El conflicto entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se prolongó por más de 60 años y causó unos 8 millones de víctimas (entre muertos, secuestrados, desplazados y desaparecidos), llegó a su fin el 24 de noviembre de 2016, tras la firma de un acuerdo que llevó cuatro años de negociaciones, siempre con la férrea oposición de un sector de la derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A poco de cumplirse el cuarto aniversario del acuerdo, los avances para su implementación no son los esperados debido a la poca visibilidad e importancia que le otorga a lo pactado en La Habana el gobierno del actual mandatario Iván Duque, quien alcanzó al poder mediante la fuerza electoral de Uribe, hoy en arresto domiciliario imputado por sobornos y fraude procesal.
En diálogo con ANCCOM, Víctor Barrera, politólogo y coordinador del área de Estado, Conflicto y Paz en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), con sede en Bogotá, afirma que la ejecución del Acuerdo Final “no está involucrando activamente aquellos componentes genuinamente transformadores que están en el fondo del conflicto armado” y se ha convertido “en una segunda negociación de facto”.
El diálogo por la paz comenzó oficialmente en 2012 cuando el equipo negociador del entonces presidente Juan Manuel Santos se reunió en Oslo, Noruega, con representantes de las FARC. Más tarde, se trasladaron a Cuba, lugar donde se desarrollaron las negociaciones hasta 2016. Sin embargo, el acuerdo rubricado en septiembre de ese año, en el marco de una celebración festiva en la ciudad de Cartagena, fue rechazado al siguiente mes por los colombianos en un referéndum popular muy ajustado. Los promotores del no –sectores religiosos y políticos liderados por el expresidente Uribe– obtuvieron la victoria y lograron dejar en el limbo el Acuerdo Final.
Según Barrera, la dificultad para conseguir un consenso se debió a un dilema de legitimidad que consiste en que “la mayoría de los colombianos quieren la paz y están de acuerdo con que se implementen las reformas más estructurales en el campo y la política, pero la gente odia a las FARC. Y lo que ha hecho la derecha radical expresada en el Centro Democrático (la agrupación de Uribe) es capitalizar el sesgo anti-FARC de la población para atacar directamente los elementos más transformadores del acuerdo de paz”.
«La derecha capitaliza el sesgo anti-FARC de la población para atacar los elementos transformadores del acuerdo de paz».
Luego del rechazo popular, Santos convocó a la oposición para incorporar cambios a lo convenido y en noviembre de 2016 se volvió a firmar el Acuerdo Final en Bogotá. Aun así, la oposición mantuvo su resistencia y dos años después se convirtió en oficialismo cuando Iván Duque ganó las elecciones con un discurso de campaña que apuntaba a realizar cambios al acuerdo y con el eslogan “paz sí, pero no así”.
El acuerdo está organizado alrededor de seis puntos: desarrollo rural; oposición política y participación ciudadana; fin del conflicto armado; narcotráfico y cultivos ilícitos; reparación a las víctimas; y, por último, implementación.
En cuanto a la Reforma Rural Integral, se estableció solucionar la exclusión histórica del campesinado y los problemas surgidos a partir del despojo de tierras que sufrieron los desplazados por la violencia y cuyos títulos de propiedad pasaron a manos de terratenientes y narcotraficantes. Asimismo, se dispuso una transformación del campo para estimular la formalización, la restitución y la distribución equitativa del suelo acompañado de un desarrollo rural con recursos del Estado destinados a proveer servicios públicos, educación, salud, recreación, infraestructura, alimentación y bienestar a la población.
Barrera señala que el partido de gobierno se opone rotundamente a una reforma, aun cuando lo que está incorporado en el acuerdo “no es una reforma revolucionaria, sino una reforma parcial que lo que quiere es garantizar algunos derechos de propiedad para un segmento de la población campesina”.
En 2016, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el histórico acuerdo de paz que pone fin a más de cinco décadas de conflicto armado.
Con respecto al punto de la participación política, se decidió trabajar en una apertura democrática para que nuevas fuerzas fortalezcan el pluralismo y que la guerrilla deponga las armas. El objetivo es evitar el uso de la violencia como método de acción política y proteger el ejercicio de la oposición de los hostigamientos de grupos paramilitares.
