¿Cómo se está implementando la interrupción voluntaria del embarazo?

¿Cómo se está implementando la interrupción voluntaria del embarazo?

Se publicó el primer registro centralizado de la provincia de Buenos Aires sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en donde se informa que durante el 2020 se registraron 14.330 abortos. El 93.5% de ellos se realizó dentro del marco legal previo a la aprobación de la Ley Nacional N° 27610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de causal prexistente. El informe de gestión señala que los números no son el reflejo total de las interrupciones que se llevaron a cabo, ya que la recolección de la información fue mejorando a lo largo del año. 

Mariana Kielmanovich es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y el Centro de Salud N° 33. Señala que, dentro de los circuitos que ya estaban establecidos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires con el acceso a la interrupción legal del embarazo, la nueva ley facilitó las derivaciones. 

Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC N°33 y expresa que, en su caso, al ser un centro de atención ambulatorio, hacen atención a mujeres que estén hasta la semana 12: “A partir de la semana 13 el procedimiento se tiene que hacer en un lugar que tenga internación. En nuestro caso derivamos a hospitales”. 

Dentro de las interrupciones registradas según el informe bonaerense, el 52%  de las interrupciones de embarazos se realizaron en centros de primer nivel de atención y un 44% en el segundo, mayoritariamente en hospitales provinciales.

“En la Ciudad sigue dependiendo, en parte, de ´voluntades´. Si bien los diferentes actores y dispositivos ya saben que la ley se debe aplicar, no siempre lo hacen”, reflexiona Sandra Bernabó, psicóloga del Hospital Tornú y del CESAC N° 33. 

La profesional trabaja en conjunto con Kielmanovich y destaca que se ha visto un mayor movimiento en obras sociales y prepagas con respecto a las interrupciones del embarazo, algo destaca como un gran paso. “Lo que sucede ahora es que hay un margen posible para exigir que se cumpla, que no era lo que teníamos antes del 29 de diciembre del 2020”, plantea. Ferrero, por su parte, comenta que, debido a la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria se esperaba un aumento exponencial de la la cantidad de mujeres que consultan de: “Hemos visto que fue bajando de a poco aunque por supuesto han pasado unos pocos meses de su promulgación. Nos pone muy contentas y es lo que veníamos esperando desde hace muchos años. Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE, entonces hay un montón de consultas que antes se absorbían por el sistema público, que hoy están dando respuesta desde otros efectores”. Además, advierte que es el panorama que observa respecto a provincia de Buenos Aires y Capital Federal. 

«Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE», dice Kielmanovich.

Melina Ceccato, psicóloga, trabaja en un centro de salud de primer nivel en Lugano y plantea que con la IVE -ahora incluida en el Plan Médico Obligatorio- es deber de las obras sociales y prepagas absorber parte de la demanda de esta práctica. Según cifras publicadas por REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) el 84% de las ILE en CABA fueron realizadas en el primer nivel de atención y el 16% en hospitales. Y el 92% de las interrupciones legales realizadas en el primer nivel se realizaron con medicamentos. 

Respecto al esquema de tratamiento e intervención, Ceccato describe que la intervención es la misma que la que se hacía con las interrupciones legales. “El abordaje médico sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que no hay que hacer un interrogatorio profundo respecto a las causales que habilitarían un marco legal para la interrupción”, agrega. Bernabó, a su vez expresa: “Eso que antes implicaba ubicar determinadas categorías o dar cuenta en conjunto con la mujer de cuáles eran sus razones para interrumpir, hoy no pasa”. Ferrero señala esta característica como uno de los avances que se lograron con la ley: “No tener que rebuscar en la historia de la persona para encontrar un motivo que justifique el acceso a la interrupción”, cierra. 

En los centros de atención de primer nivel, el 98% de los tratamientos de interrupción fueron resueltos con misoprostol. El 88% de las prácticas de ILE registradas se resolvieron exclusivamente con un tratamiento de misoprostol, el 12% restante con AMEU -aspiración manual endouterina- u otro tratamiento instrumental o quirúrgico. Ceccato, por su parte, señala que es primordial para mejorar y continuar profundizando la capacitación profesional en las instituciones de salud: “Que haya equipos que estén formados en perspectiva de derechos y género para brindar adecuada atención en las consultas”. Resalta que es importante contar con la tecnología correspondiente, como el misoprostol, en los centros de salud, así como también con la AMEU. “Que se capacite en la técnica para poder contar con ella en el primer nivel de atención, que es a donde llegan la mayor cantidad de interrupciones del embarazo”, reclama.

