Sep 29, 2020 | Géneros, Novedades
Hace un lustro, con la modificación de las Normas Técnicas y Administrativas de Hemoterapia y de los Criterios para la Selección de Donantes de Sangre, fueron derogadas la reglamentación y las resoluciones anteriores de la Ley N° 22.290 que prohibían donar a las personas que expresaran una orientación sexual e identidad de género diversa, es decir, fuera de la cisheteronormatividad.
Con los cambios introducidos en 2015, hoy vigentes, se busca que el donante conozca las situaciones de riesgo de infecciones y se abstenga de donar si estuvo expuesto a ellas. El objetivo es propiciar la autoexclusión y la consulta al médico ante cualquier duda. De ningún modo se habilita al equipo de salud a profundizar en la orientación sexual y/o identidad de género de una persona ni mucho menos a ejercer discriminación institucional.
Según el nuevo paradigma –que rechaza la patologización de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales–, el riesgo está en las prácticas y no en grupos de población específicos. Sin embargo, muchos establecimientos siguen reproduciendo las representaciones dominantes y prácticas violentas.
La norma actualizada, en sus resoluciones 1507, 1508 y 1509, es clara: de acuerdo a estudios epidemiológicos, las prácticas sexuales consideradas “de riesgo” se distribuyen homogéneamente en la comunidad. Se trata de una problemática social que no distingue orientación sexual ni identidad de género.
Lourdes Arias, profesora del Bachillerato Mocha Celis.
El peligro de contraer infecciones aumenta con la falta de cuidados, que está relacionada con las desigualdades en el acceso a la salud, la pobreza, la estigmatización, la falta de información y de campañas de prevención, el tabú en torno a la sexualidad, la escasa o nula implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la violencia y el abuso sexual.
Es fundamental que la persona donante conozca cuáles son las situaciones de “riesgo incrementado” y así favorecer su participación responsable. El material que se brinda actualmente incluye información, un documento para la autoexclusión pre-donación, un cuestionario personal y la autoexclusión confidencial post-donación.
Ahora bien, desestimada la definición de “grupos de riesgo”, gracias a la movilización e intervención de las organizaciones sociales y activistas LGBTI+ en el desarrollo de las políticas públicas, y con la prohibición de donar sangre sin sustento legal, ¿qué sucede en la práctica?
Un sistema expulsivo
A fines de agosto, Emiliano se acercó de manera voluntaria para donar plasma al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, luego de haberse recuperado de Covid-19. Allí fue entrevistado por un profesional de la salud que le preguntó si había tenido relaciones sexuales con otros hombres y le negó la posibilidad de donar.
Débora Tajer, psicóloga especializada en género, asevera que, pese a los avances, siguen existiendo brechas en materia de género y salud, y que ni los marcos normativos ni las políticas públicas per se aseguran la modificación inmediata de representaciones y prácticas tradicionales arraigadas en aquellas instituciones donde se efectivizan estos derechos.
Esteban Paulón es activista, integrante del Consejo Consultivo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y director del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. También fue titular de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe, creada en 2015 y pionera en el país.“Partimos del punto en que hoy la perspectiva de la diversidad sexual no es parte de las currículas educativas en ninguna de las facultades argentinas, sólo aparece en algunas como contenido optativo –afirma–. Eso quiere decir que no todas las personas van a acceder a esos conocimientos y termina quedando a buena voluntad de ese o esa profesional hacer una práctica libre de discriminación. Por lo tanto, no la puede volcar al servicio de generar un sistema de salud o una atención más inclusivos. Y en lo que tiene que ver con los espacios públicos, está la voluntad del Estado y sus dificultades para que esa voluntad se transforme en una práctica concreta de la política pública”.
La discriminación a las personas LGBTIQ+ representa un 10,5% de las denuncias recibidas por el INADI entre 2008 y 2019.
La creación de espacios “amigables” ha sido la estrategia para concentrar la atención en consultorios que ofrecen servicios abiertos y receptivos, frente a la imposibilidad de que la iniciativa permee en todo el sistema. Para Paulón, hay que trabajar en la modificación de los programas de formación, en la base de la pirámide del sistema, para que las personas LGBT accedan y se vinculen con los servicios de salud.
“Hay una presunción de heterosexualidad en todo el sistema de salud –sostiene–. Eso hace que las lesbianas y mujeres bisexuales muchas veces sientan vergüenza de hacer una consulta en relación a su propia salud sexual”. La invisibilización sucede también con los varones gays, donde el foco estuvo concentrado por muchos años en el HIV, dejando de lado otros problemas. ¿Qué consecuencias pueden generar estas barreras? Se incrementan los riesgos y baja la expectativa de vida.
Para garantizar el acceso del colectivo LGBT al sistema, dice Paulón, es necesario trabajar en el primer nivel de atención con equipos profesionales y espacios de salud abiertos. Que toda persona pueda ir cualquier día y hora, a cualquier lugar de atención primaria y que en la consulta clínica haya un trato cálido y empático que habilite a despejar todas las dudas, a recibir información y a garantizar una mayor cobertura.
Terminar con un sistema de salud expulsivo requiere también de un cambio social y cultural. ¿Qué sucede en otros ámbitos? Un informe reciente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre las denuncias recibidas entre 2008 y 2019, revela que la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ representa un 10,5 por ciento del total. Esta categoría agrupa la discriminación hacia la orientación sexual (6,3) y hacia la identidad de género (4,2).
El documento permite observar que estos actos de odio sucedieron principalmente en barrios o viviendas, en prestadores y centros de salud, en espacios laborales, en la vía pública y transportes, en el ámbito educativo y en la administración pública. Además, se trata de denuncias que crecieron de manera sostenida junto con las de género y el racismo. ¿Por qué es importante denunciar? Para dar visibilidad a la problemática y así poder impulsar políticas que tiendan a erradicar la violencia.
