May 17, 2021 | Géneros, Novedades
Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y dio origen así al “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, que se conmemora cada 17 de mayo.
Si bien está instalada la palabra fobia –que hace referencia al miedo, aversión o rechazo–, es necesario ponerla en debate: los crímenes cometidos hacia personas LGBTIQ+ son producidos por odio, no por miedo.
Gustavo Pecoraro (56), escritor y comunicador marica, adhiere a esta idea y rememora el caso de Matthew Shepard, un estudiante estadounidense asesinado en 1998 por dos hombres, quienes, en el juicio, confesaron haber cometido el crimen porque él se les había insinuado, es decir, usaron la fobia como argumento.
Pecoraro prefiere utilizar los conceptos de lesboodio, transodio, biodio y homoodio. Tampoco se siente representado por el término “varón”, afirma que está ligado a una cuestión heterosexual. Y cuando se empezó a hablar de la deconstrucción de las masculinidades, se dio cuenta de que a él no le correspondía esa tarea, sino que debía construir su propia identidad. Así fue que decidió reivindicarse como marica.
Consultado por ANCCOM si cree que en algunos ámbitos sigue habiendo más discriminación que en otros, sostiene: “Se siente, está siempre, es como el aire, por eso existe el armario”. Y agrega que por su militancia es probable que si le gritan “puto” lo reciba como “un bocinazo”.
El activista advierte que el avance no es mundial, es desparejo. “En Argentina tenemos un montón de leyes para defendernos, hay abogades y hay gente que está trabajando en la defensa, por más que sea una lucha constante. Hay lugares donde es mucho peor. Hace poco, en un pueblo en Irán, fue asesinado un joven veinteañero por sus primos y hermanos, por su propia familia”, cuenta.
Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esto es grave porque significa que un tercio de los estados miembros de la ONU (sobre un total de 193) siguen criminalizando la homosexualidad. Y aunque en América latina la legislación acompaña muchos avances, hoy siguen dándose crímenes de odio. En Brasil, cada 25 horas una persona de la comunidad LGBTIQ+ es asesinada. En Argentina, Tehuel está desaparecido hace más de dos meses.
Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades.
Discriminación cotidiana
La discriminación también se manifiesta en las dificultades de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. Este último, un derecho básico, es obstaculizado cotidianamente por las inmobiliarias, que suelen rechazar potenciales inquilinos trans y travestis por asociar su identidad a lo promiscuo, al consumo de drogas y a la prostitución.
Ayelén Beker es una cantante y activista trans. A través del arte tuvo la oportunidad de independizarse y de acceder a un alquiler. Sin embargo, la pandemia la obligó a buscar opciones para subsistir y confiesa haber sacado “el traje de puta que las travas siempre llevan en la cartera”.
Hace dos años que vive en el mismo edificio y desde el primer momento sufrió discriminación de una vecina que jamás reconoció su identidad de género. Durante la cuarentena, Beker le abrió las puertas a compañeras que se habían quedado en la calle y repartió viandas, todas acciones que fueron motivos de conflicto.
“Hace unos dos meses, me llamó la inmobiliaria para decirme que mi departamento estaba denunciado como ‘privado’ por el consorcio de vecinos porque recibía muchas visitas. Les dije que nada que ver, que yo vivo en mi casa, y que en todo caso si ella (por la vecina) quería saber si soy puta, me lo preguntara”, relata.
Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género.
Un día llegó al edificio y encontró la entrada empapelada con carteles que anunciaban la prohibición del trabajo sexual. Como justificación afirmaba que el uso de los departamentos sólo podía estar destinado a viviendas familiares. Al mismo tiempo, amenazaban con hacer uso legal de las filmaciones que registran las cámaras del edificio. En otras palabras, amenazaba a todo aquel que fuera invitado por ella. “Que asuman que soy prostituta solo por ser trava, también es discriminación”, subraya.
Indignada, arrancó los carteles y eligió el camino legal. “Quieren sacar nuestro lado más feo: la trava, puta, quilombera. Pero yo no entré en su juego”, explica. Les mandó una intimación, pero el consorcio no cedió. Así, el acoso fue cobrando todas las formas posibles: la acusaron de trata de personas, le bloquearon la llave de entrada, le cortaron los servicios. El hostigamiento persistió y todavía continúa.
“Estoy esperando los tiempos de la justicia, que además no está hecha para nosotras. Espero que se resuelva. Quiero vivir tranquila en mi casa, como cualquier persona que paga su alquiler. No molesto a nadie”, declara.
El suyo no es un caso aislado. Para la comunidad trans, la dificultad para acceder a una vivienda es un problema diario. Son constantemente echados y excluidos. “En la pandemia han venido a dormir amigas que no tenían adónde ir. Es así siempre. Terminás volviendo a la casa de tus padres sintiéndote una vividora, un parásito, porque la sociedad no te deja llevar una vida normal. Siempre estuvimos marginadas”, remarca.
