Jun 16, 2020 | DDHH, Novedades
“Cuando me preguntan dónde hay trabajo infantil, yo me pregunto dónde no”, afirma Gustavo Ponce, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y especialista en el tema. La OIT entiende como trabajo infantil a toda actividad que atente “contra la salud y el desarrollo personal” de las y los niños. Se trata de tareas prejudiciales para su “bienestar físico, mental o moral”, o que interfieren con su escolarización, impidiéndoles asistir a clases, obligándoles a abandonar el colegio, o exigiéndoles combinar estudio con una labor intensa. Por eso cada 12 de junio, desde 2002, se conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil con el objetivo de “concientizar del problema y promover iniciativas para resolverlo”. Según estimaciones de la organización publicadas en 2017, en el mundo hay 152 millones de menores que lo padecen. Es decir, casi 1 de cada 10 niños y niñas trabaja.
En Argentina, la Ley Nacional N° 26.390 de “Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente”, vigente desde 2008, comprende al trabajo infantil como “toda actividad económica, no económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo”, fijada en 16 años. Entre los adolescentes de 16 y 17 está permitido, pero por menos horas semanales y no puede ser nocturno ni implicar tareas peligrosas.
Sin embargo, según la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA) publicada en 2018 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 10% de la población del país de 5 a 15 años –unos 763.543 menores– trabaja. Y sobre las protecciones estipuladas para los adolescentes, la EANNA sostiene que “pocas de esas condiciones se cumplen”.
En efecto, la encuesta muestra que ocurre en todas las regiones de la Argentina. En el norte y en las zonas rurales, donde se registran los índices de pobreza más altos, la incidencia es mayor. Aún así, en números absolutos, las cifras más significativas se dan en el Gran Buenos Aires y la región pampeana, en las áreas urbanas y periurbanas. “El asunto está en la cadena productiva. Por ejemplo, las empresas grandes que producen tomate en el país no tienen trabajo infantil en sus fincas. Pero la demanda es muy alta y compran a fincas más pequeñas donde muchas veces todo el grupo familiar trabaja”, explica Ponce.
Según señala, si bien la mayor parte del trabajo infantil se produce en contextos de emergencia económica, otra de las principales barreras a la hora de combatirlo es su valoración social. “No es percibido como un problema. La tolerancia es alta en el mundo. Se ve a los chicos que trabajan y se piensa que no está tan mal porque, de algún modo, van incorporando un oficio, se alejan de las drogas y demás. Esos son argumentos totalmente falsos”, subraya.
A nivel regional, pareciera que en los últimos años los índices han ido disminuyendo. “En el reporte del 2016 vimos que existía un 7,3% de trabajo infantil frente al 8.8% de 2012”, sostiene María Olave, especialista de la OIT en la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, una red de cooperación intergubernamental de la que coparticipan 30 países. La Argentina se ubica dentro del grupo mayoritario de naciones que presentan entre un 5 y 10% de trabajo infantil, como Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador, el Salvador y Uruguay. En República Dominicana, Honduras y Guatemala los índices se sitúan entre el 10 y 20%. Los porcentajes más elevados se ven en Haití, Bolivia, Paraguay y Perú, por encima del 20%. Sólo Belice, Costa Rica y Panamá indican menos del 5%. Actualmente, la organización se propone la meta 8.7, en un camino que busca “acabar con toda forma de trabajo infantil para 2025”.
En la Provincia de Buenos Aires se calcula que hay unos 250.000 chicos que trabajan.
Trabajar el género
Cada país define al trabajo infantil en base a distintos parámetros: edad, tipo de actividad, cantidad de horas, condiciones en que se desarrolla. Olave remarca la importancia de realizar encuestas específicas para medirlo: “Así voy a encontrar más riqueza de datos y probablemente en un número mayor que el que me da una encuesta como el censo”. Y agrega que “un país que mide las actividades económicas que no son para el mercado, las tareas intensivas dentro del hogar, da como producto un número muy distinto al que no las incluye”.
La EANNA de 2018 fue el primer estudio de este tipo realizado en Argentina y la incorporación de tales categorías fueron determinantes para los resultados nacionales. Contempló dimensiones económicas y no económicas, distinguiendo en actividades dirigidas al mercado (producción de bienes y servicios), que registró un índice de 3,8%; para el autoconsumo (cuidado de la huerta o de animales), un 3%; y tareas domésticas intensas en el hogar (limpieza, cocina, arreglos, cuidado de personas), esta última con el porcentaje más alto, 4,8% y a cargo mayormente de las mujeres, 57,2% en las ciudades y el 59,9% en el campo. Los varones tienen más presencia en actividades para el mercado 62,8% en zonas urbanas y 71,1% en área rurales, así como en autoconsumo, 82,6% y 66,8%.
“El cuidado de niños, de enfermos y de personas mayores son actividades que fundamentalmente desarrollan mujeres y en el caso del trabajo infantil, las niñas”, expresa Olave al introducir la perspectiva de género. “Al mirar las cifras, son más niños que niñas quienes trabajan. Pero estas encuestas no están siendo sensibles en el registro a las labores que realizan las niñas”, puntualiza.
Para Olave, estas experiencias son determinantes a futuro. “Después encontrás, en estudios sobre las actividades profesionales en el mercado de trabajo, que hay pocas mujeres en ciencia, tecnología, matemática y estadísticas, y muchas más en docencia, salud y periodismo. Eso también empieza por cómo fue la trayectoria. Mientras que para los niños suelen competir trabajo y escuela, para las niñas suelen competir trabajo, escuela y actividades domésticas”.
Las tareas de cuidado, precisamente, son el eje del programa Cuidado sin Trabajo Infantil que impulsa la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil de la provincia de Buenos Aires (COPRETI), creado en 2008 por la ley N° 13803. Juan Brasesco, secretario ejecutivo del organismo, considera que “la ausencia de espacios de cuidado también es una causa por la cual los chicos desarrollan actividades laborales”. El programa provee este tipo de espacios a niños, niñas y adolescentes fuera del turno escolar. “Muchas veces los niños viven en los mismos lugares de trabajo, como en las quintas de producción hortícola”, ilustra Brasesco.