Para ello, se acordaron garantías a organizaciones y líderes sociales, y además se resolvió que cada una de las zonas afectadas por el conflicto tuviera una banca en la Cámara de Representantes (equivalentes a nuestros diputados) como medida de integración, reparación y construcción de paz. Pero estas 16 curules todavía no han sido asignadas debido a la impugnación de la derecha que ha criminalizado esos territorios.
El enfoque de seguridad humana prometido en el acuerdo ha sido incumplido por Duque. El principio básico de garantizar la vida de líderes sociales, excombatientes y de comunidades a través de una intervención activa de estos sectores en la toma de decisiones de las políticas de seguridad, no ha sido tal, sostiene Barrera. “Lo que ha hecho este gobierno es limitar cada vez más la participación de organizaciones y comunidades y lo que hemos visto es un incremento en el asesinato de ex combatientes y de líderes sociales”, agrega.
«Hemos visto es un incremento en el asesinato de ex combatientes y de líderes sociales”, dice Barrera.
La violencia política en Colombia se remonta a los enfrentamientos que en la década del 40 protagonizaban seguidores de los dos partidos que se disputaban el poder, el Liberal y el Conservador. En 1948, el asesinato del líder liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliecer Gaitán, provocó el levantamiento popular conocido como El Bogotazo, que se extendió por todo el territorio del país. El Estado reprimió duramente a los grupos insurgentes. Este fue el inicio de la escalada bélica en Colombia. La fundación de las FARC data de 1964, luego de una ofensiva militar contra una comunidad autónoma creada por grupos armados y ubicada en la selva denominada como República de Marquetalia. Uno de los campesinos que lideró la defensa fue Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, quien se convertiría en uno de los comandantes de las FARC.
A más de 50 años de estos hechos, uno de los propósitos cruciales del acuerdo de paz era el cese de la acción armada entre la guerrilla y las fuerzas del Estado, para lo cual se impulsó un proceso de entrega de armas, verificada por una comisión de la ONU. Además, se adaptaron zonas transitorias para agrupar de manera segura a los guerrilleros, previo paso a su incorporación como civiles. En función de esto, las FARC se transformaron en un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con cinco bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
Pese a la intención del gobierno de Duque de imponer un discurso en contra de los resultados positivos del acuerdo, Barrera opina que en ningún proceso anterior con las FARC hubo una desactivación total del aparato de guerra, estructura y componentes básicos del grupo guerrillero. Destaca la verificación hecha por Naciones Unidas que certificó la entrega de una proporción de armas que no se había dado en ningún proceso de desmovilización en Colombia. De los más de 13 mil excombatientes que están acreditados por el Gobierno, apenas a 600 les ha perdido el rastro, sin que eso signifique que hayan vuelto a las armas. En este punto, subraya Barrera, es donde más se ha avanzado, aunque aclara que “más que un cumplimiento adecuado por parte del Gobierno, es un cumplimiento de las FARC”.
A raíz de que el narcotráfico ha financiado el conflicto interno en Colombia, se acordó en el punto cuatro una solución al problema de las drogas. Se constituyó un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los territorios afectados y, además, otro para la prevención del consumo. A su vez, el grupo guerrillero se comprometió a no continuar con el negocio y a dar información sobre las rutas del tráfico.
Sobre este punto, Barrera considera que se está anteponiendo una agenda contraria al acuerdo debido a que el Gobierno insiste en las aspersiones con glifosato y las erradicaciones forzadas, a pesar de que los niveles de resiembra de cultivos ilícitos en los municipios donde se han firmado estos acuerdos voluntarios de sustitución, son ostensiblemente menores.
Con relación a las víctimas del conflicto, el acuerdo dispuso la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como espacio a donde el Estado y las FARC acudirían para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como marco jurídico para investigar y juzgar a los responsables. Esto se haría a través de penas alternativas de acuerdo al reconocimiento de verdad y responsabilidad de los involucrados.
