En Argentina no hay norma legal o constitucional que prohíba la actividad de ofrecer o demandar sexo, pero sí reglas de menor jerarquía que la condicionan. El Código Penal de la Nación establece que la prostitución ejercida libremente no es delito. La legislación federal penaliza con prisión de cuatro a seis años a quien promueva o facilite y a quien “explote económicamente” el ejercicio de la prostitución. Es decir apunta hacia la intermediación y el proxenetismo. Las modificaciones al Código introducidas en 2012 por la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada tras el fallo absolutorio en la causa por la desaparición de Marita Verón, explicitan la irrelevancia del consentimiento de la persona en situación de prostitución, caracterizada como “víctima” en todos los casos. La tradición jurídica del país puede ser descripta como abolicionista, en tanto prohíbe la explotación ajena sin penalizar el ejercicio independiente, reconociendo la existencia de la prostitución pero buscando su desaparición a partir de la sanción de la administración del trabajo sexual por parte de terceros. Sin embargo, entre las pretensiones de la letra fría de la norma y la realidad concreta de todos los días están las acciones de las personas. Para pensar la prostitución hay que partir desde la ley pero hay que llegar a las formas en que se implementa y atraviesa las vidas que intenta controlar.
“Si una mujer hoy vende su cuerpo porque es su decisión, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, porque son acciones privadas de las personas y en nuestra legislación todo lo que no está prohibido, está permitido”, señala María Elena Naddeo, creadora y primera presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y actual titular del Programa de Atención de la niñez, adolescencia y género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Sin embargo, un informe sobre criminalización del trabajo sexual en la vía pública realizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en 2016 destaca que “aunque el trabajo sexual no es un delito en nuestro país, todos los lugares donde se lo puede ejercer están criminalizados”. En este sentido, el documento puntualiza las superposiciones entre las diversas legislaciones locales y las normas nacionales, plasmadas en los distintos códigos de faltas y contravencionales, que “se convierten en instrumentos punitivos contra las trabajadoras sexuales, simplemente por considerar que su actuar es inmoral y contrario a las buenas costumbres”.
En este punto, las principales corrientes al interior del movimiento feminista coinciden en la necesidad de derogar las ordenanzas de códigos contravencionales que penalizan la oferta y demanda de sexo en la vía pública. Naddeo señala que “la legislación argentina aún castiga el comercio sexual cuando se ejerce en la calle. Se debe atacar la explotación, pero no se puede seguir persiguiendo a las mujeres en situación de prostitución”. La dramaturga y militante del Frente Abolicionista Travesti/Trans, Daniela Ruiz, destaca la importancia de generar políticas “que no sean prohibitivas ni punitivas: no queremos que la policía vaya contra la compañera que está en la calle, porque estamos en un Estado en el que la prostitución es libre”.
Historia de la persecución en la Ciudad de Buenos Aires
El primer Código de Convivencia Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionado en marzo de 1998 por la Legislatura porteña, derogó una serie de edictos policiales vigentes hasta el momento y limitó la acción de la policía en detrimento de la intervención del Poder Judicial de la Ciudad y en los hechos, a través de la eliminación de la figura del “escándalo”, despenalizando el ejercicio de la prostitución en el espacio público porteño.
La primera reforma del Código, materializada a solo dos meses de su sanción por impulso del Gobierno de la Ciudad encabezado por Fernando De La Rúa, tras un intenso debate social sobre el tema atravesado por un fuerte matiz moral, incorporó a la prostitución como actividad sancionable, pero de una manera desviada. El artículo 71 penalizó la alteración a la tranquilidad pública “con motivo u ocasión del ejercicio de la prostitución”. Es decir, no estableció un castigo por el acto mismo de la prostitución, sino en tanto “altere la tranquilidad” al ser realizado en formas que impliquen “ruidos o perturbación del tránsito de personas o vehículos”, hostigamiento o exhibicionismo.
34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No binaries – La Plata, Buenos Aires –
El 3 de marzo de 1999, en el marco de un año electoral y un día antes de que la Legislatura porteña tratase la segunda reforma a su Código Contravencional, el presidente Carlos Menem sancionó un decreto que instruyó a la Policía Federal a detener a personas que cometan actos no tipificados como delitos o contravenciones, entre ellos la oferta y demanda de sexo, en función de un supuesto “vacío legal” generado por la derogación de los edictos policiales durante el año precedente.
Un día después, la Legislatura modificó una vez más su Código de Convivencia Urbana, y penalizó la oferta y la demanda de servicios sexuales en la vía pública en toda la extensión de la Ciudad. La modificación al artículo 71 tipifica como alteración de la tranquilidad pública el “ofrecer o demandar para sí u otras personas servicios sexuales en los espacios públicos”.
Un editorial del diario La Nación del 7 de marzo señalaba que la norma aparece como respuesta a “la fundada indignación de las familias afectadas, forzadas a convivir en sus barrios con verdaderos ejércitos de travestis y prostitutas, con el consiguiente daño para la formación moral de sus hijos” y destacaba la “pesada responsabilidad” que implica para la Policía Federal, encargada de hacerla cumplir. El diario Clarín relató en su edición del 10 de marzo una reunión informativa entre comisarios y fiscales porteños en relación a los criterios de aplicación del nuevo código, en la que el fiscal contravencional Juan Carlos López señala que se trata de una cuestión “de sentido común”, en tanto “si se filma en una zona roja a un travesti inclinado sobre la ventanilla de un auto, la escena habla por sí sola”.
Finalmente, el 23 de septiembre de 2004 se sancionó el nuevo Código Contravencional de la Ciudad, que reemplaza el artículo 71 del Código de Convivencia Urbano por el artículo 81, que penaliza la oferta y la demanda de servicios sexuales “en forma ostensible” en espacios públicos no autorizados, es decir, aquellos que se encuentren a “una distancia menor de 200 metros de hogares, escuelas y templos”, según una cláusula transitoria anexa. La misma norma establece que solo se actuará por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal y que en ningún caso se hará en base a “apariencia, vestimenta o modales”.
Sin embargo, la misma ambigüedad de la descripción de la conducta penalizable, así como la situación material del ejercicio de la prostitución, que coloca una vez más a las prostitutas en el lugar de colectivo vulnerable, habilitan el manejo discrecional de las fuerzas de seguridad sobre su actividad. La delegada de AMMAR en el barrio porteño de Flores, Laura Meza, sostiene que si bien su trabajo “no es delito”, los abusos de autoridad y el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad son corrientes: “La policía trata a las compañeras como delincuentes: es arbitraria y va directamente a la puta. Y si la pueden golpear la golpean. Y si la pueden empujar la empujan. Lo que tienen es una putafobia”.
Un mapa (polifónico) del debate
Las dos corrientes tradicionales para abordar la cuestión de la prostitución al interior del movimiento feminista son el abolicionismo y el regulacionismo. Con matices, ambas son útiles como referencias a la hora de trazar el mapa del debate. Desde la mirada abolicionista se considera a la prostitución como una forma de violencia de género cuyo ejercicio implica en todos los casos un cierto grado de coacción y por lo tanto debe ser desalentada. En tanto, desde la perspectiva regulacionista, el trabajo sexual se contempla como una actividad productiva al igual que cualquier otra, que debe ser regulada por el Estado e implica derechos y garantías para quienes la ejercen.
En los hechos, las categorías son un marco que queda corto para lo cotidiano de las experiencias y las militancias. “Yo no hablo tanto del término abolir, porque tampoco podríamos abolir por decreto”, explica María Elena Naddeo. “Estoy intentando cambiar el término por desalentar, por no promover”. Un documento de AMMAR de 2016, titulado “Trabajo sexual: cuál es la diferencia entre reglamentarismo y regulacionismo”, postula el término “pro derechos” para caracterizar la perspectiva de la organización: “Un modelo que exige la intervención del Estado para el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social de quienes ejercen el trabajo sexual libremente, y rechaza el control punitivo e higienista propio del reglamentarismo”.
