicillof. Es necesario unificar los conflictos y avanzar con una agenda común”. Además, subrayó que no están luchando “contra una injusticia”, sino “por un trabajo y una jubilación digna”.

Justamente los jubilados, que el último miércoles volvieron a manifestarse en el Congreso, también formaron parte del reclamo. Nora Biaggio, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, sostuvo: “El plan de lucha de los jubilados es apoyar todas las luchas, porque estos trabajadores, como no van a llegar a los treinta años de aportes que exige la ley, no van a poder jubilarse si la situación sigue así”. Durante el breve acto, con un discurso enérgico, convocó a una marcha multitudinaria para el 16 de julio: “Con los jubilados adelante y los trabajadores acompañando”.

En otro sector de la plaza, más trabajadores sumaban sus reclamos. Alejandro Martínez fue despedido de Georgalos el 5 de junio. “No por nuestras obligaciones, sino por nuestros derechos”, denunció, y afirmó: “Ejercimos el derecho a huelga convocado por el sindicato y, como represalia, echaron a cinco de los 90 que participamos, incluido yo. Quieren inventarnos causas con fundamentos falsos”. Sobre la jornada, opinó: “Nuestras problemáticas son similares, y es nuestro deber ejercer el derecho a huelga”.

“Shell discrimina y contamina”, decía otra de las grandes banderas que flameaban. Gustavo y Fernando la sostenían vestidos con el uniforme rojo de la empresa de hidrocarburos. Gustavo relató que fue despedido “por denunciar las condiciones insalubres de trabajo en la refinería”. Fernando consideró “casi natural” que los reclamos se unan, y remarcó: “La clave es seguir ganando las calles, para que no haya más familias afuera”.

A pocos metros, trabajadores de Pilkington —una empresa global de fabricación de vidrio con fuerte presencia en la industria automotriz argentina— también alzaban su voz. “Número uno en discriminar”, decía el cartel bajo su logo. Jorge González, uno de los despedidos, contó que, pese a tener un fallo de reincorporación avalado por la Corte Suprema, la empresa se niega a acatarlo, escudándose en que no respetan las leyes argentinas, sino las de Gran Bretaña y Japón, de donde son sus dueños. “Está muy difícil la justicia. Por eso hay que luchar todos juntos para salir de esto”, sostuvo.

Vanina Roda también estaba presente. Fue empleada de PepsiCo hasta que la empresa cerró su planta en 2017 y los trabajadores fueron desalojados violentamente. “Exigimos justicia por los trabajadores de PepsiCo 2017-2025”, señalaba su cartel, en referencia a una lucha que lleva más de ocho años, con un proceso judicial que les dio la espalda. Según los extrabajadores, podrían ser reubicados en otras sucursales de la misma compañía que operan con maquinaria similar. “Es difícil sostener un reclamo tan largo, pero se puede. Es una cuestión de moral. Ellos juegan con ella para tirarnos abajo, pero nosotros seguimos firmes”, afirmó. Sobre la articulación con otras protestas, añadió: “Ellos se unieron a nosotros y viceversa. Siempre estamos”.

También hubo presencia del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Daniel Bobadilla, miembro de la Comisión Ejecutiva, explicó que están en conflicto por paritarias. Las empresas les ofrecen aumentos por debajo de la inflación, por lo que comenzaron una serie de paros en Bridgestone, Fate y Pirelli. “Tenemos que estar más unidos que nunca y apoyar a quienes están siendo atacados por este gobierno cínico”, declaró.

“Unidad, de los trabajadores”, fue el único cántico que logró levantar todas las voces en la jornada. Unas simples palabras que sintetizaron el espíritu de la protesta, donde distintos trabajadores, de diversos sectores, lugares y reclamos, unieron sus fuerzas para manifestarse ante la falta de respuestas tanto del gobierno como de las conducciones sindicales.

 

“Sin residentes, no hay salud pública”

“Sin residentes, no hay salud pública”

Residentes del Garrahan y otros hospitales públicos rechazan la decisión oficial de convertirlos en becarios y reclaman la apertura urgente de nuevas instancias de diálogo.