Las Comisiones Provinciales se establecieron en 2004 por un convenio entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y el Consejo Federal del Trabajo. Hoy existen 23 en todo el país que elaboran, de manera coordinada, diagnósticos por sectores productivos. En Buenos Aires, hay trabajo infantil en el ámbito rural y en el urbano. Si bien no existen mediciones diferenciadas por provincias, Brasesco calcula que en suelo bonaerense “trabajan más o menos 250.000 chicos”.
En el campo, la actividad agrícola y las ladrilleras organizan su actividad como unidades de producción familiar de tipo artesanal. Como el pago suele ser a destajo, participan todos los miembros de la familia. “Los chicos trabajan a la par de los adultos y sometidos a los mismos riesgos”, destaca Barsesco. A menudo, se trata de población inmigrante, en particular de Bolivia, por lo cual el peligro es más grave. “Al no tener documentación, son vulnerables a cualquier forma de explotación”, advierte el funcionario. En las ciudades, es frecuente la participación de menores en recolección de residuos, como el cartoneo en carros.
¿Cuestión de clase?
En el imaginario social, el trabajo infantil acarrea frecuentemente estigmatizaciones negativas. Mucha gente asocia a niñas y niños trabajadores y pobres con figuras de la delincuencia. Además de ser falso, este razonamiento soslaya situaciones que, aunque en menor medida, se desarrollan en contextos deportivos o de entretenimiento. El trabajo infantil artístico en Argentina está permitido siempre y cuando se cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo y supone ciertas pautas y restricciones. “Pero todavía hay algunos grises por mejorar en la legislación –opina Brasesco–, este año pensamos emitir una nueva resolución para contemplar esas cuestiones”.
María Eugenia Rausky, socióloga e investigadora del Conicet en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, plantea la necesidad de profundizar la investigación en este aspecto. “Los chicos de clase media o media alta también trabajan. Y sobre eso no se pone la lupa”, sostiene. Rausky está comenzando una investigación –momentáneamente detenida por la pandemia– que busca comparar las experiencias en sectores pobres y medios. “Hay diferencias en los tipos de trabajo que llevan adelante los niños según la pertenencia de clase y eso tiene que ver con patrones de desigualdades más generales en nuestras sociedades contemporáneas y esto nos habla de modos distintos de configurar la niñez o de problematizar y practicar la crianza de los hijos”, reflexiona.
Para Rausky es imprescindible evitar las generalizaciones y atender a las condiciones estructurales en las que se enmarca la experiencia de trabajo infantil: “El problema no es el niño aislado, hay que ver el contexto en el que se inserta, la red de relaciones en la que participa y cuáles son sus condiciones de vida”, dice y resalta las dificultades en el país para trasladar la teoría enunciada en las normativas al terreno de las prácticas.“El derecho internacional contiene una idea de la infancia que se pretende universal, pero que no lo es. No todos los niños tienen la posibilidad de tener la misma experiencia de infancia. Muchas veces excluyen del análisis los procesos históricos de dominación que son determinantes en la configuración de desigualdad, como los que vivimos en Latinoamérica”, explica.
La crisis económica-social a nivel global agudizada por la pandemia de Covid-19 plantea un escenario preocupante para el trabajo infantil. “Miles de familias van a caer en situaciones de pobreza y esto arrastra a sus hijos. No creo que el futuro sea muy prometedor”, admite Rausky. Todos coinciden en que las consecuencias de este proceso pueden afectar fuertemente a niños, niñas y adolescentes de los sectores de menores recursos de la Argentina. Para Gustavo Ponce, fue el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil “más particular” de todos los que recuerda: “Estamos tratando de que se le preste atención a uno de los integrantes más vulnerables y que después, para la recuperación de la economía, no se apele al trabajo de los chicos”.
Jun 15, 2020 | Culturas, Novedades
¿Cómo es vivir en una de las ciudades más tóxicas del mundo, donde anualmente se vierten 250 mil toneladas de artefactos electrónicos? ¿Qué esquemas de opresión se esconden detrás de la producción del cacao? ¿Cuál es la historia de lucha de una adolescente luego de que una empresa de perforación desatara un flujo de lodo tóxico que afectó docenas de aldeas en Java? ¿Cuál es el impacto de los incendios forestales? ¿Cómo un niño, protagonista de una ficción animada, busca la cura para una epidemia que ataca a quienes se asustan? Estos son los interrogantes que plantean algunas de las películas que se exhibirán virtualmente esta semana en el Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA).
En su quinta edición, el FINCA contará con 76 películas de 29 países. En ellas se reparten imágenes potentes de caos, de lucha, pero también de organización y esperanza; de paisajes imponentes, de horizontes lejanos y otros no tanto. Por primera vez el festival se celebrará de manera virtual, entre el 17 y el 24 de junio, semana en la que se podrá acceder de manera libre y gratuita a todas las películas y participar de distintos talleres e iniciativas online, como charlas con los directores.
Florencia Santucho, directora del Festival de Cine Ambiental.
El FINCA nace en el 2010, a partir del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH, con el cual se intercalan de manera bienal). “Sentíamos la necesidad de hablar de las temáticas socioambientales desde un enfoque de derechos humanos”, cuenta a ANCCOM su directora, Florencia Santucho. “Creemos en el cine como herramienta de transformación social, por lo que hacemos una curaduría que intenta reflejar el debate actual a nivel internacional –explica-. Pero por sobre todo queremos transmitir esperanza de que todavía podemos cambiar parte del destino de este mundo, si es que cambiamos profundamente nuestros hábitos cotidianos, personales, en el ámbito colectivo y público”.
El Festival incluye el concurso de películas en tres categorías: largometrajes internacionales, corto y mediometrajes internacionales, y documentales latinoamericanos. En tanto las secciones temáticas son Crisis Climática (el eje central de esta edición), Econciencia, Horizontes Energéticos, Juventud, Madre Tierra, Soberanía Alimentaria, Somos Agua, Derechos Humanos y, a partir de este año, Ecofeminismo y Finquita.
