Los eSports son machirulos

Los eSports son machirulos

«Lamentablemente, el escrache es la única forma de defensa que tenemo», dice Micaela Acuña.

En el mundo de los deportes electrónicos o eSports las mujeres son minoría y luchan contra la discriminación de forma constante. Muchas de ellas ocultan su identidad tras moduladores de voz y nicknames neutros para evitar situaciones de acoso y maltrato. Según el último censo de la Asociación de Deportes Electrónicos de Argentina (DEVA), de un total de 1.350 encuestados sólo 8 por ciento informa ser mujer, frente a un 92 por ciento que asegura ser hombre.

“Empecé a jugar a los 11 años al Counter Strike. Cuando una mujer entraba al servidor para poder jugar todos se ponían como locos. No podías prender el micrófono porque seguro te insultaban o hacían comentarios sucios o machistas como ‘anda a lavar los platos’», dijo Micaela Acuña, ex-jugadora del equipo femenino de Nocturns Gaming.

Por su parte, Carolina “Carolo” Vázquez, presentadora y comentarista de FIFA, definió al ambiente gamer como “tóxico” para las mujeres por las trabas y dificultades que se les presentan para ingresar a las competencias, y señaló que para jugar se puso como apodo “Carolo”, en vez de Carolina’ o Carito, porque le parecía que tenía un “tono neutro”. 

Ante la falta de implementación de protocolos de género, las jugadoras suelen recurrir al “escrache” como forma de visibilizar el acoso. Según Acuña, es muy común subir a las redes sociales fragmentos de streaming en los que insultan a una mujer. “Lamentablemente, esa es la única forma que tenemos para decir: ‘No me voy a rebajar a responderte, pero voy a mostrarle a toda la comunidad lo que me dijiste»’, señaló.

Las agresiones hacia las mujeres pueden costarle la certificación a un equipo. Iara Barrientos, directora de Recursos Humanos de DEVA, afirmó: “Se realiza un seguimiento exhaustivo de los jugadores para corroborar que no tienen mal vocabulario. En caso de encontrar situaciones de maltrato competitivo, los equipos no son reconocidos por DEVA y no reciben el sello de calidad”.

«El ambiente del gamer es tóxico para las mujeres», dice Carolina «Carolo» Vázquez.

El escenario ideal es que las competencias sean mixtas. Sin embargo, para evitar situaciones de maltrato y que las jugadoras oculten su identidad, Vázquez propone, de forma transitoria, “dividir los equipos entre masculinos y femeninos, porque cuando las mujeres se quieren meter en los terrenos que supuestamente son de los varones ellos se enojan y les hacen el vacío”.

La desigualdad no solo se visibiliza en la poca cantidad de jugadoras y sus dificultades para formar parte de las competencias. En nuestro país hay una clara diferencia salarial: en los equipos de alta competición las mujeres ganan alrededor de 500 dólares por mes, mientras que los hombres ganan más de 1.000.

Women in Games Argentina (WIGAr) es una de las pocas agrupaciones que trabajan por la igualdad de oportunidades en la industria de los videojuegos en nuestro país y lo hace a través del otorgamiento de becas y descuentos para mujeres, ya sea en el área de comunicación, producción, animación o programación.

“Empezamos a notar que las chicas se iban sumando a la comunidad no solo por las ganas de networking, sino también porque necesitaban un espacio donde sintieran que sus opiniones eran reales, válidas y se pudieran cotejar en la bolsa de problemas comunes que hay que solucionar”, dijo Stephanie Zuccarelli, miembro de la comisión directiva de WIGAr y periodista de gina12.

Actualmente, desde WIGAr se realizan proyectos y charlas que fortalecen la visibilización de la temática de género y el debate sobre la representación de las mujeres de la industria de los videojuegos en los medios. Además, trabajan conjuntamente con el observatorio de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos en Argentina (ADVA) para incorporar el análisis de las problemáticas de género a nivel empresarial.

Micaela Acuña comenzó a jugar a los 11 años.

La guerra en bikini

Durante mucho tiempo era “normal” que los personajes femeninos de los videojuegos estuvieran hipersexualizados. Las mujeres seguían un estereotipo de vestimenta y rasgos físicos incoherentes con el contexto. Era muy común encontrar personajes femeninos con poca ropa o con prendas incómodas para tareas como luchar o explorar entornos.