“Siempre recomendamos la denuncia. Sabemos que el sistema, la ley de prevención y sanción de actos discriminatorios argentina, hoy no contempla penalización concreta. Pero sí es importante visibilizarlo porque abre la puerta a la corrección de la situación y también a acciones de reparación: talleres, capacitaciones, pedidos de disculpa”, subraya Paulón y agrega: “A pesar de que la ley todavía no se ha adecuado del todo y cuesta mucho que se implemente, hoy socialmente la denuncia tiene un impacto que para las víctimas y para la comunidad en general, es un hecho reparatorio. Aparte, es importante que lo podamos documentar, muchas veces las prácticas se repiten porque al no denunciarlas no se hacen visibles”.
En cuanto a la información más reciente, que analiza las denuncias recibidas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, “Personas LGBTIQ” es el segundo tipo de discriminación que registró más denuncias –precedido por “Discapacidad”– con el 12 por ciento del total. El género representa un 9,7 por ciento de las denuncias realizadas por mujeres. En el caso de los varones, alcanza un 14,2 por ciento. El barrio o vivienda continúa siendo el escenario de discriminación más mencionado, seguido del espacio educativo y los prestadores y centros de salud.
En 2019, la comunidad LGBTIQ+ ocupó el segundo lugar entre las poblaciones discriminadas.
Educar para transformar
En el trato médico, los actos violentos niegan e invisibilizan la diversidad sexual cuando se da por sentada la heterosexualidad y no se respeta la identidad de género, cuando se tilda de “peligroso” y se patologiza todo comportamiento alejado del mandato social. Estos actos se sostienen en representaciones de la cultura machista y patriarcal, más allá de lo que establece la Ley 26.529 que garantiza la asistencia y el trato digno sin distinción alguna en la relación entre el paciente y los profesionales, agentes o efectores de la salud.
Otro informe, elaborado en 2017 por un equipo de investigación de la Fundación Huésped, del Instituto Gino Germani de la UBA y de la Universidad de San Martín, analiza la accesibilidad y la calidad de atención de la salud para la población lesbiana, gay, trans y bisexual (LGBT) en cinco regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Para el relevamiento de datos, se hicieron entrevistas a profesionales de la salud, tomadores de decisión y referentes de organizaciones sociales LGBT, a usuarios o potenciales usuarios gays, lesbianas, hombres trans y mujeres trans.
Acerca de la atención, las y los participantes del estudio destacaron la insuficiencia de los recursos hospitalarios, la precarización laboral del personal de salud, las largas esperas y la escasez de turnos, así como el desconocimiento para acceder a ellos, la falta de información respecto a la oferta de los servicios, la desorganización sobre el modo de acceso a medicación u otros insumos, y el maltrato del personal administrativo. También se señalaron problemas de infraestructura.
La percepción sobre los consultorios inclusivos o “amigables” es que significan un avance en materia de derechos, pero también se subraya la necesidad de construir una salud integral que no discrimine y que se dé en todos y cada uno de los ámbitos del sistema, considerando además que la oferta de estos centros de salud es limitada. Por último, se identificó como limitante para el disfrute de un pleno acceso a requerimientos y necesidades médicas “la discriminación y los maltratos asociados, y los miedos y las trayectorias de exclusión institucional”, que se repiten y que desincentivan la concurrencia a un consultorio. Como aspectos positivos se mencionaron la gratuidad de la mayor parte de las prestaciones y la buena predisposición y compromiso de muchos/as profesionales.
Tal cual señala el informe “Identidades, derechos y territorios”, publicado en 2019 por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, las personas trans tienen problemáticas específicas de salud y un acceso limitado a servicios de prevención y atención. Con la pandemia, algunas de ellas se han agravado.
En medio de tantos derechos vulnerados, cabe resaltar las prácticas respetuosas que los mismos y mismas profesionales de la salud promueven, como la Red de Psicólogxs Feministas que reivindica la construcción de un modelo de atención desde un enfoque despatologizador, antipatriarcal, antibiologicista y diverso. Esta agrupación denuncia las prácticas que, en una constante violación de los derechos humanos, expulsan, discriminan y excluyen del sistema de salud a la población LGTB+, y repudia la deshumanización de las personas trans.
Mientras tanto, ¿qué podemos hacer cuando estos derechos son vulnerados? Informar y educar sobre la libre elección de orientación sexual e identidad de género, promover el respeto a la diversidad sexual, exigir el cumplimiento de normativas como la Ley de Educación Sexual Integral, reclamar capacitaciones con perspectiva de género y cambios estructurales en las currículas educativas de los y las futuras profesionales de la salud, denunciar y visibilizar la violencia.
Sep 29, 2020 | Comunidad, Novedades
El 20 de marzo se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Fue un viernes. El decreto implicaba el cierre de comercios, oficinas, cines, lugares de esparcimiento. Y también de las escuelas. El lunes, los niños, niñas y adolescentes que estudian en los establecimientos públicos de la Ciudad de Buenos Aires hicieron largas filas para retirar su almuerzo en los comedores, que consistía en un sandwich con una feta de queso y otra de jamón. “Bueno, ni siquiera era una feta de jamón”, aclara Alicia Navarro Palacios, directora de la Escuela N°7 del Polo Educativo de la Villa 20 en Lugano. “Uno le puede decir jamón y suena como demasiado. Era una feta de un fiambre de pollo con un color raro”, describe.
El Gobierno de la Ciudad había decidido, ante la imposibilidad de continuar con la modalidad de entrega de comida en el comedor, cambiar el almuerzo por unas “viandas” compuestas por dos sándwiches de jamón y queso, una barrita de cereal, dos paquetes de galletitas y, en algunos casos, un litro de leche o una fruta. Los alumnos recibieron ese magro almuerzo hasta el 1 de abril, cuando el Gobierno decidió cambiarlo por una “Canasta Escolar Nutritiva” de entrega quincenal, a partir de un amparo judicial presentado por las legisladoras del FITU-PTS Alejandrina Barry y Myriam Bregman.
