Oct 22, 2020 | Novedades, Vidas políticas
A un año de que la derecha y la OEA desconocieran la elección del 20 de octubre, el pueblo boliviano volvió a imponer su voluntad en las urnas y consagró como fórmula electa a Luis Arce y David Choquehuanca, pertenecientes al MAS, el partido liderado por Evo Morales, que arrasó con más de la mitad de los votos. En diálogo con AMCCOM Federico Fagioli relató lo acontecido en su experiencia como veedor en las elecciones del país vecino, Stella Calloni realizó un análisis de lo acontecido con una mirada regional y referentes de la comunidad boliviana en Argentina contaron cómo vivieron los comicios de este lado de la frontera.
“El triunfo del MAS en el Estado Plurinacional de Bolivia es el triunfo de los pueblos de nuestra Patria Grande. Los sectores populares se impusieron para frenar el avance de un proyecto neoliberal, conservador, basado en la violencia, el racismo contra los pueblos indígenas, la discriminación y la dependencia” afirmó Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos, y agregó: “Ellos demostraron la fuerte construcción identitaria que no puede ser aplastada, como intentaron hacer con la Wiphala. Demostraron que son un pueblo digno y firme”.
“Este fue un gran triunfo. Era lógico que iba a ganar el MAS. En las pasadas elecciones, que ganó Evo Morales, se quemaron cuatro centros electores en lugares siempre muy favorables a Evo, así que creo que la cifra con que ganó era incluso mucho mayor de lo que se vio”, sostuvo Stella Calloni, quien acaba de publicar su nuevo libro Golpe en Bolivia: Washington ordenó, la OEA ejecutó. La escritora e intelectual señaló que tras el gobierno de Jeanine Áñez lo que quedó es “un terreno arrasado y minado. El binomio Arce – Choquehuanca tiene que enfrentar una situación muy distinta a la que habría si fuera como continuidad del gobierno de Evo Morales”.
Evo Morales festejó el triunfo de Arce en la Argentina.
En la comunidad boliviana argentina vivieron el 18 de octubre con una mezcla de alegría, tensión y expectativa. Lucía Pari, Presidenta de la Asociación Civil Juana Azurduy, tuvo una participación activa en el desarrollo de los comicios: “Estamos alegres por todo, sobretodo los abuelos que son los más favorecidos. Con Evo consiguieron un montón de cosas, allá no les falta nada. Después de todos los maltratos que pasaron, si ganaba Carlos Mesa ellos hubiesen sufrido mucho más”. Desde Baradero, Fernando Hinojosa, presidente de la Colectividad Boliviana en ese distrito, contó que se vivió como un “día de fiesta, por poder ir a votar, ejercer nuestro derecho”.
Fueron alrededor de 142.000 los bolivianos residentes en Argentina quienes se acercaron a las urnas el domingo, pero sostuvo Pari que “podrían haber sido muchas más las personas que hubiesen ido a votar. Los días anteriores estuvieron bastante complicados: han cambiado las escuelas, las direcciones, han confundido a la gente. El gobierno de Argentina ha hecho todo lo posible, incluso cuidar a Evo Morales, para que sean unas elecciones tranquilas. Lo que pasó es responsabilidad del gobierno de Bolivia. Hoy estamos más tranquilos porque si bien sabemos que la mayoría vota por el MAS y nos esperábamos la victoria que se dio, así como hicieron posible el fraude el año pasado, también lo podrían haber hecho ahora”, señaló la presidenta de la asociación. Por su parte, Hinojosa destacó que “es esperanzador ver que se aceptó el resultado por parte del gobierno de facto y los otros candidatos, era el riesgo que corríamos, que intentaran hacer algo como la vez pasada”.
En Bolivia, los días previos a las elecciones, se configuraba un panorama de profunda tensión. Al respecto, Federico Fagioli relató: “Fuimos invitados como veedores por la presidenta del Senado, Eva Copa, para asegurar el transparente desarrollo de los comicios. Cuando llegamos a La Paz, luego de haber hecho nuestra formal entrada al país, nos recibió Murillo (Arturo, designado inconstitucionalmente Ministro de Gobierno por la dictadora Áñez), con la policía. Me acusaron de haber cometido delitos de lesa humanidad. Así como suena: una locura digna de quienes usurpan el poder democrático”. Tras negarse a firmar un papel en el que se asentaba esta acusación, “recurrieron a la fuerza e intentaron separarme y meterme a una camioneta con vidrios polarizados que no tenía identificación. Imaginate lo que fue para mí ver que las fuerzas represivas de una dictadura me quería meter en una camioneta de esas características”.
Esta situación recién pudo resolverse después de muchas horas de negociación y con la intervención del gobierno nacional argentino, de Lucas De María, Sebastián Martínez Cabail y Diego Garcés -funcionarios de la embajada Argentina- y de distintos organismos como el Tribunal Superior Electoral de Bolivia y la ONU. “Una vez que las cosas se tranquilizaron, sucedió la segunda parte, igual de absurda y violenta que la primera: Murillo dio una conferencia de prensa donde pretendía dar su versión de lo que había acontecido en el aeropuerto conmigo. Pretendió subestimar al pueblo boliviano que ha dado sobradas muestras de su grandeza, negando la violencia y acusándome de mentiroso. Por suerte hoy en día los celulares tienen cámara y hay sobrada evidencia que avala mi relato y el de los compañeros mencionados”, repuso el diputado y agregó que “en ese contexto (Arturo Murillo) expresó que me declaraban ‘persona no grata’ y que no era bienvenido por haber participado el año pasado de una comitiva por la paz con organismos de Derechos Humanos”.
