Desarmar al machismo también salva vidas de varones

Desarmar al machismo también salva vidas de varones

¿Por qué los varones cuidan menos su salud? Esta pregunta guía la campaña #EsDeVarón, realizada por Fundación Kaleidos y Casa FUSA. Es que, si bien el patriarcado es conocido por las consecuencias extremas que implica para las mujeres y el colectivo LGBT, también reserva su cuota de daño para la salud física, mental y emocional de los hombres.

“Ambas organizaciones creemos que es clave modificar comportamientos y prácticas en espacios institucionales”, asegura Lucía Sucari, coordinadora de Comunicaciones de Fundación Kaleidos. Los objetivos de la campaña son evidenciar cómo los roles de género enseñan a los varones a naturalizar conductas violentas y potencialmente dañinas para su salud y la de sus entornos, y desarmar los estereotipos que impiden que los adolescentes busquen ayuda o asistencia frente a diversos malestares.

“Aquellos estereotipos que se van reproduciendo en las crianzas, enseñanzas y a través de la socialización en las escuelas, se traducen en más vulnerabilidad para los varones en el acceso y el cuidado de su propia salud”, afirma Daniela Giacomazzo, psicóloga y coordinadora del equipo de expansión comunitaria y especialista en ESI de Casa FUSA.

Entre las conductas de riesgo usualmente llevadas a cabo se encuentran el demostrar resistencia a alcohol y drogas, involucrarse en situaciones de violencia callejera, manejar vehículos a alta velocidad, tener sexo sin protección o subestimar el cuidado de salud mental. Un capítulo aparte merece el último punto ya que, según las estadísticas, son los hombres quienes encabezan las listas cuando de suicidio se trata. “La creencia de que los varones tienen que ser fuertes y el no poder mostrarse sensibles o pedir ayuda son factores que van obstaculizándolos muchas veces para hablar de lo que les pasa y solicitar ayuda”, expresa Giacomazzo.

Pero el vínculo entre la alta tasa de muertes y el machismo no termina ahí: el modelo tradicional de hombría también alcanzó a los cuidados que implica el coronavirus. Si bien se observan porcentajes similares de varones y mujeres contagiados, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los primeros representan un 58% del total de los fallecidos. Esto sucede, entre otras cosas, porque las normas de la masculinidad hegemónica llevan a que se cuiden en menor medida y utilicen menos o de peor manera el barbijo. El resultado no solo los afecta a ellos sino a quienes los rodean y quedan expuestos al riesgo de contagiarse.

La necesidad de probar que se cumple con los mandamientos de la virilidad hace mella sin importar la edad. Sin embargo, ambas organizaciones entienden que la adolescencia es una etapa clave en la construcción de la masculinidad. Por eso, la campaña está dirigida principalmente a ellos. Aun así, además de apuntar a este grupo en particular y a la sociedad en general -porque estos mandatos no solo son reproducidos por los varones-, la iniciativa busca llegar a los adultos que los acompañan en espacios como centros de salud, instituciones educativas o la misma familia, por un lado, y a las políticas públicas, por otro.

Para Giacomazzo, una de las barreras a la hora de transversalizar la perspectiva de género en las políticas que hacen al cuidado y la prevención en materia de salud masculina es que, muchas veces, en el imaginario social se entiende la únicamente refiriendo a mujeres cuando, en realidad, implica entender cómo las estructuras, los mandatos, la socialización y los estereotipos generan diferentes consecuencias para mujeres, varones y disidencias.

Las asociaciones proponen abordar las políticas públicas desde tres lugares: con programas para prevenir la violencia machista; con iniciativas para el cuidado de la salud mental de los hombres, que busquen prevenir o mitigar el estrés, la depresión y el suicidio; y, por último, pensando políticas que tengan en cuenta cómo las practicas masculinas influyen en sus comportamientos.  Por sobre todo, la tarea de las organizaciones es impulsar el cuestionamiento de lo que se nos fue enseñado. Cuidar la salud también es de varón.

El caso de abuso infantil más antiguo que investiga el Poder Judicial

El caso de abuso infantil más antiguo que investiga el Poder Judicial

María Belén Duet y Rosalía Alvarado son las sobrevivientes de la causa judicial más antigua de abuso sexual infantil que se investiga en la Argentina, y cuya resolución podría marcar un antecedente histórico en cuanto a este delito, dado que se aplicaría la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Los abusos denunciados fueron perpetrados en Chaco entre 1979 y 1986, cuando ellas tenían entre 3 y 6 años, por Noemí Alvarado, tía de una de ellas, junto a su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce.

Hoy Rosalía tiene 47 años, dos hijos y trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, asistiendo a víctimas de violencias. Belén tiene 39 años, es profesora de Lengua y Literatura, militante por la Educación Sexual Integral (ESI) y cantante de Che-Lelé, una banda musical para las infancias. Ambas son referentes de Al Fin Justicia, una organización no gubernamental en la que asesoran y acompañan a familiares y sobrevivientes de abusos en la infancia.

