Abre la primera cátedra universitaria de canto lírico disidente

Abre la primera cátedra universitaria de canto lírico disidente

La primera cátedra de canto lírico disidente en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) se abre como un espacio “de experimentación y libertad”. El binomio hombre-mujer, donde se asignan diferentes roles según la genitalidad, incide en todas las esferas sociales, incluyendo el arte. En el caso del canto lírico, la teoría biologicista y la tradición son dos pilares que resultan limitantes en la expresión artística.

Luchi De Gyldenfeldt, de Ópera Queer (proyecto musical disidente), es titular de la nueva opción curricular que posibilita UNA. “Cuando planteamos esta cátedra, hablamos de un espacio para aquellas personas que quieran probar su técnica vocal, desde una perspectiva que reflexione sobre la tradición y la biología, para encontrar la resonancia propia de cuál es su registro”, explicó De Gyldenfeldt. La apertura de este espacio tiene que ver con su militancia dentro del movimiento LGBTTTIQ+, su paso por la universidad y su experiencia personal. “Me recibí en 2017 como barítono en la UNA y después hice una investigación propia vocal y hasta identitaria de cómo quería cantar. Todo de la mano de Ópera Queer, espectáculo lírico disidente que hago con mi hermana Ferni, que me sigue abrazando y es un lugar de experimentación y libertad”, relató.

Durante esta búsqueda, De Gyldenfeldt se formó como contratenor derribando así el esquema por categorías que establece que a cada persona le corresponde un registro de voz específico. “En el canto lírico,  se asume tradicionalmente las posibilidades del registro según la genitalidad. El varón puede ser bajo, barítono, tenor y contratenor, como algo rarísimo”, explicó en diálogo con ANCCOM. “La unión entre la voz y el género es la misma que hay entre la sexualidad y la identidad. La biología y la tradición son dos pilares tremendos dentro del canto lírico porque hay un acervo cultural, que es de siglos, que dice qué tenés que hacer o cómo deberías hacerlo”, señaló De Gyldenfeldt.

La experiencia en Ópera Queer habilitó un espacio donde se puede jugar con la voz y con el cuerpo. Durante 2019, el espectáculo participó del programa Música y Género perteneciente a Secretaría de Extensión de UNA. El objetivo era llevar la música a escuelas, hospitales y distintos ámbitos por fuera de la academia, en el marco de la Educación Sexual Integral. Al año siguiente, a partir de la pandemia, el programa se volcó a las plataformas digitales. “En un principio el proyecto era más teórico: leer, armar un libro, preguntarnos por qué hacíamos música y género”, recapituló el cantante y docente. Sin embargo, un conversatorio donde participaron figuras como Gabriela Ramos (especialista en ESI) y María Laura Áleman (música trans) fue el punto de inflexión: las artistas lloraron y contaron cómo habían sido violentadas en la música a lo largo de sus vidas. Luego de esta reunión, se creó la Comisión de Interclaustros de Música y Género de la universidad. “Era hora. Una cosa es un programa donde no es obligatorio participar y otra es que haya una Comisión de Música y Género de la UNA”, enfatizó De Gyldenfeldt. 

Dentro del marco de la Comisión, los debates pusieron el foco en pensar qué sucede con aquellas personas que creen que la institución universitaria no les corresponde, que les resulta inaccesible o son excluidas. «Este espacio logrado para nosotros es una de las tantas batallas ganadas en nuestra universidad y aunque sabemos que aún son muchas las que debemos afrontar, este proyecto nos motiva a seguir luchando”, expresó Cristina Vazquez, decana de la UNA, en diálogo con ANCCOM. Para ella, las banderas que se levantan son en función de una convicción: “El arte es un gesto político generador de profundas transformaciones sociales con el poder de reivindicar derechos humanos esenciales como la identidad, la educación, el acceso a la cultura y a la libertad de ser y amar desde la disidencia”.

El proyecto de Ópera Queer, junto con conversatorios con perspectiva de género y la confianza de la decana Vázquez en la juventud, fueron el motor de la creación de la cátedra. Jazmin Tiscornia, pianista en el espectáculo de Ópera Queer, será profesora en la asignatura. Ella es egresada del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, graduada de piano en UNA y socióloga. Para Tiscornia, la cátedra representa la unión de dos campos que ella ama: la sociología y la música, pero además “representa una conquista por la que las disidencias vienen hace mucho tiempo luchando y abre la posibilidad de pensar en un nuevo campo profesional para la comunidad trans que tiene bajas tasas de inserción laboral”, expresó. Con respecto a las implicancias de este nuevo espacio en la UNA, Tiscornia manifestó: “Cuando pensamos en la universidad, nos quedamos en la parte académica, sin recordar que la universidad nos forma para el futuro y que la profesión se forja en ella. Esto no es solo un avance para las disidencias sino para la comunidad en general, porque es una forma de romper prejuicios”. 

La cursada inicia en mayo, los jueves de 18 a 22 en la UNA. Los desafíos en torno a iniciar una cursada sin precedentes, para Luchi De Gyldenfeldt “a priori son todos y no son ninguno: como es una cátedra sin precedentes, no hay margen para el error, todo va a ser experiencia. El desafío más grande va a ser luchar contra la academia”, expresó. La profesora Tiscornia coincidió en este punto con su colega y agregó: “Vamos a tener un desafío en que otros profesores acepten, entiendan, vean más allá y puedan observar el trabajo de les alumnes dejando sus prejuicios de lado”. Sin embargo, para De Gyldenfeldt “la cátedra no está inventando, está visibilizando. Se trata de un acto político”. 

