Tres historias de víctimas de la motosierra en el Estado, que reflejan la situación de más de 60.000 trabajadores. 

Desde el video de la motosierra en campaña a la realidad efectiva, Milei no mintió: la cantidad de despidos en diversas dependencias del Estado no ha dejado de aumentar desde que asumió. Si bien el dato exacto de la cantidad de trabajadores expulsados del Estado al día de hoy no es certero, el mismo presidente exclamó orgulloso: “Hemos echado a 50 mil empleados públicos. Eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos. ¡Eso es motosierra!».

Los tres primeros meses del año fueron críticos para los trabajadores de distintos organismos estatales. La proximidad de los vencimientos de contratos laborales de miles de empleados, junto con la escasez de información oficial, creó un clima de incertidumbre que fue la antesala a una ola de despidos masivos en los últimos días de marzo. Solo en el fin de semana largo de Semana Santa fueron despedidos 15.000 trabajadores.

ANCCOM dialogó con tres personas afectadas directamente por esta política de desguace del Estado, lo que implica un grave retroceso en relación a la protección de derechos fundamentales para la sociedad.

Niñeces, adolescencias y familias, más desprotegidas

 Adriana Ortega, licenciada en Trabajo Social, dedicó 23 años de su vida a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Hasta finales de marzo ejercía el rol de coordinadora de la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal. Era interlocutora entre las provincias y el organismo central, llegando a tener a cargo la coordinación con 12 jurisdicciones. “No sólo hacíamos los relevamientos exigidos por organismos nacionales e internacionales, sino que diseñábamos planes según las necesidades de cada ciudad y región del país. Además se coordinaban convenios, proyectos y también trabajos con ONG”, declaró Ortega.

El SENAF es el organismo encargado de implementar políticas federales e inclusivas destinadas a promover los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas mayores. “Trabajamos con poblaciones de extrema vulnerabilidad: niños abandonados, adultos mayores en situación de pobreza y abandono, mujeres que han sufrido violencia de género, adolescentes en situación de no adoptabilidad, menores y mayores víctimas de explotación sexual y laboral, entre otros. Hay muchísimo en la SENAF: los equipos fuimos abordando desde la asistencia directa y poniendo el cuerpo e incluso nuestros recursos económicos personales para mantener nuestro trabajo”, expresó la trabajadora social.

El miércoles 27 de marzo a las 20.40 llegó un mail a su casilla laboral que indicaba: “Por medio de la presente se le notifica que el contrato oportunamente celebrado con este organismo, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 9 del Anexo de la Ley N° 25164, cuyo vencimiento opera el 31 de marzo del corriente año, no será renovado. Queda Ud. debidamente notificado”. “Es un mail que no tiene ni mi nombre, ni encabezado, ni tampoco una firma oficial. El día que lo recibí fue tirar a la basura 23 años de especialización. Es muy fuerte porque yo no puedo ir a ningún lado a realizar la labor que solía hacer porque es un trabajo específico del Estado”, manifestó Ortega.

De la SENAF fueron despedidas 326 personas y quienes quedaron, tienen un contrato “en revisión” hasta el 30 de junio. Se espera así otra oleada de despidos en el organismo. “Echaron personas que eran piezas clave para el funcionamiento de la SENAF. No fue un proceso de análisis cuidadoso, sino un recorte sin ningún parámetro ni criterio. Nadie de la nueva gestión nos pidió explicar nuestras tareas, no hubo evaluación mediante. Tuvimos la mala suerte de que el dedo haya caído en nuestro apellido”, denució la trabajadora social.

El desguace de la SENAF significa la desaparición de “un veedor y un organismo para controlar el accionar del Poder Judicial o de las fuerzas policiales sobre poblaciones muy vulnerables. Es una función que cumple el Estado, que debe ser fortalecida y no diezmada”, finalizó Ortega.

Retroceso en las políticas para las personas con discapacidad

En la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la situación no fue diferente. Guadalupe Bargiela, trabajadora del organismo, declaró: “Muchos se enteraron por un mail o por una lista en la puerta del edificio. Son 340 los despedidos a lo largo de todo el país. Dentro de ellos hay delegados sindicales, personas con discapacidad, personas con licencias psiquiátricas y de maternidad, algunos de planta permanente y otros con contratos de locación de servicios. Es un verdadero desguace del Estado nacional”. Bargiela trabajaba en ANDIS desde hacía cuatro años y se desempeñaba en el área de participación ciudadana, respondiendo mails a la comunidad.