Además, habrá actividades especiales (gratuitas, con inscripción previa), como charlas con los directores, un taller de producción audiovisual sostenible, el taller Cine y Ecofeminismo, un conversatorio sobre los desafíos del cine indígena, entrevistas a referentes ambientales, sección Escuelas y un conversatorio con la activista india Vandana Shiva, quien en 2016 se hizo presente en la lucha de las Madres de Ituzaingó, en Córdoba, contra la instalación de Monsanto. La virtualidad que marca la edición de este año hace que el festival llegue simultáneamente a todo el país, todas las películas (menos dos que tendrán un día y horario específico) podrán verse en cualquier momento de la semana. “Eso facilita que el público encuentre su momento para verlas y luego participe de las actividades especiales”, comenta Santucho y remarca que “ese encuentro es lo que nos caracteriza, no quisiéramos caer en una selección de películas online, tiene que haber un momento de intercambio con el público, un alma festivalera”.
“Al hueso de los problemas”
El taller de Cine y Ecofeminismo estará a cargo de Soledad Fernández Bouzo y Laura Borsellino, y de la red de Mujeres Audiovisuales Argentina (Maitena Minella y Florencia Tundis), y se realizará el jueves 18 a las 17. “El ecofeminismo aporta una mirada sobre la desigualdad en la distribución de los cuidados, pensándolo a partir de la categoría cuerpo territorio, incluso agua cuerpo territorio, porque las mujeres están en la primera línea de la trinchera de la defensa de los recursos hídricos y los bienes naturales comunes de los territorios, de la biodiversidad; de pensar los territorios en función de la reproducción de la vida y no de la reproducción del capital”, sostiene Fernández Bouzo, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y del Instituto Gino Germani.
Escena de la pelicula El rio de los Kukumas.
“Las mujeres asumen la desigualdad de distribución de los riesgos ambientales y toman sobre sus espaldas problemáticas que tienen que ver con sus comunidades y familias en relación a la salud ambiental”, apunta la investigadora. Fernández Bouzo ya había participado de la edición pasada del FINCA, presentando un avance de Mujeres del Río, un audiovisual de investigación que visibiliza el trabajo de las mujeres en salud y educación en relación a la contaminación del Riachuelo. “El cine es una herramienta potente para reflexionar, cambiar miradas, debatir –plantea-. Mi tesis doctoral analizó diferentes dispositivos del cine ambiental, y lo interesante del FINCA es que apuesta a pensar al cine como un elemento de transformación social desde un enfoque de derechos humanos y habilita espacios de debate y articulación entre distintos actores”.
“A diferencia de otros dispositivos audiovisuales en que falta “una mirada crítica sobre la distribución de los recursos o quiénes son los más afectados por las actividades que buscan la renta capitalista -sostiene Fernández Bouzo-, el sentido en el FINCA es de transformación desde una perspectiva crítica que va al hueso de los problemas”.
En ese sentido, la directora del Festival destaca la importancia de la vinculación con distintos movimientos, asambleas y organizaciones de lucha. La edición pasada giró en torno a la cuestión del agua, y este año el eje es el cambio climático, bajo el lema “activemos otro clima”. “El FINCA no es sólo un festival de cine -enfatiza Santucho-. Este año nos vinculamos con los movimientos juveniles, que reclaman un cambio de paradigma para alcanzar una sociedad justa y en armonía con la naturaleza, y es importante darles visibilidad”.
“La cámara se vuelve invisible”
“Intentamos reflejar estas problemáticas y también experiencias positivas”, marca la directora. “Se trata de películas con otro ritmo, que demuestran la profunda vinculación que tienen muchos pueblos con la tierra. El relato es parte de una cosmovisión circular en la que somos todos parte del todo; no hay alguien que domina, entra en conflicto y luego culmina, como ocurre en el relato clásico occidental. Creo que eso es parte de lo que necesitamos modificar dentro de nuestra narración, transmisión de cultura y de saberes”.
Sintientes es una de las dos películas argentinas que compiten en la categoría de largometrajes latinoamericanos.
Un buen ejemplo de esto podría ser Sintientes, una de las dos películas argentinas que compite en la categoría de largometrajes latinoamericanos. El film cuenta la experiencia de la comunidad de San Francisco, un pueblo enclavado en la yunga jujeña, en donde se realizan una serie de talleres a través de los cuales sus habitantes adquieren herramientas, problematizan prácticas, se empoderan. Gracias a este proceso, comenta el director del documental, Juan Baldana, hoy funcionan allí varias cooperativas independientes. Hacer la película fue, cuenta a ANCCOM “una experiencia alucinante y difícil de abordar. Es un documental hecho a pulmón, con mucho esfuerzo”, afirma.
“La idea es que el espectador reflexione, que se anime a hacer cosas en su casa también, ser dueños de nuestras propias vidas”, señala el director, quien tras todos los meses y viajes de trabajo que demandó el proyecto, inició, por ejemplo, su propia huerta. Muy lejos del AMBA, en medio de la exuberante selva jujeña que se impone a través de la pantalla con todos sus colores y sonidos, los pobladores de San Francisco participan de talleres de huerta, de cerámica, construcción sustentable, paneles solares, apicultura, entre muchos otros. El documental abre una ventana que permite observar la cotidianeidad de una comunidad, desde la intimidad de una cena familiar hasta espiar a través del lente de la cámara lo que conversa un grupo de mujeres en pleno taller. “Cuando hago documentales observacionales, me pasó con Soy Huao en la selva ecuatoriana y con Arrieros en la cordillera chilena, no tengo horarios de trabajo. De repente me encontraba a la noche en un asado o un locro compartiendo con una familia, y con la cámara en el bolso. Se llega a un nivel de confianza en que la cámara se vuelve invisible, pasa a ser la nada misma, es un código alucinante que permite registrar realidades”.