Chubut lleva dos décadas resistiendo a la minería

Chubut lleva dos décadas resistiendo a la minería

Con una provincia sumergida en una profunda crisis económica, social y política, en noviembre del 2020 el gobernador Mariano Arcioni, presentó ante Nación su plan productivo, el cual incluye un proyecto de rezonificación minera. La iniciativa fue vista, por gran parte del pueblo chubutense, como una provocación y reflotó la lucha anti minera que lleva sin descanso desde hace 18 años. En ese contexto, se produjo la visita del presidente Alberto Fernández a las localidades afectadas por los voraces incendios de la última semana. El primer mandatario recibió reclamos y agresiones de la población: “El problema minero debe resolverlo la provincia”, intentó desligarse.

EL conflicto por la megaminería chubutense lleva ya dos décadas. En el año 2002 la empresa canadiense Yamana Gold desembarcó en la ciudad de Esquel con un proyecto para la explotación de oro e intentó obtener licencia social para llevarlo adelante. “A la charla que dio la empresa, asistieron dos docentes de química de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y todo lo que escucharon no les cerraba por ningún lado. Empezaron a investigar cómo era el proceso de minería y le hicieron llegar esa información a la comunidad. Así se creó un gran movimiento social y político que es hoy No a la Mina” explica Silvia Borgia, vecina de Esquel e integrante activa de la organización.

“La población se empezó a informar y con una lucha muy sostenida se logró, en el año 2003, llamar a un plebiscito no vinculante, en el cual la gente tenía que decidir si quería o no el emprendimiento. El 81.4% de la población dijo que no. A partir de ese momento, la asamblea se sostuvo marchando los días 4 de cada mes. Este movimiento comenzó  acá en Esquel y luego se extendió a toda la provincia”, agrega Borgia.

Producto de ese plebiscito, el gobierno provincial sancionó la Ley 5001 (en la actualidad ley 1768) que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto con el uso de cianuro y que, en su Artículo 2 estipula un plazo de 120 días desde la sanción de la ley, para presentar un proyecto de zonificación. “Es una ley rara y frágil porque propone en el primer artículo la prohibición y en el segundo abre la excepción. Eso nos tiene en vilo desde hace 18 años”, comenta Marina Richeri, asambleísta y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Puerto Madryn.

En 2002 nació el movimiento «No a la mina» en Chubut.

En este marco se conforma la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses), que en el 2013 redacta un proyecto de ley por iniciativa popular, una herramienta de la democracia semi directa contemplada por la Constitución de la provincia. “Entró en la Legislatura en el 2014 y lo presentamos nuevamente el año pasado. Prohíbe totalmente la minería metalífera en todas sus etapas, en todo el territorio sin excepciones y prohíbe el uso de cualquier sustancia tóxica. Lamentablemente tras un escándalo de corrupción, en el que un diputado fue descubierto mensajeándose con un empresario minero en plena sesión, se anuló el debate y volvimos a tener la misma ley frágil”, explica Richieri.

El proyecto de ley 128/20 del Ejecutivo provincial pretende declarar exceptuada la zona de la meseta chubutense, comprendida por los departamentos de Gastre y Telsen, y así establecer la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos. Si bien se estipula mantener la prohibición del uso de cianuro durante todas las etapas del proceso minero, no esclarece que tecnologías y sustancias serían las habilitadas para extraer los minerales. Desde la UACch se denuncia la inconstitucionalidad, ya que el plazo de 120 días que dicta la Ley 5001 para la presentación del proyecto de zonificación está más que vencido. 

Los argumentos expuestos en dicho proyecto, describen al área de la meseta como atrasada, improductiva y postergada, por lo cual el establecimiento de la actividad minera permitiría su desarrollo. “La población está conformada mayoritariamente por comunidades Mapuches – Tehuelches que viven, históricamente, del pastoreo de cabras y ovejas. Si bien esta el acuífero de Gastre Sacanana, el agua es un recurso escaso en la zona y nunca se ha tomado la decisión política de explotarlo. El abandono en relación a políticas productivas, sumado a la caída del valor de la lana y a un fuerte proceso de desertificación por falta de lluvias, hace que muchas de estas comunidades tengan problemas para alimentar a sus animales y cultivar sus huertas. A pesar de esto, quieren seguir con estas actividades y rechazan fuertemente la explotación minera” explica la historiadora Liliana Pérez, oriunda de Comodoro Rivadavia.

En esta sentido, Richieri dice que “hay una violación de los derechos humanos. El Artículo 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), al cual nuestro país adhirió, dice que ante un proyecto en el cual los bienes comunes estén en peligro o sean utilizados, las comunidades aborígenes deben ser consultadas y ser partícipes del mismo. Esto nunca ocurrió y hay que denunciarlo. Por otra parte, se elaboró sin consultar a ninguna entidad científica reconocida local”.