Este punto ha sido el más atacado por el partido de gobierno “porque les resulta inconveniente que se conozcan muchas de las verdades del conflicto armado”, afirma Barrera. “Lo que quieren introducir es que haya unos magistrados que juzguen por separado a los militares y no haya una sola sala que juzgue a todos. Eso es básicamente abrir la puerta para nuevos niveles de impunidad y para ocultar la responsabilidad que han tenido, no solamente las Fuerzas Armadas, sino los que en su momento fueron sus jefes”, asegura.
“Las víctimas –añade Barrera– viven en entornos donde están siendo revictimizadas y por ello están enfrentando grandes dificultades para que sus derechos a la verdad, a la justicia y a la no repetición sean efectivos. Recientemente, la JEP había expresado una preocupación alrededor del tema, de la dificultad que tienen muchas víctimas en los territorios para participar en estos procesos, pero también la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, precisamente porque no existen condiciones de seguridad”.
El futuro del acuerdo no parece prometedor. Igualmente, el blindaje institucional y el control político con el que está dotado, han impedido la avanzada que el gobierno de Duque y su espacio pretenderían. “La paz que intenta implementar Duque es minimalista”, ironiza Barrera.
“El escenario no es el más alentador y puede tornarse mucho más crítico, teniendo en cuenta que este Gobierno va a contar con mayorías que no tuvo en los dos años anteriores, porque se ha podido recomponer a través de prebendas clientelistas con otros partidos que no se habían sumado a la coalición, y esto le permite ampliar el margen de maniobra en el Legislativo para adelantar aquellas reformas que puedan ir en contravía de la implementación, o simplemente bloquear aquellas que estén en línea con el espíritu reformista del acuerdo de paz”, concluye.
Aime Cardozo, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA).
El aislamiento social, preventivo y obligatorio ocasionó cambios en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los colectivos sociales, entre ellos la comunidad trans. Su vida cotidiana, la salud, la economía, la educación, el trabajo y, particularmente, el acceso y sostenimiento de los tratamientos hormonales también se vieron alterados.
La Ley 26.743, que establece el derecho de identidad de género a las personas, fue promulgada el 23 de mayo del 2012. Por primera vez, el Estado reconoce a las personas trans como sujetos de derecho, sin patologizarlas ni judicializarlas.
Cabe destacar los puntos de mayor importancia que dispone la Ley: la rectificación registral en el documento de identidad, el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos de hormonización sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.
Cuando hablamos de tratamientos hormonales nos referimos al adecuamiento del cuerpo de una persona a la identidad y género auto percibido. De esta manera, se desarrollan rasgos femeninos o masculinos, según se desee; y se suprimen los del sexo asignado al nacer, mediante la administración de hormonas, a partir de la supervisión y seguimiento de profesionales de la salud.
Los consultorios de hormonización están dispuestos a lo largo de nuestro país, en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Corrientes, entre otras.
Valeria Pavan, Coordinadora de las Políticas de Salud Inclusivas de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad y Género del Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, afirma: “Estamos delineando políticas que tienen que ver con el reforzamiento de los consultorios existentes, que son más de 170 en todo el territorio nacional. Queremos hacerlo sobre todo en aquellos que todavía no cuentan con una mirada integral de salud, que no sean sólo lugares donde se expendan tratamientos hormonales, esa es nuestra mirada.”
Ante el contexto del aislamiento, Pavan cuenta: “También estamos atendiendo las situaciones particulares que nos llegan, y además estamos realizando un mapeo nacional para las personas travestis-trans.” Agrega que, desde la Dirección de Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación, “el 6 de abril se publicaron una serie de recomendaciones para garantizar el acceso a la salud para las personas trans, travestis y no binarias.”
En la localidad de José C. Paz, el funcionamiento del consultorio no se vio afectado, según Aime Cardozo, directora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA) en José C. Paz. No están recepcionando solicitudes para iniciar tratamiento, pero “el consultorio está asistiendo a 100 personas, las mismas retiran las hormonas todos los meses. Hubo faltantes de la testosterona, pero dentro de todo está funcionando bien.” Y amplía: “Las actividades sólo tuvieron una reducción de días de atención y se trasladaron de espacio físico. Pero el consultorio en el Municipio continuó siendo accesible, ya que somos conscientes que no se puede suspender un tratamiento médico de esta magnitud.”