Sintientes está recién salida del horno y se estrenará en el FINCA, con charla en vivo de su director (sábado a las 20.20), quien había participado anteriormente del Festival como jurado de la sección de Cortos, y presentado también su película Los del Suelo en el Festival de Derechos Humanos. “Cuando hice Sintientes pensé enseguida en mandarla al FINCA, es un festival que quiero mucho; por suerte entró, acabamos de terminar la película”, dice Baldana.
Sintientes cuenta la experiencia de San Francisco, un pueblo enclavado en la yunga jujeña.
Esta y otras 75 películas podrán verse hasta el 24 de junio. Santucho afirma que “es un gran desafío enfrentar este formato virtual, intentando garantizar el acceso libre y gratuito para el público. Pudimos realizar una alianza con Octubre TV, que es la plataforma donde se alojarán las películas”. Sin embargo, agrega, “estas condiciones también nos dan nuevas oportunidades en cuanto a alcance”. El festival, hasta ahora, se había hecho siempre en Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual se montaban réplicas en distintos puntos del país.
Para vivir el Festival Internacional de Cine Ambiental, no hay más requisitos que ingresar a su sitio web, elegir qué películas ver e inscribirse en los talleres en los que se quiera participar. Como señala la directora del festival, “el cine está ahí para mostrarnos que podemos contar historias de emancipación, que nos permitan reflexionar sobre lo importante que es vivir en equilibrio con la naturaleza y en el respeto de todos los seres vivos”.
Jun 12, 2020 | Novedades, Vidas políticas
«El rol del Estado en Vicentin posibilita una perspectiva estratégica de la inserción internacional del país», dice O’Farrell.
La intervención por 60 días del grupo Vicentin, oficializada por el Gobierno nacional a través del decreto N° 522, junto con el posterior anuncio del presidente Alberto Fernández de que enviará un proyecto de ley para declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación, han convertido el tema en el centro del debate político, aún por encima de la gestión de la pandemia del Covid-19.
Dedicada a la venta de aceites, granos y derivados, el año pasado Vicentin manejó el 9% de las exportaciones del rubro, lo cual la ubica en el sexto lugar en el ranking de empresas agroexportadoras. En diciembre de 2019, la firma se declaró en “estrés financiero” y entró en cesación de pagos. En febrero de este año, con todas las señales de ir a la quiebra, ingresó en concurso preventivo de acreedores.
Con una deuda total que llega casi a 100 mil millones de pesos (unos 1.350 millones de dólares), la compañía le debe plata a más de 2.600 acreedores conformados por productores agropecuarios, cooperativas, acopiadores y bancos públicos y extranjeros. Su pasivo más grande es con el Banco Nación, al que le debe 18.000 millones de pesos.
Varios elementos se juntaron para decidir la intervención. Por un lado, la protección de los siete mil puestos de trabajo distribuidos en todo el país. Por otro, la preservación de los activos y el patrimonio de la firma para evitar el vaciamiento. El grupo no sólo está inserto en el negocio de la agroexportación sino que también es un jugador importante en la industria vitivinícola, frigorífica, algodonera, del biodiesel y de la exportación de miel.
«La intervención permitiría liquidar divisas en momentos de urgencia”, analiza O’Farrell.
Según el economista y politólogo de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Juan O’Farrell, hay que analizar el eslabón específico de la agroexportación para entender qué puede hacer el Estado con su participación. “El sector está compuesto por diez empresas que controlan el 90% de la exportación de commodities agropecuarios en el país. De esas firmas, las cuatro más grandes controlan el 70% del comercio global de commodities”, detalla. Este alto nivel de concentración y transnacionalización perjudica a los productores que negocian en desventaja. Además, al integrarse verticalmente, estas firmas tienen cada vez más influencia en las formas de producción.
La intervención del Estado en el sector agroexportador pone en cuestión de qué manera se posiciona el país en el plano internacional. “La Argentina se inserta de una manera subordinada en el comercio internacional de alimentos, por cuanto los lugares estratégicos de la cadena están controlados por multinacionales, puntualmente la exportación y la provisión de insumos”, señala O’Farrell. En este sentido, el posible rol del Estado en Vicentin “podría funcionar para tener una perspectiva más estratégica de cómo el país se inserta internacionalmente”.
“Esta iniciativa le permite al Estado, mediante una empresa testigo, participar de uno de los sectores más pujantes de la economía nacional”, subraya el ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Sociales (UNLP), Patricio Vértiz. Esta medida implicaría un intento de atenuar el proceso de concentración económica y extranjerización en un sector estratégico de la economía argentina.
La presencia del Estado en el sector agroexportador, que representa el 44,5% de las exportaciones del país, permitirá tener más información detallada sobre cómo son las operaciones “para mejorar los controles en las prácticas de evasión impositiva, como las subdeclaraciones, asociaciones con empresas offshores y más”, indica Vértiz, quien forma parte del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
También le permite al Estado quedarse con una porción de la renta agraria. “Hay grandes empresas de la cadena agroalimentaria, en posiciones privilegiadas, que logran apropiarse de parte del excedente producido en otros eslabones de la producción, por pequeños y medianos productores e industrias, y por los trabajadores”, explica Vértiz.
El presidente Alberto Fernández recibió a los directivos de Vicentin en la Quinta de Olivos.
La alta concentración del sector agroexportador, conformado por diez empresas traders que controlan casi el 45% de las divisas que genera el país, produce preocupación entre los funcionarios, sobre todo los del Banco Central y los ministerios de Economía y Producción. “En el momento en que escasean las divisas, los traders tienen mucho peso y pueden especular de una manera que fuercen a devaluar. La intervención busca que el Estado cuente con al menos un instrumento para moderar esas presiones, ya que podría liquidar divisas en momentos de urgencia”, analiza O’Farrell.
Sin embargo, advierte sobre la importancia de debatir cuál es la dirección que se le daría a una empresa estatal en ese sector. “Si va a servir al objetivo de liquidar divisas, pierde una fuente de rentabilidad. Lo mismo si tiene por objetivo pagarle mejor a los productores. Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier actividad que se adjudique estará tironeada por otras funciones que podría cumplir”, destaca.