En la Argentina, votaron más de 142.000 bolivianos.
“Por toda la intervención nacional e internacional que comenté, con grandes recaudos y cuidados, pudimos realizar nuestra función de veedores internacionales participando de la apertura del acto electoral en los distintos sitios de votación, recorriendo centros electorales y estando presentes para el cierre de los comicios. Luego, observamos el proceso de carga de datos y difusión de los resultados desde el Centro de Operaciones”, contó Fagioli. “Fue una experiencia maravillosa, un magnífico acto electoral, masivo y transparente. Al ser un triunfo tan contundente, cualquier intento pensado de alterar la voluntad popular fue desistido. El pueblo boliviano celebró una fiesta democrática. Y la verdad que es un enorme orgullo haber sido parte de ese proceso, con la coherencia que expresamos y el irrestricto apoyo a la voluntad de los pueblos, siempre”.
Si bien el triunfo del MAS supone una victoria fundamental para los sectores populares que representa, Calloni, escritora especializada en política internacional, no descarta que la derecha seguirá ejerciendo presiones para el nuevo gobierno ya que “mantiene el poder real, en las fuerzas militares y el poder económico”, y advirtió que “hay que mirar todo con mucha cautela, aún reconociendo la histórica respuesta del pueblo boliviano, que desde el primer momento resistió”.
“En este tiempo (el gobierno de Áñez) ha devuelto el país a muchos de los sectores que conspiraron contra el gobierno del MAS y sus medidas. Tomaron decisiones que jamás debería haber tomado un gobierno transitorio, como privatizaciones, devolver la presencia a la DEA, la CIA, el FBI, cerrar embajadas de varios países, tomaron medidas muy fuertes en política exterior”, aseguró Calloni y añadió que “algo muy grave es la cantidad de armamento que entró a Bolivia, abrir las puertas nuevamente al paramilitarismo que ha sido siempre una tragedia para el pueblo boliviano”.
En este sentido, Hinojosa, profesor de Informática en Baradero, coincidió en que “va a ser una etapa difícil. Tenemos un país que ha sido devastado económicamente en poco tiempo, por el gobierno de facto y por la pandemia. Se contrajo una deuda enorme en Bolivia, la pobreza aumentó muchísimo, volvió a crecer la desigualdad social y la desocupación. Y, aún sin tener atribuciones para hacerlo, privatizaron empresas del Estado”. “Yo creo que Arce va a trabajar para sacar adelante el país que en un solo año dejaron casi en la miseria”, sintetizó Pari.
“El gobierno de facto llevó a Bolivia de ser un ejemplo de crecimiento económico en el mundo a una profunda crisis social, económica y sanitaria. Los bolivianos y las bolivianas no estaban dispuestos a entregar su estado plurinacional, entonces se apropiaron de las herramientas constitucionales, para dar una lección no solo a los dictadores de Bolivia, sino a todos los que intenten deslegitimar a los pueblos de toda nuestra América: ‘¡Aquí no se rinde nadie, no pasarán!’”, concluyó el diputado nacional.
La amplitud del triunfo del MAS superó ampliamente todos los pronósticos.
Una alerta para toda la región
“Tenemos una situación muy difícil en toda América Latina. El mismo día de las elecciones en Bolivia, en Chile se estaban produciendo las más grandes manifestaciones en la historia de ese país. Me recuerda a todas aquellas manifestaciones que se produjeron en América Latina en contra del neoliberalismo que se había establecido en los ’90, siendo el único continente en el mundo que derrotó los planes neoliberales de esos tiempos”, apuntó Stella Calloni. Además advirtió que “Estados Unidos decidió intervenir en todas las elecciones en América Latina, hay mucho dinero circulando para evitar que gane un presidente, muchas trampas. Y es algo que quieren imponer en toda la región. Cada actitud que toman las derechas latinoamericanas en el gobierno nos crean más compromisos de dependencia hacia el futuro, que ya no podemos aceptar”.
En este sentido, Federico Fagioli aseguró que “esta victoria representa un freno visible a la injerencia del Departamento de Estado norteamericano en nuestro continente y un debilitamiento de las fuerzas de derecha articuladas en el Grupo de Lima. A nivel regional -agregó- esto nos da un nuevo aliento para reactivar las alianzas necesarias para dar la batalla por la dignidad de nuestros pueblos. Como siempre decimos, nuestro proyecto es continental, regional, queremos una Patria Grande hermanada, que camine hacia el mismo horizonte de justicia e igualdad para los pueblos”.
“Este debe ser un momento de enorme reflexión para todos, hay muchas cosas que se pusieron en evidencia y hay que aggionarse a los nuevos tiempos, en donde es evidente que es necesaria otra distribución de la riqueza”, concluyó Stella Calloni.
Fernando Hinojosa señaló que “en la historia de Bolivia esto va a quedar como una etapa muy triste, pero también como un aprendizaje del pueblo que exigió rápidamente sus derechos de nuevo. Si bien nos pareció eterno, en un año pudimos recuperar la democracia”. La experiencia en Bolivia evidenció que el pueblo no está dispuesto a tolerar más gobiernos impuestos mediante golpes de Estado y que la organización en pos de la defensa de los derechos de los sectores populares una vez más hizo valer la voluntad de la mayoría. Al respecto, Lucía Pari concluyó que “antes no se veía tanta unión y hoy sí. Se notó la unidad, la potencia y el trabajo para demostrar a Bolivia que desde Argentina estamos todos con ellos”.