Al respecto, el CONICET-CENPAT elaboró un documento en el que refleja su preocupación respecto al tema, y solicita el retiro del proyecto de su tratamiento legislativo. A su vez, explica que gran parte de la comunidad científica de Chubut declinó la invitación de Arcioni a participar de la mesa de trabajo sobre un proyecto que ya estaba hecho. “Nuestra institución recomienda debates abiertos, donde la exposición de los resultados de estudios e investigaciones que aportan al desarrollo productivo de la provincia sean parte de un proceso participativo. No hay debate sin espacios de reflexión, aporte técnico y comunitario para la diversificación productiva”, sentencia el informe.

El proyecto presentado por la UACCh nunca se trató, después que se interrumpiera una sesión legislativa tras el escándalo desatado tras descubrirse a un diputado intercambiando mensajes con un empresario minero.

Por su parte, una veintena de entidades avaló la actividad minera en la provincia a través de un informe técnico, el cual afirma ser un aporte para enriquecer el debate. Una de estas entidades es la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). “Quisimos dar nuestra visión profesional de la actividad minera. Desde luego que todo informe en este rubro tiene que tener una base científica y un balance objetivo de la situación” declaró Marcelo Mena, secretario general de la institución. 

“La idea es que podamos permitir el desarrollo de las comunidades creando cooperativas, emprendimientos y que la minería solo sea el motor de arranque. A eso es a lo que apuntamos y  el motivo por el que firmamos este informe”, explicó Mena y continúo “es muy importante el rol que cumple la posición anti minera en defensa del medio ambiente y del agua. Tienen que estar dentro de los controles y ser parte de la cadena de custodia de esas muestras. Nosotros queremos una industria que sea una casa de cristal, para que toda la sociedad sepa exactamente lo que está pasando”. 

De aprobarse la zonificación, la compañía canadiense Pan American Silver (ya instalada en Gastre) podría llevar adelante su proyecto Navidad, que prevé la explotación por un mínimo de 18 años de un yacimiento de plata, considerado uno de los más grandes del mundo.

En esta coyuntura, surgieron sospechas respecto a posibles intereses mineros detrás de los incendios simultáneos, ocurridos la semana pasada en siete localidades cordilleranas de la provincia. Más de 200 familias se quedaron sin vivienda y perdieron todo. La presencia del gobernador y del presidente Alberto Fernández para solidarizarse con los damnificados, colisionó con las protestas anti mineras y agresiones, por parte de algunos manifestantes, al vehículo que trasladaba a los mandatarios. Según las organizaciones ambientalistas, se trata de infiltrados. En este marco, el proyecto de rezonificación sería tratado en lLegislatura este martes 16 de marzo. Desde las asambleas que claman “No a la mina”se anunciaron para ese día manifestaciones en toda la provincia y en la puerta de la casa de la provincia de Chubut en CABA.

Piden perpetua para los acusados de desaparecer a los militantes de la Contraofensiva Montonera

Piden perpetua para los acusados de desaparecer a los militantes de la Contraofensiva Montonera

Fotografía de archivo.

El alegato de la querella unificada en el juicio de lesa humanidad conocido como Contraofensiva Montonera finalizó ayer con las palabras del abogado Pablo Llonto en una jornada histórica. La querella intentó evidenciar en su exposición la coautoría que imputa a los acusados en los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1981. Llonto pidió perpetua en cárcel común para todos ellos. 

Los crímenes cometidos contra los militantes políticos que participaron de la Contraofensiva Montonera descansaron, hasta este momento, en la impunidad. Las treinta y seis familias de los montoneros desaparecidos continúan pidiendo justicia y rastreando información que les indique dónde están sus seres queridos. La investigación solo fue posible gracias a la búsqueda implacable de todos los documentos que pudieran probar lo que había ocurrido. Durante todos estos años los acusados vivieron sus vidas en sus casas, muchos de ellos en countries y barrios privados. 

Uno de los rasgos más destacados de este juicio es la implicancia de las cuatro piezas de la maquinaria del Ejército: La Jefatura 2 de Inteligencia, el Batallón 601, el Destacamento 601 y la Inteligencia del comando del Instituto de Militancia. El Juicio de las Juntas fue el único en el que estuvieron involucradas todas anteriormente.

13º audiencia del Juicio en 2019. 

Llonto explica cómo funcionaba esta maquinaria: “Todas estas piezas encrestaban perfectamente como los engranajes de un reloj y se alimentaba con información. Si no era preciso el funcionamiento, el reloj no podía andar”. Usaban como energía las órdenes y la logística que permitía el accionar: autos, armas, municiones, dinero, pasajes. Siempre avalados por la impunidad y muy organizados.  

Los acusados son seis, aunque faltan muchos otros por investigar. Uno de ellos, Jorge Apa, se desempeñó como jefe de la División Inteligencia «Subversiva Terrorista» entre 1979 y 1980. Cuando fue interrogado había declarado ser solo un órgano asesor, pero su nombre se encuentra involucrado en varios documentos sobre tareas específicas confirmando que eso no era cierto. 

El Batallón 601 se encargaba de proveer los interrogadores y toda la información que utilizaban las Fuerzas Armadas. Aquí estaban involucrados Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas quien, entre otras tareas, difundía en medios de comunicación las operaciones de prensa. Y Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad en el Batallón. 