“En el fondo, lo que está en debate es cuál es la dirección que se le daría a la empresa. Si la prioridad es la soberanía alimentaria, o desarrollar las cooperativas del agro y que los productores reciban un mejor precio, o si es liquidar divisas cuando el BCRA lo necesita. Este es el debate que se deberá dar si se concreta la expropiación”, sintetiza O’Farrell.
El apoyo de los productores agropecuarios es fundamental para una empresa de este tipo. “Básicamente porque no tendría de dónde originar los productos a exportar. Si los productores no confían en la administración, van a preferir venderle a otra ya sea por cuestiones políticas o por no estar de acuerdo con la dirección de la empresa. Es importante que cualquier decisión se tome teniendo en cuenta a este sector, fundamentalmente teniendo el apoyo de las cooperativas agropecuarias de Santa Fe”, detalla el doctor en Ciencia Política.
Según su opinión, el potencial de una empresa agroexportadora con presencia estatal es grande. “Por los activos que tiene, el lugar estratégico en el que está y por el perfil productivo del país y su inserción internacional, si se consigue el capital y se gestiona bien, tiene mucho potencial para aportar al desarrollo económico nacional”.
¿Soberanía alimentaria?
“Cuando hablamos de soberanía alimentaria, en términos generales, podemos hablar del derecho a los pueblos de decidir qué producir, dónde, cuándo, cómo y con qué objetivos. La intervención y posible expropiación de Vicentin colabora con la discusión sobre soberanía alimentaria pero no la resuelve ni mucho menos”, indica Vértiz.
El sistema de producción de alimentos está estructurado a nivel global, concentrado en pocas manos de transnacionales. “Puede haber intentos de modificación en algunos rasgos de la cadena productiva, con experiencias concretas, pero no cambiar el modelo de producción. Es una iniciativa interesante porque abre la posibilidad de discutir e impulsar otras iniciativas concretas”, sostiene.
La participación de la firma en el mercado interno reaviva la discusión sobre una Empresa Nacional de Alimentos, propuesta en abril de este año por el Frente Patria Grande. “A partir de una empresa pública en el marco del grupo Vicentin, podría haber acciones concretas que impliquen favorecer otros circuitos alternativos de comercialización y destinar estas compras a los programas estatales. Así, evitar intermediarios y priorizar la compra directa a productores familiares, medianos y pequeños, cooperativas, con esquemas productivos más agroecológicos y con menor impacto en el ambiente”, agrega Vértiz.
Párrafo aparte –y una investigación–, merece la deuda de Vicentin, la más grande con el Banco Nación, sobre todo si se considera que fue el mayor aportante en las PASO de Juntos por el Cambio. Sólo en 2019, el grupo empresarial recibió 72 créditos, 28 en el último mes de la presidencia de Mauricio Macri.
Estos préstamos, otorgados en condiciones de extrema irregularidad, fueron avalados por la gestión de Javier González Fraga, aun cuando la firma ya venía incumpliendo con los pagos. Por esta razón, los directivos de Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, junto al ex titular del Banco Nación, se encuentran imputados y próximamente serán indagados por la justicia.
Jun 12, 2020 | Comunidad, Novedades
Una pandemia, un sistema de salud sobrecargado de tareas, un Covid positivo y una odisea de un poco más de 24 horas. Carolina Dome es psicóloga y docente, además de ser una de los 27.000 argentinos contagiados del nuevo coronavirus en la Argentina. Víctima de la incertidumbre y la situación de crisis, “dejé de ser persona y pasé a ser un virus, un peligro, una prófuga potencial.” Así se describe ella en un posteo de Facebook que se hizo tan viral como el mismísimo Covid-19.
Mariano, la pareja de Carolina y trabajador de la salud, fue el primero en contagiarse. Decidió confiar en la salud pública, ya que su obra social no les brindaba información clara en torno a los testeos. Así fue como el 3 de junio esperó durante ocho horas el resultado del hisopado en una unidad febril de urgencia (UFU), una serie de containers helados, apartados de un hospital general que Carolina prefiere no identificar para evitar posibles represalias a trabajadores del sistema sanitario.
Luego del resultado, Mariano fue derivado a un hotel de CABA para iniciar el proceso de recuperación lejos de su familia, que aún no presentaba síntomas. Al día siguiente, Carolina comenzó a sentirse engripada y decidió seguir los mismos pasos que Mariano para poder confinarse juntos. Acudió al mismo hospital con su niño de casi 3 años y le permitieron -al igual que a muchas personas con hijos- volver a su casa a esperar los resultados. El positivo fue evidente para Carolina y a partir de ese momento -según el riguroso protocolo de CABA- no se le permitiría decidir nada más, al punto de que si no se presentaba en el hospital, le advirtieron, la “vendría a buscar la policía”.
El momento de tensión hizo que la fiebre aumentara, al igual que las preocupaciones sobre en qué manos quedaría el cuidado de su hijo. El tiempo corrió lo suficientemente rápido como para que no existieran las explicaciones. “De un momento a otro se tuvo que ir llorando con el tío, que por suerte es conocido y cercano pero no pertenece a los vínculos primarios (como somos los papás, la abuela y una tía abuela)”, contó Carolina, en diálogo con ANCCOM.
Carolina Dome ya se recuperó del Covid.
Al llegar a la UFU solicitó que la derivaran al mismo hotel que su pareja -así su familia podía asistirlos fácilmente- pero la respuesta a ello fue terminante: “No podemos atender los deseos individuales de la gente”.
Está claro que en un contexto de crisis y años de desfinanciamiento, “las instituciones se vuelven desubjetivantes; se trata a las personas muchas veces como objetos”, analiza Carolina. Esa noche le dijeron: “Andá a la guardia, seguilo a él”. Y esa persona no miró atrás ni un segundo como para darse cuenta de que su paciente se había perdido en una bifurcación de caminos del enorme patio del hospital. Ella dio un grito desesperado: “¿Dónde queda la guardia?” y nadie respondió. Caminó sin rumbo y se cruzó con un camillero que llevaba un cadáver y ahí fue cuando estallaron sus lágrimas. En esos momentos una médica apareció, le dijo “hoy pasas la noche acá” y la llevó al Área de las personas con Covid, neumonía y tuberculosis. La habitación estaba helada, le hicieron exámenes de sangre y casi como para compensar, le dieron un té con dos galletitas de agua. En esos momentos sus pensamientos solo giraban alrededor de una frase: “Así no se cura nadie”.