Residentes del Garrahan, junto a sus pares de otros hospitales, encabezaron este jueves un acto en Plaza de Mayo para denunciar la precarización laboral que implica el nuevo régimen que implementó el Ministerio de Salud de la Nación.

«Pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, sin aportes y con importantes recortes en licencias, descansos y condiciones de trabajo», criticaron desde la Asamblea de Nación a través del comunicado leído en el acto.

Tras la tradicional marcha de Madres de Plaza de Mayo, y a pesar del frío, los primeros profesionales de la salud, además de agrupaciones de izquierda, comenzaron a llegar pasadas las 16 bajo la consigna “sin sistema de residencias, no hay salud pública”.

 

Pasadas las 17, hora anunciada para la conferencia de prensa de la Asamblea del Hospital Garrahan, se procedió a leer el comunicado, en el que apuntaron contra el gobierno nacional. Exigieron la derogación de la Resolución 2109/2025 y la apertura urgente de nuevas instancias de diálogo.

Resaltaron la importancia de las residencias hospitalarias como espacios de capacitación y especialización destinados a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología, bioquímica, entre otras, en el marco de trabajo asistencial académico supervisada por profesionales con años de experiencia.

Además, enfatizaron que este modelo, que rige Argentina desde hace más de 30 años y se ha ido perfeccionando a través del tiempo, «ha garantizado personal altamente capacitado en cada rincón del sistema» y que la nueva normativa «desmantela sus bases fundamentales».

La secretaria general de la Asociación de profesionales y Técnicos, Norma Lezana, en diálogo con ANCCOM, remarcó que fue una “decisión completamente unilateral del ministro de Salud Mario Lugones”: «Es el COFESA, Consejo Federal de Salud, el que regula las residencias desde hace mucho tiempo en nuestro país». Además, comentó que están llevando adelante un recurso de amparo y seguirán adelante con la lucha.

La Asamblea de Residentes y Concurrentes de Capital Federal busca realizar una marcha de velas en solidaridad con el Garrahan el próximo jueves 10 de julio, día en que se realizará un paro en el hospital pediátrico.

También está prevista la realización de otra medida de fuerza de 24 horas el próximo 17 de julio, que incluirá una movilización, a partir de las 16, desde el Congreso a Plaza de Mayo, junto a otros sectores.

 

De sueldo formal a beca

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de redes sociales, aseguraron que ahora los residentes, quienes se encuentran en su último tramo de formación profesional, tendrán mayor libertad para elegir cómo realizarlo “después de una década de parches improvisados”, a través de la implementación de dos nuevas becas: Institución y Nación; las cuales reemplazan a la vieja modalidad de contrato laboral con sueldo formal.

Sin embargo, los afectados por la decisión, que por hora cobran 3 mil pesos y podrían pasar a cobrar de 2200 a 3200 según la beca, cuestionaron el cambio y aseguraron que, con el nuevo régimen, no podrán acceder a vacaciones, aguinaldo, aportes jubilatorios, ni posguardias (descanso luego de turnos de 24 horas); y que además los obligan a estar más horas trabajando en el establecimiento de salud: pasarán de 70 a 93.

«Lo único que hicieron fue desviar el problema, que ahora la solución la va a tener que dar el hospital, que no tiene recursos. Elegir entre dos vías de precarización, trabajar en negro para alguien que estudió años en una Universidad, no es válido para ninguna carrera ni para ninguna profesión, pero la verdad es que notamos un desprestigio absoluto continuo ante nuestros reclamos», dijo Belén Mansilla, del Garrahan ante los medios tras una pregunta realizada por ANCCOM.

Por su parte, Norma Lezana expresó: «Libertad sin derechos, no es libertad. Es como si fuera también una reforma laboral encubierta. Uno sabe que esos descuentos son los que le garantizan una jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas… Cosa que si no tenés esos aportes, no hay garantías en el trabajo; deja de ser remuneración y pasa a ser un estipendio».