En los últimos años, esta tendencia comenzó a cambiar: en The Last Of Us 2, los personajes son mujeres y la protagonista es lesbiana; en Horizon Zero Down, la protagonista está lejos de los estándares de belleza del momento; y en Mass effect, hay una gran presencia de personajes LGTBI y queer.

Carolina “Carolo” Vázquez, presentadora y comentarista de FIFA, calificó The Last Of Us 2 de “diverso e inclusivo”, y lamentó que recibiera muy malas críticas: “Te dicen que se trata de algo irreal y que no los representa, pero se nota que les molesta que la historia está centrada en una mujer que tiene una relación con otra mujer”.

«El juego Horizon Zero Dawn rompió barreras y empezó a tener mucho ruido en las redes porque un usuario de Twitter se quejó de que habían hecho a la protagonista fea para vender más y editó la imagen para que tuviera la cara de Selena Gómez», dijo, por su parte, Stephanie Zuccarelli, miembro de la Comisión Directiva de Women in Games Argentina (WIGAr).

Zuccarelli agregó: “Está buenísimo que existan personajes femeninos curvilíneos y super exuberantes, que están básicamente desnudas, pero también tiene que existir un equivalente masculino para las personas que se sientan atraídas por quienes se presenten como varones. De eso se trata, de la elección que uno tiene a la hora de elegir diferentes narrativas, diferentes imágenes de representar”.

Además, la directiva de WIGAr detalla que con el avance de la tecnología y de la industria se puede aspirar a que los personajes animados puedan responder a distintos esqueletos y animaciones para diversificar las representaciones de los humanos.

La ley “pornovenganza” sigue cajoneada

La ley “pornovenganza” sigue cajoneada

¿Qué pasá cuando se exhiben fotos en la web sin consentimiento? Este tipo de acción ¿lo contempla el actual Código Penal como un delito? ¿Cuáles son los proyectos de ley vigentes que se ocupan de la cuestión? Anccom charló sobre el mal llamado delito de “pornovenganza” con Marina Benítez Demtschenko, abogada especializada en delitos informáticos con perspectiva de género y Directora de la Fundación Activismo Feminista Digital.

En junio pasado, en Argentina se dio un fallo catalogado como ejemplar en materia de delitos informáticos. Patricio Poli resultó sentenciado a cinco años de prisión efectiva, pero su condena no fue por haber difundido imágenes íntimas de su expareja, como circuló por infinidad de medios, sino por violencia de género, física y psicológica. El cargo: “Coacción y lesiones leves calificadas”.

La  mal llamada “pornovenganzaes la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social donde se comparte información y se encuentra tipificado la Ley Penal Argentina como un tipo más de extorsión. Por otro lado, se distingue del llamado “sexo extorsión”,que ocurre cuando una persona es amenazada y debe dar dinero o hacer algo a cambio de que no difundan imágenes íntimas.

El término “pornovenganza” o “revenge porn” para referirse a este delito es equivocado. La pornografía es una práctica consensuada que no busca el sometimiento de la otra persona ni su humillación. La idea de “venganza” apunta directamente a la víctima, ya que este concepto está vinculado a una suerte de merecimiento por parte de la misma. Sin embargo, cuando hablamos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, aún no hay en nuestro país una figura lo contemple como un delito específico. 

Si bien no existen estadísticas oficiales, la Asociación de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC), en un informe presentado en 2019, determinó que este delito afecta en un 87% a mujeres y adolescentes. Durante el periodo 2016-2018 se incrementaron un 20% las denuncias de difusión de material íntimo sin consentimiento. En ese lapso hubo 650 denuncias por “pornovenganza” y 3.500 por “sexo extorsión”. 

Perspectiva de género 

El 23 de julio del 2020, el Senado de la Nación dio  sanción a un proyecto de ley para regular la difusión no consentida de imágenes íntimas. La iniciativa fue elaborada sobre la base del proyecto de ley de la senadora por Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente de Todos), donde se tuvo en cuenta el proyecto de la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio). Dicha sanción pasó a la Cámara de Diputados, pero luego no fue sometido a debate parlamentario, por lo que continúa pendiente de tratamiento en la Cámara Baja.

En diálogo con ANCCOM, Marina Benítez Demtschenko puso bajo la lupa el tratamiento del problema: “Técnicamente, todos los proyectos son espantosos, adolecen de falencias que son preocupantes y  terminan siendo muy desprotectores en el caso en que se conviertan efectivamente en ley. Lo que no se tuvo en cuenta a la hora de redactar estos proyectos, es  que en este tipo de delito, se requiere de una inmediatez absoluta y que no puede ser tratado de la misma manera que la violencia física; el contenido es imposible de bajar de la web, el agresor es omnipresente y existen otros agresores potenciales que son quienes difunden el material”. 