“Si bien el proceso hasta llegar acá fue un tsunami y nos movilizó muchísimo, somos privilegiadas por poder acceder a esta instancia en la justicia”, aseguró Belén en diálogo con ANCCOM y agregó que este juicio “marcará un precedente muy importante en una provincia que tiene una cantidad enorme de casos y una pobreza extrema, lo cual limita mucho el acceso a la justicia”.

Por su parte, Rosalía expresó que el abuso en la infancia es “un delito del patriarcado y del silencio, que se encubre y está completamente naturalizado” y añadió que es necesario que todos los agentes de justicia “tengan perspectiva, que nos escuchen y estudien cuáles son las características particulares de este delito porque si no nunca van a condenar a nadie: por incomprensión. La justicia debe dejar de revictimizarnos y debe ser realmente reparadora”.

“Si bien el proceso fue un tsunami, somos privilegiadas por poder acceder a la justicia”, aseguró Belén Duet.

Un delito invisibilizado por la impunidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos contra la integridad en la infancia. A diferencia de maltratos físicos, en los que existe la posibilidad de ver las lesiones, detectar que un niño fue o está siendo víctima de abusos contra su integridad depende de escucharlo con atención para dar cuenta de esto, ya que su descripción es generalmente lo más importante y, en muchas ocasiones, la única evidencia del abuso arremetido en su contra.

En este sentido, Rosalía manifestó que “una prueba fundamental es el perito psiquiátrico, porque los traumas quedan en nuestras psiquis y los arrastramos para toda la vida. Nosotras somos la prueba de lo que aconteció”. 

La gran mayoría de los casos de abusos no son detectados ni denunciados. Según el ex magistrado Carlos Rozanski, sólo se llega a denunciar el 10% de los abusos infantiles que ocurren en Argentina y, de mil abusos, 999 quedan impunes. No en vano es considerado ampliamente como “el delito más impune de la Tierra”.

Según datos oficiales, por un lado, en Argentina el 63% de los casos se producen en el ámbito familiar de los niños, lo cual supone un primer obstáculo para la detección de lo que ocurre. Por otro lado, “muchas veces se trata de personas de la escena pública, como nuestro caso, en los que por más que las pruebas sean contundentes, se mira para otro lado”, explicó Belén.

Los niños y niñas que sufrieron abusos contra su integridad en la infancia llegan a demorar años en poder entender y contar lo que ocurrió ya que suelen experimentar un trauma peculiar en el que se entremezcla el miedo, la culpa y la vergüenza, y que incluso se potencia con el tiempo, cuando la consciencia es mayor.

“Yo sabía que no lo podía contar, sentía que lo tenía que cargar sola porque en algún punto pensaba que era mi culpa”, narró Rosalía, quien sólo pudo contárselo a su pareja, ya siendo una adulta. Recién en 2013, en el velorio de su padre, Rosalía colapsó al ver llegar a la hermana de su padre, Noemí Alvarado, y su marido -ambos denunciados por los abusos- y terminó contando todo lo acontecido a sus familiares, incluida su madre, que no lo supo hasta entonces. A partir de ahí, inició una incansable búsqueda de justicia, motivada por el deseo de que “esto no le pase a nadie más, porque es un horror”.

“La ESI no evita los abusos, ya que las niñeces no tienen herramientas reales para defenderse» dice Duet.

Belén, por su parte, había hablado desde muy chica, cuando su madre lo advirtió después de una serie de situaciones que le llamaron la atención, entre ellas una advertencia que le hizo llegar una maestra de la niña. Actualmente, Belén es docente y militante de la ESI, a la cual destacó como instrumento educador y visibilizante, «preventivo en tanto alerta». Sin embargo, aclaró que “la ESI no detiene la vulnerabilidad de un niño frente al poder del adulto, y tampoco reemplaza a la justicia, ya que ésta es la que impone la ley”.

Recién en 2013, cuando ambas se encontraron en la misma situación, Belén viajó a Chaco para reunirse con Rosalía. “Nuestro encuentro fue muy importante porque le dio un marco de verdad. Una de las culpas más fuertes que se siente es la de la imaginación, porque incluso cuando ya está la certeza de que las cosas sucedieron, aún así sentimos culpa y nos preguntamos la validez de nuestros recuerdos”, expresó Belén.

Una vez roto el silencio pudieron denunciar su padecimiento, pero se encontraron con la prescripción del delito. Esto cambió en 2015, con la reforma de la ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual, que establece que la prescripción se empieza a contar a partir de la denuncia y no de cuando sucedieron los hechos. La normativa dio pie a presentar, el 15 de junio de 2016, una denuncia formal contra sus agresores.