“También junto a cooperadoras, muchas mamás y docentes interpusimos ese amparo colectivo para que se diera una comida de calidad para nuestros chicos”, relata Barry. “Con el fallo, el Gobierno tuvo que cambiar y empezar a dar bolsones alimenticios. Pero la comida que entregan no alcanza en cantidad y la calidad no cumple siquiera con la Ley de Alimentación, que habla de seis nutrientes: cereales, sus derivados y legumbres secas; hortalizas y frutas; leche, yogurt y quesos; carnes y huevos, o atún; aceites y grasas; azúcares y dulces”. Al mismo tiempo, desde la bancada se plantea que no puede entregarse un “bolsón universal”, ya que se debe contemplar las diferentes franjas etarias que tienen distintas necesidades calóricas: de 0 a 7 meses; de 7 a 12 meses; de 1 a 3 años; de 4 a 8 años; de 9 a 13 años y de 14 a 18 años.
Los bolsones repartidos incluyen -según si la escuela es de jornada simple o completa- el desayuno, almuerzo y refrigerio. Para graficar el grado de precariedad de estas entregas sólo basta con leer que, en cuanto al desayuno, se entregan cinco saquitos de té y otros tantos de mate cocido. Se supone que debería también incluir dos litros de leche y diez unidades de alimento sólido, pero la leche va y viene y los sólidos se materializan en algunas barritas de cereal o galletitas de marca -por no hablar de la calidad- completamente desconocida. “Hay veces en que se entregan dos leches y otras en las que no se da nada. Además, dos leches para quince días no alcanzan. Con lo que comen los chicos, dura alrededor de dos días”, se lamenta Alicia.
El virus, la cuarentena y la pobreza
Pero el trasfondo de esta triste realidad es el de una pandemia incontrolable, una crisis económica que oscurece el horizonte y la precariedad estructural de quienes viven en barrios con escasa infraestructura e ingresos informales. Según UNICEF, más del 60% de los menores en el país serán pobres para fin de año a causa del descalabro económico mundial producido por la Covid-19.
Federico Puy lleva diez años siendo maestro de primaria en el Normal N°5 de Barracas y tiene a su cargo dos quintos grados. “La mayoría de mis chicos son del barrio Zavaleta y de la 21-24. En estos meses sufrieron un montón de cortes de luz que, pobres, las únicas leches que les dábamos se les terminaban cortando. Muchos de ellos ya nacieron a la vera del Riachuelo y vienen con un montón de problemas de salud, además por vivir en forma hacinada. Aparte, por no tener agua se expandió mucho el contagio de Covid en barrio”, explica.
Algunos días estuvo soleado y la brisa del viento hacía la espera, en lo posible, agradable. Otros días llovió con furia, haciendo que las familias intentasen refugiarse bajo paraguas, telas o techitos. Aún así, en las escuelas la fila siempre fue numerosa los días en que llegaban los bolsones con comida. “Lo que hicimos fue diversificar horarios para que no haya acumulación de familias en la puerta y no tengan que estar esperando”, relata Federico. “Estas familias tienen una gran necesidad”, agrega Alicia y continúa: “la población de mi escuela trabaja en las ferias, en changas, por horas en las casas o en los talleres de costura. Todos empleos precarios. Entonces, cuando comenzó la cuarentena, no pudieron salir a trabajar. No entraba un peso en sus casas. Y el IFE no fue para todos, porque hubo gente que no lo pudo cobrar. Lo poco que les das te lo agradecen, pero te dicen que realmente no les alcanza y te preguntan por más: ‘¿No me podés dar dos?’. Si habrá necesidad que hacen largas filas para recibir esos saquitos de té, las dos leches, los paquetes de galletitas y la barrita de cereal. Pero no alcanza. No les alcanza”.
Alicia cuenta que en la Villa 20 de Lugano también hay varias manzanas que no tienen agua. “Allí va el camión y les entregan un poco, pero les dicen ‘no la tomen eh, que no es potable’. Por eso les dan unos sachet de agua apta para el consumo. Pero hace unas semanas en la Zavaleta salieron las familias a protestar porque también tenía feo gusto y olor”.
Uso de tapabocas, distanciamiento social y constante lavado de manos: esas son las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio. ¿Cómo puede sostenerse en cuarentena una familia que vive a partir de ingresos informales? “En los grupos de WhatsApp que tenemos con las familias incluso nos mandan su changa, para ver si alguno agarra”, continúa Alicia. ¿Cómo pueden higienizarse quienes no tienen agua? Uno de los reclamos también es el de la entrega de elementos básicos de higiene. El Gobierno de la Ciudad los oyó y envió: un jaboncito de hotel por bolsón. Fue Alicia quien subió la foto en las redes con varios de esos jaboncitos, que entraban todos juntos sin problema en la palma de su mano, donde se leía claramente que eran para “hotel”. El escándalo fue importante y el Gobierno decidió enviar un jabón algo más grande. Pero aún así se repite en eco esa frase, casi como una oración, de Alicia: “No alcanza”.
No alcanza y por eso los docentes encuentran, como pueden, soluciones parciales. “Como la canasta no tiene productos de limpieza, lavandina o detergente, eso lo donan nuestros profesores. Los docentes de nuestra escuela hacen colectas y lo compran de su bolsillo. Con eso agrandamos un poco esa canasta, con todo el esfuerzo del mundo porque cualquiera puede imaginar que a nadie le sobra ese dinero”, explica Federico.