Todos los secuestrados de la Contraofensiva Montonera eran trasladados al centro de detenciones Campo de Mayo. Allí se esperaban Jorge Bano y Eduardo Ascheri quienes integraban la Sección Operaciones Especiales (SOE) y Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201. 


De todos los acusados, solo Courtaux y Firpo se encuentran detenidos en centros penitenciarios. Este último por haber sido descubierto violando la prisión domiciliaria el año pasado, en Mar del Plata. El resto se encuentra en su casa mirando el desarrollo del juicio por computadora y solo Ascheri está sentado en el tribunal de manera presencial. 

Las historias que forman parte de este Juicio son rememoradas por el abogado. Muchas de ellas con elementos comunes: hombres sin identificarse que entran a la fuerza a las casas y secuestran para torturar y desaparecer a los “subversivos” y  trasladarlos junto a algunos de sus familiares a Campo de Mayo. 

 

Llonto señala que uno de los acusados, Cousteaux, estuvo involucrado en una de las historias más fuertes que se han relatado durante el juicio. Es el caso de la familia Lanuscou, integrada por el matrimonio de Roberto y Amelia y sus tres hijos: una nena de cuatro años, un niño de seis y una bebe de seis meses llamada Matilde. Hombres armados entraron a su casa el 4 de septiembre de 1976 y allí mismo asesinaron a la niña mayor, al niño y a sus padres. Matilde aún continúa desaparecida. Cousteaux había sido nombrado por otro militar en su relato de lo que ocurrió esa fatídica noche. 

Por este caso y todos los relatados se pide prisión perpetua efectiva en un centro penitenciario, sin goce de domiciliaria. Los motivos que sustentan este pedido y los hace coautores son cuatro para Llonto. Primero el hecho de que todos tenían el mismo objetivo: “El exterminio de la subversión”. También el diseño de un plan común que facilitaba todo el trabajo. A la vez que estaban todos al tanto de los hechos que se iban a realizar. Los imputados tenían el claro propósito de que el plan de exterminio tuviera éxito y no fracasara. Día a día hacían algo por este objetivo. 

Tal como explica Llonto, los delitos de lesa humanidad no pueden entenderse con la teoría del delito individual. El abogado adelantó lo que la defensa iba a alegar al respecto: el principio de legalidad y la retroactividad. Al respecto aclaró que la desaparición forzada de personas es un crimen permanente que no cesa hasta conocerse el verdadero destino de la persona. Y es aun hoy que todos los acusados se niegan a revelar información sobre el paradero de las víctimas. Es un delito que continua cometiéndose todos los días.

“Pretenden ocultarse bajo la máscara de la cordura, tratar de dar lastima a los jueces para manejar información y controlarla porque son fríos y calculadores -expresó Llonto-, se los transforma en enfermos y en abuelitos para que los jueces no vean los delitos. Se marginan los crímenes y se logra una suerte de empatía”. 

El Juicio se transmite en vivo a través de La Retaguardia.

La posición de la querella es que los acusados que tengan dolencias tratables en hospitales penitenciarios tienen que estar en prisión condenados por los crímenes de lesa humanidad y no en sus casas. Llonto advierte: “¿Quienes piensan que van a celebrar una sentencia condenatoria si escuchan que no se revocan las prisiones domiciliarias?”. 

Finalmente, luego de una larga exposición Llonto terminó su discurso emocionado aclarando que la justicia no es utópica. “Queremos que sepan que atrás, en este camino hacia la justicia, vienen nietas y nietos, otras juventudes, otro pueblo que va a seguir reclamando por esos jóvenes que dieron todo y no pidieron nada, que tenían esperanza y apelaron a la resistencia, por esos jóvenes que creyeron en la fraternidad y en la igualdad. Ellos pedían lo mismo que nosotros: justicia”.

El gobierno impulsa la industria del cannabis medicinal

El gobierno impulsa la industria del cannabis medicinal

Argentina legalizó el autocultivo controlado de cannabis medicinal en noviembre de 2020 permitiendo la venta de aceites, cremas y otros derivados en farmacias autorizadas. La ley incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el Programa Nacional de Cannabis. El pasado 1° de marzo, durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández fue más allá y anunció que impulsará un proyecto de ley para desarrollar la industria local vinculada al uso del cannabis terapéutico y con fines de industrialización.

A fin del año pasado, las diputadas del Frente de Todos, Mara Brawer y Carolina Gaillard, presentaron un proyecto de ley para desarrollar la industria del cáñamo en productos alimenticios, textiles y cosméticos. La novedad se encuentra en la regulación de esta variedad de planta que contiene bajos contenidos de THC del cual se pueden fabricar diversos derivados como fibras, papel, materiales para la construcción, bebidas e infusiones y hasta biocombustible. “De la misma manera que la sociedad entendió que el uso del cannabis medicinal no es el mismo que el recreativo, ahora todos tenemos que entender que el cáñamo es una oportunidad para el desarrollo sustentable, estamos hablando de industria. Si saldamos ese debate, solo será ganancia, generamos trabajo e industrias novedosas que se sumarán a la economía”, sostiene Brawer.