Aime comenta que en José C. Paz tiene una organización llamada Jóvenes Paceños, y agrega: “Nos encargamos de difundir toda la información pertinente para que la población trans tenga acceso a la salud, educación y el trabajo.”
Lautaro Giménez señala la importancia de la construcción de redes en la comunidad.
Por su parte, Lautaro Giménez, actor y activista trans, relata su experiencia como paciente: “Yo llevo tres años con hormonas y a mí me cambió un montón, es increíble la Nebido.” La Nebido es una solución que contiene testosterona y se administra con una inyección intramuscular (1 ampolla corresponde a 1.000 mg. de undecanoato de testosterona).
Y continúa: “Fue un proceso lento, costó mucho que la hormona se adapte a mi cuerpo, también demoró en irse mi periodo, que era lo que más me preocupaba en principio. Mi cuerpo de a poco empezó a tomar otra forma, me salieron algunos vellos, comencé a cambiar la voz, entre otras cosas.”
En cuanto al transcurso del tratamiento hormonal, comenta que “hay muchas organizaciones a nuestra disposición, no se trata sólo de ir a buscar mi hormona y ya. También existen espacios en donde encontramos contención o actividades, porque muchos y muchas no tienen la contención familiar, y ahí pueden encontrar el empuje para realizar el tratamiento.”
Con respecto a la pandemia por el Covid-19, Giménez cuenta: “Se generó una red de todo el colectivo de diversidad para ayudarnos entre compañeros. Hay muchas personas en situación de calle que se les lleva mercadería o lo que necesiten para atravesar esta situación que estamos padeciendo.”
La eficacia de las políticas públicas respecto de la salud para la comunidad trans es sumamente importante. Al día de hoy, los lineamientos dirigidos a los equipos de salud intentan favorecer el acceso a todas las personas con una atención integrada e integral de la salud, mediante un trato digno y respetuoso.
Víctor Bracuto, trabajador social, a cargo del área de Diversidad Sexual y Géneros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, comenta: “El impacto de la salud en los cuerpos travestis-trans es una deuda que el Estado, las instituciones y las organizaciones tenemos con esta población. Porque todavía no hay una respuesta, no solamente en Argentina, sino que en el mundo, sobre los aceites que se colocan en los cuerpos.”
Asimismo, afirma que “el gran núcleo de la población travesti-trans no pasa por los “consultorios amigables”, es decir, cinco consultorios amigables, o diez, o veinte, si existieran en el país, no cubriría la necesidad de la población trans. Estos consultorios son espacios en hospitales públicos especialmente preparados para atender a la población de la diversidad sexual. Bracuto sostiene que “las necesidades de esta población pasan principalmente por los hospitales públicos y, en aquellas personas que accedieron al trabajo formal, a través de sus obras sociales.”
Nadir Cardozo, coordinadora de las promotoras pares de Salud Trans de la Fundación Huésped, realiza una aclaración respecto de los “consultorios amigables”: “Pensamos que no tendrían que existir, en realidad: a los hospitales no vamos a hacernos amigos, sino a que nos atiendan.” Y afirma: “Obviamente esta palabra es por el momento, por la coyuntura que nos toca vivir en este proceso de sensibilización a la sociedad. Porque creemos que no haría falta de esos consultorios para que nosotras vayamos a un hospital y nos brinden una atención digna, libre de estigma y discriminación.”
Cardozo, a su vez, es promotora de salud y de Derechos Humanos de ATTTA, y cuenta que “durante tantos años ha sido una barrera el acceso a la salud, por eso se daba la auto hormonización, estamos informando y brindando recursos a nuestras compañeras de lo mal que hace.” Explica, además, que desde la Asociación “les informamos que tienen que acceder a un tratamiento hormonal, seguido por un profesional, una médica endocrinóloga y médicos clínicos. Recalcamos la importancia de hacer el tratamiento bajo supervisión médica para que cada une pueda realizarlo de forma segura.”