Oct 21, 2020 | Comunidad, Novedades
La puja de intereses entre propietarios e inquilinos no es una problemática actual. Sin embargo, en el contexto de la pandemia del Covid-19, se presentan nuevos desafíos que deben ser contemplados. El 30 de septiembre entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres sancionada por el Senado que busca dar un marco normativo en medio de una crisis que ha agravado las desigualdades ya presentes: sobreendeudamiento de las familias, problemas de acceso a la vivienda, imposibilidad de acceso al crédito hipotecario y la actual caída en los índices de la construcción. En entrevista con ANCCOM, los abogados especializados en Derecho Civil Nadia Romina Sánchez Mattas y Hernán Enrique Fernando Luna analizaron que esta ley tiene como objetivo “flexibilizar la relación contractual entre inquilino y propietario, con el fin de evitar inconvenientes y marcando cuáles son los roles de esta relación bilateral”. Para los letrados, aunque la norma busca ajustar la relación contractual entre ambas partes, “sigue habiendo incertidumbre en varios aspectos” porque “no resuelve la problemática de fondo que es la falta de acceso a la vivienda de la población, porcentaje que se incrementa año tras año.”
La nueva ley establece la modificación de diez artículos de normas preexistentes (del Código Civil y Comercial Nacional y de la Ley Nacional de Mediación Obligatoria 26.589). Determina que el nuevo plazo de alquiler mínimo es de tres años -permitiendo un ahorro en el costo de renovación-, dispone una actualización anual (y no semestral) del precio de todos los contratos sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE), establece que todos los contratos deben registrarse en AFIP, fija que el depósito en garantía sea de sólo un mes y con un monto no mayor al primer mes de alquiler y que las expensas extraordinarias sean abonadas por el propietario, entre otros puntos. En relación a la renovación dispone que, dentro de los tres últimos meses del contrato de alquiler, cualquiera de las partes puede convocar a la otra para acordar la renovación del contrato. Sin embargo, tal como figura en la ley “si el locador guarda silencio o se niega a llegar a un acuerdo y está debidamente notificado, el inquilino puede finalizar el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización”. Sanchez Matta y Luna plantearon que la nueva legislación “por un lado, brinda al inquilino tranquilidad de cuáles van a hacer los parámetro de actualización del canon locativo y con respecto a los propietarios lleva a la preocupación de un desfasaje del índice, porque a veces la actualización anual hace perder el valor del alquiler real y perjudica al propietario”.
¿Cómo interpretan la aplicación de la nueva normativa propietarios e inmobiliarias? Antes de la ley, en medio de la incertidumbre al comienzo de la pandemia, se estableció el Decreto 320/2020 que dispuso principalmente el congelamiento de alquileres, prórroga de contratos y suspensión de desalojos durante seis meses –período que se acaba de extender hasta el 31 de enero de 2021-. Sin embargo, las decisiones y los sucesivos acuerdos fueron particulares de cada relación entre locador y locatario. “Hicimos un acuerdo al comienzo de la pandemia, debido a que nos aumentaban el precio en marzo y nosotros no podíamos pagar. Entonces pedimos por favor que se nos respetaran dos meses más con el precio anterior (el de ese momento) y que posteriormente le pagaríamos lo adeudado”, contó Sabrina Fuks, inquilina, en diálogo con ANCCOM.
La crisis ocasionada por la pandemia fue totalmente transversal y, desde el punto de vista de un propietario oriundo de Mar del Plata -que prefirió mantener su nombre en reserva- afectó tanto a locatarios como a locadores, difiriendo además si se trata del rubro vivienda o comercial. “La gente, más allá de la crisis, tiende a cuidar el alquiler más y hacen lo que sea posible para pagar; esa es la realidad”, expresó el propietario, diferenciando que la situación de los alquileres comerciales, que es más preocupante, ya que muchos han sido desocupados. “Sobre todo en el rubro de gastronomía, fue devastador la cantidad de locales que han cerrado: algunos muy añejos, otros no tanto pero fue tremendo el impacto”, observó. Desde su posición, analizó que la nueva legislación produjo una retracción de la oferta que impacta negativamente en ambas partes. En su apreciación, el precio de los alquileres debería regirse por la ley del mercado y no por intervención del Estado, según argumentó: “Me hubiese quedado con la legislación anterior. Lo que hay que establecer es mayor flexibilidad para que haya condiciones negociables que se puedan pactar libremente, porque aun cuando parecería perjudicar al inquilino, lo que hace es beneficiarlo por mayor oferta”, expresó. En este mismo sentido, la abogada Natalia Salsamendi agregó que “uno de los efectos no deseados es la baja en la oferta de inmuebles para alquilar, lo que consecuentemente podría producir un aumento en los precios dada la gran demanda. Incluso, tal situación nos puede retrotraer a los que se vivió (y se vive) respecto a que el locador impone las cláusulas más convenientes para él, viéndose nuevamente el locatario obligado a suscribir un contrato de adhesión, debido a la necesidad habitacional”.
La Ley 27.551 añade varias condiciones que el locador debe respetar tales como la prohibición de exigir al inquilino el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes ni pedir una garantía que supere cinco veces el valor mensual. A su vez, debe tener a su cargo tanto el pago correspondiente de expensas extraordinarias como los gastos destinados a la conservación del inmueble. “Pagamos expensas y no considero que sean costos acordes: no contamos con seguridad, solo tenemos portero, tampoco con ningún servicio, ni pileta, ni gimnasio y el precio que estamos pagando actualmente es el mismo que otros edificios que sí cuentan con todos esos servicios”, agregó Fuks.