El proyecto pretende habilitar todas las acciones: sembrar, cultivar, cosechar, guardar, acopiar, almacenar, transportar, realizar extracciones, industrializar, comercializar, importar y exportar semillas con todas las partes de la planta de cáñamo, cáñamo industrial y hortícola, así como de sus extractos y producidos. En referencia a esto, la diputada agrega: “Toda la planta tiene distintas utilidades, desde los granos que se usan para disminuir el colesterol y sacar harinas que sirven como suplementos dietarios para personas mayores, a la cáscara de la semilla que es un abrasivo industrial y pasta ecológica de dientes, hasta el tallo y la raíz. Del tallo se puede hacer fibra textil, fibra larga para industrias y fibra de vidrio con el aserrín; también se pueden hacer proyectos de ladrillos para la construcción de vivienda y telas”.

Otro de los argumentos para apoyar esta regulación es su bajo impacto ambiental. La producción de cáñamo puede servir de sustituto de materiales contaminantes como plásticos y fibra de vidrio, y beneficia a la tierra ya que no requiere de agroquímicos para erradicar malezas o plagas.

Tomando esta iniciativa como referencia, el Ejecutivo decidió unificar este proyecto con el medicinal para la producción local en diversas áreas. Además, en febrero de 2021 se acordó entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la compañía Pampa Hemp equipos de investigación para la producción local. El foco está puesto en el desarrollo productivo de técnicas de cultivo de cannabis con diferentes variedades genéticas, así como el diseño de protocolos de producción apoyados en acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten identificar y registrar cada producto desde su origen hasta el final de la cadena de comercialización. Esto se complementará con inteligencia artificial aplicada, automatización, sensorización y monitoreo de cultivos. En una segunda etapa, el objetivo será el desarrollo de genéticas propias para fines medicinales y otros usos junto con la creación de un banco de semillas que permita contar con germoplasma adaptado a las condiciones geográficas y climáticas del país.

En este marco, entre 2021 y 2022 se invertirán 350 millones de pesos para potenciar la investigación y el desarrollo de la elaboración local trabajando en conjunto con la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME).

Pero, ¿cómo se estima el resultado de estas investigaciones en términos productivos y de ganancias? ¿Qué elementos se tienen en cuenta para investigar y aplicar políticas públicas respecto a este tema? El Ministerio de Desarrollo Productivo encargó un informe al economista Andrés López, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y profesor titular de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para conocer el potencial del mercado del cannabis en el país. En diálogo con ANCCOM, López explica que para avanzar con el informe se conversó con los sectores interesados en participar de la cadena de cannabis para atender sus especificidades y sus respectivos objetivos.

El estudio tiene la intención de encontrar las oportunidades de Argentina en el rubro de cannabis medicinal e industrial, identificando los obstáculos y los eslabones principales del sector. “En lo económico, a comparación de lo médico, hay poco estudiado y por ello recurrimos a experiencias y estudios de otros países como Estados Unidos y Canadá”, detalla el economista. En el informe se estimó que la Argentina podría generar un mercado interno de 450 millones de dólares agrupando en un primer grupo a medicamentos, aceites y nutracéuticos para enfermedades crónicas; y en el segundo, cáñamo que se podría utilizar para el sector textil y fabricación de alimentos o productos veterinarios con CBD.

Si bien está permitido el autocultivo a nivel artesanal, el especialista insiste en la necesidad de un marco regulatorio que acompañe e impulse las inversiones a nivel comercial. Respecto a esto afirma que faltan muchas regulaciones: “Por un lado, un proyecto de ley medicinal que amplíe la participación de más sectores y más utilizaciones, y por el otro, una ley que habilite la plantación de cannabis con bajo contenido psicoactivo para regular el procesamiento y manipulación posterior al cultivo, como también la comercialización y el traslado”.

Además de la posibilidad de cultivar en distintas modalidades y diversos lugares del país, se busca reemplazar el cultivo de tabaco para los agricultores pequeños. López explica que “debería desaparecer el consumo del tabaco para darle oportunidad a los derivados del cannabis atendiendo los servicios que la planta requiere”. En la industria y en todo el mundo se sabe que el consumo de marihuana sigue siendo cada vez más alto, por lo cual resulta fundamental regular y controlar no solo para tener noción de lo que se consume sino para evitar el mercado negro y la manipulación, concluye.

El presidente de la Cámara Argentina del Cannabis y director de Pampa Hemp, Pablo Fazio, prevé una inversión de 600 mil dólares para poner en marcha dos invernaderos de 270 metros cuadrados cada uno, y pidió autorización al Ministerio de Salud para importar semillas. Más allá de la investigación y el acceso al cannabis con fines terapéuticos, la finalidad estará centrada en regular e impulsar la cadena productiva de un sector con gran potencial estratégico: «La Argentina tiene que aprovechar su condición de país agroexportador, su sector académico y de investigación fuerte y su industria farmacéutica», señaló Fazio al diario La Nación.

En una situación de crisis económica, el Gobierno nacional busca ampliar la matriz productiva, generando empleo y la entrada de divisas. Pero para ello antes deberá impulsar las leyes y marcos regulatorios para que estos desarrollos puedan llevarse a cabo en todo el país.

La autopista que no fue y las casas que no son

La autopista que no fue y las casas que no son

La Autopista 3 fue un proyecto de la dictadura cívico militar de construir una vía rápida que atravesara la ciudad.  