“En CABA sigue dependiendo de voluntades. Los actores saben que deben aplicarla, pero no siempre lo hacen”, dice Bernabó

A partir de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, las profesionales señalan que ha habido un aumento de consultas, pero que atienden como solían hacerlo cuando la normativa se enmarcaba por causales. “Sí, se han duplicado las llamadas que se reciben desde el 0-800 de salud sexual. Esto tiene que ver con el efecto de la difusión de la información que es un elemento primordial y necesario para la implementación de la Ley de IVE. Tener acceso a la información es la posibilidad que uno tiene de poder decidir de forma autónoma lo que quiere hacer con su gesta”, expresa Ceccato. Kielmanovich, al mismo tiempo, opina que gracias a la circulación de la información y todo lo que acompaña la implementación de la IVE, se logrará que ya no dependa únicamente de los equipos que se propongan garantizar la práctica de interrupción, aunque a nivel nacional aún falte “entiendo que estamos en un país que presenta una heterogeneidad muy grande -en términos de acceso a derechos sexuales y reproductivos para las mujeres- y va a haber que desandar miles de años de patriarcado, y trabajar mucho con los equipos de salud”. 

Dentro del trabajo para lograr que efectivamente se cumpla con la interrupción voluntaria del embarazo en todas las jurisdicciones, Ferrero expresa que lo más importante es que hoy están todas las miradas puestas en los distintos fallos judiciales que surgen. Como fue el caso de la jueza Zunilda Niremperger de Resistencia, quien intentó rechazar la implementación de la Ley IVE. “Por más que algunos lugares se nieguen a garantizar la IVE, no lo van a poder sostener tanto tiempo. Lo que siento después de haber estado el día que se sancionó la ley es que algo se quebró y es que para atrás no volvemos. No vamos a permitir que esos fallos entren en vigencia”. Ceccato agrega que algo que ha tensionado la IVE es la relación con la discrecionalidad de accesibilidad a nivel nacional que había previamente con la ILE, como por ejemplo en San Juan o Mendoza, donde estaba prohibida la venta de misoprostol: “Son distintas acciones que van abriendo camino sobre distintos obstáculos que venían sucediendo ya con la implementación de la ILE”. 

El avance en la aprobación de la ANMAT de la mifepristona, que es junto con al misoprostol, los dos medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la atención de interrupciones de embarazos, es un tema central para la mejora de la atención, según expresa Ceccato: “Su incorporación haría que, en forma combinada con el misoprostol, aumentara la calidad de las interrupciones haciendo que disminuyan los efectos adversos, el malestar y aumente la efectividad al 97%”. 

Por su parte, Ferrero opina que siempre habrá cosas por mejorar, pero que la gran deuda es poder brindar accesibilidad en cualquier lugar del país y no solamente en los grandes centros urbanos. Kielmanovich y Bernabó coinciden con que los dispositivos tienen que funcionar más amigablemente y que acompañen a las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir y a elegir qué hacer con sus cuerpos y maternidad: “No ser jueces de sus decisiones”, concluye Bernabó. A su vez, Kielmanovich resalta la importancia de trabajar con las instituciones de salud y sus trabajadores: “La premisa dentro del modelo médico hegemónico, que es el modelo dominante en salud, reproduce el patriarcado y la mirada en donde la mujer aparece como cuidadora o agente de cuidado de la sociedad y su familia, pero no como sujeto autónomo con derecho a decidir sobre su cuerpo”.

«Es con todas»

«Es con todas»

Como cada año, un nuevo Paro Internacional Feminista expuso de manera conjunta el dolor, la urgencia y los reclamos históricamente insatisfechos, pero también la emoción, el abrazo sororo y la unidad. Siete eran los ejes -discutidos en asambleas feministas- que componían un pliego de reclamos que apuntaba a una única idea: la reconstrucción de la Argentina es con nosotras, todas nosotras. 

Temprano en la tarde, cuando aún no se había congregado la multitud que luego llegaría, la enorme presencia de organizaciones sociales y comunitarias reflejaba el avance, a paso firme, de los feminismos populares. “Es un feminismo que se ha venido acrecentando, nos hemos venido deconstruyendo y construyendo entre nosotras y, a pesar del enorme laburo que hacemos, no alcanza. Por eso creemos que es fundamental avanzar en la Ley de Emergencia en Violencia de Género con perspectiva popular”, expresó Dina Sánchez, referente del Frente Popular Dario Santillán. 