El antecedente en Latinoamérica para este tipo de delitos es la Ley Olimpia, de México. Su nombre proviene de una mujer que fue acosada virtualmente luego de la viralización de material audiovisual íntimo sin su consentimiento. Dicha  norma busca tipificar este tipo de situaciones y prevé una condena de hasta 6 años de prisión y multas económicas.

“Un error garrafal del último proyecto debatido en el Senado es que es un copiar/pegar de la Ley Olimpia de México. Se deben tener en cuenta las características de nuestro país en materia informática. Lo que hace esta ley es enmarcar el concepto de violencia digital directamente relacionado a la difusión no consentida de material íntimo y esto se trata de una problemática mucho más omnicomprensiva que supone otros comportamientos y conductas dañosas hacia las mujeres”, aclara la también directora de  Activismo Feminista Digital.

En nuestro país,  la regulación mexicana fue tomada como modelo en 2019 por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. En la misma, se propuso modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los mexicanos aprobaron la ley  en una sesión histórica con cuatrocientos votos a favor y cero en contra. 

 El proyecto vigente define la violencia digital como “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, difusión de contenido sexual sin su consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales (…) o cualquier otra acción que sea cometida a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (…) y atente contra la integridad, la dignidad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres”. 

“Quieren incorporar a este delito bajo lo que se denomina de instancia privada, lo que supone que quien denuncia en medio de la desesperación de una viralización tenga que impulsar toda una investigación. Si de verdad queremos que este tipo de conductas se penalicen, hay que tener en cuenta la brecha al acceso a la justicia que tenemos las mujeres y lo que conlleva hacer una denuncia de este tipo. No se puede copiar/pegar y hacemos notas solo para la agenda mediática sino que se tiene que llevar adelante este tipo de proyectos conociendo bien la problemática”,  explica Demtschenko.

¿Cómo es la legislación en otros países?

Aunque no hay una figura ni pena común, desde 2014 algunos países que han avanzado en legislaciones para penar la difusión no consentida de imágenes íntimas. Entre otros: Israel, Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Nueva Zelanda, Alemania, Filipinas, México, Brasil, Perú y Puerto Rico.

Hace siete años, Israel se convirtió en el primero del mundo en incorporar a su Código la figura de “pornovenganza” como delito. De esta manera, el delito se catalogó como crimen sexual y a las personas afectadas como víctimas de abuso sexual. Se modificó la ley sobre acoso sexual y se incluyeron penas de hasta cinco años de cárcel.

Las sanciones no siguen un criterio unívoco.  Alemania impone multas. Reino Unido, Irlanda del Norte y Nueva Zelanda aplican sanciones penales; Brasil y Canadá establecen responsabilidades indemnizatorias del tipo civil. España aplica penalidades privativas de libertad y multas, y agravantes en atención a circunstancias personales del hecho y de la víctima. Perú contempla también imponer medidas de prisión, con agravantes para los funcionarios públicos y Puerto Rico sigue la misma línea.

Mientras tanto, los diputados nacionales  siguen bailando un eterno minué en medio de una campaña electoral en donde se discute si está bien usar el término “garchar”. a propósito de la frase de Victoria Tolosa Paz. 

Las víctimas se multiplican a falta de sanciones efectivas porque sin penas no existe seguridad ni protección ante hechos de violencia machista mediados por la tecnología. Antes de comenzar la pandemia el 87% de las agredidas eran mujeres y muchas adolescentes. Las expectativas de los próximos relevamientos no son alentadoras.

«Al fin justicia»

«Al fin justicia»

Belén Duet.

Este jueves la Cámara Tercera en lo Criminal -del Poder Judicial de la provincia de Chaco- integrada por los jueces Ernesto Azcona, Virginia Ise y Natalia Kuray, condenó a la imputada Noemí Alvarado, de 80 años, como autora penalmente responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 12 años de edad, a siete años de prisión domiciliaria, marcando un precedente histórico en la jurisprudencia local y regional. 

María Belén Duet y Rosalía Alvarado son las sobrevivientes del caso judicial de abuso sexual en la infancia más antiguo del país. Y son las denunciantes de aquellos abusos perpetrados en Chaco entre 1979 y 1986, cuando ellas tenían entre 3 y 6 años, por Noemí Alvarado, tía de una de ellas, junto a su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce.