Sobre los efectos que pueden llegar a desencadenarse a partir de la nueva legislación, la principal preocupación es que no se respete. Según evalúan Sanchez Mattas y Luna, esto es plausible porque no existe un ente que controle el cumplimiento de la misma. “Lamentablemente, como estamos acostumbrados, hecha la ley, hecha la trampa: por ejemplo, la nueva ley pone claramente en cabeza del propietario el pago de impuestos provinciales y tasas municipales, pero lógicamente el propietario no va a querer ceder en su posición por lo que entendemos que trasladará esta ‘nueva obligación’ al aumento del precio de alquiler”, especificaron. Como amplió Fuks: “Se respetó la ley, por así decirlo, hasta ahora. Pero recibí presiones de un fuerte aumento, habiendo ya aumentado hace seis meses, al inicio de la pandemia. Soy consciente de que la nueva Ley de Alquileres permite aumentos anuales y no cada seis meses, comuniqué esto con mi inmobiliaria pero no hubo ningún acuerdo, por eso es que me voy.” Por su parte, Salsamendi agregó: “Si bien se puede denunciar a las inmobiliarias y corredores ante el cuerpo colegiado en caso de no cumplir las disposiciones establecidas, lo cierto es que la legislación no regula las sanciones a las cuales deben atenerse”.
La nueva Ley de Alquileres que nació para brindar soluciones, inexorablemente, desencadena nuevas problemáticas. Para Sanchez Mattas y Luna, entran en puja intereses tales como la calidad habitacional y el derecho de disposición del bien del propietario. A su vez, aparece la cuestión sobre la legislación de un estado de derecho en la justicia de las reglas del juego económico de una sociedad. Los abogados reflexionaron: “Como nos enseñó el gran León Tolstoi, ‘¿Cuánta tierra necesita un hombre?’”
Oct 21, 2020 | Comunidad, Novedades
En lo que va del año, 14 provincias presentaron focos de incendio. Entre ellas, Córdoba lleva hasta el momento 182.724 hectáreas quemadas, cifra récord desde 1999.
Según Santiago Rodríguez Tarduchy, brigadista en Agua de Oro, si bien en la provincia los incendios son normales, nunca había presenciado uno como el de este último año. Desde agosto, la Brigada Chavascate, de la que Rodríguez Tarduchy es parte, viene trabajando ininterrumpidamente convocada por los cuarteles de bomberos que no dan abasto.
Tarduchy afirma que las causas accidentales existen –como la negligencia en el mantenimiento de tendidos eléctricos, disputas entre paisanos o algún que otro pirómano–, pero que no son frecuentes. En la mayoría de los casos, tal como lo informa el Reporte Nacional del Manejo del Fuego, los incendios forestales se producen por intervenciones humanas y la principal es la preparación de áreas para el pastoreo.
Desde mayo, la provincia se encuentra envuelta en llamas y nadie parece plantear una solución acorde. Las primeras declaraciones del gobernador Juan Schiaretti, haciendo énfasis en la sequía como causante de la desgracia, no estuvieron a la altura de la situación. “Es un discurso perverso e irresponsable de la máxima autoridad provincial, porque invisibiliza que el cambio climático tiene origen en estas prácticas de degradación de los ecosistemas”, sostiene el biólogo y docente cordobés Cristian Schneider, quien asegura que en los lugares donde se iniciaron los incendios confluyen intereses relacionados con el avance de los proyectos inmobiliarios y de urbanización, intensificación de la explotación de ganado y la ampliación de zonas mineras, sobre todo en las sierras.
En Córdoba ya se incendiaron más de 182.000 hectáreas.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA), organización que Schneider integra, presentó junto a otras agrupaciones dos causas penales contra el mandatario. Una de ellas vinculada con la demora en actuación del deber público y otra por la desafección de fondos de financiamiento de la Ley de Manejo del Fuego. Este fondo permitía todo un sistema de prevención temprana como los bomberos vigías, ubicados en puntos clave para alertar de las primeras columnas de humo. “En este contexto de vacío administrativo y ausencia de política ambiental, estos actores económicos encuentran una nueva manera de avanzar contra el monte. El fuego es la topadora del siglo XXI”, sentencia Schneider.
Si bien en todos los incendios interviene la fiscalía de turno junto con la Federación de Bomberos para investigar sus causas y responsables, las sanciones económicas terminan representando un mal menor dentro del negocio. En Córdoba, el caso más representativo es el de la familia Becerra, que según un informe realizado por Sala de Prensa Ambiental, en los últimos cuatro años ha iniciado 200 incendios en su propia estancia para el rebrote de pastura. Más allá de que esta práctica está prohibida, el problema es que el fuego logró expandirse al Parque Nacional Quebrada del Condorito en más de una ocasión. El caso de los Becerra es el único en el que un productor fue imputado en una causa penal, ya que, como señala Schneider, “hubo otras imputaciones que involucran a una decena de personas, en su mayoría peones de campo, que terminan siendo chivos expiatorios. Aunque son ellos los que inician el fuego no son los autores intelectuales”.
En Argentina existen leyes en materia ambiental y otro puñado de iniciativas, como el Acuerdo Escazú y el reciente proyecto de ley presentado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pero esto no implica que luego se ejecuten acciones concretas ante la problemática actual. Para Schneider, esto se relaciona directamente con la necesidad de que los debates políticos dejen de darse en mesas chicas para empezar a incluir a la comunidad, tal como lo remarcan el propio Acuerdo Escazú y la Ley de Bosques.