“Lo que estamos pidiendo es igualdad ante la ley”, dijo Mirta Sánchez, una de las representantes de las familias que viven en el Sector 4 de La Traza, a ANCCOM. Por eso, la primera semana de marzo se presentó una nueva acción judicial ante la Legislatura porteña para solicitar que se avance con el proyecto de renovación urbana, de viviendas sociales y con la petición de que sea un proceso que incluya la participación ciudadana. 

La traza de la ex autopista 3 fue un proyecto de la última dictadura militar que planeaba unir Saavedra con Puente Alsina, atravesando barrios centrales de la ciudad de Buenos Aires. Más de 900 inmuebles fueron expropiados, muchos de ellos demolidos, cuando en 1981 el intendente de facto Brigadier Osvaldo Cacciatore canceló la iniciativa junto con el Plan de Autopistas. La fragmentación en sectores generó que algunos de ellos, ubicados en zonas más codiciadas para los negocios inmobililarios en la ciudad, recibieran respuestas, como los y las habitantes del sector 5 -que concentró cerca de la mitad de los inmuebles afectados- contenido por catorce manzanas entre las calles Donado, Holmberg, Congreso y Av. De los Incas. Pero el Sector 4, que abarca Villa Ortúzar, Chacarita y Villa Crespo, en el límite con Colegiales y Palermo, hoy nuclea a las familias que siguen exigiendo soluciones habitacionales definitivas.

La Ley 324, sancionada en el año 2000, convirtió a las y los vecinos de La Traza en beneficiarios de soluciones como créditos de compra sobre la vivienda que habitan, créditos para la autoconstrucción o para la compra de viviendas que no son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, Jonatan Baldiviezo, abogado que forma parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad y quien continúa acompañando a las familias, le contó a ANCCOM que en el año 2007, durante el gobierno porteño de Mauricio Macri, tuvieron que presentar acciones judiciales para frenar desalojos. Las negociaciones con el Sector 5 se llevaron a cabo una década después de sancionada la primera ley y con una segunda –la 3396/09– específica para el sector. No ocurrió sin discusiones, demoras ni presiones por parte del gobierno hacia las familias para que tomaran subsidios y se fueran de La Traza.

Vista del sector 5 de la traza durante la implantación de la Ley 3396 en 2010. 

En este sentido, Sanchez explicó: “Si hubiera una decisión política no tendríamos por qué estar corriendo. Lo único que queremos es que manden un censor nuevo y vean los nuevos beneficiarios”. Por decisión política se refiere al miedo, siempre presente, de que el gobierno avance con la venta de tierras que, en realidad, deberían disponerse para solución habitacional.

El Sector 4 queda como la gran deuda ya que fue en el año 2010 cuando se reanudó el compromiso para hacer un plan similar al del Sector 5. “Ese plan que tenía 60 días para ser presentado, nunca llegó a la Legislatura. Entonces hay todo un sector abandonado que hace 10 años está esperando este nuevo proyecto de gobierno”, explicó Baldiviezo. Con el amparo presentado se exige que se active la mesa de seguimiento del proyecto y se cumpla con lo establecido.

Con el avance de estas actividades, las familias recuperan la esperanza que buscan hace años: “Cuando íbamos a Legislatura a pelear por el terreno estaba la gente del Sector 5, entonces a nosotros no nos escuchaban, porque nos decían ‘no, todavía no le toca al Sector 4’. Ahora vamos a pelearlo. Si uno no pelea nunca tiene nada. De arriba no te viene nada”, dice Ramona Cavia, vecina de La Traza.

Ramona pasó por muchas situaciones hostiles, atravesó varios juicios que intentaron desalojarla pero salió sobreseída, aunque con exigencias. “Nos dijeron que teníamos que hacer mejoras. Todo lo que nos decían, nosotros hacíamos. Hasta me hice la casa de material”, explicó. Pero también recordó otras situaciones: “Cuando entramos a la audiencia del juicio civil el fiscal nos trató de negros” y “la vecina de al lado siempre me gritaba ‘usurpadora’ pero yo no soy usurpadora porque yo este lugar lo pagué, porque estoy pagando luz, teléfono. Yo tenía miedo de decir que era mi casa porque ellos me trataban de usurpadora. Con los años que tengo acá, ya no soy ocupa. Aunque sea voy a pelear por mis hijos, que pasaron frío, lluvias y aun así terminaron la secundaria viviendo acá. Voy a pelear por una vivienda digna”.

Los fondos recaudados por la venta de tierras en el Sector 5 no contemplaron las soluciones habitacionales del Sector 4. 

Alejandra Ortega, otra de las vecinas que espera desde hace años, llegó a La Traza en 1995 pero en 2010 tuvo que dejar su vivienda. Desde entonces, no tuvo un lugar fijo donde quedarse. “Nos fuimos porque tuvimos un episodio de violencia muy fuerte con mi papá; hacia mi mamá y hacia mí. Cuando exponemos ante la policía, nos dicen que al no tener un papel o algo que nos adjudique que nosotras vivíamos ahí, no teníamos nada que hacer. Y nos quedamos en la calle”. No accedió a ninguna solución porque no figuraba como beneficiaria, aun siendo hija de personas que sí. Su madre figuraba en los registros pero falleció meses después sin que una resolución pudiese tomar forma. “La sorpresa mía fue cuando nos atendieron en la oficina (de la Unidad Ejecutora) y me dijeron que yo ni figuraba”, contó. Cerca del año 2000, recordó, hubo un censo en La Traza en el que se la había anotado a ella y a sus cuatro hijos: “Me habían hecho llenar una planilla aparte y me habían dicho que lo que estaban haciendo era un desglose de beneficiarios. Yo creía que tenía algo iniciado”.