Así, los docentes pivotean entre la pedagogía, la asistencia social, la militancia política, la contención humana. “Nosotros cumplimos muchos roles”, continúa Federico. “Más allá de que uno puede cuestionarlos, porque nuestra función debería ser pedagógica, creo también que la pedagogía es política. Tenemos un rol, si se quiere, ‘privilegiado’ por nuestra relación con las familias y los barrios que nos pone en un lugar para pensarnos como organizadores de sus demandas. Tenemos casos de gatillo fácil, de abuso policial, de chicas que desaparecen por las redes de trata, de despidos en las fábricas, y nosotros cumplimos un rol muy importante porque enseguida avisamos a todo el mundo, hacemos campañas y la solidaridad se puede acrecentar”.
Alicia también cree que su trabajo va más allá de lo estrictamente académico. Es docente de primaria desde hace más de 28 años y en todo ese tiempo vio los distintos rostros que fue tomando el país y su gente, las escuelas y sus chicos. “Yo viví el 2001, que fue terrible. Los pibes se nos desmayaban de hambre, literalmente. Recuerdo a un papá con varios hijos, excelente vestido, limpieza impecable, los chicos super educados, una famillia muy contenedora. Él se sentó y se puso a llorar contándome que estaba desocupado, que no podía salir a laburar mientras sus hijos y su mujer hacían changas. Tengo esa fotografía, ese recuerdo mejor dicho. Esta crisis de ahora es profunda, porque además uno sabe que es sanitaria, económica a nivel mundial y eso se ve reflejado en las tomas de tierras, en la desesperación de la gente que no puede pagar el alquiler. La escuela cumple un rol fundamental, haciendo visibles esas demandas, peleando junto a las familias y exigiendo lo que tiene que ser garantizado desde el Estado. Porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con gente que conocemos: niños y adolescentes con los que cotidianamente nos vinculamos y esas familias que nos confían lo más importante que tienen”.
La vieja y conocida normalidad
Aunque el triste sandwich de marzo gatilló la bronca y las innumerables idas y vueltas durante estos últimos seis meses, la cuestión de la comida en los comedores escolares se remonta muy atrás, hacia los tiempos de la primavera neoliberal y su paradigma privatizador. El Servicio Público de Alimentación en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra cartelizado por unas 19 empresas concesionarias que ganan licitaciones sin esfuerzo y cambian de nombre cada cierto tiempo cuando el esquema se desequilibra un poco.
El 22 de junio de este año, la jueza a cargo de la causa abierta por las legisladoras del FITU-PTS, Romina Tesone, exigió al Gobierno de la Ciudad que informase el costo y la cantidad de las canastas entregadas, la suma pagada a las concesionarias -antes y durante la cuarentena-, el monto del presupuesto para el servicio de comedores y la cantidad ejecutada hasta el momento. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se negó y, el 18 de agosto, la jueza le aplicó una multa de ocho mil pesos diarios al ministro interino de Educación Luis Bullrich hasta que no diera cuenta del pedido. También lo imputó penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El 23 del mismo mes, el gobierno finalmente respondió, aunque no brindó información sobre cuánto era el monto pagado a las concesionarias.
El presupuesto para el servicio de comedores durante este año es de 5.031.358.533 pesos; hasta agosto se ejecutó el 69,86%, o sea, unos 3.531.129.891 pesos. En cuanto a la cantidad de canastas, el gobierno alegó que no conoce el número exacto pero que ejecutan una cantidad fija según el número de estudiantes matriculados; por lo tanto, hasta agosto se entregaron 133.557 almuerzos -1.400 pesos cada uno-, 78.001 refrigerios -529 pesos- y 222.687 desayunos -175 pesos-. Tomando en cuenta estos últimos dos datos, desde la bancada del FITU-PTS calcularon cuánto fue gastado efectivamente en comida y surgió el siguiente número: 2.672.125.540 pesos.
O sea, de este dato se desprende que entre el presupuesto y lo efectivamente gastado en los bolsones hay una diferencia de 859.004.351 pesos. “Un presupuesto de 800 millones de pesos que no se sabe a dónde fueron a parar”, sentencia Alejandrina Barry. “Muchas de estas concesionarias fueron aportantes de Cambiemos y, además, son empresas que reciben el ATP del Gobierno Nacional a la vez que el 35% de lo que el Gobierno de la Ciudad les otorga es justamente para el pago de salarios. Mientras tanto, a sus empleados o les habían bajado el sueldo o los mantienen en forma precarizada. Realmente una estafa, una estafa con algo que es realmente gravísimo porque estamos hablando de la alimentación de los chicos y las chicas del sector más vulnerable de la sociedad”.
Sep 29, 2020 | Culturas, Novedades
La directora y guionista argentina Laura Casabé, quien lleva más de diez años incursionando en cine en los géneros de la fantasía y el terror, en octubre estrenará su más reciente trabajo: Los que vuelven.
Ambientada a principios del siglo XX, pero con un enfoque actual, la película propone una relectura sobre la estigmatización de las comunidades indígenas marginadas. Narra la historia de Julia (María Soldi), esposa de un terrateniente yerbatero de Misiones, que pierde a su bebé recién nacido y le pide a su criada guaraní (Lali González) que lo devuelva a la vida convocando los poderes de Iguazú. El niño resucita, pero también lo hacen los miembros de la comunidad con el fin de reapropiarse de las tierras que el hombre blanco les ha quitado.