Que esto no suceda, supone que surjan iniciativas como el Plan Provincial Agroforestal que propone la reforestación de zonas de llanos con especies exóticas. “Es un error pensar la restauración solo como reforestación y no como una serie de ciclos naturales que tiene sus tiempos. Sin mencionar que esas especies exóticas están genéticamente modificadas y se obtienen como parte de un acuerdo con una empresa de biotecnología de Misiones. El tema es que abrir el diálogo implica escuchar especialistas que saben que es fundamental un acompañamiento técnico y una asistencia fuerte a las familias y productores, que dependen de la economía doméstica”, afirma el biólogo.
“Es fundamental ver la multiplicidad de aristas del problema: sociales, culturales, económicas y políticas», dice Schneider.
La educación ambiental también es clave, subraya Tarduchy, en particular en la zonas serranas o limítrofes con el monte, para concientizar a los paisanos y dueños de campo sobre la inutilidad del uso de fuego para rebrote. Estas acciones a pequeña escala, asegura, pueden ser significativas, pero los recursos que obtienen de su autogestión en la brigada no son suficientes. “Hacemos campañas de sensibilización y charlas, pero por los resultados, y más allá del clima, no funcionaron. No tenemos la capacidad que puede tener un gobierno provincial para abordar la temática”.
El pedido de apertura a las organizaciones civiles, ambientalistas y técnicas es algo que ha estado presente en numerosos debates relacionados con el medio ambiente y para quienes llevan años militando la causa, como Tarduchy y Shneider, resulta un camino agotador en el que se repiten las promesas pero nunca llegan a cumplirse.
“Resulta fundamental relacionar la multiplicidad de aristas que tiene esta problemática: sociales, culturales, económicas y políticas. Sólo de esta manera tendremos una mirada integral de lo que nos está sucediendo como sociedad. De otra manera, lo que nunca podemos llegar a discutir es el modelo productivo”, asegura Schneider y remata: “El problema no es el clima, sino el modelo”.
Oct 21, 2020 | Comunidad, Novedades
Corte en la bajada de Berazategui de la Autopista Buenos Aires-La Plata en defensa de los humedales de Hudson.
El avance del fuego en el Delta del Paraná y los diferentes focos de incendios que afectaron a los humedales hace pocas semanas encendieron un debate necesario sobre la protección de estos ecosistemas. Mientras el humo avanzaba en señal de peligro, la bajante histórica del río y las quemas incontrolables se sumaron a los daños ocasionados por el despliegue de emprendimientos inmobiliarios y los intereses del agro-negocio. Especialistas coinciden en la importancia de la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y el Uso Sustentable de Humedales que permita su conservación, reparación y ordenamiento.
Los humedales son un conjunto biodiverso de ecosistemas cuya estructura y funcionamiento es determinado por un factor fundamental: el agua. Sus suelos permanecen saturados o inundados durante períodos relativamente importantes y su dinámica de aguas altas y bajas junto con los ciclos de materia y energía que producen permiten distinguirlos de los ambientes netamente terrestres o acuáticos. El 21,5 % del territorio argentino es considerado humedal y sus características variables hacen que podamos encontrarlos asociados a los ríos, bordes de lagos, salares y lagunas salobres en la alta montaña, marismas costeras y mallines en la Patagonia o turberas en Tierra del Fuego.
“Lo que tiene que quedar claro es que no son ni ecosistemas terrestres ni ecosistemas acuáticos pero sí son ecosistemas que interactúan muchísimo con estos otros tipos. Es importante que pensemos que si destruimos la fuente de agua de un humedal va a desaparecer”, aclara Rubén Quintana, Doctor en Ciencias Biológicas e Investigador del CONICET y del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Quintana insiste en la necesidad de pensar la conservación de humedales como algo fundamental: “Una Ley de Humedales podría dar un marco regulatorio. Como es de presupuestos mínimos, se piensa que serían los compromisos mínimos que cada jurisdicción tendría que aplicar para conservar o usar en forma sostenible estos ecosistemas. Tenemos un país que dos tercios de su superficie son tierras secas que van del subhúmedo al híperárido. En ese contexto los humedales cumplen un rol fundamental”.
La construcción de barrios cerrados sobre los humedales provoca inundaciones en las zonas aledañas.
Desde el año 1991 Argentina adhiere a la Convención Internacional RAMSAR sobre los humedales. En ella, los países firmantes se comprometen a la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas. Se calcula que durante el siglo XX se perdieron o degradaron entre el 65% y 71% de esos espacios en el mundo y esto aumentó a partir del año 2000.
Entre los llamados servicios ecosistémicos que brindan los humedales se pueden describir el abastecimiento de agua potable y la amortiguación de inundaciones, capturan el exceso de carbono atmosférico, producen ciclado de nutrientes fertilizantes y una flora y fauna absolutamente rica. Además, de ellos se obtiene alimento, materia prima para la construcción y medicamentos. Y tienen valores culturales y turísticos.
¿Qué significa el daño a los humedales? Según Laura de Cabo, Doctora en Ciencias Biológicas, especialista en Limnología e Investigadora Independiente del CONICET, sin un Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) adecuado cada uno de los servicios se puede ir perdiendo: “Lo que más daña a los sistemas es la falta de ordenamiento territorial, la falta de una prevención de que ocurran las cosas. Esto es imprescindible para definir de antemano dónde vas a hacer el uso de la tierra. No podemos decir que tenemos que mantener los humedales inextensos como que no hubiera población en la Argentina porque eso es imposible. Pero sí hacer un ordenamiento adecuado, mantener los corredores biológicos, mantener islas de vegetación en los casos que sea necesario, mantener humedales que hacen falta proteger”, amplía la investigadora.