Pese a que el alquiler de su departamento está a su nombre, los trámites previos a firmar el contrato los tuvo que hacer su mamá: “Me pasó dos o tres veces de ir a las inmobiliarias y que me digan que sí por compromiso, pero cuando quise señar ‘el departamento ya se había alquilado’. Por eso le tuve que pedir ayuda”, cuenta. En ocasiones, incluso, le han querido cobrar el doble en pensiones.
“Necesitamos una ley, un amparo para las personas travestis, para que podamos alquilar tranquilas. Nos excluyen de todos lados. Una lo naturaliza y termina creyendo que es normal. Te acostumbrás a irte de todos lados porque sos puta o travesti. La vivienda es lo primordial para las personas. No puede ser que vivamos así, estamos en el 2021 con un gobierno que supuestamente es diverso. Hay que aprovechar las herramientas que tenemos”, opina.
En septiembre del año pasado se anunció el Decreto 721/2020, que establece un cupo laboral trans del 1% en el Estado Nacional. “No debería ser necesario un cupo laboral trans –según Beker–, pero es un avance. A nosotras, las travestis, nos cambia la vida tener acceso a un trabajo. Pero las personas no están capacitadas. Yo estuve trabajando en un camión de vacunación, que entré por un cupo, pero me tuve que ir porque mi coordinadora me hostigaba. Son personas que no entienden que vos entraste sin estudiar por un cupo. Formarte en una sociedad que no está preparada para que una travesti esté en una universidad o en un banco atendiéndote es muy difícil”.
Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género. Mientras tanto, en Argentina, como en el resto del mundo, la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo violentada e imposibilitada a acceder a sus derechos fundamentales. Pero en los últimos años la fuerza del activismo logró instalar en la agenda política sus reclamos y el Estado está empezando a saldar la deuda histórica con los derechos humanos.
En 2010, se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, cuyo debate en el parlamento copó los medios y tras la sanción se modificó la mirada de la sociedad. “Lo importante es el derecho, representa un cambio cualitativo. No solo de los que veníamos peleando, empoderó a las nuevas generaciones y a partir de ahí se formaron decenas de organizaciones en todo el país y todos los partidos empezaron a tener un área de diversidad sexual. Y después llegó la Ley de Identidad de Género, referente mundial para el activismo”, concluye Pecoraro.
May 12, 2021 | Géneros, Novedades
La desigualdad de género tiene impacto en distintas áreas del conocimiento y el sector tecnológico no es la excepción. La situación actual coloca a las mujeres y las disidencias en una posición de desventaja con respecto a los varones.
Existen distintos indicadores que señalan la inequidad en el sector CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, o STEM, según sus siglas en inglés). Uno de ellos es el fenómeno conocido como «techo de cristal», el cual implica que las mujeres tienen más obstáculos para acceder a los puestos jerárquicos. Según el diagnóstico sobre la situación de las mujeres en Ciencia y Tecnología publicado por el Ministerio de esa área en febrero de 2020, sólo el 14% de los puestos directivos de los organismos bajo su órbita mostró mujeres al frente, mientras que el 86% de los cargos directivos restantes estaban ocupados por varones.
Delfina García Hamilton, coordinadora del Programa Mujeres, Paz y Seguridad en ONU Mujeres, refuerza estas estadísticas: «Según ONU Mujeres y UNESCO, en América Latina y el Caribe, el 45% del total de las personas investigadoras son mujeres. Sin embargo, la segregación horizontal y vertical continúa siendo elevada: las mujeres investigadoras se encuentran aún subrepresentadas en los niveles más altos de las carreras profesionales y continúan siendo una minoría en diversos campos de las STEM».
Esta realidad se vincula con la denominada “segregación horizontal”. Las mujeres están sub-representadas en áreas tradicionalmente masculinas (Ingeniería, Tecnología, Ciencias Naturales y Exactas); mientras que, por lo contrario, están sobrerrepresentadas en otros campos como las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias Médicas y de la Salud, tradicionalmente femeninas y que refuerzan los estereotipos de roles de género.
Marta Maule, especialista TIC, docente y coordinadora en el Observatorio de Políticas Públicas en la Universidad de Avellaneda, enfatiza esta idea al expresar que “tendríamos que mirar cómo se involucra a les niñes en el conocimiento y la experiencia temprana de las CTIM. Allí tenemos el inicio de un proceso sostenido que, cuanto menos a las mujeres, nos excluye sistemáticamente de la posibilidad de siquiera soñar con ser matemática, programadora o científica en general”.
Maule es una de las fundadoras del espacio de estudio y análisis de Políticas TIC en la UNDAV, conformado íntegramente por mujeres profesionales que se interesan en el sector. «La iniciativa no se trata de retener un espacio sólo entre mujeres, se trata de demostrar una forma distinta de trabajar, pensar y analizar las tecnologías, haciéndolas propias y poniéndole nueva voz a la transmisión y generación de ideas y reflexiones sobre temas monopolizados por lo heteronormativo», explica.