La vigencia del conflicto en la actualidad inspiró a la directora a trabajar en este largometraje y a resignificar los conceptos de barbarie y salvajismo con los que se asocia al indígena. Obras como La vuelta del malón de Ángel Della Valle continúan expuestos en el Museo Nacional de Bellas Artes como grandes obras nacionales, siendo -según Casabé- una propaganda de guerra contra el indio. “Este cuadro es una suerte de maquinaria simbólica muy fuerte que estableció la idiosincrasia nacional. Propone al indio, al ‘malón’, como un animal salvaje que viene a quitarnos a nosotros, los hombres blancos, la propiedad privada que paradójicamente les quitamos nosotros a ellos. Es la grieta histórica en el planteo de civilización o barbarie que recorre la historia nacional y latinoamericana. Desde ese momento hasta ahora no ha cambiado sino que se invisibilizó aún más”, aseguró la directora en diálogo con ANCCOM.
Paula Casabé está elaborando un nuevo proyecto cinematográfico de terror basado en las obras de Mariana Enríquez.
La figura del indio “bárbaro”, “salvaje” y “demonizado” es moneda corriente en la historia del cine, pero la película adopta ese estereotipo para cuestionarlo. “Los que vuelven no son agresivos sino inquietantes, personajes que empiezan a apropiarse de aquello que les perteneció”, señaló Casabé. Fue un trabajo que requirió de mucha investigación, concientización y, principalmente, reconceptualización. “En la primera versión del guión había un saqueo de los indios a la casa y el secuestro de la mujer del terrateniente. Pero a partir de la conversación con la gente de la comunidad nos dimos cuenta que estábamos reflejando el mismo relato del cuadro (La vuelta del Malón). Lo tenemos tan impregnado que, a pesar de querer alejarnos de él, se cuela igual”, explicó. Para evitar caer en material histórico hegemónico el equipo de producción trabajó con historiadores especializados, dialogó con la comunidad misma, conformó un elenco integrado por sus miembros y tomó algunas licencias creativas.
Los desafíos también se presentaron durante el rodaje, empezando por la fuerte devaluación económica que se produjo en 2018, cuando en octubre de ese año tenían planeado el viaje del equipo a Misiones para realizar el rodaje. Una película que, inicialmente, estaba programada para seis semanas de filmación, tuvo que reducirse a cuatro, debió limitar el uso de efectos especiales y aplicar otras tantas medidas de recorte. Por otra parte, “trabajar con chicos de las comunidades marginales también fue un acto de fe, porque no teníamos manera de comunicarnos con ellos sino con el cacique. Solo nos quedaba confiar en que les pasara la información a los actores y que ellos lleguen a horario, o siquiera que lleguen”, sostuvo la directora.
Con un presupuesto limitado y una confianza a ciegas, la apuesta a filmar en la selva misionera se duplicó. “Como estábamos en temporada de lluvias y era un clima tropical, el plan de rodaje era indomable y debíamos recalcularlo todos los días. El barro rojo era muy resbaladizo y provocaba que los camiones se trabaran, la movilidad era un circo total, la luz cambiaba todo el tiempo y, para colmo, tuvimos que bajar sesenta metros del Salto de Iguazú con una actriz enferma y otra embarazada”, recordó Casabé aunque admitió que la experiencia fue difícil, pero espectacular, y aseguró que volvería a trabajar en en el mismo lugar: “Tengo ese delirio místico de que la naturaleza nos castigó, nos puso en situaciones muy extremas, pero finalmente nos permitió filmar en muy poco tiempo porque coincidía ideológicamente con nosotros”, reflexionó.
La película cuestiona el estereotipo del indicio como un salvaje o un bárbaro demonizado.
La película participó en el Festival de Cine de Mar del Plata 2019 y tenía programado su estreno nacional el pasado abril, pero la pandemia por el Covid-19 lo impidió. La solución fue la transmisión virtual y, lo que en un principio significó una oportunidad perdida para compartir el trabajo en compañía de la audiencia, pronto se transformó, para Casabé, en una nueva oportunidad para el cine nacional: “Se obtuvo muchísimo más alcance que lo que se hubiera conseguido en pantalla grande. Antes, era difícil tener una cantidad de salas disponibles y, si accedías a ellas, nunca tenías presupuesto suficiente para su promoción. Pero ahora las producciones nacionales están teniendo mucho público porque se estrenan en la web y se federalizan”. La directora ejemplificó con El acecho, una película dirigida por Francisco D’Eufemia y estrenada el pasado 6 de agosto por la plataforma de streaming Cine.ar con más de 40 mil espectadores diarios, un alcance exorbitante para el cine independiente argentino.
El cine nacional apuesta cada vez más a géneros que antes se asociaban casi exclusivamente a la producción anglosajona. Para Casabé: “El cine nacional, en este momento, es muy heterogéneo. Hay de todo. Hubo un crecimiento del género fantástico, que antes se mantenía en los márgenes. Y viene acompañado de los estrenos virtuales, el mayor acceso del público y su formato gratuito”. La directora ya tiene un recorrido explorando este género con películas como El hada buena: una fábula peronista (2010) y La valija de Benavídez (2016).
Actualmente, Casabé está elaborando un nuevo proyecto cinematográfico de terror basado en las obras de Mariana Enríquez, con una fuerte apuesta a la crítica política y social. Mientras tanto, se podrá disfrutar del estreno de Los que vuelven el jueves 1° y el sábado 3 de octubre en Cine.ar TV y en el Autocine al río en San Isidro el domingo 4.
Sep 24, 2020 | Culturas, Novedades
Salón Pueyrredón.
La llegada del Covid-19 a Argentina, casi como si fuera un tsunami, arrasa con todo. En el caso de los boliches y bares de AMBA, con el paso de los días la situación se agrava porque el hecho de no poder abrir sus puertas convierte a los locales nocturnos en un proyecto no sustentable. Una situación que golpea a todos por igual, desde pequeños centros culturales hasta bares rockeros tradicionales y muy reconocidos. Ante el futuro incierto de la pandemia, a todos los amenaza el cierre como la salida final ante la imposibilidad de solventar el pago de los gastos fijos por la falta de ingresos.