Algo en lo que coinciden los especialistas es que, aunque de aprobarse ley no va a solucionar muchos de los problemas que tienen los humedales en nuestro país, sí va a funcionar como marco regulatorio y se deben trabajar con medidas adicionales. La Fundación Humedales/Wetlands International presentó un documento con recomendaciones para la elaboración de una ley en donde destacan la formalización de un Instituto Nacional de Humedales (INH), autoridades de aplicación competentes, mecanismos de participación ciudadana y estudios de evaluación ambiental y licencia social. Además, solicitan que se haga hincapié en las modificaciones de uso de suelo con potencial impacto. Ya que mientras se avance en el OAT es importante prevenir que se produzca una aceleración de la pérdida o degradación, tal como sucedió con la aprobación de la Ley de Bosques Nativos 26.331, cuando actores privados avanzaron en la extracción de madera ante la inminencia de que sus tierras fueran inventariadas como bosques nativos, al mismo tiempo que registraban los mayores picos de deforestación de la historia.
La marcha contra los incendios en Santa Fé cruzó el puente hacia Rosario-Victoria.
En Argentina se destruyen y degradan humedales todo el tiempo. Los de la cuenca del Río Luján sufren hace veinte años los impactos negativos de emprendimientos inmobiliarios. Provocan un perjuicio al ecosistema y a la población aledaña que sufre inundaciones debido a la intervención del suelo, rellenado y elevado 1,7 metros en promedio. También las prácticas de extractivismo y explotación del suelo para negociados agro-ganaderos generan impactos negativos. Por ejemplo, salares y lagunas alto andinas están siendo amenazadas por la extracción de litio. En Mendoza y San Juan se crean oasis de cultivo que se quedan con casi todas las fuentes de agua provenientes de humedales. Los endicamientos en el Delta detienen el ingreso de agua para desarrollar actividades como si fuera un ecosistema terrestre, impidiendo que el sistema fertilice y provocando inundaciones.
“Cuando se habla de conservar nuestros humedales siempre me parece importante aclarar que la conservación es un concepto amplio e integrador que puede implicar medidas de preservación, restauración y uso sustentable”, sostuvo Roberto Bó, Licenciado en Ciencias Biológicas y Coordinador del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Sobre los intereses que obstaculizan la sanción de una Ley de Humedales, el investigador afirma que tiene que ver con “representantes normalmente extra-locales y con gran poder económico político, quienes consideran que la sustentabilidad implica un crecimiento económico individual y cortoplacista, sin priorizar la sustentabilidad sociocultural y ecológica”. Y completa: “Deben ser contempladas las percepciones, modos de vida e intereses de los genuinos representantes de las comunidades locales. Éstos, por su particular experiencia de vida, entienden cómo funcionan los humedales y, por lo tanto, realizan actividades adaptadas a su normal funcionamiento”.
En 2013 y 2015 se presentaron dos proyectos de ley que fueron aprobados por los senadores pero perdieron estado parlamentario en Diputados: “Las dos veces fue por lobby, hubo presión para que no saliera desde el sector productivo. Esta vez hay nueve proyectos en Diputados y uno en la Cámara de Senadores, incluso más de un proyecto por bloque político. Lo interesante también es que cada vez hay más fuerza y movilización de la sociedad”, completa Quintana.
Los incendios en los humedales del delta del Paraná que ya consumieron unas 90 mil hectáreas.
Desde Mendoza, la Asociación civil Biota cuenta que en relación a la preservación de los humedales reciben apoyo mayoritario de la sociedad mendocina: “Comenzamos a colaborar para que se declare área protegida una zona de humedales en la que se estaba comenzando a trabajar para construir un emprendimiento inmobiliario. Y hace unos días fue declarada la Laguna de Soria como Área Protegida”.
Otro caso es el de la Multisectorial por los Humedales, con centro en Rosario, Santa Fe, y conformada por organizaciones ambientalistas y ciudadanos autoconvocados: “La función que cumple la Multisectorial en este contexto es la de visibilizar esta problemática. Realizamos muchas actividades en las que cada vez tenemos mayor apoyo de la comunidad”, contó Ivo Peruggino, integrante del colectivo. Respecto a la necesidad de una normativa Peruggino afirma que para que sea una buena ley que proteja a estos ecosistemas “primero hay que desterrar la idea de que es una guerra entre proteccionistas y desarrollistas. Lo que se busca es poder hacer uso de los bienes naturales que el humedal nos brinda, para satisfacer nuestras necesidades, sin poner en riesgo a las generaciones futuras que también tienen derecho a poder utilizar estos bienes”
La funcionalidad ecológica de los humedales no puede ser concebida de manera independiente, su uso y conservación depende de la interacción de múltiples actores. Es una responsabilidad del Estado determinar un marco que regule la actividad productiva y proteja a estos ecosistemas. Para que se dejen de priorizar la multiplicación de las ganancias y la lógica del mercado como principios legisladores del bienestar colectivo.
Oct 21, 2020 | Géneros, Novedades
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que los casos de violencia de género digital en época de pandemia se triplicaron. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que durante los últimos años obtuvo gran presencia mediática, gracias a las constantes manifestaciones y reclamos por parte de distintas organizaciones que vienen denunciando este tipo de violencia hace décadas.