Mientras en la puerta del Congreso de la Nación, se repartieron alrededor de 4.500 kilos de verduras en un verdurazo convocado por la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT) y el colectivo Ni Una Menos, en la plaza, un conjunto de agrupaciones se reunía en una asamblea popular y feminista, encabezada por sus principales representantes. Extasiada por la arenga y los abrazos de las compañeras, Jackie Flores, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) afirmó que “si hay algo que tiene el feminismo popular, el que nosotras representamos, es que no acallamos las voces de nuestras compañeras. Nosotras somos unidad y vamos a ir por todos esos derechos que nos merecemos, porque no negociamos ninguno de ellos. Nosotras queremos discutir la riqueza de esta Patria de la que somos parte”.

 

Que se escuche

Mientras cada vez más mujeres y disidencias se acercaban a la plaza, los reclamos se exponían con micrófonos, con carteles y con los propios cuerpos: mejores condiciones laborales y visibilización del trabajo en las barriadas, cupo laboral travesti-trans, reforma judicial feminista, responsabilidad estatal en la lucha contra la violencia machista, racista y colonial, liberación de las presas por abortar y eventos obstétricos y vivienda y tierra para mujeres y colectivo LGBTIQ+. 

Sobre este último punto, Carolina Rodríguez, referente nacional de género de la UTT manifestó que “lo que nosotras queremos es que se visibilice la mujer del campo, que somos nosotras las que producimos, las que trabajamos la tierra”. Su compañera, Rosalía Pellegrini, agregó que realizaban la intervención “para visibilizar quiénes estamos detrás del alimento, quiénes estamos todos los días produciendo comida, mujeres que tenemos un rol fundamental en la Argentina pero que seguimos con un montón de demandas insatisfechas: el 90% de las mujeres que producimos alimentos no somos dueñas de la tierra que trabajamos y ni siquiera somos titulares en los contratos de alquileres”.

Sin dudas, la pandemia -que recrudeció severamente la economía del país- tuvo efectos aún más drásticos para las mujeres y disidencias empobrecidas. “Lo que tiene de bueno el paro es que nos permite ver cómo se relaciona la violencia machista con las violencias económicas”, explicó Lucía Cavallero del colectivo Ni Una Menos, y agregó: “Hay una demanda por mejor trabajo, mejores salarios, por reconocimiento de trabajos no remunerados, confrontando a su vez con el poder de las corporaciones de alimentos, inmobiliarias y financieras. Creemos que la autonomía económica es fundamental para pensar cualquier programa de salida de la violencia”. En este sentido, Jackie Flores narró que, aún a pesar del contexto actual, se autoconvocaron para poder traer sus reivindicaciones a la marcha: “exigimos que nos dejen de llamar ‘plan’. Nosotras necesitamos el reconocimiento económico y, por sobre todas las cosas, ser sujetos de derecho, queremos derechos laborales. No somos la escoria, somos laburantes. Hemos creado una identidad trabajadora que estamos dispuestas a defender”.

Dina Sanchez, durante la Asamblea popular de la UTEP.


Nora Calandra -referente de la rama de Liberadas, liberados y familiares del MTE- expresó que, además, “todo nuestro trabajo durante la pandemia no es reconocido, pero cuando cometemos un delito sí, cuando practicamos un aborto sí, cuando estás muerta sí, ahí [el Estado] te ve”. Desde este sector, un grupo de mujeres trabaja para visibilizar ese universo  que no pueden siquiera hacerse presentes en la congregación: las mujeres presas. “Nosotras nos encontramos con una libertad sin herramientas y siendo invisibles. Estamos peleando para poder entrar a dar capacitaciones reales, para que las mujeres liberadas o con arresto domiciliario sigan incluidas, se les de trabajo, se les de herramientas”, manifestó. 

Así, las voces de estas mujeres, cuya situación es realmente crítica, llega con fuerza a través de sus compañeras en medio de la asamblea popular abierta: “Hay pibas en los municipios que están con prisión domiciliaria y el Municipio no lo sabe, entonces no son parte de entrega de alimento, del camión de salud, del DNI. Nos tienen abandonadas”. 