Aún así, ciertas diferencias son conceptuales y de raíz, por eso las palabras son terreno de disputa constante. “Hay una carga de valor en la palabra prostitución”, sostiene la dirigente de AMMAR Laura Meza. “Hay compañeras en situación de prostitución, pero nosotras no somos prostitutas ni defendemos eso: nosotras somos trabajadoras sexuales”. Por su parte, la escritora feminista Sonia Sánchez postula que “la identidad del trabajo sexual maquilla el dolor y la vergüenza”. En su opinión, el “discurso fálico” del reglamentarismo “sólo beneficia a los varones: legaliza al proxeneta y convierte al traficante de personas en un gran empresario del sexo”. La militante abolicionista Daniela Ruiz coincide en la crítica a la “tesis del trabajo sexual”, porque entiende que “reivindica una violencia sistemática, que desvaloriza a la persona y la marca en un precio”. La trabajadora del área de Interculturalidad del Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI), Betania Longhi, explica que en la institución reciben “denuncias de ambos lados: compañeras que se afirman en su identidad de prostitutas y son ofendidas por la discriminación; y compañeras que no se perciben en esa identidad y son ofendidas cuando son catalogadas como prostitutas”.
Marcha del Orgullo N°26. De Plaza de Mayo a Congreso. Sábado 18 de Noviembre de 2017.
El concepto de trabajo aparece como un nudo central de la discusión. “No es un trabajo como cualquier otro” señala María Elena Naddeo. “Genera daños psíquicos y en la sexualidad que otros no generan. Existen daños físicos, como en todas las esferas de la vida, pero el ámbito de la sexualidad queda más o menos preservado”. Por su parte, María Rachid, fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y ex vicepresidenta del INADI, postula que “es como cualquier otro trabajo que, tanto en el mundo como en la región, se da en una situación de explotación. Hay actividades en situaciones similares, como el trabajo rural o textil. Pero lo que hacemos ante esas situaciones es garantizar mayor presencia del Estado y reconocimiento de derechos”. Daniela Ruiz sostiene que en su experiencia la prostitución es “saber que está permitido que te hagan lo que quieran porque sos puta y pagan para eso. ¿Después voy al sindicato a quejarme porque me metieron dos dedos y me dejaron con sangre el culo por una uña quebrada? Acá solo existe ir a lavarse”. Rachid afirma que no conoce “una trabajadora sexual que no haya sido víctima de trata y esté en contra del reconocimiento de sus derechos laborales. Comprendo que estén en contra de la regulación por su experiencia personal, pero no todas las realidades son iguales”.
“Estamos todas en contra de la criminalización y la persecución policial. Somos hermanas en lucha, pero nos divide la conceptualización del trabajo sexual”, resume María Elena Naddeo. “Para mí son todas compañeras y punto”, concede Meza, “pero algunas tomamos el feminismo como una cuestión de derechos”. Las tensiones entre ambas perspectivas reaparecen como fantasmas detrás de cada coincidencia. El debate es efervescente porque no es abstracto: se nutre de la conciencia común de una situación de vulnerabilidad concreta, pero genera interpretaciones, respuestas y programas políticos contrapuestos.
“Hasta las organizaciones marxistas, que están en contra de la plusvalía, luchan por un salario digno” desarrolla María Rachid. “Estamos en un contexto capitalista y patriarcal, donde la mayoría de los trabajos implican situaciones de explotación. Eso se combate con presencia del Estado y con derechos”. Betania Longhi, trabajadora del INADI, opina que cuando el Estado reguló la prostitución “fue el peor momento” para las prostitutas: “Entraban las redes de trata al país y se les pedía controles ginecológicos a las trabajadoras como si tuvieran la culpa de las enfermedades de transmisión sexual. Controlar la prostitución es un arma de doble filo”. “Ser un sindicato no es la única forma de organizarse contra esta violencia”, dice Sonia Sánchez. “Debemos construir una masculinidad nueva. Los hombres deben aprender a relacionarse desde la no violencia con les demás. Y nosotras tenemos que ayudar a deconstruir esa cultura: sin varones que vayan de putas no hay prostitución. Y sin prostitución no hay trata”.
Violencia simbólica y de las otras
En la actualidad no existen datos oficiales que den cuenta de cuántas personas están en situación de prostitución. “¿Cuántos pueblos hay en Argentina?”, se pregunta Melisa De Oro, trabajadora sexual nucleada en AMMAR. “Hasta en el pueblo más chiquito hay una puta. Hay mucha más gente de lo que parece en el mercado del trabajo sexual”. Melisa, que se presenta como la primera docente trans de la Ciudad de Buenos Aires, estima que en este momento “no debe haber menos de cien mil trabajadores y trabajadoras sexuales en el país”. Betania Longhi, por su parte, señala que no se puede acceder a los datos duros debido a la “compleja situación institucional” vinculada con el tema. “No hay números porque no hay registro, y creemos que está bien que no lo haya. Cuando el Estado tiene el acceso a los números, también se produce una reducción en la libertad de las compañeras”. La trabajadora sexual Laura Meza comenta que el último censo de AMMAR se realizó en 2014 y contabilizó seis mil afiliadas en Capital Federal, pero que “no hay un número ni aproximado a la cifra real. ¿Cuántas compañeras empezaron a ejercer el trabajo sexual desde hace cinco años? Para ese censo no existía la modalidad Internet, donde hoy está minado”.
Desde el sindicato de trabajadoras sexuales agregan que la construcción de cifras es compleja por el estigma que implica reconocerse en esa identidad. Longhi advierte sobre la posibilidad de que el registro y control oficial de la prostitución desemboque en “una marca negativa en torno a ser mujer o trans y realizar esta actividad”. En este sentido, la funcionaria del INADI señala que “el 95 por ciento de las personas trans del país está en situación de prostitución”. En Argentina, al igual que en el resto de Latinoamérica, la expectativa de vida travesti/trans oscila entre los 35 y los 40 años. En este sentido y desde diversas aristas, las personas que ejercen la actividad forman parte de una población en situación de vulnerabilidad.
En los últimos cuatro años, el índice de desocupación de la Ciudad de Buenos Aires subió más de dos puntos (de 8,6 por ciento a 10,9 por ciento). Las mujeres son las más afectadas por esta situación. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la mayor parte de la población femenina que se incorporó al mercado de trabajo entre 2016 y 2018 lo hizo en condiciones precarias: “82 mil consiguieron trabajos informales y cerca de 150 mil se emplearon por cuenta propia”. En paralelo, también disminuyó la proporción de trabajadoras en puestos asalariados registrados.
Karla Bendezú, infectóloga del Hospital Muñíz, detalla que “aproximadamente el diez por ciento de la población VIH positiva que se trata aquí se dedica a la prostitución”. Bendezú señala que según el relato de sus pacientes, la mayoría comienza a prostituirse porque no consigue otro trabajo. Según una estadística difundida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2017, ese año el Hospital Muñíz tuvo 1873 entradas a consultorios externos por enfermedades de transmisión sexual, de las que 745 correspondieron al SIDA. La doctora explica que las personas infectadas con VIH deben hacerse controles cada seis meses, “lo que muchas veces implica faltar dos o tres veces al trabajo en un mismo mes”, con las consecuencias que eso implica. “Estoy segura de que la mayoría quisiera dedicarse a otra cosa, pero no es fácil por el ámbito socioeconómico en el que se mueven”.
La estigmatización de la población en situación de prostitución no es sólo simbólica: es institucional. Longhi señala que desde el organismo son recurrentes las denuncias porque “no las atienden en los hospitales, o porque la policía las corre y las detiene por estar prostituyéndose”. Laura Meza señala que lo peor de su profesión es “el acoso y la violencia institucional”. Detalla que hay muy pocos hospitales “amigables” para las trabajadoras sexuales en Capital Federal, entre ellos los Hospitales Álvarez, Piñeyro, Ramos Mejía y Garrahan para los menores de edad. “Las compañeras van con un dolor de brazo o de espalda y les dicen: no, vos sos trabajadora sexual. Hacete un VIH”. La dirigente de AMMAR sostiene que “si sos trabajadora sexual no podés tener nada: tenés la plata para alquilar, pero no tenés garantía; no hay obra social; me faltan ocho años para la jubilación, pero ¿de qué me voy a jubilar, de ama de casa?”. Leonor Núñez, psicóloga asesora en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), señala que “para enfrentar estas violencias, las víctimas primero se tienen que reconocer como tales”. En el mismo sentido, Longhi destaca que parte importante de la labor del INADI es “hacer que cada uno reconozca cuando está siendo discriminado”.