Por su parte, García Hamilton coincide en el rol que cumple la integración de las mujeres para evitar los sesgos en el área. «Dar a las mujeres igualdad de oportunidades para desarrollarse y prosperar en carreras STEM -dice- ayuda a reducir la brecha salarial de género, mejora la seguridad económica de las mujeres, garantiza una fuerza de trabajo diversa y talentosa, y evita los sesgos en estos campos y en los productos y servicios elaborados».
Medidas estatales para acortar la brecha
El mes pasado el Gobierno nacional inauguró el Centro de Géneros en Tecnología (Centro G+T). Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Innovación Pública que articula al Estado con empresas privadas. Tiene como objetivo la inserción de las mujeres y disidencias en el sector CTIM. Desde el sector privado, participarán Google, Nokia, Huawei, Globant, Claro, Microsoft y Facebook, entre otras.
El acto de presentación en el Salón Norte de Casa Rosada, disponible en Youtube, fue encabezado por la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; la directora de ARSAT, Anabel Cisneros; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y, en representación del sector privado, Lilian Denicola, gerenta de Calidad para el Cono Sur de Nokia.
Según ONU Mujeres, en América Latina y el Caribe, el 45% del las personas investigadoras son mujeres.
El Centro maneja dos líneas estratégicas: por un lado, trabajará en la formación e inserción de mujeres y disidencias en el sector CTIM a través de capacitaciones y charlas; y, a la par, se encargará de generar espacios en donde se visibilice a referentes mujeres con el fin de motivar a más jóvenes a formar parte del sector.
La coordinadora en ONU Mujeres resalta la importancia de este tipo de políticas: “Para lograr la igualdad de género es clave la articulación público-privada, por lo que celebramos la creación del nuevo Centro de Géneros en Tecnología, lo que representa un avance para que el Estado y las empresas articulen para impulsar políticas con perspectiva de género en sectores profesionales muy masculinizados como STEM”.
En la misma línea, Maule entiende que “decir que todas las acciones positivas contribuyen a reducir esta brecha y a generar condiciones de equidad no sorprende a nadie, pero es cierto que acciones concretas como el nuevo Centro de Géneros en Tecnologías aporta significativamente en esta dura tarea de visibilizar y comprender las barreras y prejuicios propios de un sector muy masculinizado y, también, a poner en agenda la necesidad de motivar, inspirar y mentorear a futuros profesionales que hoy pertenecen a sectores tradicionalmente relegados en las tareas de estudiar y hacer ciencias ‘duras’ o ‘abstractas’”.
Acciones concretas
Este 22 de abril, con motivo del Día de las Niñas en las TIC, se realizó la primera mesa de trabajo. En la reunión, que fue virtual, se presentó el sitio web del Centro G+T. También se estableció la articulación con el programa Punto Digital, que suma más de 580 nodos de conectividad en el territorio nacional e implica una vinculación directa entre los ciudadanos y las tecnologías.
Con respecto al sector privado, la empresa Huawei anunció la entrega de 600 becas a mujeres y disidencias que sean docentes y/o tengan entre 18 y 35 años de edad para brindarles capacitaciones en Big Data e inteligencia artificial. Por su parte, Microsoft presentó una propuesta de trabajo de 12 meses para mujeres y disidencias.
“Creo que contar con un Ministerio que tiene por tarea transversalizar la perspectiva de género en todo el accionar del Estado es estratégico para avanzar en soluciones reales y sustentables”, opina Maule. “Va de suyo que no es suficiente este enorme trabajo, sino que debemos poner, cada uno desde el sector en el que se desarrolla, la lupa en acciones concretas para profundizar y afianzar esta tarea titánica que pudimos retomar, desde lo público, en diciembre de 2019”, agrega la especialista.
El Centro G+T apunta a constituir un factor determinante en las acciones del Estado para la reducción de la brecha de género en los sectores CTIM y, para ello, la participación del ámbito privado es fundamental en este proceso. Lograr una mayor diversidad de género en áreas tradicionalmente masculinas contribuirá a resultados con menores sesgos y a un desarrollo económico más equitativo.
Así las cosas, la coyuntura de la pandemia no ha impedido que las mujeres continuen con una agenda activa en el diseño de políticas públicas y acuerdos con el sector privado para romper ese “techo de cristal”, un eufemismo de la discriminación por género que se usa en el ámbtio letrado.
Abr 12, 2021 | Géneros, Novedades
Este lunes, distintas organizaciones LGTBQ+ se movilizaron a Plaza de Mayo para exigir la aparición de Tehuel de la Torre.
Este domingo se cumplió un mes de la desaparición del joven trans Tehuel de la Torre, hay dos sospechosos detenidos y la búsqueda continúa. Ante la demora en la investigación, la familia organiza marchas, pide que no se olviden de Tehuel y que hablen los que saben algo. “Nosotros si hacemos marchas, la hacemos por él”, dijo Verónica, su hermana, a ANCCOM. Este lunes, se realizaron convocatorias en distintas ciudades del país, organizadas por grupos que defienden los derechos de la comunidad LGBTQ+.