Tal es el caso del Salón Pueyrredón (situado en Santa Fe 4560). La mítica sala punk rock existe desde 1997, y ha atravesado varias crisis, tal como cuenta uno de sus dueños, Horacio Batra Luna: “Corralito, Cromañón, y la del último gobierno macrista. Antes de la pandemia, ya veníamos de un verano de mierda, luego de cuatro años en donde fue bajando el consumo un 50% anual, más una inflación desbordada, entonces se fue haciendo insostenible la situación”.
Y a todo lo malo que ya venía sucediendo ahora se le suma la dura realidad del párate de la cuarentena, en donde se acumulan las deudas (alquiler, servicio eléctrico, gas…): “Estamos a la espera del apoyo de la Secretaria de Cultura de la Ciudad con los subsidios que están aprobados para pagar lo que ya debo y si alcanza seguir pagando a futuro algo para ir viendo. Si no fuese así ya tendría que haber cerrado. Es una lógica, no podés estar seis meses sin trabajar endeudándote para un futuro incierto”, explica Batra y continúa: “Si vos me preguntás que voy a hacer a futuro, no tengo idea. Porque esta es una situación que se vive semana a semana. Nadie puede programar nada a futuro, nadie sabe que va a pasar, cómo va a reaccionar la gente después de la cuarentena. Si va a salir a la calle, si se van a juntar, si van a tener plata. Hay miles de factores, como siempre marcados por la economía del país, y en este caso también por las medidas sanitarias.”
Horacio Batra, dueño de Salón Pueyrredón.
El Bar Rodney en el barrio Chacarita tiene mucha historia. Con más de 41 años a cuestas se ha convertido en un referente de la bohemia y la escena rock porteña. Ha albergado a bandas de rock, jazz, tango y reggae, también, actividades literarias y exposiciones. Sin embargo, estos pergaminos no le permitieron esquivar la crisis actual por la pandemia. El músico y productor Harry Igualador es la palabra autorizada a la hora de hablar del momento actual del bar ya que es el que está al frente del emprendimiento desde 2006: “Estamos piloteando la situación como podemos. La luz y el gas no los pago hace tiempo. Lo que nos permite sobrevivir es que, afortunadamente, el gobierno no autoriza el corte del suministro del servicio. Debo unos meses de alquiler pero las dueñas del lugar, que tienen empatía conmigo, me permiten no pagarlos hasta que pueda hacerlo. Logramos protocolos para transmitir por streaming y estamos con unos proyectos de hacer un montón de movidas artísticas. La gente nos apoya comprando una entrada muy económica. El músico se lleva una moneda, el resto se reparte entre la productora y nosotros. Esto nos ayuda a atravesar este momento para seguir vivos.”
El Rodney, incluso, se adhirió al take away: “Yo también reparto. En un radio de 4 kilómetros, les llevo el pedido a los clientes con mi propio auto. Sin embargo, no llegamos ni al 20% de la facturación real. Claramente, estamos lejísimos de lo que necesitamos facturar. Veremos ahora que sacamos unas mesitas a la vereda”, comenta Igualador.
Durante el gobierno macrista el productor había vendido su vehículo particular para afrontar pagos: “Los aumentos de los servicios habían sido de 1.000% y no podía subir un 1.000% la cerveza que vendo”, agrega Harry.
En Martínez, zona norte del Gran Buenos Aires, se ubica el City Bar que funciona desde hace 23 años ofreciendo shows en vivo. Allí llegaron a tocar más de 20 bandas por fin de semana. Su dueño, Alejandro Polako Salvatore, plantea su delicada situación: “Lo único que espero es que aparezca la vacuna cuanto antes. Cuando empezó la cuarentena, tenía una plata ahorrada hasta fin de mes que ya usamos. Cuando vi que esto no funcionaba, mi suegro nos empezó a prestar dinero de su jubilación porque tenemos dos nenes chicos. Mi mujer, que es psicóloga, empezó a trabajar online pero no alcanzaba así que, también, vendí la camioneta Suran que tenía. Con eso pude comer y cancelar el colegio de los chicos hasta fin de año. Di de baja la obra social. Contacté a un amigo y me puse a vender pantuflas de Disney, y con eso estamos comiendo. Por suerte nos alcanza para pagar el gas y la luz pero nada más. La única ventaja que tengo es que el local es propio”.
No todos cuentan con el alivio de ser propietarios de su local, como en el caso del Bar Serse de Ramos Mejía, que funcionaba desde hace cuatro años y cerró porque no pudo aguantar tantos meses cerrados. Como cuenta Maximiliano Eliseiri, dueño del lugar: “Éramos un bar cultural. Teníamos una grilla de entre tres a cuatro bandas por día de jueves a domingo. Los domingos metíamos festivales desde temprano. Antes de la pandemia, iba a renovar el contrato por tres años más. Pero esto se estiró y el dueño del local me exigió el pago de los alquileres. Había una posibilidad de refinanciar los meses atrasados pero el día que abriéramos lo haríamos con una deuda de más de 200 mil pesos que no sé si iba a poder levantar. Por eso quedamos en una rescisión de común acuerdo. Acá en la zona ya cerraron sus puertas alrededor de diez locales, algunos con mucha antigüedad”.
Los centros culturales tampoco saldrán ilesos de esta crisis. Silvina Marcelino, una de las referentes principales de Casa Elefante, espacio cultural que está enfrente de la estación de Burzaco desde hace 5 años, señala: “Casa Elefante es un multiespacio donde se hacen muchísimas actividades de carácter más social y otras de contenido cultural. Veníamos trabajando con bandas los sábados a la noche, barra de bebidas y comidas. Generalmente se cobraba un bono contribución o algunas bandas iban a la visera”.