Al mediodía las noticias empeoraron y contra su voluntad fue derivada a un sanatorio de su obra social. La idea de recuperarse junto a su compañero Mariano era cada vez más utópica. Confinada en una habitación sin agua y sin baño, logró tomar un paracetamol con su saliva. Esperó con mucha hambre y sin fiebre a que la doctora llegase y pudo escuchar esas palabras que tanto deseaba: “No reunís ningún criterio de internación, andate a casa”. “Esa casa de donde yo venía y de donde nunca debí haber salido,” concluye Carolina en su posteo de Facebook.
Hoy, la protagonista de esta odisea cuenta que se siente bien, al igual que Mariano que pronto podrá volver a su hogar. Y que lo pasó como “si fuera una gripe, más leve que muchas otras que he tenido. En ese sentido es importante perder el miedo y el terror que a veces algunos medios de comunicación nos imponen o el miedo natural de las personas ante algo tan incierto. Creo que lo que más enferma aquí es la incertidumbre”.
Carolina es una de las 8.000 personas que ya se curaron del Covid 19, un virus que en todo el planeta ya mató a más de 400.000 personas y en la Argentina a 765. La voracidad del coronavirus puso al sistema sanitario -y a buena parte de su personal- en estado de estrés, tanto en el país como en el resto del mundo. Ante cualquier síntoma, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires deben llamar a la línea 107.
Jun 12, 2020 | DDHH, Novedades
La investigadora Stella Segado declaró en la causa conocida como «Contraofensiva montonera».
Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación Contraofensiva delineada en 1978 por Roberto Perdía y Mario Firmenich, jefes de la organización. El plan consistió en reagrupar militantes exiliados de diferentes países que regresaron a la Argentina para formar parte de una campaña de resistencia contra el terrorismo de Estado y generar consenso social para que la dictadura cívico militar llegara a su fin. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que pertenecían a los batallones 201 y 601 con base en Campo de Mayo, por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas.
En la primera audiencia virtual del juicio, que comenzó cerca de las diez de la mañana, testificó Stella Segado, licenciada en Gestión de Políticas Públicas, especialista en Archivos y Derechos Humanos e investigadora del Archivo CONADEP de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos. Segado le explicó a las querellas, los defensores y los jueces el funcionamiento de la estructura de inteligencia militar durante los años 1976 y 1980 para poner en contexto el objeto del juicio y conocer cómo funcionaban los Batallones 201 y 601.
La investigadora explicó a qué se denomina “ciclo de inteligencia”, establecido a partir de las reglamentaciones de las Fuerzas Armadas vigentes entre 1973 y 1983: “Es un sistema que está conformado por distintas partes en contacto con, por lo menos, una de las otras partes, entendiendo un sistema como un conjunto de normas y procedimientos”, explicó al inicio. El trabajo en un archivo administrativo, dijo Segado, demuestra que hay documentación que es imposible de destruir, pese a los intentos de la dictadura de desaparecer todo lo relacionado a la inteligencia. “Una actuación de justicia militar, que se suele hacer por una herida de bala (de un oficial) en una operativo, forma parte de un legajo personal y no se puede eliminar porque de eso depende cobrar un seguro o demostrar que la herida fue en acto de servicio, cosas que tienen que ver con la carrera del personal. Trabajar en archivos administrativos es encontrar la huella que dejó la dictadura en este tipo de eventos dentro de los legajos personales”, expresó.
Durante la pandemia, las audiencias se realizan de manera virtual.
La exposición de Segado, que duró más de seis horas, estuvo basada, sobre todo, en dos reglamentaciones que enmarcaban la actividad de inteligencia durante la dictadura cívico-militar: el RC16-1 de Inteligencia Táctica, que antes de 1977 era de Inteligencia de Combate, y el RC16-1 de Unidades de Inteligencia. El cambio en el RC16-1 se dio a partir de, según dice el reglamento, los aprendizajes realizados en la lucha contra la subversión. A partir de esto, la testigo explicó todas las etapas de la actividad. La primera, de “Planificación”, en la que se elabora un plan con requerimientos de alta prioridad, es decir preguntas que deben ser respondidas con la búsqueda de información. Después se pasa a la “Búsqueda” y “Reunión de Información” a través de diversas fuentes, tanto abiertas (organismos públicos) como cerradas (infiltrados, por ejemplo). La siguiente instancia es la de “Procesamiento” en la que se analiza e interpreta información con un sistema de valores que clasifica la información y la fuente según su confiabilidad y veracidad.
Las últimas dos etapas eran la de “Interpretación” y “Elaboración”, en la que los analistas crean el producto real de inteligencia, generan el contexto y proveen de consejos. Su percepción general puede servir a la hora de tomar decisiones, y la “Difusión” en la que los órganos de Dirección y Ejecución remiten la información a los comandos. En general, hay una concordancia entre los niveles de inteligencia con los niveles de conducción, explicó Segado y agregó: “La conducción se encargaba de la planificación y la obtención de la información, porque eran las tareas a las que le daban mayor importancia. La elaboración e interpretación estaba dejado de lado para otras áreas de inteligencia”.
Dentro de los reglamentos estaban expresadas las acciones psicológicas que tenían que ver con disminuir la moral del “enemigo”, sostener la propia moral de la tropa y ganar la adhesión de la población indiferente y neutral. En relación a estas acciones, Segado dio un ejemplo: “En estos días de cuarentena vi un documental sobre el Plan Cóndor donde aparecía un recorte de diario que hablaba del asesinato de Noemí Molfino”, dijo haciendo referencia a la militante de Montoneros, desaparecida y asesinada en España. “Me comuniqué con la producción del documental y les pedí el recorte para verlo”, agregó, mostrando en una pantalla el documento que se adjuntó a su declaración. El titular refería a la aparición del cuerpo de Molfino en Madrid y desligaba la responsabilidad al Estado argentino y paraguayo por su muerte, al mismo tiempo que enfatizaba en el peligro que representaba la subversión.