Baldiviezo dejó en claro que la violación del derecho de las familias está comprobada y agregó que esto se da como consecuencia de gobiernos que han tenido únicamente miras en la especulación inmobiliaria. Manifestó que en la Ciudad desatienden cualquier intento de que exista un régimen integral de política de vivienda. “No se concibe como derecho humano y por lo tanto tampoco como servicio público. La cuestión de la vivienda se sigue concibiendo como un conflicto, como un tema entre privados”.

En este sentido, las ventas de tierras del Sector 5 iban a un fondo particular para financiar el programa y, si algo sobraba, debían ser destinadas al Sector 4. “Obviamente no sobró nada, lo derivaron para hacer más pasos a nivel y ahí se acabó la plata. Las que están vendidas en el Sector 4 no tienen esta disposición de que tienen que ir a un fondo particular que es tangible y que solamente tiene un uso que está destinado a satisfacer las necesidades de La Traza: eso no existe”, explicó Baldiviezo.

Los y las que viven en La Traza no son ajenos a esto y por eso Sánchez sostuvo: “En el Sector 5 dieron mucha plata porque el poder inmobiliario que tenía ese sector era mucho más comparado a lo que tenemos nosotros. Entonces todo es una carrera”. Ortega agregó que “hablar de esto a nadie le conviene, todos pierden. Nadie quiere perder. Pero mientras, el de abajo sigue siendo marginado, sigue siendo golpeado contra el piso por un montón de factores”.

Sánchez recalcó que lo único que quieren es que se le exija al gobierno que se presente un proyecto a debatir en la mesa de seguimiento, que les corresponde por ley y que con el tiempo se dejó de llevar a cabo. No se piden soluciones de inmediato aunque la problemática demande urgencia; no se reclama algo “totalmente gratis”. “Todos tenemos el derecho a tener un techo; a tener las mismas posibilidades de adquirirlo. Nadie quiere vivir de arriba”, cerró Ortega.

Desde 1977, una de las heridas que dejó la dictadura militar es perpetuada y profundizada por los sucesivos gobiernos, dejando a las y los vecinos a la espera interminable de una vivienda digna, de la concreción de políticas públicas. 44 años pasaron y más que una solución habitacional definitiva, lo único que logró construirse fue una de las tantas desigualdades urbanas y espaciales de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo se está implementando la interrupción voluntaria del embarazo?

¿Cómo se está implementando la interrupción voluntaria del embarazo?

Se publicó el primer registro centralizado de la provincia de Buenos Aires sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en donde se informa que durante el 2020 se registraron 14.330 abortos. El 93.5% de ellos se realizó dentro del marco legal previo a la aprobación de la Ley Nacional N° 27610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de causal prexistente. El informe de gestión señala que los números no son el reflejo total de las interrupciones que se llevaron a cabo, ya que la recolección de la información fue mejorando a lo largo del año. 

Mariana Kielmanovich es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y el Centro de Salud N° 33. Señala que, dentro de los circuitos que ya estaban establecidos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires con el acceso a la interrupción legal del embarazo, la nueva ley facilitó las derivaciones. 

Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC N°33 y expresa que, en su caso, al ser un centro de atención ambulatorio, hacen atención a mujeres que estén hasta la semana 12: “A partir de la semana 13 el procedimiento se tiene que hacer en un lugar que tenga internación. En nuestro caso derivamos a hospitales”. 

Dentro de las interrupciones registradas según el informe bonaerense, el 52%  de las interrupciones de embarazos se realizaron en centros de primer nivel de atención y un 44% en el segundo, mayoritariamente en hospitales provinciales.

“En la Ciudad sigue dependiendo, en parte, de ´voluntades´. Si bien los diferentes actores y dispositivos ya saben que la ley se debe aplicar, no siempre lo hacen”, reflexiona Sandra Bernabó, psicóloga del Hospital Tornú y del CESAC N° 33. 

La profesional trabaja en conjunto con Kielmanovich y destaca que se ha visto un mayor movimiento en obras sociales y prepagas con respecto a las interrupciones del embarazo, algo destaca como un gran paso. “Lo que sucede ahora es que hay un margen posible para exigir que se cumpla, que no era lo que teníamos antes del 29 de diciembre del 2020”, plantea. Ferrero, por su parte, comenta que, debido a la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria se esperaba un aumento exponencial de la la cantidad de mujeres que consultan de: “Hemos visto que fue bajando de a poco aunque por supuesto han pasado unos pocos meses de su promulgación. Nos pone muy contentas y es lo que veníamos esperando desde hace muchos años. Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE, entonces hay un montón de consultas que antes se absorbían por el sistema público, que hoy están dando respuesta desde otros efectores”. Además, advierte que es el panorama que observa respecto a provincia de Buenos Aires y Capital Federal. 

«Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE», dice Kielmanovich.