“La autonomía y el bienestar de los cuerpos”
A pesar de las diferentes perspectivas para encarar el tema, se observa un consenso implícito sobre dos puntos centrales: que las prostitutas están hoy de hecho en una situación de grave vulnerabilidad y que parte fundamental del ataque a esa condición está vinculada a las políticas del Estado o a su ausencia. La militante abolicionista Daniela Ruiz plantea que “el Estado calla con la prostitución para no hablar de lo que hay detrás: la explotación; la trata; la coima; el silencio; los cuerpos que valen y los que no”. Para la dramaturga, el objetivo es desarrollar “políticas públicas” que permitan que “cada compañera pueda elegir, para que su último destino sea la prostitución”. Desde una mirada diferente, María Rachid señala que el rol del Estado tiene que ver con el reconocimiento para las trabajadoras sexuales de “los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador”. La actual presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostiene que el Estado “es quien debe hacerse presente en términos de controles para que deje de haber abusos, para que las trabajadoras puedan contar con una pensión, con una obra social, con una jubilación”. En todos los casos, la urgencia de la situación quema en el discurso de las militantes. Desde una diversidad de perspectivas, queda claro que, como señala María Elena Naddeo, “no se trata de un tema moral: tiene que ver directamente con la autonomía y el bienestar de los cuerpos”.
Si nos ceñimos al imaginario popular, el heavy metal es terreno de varones, de “machos”. Gran cantidad de artistas, bandas y productores, tanto nacionales como internacionales, se han encargado de fomentar esa imagen. Sin embargo, desde sus mismísimos orígenes, las mujeres estuvieron presentes. Y no solo como meras espectadoras o groupies, sino como reales hacedoras de la movida, como protagonistas directas de la historia del metal. Ahora bien ¿qué significa ser mujer música? Y, además: ¿Cómo es serlo en un género musical minoritario?
En el ámbito nacional, ya desde los años ’80 hubieron quienes se plantaron en bandas mixtas, como Mabel Díaz quien supo ser la bajista de Thor; o Graciela Folgueras, que constituyó la primera banda Argentina de metal con todas integrantes mujeres. Graciela fue creadora, guitarrista y voz de la banda Las Brujas, una agrupación con una tormentosa vida producto de sus continuos cambios de integrantes, lo cual demuestra que no solo a fines de los ’80 y principio de los ’90 era complicado encontrar compañeras músicas de metal, sino también mantener una formación estable. Al recordar esa época, Folgueras señala que, más allá de los continuos cambios, “los ensayos no eran tal como pretendíamos. Necesitábamos tiempo para crecer, afianzarnos y encontrar nuestro propio estilo e identidad.”
Sin embargo, las vicisitudes comunes a toda agrupación no eran las únicas que afectaban a Las Brujas. Como la misma cantante y guitarrista lo cuenta: “Todo era difícil y complicado en un ambiente machista y, más aún, tratándose de ese estilo musical”. Incluso, aún cuando ya estaban consolidadas como banda, con giras y material circulando, recuerda que “cada presentación era un desafío, un examen a rendir, ante un público machista que desde abajo nos miraba con extrañeza, intentando tal vez premeditadamente, abrir un juicio ni bien sonaban los primeros acordes. Una pifiada o algún error, como lo suelen cometer las bandas de hombres, no pasaba desapercibido.”
A pesar de todo, Las Brujas siguieron para adelante. La perseverancia las convertiría, con el paso de los años, en una banda de culto. Y aunque en 1992, luego de grabar “El habitante solitario”, hayan tomado la decisión de separarse definitivamente, aún hoy son respetadas y recordadas. Muchos años más tarde un productor de Portugal de nombre Fernando Roberto –dueño de la discográfica Metal Soldiers-, contactó a Graciela Folgueras para reeditar las canciones en un nuevo álbum llamado “La Reencarnación”. Además de eso, en la actualidad ella se encuentra componiendo y grabando para Brujaza, su disco solista.
Estos inicios dentro de la escena metalera no serían meros experimentos aislados, sino que constituirían un despegue para que, dentro de la movida, otras bandas se abrieran paso. A fines de 1993 surge otra agrupación argentina, también conformada íntegramente por mujeres, pero de características musicales muy diferentes: Sarkástica. Con influencias de los estilos thrash y death, la banda contaba con la novedad de que su vocalista y guitarrista, Brenda Cuesta, cantaba gutural. Este tipo de canto se produce cuando los sonidos graves y similares a gruñidos se hacen al crear una constricción detrás del velo del paladar. Cantar ‘podrido’ o ‘extremo’ implica, aún hoy, correrse de los estándares dentro del heavy metal, que asocia el rol de cantante femenina a lo lírico, a lo operístico.
Si bien no fue la primera en cantar este estilo, Silvina Harris es actualmente el ejemplo paradigmático de canto femenino gutural en Argentina. Supo ser la cantante de Betrayer y Climatic Terra. Hoy, vuelta a las tablas tiene, además de su banda tributo Doomsday, un proyecto personal próximo a salir. Harris es, sin dudas, una luchadora del metal. Pero no solo por su voz “podrida”, sino también por todo el trabajo que logró para la escena desde abajo del escenario. Fue manager y prensa de bandas de la talla de Azeroth o Lethal, y productora de eventos como el primer Tributo Argentino a Iron Maiden.
En lo que refiere a sus inicios como música, en 2004 y siendo bajista, tuvo la intención de conformar una banda de metal extremo femenina. Consiguió el resto de las chicas para tocar, menos a la vocalista, y así fue como se animó a asumir ese rol. Sin embargo, ese proyecto inicial quedó en la nada y empezó como cantante en Climatic Terra primero, sumándose a Betrayer tiempo después.
En lo que se refiere a la respuesta que tuvo en la música, Harris cuenta que “en general, tuve buena recepción. No solo cantando, sino siendo productora y manager también.” Pero enseguida hace la salvedad: “El estilo que yo hago es 99% machista… el metal extremo es para hombres. Por suerte a mí me fue muy bien, pero hay que reconocer que yo ya era una figura conocida dentro de la movida y eso me ayudó mucho.” La vocalista afirma que, en general, no sufrió faltas de respeto explícitas ‘por ser minita’, pero “sí sentís que te miran más. Es obvio. Aunque te digan que no va a haber prejuicio, siempre van a sacar el cuero cuando sale una mujer al escenario. Se van a fijar dónde le vas a pifiar, a buscar el error”. Harris defiende a muerte que si una mujer quiere hacer metal tiene que hacer las cosas muy bien. No hay otra opción.
Un punto importantísimo dentro del metal es la imagen, además de la música. Noelia Adamo, escritora integrante del G.I.H.M.A. (Grupo interdisciplinario de heavy metal argentino), afirma que las músicas metaleras están sometidas a un doble juicio: en primer término el estético, es decir, si se ciñen o no a los estándares de belleza imperantes en la sociedad. Luego, el musical, que refiere a sus dotes como artistas, a su desempeño con su instrumento. La autora insiste en que se ven como mujeres primero, y como intérpretes, después. A Harris esto no se le escapa: “Conozco bandas a las que, si la vocalista no se inscribe dentro de los cánones de belleza tradicionales, tiene rechazo. Automáticamente. Y no pasa lo mismo si es un hombre el que está al frente: un hombre con mal aspecto ‘es rock’. Pero si una mujer no es bonita, al toque le dicen que se tiene que bajar. Esa discriminación está. Aunque te digan que no, que es mentira, está.”
Si bien actualmente, en la movida metalera, las bandas con integrantes femeninas proliferan, el panorama está lejos de ser el ideal. El trío Furias, conformado por Gimena Zamorano en voz y bajo, Agustina Hidalgo en batería y Natalia Ré en guitarra, es parte de una nueva generación de agrupaciones que apuestan al talento, a ser reconocidas como músicas. Así lo dice Ré, la guitarrista: “Si bien queremos apoyar a las bandas de pibas que hay, entra en juego este doble debate de lo estético y del talento musical. En nuestro caso, armamos algo súper serio, no está hecho así nomás. Todo lo pensamos y realmente el trabajo que hacemos es conciencia. Individualmente, las tres nos perfeccionamos en nuestro instrumentos y, después, eso lo plasmamos en la banda.” Y sigue: “Tiene que ver con lo que vos querés proyectar como banda y cómo querés que te perciban. La idea es que nos escuches y no pienses en un género, sino que pienses en ‘estas tres personas’”.
Por su parte, la cantante y bajista Zamorano se corre del eje y pone la culpa de ese juicio puramente en el espectador: “Es un proceso de cada persona, como espectador, si se está fijando si sos mujer o no… Eso es totalmente indistinto al arte que estamos haciendo en el escenario. Y si una persona va a juzgar eso, porque es parte de lo que es social y culturalmente, bueno, no está bajo nuestro control. Nosotras solamente hacemos lo que tenemos ganas de hacer, lo que nos gusta, y lo hacemos de la mejor manera posible.”