Si bien la cifra de femicidios se encuentra lejos de descender, según números publicados por La Casa del Encuentro, durante el período entre el 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 se registraron más de 300 víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios en la República Argentina. El fenómeno de la pandemia tampoco fue de ayuda para estos casos, mostrando que la violencia de género se puede intensificar en este período, debido a la convivencia que muchas víctimas se ven obligadas a cumplir en marco del aislamiento social obligatorio. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó que entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020 se registraron 168 víctimas de femicidio.
Con la llegada de la pandemia muchas actividades se trasladaron al ámbito digital. Videollamadas, reuniones virtuales, clases en línea y home office. Mariana Marques directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina afirma que las redes sociales e internet, en general, son una extensión del debate público y que de la misma manera en la que las mujeres sufren violencia de género en las calles o en sus casas, la sufren en las redes sociales: “No es un tipo de violencia nueva, sino una forma diferente en la que esa violencia se manifiesta”.
Pero ¿qué es la violencia de género digital? “La violencia de género es la misma, el tema digital es el soporte. Es a través de qué medios se manifiesta. Puede ser desde una violencia psicológica, como insultos o maltratos a través de medios electrónicos. O puede ser el acoso y hostigamiento, como también la difusión de imágenes sin autorización. Todo eso configura el contexto de la violencia digital”, afirma Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Según lo publicado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Violencia contra la mujer en el entorno digital, la violencia de género en línea “son aquellos actos cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio de transmisión de datos”. Lico agrega: “Lo interesante es que hoy todo lo que es acoso u hostigamiento aun siendo digital ya configura un delito en la Ciudad de Buenos Aires”.
Según un relevamiento publicado por Amnistía Internacional Argentina 1 de cada 3 mujeres ya han experimentado una situación de violencia en las redes sociales; 26% de las mujeres víctimas de violencia o abuso en las redes sociales recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual. De las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, el 39% sintió su seguridad física amenazada. “Ahí ya salimos de una órbita online. El 24% sintió la inseguridad física de algún miembro de su familia afectado. Muchas sintieron efectos psicológicos, como sucede con los abusos y los casos offline. Ataques de pánico, estrés, disminución de su autoestima, dificultad para dormir”, agrega Marques. Otras maneras en las que la violencia de género puede manifestarse es a través del ciberacoso, o el hostigamiento digital, amenazas, difusión de material íntimo sin consentimiento, conocido como “sextorsión” o “pornovenganza” (en el caso de intercambio de fotos íntimas y la difusión de estas sin el debido consentimiento), suplantación de identidad y discursos de odio.
Ivana Otero, es antropóloga y su trabajo se especializa en feminismos y violencia de género. Trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y forma parte de “Colectiva de Antropólogas Feministas”. Para ella, “hablamos de violencia de género cuando es un patrón no consensuado por la persona que lo recibe. La violencia de género digital en este momento de la pandemia por supuesto que se ve incrementada, porque es la manera en la que nos estamos comunicando. Existen diferentes tipos de violencia digital que se incrementan por el anonimato que dan las redes. Cualquiera puede postear lo que se le dé la gana y eso trae aparejados problemas, todo dentro de una estructura patriarcal”.
Lico coincide en que durante la pandemia se dan distintos tipos de violencia y distintas modalidades. “Con las restricciones de contacto y de circulación lo que se puede observar es que la violencia se canalizó por lo digital porque toda la vida de todas las personas ahora está canalizada hacia este medio”, describe.
Hay otro efecto que no tiene tanto que ver con la salud física y mental de las mujeres, pero es igualmente preocupante, cómo esto impacta en su libertad de expresión y al acceso a la información. El 70% de las mujeres que sufrió abuso o violencia en las redes sociales hicieron algún cambio en la manera en la que se manejan en las redes después de haber pasado por esa experiencia. Marques advierte que “estos cambios pueden ir desde alterar mecanismos de protección de filtros, por ejemplo, que limita la capacidad de interacción con determinados usuarios (que es un mecanismo válido para protegerse) pero a su vez limita las posibilidades de interacción y diversidad de voces que podes escuchar o interactuar en las redes sociales. Incluso hay personas que dejaron por completo las redes sociales después de haber pasado por esas experiencias”.
Es importante también comprender el rol que las distintas plataformas tienen a la hora de intervenir en situaciones de violencia. “Las plataformas tienen mecanismos contra este tipo de ataques, lo que pasa es que hoy no son transparentes en decir qué tipos de ataques sus políticas protegen. Qué tipos de contenidos pueden ser denunciados y protegidos o qué tipos de herramientas tienen para que la mujer se proteja”, agrega Mariana.
Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para tomar conciencia y educar respecto de la violencia de género en línea? Sobre esto, Lico afirma que la ley de Educación Sexual Integral es una herramienta muy útil “parece que siempre el feminismo repitiera lo mismo, pero la base de todo es la educación. Entender que lo que quizás es un chiste o broma chiquita cuando se difunde a través de medios sociales la reproducción es de a millones. Entender que, si uno no reproduce, si no manda un mensaje, está evitando ser o formar parte de una violencia colectiva. Hay que empezar en la edad más temprana posible”.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además de un Programa de Género, hay un Programa Especial de Datos Personales en donde suelen trabajar en conjunto con casos de violencia de género digital. “Si configura un delito, que puede ser acoso, hostigamiento o algún tipo de amenaza se puede hacer una denuncia judicial”, afirma Lico y agrega que “El 144 es un número super útil para asesoramiento y acompañamiento, pero no es un lugar de denuncia. El 0-800-fiscal sí es un número donde a partir de la llamada y brindar los datos genera un expediente penal para perseguir el delito o evaluar si existe o no un delito de lo que se está denunciando”.