El joven, de 22 años, desapareció el 11 de marzo. Ese día se dirigió rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn; se supone que tenía una entrevista de trabajo con Luis Alberto Ramos, uno de los dos imputados que tiene la causa. En el domicilio de Ramos, tras el trabajo de investigación por parte de la policía, se encontró un teléfono celular y ropa, ambos objetos calcinados, corresponderían a Tehuel. Se pudo rastrear el celular del joven y se constató que estuvo activo el 11 y 12 de marzo en las inmediaciones de la vivienda del sospechoso.
Oscar Alfredo Montes es el otro detenido, un chatarrero de la zona y vecino de Ramos, detenido después de la primera marcha, acusado de falso testimonio. Montes había dicho que no vio a Tehuel el 11 de marzo pero el Poder Judicial cuenta con una foto en la cual aparecen los dos con Tehuel.
Tehuel desapareció el 11 de marzo cuando se dirigía a la estación de Alejandro Korn parauna entrevista de trabajo.
En los más de 30 días de búsqueda y espera, se han realizado marchas en San Vicente, en Alejandro Korn, en CABA y hasta fuera de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba capital. Verónica destaca que la familia busca hacer marchas sin intenciones de contar con banderas políticas, no quiere que se corra el foco del caso. “Desde el primer momento -dice-, la familia acordó no plantar bandera ni tomar partido, las hacemos con antorchas, como ya se hizo. Acá se trata de un ser humano, de mi hermano, no se trata de hacer política sacando provecho de lo que pasó”.
Las movilizaciones organizadas por la familia se han llevado a cabo en San Vicente y en Alejandro Korn, acompañada por los vecinos y amigos, con una frase como insignia: ”El silencio de Tehuel es nuestro grito de justicia”.
La familia es consciente que existe un apoyo de movimientos sociales y ONGs que se han manifestado en las calles y han ayudado a la difusión de la noticia por los medios y las redes sociales. Sin embargo, desde el entorno de Tehuel intentan dejar en claro que se manejan de manera paralela. La intención reiterativa de aclarar y de querer despegarse de toda organización o movimiento que habitan en las marchas es una decisión que tiene como fin cuidar el entorno familiar de Tehuel, protegerse entre ellos.
En el domicilio de Ramos, uno de los detenidos, se encontró un celular y ropa calcinados, que serían de Tehuel.
La familia piensa que la investigación se ha ido ralentizando a medida que pasaron los días, notaron que los medios y canales de televisión que supieron estar presentes, ya no están acompañando la búsqueda como lo hacían en un principio. Los inconvenientes con el clima y las suspensiones de los rastrillajes demoran los avances. “Hay días en que parece que la investigación no avanza, la búsqueda va a un ritmo muy lento, hubo varios días en silencio y eso nos tiene cada vez peor ”, subraya Verónica. No obstante, destacan el apoyo del Estado, tanto a nivel provincial como municipal, que los acompaña desde el principio. “Vinieron todos los técnicos que tenían que venir, seguimos con el apoyo de ellos, vienen y si necesitamos un psicólogo o lo que sea ellos están continuamente, no podemos decir nada porque desde un principio estuvieron”, detalla Norma la mamá de Tehuel.
Pasó un mes y el pedido sigue siendo el mismo, “que aparezca Tehuel, que se siga difundiendo, que lo sigan buscando y que los que saben algo, por favor hablen”, pide Verónica. Para esta semana se harán marchas, organizadas por la familia y también autoconvocadas en otras ciudades. Este lunes ya empezaron.
El representante de la familia de Tehuel se reunió con el Ministro de Seguridad de la provincia Sergio Berni y la fiscal Karina Guyot, de la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente, y llegaron a un acuerdo para que se publique un comunicado que ofrezca una recompensa a todo aquel que aporte datos fehacientes que proporcionen información nueva para la búsqueda. De acuerdo con los datos obtenidos y al resultado que se logre, el monto se fija entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Mientras tanto, la familia, los amigos y comunidad LGTBQ+ sigue preguntando “¿Dónde está Tehuel?
Abr 9, 2021 | Géneros, Novedades
Florencia Magalí Morales tenía 39 años, había nacido en Mendoza y vivía con dos de sus hijos y una nieta. La mañana del 5 de abril de 2020, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), salió de su casa para comprar alimentos. Horas después, apareció sin vida en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. A un año de su muerte, ANCCOM dialogó con Celeste Morales -hermana de la víctima- y Federico Putelli -uno de los abogados de la familia-, quienes dieron detalles del caso.
El lugar de la detención
La primera versión policial aseguró que Magalí fue detenida mientras a iba a contramano en bicicleta en la vía pública, por violar la prohibición de circular en un contexto de pandemia. Según estos dichos, por la terminación de su DNI, ese día no le correspondía salir a la calle. Mientras que otros agentes declararon que, en realidad, la detención se produjo en la comisaría.
Sin embargo, esa primera versión oficial no se pudo sostener. La cámara de seguridad de un banco captó el momento exacto en que Morales entraba a la dependencia policial de manera voluntaria. “El día 5 de abril de 2020, entre las 8:50 y las 9:00, Florencia Magalí Morales se retiró de su domicilio y se dirigió a la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara para pedirle la tarjeta de débito a un amigo que trabajaba allí”, afirma Federico Putelli.