La banda Furias saca su nombre de las divinidades griegas que custodian las puertas del infierno. Pero es un nombre que, además, resulta pertinente a la coyuntura actual donde los debates sobre problemáticas sociales y de género no son ajenos a los artistas. Si bien se formaron en 2012, fueron sufriendo algunos cambios hasta el 2015, cuando se cristalizan en el trío como el que actualmente tocan. Es en ese año cuando logran grabar su primer demo, de tres canciones.
Las integrantes de Furias contestan que es normal encontrarse con frases como “por ser mujer tocás bien”, o “las van a ver solo por ser mujeres”. Dicen que todavía hay gente a la que le falta ‘laburo’, ‘deconstruirse’, que todavía ‘bardean solo porque somos minas’. Pero entienden que, como sociedad, estamos camino a naturalizar todo. Estos últimos años se empezaron a sumar un montón de mujeres a la movida de la música metal. A estar más en circulación, no solo artísticamente, sino entre ellas, a estar más comunicadas a apoyarse mutuamente para construir, para perfeccionar la escena. Es menester, en este caso, usar una frase trillada al infinito, pero pertinente al fin: todas y cada una de estas movidas van conformando ‘un paso más en la batalla.
Alfredo Gramajo Gutiérrez es el autor del cuadro La Salamanca Norteña, recientemente elegido por el Presidente para su despacho junto a otro del impresionista Fernando Fader. El primer pintor, nacido en 1893 en Tucumán y fallecido en 1961 en Olivos, se dedicó a retratar la vida en el norte argentino, su universo abarca el trabajo de la tierra, las ferias, los ritos religiosos, las leyendas.
Nieves del Valle, hija del artista, lo recuerda como un hombre callado, fino, de profunda fe, de mirada melancólica. Gramajo Gutiérrez conoció de chico las penas de la existencia. Tenía siete años cuando su padre murió de una súbita enfermedad. Era el segundo de cinco hermanos y la suerte de su familia quedó en buena parte a su cargo. Los Gramajo Gutiérrez dejaron Tucumán y se fueron a Buenos Aires. A los catorce años, Alfredo empezó a trabajar en los Ferrocarriles del Estado. Su labor en los trenes sería su fuente de sustento por cuarenta años y le daría la oportunidad de conocer a su esposa, una maestra catamarqueña, en uno de sus viajes, y de pintar ese norte que fue su inagotable fuente de inspiración.
Su vocación por representar a la gente humilde de su pueblo se despertó en torno a los festejos del Centenario. Buscó formarse en el dibujo y la pintura y estudió en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y en la Escuela Nacional de Artes Decorativas. También cursó estudios para desempeñarse como profesor, cargo que ejerció desde 1939 en la Escuela Manuel Belgrano.
Tempranamente, fue premiado por el cuadro La promesa que le valió un premio de la Comisión Nacional de Bellas Artes. Pero sin duda el reconocimiento más sonado llegó de la pluma de Leopoldo Lugones, cuando en 1920, en un artículo en La Nación, lo llamó “el pintor nacional”. Obtuvo posteriormente varias distinciones, entre ellas la Medalla de Oro y Diploma de Honor de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y el Gran Premio de Honor del Ministerio de Educación y Justicia del Salón Nacional de Bellas Artes.
El cuadro La Salamanca Norteña, galardonado en 1946 por la Comisión Nacional de Cultura, se encontraba en otra dependencia del Estado Nacional antes de su traslado al despacho presidencial. La pintura representa un espacio diabólico y de brujería invocado en leyendas hispanoamericanas.
A lo largo de los años, Gramajo Gutiérrez fue perfeccionando un estilo propio. Usaba una paleta de colores vivos, plenos, dibujaba las figuras de forma intencionadamente rudimentaria y las perspectivas se generaban más bien por contrastes de colores o por la acumulación de personajes superpuestos antes que por una composición estrictamente geométrica. En sus cuadros hay gente, hay religión y rituales, hay paisajes, hay trabajadores bajo el rayo del sol, hay costumbres de tierra adentro, desconocidas en la capital cosmopolita, pero cercanas al corazón del artista. No los observaba con exotismo. Sus personajes, tal como él, no sonríen.
El tren no sólo le brindó el medio para acercarse a lo que quería pintar. Algunas publicaciones de la revista Riel y fomento –editada por Ferrocarriles– llevaron en la tapa ilustraciones con sus obras. La revista tenía estrecha relación con la búsqueda de una construcción de la argentinidad y esos cuadros, catalogados como costumbristas, permitían mostrar la cotidianeidad de una región del país.
Gramajo Gutiérrez integró, junto con otros, lo que se llamó “la Orden del Tornillo”, una distinción inventada por Quinquela Martín para premiar a los artistas. La condecoración era un tornillo de unos quince centímetros que simbolizaba el “que les falta a los artistas” y los conminaba a la búsqueda de “la Verdad, el Bien y la Belleza”.
El artista junto al presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Foto: Gentileza de la Familia
“Era apolítico”, afirma su hija. Nunca integró un grupo específico, aunque tuvo cercanía con figuras como el radical Ricardo Rojas (cuyo libro El país de la selva llevó ilustraciones suyas). Pero también podía relacionarse con Leónidas Barletta, comunista y fundador del Teatro del Pueblo, o ser amigo de la feminista Alfonsina Storni. “Estaba inmerso en el clima renovador y revolucionario de los pintores que provenían de Europa, tanto de los que se mantenían en los márgenes clásicos –por ejemplo, el joven Spilimbergo o el ya maduro y americanizado Sívori–, como también de los emergentes y revolucionarios –Del Prete y Xul Solar. Se vinculó con Antonio Berni, militante de un original realismo social, y con otros artistas que luego fueron seguidos por las vanguardias del 40”, escribieron María Inés Rodríguez Aguilar y Miguel Ruffo, curadores de una muestra retrospectiva realizada en 2011. Tres años después, la exposición La hora americana 1910-1950 del Museo Nacional de Bellas Artes, también mostró obras del artista en el contexto del movimiento americanista.
El deseo de contribuir a un arte nacional que pudiera dar cuenta de las tradiciones populares locales fue un imperativo que guió su obra. Un día de febrero de 1933 llegó a su residencia en Olivos una carta del Director Nacional de Bellas Artes. Lo invitaban a un viaje a San Juan para “recorrer algunas zonas de esa provincia y recoger algunos elementos del folklore local”. Dos meses más tarde, Gramajo Gutiérrez escribió al Director después del viaje para decirle lo muy satisfecho que estaba y le contó que él y otros le habían propuesto al Gobernador que se creara un Museo Provincial de Bellas Artes. El museo efectivamente se creó, se inauguró un año después de ese intercambio de cartas.
“No sé de escuelas ni de academicismos. Pinto para los hombres de sentimiento, para los que aman la vida, para los que se amargan con sus tristezas, para los que quieren liberar de su condenación a los condenados, iluminar en sus tinieblas a los envilecidos, salvar de la pendiente de la muerte a los que viven enceguecidos y enfermos”, se definía el artista.
La obra de Gramajo Gutiérrez, patrimonio del arte nacional, se encuentra dispersa entre colecciones privadas y algunos museos abiertos al público, como el Bellas Artes, el de Tigre o el Quinquela Martín.
Barro, fuego, humo, hedor, enfermedades, precariedad y derechos humanos suprimidos. Familias enteras trabajando en jornadas extendidas con sueldos míseros que oscilan entre los 12 y 13 mil pesos mensuales. Este panorama desolador se da a 40 minutos de la ciudad más rica de Argentina. Así es la vida de los trabajadores en los hornos de ladrillo del conurbano bonaerense.
Norberto Ismael Cafasso, secretario gremial de Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), manifiesta: “No hay una estadística terminada, pero calculamos que la actividad genera unos 15 mil puestos, el índice de informalidad laboral y trabajo infantil en la actividad es muy alto. Es algo contra lo que peleamos, aunque es difícil de erradicar”.
Casi la totalidad de los trabajadores ladrilleros son migrantes bolivianos, muchos son analfabetos y algunos sólo hablan quechua, condiciones propicias para que terminen formando parte de este circuito de explotación cercano a la esclavitud. Gente retraída, de pocas palabras, temerosa, sumisa y con muchas carencias son contratadas por paisanos suyos que pasaron al otro lado del mostrador y hacen usufructo del trabajo de sus compatriotas.
La combinación entre un Estado ausente, un sindicato cómplice, una sociedad indiferente y la dificultad para llegar a los lugares donde se desarrolla la actividad conforman este ámbito de trabajo, donde los derechos laborales, las condiciones de higiene y salud, y el respeto hacia las personas que sólo tienen para vender su trabajo, no existen.