En la actualidad, el Centro Cultural forma parte de la Asamblea de Trabajadores de la Cultura Conurbano Sur que engloba a gestores culturales, músicos, camareros, personal de limpieza y mantenimiento, operadores, sonidistas, teatreros, profes, etc. Un amplio espacio que reúne a la mayoría de los trabajadores de la cultura que trabajan, generalmente, en negro, y que, en este contexto, tienen que generar otras formas de ingresos. Por otra parte los espacios culturales también se configuraron como escenario de ollas populares y de una red de sostenimiento alimentario para la comunidad artística. Esto se genera sin apoyo estatal, de manera autogestiva con la colaboración de vecinos y amigos.
En este punto, Marcelino es contundente: “Ahora estamos sobreviviendo pero si seguimos acumulando deudas no hay centro que aguante. Es una lucha diaria y los meses van pasando. Nosotras tenemos un tope de deudas y si llegamos a pasarlo quizás tendremos que pensar en cerrar. Estamos gestionando todo para no hacerlo pero es una posibilidad. No estamos exentos de eso”.
La complejidad del presente no necesariamente sea más que sencilla que la del futuro. Los efectos del Covid-19 sobrepasan la crisis sanitaria y se trasladan al tejido sociocultural de nuestro país. Dentro de este panorama, la pandemia ha dejado un tendal de crisis y problemas irresolutos para los bares y boliches, ni hablar de los centros culturales. El futuro es incierto y quedará saber cómo se reconstruyen todos ellos.
Sep 24, 2020 | DDHH, Novedades
Este jueves en la sesión de Diputados será tratado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú por haber sido adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo ya obtuvo media sanción en el Senado de forma unánime y, en la Cámara de Diputados, un dictamen de comisión también por unanimidad. Resta que el Tratado sea aprobado para que Argentina se convierta en el décimo país en ratificarlo, siendo necesarios once países para que entre en vigencia. Hasta el momento, de los veintidós países firmantes sólo nueve lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
La diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar afirma que si Argentina ratifica el Acuerdo “se convertirá en líder en temas ambientales, resonando con la reconocida referencia en materia de derechos humanos. El Tratado brinda herramientas concretas para transformar la gobernanza ambiental en Latinoamérica y el Caribe, haciéndola más abierta y participativa. Además, es reivindicativo de la militancia ambiental porque impulsa de manera activa la incorporación de la diversidad de voces, demandas históricas y saberes construidos colectivamente en la elaboración de políticas públicas ambientales”.
El Acuerdo de Escazú nació a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012. Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y uno de los representantes electos ante el comité de negociación, el Acuerdo “brinda herramientas vinculadas con el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, que hace referencia al acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia, habida cuenta de que muchos países de la América Latina y el Caribe no tenían legislación vinculada con esos temas o aquellos que la tenían contaban con problemas de implementación, como es el caso de Argentina”. Por esta razón se elaboró un artículo destinado al fortalecimiento de las capacidades nacionales y a la creación de un Fondo de Contribuciones Voluntarias para apoyar al financiamiento de la implementación en cada país.
Protesta en la ciudad de Rosario por los incendios intencionales en las islas del Delta del Paraná.
El Acuerdo se distingue por ser el primer tratado en el mundo que incluye la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Nápoli explica que “la incorporación de estas disposiciones vino de la mano del pedido del público y de la situación crítica que está viviendo la región. Por ejemplo, uno de los casos más fuertes que nos tocó enfrentar en este tiempo fue el asesinato de Berta Cáceres, una militante de Honduras que murió por defender su territorio en contra de una construcción de represas”. Según el último informe de la ONG Global Witness, en 2019 fueron asesinadas 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, por lo que es la región más afectada siendo Honduras el país per cápita más peligroso de 2019.
Para Luisa Tang, integrante de Alianza por el Clima, una coalición de jóvenes, movimientos y organizaciones socioambientales que luchan por la crisis climática, el reconocimiento de los derechos ambientales da cuenta de una revisión institucional histórica en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú. “Tenemos una deuda por no haber visto antes la vinculación entre los derechos humanos y ambientales. Hay mucho por construir y en el empoderamiento de la juventud surge la necesidad de dar debate y ganar derechos. Por eso este Acuerdo es tan importante. Ya no hay futuro posible en el que no pongamos en debate los impactos ambientales”, asegura Tang.
A la espera de la ratificación en Diputados, Tang afirma que promover el Acuerdo en nuestro país implica también un gran desafío a nivel regional: “La ratificación en Argentina podría impulsar a que otros países aprueben el Acuerdo para que entre en vigencia”. A la fecha se encuentran a la espera México y Costa Rica, mientras que Chile, a pesar de haber sido el principal impulsor del Acuerdo, comunicó que no lo firmará alegando posibles “controversias internacionales” que pondrían en riesgo la soberanía del país.
Resta por verse qué posición adoptará Argentina en este momento histórico marcado por la pandemia en donde se han expuesto las consecuencias de la crisis social y ecológica.
Sep 24, 2020 | Comunidad, Novedades
En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal cuenta con una Unidad especializada (UFEDyCI) encargada de investigar los delitos y contravenciones cometidos a través de medios digitales. Si bien la justicia porteña no actúa en los crímenes relacionados con el robo de datos de tarjetas de crédito, estafas online o irregularidades en sitios de compra-venta, su acción se torna relevante cuando se trata de acoso, suplantación de identidad, distribución de pornografía y circulación de imágenes privadas sin consentimiento, entre las que destacan la llamada pornovenganza. Con sólo recortar la primera semana de septiembre se observa que un 20 por ciento corresponde a delitos de grooming: de las 63 denuncias tomadas por la Fiscalía, 12 fueron por contactos con menores de 18 años con fines que afectan la integridad sexual.