Esto es visto como un duro golpe para quienes optan en continuar con su formación para ser especialistas por el exceso de carga laboral. «Si prestas atención a la letra chica tenemos muchas más obligaciones, seguimos sosteniendo las mismas que teníamos, sumando algunas otras y restando derechos. Golpea muy duro el hecho de que sean arrebatados de esta manera tan cruel», opinó Karen Godoy, de primer grado en enfermería en cuidados críticos pediátricos.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires hay incertidumbre ante la posibilidad de que el Gobierno porteño adhiera a la modificación implementada por Nación, algo que pone en alerta la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Capital Federal.

Franco Capone, residente de medicina general del Hospital Penna en el CeSAC 35 e integrante de la mencionada asamblea, expresó: «Lo vemos con una preocupación muy grande, porque si pasa en Nación, ¿Por qué no lo van a hacer en Capital? Por eso hicimos una movilización de mil personas, de Callao y Corrientes al Ministerio de Salud, hoy por la mañana (por ayer)».

Por su parte, Norma Lezana expresó: «Libertad sin derechos, no es libertad. Es como si fuera también una reforma laboral encubierta. Uno sabe que esos descuentos son los que le garantizan una jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas… Cosa que si no tenés esos aportes, no hay garantías en el trabajo; deja de ser remuneración y pasa a ser un estipendio».

Esto es visto como un duro golpe para quienes optan en continuar con su formación para ser especialistas por el exceso de carga laboral. «Si prestas atención a la letra chica tenemos muchas más obligaciones, seguimos sosteniendo las mismas que teníamos, sumando algunas otras y restando derechos. Golpea muy duro el hecho de que sean arrebatados de esta manera tan cruel», opinó Karen Godoy, de primer grado en enfermería en cuidados críticos pediátricos.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires hay incertidumbre ante la posibilidad de que el Gobierno porteño adhiera a la modificación implementada por Nación, algo que pone en alerta la Asamblea de Residentes y Concurrentes de Capital Federal.

Franco Capone, residente de medicina general del Hospital Penna en el CeSAC 35 e integrante de la mencionada asamblea, expresó: «Lo vemos con una preocupación muy grande, porque si pasa en Nación, ¿Por qué no lo van a hacer en Capital? Por eso hicimos una movilización de mil personas, de Callao y Corrientes al Ministerio de Salud, hoy por la mañana (por ayer)».

La situación actual

Se viven momentos de angustia ante la situación, que se da en medio de una crisis sanitaria y un avance a un ajuste laboral en la salud pública nacional, con consecuencias en todo el personal.

«Estamos muy preocupados porque una flexibilización de transformar nuestro trabajo con posibilidad de despidos sin un contrato laboral acorde, sin antigüedad, ni recibo de sueldo para presentar en un alquiler o incluso en préstamo; nos va a llevar a que menos médicos quieran elegir el sistema de residencias y que menos médicos quieran ser especialistas», comentó Julián de Luca, residente tercer año de pediatría y neonatología.

Entre las consecuencias por tener salarios bajos, se encuentran el no poder llegar a fin de mes con su salario y tener que recurrir a ayuda familiar. «Yo personalmente recibo ayuda de mis padres, sino me puedo sostener. ¿Cómo podés pagar un alquiler, que hoy están caros en la Capital Federal? Acá los alquileres son elevadísimos», manifestó el joven.

Clara, quien se encuentra en el cuarto año también en el Garrahan, dijo: «Tuve que rescindir el alquiler porque no lo podía pagar más y volver a la casa de mis padres. Tengo 30 años, alrededor de 12 años de formación, una matrícula que me habilita ejercer la medicina y esa es mi situación económica».

A su vez, aclaró que hay algunos que tienen pocas posibilidades para recurrir a otros trabajos complementaros debido a la carga laboral: «No tenemos opciones reales de suplementar un sueldo de la precarización que les venimos comentando. Además, nuestro contrato tiene un carácter de exclusividad, así que no estamos habilitados en realidad para trabajar por fuera de esto».