Con profunda emoción, tras seguir la lectura de la sentencia de manera virtual desde Buenos Aires, María Belén manifestó tres simples, aunque potentes, palabras: “Al fin justicia”. 

“Espero que este fallo sea reparador para todas las personas que todavía no han podido denunciar y que sea, sobre todo, un fallo que ponga a la Justicia a cuidarnos, a cuidar a las infancias, a respetar los tiempos de los y las sobrevivientes”, expresó en diálogo con ANCCOM.

Por su parte, Nahir Badur, una de las abogadas de las víctimas, aseguró que “es un día muy emocionante, porque realmente fue una lucha de muchos años y un silencio aún más largo el que tuvieron que atravesar para hoy poder decir ‘al fin justicia’ y dar un mensaje claro a la sociedad de que estos delitos no pueden pasar más ni quedar impunes”. 

En el fallo recientemente dado a conocer, los jueces declararon inadmisible el pedido de prescripción formulado por la defensa de la imputada. Esto marca un antecedente histórico en cuanto a la aplicación de la Ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Dicha normativa, que fue sancionada en 2015, establece que la prescripción de los casos se empieza a contar a partir de la denuncia y no de cuando sucedieron los hechos. 

La sanción de la ley dio pie a las víctimas a presentar, el 15 de junio de 2016, una denuncia formal contra sus agresores, la cual culminó -más de cinco años después- en la condena a Noemí Alvarado a prisión domiciliaria, a partir de hoy.

En este sentido, María Belén agregó: “Queremos que este fallo sea ejemplificador, que marque un futuro donde haya lugar para nuestras voces, con el cuidado y la ternura necesaria para afrontar este proceso y nuestras historias”. 

Los magistrados también rechazaron el pedido de nulidad de las pericias realizado por los abogados de Alvarado, decisión que resulta especialmente significativa para los casos de abusos sexuales en la infancia, ya que a diferencia de otros delitos, las pericias son en la mayoría de los casos en la psiquis de las víctimas y no así la existencia lesiones físicas.

El fallo, con las consideraciones mencionadas, “marcó un antes y un después en la justicia chaqueña y nacional”, aseguró la abogada, quien acompañó a María Belén y Rosalía durante los últimos años del proceso judicial. 

La decisión judicial tomada por el magistrado chaqueño supone un precedente fundamental en cuanto a los juicios por abusos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y representa un triunfo en la lucha de sobrevivientes por desterrar del silencio y la impunidad a este delito.

Las redes del odio

Las redes del odio

La “cancelación” es una práctica que ha cobrado popularidad en los últimos años. Consiste en acosar virtualmente a figuras públicas luego de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo por un grupo específico de personas. Es, por ejemplo, lo que le ocurrió en estos días a la escritora Claudia Piñeiro, “cancelada” y acusada recientemente por la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina de tener un «encono» contra la cultura evangélica a raíz de su «militancia feminista durante el debate por la ley del aborto». La disputa ocurrió a raíz del estreno de El Reino, una miniserie producida por Netflix y coguionada por Piñeiro, que aborda los vínculos entre la Iglesia y la política. La respuesta de la escritora fue contundente: «La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar», twitteó.

Claudia Piñeiro.

La cancelación, que se ha instalado como estrategia de sabotaje o “boicot” en el marco de discusiones públicas online, fue inicialmente impulsada por la comunidad afroamericana en signo de rechazo a las reproducciones de estereotipos racistas en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando estos métodos utilizados por las luchas anticoloniales, feministas, de derechos humanos, entre otras, son puestos al servicio de violentar y acallar discursos críticos? Recientemente, la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad publicó un informe que se denominó: “¿Es posible discutir en medio de discursos de odio?”. La investigación está motivada por el empeoramiento en la calidad del debate público de los feminismos a partir de la irrupción de discursos violentos de los antiderechos. A través de la manipulación de la información, insultos, descalificaciones, amenazas y violencias, estos grupos se han encargado de acallar a los ciberactivismos.

En diálogo con ANCCOM Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil, comunicóloga especializada en Derecho y Género, y parte del equipo de investigadores, asegura que estas acciones “afectan a la libertad de expresión de las mujeres y a la presencia del feminismo como sujeto político en el debate público”. Acorde con el informe, el 100% de las activistas feministas consultadas fue violentada en algún momento por los grupos antiderechos. Como respuesta, entre el 30 y el 60% de ellas dejó de leer notificaciones.