“Yo tenía tres años recién cumplidos, por lo que acordarme de algo tan nítidamente no deja margen de duda”, señala Duet.

Un caso histórico

El juicio de Belén y Rosalía comenzó en Chaco el 31 de mayo pasado y esta semana se desarrollarán nuevas audiencias, con más testimonios. Con respecto al proceso, relataron que si bien haber llegado a un juicio es superador, también revive “un montón de dolores y el sentimiento de culpa, ya que muchas veces quieren saber cosas muy puntillosas, sin considerar que son momentos que se mezclan, fogonazos, diversas situaciones reiteradas a lo largo de los años”.

Sin embargo, “siempre hay algunos recuerdos que son muy nítidos”, contó Belén y continuó: “Yo tenía tres años recién cumplidos, por lo que acordarme de algo tan nítidamente no deja margen de duda”. Por su parte, Rosalía agregó que toda la vida sintió “cosas en el cuerpo y en la mente, mucho miedo a todo, ataques de pánico, no poder pasar -aún hoy- por determinados lugares”.

A partir de estos hechos, Noemí Alvarado, de 80 años y tía de Rosalía, está acusada de ser «participe necesaria de abuso sexual deshonesto en concurso ideal con corrupción de menores en calidad de autora», explicó Nahir Badur, la abogada que está llevando la causa de las sobrevivientes. En el caso de Belén, la acusación contra Alvarado es «por corrupción de menores en calidad de autora».

La abogada aseguró que ellas persiguen “una sentencia condenatoria, que puede ser una medida privativa de la libertad pero dentro de los parámetros de lo que sería una prisión domiciliaria, por la edad”. El proceso está a cargo de la Cámara Tercera en lo Criminal, integrada por Ernesto Azcona, Virginia Ise y Natalia Kuray, de quienes depende este fallo que ya es y puede ser aún más histórico.

Por último, ambas sobrevivientes concluyeron que quieren que “esta persona sea condenada, porque abusó y corrompió niños, pero lo más importante a resaltar es que este delito, que era del horror y del silencio, pasó a ser una lucha colectiva y eso es fundamental. Queremos que nuestra historia trascienda, que esta condena nos sirva y se replique en todas las situaciones”, para que, al fin, haya justicia.

AbortoApp

AbortoApp

Ya se encuentra disponible la aplicación Abortar en Red, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Es apta para todos los dispositivos Android donde encontrarán información actualizada sobre cómo realizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura. Además, la Red está compuesta por profesionales de todo el territorio argentino, por lo tanto, cuenta con información de todo el país.

Abortar en Red cuenta con cinco secciones en su inicio tales como: “¿Quiénes somos?”, “Aborto legal y seguro ¿Dónde encontrarnos?”, “Cálculo de edad gestacional”, “Te acompañamos” y “Preguntas Frecuentes”. Todas las pestañas se encuentran disponibles -una vez descargada la aplicación- sin la necesidad de uso de datos o wi-fi a excepción de la pestaña “¿Dónde encontrarnos?” que se actualiza periódicamente. 

Paula Schwartzman es médica generalista y forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir desde hace cuatro años y medio. Señala que la idea de la aplicación Abortar en Red surgió el año pasado en contexto pandémico: “Se empezó a gestionar en el mes de agosto debido a que empezamos a detectar y darnos cuenta que las formas de comunicación cambiaron y empezaron a ser virtuales. Esto surgió en una de las reuniones que hacemos habitualmente con toda la Red de Profesionales a nivel nacional”, explica. 

La Red está conformada por más de 2.000 profesionales en todo el país y cuenta con más de 700 equipos de Salud en todo el territorio. Sandra Bernabó es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y en el CESAC 33, forma parte de la Red de Profesionales desde sus inicios en 2015 y expresa que la posibilidad de contar con una aplicación de esta índole es sumamente importante y, además, que las mujeres tengan la posibilidad de contar con esta información en sus celulares da cuenta del avance que se ha tenido. Aunque “todavía queda mucho camino por recorrer en relación a la legalidad y al derecho de las mujeres”, reflexiona.  

En la pestaña “¿Quiénes Somos?” la Red se presenta como quienes trabajan por el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y vidas. “Asumimos el compromiso de acompañar y respetar las decisiones de vida de las personas y nos capacitamos para brindar información clara, precisa y libre de prejuicios”. Schwartzman considera que es importante el desarrollo y la implementación de la aplicación para los profesionales como para todas las personas que la utilicen porque “es una herramienta que genera accesibilidad a las personas que quieran interrumpir voluntariamente un embarazo a nivel nacional, en todo el territorio argentino, de manera segura y oportuna”, asegura. 