Morales no fue detenida en la calle por violar la cuarentena, sino en la comisaría. Hoy, se desconoce el motivo de dicha detención. Putelli continúa: “Una vez dentro, los oficiales la arrestaron y, luego, la llevaron al Hospital Santa Rosa para un examen médico. Daniela Fogel -doctora que revisó a Morales- declaró que no presentaba lesiones en el cuerpo ni indicios de haber consumido sustancias y que se encontraba psicológicamente estable”.
Todos los presentes
No hubo coincidencia entre los policías y el perito que llegó al lugar, respecto a la cantidad de agentes que estuvieron de turno durante la detención de Morales. “El número que figura en el libro de guardia -cuatro hombres y tres mujeres-, es menor que el declarado por un criminalista que se presentó a ver el cuerpo de mi hermana. Según él, al llegar a la comisaría, había más de diez oficiales”, relata Celeste Morales.
Magalí Morales no era la única detenida en la Comisaría 25, lo que permitió que otras personas pudieran escucharla. Putelli asevera: “El hombre que estuvo en la celda contigua manifestó que ella pidió auxilio. Más aún, cuando éste solicitó ir al baño, los agentes lo obligaron a orinar en el calabozo de Morales. Hubo otro aprehendido que llegó horas después pero que, hasta el momento, no fue llamado a declarar”.
Finalmente, los policías decidieron retirar de las celdas a los otros detenidos y cambiarlos de sector. A partir de ese momento, Morales quedó sola en la zona donde están ubicados los calabozos. “Entre las 17:30 y las 18, los agentes se llevaron a los hombres y los encerraron en otra área de la comisaría, obligándolos a permanecer allí hasta las 23. Luego, fueron trasladados a otra dependencia”, asegura el letrado.
Detenida e incomunicada
Magalí Morales no tuvo acceso rápido a un llamado telefónico. Cuando le permitieron hacerlo, se comunicó con una amiga y ésta le llevó una mochila con ropa. Putelli sostiene: “La grabación muestra que las prendas con las que salió de su casa, no eran las mismas que tenía cuando la encontraron muerta. Más aún, éstas tampoco eran las que su amiga le acercó a la comisaría. La ropa y la mochila nunca aparecieron”.
Tampoco hubo voluntad expresa de la policía para notificar la situación a la familia. Más aún, fue la amiga de Magalí quien los llamó. Así lo detalla Celeste Morales: «Nos enteramos horas después y no fue un comunicado oficial de la dependencia. A las 20 sonó el teléfono, era la amiga de mi hermana para avisarnos que Magalí estuvo en la comisaría desde las 9. Los oficiales jamás nos informaron de la detención».
Desde ese momento, la familia de Magalí intentó comunicarse con ella, pero los oficiales no atendieron y, cuando lo hicieron, evitaron dar sus nombres. “En uno de los últimos llamados, logré que una persona se identificara. Le insistí para hablar con mi hermana y me dijo que no era posible porque ella, en ese instante, se encontraba declarando. Pero Magalí llevaba seis horas muerta”, cuenta Celeste Morales.
Hipótesis del suicidio
Pasada la medianoche, la policía llamó a la familia para anunciarles que Magalí Morales se suicidó en su celda, aparentemente, utilizando los cordones de sus zapatillas. No obstante, hubo horas de diferencia entre su muerte y la notificación oficial a sus allegados. Al respecto, Putelli señala: “Entre las 0 horas y las 2 dieron aviso a sus parientes y el deceso de Morales se produjo entre las 17:30 y las 19: 30, es decir, horas antes”.
El primer informe de la autopsia, a cargo de Gustavo Lafourcade, no advirtió la presencia de moretones en el cuerpo de Morales. Por pedido de los abogados, el forense presentó un segundo reporte. “Allí describió múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica, compatibles con la autodefensa. Si bien ella falleció por asfixia, no se pudo determinar si fue ahorcamiento o asfixia mecánica”, añade Putelli.
Frente a estas irregularidades, los abogados de la familia Morales solicitaron a Jorge Pinto -juez de la causa-, una segunda autopsia. Este pedido, que llegó siete meses después, reveló más detalles sobre la muerte de Magalí Morales. Putelli precisa: “Finalmente, el día 4 de noviembre de 2020 se pudo realizar la necropsia y ésta constató la presencia de los moretones y arrojó que el cuello presentaba un faltante de dos músculos y de una arteria”.
«Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.
Sin avances en la causa
La carátula cambió de “suicidio” a “averiguación de muerte” pero, desde entonces, la causa ha tenido escasos avances. La familia de la víctima expresa que la investigación se paralizó, debido a la dilatación o la negativa del juez Pinto ante los pedidos de los abogados. “Magalí Morales no se suicidó. Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.
Uno de los principales obstáculos para la familia Morales fue la falta de recursos económicos para seguir el curso de la investigación. En palabras de Putelli: “El juez de la causa ordenó que ellos debían correr con los gastos de la necropsia, circunstancia que estaba fuera de su alcance. En este sentido, no se aplicó la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y, por tanto, tuvimos que apelar”.