Florencia Alcaraz, periodista, feminista y co-directora de LatFem, quien asegura que “internet es un espacio más donde operan las violencias machistas” y que “las periodistas feministas estamos doblemente expuestas por el rol que ocupamos en la sociedad”. Alcaraz fue blanco de un gran hostigamiento a partir de una investigación que buscaba trazar un mapa de la reacción conservadora argentina. El trabajo consistió en una serie de notas acerca del crecimiento de la nueva derecha y un cartografía de las interacciones entre cuentas vinculadas.

Las tecnoviolencias machistas son agresiones por razones de género cometidas, asistidas o agravadas por el uso de las TICS. Alcaraz cuenta que, “a veces se centran en el aspecto físico, otras tiene que ver con algo más coordinado, vinculado a instalar campañas de desprestigio personal o colectivo; y en otros casos hay amenazas explícitas de muerte, de agresiones sexuales”. Como resultado tienen a la “autocensura, el ataque a nuestra visibilidad y a nuestra presencia en el espacio público, produce un impacto psíquico, emocional e, inclusive, físico”, declara la periodista. Por otro lado, puede producir pérdidas económicas, en tanto su trabajo muchas veces se basa en generar contenidos. Para Alcaraz, el objetivo de las mismas es el disciplinamiento y el silenciamiento.

Son múltiples las razones que podrían explicar la proliferación de los discursos de odio. Chaher propone como hipótesis una conjunción entre las posibilidades de amplificación o viralización que suponen las redes sociales y el anonimato. Con respecto a lo primero, el informe retoma teorías previas que proponen que aquellos discursos que despiertan alguna conexión emocional negativa logran mayor alcance. En cuanto al anonimato, la investigadora advierte que “desde un punto de vista feminista es defendido porque una persona que está siendo agredida, puede encontrar una forma de participar a través de un perfil anónimo”. Entonces, su crítica se basa en “la posibilidad que te dan algunas redes de participar sin muchos requerimientos, lo que facilita que las personas que se esconden detrás de esos perfiles puedan tener también actitudes odiantes”.

Frente a estos hechos se abre otro debate: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Chaher, explica que “desde el punto de vista de lo que es la jurisprudencia o el planteo jurídico vinculado a la libertad de expresión, la tendencia es que un discurso no debería ser prohibido por más agraviante que fuera”. Mientras no exista una incitación directa a la violencia “lo que te dicen los sistemas de derechos humanos es que lo que tienes que hacer es oponer más y mejor discurso”.

El problema es que en la práctica se presentan ciertas limitaciones. “Si la plataforma no te garantiza una mínima seguridad o una mínima confortabilidad para moverte, no tenés manera de oponer más y mejor el discurso”, agrega la investigadora. En tal sentido, las activistas entrevistadas expresaron una disconformidad con respecto a la respuesta de las plataformas: en el 44% de los casos de Twitter, el 29,2% de Facebook y el 28% de Instagram.

 

Hackear al mensajero

Irina Sternik, periodista con una larga trayectoria en distintos medios, luego de revelar un hackeo al Ministerio de Seguridad en un artículo de la Nación en 2017, fue víctima de una oleada de ataques sistemáticos durante más de un mes. Sternik cuenta que sufrió “intentos de hackeos a todas las cuentas de correo o redes sociales; si mencionaba a una persona en redes, las atacaban a ellas; recibí mails intimidatorios, amenazas, difamaciones y todo lo que se te ocurra. A veces tenían un trasfondo político, otras misógino o religioso. El único fin era atacar y amedrentarme, que parara de hablar. A pesar de que fue una sola vez, una sola nota”. El ataque sólo cesó cuando se le ofreció custodia policial. Llegaron a intervenir organismos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Contó, además, con el asesoramiento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema.  “Lo lograron”, dice.

Respecto a qué actitud debería tenerse frente a los discursos de odio en redes sociales, el informe arroja tres tendencias entre las entrevistadas: el 66,7% propone moderarlos, el 25% prohibirlos, mientras que sólo el 8,3% sugiere no intervenir. Chaher afirma que lo más democrático sería hablar de una co-regulación entre Estado, empresas y la sociedad civil. Por un lado, esto implicaría que “las empresas no actúen solas porque no está claro cómo regulan”, explica la investigadora. Y agrega que el riesgo reside en que, de otra manera, podrían prohibirse cuentas de forma infundada como ocurre con, por ejemplo, posteos sobre lactancia por el mero hecho de que aparezca una teta. Por otro lado, “siempre está el riesgo de que el Estado tenga una excesiva injerencia”. Sin embargo, de forma paralela señala la necesidad de apelar a una transformación cultural que concientice sobre la importancia de cuidar el debate público.