La sección “Aborto legal y seguro ¿Dónde encontrarnos?” es la única que necesita conexión a red o wi-fi ya que es actualizada constantemente sobre todos los equipos de salud, que están en todo el país y garantizan el acceso al aborto. “Las personas que quieran interrumpir un embarazo pueden contactarse con el lugar más cercano a su domicilio para poder acceder a un equipo que garantice las interrupciones voluntarias del embarazo”, afirma Schwartzman y la considera como una de las secciones más relevantes de la aplicación. 

El “Cálculo de Edad Gestacional” es una herramienta que facilita conocer las semanas que tiene un embarazo. Con una seguidilla de preguntas, tales como “¿confirmaste el embarazo con una ecografía?, ¿confirmaste el embarazo con análisis clínicos?, fechas de menstruación, uso de métodos anticonceptivos, entre otras, se llega a una aproximación, en donde recomendarán o no la realización de alguna ecografía para confirmar edad gestacional. Bernabó considera que dentro de la aplicación podría tenerse a consideración los recursos de cada lugar: “Un tema pendiente en el sistema de salud público, que es un tema básico y parece casi ridículo, son las ecografías. En el Tornú estamos sin ecografista -por Covid-19- y en el CESAC no tenemos ecografista ni ahora aparato, con lo cual tener el recurso de lo que tiene cada centro de salud o cada dispositivo es importante”. 

Otra de las secciones que a Schwartzman le parece relevante es la de “Te Acompañamos”, donde se puede encontrar información actualizada y necesaria para el proceso de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Dentro de la misma se cuenta con información previa, durante y después del tratamiento. Bernabó, por su parte, asegura que una mirada más completa sobre la salud sexual no reproductiva sería importante: “A veces suele pasar que las mujeres no terminan de poder cerrar el procedimiento accediendo a un método anticonceptivo y las lógicas de cuidado no se terminan de cumplir”. 

Si bien el objetivo de la aplicación es acompañar en las decisiones de interrupción del embarazo y ofrecer una mayor accesibilidad a la información la idea no es reemplazar la atención por equipos de salud: “El objetivo es que sea una herramienta más de acompañamiento, pero que no reemplace la atención por equipos de interrupción voluntaria del embarazo”, afirma Schwartzman. 

La aplicación fue lanzada el pasado viernes 28 de mayo en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, como así también, el día en donde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir cumplió seis años de su creación. “Recién se lanzó la aplicación y estamos en modo de evaluación-prueba, seguramente analicemos agregar nuevas secciones. Por el momento no surgieron nuevas ideas, pero seguramente luego agreguemos el acceso a las interrupciones voluntarias de embarazo por obras sociales y prepagas”, adelanta Schwartzman. 

Abortar en Red es gratuita y por el momento sólo se encuentra disponible para dispositivos Android. Se está trabajando en su versión para iOS, pero aún no se encuentra disponible. Dentro de la aplicación encontrarán también las distintas redes sociales de la Red de Profesionales, como así también su web para cualquier consulta o inquietud.

Seis meses después de que la IVE se hizo ley

Seis meses después de que la IVE se hizo ley

Pasaron ya seis meses de aquella vigilia que terminó en una de las principales conquistas impulsada por los movimientos feministas. El 30 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mientras una marea de pañuelos verdes acompañó el proyecto desde las calles y plazas de todo el país. 

Se trataba de resolver una de las deudas más importantes de la democracia: el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

Desde la mañana del 29, la avenida Rivadavia comenzó a vestirse de brillos y pinturas verdes y violetas, intervenciones callejeras, bailes, bombos y canciones de protesta. Por supuesto, estaba el símbolo de lucha: el pañuelo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todas las voces se unían en un sólo grito: ¡Que sea ley!

Sin etiquetas ni discriminación de edades, las mismas personas con capacidad de gestar, que en 2018 se fueron de la Plaza de los Dos Congresos con un sabor  amargo, recuperaron el tiempo perdido. Esta vez con un contexto atípico: barbijos, alcohol en gel y en medio de una pandemia. Así, el Senado votó con protocolo a favor del proyecto. 

La sesión comenzó a las 16:08 de aquel 29 de diciembre. Empezaba una jornada histórica. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumplió en 2020 su 15º aniversario. ¡Brazos arriba a pesar de los proyectos cajoneados! En noviembre del año pasado, por primera vez, el Poder Ejecutivo impulsó el proyecto para que finalmente el aborto sea ley, sin criminalizar a quien lo solicite. 

Se contaban los votos de a uno. El llamado “poroteo” invadía las redes y la expectativa aumentaba. Para las 23 y con los números a favor, en las calles ya se sentía, poco a poco, el deseo en ley. Más de 1.700.000 personas siguieron la sesión por Youtube. Por whatsapp replicaban: “Parece que esta vez sale”. 