Un llamado de atención al Estado

Tras cuatro años de la implementación de políticas neoliberales bajo la gestión de Cambiemos y en medio de una pandemia que destrozó las economías domésticas de muchas mujeres y disidencias, el reclamo fundamental es el reconocimiento salarial de todas aquellas personas que suplen al Estado en los lugares a los que éste no llega. “Nosotras no desmerecemos el enorme laburo que se está haciendo desde el gobierno, pero la verdad es que esa ayuda no se siente en el barrio y ahí estamos las organizaciones sociales”, acotó Dina Sánchez. 

En este sentido, y frente al aumento de los números referidos a violencias de género, la labor y el compromiso desde las barriadas ha sido vital. Acerca de los números publicados desde el Observatorio MuMaLa -que confirman 47 femicidios en lo que va del 2021- Lucía Cavallero expresó que “sin las compañeras, las cifras de femicidios sería el doble. Entonces tienen que ganar un salario como corresponde o ser empleadas estatales”. Por su parte, Rosalía Pellegrini agregó que “somos nosotras las que nos estamos defendiendo y trabajando para erradicar la violencia de nuestros territorios rurales. Y la verdad, hay que decirlo, el Estado no está presente. Tenemos un Ministerio de las Mujeres (Géneros y Diversidad) pero todavía no hay un reconocimiento de las promotoras rurales de género. Seguimos luchando solas, a capa y espada, contra los machismos”.

Todas nosotras

Aunque con ciertos temores y con menor cantidad de personas -producto de la pandemia- un nuevo Paro Internacional de las Mujeres Trabajadoras permitió la presencia, en un mismo lugar, del amplio abanico que conforman la diversidad dentro los feminismos, que allí se unió para -de una forma u otra- visibilizar la deuda que se tiene con las mujeres y disidencias y manifestar que son parte fundamental de la solución.   

En este sentido, la referente de la UTT, Rosalía Pellegrini, explicó que “tenemos soluciones, tenemos alternativas y proyectos que ya estamos generando las mujeres agricultoras con respecto a la agroecología, con respecto a cómo buscarle la vuelta a la producción de alimento sano, verdadero, campesino. Sin embargo, a la hora de resolver la crisis alimentaria, el gobierno sigue favoreciendo como interlocutores a los empresarios del campo. En las mesas de negociación nunca nos ves sentadas a nosotras, a las pequeñas productoras”, sostuvo Pellegrini.

“Nosotras las mujeres no queremos voceros ni estar a los codazos porque son lugares que nos pertenecen. Queremos estar en esa mesa donde se discute realmente, donde se toman las decisiones” afirmó Sánchez, del Dario Santillán, y concluyó: “Lo que nos deja el gobierno de [Mauricio] Macri es una deuda que nos golpea directamente a las mujeres pero también nos deja una gran unidad que pudimos construir. Queremos que reconozcan que si queremos reconstruir la Argentina las mujeres, las trans, las travestis tenemos que estar ahí, porque no es sólo un discurso, somos quienes la padecemos de verdad”. 

Si la Justicia es machista, que la reforma sea feminista

Si la Justicia es machista, que la reforma sea feminista

A menos de una semana de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la celebración por las históricas luchas por los derechos de las mujeres terminará en un Paro Internacional Feminista. Mientras tanto, la justicia de la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, investiga si Kateherine Saavedra fue atropellada con un auto por su pareja el pasado domingo 28 de marzo. De confirmarse este hecho, la joven de 22 años sería otra víctima de un “noviazgo violento”.

 Durante este año, según el informe publicado por el Observatorio Lucía Pérez, se denunciaron 59 femicidios. Los casos de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual ponen en evidencia un patrón: mujeres que denuncian violencia de género y falta de respuesta del Estado y sus instituciones. Según el Observatorio mencionado, en 15 de los femicidios cometidos entre enero y febrero, las víctimas habían denunciado previamente a su agresor.

A seis años del primer “Ni Una Menos”

“Casos como el de Úrsula o Guadalupe resultan un punto de inflexión por sus características.  Son mujeres que toman conciencia de la violencia y hacen lo que se le reclama a la víctima, que es denunciar. Independientemente de los números estadísticos, lo que supone un agravamiento es que los mecanismos institucionales no funcionan y subestiman la situación de riesgo y peligro en que están las víctimas”, afirma Paula Rodriguez, periodista, escritora y autora del libro  Ni una Menos. 

Los femicidios de Úrsula y de Guadalupe pusieron en debate público, social y mediático el rol del Poder Judicial, con foco en los magistrados, fiscales e instituciones que deben tratar las violencias por cuestiones de género. 