 

Por último, Chaher sugiere que “sería muy interesante que toda la población como usuaria de redes tuviéramos un mayor conocimiento de, por ejemplo, de cómo se hacen las operaciones concertadas, de cómo funcionan; porque evidentemente los sectores que son quienes agreden saben perfectamente cómo armar este tipo de campaña, de acciones coordinadas, que afectan a una persona”.

 

Un problema regional

Florencia Alcaraz cuenta que desde LatFem identificaron estas situaciones a partir de conversaciones que tuvieron con otras colegas de la región. A partir del intercambio con mujeres de la Red de periodistas feministas de América Latina y el Caribe, pudieron identificar que esas violencias digitales se relacionaban con la reacción conservadora que hoy está en marcha en todo el mundo. De esta manera, empezaron a pensar en un Kit de Cuidados Digitales, que hoy se encuentra también en formato radial.

Este material propone una serie de recomendaciones para hacerle frente a los hostigamientos: propone identificar las agresiones, registrar la evidencia a través de capturas de pantalla, reportarlas a las redes, bloquear a los agresores, denunciar de manera formal o informal. Al mismo tiempo, incentiva a brindar apoyo a quienes estén sufriendo acoso a través de la creación de espacios seguros de escucha, ayudarles a registrar los detalles del ataque y los perfiles de los agresores.

“Es realmente grave y creo que el primer paso es dejar de subestimar este tipo de ataques y empezar a ponerlos en valor, a hablarnos entre nosotras”, declara Alcaraz. Para la periodista se trata de un problema estructural, que exige pensar en procesos colectivos y dar respuestas en términos de organización. “En ese camino estamos, reforzando nuestra seguridad y pensando estratégicamente cómo abordar estos ataques porque, lamentablemente, las plataformas no brindan soluciones. Quienes sí lo hacen son otras redes feministas y compañeras que saben mucho sobre estos temas”, concluye Alcaraz.

¿Por qué Florián le gritó a Alberto?

¿Por qué Florián le gritó a Alberto?

El miércoles 21 de julio Argentina se convirtió en el primer país en Latinoamérica en reconocer identidades no binarias mediante el Decreto presidencial N°476/21 que admite la posibilidad de poner en el DNI y pasaporte la nomenclatura “X” por fuera del binomio masculino y femenino.

Ese mismo día Valentine, integrante del colectivo Todes con DNI, recibió su nueva identificación y en el acto apareció con una remera que rezaba la consigna “No todxs somos X”, levantada por la organización. A la par, su compañere Florián manifestó públicamente: “Somos travestis, lesbianas, marikas, no binaries también, agénero, no somos una X. Mi sentimiento interno no es una X, y lo quiero dejar bien claro”.

El proyecto Todes con DNI propone que se incluya un campo abierto a completar por cada persona según su género autopercibido. En diálogo con ANCCOM, Valentine contó: “Todes con DNI surge de varias luchas, si bien en 2020 se consolidó el nombre actual, no tenemos un único punto de partida, y estamos en constante construcción, sobre la base de ser horizontales y escuchar todas las voces. Le damos mucha importancia a tener debates para considerar las experiencias de cada persona desde sus circunstancias de vida, ya que lo vemos como la única forma de construir una línea interseccional, que contemple las configuraciones y dificultades que resultan de, por ejemplo, ser migrante, vivir en diferentes territorios, o tener personas a cargo, por nombrar algunas”.

«Tener mi identidad no binaria en mi DNI me llenaría de orgullo después de tantos años de tener que mentir pero también me expondría a sufrir violencias de parte de las instituciones, de la policía, de potenciales empleadores», dice Sileo.

El debate por la nueva medida se desprende de la Ley de Identidad de Género que se encuentra en vigencia en el país desde 2012. Al definir el género a partir de la autopercepción, las identidades no binarias fueron avaladas desde el plano legal. Sin embargo, esto no se vio reflejado en la práctica. Desde 2019, varias personas no binarias denunciaron problemas para realizar el trámite frente al RENAPER. Alba Rueda, subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades de la Nación, explicó que la categoría pretende dar una respuesta jurídica antes que identitaria.