Aún no hay indagados, ni imputados, ni procesados. “Si bien se requirió la introducción de sumario policial y el llamado a indagatoria, los policías que estuvieron el día que Magalí Morales murió, todavía no fueron llamados a declarar. Recientemente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante, mientras que la defensa pública pidió que se archive la causa, alegando falta de pruebas.”, cierra el abogado.
Perspectiva de género
Magalí Morales era una madre comprometida con la crianza de sus hijos. Así la recuerda Celeste Morales: “Mi hermana adoraba a sus hijos, amaba hacerles la comida y salir con ellos a la plaza. Era optimista en todas las situaciones, siempre apoyaba y daba ánimos a los demás. Nosotros la conocemos bien, lo que pasó en la comisaría fue un femicidio. Magalí no se suicidó y exigimos que su muerte no quede impune”.
Las leyes existen, falta su implementación efectiva. A saber: Ley 26485 que protege a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, entre ellas, la institucional, Ley 26791 que modificó el artículo 80 del Código Penal, incorporando el femicidio como un tipo de homicidio motivado por el género y Ley 27499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles de los tres poderes del Estado.
Abr 8, 2021 | Géneros, Novedades
La pandemia ocasionada por el covid-19 puso en evidencia un sinfín de asuntos sin resolver en la agenda pública, entre ellos la dificultad que atraviesa una gran parte de los cuerpos con útero en acceder a los productos de gestión menstrual. Según estimaciones de la organización Economía Femini(s)ta, en el año 2020 se necesitaron entre 2.900 y 3.800 pesos para gestionar la menstruación a través de la compra de toallitas y tampones. Evidentemente, quienes no contaron con ese dinero no pudieron acceder a ellos.
Se estima que hay alrededor de 300 millones de personas que menstrúan en el mundo; en Argentina, llegan a ser unas 10 millones. Pese a tratarse de un proceso fisiológico, la menstruación no deja de ser un hecho político y la falta de acceso a productos para utilizar esos días resulta un factor de desigualdad. ¿Por qué? En un contexto mundial donde las mujeres son quienes más sufren las consecuencias económicas -según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, las mujeres ganan un 29% menos que sus pares varones- el período acarrea también otras complicaciones: el estigma social que carga la menstruación aún existe y genera falta de información, ausentismo escolar y laboral y una gran exposición a enfermedades e infecciones si no se higienizan correctamente los elementos utilizados o se extiende el uso de las toallitas, por ejemplo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el sector de mujeres de 14 a 29 años es el que más padece la desocupación y, por ende, la falta de acceso a los productos de higiene menstrual. Esta realidad es consecuencia, en parte, de la falta de legislación en la materia y una notable ausencia estatal en el tema.
La pobreza tiene rostro de mujer
Lucía Espiñeira, co-coordinadora de la Campaña Organización Civil Economía Femini(s)ta #MenstruAcción, señala que a partir de un informe elaborado con los datos económicos del tercer trimestre del 2020, provistos por el INDEC, se observa que las mujeres enfrentan una situación desfavorable en el área laboral provocada por la baja tasa de actividad, la imposibilidad de conseguir empleo -en conjunto con los sueldos con montos inferiores en relación a los hombres-, y una fuerte precarización laboral. Los datos indican que la tasa de actividad para las mujeres de 14 a 29 años empleadas o que buscan estarlo es de un 45,4%, en contra de un 64,5% de los varones, lo que supone una diferencia de casi 20 puntos. Sobre los datos de las personas que efectivamente están empleadas se observa la misma desigualdad: 57,7% de los varones en relación al 39.4% de las mujeres. En síntesis: solo cuatro de cada diez de ellas tienen trabajo. Además, se calcula que cada diez pobres, siete de ellos son mujeres, constituyendo así el sector con más desigualdad de condiciones laborales y salariales.
En 2020, se necesitaron entre 2.900 y 3.800 pesos anuales para gestionar la menstruación .
Generar conciencia
Espiñeira sostiene que el eje fundamental de la campaña #MenstruAcción es el acceso a la información con el fin de terminar con la desigualdad en términos de menstruación y llegar a la justicia de género, señalando que “la campaña tiene como eje dar a conocer todos los métodos de gestión menstrual, empezando por los sectores más vulnerados”.
De esta manera apuntan a la implementación de estrategias educativas a través de la Educación Sexual Integral (ESI). La importancia de abordar el tema como parte de una pedagogía menstrual es la base para erradicar los estereotipos que dañan y forman parte de un tabú instalado en la sociedad. Espiñeira señala que desde #MenstruAcción elaboraron «un material de descarga gratuita para docentes: ‘Es importante hablar de menstruación. Lo presentamos en 2019 y está hecho por nosotras a pulmón». Realizado por un equipo especializado, busca llevar el debate, la ciencia y la perspectiva de género a todo el país.