Más de doce horas y 58 discursos durante la noche y la madrugada del 29 al 30 de diciembre. “Resulta aprobado, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, se convierte en Ley y se gira al Poder Ejecutivo”, fueron las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las 4:12 de la madrugada. 

Panorama sobre la aplicación de la ley

Según un relevamiento publicado en mayo 2021 por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (GEDESyR – UNSAM), la línea telefónica de consultas ( 0800-222-3444 ) del Ministerio de Salud para el acceso a la IVE o ILE indicó que las llamadas se duplicaron luego de la aprobación de la Ley.

“Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2020 se recibieron más de 19.900 llamados a la línea. En el primer cuatrimestre del año 2021, el número de llamadas contabilizó un total de 12.010, de las cuales 7.542 generaron secuencias. En este período, 7.185 fueron consultas por IVE/ILE (95,3%), 210 por métodos anticonceptivos (2,8%) y 147 por otros motivos (1,9%). Los datos muestran el aumento sustancial en el uso de esta herramienta para la atención de IVE/ILE”, amplía Ana Morillo, coordinadora del Área de Salud de Católicas por el Derecho a Decidir.

La Ley también genera un impacto al interior del sistema de salud. “Al 31 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) informaba que la cantidad de efectores del subsistema público de salud que habían comunicado la realización de interrupciones legales del embarazo (ILE) eran 907. Cinco meses después -el 31 de mayo-, ese número contabilizaba 1164. Es decir, alrededor de un 30% más”, explica Morillo.

En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud.

El informe de GEDESyR ofrece una mirada federal de la ley y arroja datos de diversas provincias. En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud. Asimismo, en Córdoba 100 centros de salud realizan IVE. En la provincia de La Pampa, Maternidad e Infancia explicó que se garantiza la gratuidad de los medicamentos; así como en San Juan, el Hospital Marcial Quiroga afirmó que garantizará la IVE. En la provincia de Jujuy aún no se cubre el misoprostol. 

En Tierra del Fuego, el Ministerio de Salud informó las vías de acceso para la IVE en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y, según GEDESyR, esta última localidad inició la capacitación de personal. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires también mostró predisposición a la implementación de la Ley mediante el lanzamiento de una guía para el acceso a IVE, mientras que CABA subió información a su página web sobre cómo acceder a un aborto con o sin causales.

Con respecto al número de interrupciones voluntarias no hay datos estadísticos que puedan reflejar todavía el impacto de la Ley. Sin embargo, el informe muestra que en enero, en la provincia de Neuquén, ya se habían aplicado 10 IVE en el Hospital Heller. También, entre enero y marzo, La Rioja indicó que a la fecha se habían practicado 55 IVE. En el mismo período, se habían realizado 42 interrupciones voluntarias del embarazo en el Hospital Materno Infantil de Salta. También la provincia de Río Negro garantizó 88 interrupciones en General Roca y en Cipolleti.

Sin embargo, a seis meses de la aprobación de la Ley 27.610, en Argentina no hay una efectiva implementación. Durante las últimas semanas, diversos grupos antiderechos presentaron acciones judiciales para frenar que en nuestro país se lleven a cabo abortos ya amparados por la ley. 

Río Negro ya garantizó 88 interrupciones de embarazos en General Roca y en Cipolleti.

Soledad Vallejos, escritora y periodista especializada en género, plantea que “lo que tenemos por delante y va a durar bastante es la aplicación cabal en todo el territorio, que haya igualdad para mujeres de todas las provincias argentinas y de todas las jurisdicciones respecto al acceso. Y eso es algo que tiene que garantizar el Estado”, y luego sentencia: «Una vez que lográs la Ley, empieza la peor parte, porque hacer cumplir la ley es la peor parte». 

Morillo aporta datos concretos: “Hay más de 30 presentaciones judiciales a nivel local y federal en 13 provincias de nuestro país. Once de esas presentaciones han sido rechazadas por carecer de sustento y no contar con legitimidad procesal alguna”. Las restantes están en trámite.

Vallejos analiza el fenómeno de las reiteradas causas judiciales y explica que, con la legislación aprobada en diciembre del año pasado y promulgada en enero de este año, quienes se oponen a la ley pierden posibilidad de acción en el terreno legislativo; por lo tanto, acuden al territorio judicial de manera deliberada. 

Según la periodista, esta es una de las estrategias del sector conservador para obstaculizar la implementación de la Ley. Lo que buscan estos sectores es volver a poner en debate temas sobre los cuales ya existen consensos sociales, como lo es el aborto, que es ley por amplia mayoría. “Todavía estamos viendo estos meses toda la resistencia organizada que sigue intentando boicotear lo que el Congreso sancionó de manera soberana, por abrumadora mayoría, de forma muy sólida”, describe.