En el año 2013 se incorporó como delito de grooming al Código Penal (Ley 26.904), el cual establece una pena de 6 meses de prisión a 4 años, y entiende esta práctica como acoso sexual sobre menores de edad mediante el uso de herramientas informáticas. El grooming se debe denunciar, pero en la vida diaria, la educación y los programas de prevención son las formas más efectivas para evitar que los adultos dañen a los más pequeños.
Desde el 20 de marzo, el decreto 297/2020 impuso restricciones de emergencia, y el tráfico de Internet en los hogares llegó, entre marzo y abril, a un incremento del 35 por ciento, para luego estabilizarse, según lo registró la Cámara Argentina de Internet (Cabase), al comparar los consumos de datos con febrero de 2019. Los trabajos, las actividades y la escolarización en todos los niveles se virtualizó. Las niñas, niños y adolescentes que en Argentina poseen acceso a las redes sociales, pasan más tiempo frente a las pantallas y su exposición a diversos riesgos ha aumentado. Entre ellos, se destaca el contacto virtual que afecta la integridad sexual infantil.
Entre los 14 y 17 años, 6 de cada 10 chicos se comunican con adultos desconocidos en Internet.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación brinda la línea 134, gratuita y confidencial, en la que se ofrece información, asesoramiento y se toman denuncias. Asimismo, desde el portal Argentina.gob.ar se informa que “No todo el mundo dice ser quién es. Cuando un adulto contacta a un niño, niña o adolescente a través de Internet con el fin de acosarlo sexualmente es grooming. Es un delito y se debe denunciar”.
El portal indica que desde ese ministerio se mantiene un fuerte compromiso con acciones de concientización en medios de comunicación para combatir el grooming. La campaña involucra a diferentes organismos del Estado, entre los que se destacan las producciones de Contenidos Públicos S.E., a través del Canal Encuentro y Paka Paka. También se está trabajando en series audiovisuales, para comunicar desde todos los medios públicos líneas de prevención y acción contra esta problemática.
Según un relevamiento de la organización sin fines de lucro Grooming Argentina, “6 de cada 10 chicos se comunican con adultos desconocidos en Internet”; y, entre los 14 y 17 años, “3 de cada 10 adolescentes fue a un encuentro personal con un desconocido”. Dicha organizacion, creada en 2014, es la primera en el mundo especializada en el acoso sexual a menores con el uso de plataformas digitales.
Hoy, los crímenes cibernéticos están al alcance de todos los usuarios de Internet. Por ese motivo, la supervisión por parte de los adultos responsables debe ser central frente a los potenciales abusos a menores, quienes se encuentran ante una exposición permanente.
“Hablá con tus hijos, antes de que otro lo haga”, advierte Grooming Argentina. Se trata de un proceso en el que los adultos deben intervenir, porque puede durar semanas o, incluso meses, explican en la página de la ONG. En sus redes sociales hay videos informativos, charlas y posteos para reforzar la prevención, concientización y erradicación de este delito, que provoca daños irreversibles en el aparato psíquico de la víctima.
Por ello, recomiendan no reenviar, interactuar ni comentar contenidos relacionados con estas prácticas y radicar la denuncia, ya que de lo contrario se estaría advirtiendo al victimario.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ofrece una Guía Práctica para adultos como parte del Programa Con Vos en la Web, en el que se aborda esta problemática, entre otras, con el objetivo de informar, asesorar, concientizar y ayudar al adulto a cómo detectarlo y cómo manejarse ante el ciberacoso.
El delito de grooming está castigado con penas que van de los seis meses a los cuatro años de prisión.
El grooming también es definido como “toda acción que tenga por objetivo minar o socavar moral o psicológicamente a un niño, con el fin de conseguir su control a nivel emocional para un posterior abuso sexual, por lo que se trata entonces de un supuesto de acoso sexual”. No obstante, la norma no es tan específica y, de su lectura, no necesariamente se desprende que el abuso busque un posterior encuentro interpersonal.
En el Código Penal el artículo 131 tipifica que “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.”
Por ende, no se menciona ninguna distinción respecto al contacto virtual o físico, lo cual genera interpretaciones diversas sobre la aplicación de la norma.
Frente a la sospecha de una situación de grooming, resulta fundamental e importante para la víctima, no eliminar las pruebas y realizar la denuncia correspondiente. Esto lo plantea Daniela Schnidrig, en un exhaustivo documento elaborado por el CELE (Centro de Estudios en Libertad de Expresión) que también recoge lecturas de especialistas sobre la ambigüedad del mencionado artículo. La autora entiende que es necesario pensar y buscar respuestas a las amenazas reales que puedan existir para niños, niñas y adolescentes, sin demonizar Internet.
El grooming podría ser facilitado por la tecnología, pero no significa que el abuso deba ser únicamente por un dispositivo tecnológico, si bien ha crecido con el consumo digital, el medio por el que se lleven a cabo las conversaciones o relatos de contenido sexual puede ser por la computadora, como con un adulto que merodea una institución escolar o en ámbitos intrafamiliares. Se trata de una práctica dañina que llegó para quedarse.
Si bien el Código Penal consideraba los delitos “contra la integridad sexual” en su título tercero, recién en 2013 tipificó el contacto por medios electrónicos por la Ley 26904 y, en 2016, por resolución del Ministerio de Seguridad se lo incluye dentro de los protocolos de actuación que persiguen crímenes cibernéticos.
Cabe destacar la disponibilidad de herramientas que pueden facilitar la concientización de este tipo de abusos cuando los responsables desconocen cómo abordar la problemática. La Ley 26150 de Educación Sexual Integral (ESI) garantiza para todos los establecimientos educativos de gestión pública o privada, un programa que acompaña la maduración sexual de las niñas, niños y adolescentes. El mismo ha sido objeto de controversias y reclamos tanto en su diseño como en su aplicación efectiva.