“Estamos viendo un patrón que se repite. Las mujeres hacen las denuncias, piden protección y las instituciones no responden como deberían.  Desde 2015 hasta acá hay un cambio en la sociedad, no son las mismas historias que aparecen en el “Ni una Menos”, porque hay una conciencia del peligro e identificación de las violencias, que lleva a las víctimas a no quedarse pasivas. Lo que no hay es un acompañamiento ni reacción institucional ni comunitaria”, agrega Rodriguez.

Patricia Nasutti, mamá de Úrsula Bahillo frente a Tribunales.

 La agenda del gobierno y la del periodismo feminista por momentos coincide pero reclama más acciones concretas y políticas activas. La Ley Micaela sancionada en enero de 2019, que obliga a los funcionarios de los tres poderes y organismos públicos a capacitarse es sólo un punto de partida que no encuentra aún correlato en la práctica. 

El presidente Alberto Fernández insistió este 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, en continuar con la agenda por los derechos de las mujeres. Sostuvo que la batalla contra la violencia de género debe ser tomada como política de Estado. Asimismo, apuntó al rol desempeñado por el Poder Judicial para señalar la cultura patriarcal consolidada en sus funcionarios. “Se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, sentenció.  

Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó su declaración por la causa “Dólar Futuro” para insistir en el tema: “que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada”.

Rodríguez asegura que aún “no hay un trabajo en cambiarle la cabeza a la Justicia ni una mirada puesta en las víctimas. De todas maneras [la respuesta] no sólo se agota en lo judicial o punitivo, hay una serie de apoyos que deberían existir para que no se llegue a estos niveles de riesgo. La obligación de los Estados es evitar la repetición de los hechos de violencia, no solamente dar una respuesta punitiva o de vigilancia como las tobilleras electrónicas”.

Por su parte, la periodista Claudia Acuña integrante del Observatorio de Femicidios Lucía Pérez y de la Cooperativa lavaca, entiende que “Todo femicidio es evitable. Con una política activa y con los elementos que se pueden detectar a partir de la información que disponemos, podemos de alguna manera establecer muchas políticas y formas de evitarlos”.

3 de junio de 2015. Primer Ni una menos frente al Congreso de la Nación. 

“El Estado puede disponer de la red que está creciendo gracias a las mujeres que trabajan en organizaciones sociales, en sindicatos, en movimientos sociales, en cooperativas, en territorios, en comedores. Todo eso es un ejército que con capacitación y un sueldo podría estar dando batalla a las violencias, acompañando a esas mujeres y atendiendo esas situaciones, cosa que no puede hacerse a partir de una oficina  o una línea de teléfono”, propone Acuña.

“Este año hubo 15 mujeres que hicieron denuncias previas y que terminaron muertas. Ahí está el primer grito que nosotras escuchamos de reclamo en cada barrio y en cada ciudad del país, eso es lo que nos están diciendo esas cifras, no son cifras, son pedidos concretos de alarma que suenan y que nos están diciendo que algo está fallando en el enfoque general y que no es un tema de este gobierno, de aquel funcionario o aquella ministra, sino que es un tema sistémico”, agrega la periodista.

Empoderar a las mujeres

A diferencia de la gestión anterior, el gobierno de Alberto Fernández avanzó en la creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidades, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, a través del cual se implementan el Programa Acompañar y el Programa Potenciar Trabajo, este último en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, las medidas resultan insuficientes y no conforman un plan integral contra la violencia de género.

El aumento en el número de casos recogidos este 2021 muestra que la paridad de género en los cargos electivos, entre otros derechos conseguidos por las luchas feministas no tienen un correlato con la deconstrucción de una sociedad machista que exige celeridad en la justicia y un trato no discriminatorio.

 

“El Estado argentino  anunció dos veces un Plan Integral contra la Violencia, la construcción de refugios y la unificación del registro de denuncias, inclusive hay un decreto que lo establece así. Y si bien, obviamente, creo que hay otra voluntad por cumplir con esta medida, también es cierto que son insuficientes. Construir refugios lleva años y necesitamos una solución ahora. Catorce refugios no dan una solución integral a este problema”, explica Acuña. 

Asimismo, remarca la necesidad de una alianza entre el Estado y las organizaciones sociales, entendiendo que esa red es la que va a garantizar poder llegar en tiempo y forma a los territorios y “eso significa también empoderar a las mujeres”, agrega. 