Morillo coincide: “Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social y de un debate político-democrático sin precedentes en nuestra historia y en cuyo fundamento se recogen normativas sancionadas con anterioridad, como son las leyes de Protección a la infancia, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley de Derechos del paciente, el Código Civil y Comercial vigente y distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional”.

Vallejos explica que este accionar no es nuevo sino que también ha ocurrido con leyes sancionadas en el país con anterioridad. Casi como si armara una línea temporal del último siglo, ofrece como ejemplos el voto de Julieta Lanteri en 1911, el sufragio femenino en los años cincuenta y el matrimonio igualitario hace una década. La periodista sintetiza la resistencia a la ley con una frase contundente: «Ante cada avance de derechos, siempre hay una reacción».

“Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social», dice Morillo.

Sean eternos los derechos que supimos conseguir

Para las personas gestantes, esta conquista significa mayor libertad sobre sus cuerpos. “No sólo el derecho a la vida de las mujeres”, decía Pino Solanas en la sesión del Senado en 2018. “El derecho a poder decidir por sus cuerpos, y por qué no, el derecho a gozar de la vida y a gozar de sus cuerpos”. Finalmente, algo más de dos años después de su discurso, el derecho al goce es ley.

Argentina es vanguardia en América Latina en materia de derechos. El pasado 24 de junio se sancionó la Ley de Cupo Laboral Trans-Travesti del 1% en el sector público del Estado. Además de las leyes de género, Argentina forma parte de la lista de los únicos seis países en América latina en los que hoy existe aborto legal: Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico.

En 2005 el cantautor argentino León Gieco hacía referencia al caso de Romina Tejerina para poner en debate el acceso a un aborto seguro. “Vamos a bailar que yo ya te perdoné aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez”, cantaba Gieco. A seis meses de la madrugada en que nuestros pecados fueron perdonados todavía no hay una implementación efectiva en todo nuestro territorio del derecho al goce, el derecho que supimos conseguir.

Por un tijereteo seguro

Por un tijereteo seguro

Argentina cuenta con un extenso e importante marco normativo en lo relativo a los derechos de las mujeres y las diversidades, que incluye las leyes de Parto Humanizado, de Derecho a la Identidad de Género, de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Educación Sexual Integral, entre otras.

Sin embargo, en lo que a salud sexual y reproductiva respecta, existe un vacío en cuanto a los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual para relaciones íntimas entre personas con vulva. Los métodos de profilaxis disponibles responden a una visión falocéntrica fundada en la anticoncepción, por eso sólo se encuentran a la venta preservativos peneanos.

En tal sentido, la ginecóloga y sexóloga Sandra Magirena explica que “se habla mucho de la anticoncepción centrada en la prevención de embarazos no deseados, pero poco se habla del cuidado de las ETS. Y, cuando se lo hace, se habla sólo del uso del preservativo (para penes)”. Además, aclara que su efectividad no es total. Por un lado, porque no previene ciertas enfermedades, como por ejemplo el HPV y otras enfermedades que se transmiten a través del sexo oral, por lo tanto es necesario sumar otros métodos barrera. “Recién en los últimos años se ha empezado a hablar del campo de látex”, señala Magirena.

Quienes padecen la falta de un preservativo para vulvas son las mujeres hétero-cisexuales, mujeres bi-cisexuales, lesbianas, varones trans, personas intersex y no binarias que se ven en la obligación de recrear un campo de látex artesanal para tener un encuentro sexual seguro. Para realizarlo, utilizan también un preservativo para pene. Primero, cortan el aro de la base, luego lo hacen en forma vertical a lo largo, sirviendo así como método de barrera y protección al frotar genitales y también cuando se practica sexo oral en la vagina o en el ano. Otra opción es la barrera bucal, conocida como dental dam, pensada con fines odontológicos y similar al campo de látex. Por último, cabe resaltar la existencia de un preservativo vaginal pero al ser interno, su uso sólo es efectivo en relaciones con penetración. En ese sentido, queda en evidencia la necesidad de un preservativo para vulvas, pensado especialmente para el tribadismo, la práctica sexual en que dos personas frotan sus vulvas.

El preservativo para vulvas se fabrica de manera artesanal a partir de uno pensado para penes.

Magirena explica que el acceso a este tipo de métodos profilácticos en nuestro país se ve dificultado en tanto “no contamos con un material adecuado, cómodo, que sirva para interponer entre la vulva y otra vulva, o la boca, o la boca y el ano de le otre”.

Sin embargo, la ginecóloga comenta que “existe la posibilidad de hacer una modificación de la matriz del preservativo femenino”. Desde esta perspectiva, se podría adaptar el “preservativo femenino modificado en su diseño en la porción distal para que se pueda auto adherir a las paredes externas de la vulva y de esa manera cubrir el perineo”.