Sostener la moral de la tropa hacía referencia a convencer que lo que se hacía era salvar a la patria, al mismo tiempo que intentaba interiorizar que las órdenes no se cuestionaban ni se preguntaba por sus razones. “Este deber de no saber es una cuestión discursiva que no tiene correlación con la realidad, porque es imposible creer que un jefe que lleva adelante una tarea no sepa qué está haciendo”, aclaró. También hizo referencia a los destacamentos 201 y 601 como unidades distintivas de otras, porque su especificidad era de inteligencia. Todo el personal que los integraba era AEI, es decir, personal con aptitud especial de inteligencia. Estos destacamentos respondían a la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General de Emergencia.
El artículo periodístico que mostró Segado en la audiencia.
Sobre la contrainteligencia, Segado mencionó que se especializaba en oponerse a la inteligencia del adversario y neutralizar lo que éste planificó. “Había, por lo menos, sesenta grupos de tareas que se subdividían en partes, una analizaba la información, otra realizaba la investigación que buscaba obtener más información o nuevos blancos”, esclareció. Ante la pregunta sobre la competencia entre personal militar, Segado puntualizó: “Había una disputa entre la Armada y el Ejército, entre Massera y Videla, pero dentro de una unidad militar el jefe es el jefe y no había disputas. Las órdenes se cumplían y si no, había una sanción que les quitaba puntos para ascender.”
El sistema de inteligencia argentino tuvo algunas influencias del francés y las estrategias que utilizó contra Argelia, además de la Doctrina de Seguridad Nacional. “Fuimos pioneros, exportamos el modelo a otros países latinoamericanos, e incluso los oficiales del Batallón 601 dieron clases sobre inteligencia. Pude acceder a la reglamentación de El Salvador y era calcada a la nuestra», agregó Segado.
Las audiencias de Contraofensiva Montonera se llevarán a cabo de manera virtual los jueves de 9:30. La transmisión quedó a cargo del medio La Retaguardia, que lo emite en vivo por su canal de YouTube, algo novedoso en las audiencias testimoniales.
Jun 11, 2020 | DDHH, Novedades
Este miércoles se realizó la tercera audiencia virtual de la Megacausa Campo de Mayo.
La investigación de la Megacausa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo fue reanudada hace dos semanas de manera virtual. Marcos Gómez e Isabel Parra declararon ayer por los secuestros de sus padres.
La operación llamada Caída de los Ferroviarios engloba a una serie de detenciones ilegales que se produjeron entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 1977. Esta es la tercera audiencia virtual y varios testigos ya han brindado declaración sobre estos hechos. La reconstrucción de los secuestros se logró gracias a la recopilación de testimonios de los sobrevivientes y familiares durante todos estos años.
Fueron al menos 323 las víctimas que pasaron entre 1976 y 1978 por el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Campo de Mayo. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 militares, de los cuales 13 no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad. Los imputados son: Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.
Dos hijos de desaparecidos declararon ayer con el objetivo que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad. Marcos Gómez aún busca conocer el paradero de su padre Enrique Gómez. Isabel Parra pide que las desapariciones de su padre, Raúl Parra, y de su madre, Georgina del Valle, no queden impunes.
“Aferrado a las piernas”
El 1° de septiembre de 1977, entre las dos y media y las tres de la madrugada, un grupo de hombres que decían ser de la Policía irrumpió en la casa de la familia Gómez en Boulogne. En el domicilio se encontraba Marcos, de seis años, junto a sus dos hermanas, Nilda y Mónica Gómez y su madre, Nilda Acosta.
El grupo de tareas rompió algunas ventanas y parte de la casa para ingresar, estaban armados y tenían la cara tapada. Marcos recuerda que los apuntaron con ametralladoras y violentamente los obligaron a encerrarse en el baño, mientras revolvían la casa. A los minutos sacaron a la fuerza a Nilda, dejando a sus tres hijos solos. Ellos podían escuchar como su madre era golpeada e interrogada por el paradero de su padre, “el rebelde”, en la cocina.
Enrique se encontraba trabajando en el taller de carpintería, por lo que no estaba en el domicilio. Al cabo de una hora llegó a su casa. Marcos recuerda que lo vio tirado en el suelo, mientras lo amenazaban y golpeaban con armas. “En un momento quisieron llevarse a mi hermana, y yo me aferre a sus piernas”. Mientras interrogaban al matrimonio y robaban las pertenencias de la familia, uno de los hombres apoyó dos granadas arriba del televisor, pero luego se llevaron los explosivos con ellos.
Varias camionetas se encontraban estacionadas fuera del domicilio, finalmente, cuando se fueron, se llevaron a Nilda y Enrique. Los hermanos se quedaron solos y permanecieron despiertos hasta que amaneció: “Mi hermana cerró la puerta, pero igual la ventana estaba rota. Nos quedamos en una habitación, tapados con frío y miedo, no sabíamos qué hacer”. Una de sus hermanas fue a buscar a su abuela que vivía cerca, algunos vecinos también los asistieron. Su hermana mayor, Nilda, de 17 años, hizo la denuncia pertinente, pero en la comisaría les dijeron que no podían hacer nada.
Su madre fue liberada días después. Marcos conoce en detalle lo que vivió en el período que estuvo secuestrada en Campo de Mayo, ya que fue quien la ayudó a realizar los distintos trámites en los tribunales, comisarías, organismos e instituciones.
Lo que Marcos recuerda que su madre le contó es que al llegar al centro clandestino de detención y exterminio, fue separada de su padre. Por momentos lo escuchaba hablar, pero no podía comunicarse con él. Durante su secuestro Nilda se sintió mal: “Mi mamá se descompuso, tuvo colitis, la bañaban con unas mangueras, ella no quería comer porque le caía mal, pero la obligaban”. En todo momento estaba encapuchada, sólo le permitían descubrirse para comer, beber o tomar alguna medicación. En una de esas ocasiones pudo ver cómo su esposo era golpeado por siete u ocho hombres.