La escasa información que rodea al tema, sobre todo en los sectores más vulnerados, no solo impacta en su constante ocultamiento: la falta de conocimiento sobre las opciones de productos de contención, así como de formas de higiene, tratamientos para el dolor, amenorreas y excesos de menstruación, puede derivar en enfermedades e infecciones. Por este motivo la necesidad de generar conciencia e incluir mayores niveles de diversidad en el tema es grande, incluyendo también a los varones y a las disidencias en la concepción de la menstruación, con el propósito de entenderla como un derecho que debe consolidarse en conjunto con políticas públicas de salud, y no como algo que debe esconderse y sobrellevarse en privado.
Hay que legislar
Al ser consultada por la falta de información oficial en relación a la gestión menstrual, Espiñeira señala que faltan datos cualitativos para entender la situación actual de las personas menstruantes: «No sabemos cuántas toallitas efectivamente se demandan. Para calcular, usamos un promedio de 22 por persona por ciclo, en un promedio de 13 ciclos por año, pero no sabemos cuántas personas en argentina menstrúan, cuánto menstrúan, qué métodos eligen… para eso hay que hacer encuestas enormes que el Estado debería llevar a cabo, así que siempre hacemos hincapié en que hacen falta más datos y mediciones, esto es un reclamo que también llevamos a cabo en la campaña y en los proyectos de ley que hemos presentado».
Actualmente, han sido enviados más de dieciséis proyectos al poder legislativo en busca de un marco legal para defender los derechos de las personas menstruantes. Durante el año 2020 la senadora nacional por el Frente de Todos, Norma Durango, propuso dos proyectos de ley de alcance nacional en los que se contempla, por un lado, la quita del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los productos de gestión menstrual, entre los que se encuentran no solo las toallas y los tampones desechables, sino también las copas y toallas reutilizables. Por otro lado, el “Proyecto de Ley Nacional de Acceso Universal y Gratuito a los Productos de Higiene Menstrual” busca garantizar la distribución de elementos de contención en diversos espacios comunitarios y establecimientos, entre ellos: escuelas, centros de salud y hospitales, instituciones de alojamiento diurno y/o nocturno para personas en situación de calle, establecimientos penitenciarios e instituciones de internación de salud mental.
Este proyecto de ley también hace hincapié en la (re)construcción social de la información en torno a las implicancias de la menstruación, la cual debe revisarse y afianzarse, en pos de disminuir las desigualdades. Es fundamental el abordaje crítico de ciertas cuestiones repetidas a lo largo del tiempo, por ejemplo la concepción de la menarca como el momento en que una niña “se convierte en mujer”, idea que posiciona a las niñas y adolescentes en el horizonte heteronormativo del deseo de la maternidad.
«Usamos un promedio de 22 por persona por ciclo, en un promedio de 13 ciclos por año», dice Espiñeira.
Al respecto, Carolina Zotta, la creador y difusora del concepto de “Viva la copita”, considera que es importante aprovechar que la gestión menstrual entró en la agenda pública para pensar en políticas concretas. Hay espacios con privilegios, lo que significa más información y, por ende, mayor accesibilidad también. “Hay un mapa enorme por recorrer y con un montón de políticas que es necesario que se empiecen a abordar, y la base de todo esto es la falta de educación”, enfatizó la entrevistada. Por su parte, trabaja comercializando productos de gestión menstrual reutilizables. A medida que su proyecto creció, se fue encontrando con muchísimas preguntas de mujeres que se referían más al uso del producto que a la higiene del mismo. Y eso reflejaba un gran desconocimiento del propio cuerpo: “Como en algún punto esas eran dudas propias que había solucionado a partir de mi propia experiencia, intente ocupar ese espacio para bajar información y que sea más accesible, facilitar medios para experimentar y probar y acercarnos un poco al cuerpo y al ciclo que fue tratado siempre con mucha lejanía”, contó.
Su cuenta de Instagram «Viva la copita” reúne más de 180 mil seguidores y representa un espacio de aprendizaje sobre el cuerpo, un lugar al cual ir a buscar información cuando aparecen esas dudas. Hoy en día colabora con Matriar, una organización civil que acaba de lanzar -en pos de profundizar el conocimiento y las necesidades de los cuerpos menstruantes- el primer relevamiento sobre la experiencia anticonceptiva en Argentina.
Entre las jurisdicciones que ya implementaron la distribución gratuita de elementos de higiene menstrual se encuentra el Municipio de Morón, Provincia de Buenos Aires, pionero en el país, seguido por la Ciudad de Santa Fe, y más tarde la Municipalidad de San Rafael, en Mendoza. A nivel provincial, Tucumán fue el primer distrito en proveer de elementos de contención menstrual a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad económica, social y cultural. El pasado 25 de marzo, el gobierno de La Rioja llevó a cabo el lanzamiento del “Programa Productos de Gestión Menstrual” que tiene por finalidad la provisión gratuita de elementos de gestión menstrual a través de centros y establecimientos públicos y comunitarios.