La creación de un preservativo para vulvas es necesaria porque “aporta a una democratización en el acceso a los derechos sexuales de las personas gestantes”, continúa Magirena, y resalta la importancia de que “los Estados los provean y los fabriquen de manera libre y gratuita”. Asegura, además, que este proceso está en vías de evolución y que, al día de hoy, existen distintas propuestas que luchan por esta causa. Uno de ellos es el Proyecto Preservativo para Vulvas.

Preservativos para todas

En agosto del año pasado, la legisladora porteña por el Frente de Todos Lucía Cámpora presentó un proyecto de ley para el acceso y la promoción de profilaxis, de forma inclusiva. De su redacción participaron referentes del “Proyecto Preservativo para Vulvas”. Tiene como objetivo la promoción igualitaria de acceso a campos de latex industrializados, y otros métodos profilácticos que se creen a futuro. Asimismo, hace hincapié en la promoción de la investigación sobre elementos de cuidados y protección teniendo en cuenta la diversidad de prácticas sexuales, señalando la importancia de incluir información sobre el uso de campos de látex en la currícula escolar, de acuerdo a los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI). 

“Es importante ampliar la mirada en términos de políticas en materia de salud sexual y (no) reproductiva. Necesitamos un tratamiento inclusivo en las políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y que las personas que no respondan a los estereotipos que impone el heterocispatriarcado no se sientan excluidas ni dejen de acceder, que es lo que actualmente sucede por ejemplo con este caso”, expresa Cámpora y agrega: “Es sumamente excluyente que sea tan difícil acceder a métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual para relaciones entre personas con vulvas y lo primero que tenemos que hacer es instalar este tema y trabajar para que se garanticen sus derechos”.

En el país no existe una empresa que fabrique el campo de látex de manera industrial. En este contexto, la necesidad de una política pública que pueda dar respuesta a esta problemática parece fundamental. “Es importante entender que la diversidad de las prácticas sexuales tiene que estar contemplada en las políticas que necesitamos para poder cuidarnos y disfrutar del derecho a ejercer nuestra sexualidad en todas sus formas, siempre y cuando sea libre y cuidada”, aseguró Campora.

El proyecto, presentado en agosto del 2020, aún no fue tratado y ni siquiera se habilitó el tratamiento en comisiones.

El preservativo para penes no previene el HPV y otras enfermedades que se transmiten a través del sexo oral.

Por un acceso inclusivo

La falta de un preservativo vulvar no es la única barrera con la que se encuentran las diversidades cuando de protección se trata. Existen ciertos prejuicios entre los profesionales de la salud cuyo estigma desalienta las consultas ginecológicas, contribuyendo así al tabú sexual y al desconocimiento de cuidados. 

Según Magirena, sigue habiendo médicos recibidos en la década de 1980 que actualmente ejercen y cuya formación hegemónica está centrada en la cis heretonormatividad. La falta de perspectiva de género a esa formación se traduce en miradas, prejuicios, y en situaciones de tensión, bloqueando así el vínculo médico-paciente. “Para los profesionales el concepto de género no existe. El género es biológico, es el género taxonómico de la especie  humana. El concepto de género que se maneja hoy, y que estamos incorporando a la currícula, es el concepto de la sociología. Es decir, lo que la sociedad marca como cuestiones de género. Todo eso en la Facultad de Medicina no se enseña”, concluye Magirena.

Usan al Poder Judicial para dificultar la aplicación de la IVE

Usan al Poder Judicial para dificultar la aplicación de la IVE

El juez Alfredo Eugenio Lopez, del Juzgado Federal N°4 de Mar Del Plata, hizo lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo declarándola inconstitucional por violar la protección integral de la vida desde la concepción. Ante este movimiento por parte de los grupos opositores a la norma, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció que el Estado nacional apelará el fallo por su inconsistencia y, más precisamente, porque es una ley profundamente debatida bajo todas las instancias democráticas.

Los grupos que se oponen a la efectiva implementación del derecho que garantiza esta ley siguen haciendo mella en el debate público con una línea de acción basada en mecanismos judiciales que buscan retrasar o anular el acceso al aborto en el territorio nacional.

Los recursos jurídicos utilizados se repiten a lo largo y ancho del país. Desde que la ley entró en vigencia el 24 de enero, se presentaron 31 acciones judiciales en su contra. Soledad Deza, presidenta de la organización Mujeres x Mujeres y abogada del caso Belén, en diálogo con ANCCOM explicó: “Apelan a la acción de amparo y a la acción declarativa de certeza. Hay un fundamento jurídico que se expresa en todas las demandas de forma uniforme porque surge de un laboratorio conservador judicial en todo el país.” Este sector busca someter al árbitro judicial la primacía del derecho a la vida intrauterina, por sobre el derecho a la autonomía, a la salud, a la dignidad, a la libertad sexual, a una vida libre de violencias y a la igualdad. “Todos estos derechos están comprendidos en el derecho a decidir abortar”, agregó Deza.