Melina Ceccato, psicóloga, trabaja en un centro de salud de primer nivel en Lugano y plantea que con la IVE -ahora incluida en el Plan Médico Obligatorio- es deber de las obras sociales y prepagas absorber parte de la demanda de esta práctica. Según cifras publicadas por REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) el 84% de las ILE en CABA fueron realizadas en el primer nivel de atención y el 16% en hospitales. Y el 92% de las interrupciones legales realizadas en el primer nivel se realizaron con medicamentos. 

Respecto al esquema de tratamiento e intervención, Ceccato describe que la intervención es la misma que la que se hacía con las interrupciones legales. “El abordaje médico sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que no hay que hacer un interrogatorio profundo respecto a las causales que habilitarían un marco legal para la interrupción”, agrega. Bernabó, a su vez expresa: “Eso que antes implicaba ubicar determinadas categorías o dar cuenta en conjunto con la mujer de cuáles eran sus razones para interrumpir, hoy no pasa”. Ferrero señala esta característica como uno de los avances que se lograron con la ley: “No tener que rebuscar en la historia de la persona para encontrar un motivo que justifique el acceso a la interrupción”, cierra. 

En los centros de atención de primer nivel, el 98% de los tratamientos de interrupción fueron resueltos con misoprostol. El 88% de las prácticas de ILE registradas se resolvieron exclusivamente con un tratamiento de misoprostol, el 12% restante con AMEU -aspiración manual endouterina- u otro tratamiento instrumental o quirúrgico. Ceccato, por su parte, señala que es primordial para mejorar y continuar profundizando la capacitación profesional en las instituciones de salud: “Que haya equipos que estén formados en perspectiva de derechos y género para brindar adecuada atención en las consultas”. Resalta que es importante contar con la tecnología correspondiente, como el misoprostol, en los centros de salud, así como también con la AMEU. “Que se capacite en la técnica para poder contar con ella en el primer nivel de atención, que es a donde llegan la mayor cantidad de interrupciones del embarazo”, reclama.

“En CABA sigue dependiendo de voluntades. Los actores saben que deben aplicarla, pero no siempre lo hacen”, dice Bernabó

A partir de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, las profesionales señalan que ha habido un aumento de consultas, pero que atienden como solían hacerlo cuando la normativa se enmarcaba por causales. “Sí, se han duplicado las llamadas que se reciben desde el 0-800 de salud sexual. Esto tiene que ver con el efecto de la difusión de la información que es un elemento primordial y necesario para la implementación de la Ley de IVE. Tener acceso a la información es la posibilidad que uno tiene de poder decidir de forma autónoma lo que quiere hacer con su gesta”, expresa Ceccato. Kielmanovich, al mismo tiempo, opina que gracias a la circulación de la información y todo lo que acompaña la implementación de la IVE, se logrará que ya no dependa únicamente de los equipos que se propongan garantizar la práctica de interrupción, aunque a nivel nacional aún falte “entiendo que estamos en un país que presenta una heterogeneidad muy grande -en términos de acceso a derechos sexuales y reproductivos para las mujeres- y va a haber que desandar miles de años de patriarcado, y trabajar mucho con los equipos de salud”. 

Dentro del trabajo para lograr que efectivamente se cumpla con la interrupción voluntaria del embarazo en todas las jurisdicciones, Ferrero expresa que lo más importante es que hoy están todas las miradas puestas en los distintos fallos judiciales que surgen. Como fue el caso de la jueza Zunilda Niremperger de Resistencia, quien intentó rechazar la implementación de la Ley IVE. “Por más que algunos lugares se nieguen a garantizar la IVE, no lo van a poder sostener tanto tiempo. Lo que siento después de haber estado el día que se sancionó la ley es que algo se quebró y es que para atrás no volvemos. No vamos a permitir que esos fallos entren en vigencia”. Ceccato agrega que algo que ha tensionado la IVE es la relación con la discrecionalidad de accesibilidad a nivel nacional que había previamente con la ILE, como por ejemplo en San Juan o Mendoza, donde estaba prohibida la venta de misoprostol: “Son distintas acciones que van abriendo camino sobre distintos obstáculos que venían sucediendo ya con la implementación de la ILE”. 

El avance en la aprobación de la ANMAT de la mifepristona, que es junto con al misoprostol, los dos medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la atención de interrupciones de embarazos, es un tema central para la mejora de la atención, según expresa Ceccato: “Su incorporación haría que, en forma combinada con el misoprostol, aumentara la calidad de las interrupciones haciendo que disminuyan los efectos adversos, el malestar y aumente la efectividad al 97%”. 

Por su parte, Ferrero opina que siempre habrá cosas por mejorar, pero que la gran deuda es poder brindar accesibilidad en cualquier lugar del país y no solamente en los grandes centros urbanos. Kielmanovich y Bernabó coinciden con que los dispositivos tienen que funcionar más amigablemente y que acompañen a las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir y a elegir qué hacer con sus cuerpos y maternidad: “No ser jueces de sus decisiones”, concluye Bernabó. A su vez, Kielmanovich resalta la importancia de trabajar con las instituciones de salud y sus trabajadores: “La premisa dentro del modelo médico hegemónico, que es el modelo dominante en salud, reproduce el patriarcado y la mirada en donde la mujer aparece como cuidadora o agente de cuidado de la sociedad y su familia, pero no como sujeto autónomo con derecho a decidir sobre su cuerpo”.