“El Estado tiene que abrir las orejas y los bolsillos, dar recursos y dar escucha. Escuchar que se pide especialmente por aquellas personas que sufrieron, porque son las que más conocen dónde está el sistema y dónde está hoy la clave para poder corregir las respuestas del sistema y después bajar los recursos”, completa Acuña.

Desde la primera marcha de “Ni una Menos” al 2021 hubo un cambio en la sociedad. Las mujeres ya no son pasivas ante la violencia machista y utilizan los recursos y herramientas disponibles para intentar contrarrestarla. El Estado y la Justicia parecen no estar a la altura de las circunstancias. Pensar una reforma política integral con perspectiva de género de estas instituciones es urgente.  

Los tiempos largos de la política y de la justicia no alcanzan. El caso número 60 de Katherine Saavedra confirma que las estructuras patriarcales anidadas en el poder son el principal problema.

“Es muy difícil imaginarla de otra manera que no sea viva”

“Es muy difícil imaginarla de otra manera que no sea viva”

Laura Calampuca y Gustavo Melmann en el año 2017.

“Vos ves las caritas de las fotos y no se puede creer, yo no lo puedo creer.  Para mi todos los días son 4 de febrero, porque es muy difícil imaginármela de otra manera que no sea viva” dice, en voz baja y quebrada por las lágrimas, Laura Calampuca, mamá de Natalia Melmann. Hoy se cumplen 20 años desde que su hija fue secuestrada, violada y asesinada por un grupo de policías en Miramar.  Natalia tenía 15 años cuando encontraron su cuerpo con el ADN de sus cinco femicidas. “Una -subrayas- quisiera estar en el lugar de ella, y que esto no le haya sucedido a ella sino a mí”. 

Laura Calampuca y Gustavo Melmann se habían mudado a Miramar en 1992 con sus cuatro hijos, para que ellos crecieran en un lugar tranquilo. “Fue una nena muy querida, habíamos tomado la decisión de cambiar nuestras vidas e ir a un mundo mejor. Encontramos una ciudad que era para nosotros la ciudad de los niños, Miramar”, dice Gustavo, quien por momentos se quiebra cuando habla de cómo era su hija. “Nati era un ente totalmente solidario, siempre pensaba en los demás, quería en ser obstetra, no pensaba tener hijos, quería adoptar porque decía que había muchos chicos en la calle que necesitaban padres, y estos le cercenaron la vida”.

Miramar tenía 7 mil habitantes cuando fue secuestrada en plena calle a la salida de un boliche, entregada por Gustavo “Gallo” Fernández, quien vio su pena reducida a 10 años de prisión. Laura cuenta que fueron a la Comisaría ese mismo 4 de febrero. “La Comisaría lo sabía, el intendente lo sabía, el comisario lo sabía”, Laura se queda en silencio y agrega: “Hasta el pueblo sabía quién la había matado.”

Natalia fue encontrada cuatro días después de su desaparición en una casa abandonada de Copacabana, un barrio alejado del centro, había sido ahorcada con el cordón de sus propias zapatillas. “No me permitieron verla, tenía una mamá que la quería ver. Nadie se animaba a venir y decirme mamá ya está, ya lo encontramos. Estaba todo el pueblo en el vivero, menos yo, que seguía esperando en la puerta de los bomberos para salir a Mar del Sur a buscarla.”

De los cinco asesinos, sólo tres están presos: el sargento primero Oscar Echenique, el cabo primero Ricardo «el Mono» Suárez y el sargento primero Ricardo «Rambo» Anselmini. Laura cuenta que en el juicio desfilaron muchos policías ofreciendo testimonios falsos para proteger a los asesinos. Los tres habían logrado salidas transitorias en 2017, que la familia consiguió que fueran revocadas, uno de ellos vivía a cuatro cuadras de la casa de Laura y habían puesto una patrulla policial para proteger a los asesinos. “Yo veía la patrulla e iba y les preguntaba a los policías: ¿Por qué ustedes, la policía como institución, asesinaron a mi hija?”

 

Pese a las amenazas que la familia de Natalia ha recibido por parte de los familiares de los ya condenados, que llegaron incluso a dejar mensajes en su tumba, no piensa moverse de Miramar. “Me quedé a vivir acá, porque no podía vivir en otro lugar en que ella no estuviera, y para que cuando me vieran a mí la vieran a ella, a ella viva.”, dice Laura. 