En San Luis, representantes del Partido NOS promovieron una acción declarativa apelando a la inconstitucionalidad de la ley. Lo mismo sucedió en Santa Fe: la Municipalidad de Roldán también apeló a este recurso. En Chaco, el 28 de enero la jueza Marta Aucar de Trotti logró suspender la vigencia de la ley de IVE hasta que el 18 de marzo las juezas Eloisa Barreto y Wilma Martínez revocaron la sentencia. En Salta, María Cristina Fiore Viñuales, una ex senadora del Partido Renovador de Salta y en Córdoba la asociación Portal de Belen en Río Cuarto, también presentaron medidas cautelares. En Corrientes, el recurso fue presentado por el partido Ciudadanos a Gobernar. El último caso fue el de San Juan, en donde un hombre presentó una medida cautelar ante el Primer Juzgado de Familia para impedir que su ex pareja realizara una interrupción de su embarazo. El 24 de abril, la titular de este juzgado se declaró incompetente. Sin embargo, la cautelar consiguió su lugar en la Sala III de la Cámara Civil. Como consecuencia, el sábado 1º de mayo, dos jueces ordenaron que la mujer se abstenga de realizarse un aborto. De todas formas, la medida quedó sin efecto y la mujer pudo acceder al aborto. Todas las cautelares presentadas son intentos para volver atrás sobre un derecho ya conquistado.

“El caso de San Juan me parece que es fundamental porque incluso quedó en abstracto el fallo. Es decir, esta mujer se había aplicado la IVE, hizo uso de su derecho y cualquier judicialización o intento de frenar u obstaculizar de la justicia quedó totalmente por fuera. Abstracto, sin un fondo de la cuestión, sin un motor”, sostuvo Melisa García, abogada y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas. “Entonces, se pone de manifiesto en el Poder Judicial, a través de sus diferentes resoluciones, un tinte muy adoctrinador y disciplinador sobre estas mujeres o personas gestantes que deciden hacer uso de un derecho adquirido: la interrupción voluntaria del embarazo”, concluyó García.

Uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso al aborto es la falta de difusión de la ley por parte de los gobiernos provinciales.” En San Juan, las autoridades se niegan a hablar del tema, mientras que sus funcionarios se pasean por las marchas y convocatorias anti- aborto y financian la publicidad de estos grupos”, detalló Luciana Manzuelos, de la mesa provincial de la Campaña por el Aborto Legal en San Juan, en diálogo con ANCCOM. “Nuestro trabajo desde la Mesa de la Campaña es la promoción de derechos, en las redes y en los medios. El acompañamiento que hacemos es muy de cerca, cuerpo a cuerpo, con la persona que va a interrumpir su embarazo. El debate para nosotres está agotado porque ya tenemos una ley”, enfatizó Manzuelos.

El panorama cambió. Ya no se trata de un Congreso dividido en dos colores, encendido por la chispa de un debate que parece no terminar hasta la madrugada. A cinco meses de la legalización, el escenario indica: por un lado, un debate ya saldado con una ley de aplicabilidad en todas las provincias y, por el otro, una resistencia que sigue buscando incidir en los espacios públicos con intentos que fracasan. Una resistencia que reacciona y que persiste. “Los tribunales se usan como un trampolín desde el cual reabrir debates que están clausurados democráticamente en el Poder Legislativo y eso es un obstáculo», sostuvo Deza, y agregó: “Porque más allá del efecto posible en los casos reales, no es menos cierto que generan discursos confusos en la opinión pública acerca de la aplicabilidad de ley”. La garantía del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra dentro de un escenario de avance, retroceso, avance. El discurso anti-aborto sigue buscando permanecer en los hospitales y en los tribunales con un fuerte componente prohibitivo y punitivista. Ahora, lo que le queda a estos grupos opositores es movilizarse para prohibir un derecho, para negarlo, para revertirlo. Estos procesos judiciales tienen motivos y tienen consecuencias. Para Melisa García: “Con el intento de judicializar estos procesos buscan un efecto desestabilizador”.

A pesar del esfuerzo de estos grupos conservadores y su modus operandi a través del Poder Judicial, la ley se mantiene vigente y operativa. Sin embargo, todavía hay un desafío. “Necesitamos que el derecho a decidir abortar, por fuera de las causales y sin dar explicaciones, hasta la semana catorce, sea conocido por todas las mujeres y personas gestantes del país. Y no solamente por aquellas que tenemos acceso directo. Me parece que hay una deuda en términos de comunicación y de llegada de la ley a todas las personas”, evaluó Deza y concluyó: “Hay que hacer campañas fuertes de forma transversal, a nivel nacional y a nivel provincial”.