La iniciativa fue, también, recibida con emoción por parte de otros miembros de la comunidad LGTBIQ. Sasa Testa, militante transfeminista, se mostró feliz con la medida en sus redes sociales: “Hay momentos en los que la emoción te deja sin palabras. Hoy es un día de esos. Tenemos un Estado presente, que se hace eco de nuestras problemáticas. Tenemos un Estado que tomó la decisión política de garantizar nuestro derecho humano a la identidad no binaria”.

“Somos travestis, lesbianas, marikas, no binaries también, agénero, no somos una X. Mi sentimiento interno no es una X, y lo quiero dejar bien claro”, dijo Valentine.

Por su parte, Rocío Sileo, traductore públique (UMSA) y editore en el portal Escritura Feminista, lo considera un avance “aunque se quede corta si la comparamos con el estado actual del debate dentro de la comunidad enebé”. En este sentido, explicó para ANCCOM: “El decreto no es el punto final, es solo una meta intermedia que alcanzamos. Tiene cosas para criticar y cosas para celebrar. Hubiera preferido, por ejemplo, que el detalle de qué representa la X en términos identitarios usara las palabras que la comunidad reclama (como agénero, lesbiana y más) pero el hecho de que no proponga una lista cerrada, que exprese ‘cualquier acepción con que pudiera identificarse la persona’, nos permite seguir explorando el universo gigantesco que es el género sin limitaciones en lo legal como no hay limitaciones en lo humano”.

La medida contempla también las capacitaciones para las autoridades y personal de todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional con competencia en la materia, para que se aplique en condiciones de “respeto a la identidad y expresión de género de las personas y en contextos libres de discriminación por motivos de género”. Sobre esto también se abrió una pregunta en la comunidad, si tener una X en el DNI podría constituir un motivo de violencia institucional. Sileo amplía acerca de cambiar el documento: “Me encantaría hacerlo, sin embargo, no puedo negar que me da un poco de miedo. Tener mi identidad no binaria expresada en mi DNI me llenaría de orgullo después de tantos años de tener que mentir cada vez que marcaba la casilla de género pero también me expondría a sufrir violencias de parte de las instituciones, de la policía, de potenciales empleadores, de cualquier persona con autoridad sobre mí que decida que por ser trans valgo menos o hay algo malo en mí”.

El decreto justifica la utilización de la X para adecuarse a ciertos estándares internacionales, como el Documento Nº 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El decreto justifica la utilización de la X para adecuarse a ciertos estándares internacionales, como el Documento Nº 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que contiene el detalle de las “especificaciones físicas y técnicas para la seguridad e integridad de los documentos de viaje de lectura mecánica en el cual se indica que la zona reservada al “sexo” es obligatorio completarla, y que ello debe realizarse con las letras “F” para femenino, “M” para masculino o “X” en caso indefinido o cuando no se especifique”.

Más allá de los cuestionamientos que apuntan a que la X no contempla todas las identidades que engloba el término paraguas “no binarie”, también hubo una crítica a la falta de debate de la medida con les involucrades. A pesar de esto el poeta Marico Carmona, reconoce que en lo repentino de la medida hay un hecho histórico:la apertura del debate hacia toda la sociedad”.

Paternar para la igualdad

La campaña ciudadana Paternar -iniciada el 20 de junio por el Día del Padre- es una iniciativa que tiene como objetivo lograr la ampliación de la licencia por paternidad en nuestro país, que en la actualidad es de 48 horas. 

Un conjunto de distintos colectivos de varones y organizaciones sociales se agruparon para reclamar la ampliación de este derecho, y también para pensar en un rol masculino más activo con respecto a las tareas de cuidado y del hogar, como así también, un rol más equitativo dentro del ámbito familiar. 

Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo contempla dos días libres seguidos a la fecha de parto por paternidad. La licencia por maternidad, en cambio, otorga a la mujer o persona gestante 45 días previos y hasta 45 días posteriores al parto. Según datos publicados por UNICEF, OIT y CEPAL, los únicos dos países en América Latina y el Caribe en tener dos días por licencia por paternidad -además de la Argentina- son Guatemala y República Dominicana. 

Daniel Jones miembro de la campaña Paternar y su hijo León.