Durante su secuestro Nilda sufrió violencia verbal y física. Fue interrogada, golpeada, amenazada con armas y perros, escuchaba gritos de personas constantemente. Además, en ese lugar escuchó las voces de de Raúl Parra y Héctor Noroña.
Nilda también conoció a una mujer embarazada durante su cautiverio. Sobre ella no tiene mucha información, solo que era una mujer de pelo largo y que se encontraba cursando el sexto o séptimo mes de embarazo. “Mi mamá llegó a ver como la picaneaban, de tanto hacerlo iba a tener el bebé. Se llevaron a la chica y no se supo nada más”.
Los días anteriores a que Nilda fuese trasladada a Campo de Mayo, Juana Colayago de Battistiol y Leonor Landaburu también estuvieron detenidas allí, ambas estaban embarazadas. Sus familiares prestaron declaración el pasado 27 de mayo en la primera audiencia virtual de la Causa Ferroviarios.
Días antes de que la dejaran en libertad, le dijeron a Nilda que se despidiese de su esposo, porque “lo iban a hacer volar”. “Mi mamá -relató Marcos- pidió que no la mataran. Le dijeron que no tenga miedo, que no iba a sentir nada cuando la matasen. Le gatillaron dos veces. Cada vez que le hacían una pregunta la gatillaban”. También le dijeron que si volvía no iba a encontrar su casa ni a sus hijos, porque habían hecho explotar las dos granadas, aunque esos explosivos nunca quedaron en la casa.
Finalmente la subieron a un auto junto a otras tres personas. Los conductores debatían sobre dónde debían dejarla, hasta que finalmente la soltaron: “Cuando la bajaron de la camioneta, le sacaron la capucha y uno le apuntó a la cabeza y le dijo: ´No te des vuelta hasta que no sientas más el ruido del vehículo´”. Nilda se mantuvo veinte minutos quieta, hasta que encontró el valor para moverse y se arrastró desorientada hasta su casa. Eran cerca de las 3 de la mañana, sus hijos fueron a su encuentro.
Nilda actualmente tiene 84 años, ya no se encuentra en condiciones para dar testimonio. Hace unos años, cuando Marcos la acompañó a declarar en la instrucción de la causa se descompuso: “Ve un patrullero o a la policía y se asusta. Quedó muy shockeada”. Marcos finalizó su relato entre lágrimas: “Deseo que se haga justicia y que algún día pueda saber dónde está mi padre. Y que los culpables paguen por todo lo que hicieron, porque hasta el día de mi muerte voy a llevar esta cruz encima”.
Isabel tenía 9 años cuando se llevaron a sus padres, Georgina del Valle Acevedo y Raúl Parra.
“Es un poco tarde”
Un grupo de cinco hombres vestidos de civil y con las caras descubiertas tocaron la puerta de la casa de la familia Parra, en Don Torcuato, en la madrugada del 1° de septiembre de 1977. En la casa estaba Georgina del Valle Acevedo con sus dos hijas. Uno de los hombres mencionó a un conocido de su esposo y también la llamó por su apodo, Beba. Esto a Georgina le dio confianza para abrirles la puerta.
Isabel Parra tenía tan solo 9 años, su hermana, Patricia, 15. Del momento recuerda haber estado muy confundida y llorar mucho, y aún guarda en su memoria la cara de uno de los hombres. Mientras las hermanas aguardaban en la habitación, su madre era interrogada. Le dijeron que tenían que hacerle más preguntas, por lo que se la iban a llevar. Georgina se fue de la casa después de decirles a sus hijas que en un rato iba a volver. Ella y su hermana se quedaron en la casa viendo por la ventana como su madre se iba en un auto Falcon de color blanco.
Su padre, Raúl, estaba trabajando cuando se presentaron en su casa. Isabel supo más tarde, a través de un organismo de derechos humanos, que lo fueron a buscar a los talleres de Boulogne el mismo día.
Luego del secuestro, las hermanas fueron dejadas en la casa de una vecina, hasta que una de sus tías las fue a buscar. En su casa se juntaron varios tíos: “Cada uno tenía sus pensamientos, algunos decían que era culpa del hermano que estuviese pasando esto”. Isabel y Patricia fueron separadas, cada una fue a una casa distinta. Isabel recuerda: “Yo no sabía ni lo que estaba pasando porque me quedé con lo que me había dicho mi mamá y pensé que en un rato o en unos días iba a volver”. Las hermanas mantuvieron una relación a través de llamados telefónicos durante años y se reencontraron siendo más grandes, luego de que los tíos que cuidaron a Isabel murieran. El tiempo que estuvo separada de su hermana fue muy duro, especialmente al principio: “Vivía prácticamente encerrada en una habitación porque mis tíos me decían que me iban a venir a buscar”.
Cuando fueron secuestrados, Georgina tenía 38 años y Raúl 40. Como muchos de los desaparecidos de esta causa, Raúl era peronista. Isabel supo, gracias a organismos de derechos humanos que la ayudaron a reconstruir lo ocurrido, que los secuestrados eran agrupados de acuerdo a su lugar de militancia y que por eso sus padres habrían estado en cautiverio en Campo de Mayo. Raúl era amigo de Héctor Pablo Noroña, compañero ferroviario también secuestrado ese mismo día, junto a su mujer y dos hijas, que luego fueron liberadas.
Isabel, muy emocionada, manifestó que su vida había cambiado rotundamente a sus nueve años. Incluso resaltó que las consecuencias de lo que vivió le impidieron ser madre por miedo a la pérdida: “Ellos vivieron como quisieron. A mis padres no les dieron oportunidad. A mí me hubiera gustado que esto hubiese pasado 20 años atrás para que tengan cárcel común y no estén en su casa, como una persona más, como si no hubiesen hecho nada”. Lamentó que hayan pasado más de 40 años para poder declarar, su única ilusión es saber qué pasó con los cuerpos de sus padres: “Tengo mucho dolor por este país. Yo creo que no hay justicia, porque para mí es un poco tarde”.