Ricardo Panadero, el cuarto sospechoso, que fue parcialmente identificado por muestras de semen en el cuerpo de Natalia, recién en el 2018 fue nuevamente llevado a juicio. Había sido sobreseído y apelado en varias oportunidades sosteniendo que las pruebas no eran concluyentes, su muestra de ADN había arrojado un 97 por ciento de similitud con la encontrada en el cuerpo de Natalia. 

Por otro lado, la familia de Natalia exige que se avance sobre la investigación del quinto ADN encontrado en el cuerpo de ella, su quinto asesino se encuentra libre. “El ADN ya está, estuvo en el cuerpo de Nati” dice Laura. 

 

Familiares y amigos reclaman justicia desde hace 20 años.

Para su mamá y su papá no pasaron 20 años, aunque sus asesinos queden libres en dos años, cuando cumplan con sus condenas, la pérdida y el vacío resuena en la casa de Laura que con la voz bajita de llanto contenido dice: “A ella le escribo todos los días, a cada rato, cada cosa que se me pasa por la cabeza se la escribo,  diciéndole todo lo que siento, todo lo que pasa, como si estuviera acá, está acá, está en casa”. 

Hoy en conmemoración y junto con la Secretaría de Derechos Humanos se colocará una placa con la foto de Natalia para recordarla en la plaza central de Miramar como víctima de violencia institucional y violencia de género.  “Por amor seguiremos luchando -asegura la mamá-, es el compromiso que tomamos con Nati. Aunque nos lleve toda la vida que todos los responsables vayan a la cárcel.” 

El aborto es legal en la Argentina

El aborto es legal en la Argentina

A las 4:12 de la madrugada se anunció en el recinto del Senado de la Nación, ante la mirada de gran parte del país que se mantuvo en vela, la aprobación de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fueron 38 votos afirmativos, 29 negativos, una abstención y cuatro ausencias. En las afueras del Congreso, los gritos de alegría no se hicieron esperar tras las largas horas de vigilia. Con amplia legitimidad a partir de hoy el aborto en Argentina es legal, seguro y gratuito. En la misma sesión, fue sancionada la Ley de los 1.000 Días, que prevé el cuidado y la salud integral durante el embarazo y la primera infancia. Tras una extensa jornada de debates que inició a las 16 horas del martes, los resultados superaron las expectativas de todos. Ya que durante la jornada se hablaba de una paridad entre quienes aprobaban y rechazaban la norma, con cuatro indecisos y dos ausentes (entre ellos el ex presidente Carlos Menem), por lo que los resultados eran difíciles de descifrar en el inicio, y el debate parecía reñido.  

 

Las calles, como cada jornada feminista, estuvieron colmadas por miles de mujeres de distintas edades con sus sonrisas, esta vez tapadas por los barbijos. La esperanza las convocaba y no fueron defraudadas: se hizo historia en Argentina. Las lágrimas corrían por las mejillas y los abrazos intentaban contener la emoción de generaciones de mujeres que por fin habían conquistado un derecho que reclamaban desde hace décadas. Las movilizaciones empezaron desde temprano y durante el transcurso del día distintas agrupaciones fueron rodeando el Congreso para pedir, una vez más, que se consagre el derecho a decidir sobre los cuerpos gestantes. La agitación era evidente, nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Algo parecido sucedió en 2018 cuando el proyecto se rechazó,  pero esta vez, si bien las predicciones eran inciertas, los rumores sobre una leve ventaja alumbraban una esperanza que se iba incrementando a medida que transcurría el debate en el Senado.

La IVE legaliza la práctica del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación. En el caso de las menores de 13 años, se deberá contar con un consentimiento informado y la asistencia de un padre o tutor legal. Otro punto sobresaliente fue la objeción de conciencia por parte del profesional de la salud, quienes tienen derecho a decidir si desean o no realizar la intervención, aunque no podrán negarse en caso de que la vida de la madre corra riesgo. Además, las obras sociales y prepagas deberán incorporar la cobertura gratuita. La ley busca también fortalecer el cumplimiento y correcta implementación de la Educación Sexual Integral, vigente desde 2006.

 

La despenalización del aborto es una conquista de la lucha feminista y es especialmente importante para los sectores más vulnerables, donde hasta ahora las mujeres se veían obligadas a recurrir una y otra vez a la clandestinidad. Nera Albornoz, representante de la Garganta Poderosa explicaba: “Las que corren más riesgos de morir en un aborto clandestino son las más empobrecidas. El aborto existió siempre en Argentina, las que tenían mejor acceso eran los cuerpos gestantes de clase media. Si tenías plata, podías tener un aborto en mejores condiciones. Si no tenías plata, corrías riesgo de vida”. La aprobación de esta ley busca disminuir la brecha de desigualdades sociales y de clase entre las mujeres. Todas las personas gestantes son ahora dueñas de sus propios cuerpos. 