Marques asiente que la violencia contra las mujeres puede ser pandémica por su dimensión y alcance. “Es un tema más grave que nunca. Antes de la pandemia, para muchas mujeres las redes sociales son la única forma que tienen para movilizar, contar o expresar sus opiniones sobre lo que está sucediendo en el mundo. No sólo son plataformas valiosas para acceder a información. Con la violencia y su efecto silenciador se las aleja de las plataformas y limita sus derechos a la libertad de expresión”.
El 144 es un número gratuito al que se pueden comunicar las 24 horas del día para recibir asesoramiento y acompañamiento si alguien está siendo víctima de algún tipo de violencia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también agregó un número para enviar denuncias vía WhatsApp: 11-5050-0147. Además, el 0800-33-FISCAL (347225) atiende las 24 horas o también puede hacerse vía mail a denuncias@fiscalias.gob.ar
Oct 20, 2020 | Comunidad, Novedades
Andrea Ortigoza, 51 años, de Ituzaingó, artesana desde hace 17 años, utiliza la técnica pasta piedra, un material que se trabaja en forma similar a la cerámica, una combinación de cemento y arcilla o enduido. Con ella crea platos, relojes, objetos de decoración o macetas. Siempre trabajó en feria estable, estuvo varios años en la de Ituzaingó y hace cuatro que comenzó a vender en la Feria de Morón los viernes, sábados y domingos. Ortigoza tiene cuatro hijos, al igual que muchos otros feriantes vive de sus creaciones, ese es su único ingreso. Con la pandemia, publicó su producto en Facebook, trabaja a pedido y mucho mejor. Señala: “Amplié el público, antes me encasillaba en estar en la feria y siempre es el mismo público, en cambio ahora estoy trabajando con un montón de gente en el barrio, publicando en grupos de vecinos y al tener vehículo puedo hacer entregas a domicilio”. ¿Pero qué sucede con otras artesanas y artesanos?
Para Débora Ledesma, 43 años, de Hurlingham, la situación es distinta. Realiza duendes artesanales, forma parte de la Feria de la Plaza de su localidad y comenta: “En nuestro partido la feria sigue suspendida, hay una página que nos permite publicar nuestros trabajos y compartir para que la publicación llegue a más personas. La verdad es que para nosotros es muy difícil la venta ya que lo nuestro no es un artículo de primera necesidad, dada la situación que se vive las ventas bajaron de forma abismal, sumado a que se redujo en mi caso el área de entrega, ya que solo me puedo mover dentro de mi partido. No puedo viajar a otras zonas como Morón, Palomar e Ituzaingó.”
Martín Acevedo, 31 años, de Morón y artesano desde hace 8 años, dice que es su principal fuente de ingreso, aunque también se dedica ocasionalmente al sonido en vivo de bandas. Un trabajo menor pero complementario que hoy en día se ve interrumpido por el aislamiento. Martín y su compañera reciben el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y con esta ayuda pueden solventar el alquiler y otros gastos. Otros no corrieron con la misma suerte de recibir este beneficio, ya sea porque tienen un pequeño ingreso o son extranjeros.
“Fue un golpe muy duro, yo me dedico a lo que es la encuadernación y pintura, nos tuvimos que reinventar mucho, empezar a trabajar con las redes, con la imagen, la fotografía, un montón de cosas que las tenía en mente o veía pero que no habíamos profundizado. No podemos adquirir una cámara profesional así que por medio de tutoriales buscamos cómo mejorar las fotografía, cómo encarar a los clientes, manejar Instagram”, señala Acevedo.
El panorama en el Conurbano aún sigue muy difícil, pero los artesanos y feriantes planean la vuelta presentando protocolos a los municipios correspondientes. En Morón se presentó un modelo para reiniciar la actividad, basado en el realizado por los artesanos de San Fernando, quienes fueron habilitados para reabrir las ferias a partir del 4 de septiembre. Lo que se propone es utilización de tapabocas, distancia entre cada puesto, colocación de nylon en cada frente para no estar en contacto directo con la gente, alcohol en gel para los clientes y feriantes y que no puede haber más de una persona por puesto, y si hay dos tienen que ser de la misma familia.
En San Fernando se aprobó la apertura de la feria pero sin artesanos invitados y en Morón se hizo un listado de la gente que posiblemente armaría puesto si se habilita la feria; ya son más de 60 artesanos con la idea de participar. “Hay mucha gente que quiere volver a trabajar”, resalta Ortigoza.
Ledesma y Ortigoza destacan que extrañan de la feria lo social, el compañerismo. Para ellas es un espacio de trabajo pero también una comunidad, donde uno comparte muchas cosas.
Los feriantes vienen de una coyuntura muy hostil por la recesión económica de los últimos años. La caída del consumo cultural fue alta, remarca Martín Acevedo. Y tal como destacan muchos, la artesanía no es un producto esencial y es lo primero que queda afuera de la adquisición de la gente. Mientras que los artesanos, feriantes y emprendedores siguen a la espera de una respuesta, tratan de visibilizar sus trabajos de manera online, para unos cuantos esto los favoreció, a otros no tanto por lo que optaron saliendo a “parchar”, como le dicen ellos, que significa tirar una tela o lona en el piso y tratar de vender lo que producen.