Matías Criado es psicólogo, integrante de Paternando -parte de la campaña Paternar- y asegura que hoy los varones que quieren ejercer la paternidad se encuentran con que sólo tienen apenas 48 horas de licencia que, si sale todo bien, les posibilita salir de la clínica con su bebé en brazos, pero no sirve para llevar a hacerle controles de salud o iniciar los trámites para el DNI: “Ya el rol de los varones dentro del cuidado es nulo. Por eso estamos buscando que esta campaña no solamente amplíe días, sino que genere en nosotros la obligatoriedad de hacernos responsables del cuidado a partir del nacimiento en adelante”, afirma.

Por su parte, Julián Novo -docente, militante sindical del SUTEBA y CTA, integrante del espacio de varones Desarmarnos y de la campaña Paternar– asegura que la actualización de esta ley es una de las deudas de la democracia. “Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene tan poca cantidad de días de licencia por paternidad. Somos en la región uno de los que menos tiene. Los que más tienen son Paraguay y Venezuela que cuentan con 14 días”, asegura. Según lo publicado por UNICEF en “Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe”, las licencias pueden mejorar los niveles de igualdad de género en los distintos países para que se promueva la corresponsabilidad parental. 

En promedio, en la región, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las mujeres es de cinco horas en contraste con los hombres que sólo dedican una hora y media. A pesar de que los varones tengan mayor carga horaria en trabajo remunerado (un promedio de 6 horas en contraste con 3 horas y veinte de las mujeres), el total trabajado sigue siendo mayor en las mujeres con un total de 8.20 horas promedio versus 7.44. 

Daniel Jones es doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del Conicet, miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, también integra la campaña Paternar, y señala que ampliar las licencias a treinta días permitiría, fundamentalmente, descargar una parte del trabajo que les significa a las mujeres y personas gestantes un cambio vital tan significativo. “La existencia de la licencia sería una condición material que favorecería ese involucramiento. Tanto en la conexión afectiva de esos primeros días, que son super importantes, como también me parece que en la distribución de tareas de carga doméstica y de crianza. Treinta días por supuesto son insuficientes, pero nos parece un gran avance frente a dos”. En toda la región, según lo informado por UNICEF, las licencias de paternidad no superan los cinco días en la mayoría de los casos. 

Si bien hay varios proyectos de ley presentados para la ampliación de licencia por paternidad, Paternar acompaña la reforma presentada por el diputado Itai Hagman del Frente de Todos. Se trata de una ampliación de 30 días de carácter obligatoria, intransferible y remunerada. “Sería para el sector público, privado, sector agrario y casas particulares. También en casos de adopción y pensando en familias diversas y no solamente en casos de familias hetero, sino a toda la diversidad que pueda haber en la construcción de una familia”, asegura Julián Novo y agrega que el objetivo final es poder llegar a tener la misma cantidad de días que licencia por maternidad “creemos que de dos a treinta días es un salto cualitativo -que obviamente no alcanza- pero es un paso importante para profundizar”. 

Matías Criado, por su parte, ratifica que desde la campaña se plantearon como objetivo no solamente generar un cambio en la licencia y ampliarla, sino que también se proponen generar un cambio en todo el sistema de cuidados: “Para los padres que estamos presentes en la crianza de nuestros hijos nos damos cuenta que necesitamos oportunidades y necesitamos este derecho fundamental y que tenemos que dejar de delegar esta responsabilidad en las mujeres. Es nuestro hijo, nuestra hija, y tenemos que hacernos cargo nosotros. Por eso estamos pidiendo que esto sea de carácter obligatorio e intransferible”. 

 

Jones ratifica que un modelo de licencias de dos días apunta a un modelo y a un tipo de sociedad que ya no existe. “La idea de un varón proveedor único y una madre abocada plenamente a la crianza es un modelo de sociedad que si alguna vez existió ya no existe más”. Novo agrega que la actual ley de dos días se fijó en el año 1974 “evidentemente en esos momentos había otra concepción muy distinta a la que hay ahora -por suerte- de la familia y el rol de los padres”.  Jones cree que los varones tienen la posibilidad de pensar un involucramiento de mayor intensidad y de más largo plazo y que, además, indirectamente, sí va a generar a futuro un impacto en las masculinidades. 

“Es un debate que se tiene que dar y poner en la agenda pública apuntando a repensar las masculinidades, el rol de las paternidades en el sentido de pensar un rol activo y protagónico, respetuoso y de crianza compartida e igualitaria. Además de esta ley apuntamos a instalar este debate”, cierra Novo.