Quedó demostrado en 2020 que elegir atravesar los días de sangrado con productos reutilizables o de una forma higiénica puede resultar un privilegio para una minoría: la escasez de recursos económicos, la falta de agua potable y la poca o nula información sobre las opciones de gestión menstrual representan obstáculos que el Estado debe superar para que la justicia menstrual se convierta, finalmente, en un derecho para todos los cuerpos.
Mar 30, 2021 | Géneros, Novedades
Cada 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans. En los últimos años, la comunidad LGTBIQ+ argentina conquistó un significativo número de derechos; sin embargo, no ocurrió lo mismo en todo el mundo. España, por ejemplo, hoy se encuentra en lucha por la actualización de su Ley de Identidad de Género.
Hace unas semanas, en el país europeo se hizo público un borrador de la nueva Ley Trans, impulsado por Irene Montero, ministra de Igualdad y miembro de Unidas Podemos. El proyecto despertó debate dentro del movimiento feminista español y en el interior de la coalición de gobierno que pusieron en duda su aprobación. El retraso motivó a un conjunto de activistas a iniciar una huelga de hambre exigiendo la aprobación del borrador.
Latinoamérica y Argentina
En Argentina, las personas trans tienen garantizada una serie de derechos en base a convenciones internacionales, normativas nacionales (como la Ley de Identidad de Género y la de Matrimonio Igualitario), legislaciones provinciales y decretos del Poder Ejecutivo relacionados con, por ejemplo, acceso al cambio de nombre en el DNI y partida de nacimiento en la adultez o en la infancia, derecho al respeto de la identidad de género en espacios educativos y, en el sistema de salud, acceso a hormonas y cirugías de modificación corporal entre otros. El año pasado, el decreto 721/2020 garantizó un cupo laboral travesti-trans del 1% para el Sector Público Nacional.
¿Por qué es necesario echar luces sobre la legislación existente en la materia? Según reconoce el Estado argentino, la expectativa de vida de una persona trans oscila entre 35 y 40 años. La legislación argentina, aún con sus falencias en la práctica, lejos está de la realidad que se vive en otros países del mundo. Por ejemplo, en Paraguay y Brasil, no cuentan con leyes de identidad de género.
Europa y España
En Europa, España tiene una legislación de 2007 que, si bien permite el cambio de nombre en el documento, lo avala mediante la patologización de sus solicitantes.
Según explica Rosa María García, activista española transfeminista y doctoranda en Filosofía y Género, la normativa que está en vigencia surgió en respuesta a una problemática urgente: hacia las décadas de 1970 y 1980, las mujeres trans que iban a los juzgados a solicitar el cambio registral se encontraban con jueces que no tenían jurisprudencia sobre la que hacer un fallo claro.
En este contexto, los magistrados exigían un marco legal para saber cómo actuar ante estos reclamos. Así surgió la Ley 3/2007, una regulación que nació con 15 de años de retraso respecto a las demandas de los movimientos sociales, de los Principios de Yogyakarta –que se publicaron en 2006– y de varias de las legislaciones que ya existían en Europa.
A diferencia de la ley argentina, la normativa española impone dos condiciones fundamentales para responder a la solicitud: por un lado, tener un informe diagnóstico de disforia de género. Esta primera cláusula supone la patologización de las personas trans, ya que entiende que para acceder al pedido se debe estar bajo el diagnóstico de “transexualidad”. En 2012, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) eliminó de su manual este concepto ya que dejó de considerarlo como una patología. Hacia 2018, también se expidió la Organización Mundial de la Salud (OMS): la disconformidad de género se definió como una condición correspondiente a la salud sexual.
La segunda cláusula exige acreditar al menos dos años bajo tratamiento médico con hormonas. En 2018, una instrucción de la Dirección General del Registro Civil habilitó el cambio de nombre simplemente presentando documento, sin la exigencia de acreditar un informe psicológico. De cualquier manera, la legislación actual no prevé la existencia de personas no binarias ni establece las mismas garantías para todo el territorio: existen normativas específicas de cada comunidad autónoma, pero son muy limitadas porque están acotadas a sus competencias. Según García: “Es problemático, porque quizás a 20km de distancia de donde estás tus derechos son otros”.
El proyecto de ley de Montero busca armonizar estas legislaciones y ajustarse a los estándares internacionales. Sin embargo, no trataría problemas de fondo. Un ejemplo son las personas migrantes que no estarían afectadas por esta legislación que contempla solo a españoles: “Muchas mujeres trans migrantes encuentran la prostitución como única salida frente a la falta de derechos”, según indica la doctoranda en Filosofía y Género.
Desde un punto de vista más optimista, la actualización de la ley permitiría ampliar garantías legales de forma integral: ¿Qué pasa con los derechos reproductivos de los varones trans, por ejemplo? En Argentina, gracias a la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito –y la posterior sanción de la ley Nº27.610– incluyó como sujeto de derechos a las personas gestantes. De esta forma, no solamente se contemplan los derechos reproductivos de mujeres cisgénero (cuya identidad de género coincide con la asignada al nacer), sino que también se prevé el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para varones trans y personas no binarias.