En cuanto a la situación actual, los consultorios de hormonización se ven afectados por la pandemia. Nadir Cardozo informa que “por el momento, a todas las compañeras que nos llaman para comenzar su tratamiento hormonal, les estamos diciendo que no.”
El Covid-19 vino a dejar en evidencia las condiciones del colectivo trans, las barreras de acceso en cuanto a la educación, el trabajo, la vivienda y la salud que esta población debe afrontar diariamente.
«La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado», dice Aparicio.
El 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Pero durante el camino, el joven de 22 años fue detenido por la Policía bonaerense y nunca llegó a destino. Luego de más 100 días desaparecido, el pasado miércoles se confirmaron las peores sospechas: los restos hallados el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo coincidió con su ADN, información que fue confirmada por la jueza federal María Gabriela Marrón. La autopsia se realizó el 25 de agosto bajo los protocolos de Minnesota, aplicado para los casos de muertes ocurridas en custodia de fuerzas de seguridad y el resultado final puede demandar entre 30 y 60 días.
Durante los últimos días se detectó, a través de informes de geolocalización, que un patrullero Toyota Helios estuvo el 8 de mayo en el lugar donde se encontraron los restos óseos del joven de 22 años. El patrullero en cuestión fue peritado hace dos días por el especialista Marcos Herrero y su perro ‘Yatel’ siguiendo las tomas de olor de Astudillo: “El perro destrozó la parte trasera del Toyota Helios, el resultado del procedimiento fue positivo”, confirma Leandro Aparicio, el abogado de la familia Astudillo Castro.
Para el futuro de la causa será clave el rol que tengan aquellas personas que vieron por última vez a Facundo: “Hay testigos amenazados, testigos aterrorizados que no pueden salir de la casa. Se lo dijimos al Presidente, al Gobernador, ya no sabemos a quién más decirle. Es preocupante el poder que tiene la Policía bonaerense”, advierte Aparicio.
El pasado lunes, además de dialogar por 40 minutos con Alberto Fernández, la madre de Facundo, Cristina Castro, Aparicio y Luciano Peretto –el otro abogado de la querella– se reunieron con otras autoridades nacionales y provinciales: “A Sabina Frederic le expusimos todos los pormenores de la causa. También conversamos con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla”. El balance de las reuniones fue positivo para Aparicio: “Volvimos desde Buenos Aires con la designación de dos fiscales que van a intervenir junto con el fiscal que ya recusamos dos veces”. El abogado defensor de Cristina Castro en más de una ocasión hizo pública su disconformidad con el accionar del fiscal federal a cargo del caso, Santiago Ulpiano Martínez.
Castro se reunió con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Seguridad Sabrina Frederic.
¿Cómo continuará desarrollándose la causa tras la aparición sin vida de Facundo? ¿Por qué desde la querella continúa la firme convicción de que hubo una responsabilidad directa de la Policía bonaerense en la muerte de Facundo?
A partir de la aparición de los restos de Facundo, la causa está tomando un ritmo vertiginoso con situaciones que no imaginábamos. Durante los últimos días continuamos tomando testimonios vía Zoom, los cuales confirmaron nuestra hipótesis de que Facundo Castro fue víctima de una desaparición forzada a manos de la policía. El cuerpo que apareció el 15 de agosto fue plantado en ese lugar: Facundo de ninguna manera pudo caerse de un puente o ir por un río. La zona donde fue hallado el cuerpo no tiene forma de explicarse racionalmente. Era un esqueleto sin rastros y con una zapatilla intacta a 20 metros. Ya no sé si es una torpeza más de este protocolo de encubrimiento o si es un mensaje de la Policía bonaerense para nosotros, para el Presidente o para el Gobernador.
Se sabe que el hallazgo del cuerpo fue parcial, ¿hubo nuevos indicios en la zona de la aparición de los restos?