Cachimbo Pela
La ampliación de la Avenida Espora desde el cruce con la calle Berlín, en Longchamps, hacia el sur hasta la intersección con Capitán Olivera, en Presidente Perón, agiliza el tránsito y facilita el acceso a los hornos ladrilleros de la zona. A los establecimientos emplazados en este sector del Gran Buenos Aires, por su envergadura y capacidad de producción, se los denomina “cachimbos”.
Avenida Espora, en el cruce con Rivera, se caracteriza por ser el límite entre el barrio y lo que se ve como un monte. Vegetación tupida, grandes arboledas y basurales a cielo abierto son la puerta de entrada a la zona rural. Esqueletos de autos incendiados, montañas de escombros, animales muertos y residuos de todo tipo marcan los márgenes laterales de la arteria mejorada con tosca, piedra y pedazos de ladrillo rojo. El olor es nauseabundo y roedores de gran porte cruzan sin temor a la presencia de humanos. Apenas iniciado el camino por Rivera, se cruza por un puente el arroyo Las Piedras y en pocos metros de recorrida una tranquera, siempre abierta, marca la entrada del cachimbo Pela.
Según la cartografía de Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) en Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, circunscripción 4, la parcela 793 tiene 205.750 m². Datos acerca de la propiedad del predio son inaccesibles. En esta hacienda se estableció hace tiempo Fidel, boliviano de 67 años, que junto a su hijo Alberto regentean el cachimbo Pela.
La tranquera siempre abierta es una característica. No temen robos, ni inspecciones, ni visitas indeseadas. Grandes arboledas flanquean el improvisado camino hecho por las ruedas de los vehículos, que entran y salen, y por el paso de los trabajadores que no duermen en el establecimiento. El hedor sigue siendo nauseabundo a medida que se ingresa, pero varía, ya no se trata de la putrefacción de cadáveres animales, sino de químicos. La “liga”, como nombran los trabajadores y dueños de las ladrilleras a los aditivos que incorporan al barro para la producción, se compone de viruta de cuero curtido al cromo, sustancia altamente contaminante y tóxica para quienes la emplean, que se deposita al aire libre en grandes montañas junto a viruta de madera, en una flagrante contravención a la ley N° 24.051 de residuos peligrosos. La manipulación de estos elementos, sin ninguna protección, genera en los trabajadores problemas respiratorios y de piel. Son comunes los brotes de tuberculosis.
El cachimbo Pela cuenta con cuatro pisaderos, a pocos metros de cada uno se depositan los elementos para la liga. Dos personas se encargan de palear el aserrín y la viruta dentro del pisadero, dejan abiertas unas canillas que se alimentan del agua del arroyo con el que se prepara el barro, mientras Filemón Flores mezcla los materiales con un tractor dispuesto a tal fin.
Entre el pisadero, las canchas y los hornos se cuentan 15 jornaleros, la piel cuarteada por el trabajo a la intemperie, las manos ásperas y la suciedad que se les pega al cuerpo y las ropas. El coqueo o acullico, costumbre arraigada en Bolivia y el norte argentino, sirve para evitar el mareo en el altiplano. Acá lo practican para mitigar el cansancio, el sueño y el dolor de las extensas jornadas laborales, que casi siempre exceden las 12 horas.
Las canchas son sectores planos del terreno donde se ponen los bloques recién armados a secarse, regadas con las mismas aguas hediondas con que se prepara el barro. A cada lado hay unos improvisados techos bajos donde se apilan los ladrillos una vez adquieren firmeza. Cada trabajador va hasta el pisadero con su carretilla, la trae llena de barro y, con un molde de madera, va armando a mano los bloques que deposita en fila en el suelo. En el barro suelen venir pedazos de vidrio, alambre, y todo tipo de residuos que generan cortes y lastimaduras. Ante un accidente se lavan con la misma agua sucia usada en la preparación del adobe y no se quejan por temor a que los manden a descansar y perder el jornal.
Entrando algunos metros más al predio se encuentra la quema. Los ladrillos ya secados al sol y que lograron firmeza son apilados. El horno se va armando con los mismos bloques, adquiere la forma de trapecio y se eleva a una altura de cuatro metros aproximadamente. En primer lugar, se arman los túneles por donde se introducirá leña y otros elementos combustibles que darán el calor necesario al carbón. En cada fila de ladrillos se agrega una capa de carbón mineral molido que cocinará el adobe.
Los túneles se alimentan por más de 12 horas con leña, pedazos de caucho y cualquier otro elemento combustible que tengan a su alcance, potenciando el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Este trabajo, al igual que el resto de la actividad, se lleva adelante sin respetar ningún tipo de condición de higiene y seguridad laboral. Luego se cubren las paredes del horno con chapones para evitar la fuga de calor y se mantiene así durante siete días.
El “delegado”
Cubierto de ropas viejas y sucias, mimetizándose entre los trabajadores Alberto, de unos 30 años, hijo de Fidel, es el primero en enfrentar a quien ingrese al cachimbo Pela. A pocos metros de un galpón precario de chapas, donde se almacenan tambores con combustible y herramientas varias, está estacionada la camioneta Toyota Hilux con la que se moviliza. A su lado siempre está Filemón, quien, al igual que los demás operarios, no está registrado, aunque esto no le impide ser el delegado representante ante el gremio y la patronal de los restantes 14 empleados.
Ante la atenta mirada de Alberto, Filemón, boliviano, accede a hablar. Dice trabajar en este horno hace unos ocho o nueve años. No mira a la cara a quien le hace alguna pregunta, y antes de responder mira con insistencia a Alberto. Entre ellos hay una especie de lenguaje silencioso, Filemón tiene un libreto bien armado que busca constante aceptación en el patrón. Manifiesta que su jornada no se extiende por más de ocho horas diarias. Antes de trabajar en el cachimbo lo hacía en las quintas.
Santos Albarado Quispe, secretario de Salud, Seguridad e Higiene a nivel nacional y secretario general regional para Almirante Brown y Florencia Varela de UOLRA, lo sindicó delegado del cachimbo Pela. La aceptación del cargo no salió de Filemón, sino de Alberto y Fidel.
En Ministro Rivadavia, Almirante Brown, de los 250 trabajadores que contabiliza el gremio sólo cinco están registrados. La connivencia entre empleadores y sindicato para mantenerlos en estas condiciones se ve potenciada por la ausencia del Estado.
Albarado Quispe cuenta que a raíz de un acuerdo implícito entre patrones y sindicato se convino, para no perder puestos de trabajo, permitir tener al personal sin registrar. Afirma que se arregló con la patronal que las jornadas no excedan las ocho horas, que se otorgue un franco semanal, que cobren lo mismo que los registrados, que el empleador se haga cargo en casos de accidentes de mantener el jornal durante el reposo prescripto por el médico, y que no se empleen chicos. Admite que es difícil controlar y suelen darse abusos. Lo único que pueden controlar con certeza es que no se pierdan puestos.
Dueños y patrones
Fidel mira con atención a los trabajadores y ante el mínimo signo de parate en la faena baja, los reprende, los llama, forman un semicírculo a su alrededor y les habla con dureza mientras ninguno osa mirarlo a la cara, todos al suelo. Antes de volver a montarse en la máquina, dice: “A los cholos, si no los tenés cagando, no trabajan, nosotros sí trabajábamos”. Tiene el poder de castigarlos, de dejarlos sin trabajo y no pagar ningún costo, es todopoderoso ante sus compatriotas y no muestra reparos en hacérselos saber. La relación entre el ahora patrón y sus trabajadores es de una asimetría que asombra. Hace años estuvo del mismo lado que los cholos a los que maltrata, aunque parece no recordarlo.
Mezclado entre los trabajadores, al igual que su hijo Alberto usando ropas que lo mimetizan, está Fidel. Subido a un autoelevador, transporta los ladrillos que formarán parte del horno. A pocos metros está estacionada otra Hilux que usa a diario. Parco, corto de palabras al igual que sus compatriotas, este hombre de 67 años dice dedicarse a esta actividad desde que tiene recuerdos. Primero trabajó para los portugueses, desde muy chico hasta los 35 años. A partir de ese momento, empezó en el predio que ocupa actualmente, del que asegura ser propietario.
Es habitual que los dueños de los cachimbos se arroguen la propiedad de las grandes extensiones de terreno que utilizan, pero carecen de documentación legal que lo avale. El secretario de Medio Ambiente de Almirante Brown, Máximo Lanzetta, sostiene: “Esta actividad tiene muchos problemas con la titularidad del suelo. Hay diferentes tipos de tenencias precarias que se aducen, con boletos de compra-venta difíciles de comprobar”.