Mientras tanto, deben sostener la atención de los pacientes y, a su vez, continuar capacitándose para ser especialistas de cara a futuros empleos laborales, lo cual le agrega una mayor carga horaria por fuera del horario de trabajo.

«Vos llegás a tu casa y todos los días tenés que hacer algo: preparar una clase, un proyecto de investigación, una disertación, lo que sea. Nunca dejás de estar ahí, sino que tu mente está 24/7 adentro del hospital», observó la enfermera Godoy.

Quienes ingresan, deben primero ser evaluados antes de estar en contacto con los pacientes, en el marco de la capacitación. En sus palabras: «El primer mes estuvimos haciendo cálculos de medicaciones para poder recién ahí decir que estamos aptas para tocar un medicamento para un niño».

 

El Bonaparte

Residentes del Hospital Nacional Laura Bonaparte de salud, establecimiento que viene desde octubre de 2024 con un intento de cierre y el despido de casi un tercio de la planta, estuvieron también presentes para acompañar a sus pares del Garrahan, mientras ellos no vieron nuevos ingresos en el último tiempo.

«No nos dieron cupos para que ingresen residentes nuevos, sino que cerraron puestos de Jefatura de varias disciplinas de nuestra residencia, en el último tiempo nos estuvieron rechazando los títulos de la especialidad, o sea que estamos terminando la residencia y no nos dan los títulos de especialista», expresó.

Consultado sobre los efectos de las medidas tomadas por Nación, respondió a ANCCOM: «Esto de cambiar de ser un empleado del Ministerio de Salud a pasar a ser un becario, significa un recorte y una precarización laboral que estuvo circulando todos estos días o desde en realidad hace muy poquitas horas».

Por el momento, a pesar de promesas de que no les modificarán el régimen vigente, se mantienen en alerta ya que el mismo estaba en base a una reglamentación que fue derogada y reemplazada, por lo que deberán ser cuidadosos ante una noticia muy reciente en la que no se encuentran todavía interiorizados de las consecuencias.

Alarma por el trabajo infantil

Alarma por el trabajo infantil

Las infancias rurales siguen siendo las más afectadas y las cifras confirman lo que ya se sabe: a mayor pobreza, menos acceso a los derechos fundamentales. Especialistas vinculados a la Asociación Conciencia y la Defensoría del Pueblo de la provincia describen el panorama y advierten sobre la urgencia en las niñeces.

Los escasos datos actuales sobre trabajo de niños y niñas ya resultan alarmantes y evidencian la urgencia de un cambio de paradigma que priorice la protección integral de las infancias, de una vez y para siempre.

En Argentina, la crisis social, política y económica constituye un factor estructural que no puede ignorarse. En las zonas rurales, el 19,8% de los niños de entre 5 y 15 años trabaja, al igual que el 43,5% de los adolescentes de entre 16 y 17. La infancia rural sigue siendo la gran excluida: a mayor pobreza, menor acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. Prueba de ello es que el 45,5% de los varones y el 23% de las mujeres que trabajan en el mercado laboral no asisten a ningún establecimiento educativo. En este contexto, se perpetúa un entorno que, lejos de protegerlos, naturaliza y reproduce el trabajo infantil.

Conciencia es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por profesionales especializados en múltiples disciplinas, que desarrolla continuamente programas afines a las necesidades de distintas comunidades del país. Trabajan hace más de 20 años en articulación con instituciones y organizaciones con anclaje territorial, respetando los saberes de sus habitantes, la historia y cultura de cada comunidad. En comunicación con ANCCOM, Salomé San Martín, líder del eje programático -que se suma al de Empleabilidad y al de Participación-, plasma su preocupación: “Nuestra estrategia está vinculada con el trabajo en contexto de ruralidad previniendo, identificando y luchando en contra de situaciones de trabajo infantil y adolescente. Trabajamos principalmente en Misiones, Jujuy y Salta con esta problemática, ya que en las actividades rurales es muy propenso el trabajo infantil, como en la frutihortícola, yerbamate, tabacalera o la floricultura, espacios donde históricamente niños y adolescentes han trabajado”.