Sí, escalofriantes. Anteayer unos pescadores se acercaron y dijeron que nuevamente había restos humanos: encontraron un maxilar y llamaron al Equipo de Antropología Forense. Les dijeron que ese maxilar no se correspondía con el de Facundo. O sea que en ese lugar ya tenemos dos cuerpos. Uno es de Facundo y el otro no sabemos de quién es. Todavía no sabemos si hay más cuerpos. Quizás estemos en presencia de un cementerio clandestino de la Policía bonaerense.
Usted ha cuestionado en varias ocasiones las respuestas estatales con respecto al caso ¿Qué diálogo han tenido en los últimos días con el Gobierno nacional?
Cristina Castro tiene una comunicación permanente con el Presidente. Como es de público conocimiento, estuvimos reunidos con él en la quinta de Olivos. Habló con Cristina durante 40 y 50 minutos. En este gobierno hay un matiz distinto con respecto a la gestión anterior. El gesto de un presidente de invitar a la mamá de un desaparecido que pide la renuncia del ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no es un gesto casual. Sin embargo, desde quienes integran hoy el Frente de Todos salieron desesperados a pedir por Santiago Maldonado y en este caso se quedaron callados. Facundo no era anarquista, ni socialista: era del Frente de Todos. Si no salen a pelear por los desaparecidos de su movimiento, están condenados al fracaso.
¿Qué opina del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires?
Berni era carapintada en 1987. Durante el menemismo, en los noventa, fue espía de los mineros de Río Turbio. Después, se jactó de tener el “desalojamiento más pacífico de la historia” con un saldo de tres muertos. Berni está camino a ser el nuevo Bolsonaro.
«Vamos a mostrarle a todo el mundo que la policía está relacionada con la Justicia y con el narco», dice la querella.
¿Cómo analiza el rol del periodismo en este caso?
Algunas esferas del periodismo son vergonzosas. Hay un sector del periodismo muy vinculado a los servicios y a la policía. Tenés a Pablo Duggan, Paulo Kaplan, Javier García. Ellos son funcionales para que haya desaparecidos. Y se los dije en la cara. Para que hayan desaparecidos también tiene que existir ese tipo de periodismo. La causa de Facundo atraviesa todas las miserias de nuestra sociedad donde nadie queda bien parado: ni la Justicia, ni la política, ni la policía, ni los periodistas.
Argentina tiene una historia reciente muy ligada con la violencia institucional. ¿Por qué esto sigue ocurriendo y qué ha aprendido en este caso?
La mamá de Facundo me ha enseñado muchas cosas. Ella siempre dice que hay que tener fe y que las cosas se van a solucionar. No solamente el caso de Facundo, sino que se van a aclarar otros casos impunes como el caso de Katherine Moscoso, que la desaparecieron; y después, 300 policías plantaron el cuerpo. Encamino mis esfuerzos y lo que yo pueda aportar en esta causa con la creencia de que junto a ella no solo vamos a descubrir lo que pasó con Facundo; también vamos a mostrarle a todo el mundo la mugre que hay en esta zona, donde la policía está relacionada con la Justicia y está relacionada con el narco. Yo creo en Cristina Castro, no soy religioso pero sí creo en ella. Estoy en esa cruzada acompañándola a que lleguemos a buen puerto por Facundo y por tantas otras personas.
En tiempos en que la actividad económica se contrae, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado creció 5,9 puntos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según un informe que presentó el martes último la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Desde que comenzó la pandemia, los cuidados entraron en la agenda pública como una cuestión prioritaria. Lavarse las manos, desinfectar las compras con lavandina, limpiar el hogar y cuidar a los niños que ya no pueden ir a la escuela se convirtieron en tareas esenciales. Pero, ¿quién se encarga de realizarlas mientras nos quedamos en casa? Las mujeres ejercen el 73 por ciento del total de las tareas domésticas, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC sobre el primer trimestre de este año.
Para Ludmila Fredes, licenciada en Relaciones del Trabajo y docente titular de la materia Trabajo, Género y Economía del Cuidado en la Universidad de Buenos Aires, esta distribución desigual se debe a la división sexual del trabajo: “Se construyen roles de género a partir de la socialización desde la infancia y se espera que cumplamos con ellos si nacemos ‘varón’ o ‘mujer’. Al varón se lo asocia con un rol activo en la esfera pública como jefe proveedor y a la mujer se le asignan condiciones más aptas para desarrollarse en la esfera privada, el hogar. Se asocia a la mujer con que es emocional, altruista, sensible y cuidadora”.