Al tratarse de una actividad que decapita la primera capa del suelo, éste se agota. Al llegar al límite de capacidad de la tierra, suelen hacerse expediciones a otros campos de la zona en la búsqueda de materia prima. Los problemas que esta práctica genera se dirimen, mayormente, a fuerza de escopeta y revólver. Hasta el momento no hay registro de heridos por estas disputas, seguramente por el silencio y hermetismo que envuelve a la actividad. Nadie denuncia. Los problemas de paisanos se arreglan entre paisanos.
Quienes sí denuncian estas expediciones ante las autoridades son los quinteros. Se encuentran alejados de los cachimbos, pero también son víctimas de su accionar. Lanzetta cuenta que intervinieron en varios casos aplicando clausuras a los establecimientos de quienes salen a cazar tierra. Medida que es virtual, porque el trabajo en los hornos es constante y no merma ante una faja de clausura en la tranquera de acceso.
Alrededor de las 20, la oscuridad se adueña del monte. Ya no se oye el canto de las aves, su lugar lo ocupa el estridular de los grillos. La jornada llega a su fin, aunque no para todos. Sólo se puede ver, con esfuerzo, alrededor del horno que sigue ardiendo y permanecerá así durante varias horas. Cuatro trabajadores se mantendrán ahí alimentando el fuego hasta bien entrada la madrugada. Estas horas extra de trabajo no son pagas, forman parte del jornal. Al igual que el trabajo de sereno que hacen las dos familias que viven acá.
A un lado del galpón, dos piezas precarias serán cobijo para los trabajadores que viven, con sus familias, en el cachimbo. El baño compartido no es más que cuatro paredes con un techo de chapas oxidadas que se mantiene ante el embate del viento por la fuerza de la gravedad, el peso y la resistencia que le aportan las piedras y ruedas depositadas sobre él. El resto de los trabajadores empieza a retirarse. Algunos en bicicleta. Otros con los pies pegados al suelo, las cabezas gachas, las espaldas vencidas y la certeza de que mañana nada será diferente.
A lo largo de las últimas décadas, las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales han sido ineficientes para revertir la situación de emergencia habitacional. La población en villas ha aumentado a un ritmo superior a la tasa de crecimiento vegetativo ante la incapacidad del Estado de brindar soluciones permanentes a los sectores más pobres de la sociedad. En 2017, el Registro Nacional de Barrios Populares llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri, con colaboración con organizaciones sociales, permitió identificar y mapear 4.228 asentamientos informales en todo el país en donde viven más de 3 millones de personas, es decir 1 de cada 10.
El Gran Buenos Aires (GBA) es la zona geográfica con mayor concentración. Francisco Ferrario, director de TECHO en el GBA, encuentra problemáticas similares en los asentamientos del conurbano: “La falta de acceso a los servicios básicos, precariedad en las viviendas, las inundaciones constantes y la falta de servicios de emergencia se dan en casi la totalidad de los barrios. Además, los vecinos, al no tener acceso a la escritura de su casa, viven con constante incertidumbre porque al menos el 50 por ciento de las tierras en las que están los barrios populares a nivel nacional son privadas ya que pueden ser desalojados”. Y agrega: “También es un gran problema que la policía y las ambulancias no ingresan a los asentamientos”.
La organización TECHO busca ser el nexo entre los barrios populares y el Estado para resolver cuestiones habitacionales. Financiado a través de donaciones, construye viviendas a las familias más vulnerables dentro de los asentamientos. Belén Guerrero, coordinadora de la mesa de trabajo de la entidad, explica que el modelo de trabajo ha ido cambiando en los últimos años: “Antes la línea era llegar al barrio, construir la casa y después nos íbamos. Ahora es mucho trabajo previo y posterior. Estamos trabajando con muchas personas a las que no les construimos”.
Las primeras viviendas construidas por la ONG fueron las de emergencia, que consisten en módulos de 18 metros cuadrados hechos de paneles de madera prefabricados y techo de chapa con aislante térmico, que se apoyan sobre 15 pilotes de madera para aislar la humedad del suelo. Con el tiempo, TECHO desarrolló las Viviendas Semilla, diseñadas por las familias con los materiales de la organización, que buscan superar aquella primera instancia de emergencia. “Sus habitantes pagan un porcentaje sobre el valor total, que se calcula considerando su situación económica. En ambos casos, la construcción se realiza entre la familia asignada y los voluntarios de TECHO”, detalla Guerrero, quien sostiene que actualmente “el objetivo es que los y las vecinas se apropien de barrio”. “Ellos mismos eligen las familias a las que construimos. Estamos tratando que el trabajo que hacemos sea cada vez más comunitario”, subraya.
Un ejemplo de la labor de TECHO en el GBA es el barrio Haras Trujui, ubicado en el partido de Moreno, uno de los 1450 asentamientos informales del conurbano. Trujui tiene una extensión de más de 30 cuadras donde las angostas veredas de ripio y hierbas flanquean a un lado y otro las calles de tierra. Los fines de semana, el silencio impasible sólo es interrumpido por la cumbia que llega desde la radio de alguna de las casas. Ubicado a 48 kilómetros de Capital Federal, cobija a 47 familias y se encuentra atravesado por el arroyo La Felicidad, que irónicamente suele inundar al barrio en los días lluviosos. TECHO llegó a Trujui en 2015, y luego de trabajos intensivos de relevamiento, han construido sus Viviendas de Emergencia para 21 familias.
Fernanda Moyano vive allí hace más de 15 años y en su casa tiene un merendero llamado “Athenea”. Los vecinos la llaman “la abogada del barrio”. Ante este título Fernanda responde orgullosa: “En realidad, estudié Trabajo Social en la UNPAZ, pero me conocen en todas las oficinas municipales de Moreno de tantas veces que fui a reclamar”. Moyano resalta que el tratamiento de residuos y las inundaciones son los problemas más graves que tienen: “En Haras no hay recolección. La basura se tira en las cercanías del arroyo y cuando llueve esa basura va al zanjón, y este se tapa y se desborda, provocando inundaciones. Hemos tenido evacuaciones dos veces porque el agua nos llegaba hasta el cuello. Si tuviésemos recolección, no colapsaría el zanjón y no se inundaría”.
La falta del servicio alienta la generación de basurales a cielo abierto y las quemas, creando pésimas condiciones sanitarias para los vecinos. De hecho, el barrio es uno de los puntos del conurbano con más casos de forunculosis, problemas dermatológicos y respiratorios. “No podemos darle de comer a los nenes en el jardín por el olor que hay. Anulamos la parte de los juegos porque no se puede estar”, señala Fernanda y advierte: “Alguien se tiene que ocupar de esto y no hay ni siquiera iniciativa”.
Trujui carece de todo tipo de servicios básicos, como gran parte de los asentamientos informales del GBA. No dispone de recolección de residuos, luz eléctrica, agua corriente, servicios de salud y control policial, entre otros. Frecuentemente, el suministro de agua se obtiene por bombeo. “Hace 15 años que vivo acá –cuenta Fernanda–. Recién hace dos colocaron el tendido de agua corriente y aún no lo habilitaron. Tuvimos agua dos días, que no se podía tomar, y todavía no volvió a correr”. Estas carencias primarias abren paso a nuevas problemáticas.
Las múltiples afecciones provocadas por la contaminación empeoran a causa de los escasos servicios de salud a los que tienen acceso. Para recibir asistencia hospitalaria los habitantes de los asentamientos informales deben salir del barrio y acercarse a alguna salita disponible en los alrededores. Los de Haras deben ir hasta Santa Brígida, donde una precaria unidad sanitaria, provista de un sólo profesional por especialidad (que no siempre logra cubrirse), debe responder por todos los habitantes de la zona.
La falta de suministro eléctrico desemboca en otra situación preocupante: los constantes episodios de inseguridad: “En muchas familias, el o la responsable de la casa sale a las cuatro de la mañana y se va a Capital a laburar. Que no haya una luz es realmente peligroso”, señala Belén Guerrero. Haras Trujui descansa bajo la custodia de solamente un patrullero. Ante la ausencia de respuestas oficiales, los habitantes del barrio, junto a TECHO, instalaron un circuito de alarmas vecinales e iluminación. “Hay una ausencia total del Estado en lo que es seguridad. Como vecino no te queda otra que salir a defenderte vos. La ausencia total municipal no hay forma de darla vuelta porque desde la Municipalidad tienen un sistema estratégico para evadir los reclamos”.