“La IVE es un derecho que toda persona con capacidad de gestar debería poseer, ya que es nuestro cuerpo, nuestro dolor, nuestras decisiones y planes de vida”, dice Agustina de 25 años, estudiante de Ciencia Política. “No penalizar a quien decide interrumpir su embarazo es fundamental, pero por sobre todo, se debe priorizar el acceso en condiciones salubres y acordes con una política pública, y no sólo para quienes pueden pagar una clínica privada sin riesgos de por medio”, expresó. 

Mientras el debate se desarrollaba en el recinto, el arte inundaba las calles. Pinturas, bailes, cánticos, y música de los tambores de las batucadas. Muy cerca del Congreso, el colectivo Actrices Argentinas, que siguió presionando con fuerza estos últimos dos años, esperaba desde muy temprano el resultado de la votación. La actriz Laura Azcurra, con su pañuelo asistió una vez más junto a sus compañeras. Para ella su rol como artista es también sumamente político: “Tenemos que informar y sacarnos las caretas. Poder hacerlo desde nuestro espacio sabiendo que la gente recibe nuestros trabajos, nuestros personajes, es importante poder dar una voz social a lo que estamos atravesando”, mencionó y agregó: “Venimos con las compañeras desde que empezamos a abrazar la lucha, a exponer y comunicar la importancia de esta ley. Esto sin dudas ha sido una conquista del movimiento de mujeres y de disidencias. Pusimos este tema en la agenda, en lo social, en la comunicación, y también en la política”.

 

Otras mujeres que también entienden la potencia y lo convocante del arte son las chicas y disidencias de Talleres Batuka. Después de tocar varias canciones de los tambores que hacen la espera un poco menos pesada. La gente se reúne alrededor para bailar a su ritmo y animar la escena: “Para nosotras los tambores son nuestra herramienta de lucha, nosotras vamos a la calle con los tambores a visibilizar. Las clases y los ensayos son un camino que transitamos solamente para estar donde hay que estar. Para nosotras el arte es el paso a poder estar acompañando todo esto”, planteaba “Cingui” representante del taller. 

 

Cuando la música se detuvo, los argumentos comenzaron a volverse repetitivos luego de varias horas de debates. La votación se hacía esperar, pero la alegría invadía las calles cuando alguno de los indecisos confirma su voto afirmativo. Entre ellos se encontraban Lucila Crexell, quien se abstuvo en 2018. En su discurso pronunció ciertos cambios de perspectiva: “no cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar sobre lo que creo del aborto. Cambié el enfoque sobre lo que creo de cómo debe ser abordado” y despertó gritos de festejo entre todos los presentes. Más tarde fue el turno de Sergio Leavy, diputado por el Frente de Todos en Salta, quien habría votado en contra en 2018, pero tras una reunión con Alberto Fernández unos días antes, y por la convicción de dejar de lado sus ideas personales, votó finalmente a favor de la despenalización. También votó a favor Oscar Castillo, de quien se conocía una posible abstención, y Stella Maris Olalla, la mayor incógnita entre los indecisos, quien finalizó su exposición diciendo que “se trata de una cuestión de derechos y el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no, de acuerdo a la autonomía de la mujer. Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino”. 

El debate y los cambios de opinión de la sociedad en general y de los senadores en particular, fueron producto de la lucha feminista, que no dejó de recalcar la importancia de este derecho. Camila tiene 25 años, asistió a la movilización con la agrupación Puebla Fuerza Colectiva, y analiza algunas de las resistencias que se dieron años atrás: “Considero que las principales dificultades se encuentran en concepciones que son antiguas, que no responden a la sociedad de este siglo. Creencias que son obsoletas, y que la ciencia ha demostrado enormemente erróneas. La desinformación es, sin duda, la mayor dificultad”, sintetizó. 

 

Luego de los abrazos, festejos y más bailes, aquellas chicas que pusieron su cuerpo durante estos años, que supieron hermanarse y que cantaron y vibraron al unísono, levantando sus pañuelos en alto, se alejaron de las calles para descansar, sabiendo que esta conquista es sólo el inicio de la lucha que continúa sosteniendo: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. 

 

Esta vez, el grito resonó con la convicción de haber conquistado otro derecho.