Con el objetivo de promover una distribución más equitativa, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación lanzó la campaña “Cuidar en Igualdad.Necesidad, derecho, trabajo” que se propone como una herramienta horizontal para recorrer todo el país discutiendo los cuidados. Claudia Lazzaro, directora de Políticas para la Equidad Laboral, Formación del Trabajo y Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, expresó que “la pandemia visibilizó la sobrecarga que tenemos las mujeres y las disidencias en lo que respecta a las tareas de cuidado dentro del hogar, pero también en aquellos trabajos de cuidar que están fuera del hogar, como en el ámbito de la salud, la educación y las trabajadoras de casas particulares”. Por eso, remarcó que “estamos en el momento oportuno para blanquear más fuertemente la brecha de género en los cuidados, una brecha que tenemos las mujeres para desarrollarnos”. Y apuntó que el eje de la campaña está en promover la corresponsabilidad de los cuidados: “Es importante plantear que no somos sólo las mujeres y las disidencias las que tenemos que cuidar, sino también los varones. Es necesaria una construcción colectiva de toda la sociedad para cambiar el cómo cuidamos, el cómo criamos e ir hacia un modelo cultural más equitativo. Y a la hora de construir el cambio cultural hay que pensar en cinco R: reconocer, recompensar, redistribuir, reducir y representar”.
Por otro lado, a esta situación de sobrecarga en los cuidados se suma la tensión por compatibilizar las tareas domésticas con el trabajo. Según una encuesta de Unicef Argentina, el 51 por ciento de las mujeres entrevistadas expresó que durante el aislamiento social ha sentido una mayor sobrecarga de las tareas del hogar. En el informe se indica que las causas de la sobrecarga son: la limpieza de la casa (32%); la carga de cuidados (28%); la preparación de la comida (20%) y la ayuda con las tareas escolares (22%). A su vez, 4% de las mujeres reporta una mayor carga laboral.
En materia legislativa, las tareas de cuidado fueron incorporadas a la nueva Ley de Teletrabajo. En el artículo 6º se establece que las personas tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada. Para Fredes es “sumamente importante que la ley tenga perspectiva de género y que se haya pensado en la doble jornada laboral que llevan a cabo las mujeres”. Y agregó la necesidad de reflexionar sobre tres aspectos para la reglamentación de la ley: “Cómo garantizar el derecho a la desconexión; cómo evitar que el ejercicio de este derecho no sea desarrollado en función de roles de género y, en consecuencia, se feminice; y cómo prevenir que las personas que solicitan teletrabajar no vean interrumpidos sus horizontes laborales. Es decir, evitar las figuras de techo de cristal porque el teletrabajo no solo aísla sino que también puede reducir la cercanía con los puestos de poder”.
Otra cuestión es la representación sindical en las tareas de cuidado. “El problema es que es el único trabajo que no se paga, es un trabajo que no se considera trabajo. Entonces, tenemos que luchar por que se reconozca a nuestro sindicato”, afirmó María Lucila “Pimpi” Colombo, Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA). Con respecto a la pandemia, Colombo aseguró: “Es una oportunidad tremenda para visibilizar este tema, por eso, volvimos a presentar en el Senado un proyecto para incorporar la jubilación del ama de casa y dejar de depender de las moratorias. Otra cosa que estamos tratando, pero no está caminando, es que el Banco Central adopte una disposición para que los bancos puedan considerar a las amas de casa como sujetos posibles de crédito”. En tiempos en que el cuidado y quedarse en casa son las únicas herramientas para prevenir al coronavirus, se vuelve urgente reconocer el valor del trabajo de cuidados para encaminarnos hacia la igualdad y justicia de género.