Belén Guerrero da cuenta de ello: “Los asentamientos están totalmente marginados. Los vecinos sienten que los políticos están presentes en los barrios cuando necesitan alimentar su marketing político”. Un caso ilustrador le sucedió a Fernanda durante las inundaciones de Haras Trujui en julio de 2017. Moyano se contactó con la esposa del ex intendente Walter Festa, Romina Urigh, para pedirle provisiones para su merendero. Sin embargo, la visita no resultó satisfactoria: “Se bajó de una combi con 15 personas atrás y un fotógrafo. Calle de tierra, todo inundado y ella estaba en tacos aguja. Y sacaron una foto con ella agarrándome las manos y eso fue todo”, relata y añade: “Los políticos no saben ni los nombres de las calles de los barrios. Lo importante es conocer el terreno. Si lo conocés, te das cuenta de la situación en la que la gente está viviendo”.
Ferrario destaca que los encontronazos entre la organización y las autoridades municipales son frecuentes, sin importar el color partidario, y se deben a varios factores: “En principio hay falta de voluntad política. Otra cuestión es la falta de recursos en los municipios. En otras ocasiones se debe a que tienen otra visión sobre cuál es la solución al tema, cuál es la manera de mejorar la calidad de vida de esas familias”. El directivo de TECHO resalta que los diálogos más difíciles ocurren con los municipios de La Matanza, donde están la mayor cantidad de asentamientos informales en el GBA, y en Moreno, y agrega: “Poder alquilar de manera formal está plagado de requisitos que le hacen que un trabajador en negro y con un ingreso bajo es imposible. El Estado tendría que ser el que dirima esa situación y el que le otorgue una solución a las familias que están viviendo con muchas necesidades”.
Estas necesidades se vieron potenciadas a nivel nacional durante la gestión de Mauricio Macri. Según datos del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, la inseguridad alimentaria alcanza al 32,1% de los argentinos, es decir 14 millones de personas. Esto representa un aumento del 13% en comparación con los datos del período 2014-2016. “En estos cuatro años de crisis económica grande, fue un deterioro de las situaciones sociales en los barrios, el crecimiento de la cantidad de familias en los propios barrios, aunque todavía no lo tenemos cuantificado. También, un aumento en la cantidad de comedores, el que tenía 20 pibes pasó a tener 50”, afirma Ferrario. Fernanda admite que al principio del mandato de Macri recibía 30 familias en su merendero, mientras que hacia el final de 2019, ese número aumentó a 300.
La renovación de las autoridades municipales genera expectativas cautelosas en Fernanda: “Hay un 50 por ciento de que haya mala onda con la nueva gestión y un 50 de que eso no pase. Espero que la nueva intendenta de Moreno, Mariel Fernández, no repita los errores de Walter Festa, a pesar de que pertenezcan al mismo partido”.
Ferrario aporta otro punto de vista de cara a la gestión futura ya que ve con buenos ojos la reciente creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat a nivel nacional: “Puede ser un buen paso para darle una visión más integral a la problemática y buscar soluciones más de fondo”. Aunque, igual que Fernanda, es precavido: “Siempre todo cambio de gestión es una oportunidad y una amenaza a la vez. En este nuevo período será clave la lucha colectiva junto con otras organizaciones y barrios para poder gestionar políticas que sean positivas en la vida de la gente”.
Llevaba un vestido negro, corto, que contrastaba fuertemente con su piel blanca y su tímida cabellera rubia. La buscó con la mirada y se rió un poco, levantando apenas el hombro derecho. Ella la entendió y aceptó, sin dudar, mientras se corría apenas el mechón castaño que le tapaba el rostro. Una mano reposando sobre la otra en lo alto, una palma sosteniendo su espalda, un suave apretón en el hombro. Comenzó el compás violento de D’Arienzo y aquella marcó la salida. Ella la siguió de la forma en que acompañan quienes bailan como se respira. Sus dos piernas delicadas y pálidas, descubiertas apenas por su pollera suelta, se mezclaban con las de su pareja y trazaban un camino propio entre abrazos ajenos. Un vestido negro y un vestido amarillo, yendo y viniendo, florituras de un zapato sutil en el aire, un ocho elegante con la mirada serena un poco agacha.
Así pueden moverse los cuerpos, ese es el sonido que suele acariciar las paredes en este edificio que desde el 2008 se convirtió en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Nadie olvida, de todas formas, donde está parado: pabellón de armas, Centro de Estudios Estratégicos, Escuela de Guerra Naval fue este edificio dentro del predio de lo que supo ser la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). “Discépolo decía que el tango es un pensamiento triste que se baila. Si uno se pone a pensar en todo lo que pasó acá, bueno, es una gran tristeza colectiva. Y el hecho de poder juntarse, encontrarse y reconstruir esos lazos que rompió la dictadura a través del baile es una forma, entiendo yo, de sanar esa herida colectiva”, razona Tito Bertellotti, quien organizó el cierre de su taller anual de tango con una clase abierta a todo el público. Allí donde supo enseñarse la guerra, donde repiqueteaban los tacazos de botas furiosas, esa noche se aprendió la evocadora caminata porteña.
Sin embargo, los últimos cuatro fueron años muy duros para “El Conti”. A eso de las 19 se corrieron las mesas del pequeño buffet y se encendieron dos reflectores de luz amarillosa. Lentamente iba llegando la gente. “Yo si vienen veinte personas, estoy contento”, comentaba Tito con prudente emoción. Fueron muchos más, pero el número no importaba. Había una sensación de desahogo, de haber sobrevivido. Antes de comenzar la clase, reunió a todos en un círculo, tomó el micrófono y abrió con un breve discurso: “Hace cuatro años que venimos haciendo el taller de tango en la Esma. Fueron cuatro años muy difíciles para todos, para todos los trabajadores del espacio y para el pueblo argentino en general. Y bueno, ahora ya lo estamos haciendo en otro marco, en otro contexto, y creo que un poco más felices todos. Así que espero un buen augurio y un buen comienzo para otros cuatro años de tango y de baile en el Conti”.
Dejó el micrófono a un lado y cambió de semblante: era hora de empezar con la clase. El musicalizador, un trabajador del centro cultural, puso un tango con el volumen bajo y Tito propuso un par de ejercicios de relajación. Mujeres y muchachas, hombres mayores y jóvenes descontracturaban el cuello y relajaban los hombros, elongaban con los dedos de las manos tocando la punta de los pies -en la medida de lo posible- y aspiraban hondo para despabilarse de todo mal pensamiento.
Se trataba, a no olvidar, de otra clase, así que al principio repasaron lo aprendido durante el año. Primero, la caminata: las rodillas tienen que rozarse entre sí, los pasos uno pegado al otro, en una circulación que siga el sentido de las agujas del reloj. Tito marcaba con las palmas el tiempo de la canción para guiar el ritmo de sus alumnos. “Miramos hacia adelante, no miramos hacia el piso”, indicaba.
Luego llegó el momento de las primeras parejas. Tomados de los codos, chica y chico, chica y chica, chico y chico, calibraban el peso de cada pierna y dieron sus primeros pasos. Obviando la música, el silencio reinaba. Todos estaban concentrados en establecer su conexión con el otro, con los otros y con el espacio. Lentamente, la luz color humedad iba convirtiendo ese círculo de ¿15 metros? ¿20 metros? en una cálida milonga. “El que se choque o se pierda, la idea es que empiece otra vez”, alentaba Tito y, sin darse cuenta quizás, develaba esas enseñanzas que atraviesan el tango y la vida, si es que no son casi lo mismo.
Es un nuevo comienzo. La victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en las elecciones presidenciales insufla una bocanada de aire fresco incluso en los más escépticos. Aquella declaración de principios dicha hace ya cuatro años, “conmigo se acaban los curros en derechos humanos”, anunciaba en forma descarnada a lo que habría que enfrentarse. “Nosotros pensamos que nos iban a echar a todos”, cuenta Luis Nacht, trabajador del centro cultural, mientras iba de una esquina a otra organizando el sonido, las luces, las mesas o lo que sea preciso. “Al final no echaron a nadie, no sé si por el qué dirán o por vergüenza. Pero desfinanciarnos fue una manera de intentar que el espacio desaparezca. Lo que pasa es que no tuvieron en cuenta que nosotros somos unos trabajadores conscientes, muy organizados, muy profesionales, que supimos hacer el trabajo sin un centavo”.