«El 20,2% de los estudiantes que cursan sexto grado de la primaria se ausentan a la escuela por tener que colaborar con tareas domésticas, cuidar a familiares o trabajar. Esta proporción aumenta en los últimos años de la secundaria, alcanzando cerca del 50%,» dice Martello.

La representante de la asociación comenta que la deserción escolar está totalmente vinculada al trabajo infantil. Los niños y niñas no contenidos están expuestos al trabajo tanto fuera como dentro de sus casas -viéndose los casos de trabajo doméstico sobre todo en las niñas-, una exposición que se ve profundamente agravada frente a la falta de acceso a comunicación, educación, clubes recreativos y actividades extracurriculares.

“Si bien hoy en día hay políticas y leyes que lo prohíben, no hay tanto control sobre su cumplimiento”, agrega San Martín, y destaca un dato clave: “No hay cifras oficiales porque el trabajo infantil es un delito. Que exista un registro oficial pondría de manifiesto que ocurre en nuestro país, lo cual va en contra de nuestra Constitución Nacional y de los tratados internacionales a los que adherimos”.

Según un informe del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la coordinación del Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, el 20,2% de los estudiantes que cursan sexto grado de la primaria se ausentan a la escuela por tener que colaborar con tareas domésticas, cuidar a familiares o trabajar. Esta proporción aumenta significativamente en los últimos años de la secundaria, alcanzando cerca del 50%, y se profundiza especialmente entre los sectores más vulnerables.

“La inasistencia escolar ligada al trabajo infantil no solo vulnera el derecho fundamental a la educación, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y limita las oportunidades futuras de miles de niños y adolescentes», remarcó Martello, quien también señaló la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar esta problemática. “Es fundamental que se refuercen los programas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, que se garantice el acceso a espacios de cuidado adecuados y se impulse la concientización sobre los graves perjuicios que el trabajo infantil ocasiona en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes», agregó el Defensor del Pueblo Adjunto.

Martello también advirtió sobre los reiterados llamados de atención de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que alertan sobre un posible incremento del trabajo infantil a nivel mundial, particularmente en contextos de crisis económicas y sociales, algo con lo que coincide Salomé San Martín, quien agrega que “es muy importante el acuerdo entre sectores, ya que no es un problema del Estado, ni algo que pueda abordar la sociedad civil o el sector privado en soledad. Se necesitan acuerdos integrales”.

¿Qué hacer ante un panorama tan desalentador? Actuar. En ese sentido, la Asociación Conciencia da el ejemplo. “Para nosotros –resalta San Martín- es muy importante trabajar esta problemática con el Gobierno y con los sectores productivos, que son quienes deben velar principalmente porque en sus producciones no haya trabajo infantil. Por más que acompañemos y generemos talleres y proyectos, son las cabezas de esos negocios y actividades las que tienen mayor responsabilidad. El diálogo con el sector público y privado es fundamental, ya que nuestros proyectos son de gestión integrada”. Con sus proyectos de trabajo territoriales, llegan a lugares y familias donde no llega nadie, casos a 17 kilómetros de la ruta, con camino de ripio. Otorgan becas, trabajan con infancias desescolarizadas, con trabajadores rurales compartiendo estrategias para la prevención de accidentes en el trabajo, enfermedades vinculadas al mismo y el desempleo, abordan una línea de acompañamiento familiar integral, visitando familias para ayudarlas en cuestiones administrativas y el acceso a derechos. Para el 12 de junio, el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, se realizaron dos eventos grandes en Jujuy y Misiones, con diferentes actores, entre ellos COPRET, RENATRE, gobernaciones locales, intendencias y actores del sector privado.

“Es una problemática compleja y multifactorial. Tiene un montón de aristas desde las que se puede abordar. La combatimos con el acceso a la salud, a mejorar sus condiciones de vida, a tener una vivienda digna, a la educación… Nuestra perspectiva es desde el acceso a derechos”, concluye San Martín.