Desde que se declaró la pandemia, ha pasado por los diferentes medios de comunicación, en una suerte de desfile mediático, un sinnúmero de especialistas en diversas materias para analizar los efectos de la enfermedad y el aislamiento obligatorio. Muchos de ellos han hecho hincapié en las consecuencias psicológicas de estas situaciones, entre las cuales se ha destacado el cambio de hábitos alimenticios y la problemática de la falta de nutrientes en los sectores más vulnerables.
Lucas Caputo, preparador físico y psicólogo aporta su punto de vista a partir de su experiencia inmediata. «La alimentación de las personas sufrió modificaciones en ambos extremos: para bien y para mal. Hay quienes comenzaron a optar por elaborar su comida en su casa desde que notaron la disponibilidad de tiempo libre a raíz del aislamiento y se vieron favorecidos a nivel nutricional (y también a que les resulta terapéutico y desestresante), pero también aumentó mucho el consumo de harinas y otros carbohidratos que, en exceso, son negativos para la salud”. El especialista agrega: “Por otro lado, hubo quienes se vieron afectados a nivel anímico y se inclinaron por las comidas rápidas o la compra de comidas elaboradas, de modo que no controlan qué es lo que comen exactamente».
Caputo también cuenta que un gran número de personas se ha acercado a él para solicitar información y rutinas de entrenamiento para mantener el estado físico: «Durante estos meses, recibí muchos llamados de gente que se acercó preocupada porque notaba un aumento de peso y de masa corporal a raíz de la falta de actividad. Varios han iniciado un seguimiento de su salud para estabilizarse a nivel nutricional».
«Cuando empezó el aislamiento y me vi encerrada, empecé a comer mucho más que antes y con mucho descuido. Antes de esta situación, siempre fui fumadora, pero fue notable el crecimiento de mi tabaquismo en los primeros 15 días. No lo dejé ahí: abandoné el cigarrillo y empecé a asesorarme con un personal trainer, a seguir una rutina y a cambiar las comidas y los productos que usaba para cocinar». Las palabras son de Marina, una persona que fue obesa y que se reencontró, en medio de esta pandemia, con esa enfermedad a la que tanta batalla le dio durante años.
Muchos jóvenes de un rango etario de entre 18 y 30 años (incluyendo personal gastronómico, trabajadores y estudiantes) definieron que su período de aislamiento les modificó los horarios y las costumbres, incluso los alimentos consumidos: se encontraron con un insomnio constante que los llevó a dormir durante el día y a convertir sus comidas en necesidades a satisfacer de forma inmediata, sin prestar atención a los ingredientes utilizados ni a las consecuencias ocasionadas por ingerir alimentos en cualquier momento. Acostumbraron sus cuerpos a nuevos horarios, a un insomnio ansioso, permanente y a un desbalance nutricional que, según sus testimonios, les ocasionaron «falta de energía», de acuerdo a Karen, 22 años, estudiante, «y agotamiento mental y visual”, según Julia, 19 años, también estudiante «Estrés, ansiedad y desgano», consignó Tomás, 25 años, estudiante y empleado, mientras «malhumor y necesidad de distracciones» apuntó Melany, 21 años, encargada de un local de comidas.
Todo esto se une en un discurso más sencillo: Juan Ignacio Konaszczuk, nutricionista, ofrece un resumen de sus experiencias al día de hoy desde que inició el aislamiento. Según sus palabras, el consumo de harinas, la comida rápida y el abandono psicológico acompañado por el sedentarismo son los primeros factores de los cambios negativos en la alimentación, y los que han presentado un marcado ascenso en el período en cuestión. Por otra parte, Konaszczuk también define el aumento y la persistencia en los pacientes que se acercan en busca de una mejor calidad de vida y una alternativa saludable a sus hábitos alimenticios, ya que la comida también actuó como placebo ante las dificultades psíquicas causadas por el encierro: «He tenido un número más alto de pacientes en el último tiempo. Todos buscan salir de la rutina. El delivery creció, pero cada uno se enfoca en evitarlo, en comprender la ventaja de cocinar en casa y en acompañar una nueva rutina alimentaria con una actividad física o algo que les mantenga la cabeza ocupada».