Las parejas ya habían pasado al abrazo propiamente dicho. Tito pidió a su compañera, de a ratos profesora y de a ratos visitante, que lo ayude a mostrar algunos pasos. Los demás observaban atentos y con ansias de poder balancearse de esa misma manera en la pista. Igualmente, más de uno se perdió confianza en lograr el último ejemplo: Tito estirando hacia atrás su pierna derecha mientras su compañera colgaba con una rodilla en el aire, la punta del zapato como sostén y la falda amarilla cayendo suavemente. “El taller lo arrancamos justo cuando fue el cambio de gestión. Al principio lo daba con ella y durante todo el año pasado no cobró por su trabajo”, había contado Tito. -¿Por qué pasó eso, por qué no cobró?
-No sé, no habrá querido- respondió Luis riéndose y siguió, ya en un tono más serio -No, bueno, todo el Conti depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que tenía un tipo…una persona completamente despreciable como [Claudio] Avruj. Él había sido el primero del gobierno en salir a defender el fallo del ‘2×1’ en su momento. Venía acá y decía: ‘el museo es el pasado, el Conti es el futuro’. Con ese slogan estúpido nos desfinanció durante cuatro años, no pusieron un centavo. Sólo el sueldo de los trabajadores, que viene del Ministerio de Justicia. Todo se hace a la gorra. Los artistas y los talleristas vienen a trabajar de esa forma para sostener el espacio, en solidaridad con nosotros, con el centro cultural y con la gente”.
Mientras las parejas seguían girando, iban acomodándose los integrantes del “Trío Aguafuertes Porteñas” en un pequeño escenario al costado del bufet. La propuesta era música en vivo para escuchar o bailar. No eran pocos quienes se sentaban en las mesas desacomodadas con una cerveza en la mano o tomando pequeños sorbos de un tinto de propiedad colectiva, mirando la complicidad creada entre los bailarines poco dotados, que se excusaban con risitas por sus propios pisotones, o aquella otra reservada a los más diestros, que sonreían con una seguridad casi divina. “¡Cambio de pareja, cambio de roles!”, ordenó Tito. “El que conducía, acompaña; el que acompañaba, conduce…como en el peronismo”, remató. Y todos hicieron caso.
Sólo los organizadores debían saber la hora, aquella en que se dio por terminada la clase. De algún lugar surgió un “¡Vamos!” y la milonga amarillosa se llenó de aplausos. “Vino mucha gente al final, eh”. “Yyyy…la perseverancia de Tito”, respondió Luis con una media sonrisa cómplice.
Los músicos ya estaban preparados. Otro de los empleados del Conti, que cumplió funciones imposibles de enumerar, se acercó al mismo micrófono por el que había hablado Tito un rato antes para presentar al trío: “Al centro cultural le ha pasado un poco lo que le pasó al país. En este momento estamos esperando el nombramiento de nuevas autoridades, que nos permitan volver a la normalidad. Nosotros, los trabajadores del Conti, apostamos a que esto sea nuevamente un lugar donde los artistas tengan un espacio donde ser reconocidos, donde sean valorados por lo que hacen, cosa que durante estos años no ha podido ser. En ese sentido, hemos convocado al Trío Aguafuertes Porteñas para que vengan y nos acompañen. Y, como hemos hecho durante todo este último año, financiamos las actividades culturales en forma solidaria, es decir, con el aporte del público. El que pueda, el que lo considere valioso, allí hay una caja para dejar los aportes”.
Una guitarra, un bandoneón y un contrabajo dibujaban esas melodías que invitan a marcar el tiempo con el pie, a agitar un poco la cabeza, a mirar con ojos de ensueño. Y a bailar, pero la pista era amplia y solamente los expertos o los desvergonzados pueden animarse a la inevitable lluvia de miradas. Tito y su compañera rompieron el hielo. Dos o tres parejas se lanzaron enseguida y los más tímidos iban y venían según los invitaran, ya sea un conocido o el propio Tito.
“Que sea en el Conti, que estemos tocando mientras bailan y sean todos compañeros…yo, por lo pronto, tengo una relación con la Universidad de las Madres, laburé un tiempo ahí, y siempre me imaginé tocando acá. De alguna manera, es un sueño cumplido”, diría un rato después Federico Arabia, el bandoneonista, con cara de orgullo y un Phillips Morris en los labios. Estaba esa inquietante, ineludible, necesaria tensión: el sitio recuperado al terror, la barricada contra el ajuste, los tangos más blandos que el agua, el amor de vieja arboleda. Un alumno, un hombre mayor de camisa a mangas cortas y rayas, ya había bailado lo suficiente y se sentó a una mesa. Este cronista desconoce de qué canción se trataba, pero él comenzó a silbar la melodía del tema que golpeaba el trío sobre el escenario. “Como había dicho alguna vez algún escritor, el tango es una de las pocas cosas que no le consultamos a Europa. Es un producto cultural absolutamente genuino, para sentirnos orgullosos. Nos interpela. Nos interpela en cuanto a nuestra identidad”, reflexionará Miguel Barci, el guitarrista.
Las últimas canciones se tocaron con una intensidad que pasmaba. Incluso cansados, casi todos siguieron bailando hasta el definitivo y universal “chan-chan”. Aplausos, risas, comentarios y los primeros “¿qué hacemos ahora?” surgieron inmediatamente. Miguel tocó, en forma de chiste, las primeras e inconfundibles cuatro notas de la marcha peronista y provocó varias carcajadas. Federico se apropió de la broma y continuó la canción. El bajista se le unió y Miguel terminó por acoplarse. Más de uno bailó “Los muchachos peronistas” en clave tanguera. Así, en lo espontáneo, parece que se manifiesta la complicidad. Riéndose, más tarde, Miguel recordaría a Alfredo Carlino: “un gran poeta compañero que decía ‘pibe, el tango está prohibido’. Para alguna gente parece que tocar la marcha es peligroso, como lo ha sido tocarla en otros momentos”.
“Creo que hay dos políticas -reflexiona a su vez Federico-: una tiene que ver con el cierre de los locales. Cromañón marcó un antes y un después y está bien que haya políticas de seguridad e higiene. Pero eso lo llevaron a un extremo que se ve en cualquier tipo de proyecto que se quiera hacer en la calle. Lo que hay ahí es una excusa para evitar que la gente se junte, que hable y fomente nuestra ideología, que se da a través de la música. Incentivan el tango for export, para vender afuera y desincentivan lo que realmente es el tango: una forma de pensamiento crítico”.
Tito caminó la pista más que nadie. Ya eran casi las diez de la noche, le caían gotas de sudor a borbotones pero no perdía la sonrisa. Hablaba con el musicalizador, sacaba a bailar a alguna alumna, recorría mesas con una copa de vino en la mano. Se dio un segundo y reflexionó, medio al paso: “este era un lugar de disciplina, de cuerpos ordenados, y ahora está esto” mientras apuntaba el movimiento impredecible de la milonga.
El flyer que invitaba al evento tenía el hashtag #ElContiNoSeAchica, frase que adoptaron sus trabajadores a finales de 2016 para denunciar el vaciamiento del espacio cultural y de la memoria. Como el Pichuco que hace mucho describió Goyeneche, los trabajadores, los militantes y los artistas que dan vida al Conti supieron caminar derecho por atriles torcidos y, ahora que las aguas quizás vayan más calmas, buscarán recuperar parte de lo perdido y, en especial, construir nuevos tiempos.
En Argentina no hay norma legal o constitucional que prohíba la actividad de ofrecer o demandar sexo, pero sí reglas de menor jerarquía que la condicionan. El Código Penal de la Nación establece que la prostitución ejercida libremente no es delito. La legislación federal penaliza con prisión de cuatro a seis años a quien promueva o facilite y a quien “explote económicamente” el ejercicio de la prostitución. Es decir apunta hacia la intermediación y el proxenetismo. Las modificaciones al Código introducidas en 2012 por la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada tras el fallo absolutorio en la causa por la desaparición de Marita Verón, explicitan la irrelevancia del consentimiento de la persona en situación de prostitución, caracterizada como “víctima” en todos los casos. La tradición jurídica del país puede ser descripta como abolicionista, en tanto prohíbe la explotación ajena sin penalizar el ejercicio independiente, reconociendo la existencia de la prostitución pero buscando su desaparición a partir de la sanción de la administración del trabajo sexual por parte de terceros. Sin embargo, entre las pretensiones de la letra fría de la norma y la realidad concreta de todos los días están las acciones de las personas. Para pensar la prostitución hay que partir desde la ley pero hay que llegar a las formas en que se implementa y atraviesa las vidas que intenta controlar.