ANDIS lleva adelante la junta evaluadora de discapacidad, que es el órgano controlador de todas las juntas de nivel provincial que emiten certificados de discapacidad y pensiones en todo el territorio nacional. “Además, se realizan talleres para la comunidad en el predio de la agencia, entre ellos clases de tango, escritura, deportes, etc. Otro punto nodal del trabajo de ANDIS es la promoción de la inclusión en todos los organismos estatales con capacitaciones para que estén preparadas para recibir a las personas con discapacidad”, declaró Bargiela sobre las tareas de la agencia. Ella misma es una trabajadora con discapacidad visual; sin embargo, derechos como éste que le garantizó a ella y tantos otros el derecho al trabajo, hoy se ven doblemente vulnerados.

En cuanto a las designaciones de la nueva gestión para el instituto, Bargiela señaló: “Las personas que entraron no saben de discapacidad. En realidad, al gobierno no le importa la cuestión. Para darse una idea, el nuevo director ejecutivo del ANDIS es un penalista”, haciendo referencia a Diego Orlando Spagnuolo, abogado del presidente y ahora cabeza del organismo.

La falta de personal afecta directamente a las funciones del instituto; el desarrollo de programas de inclusión, la atención al público, la ayuda y el otorgamiento de certificados y pensiones son obstaculizados por las medidas del Poder Ejecutivo. “Están realmente vulnerando, más aún de lo que se venía haciendo, al colectivo de personas con discapacidad”, aclaró Bargiela.

Muchos de los trabajadores despedidos se agruparon para tomar medidas de lucha. “Trabajadores de ANDIS en lucha” es el nombre que toma la organización que denuncia la situación de los empleados de la agencia y que el 20 de abril llevará a cabo una asamblea para plantear esta situación que afecta de manera transversal al colectivo. “Seguiremos peleando, mientras que los derechos de las personas con discapacidad estén siendo vulnerados”, finalizó Bargiela.

¿Quién protegerá a los parques nacionales?

Ayelén Arcos es antropóloga y desde mayo del año pasado formaba parte del proyecto Paisajes, promovido por el Banco Mundial. Paisajes es un convenio con Parques Nacionales para la recuperación de medios de vida sostenibles y de paisajes con una mirada socioambiental, a desarrollar en distintas zonas a lo largo del país. Junto a una compañera, era la encargada de las evaluaciones de impacto social y ambiental de las iniciativas de Paisajes en la zona que abarca desde El Chaltén y Calafate (Santa Cruz) hasta Ushuaia (Tierra del Fuego). “Al ser un convenio entre Parques Nacionales y el Banco Mundial, el empleo corre por cuenta del Estado pero el financiamiento del proyecto y los sueldos van por el parte del Banco Mundial, un organismo internacional”, declaró Arcos.

Parques Nacionales también fue impactado por la ola de despidos, la desfinanciación y la falta de definición de autoridades del Poder Ejecutivo: “En “Paisajes”, donde nosotras trabajábamos, había dos obras sumamente importantes: dos edificios de incendios en el Parque Nacional Los Glaciares y en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Para poder avanzar sobre esa licitación necesitábamos que alguien firme y no había tal firma, porque ni siquiera se habían definido autoridades”, explicó la antropóloga.

En cuanto a la situación previa a los despidos, Arcos detalló: “Nosotros la veíamos venir, porque el modus operandi es siempre el mismo: hay una especie de vaciamiento de tareas previa. Y, finalmente, como si fuera una profecía autocumplida, esa persona no está haciendo nada y esto justificaría su despido”.

La institución empleaba alrededor de 2.000 personas previamente a la asunción de Milei. “Antes de los despidos se calculaba que por cada funcionario de parque había 8.000 hectáreas. Hoy en día hay muchísima menos presencia. En esta tanda echaron a 80 personas y a mediados de año se pretende echar a 350 más. Es más de una cuarta parte del personal”, aclaró la antropóloga. De la cifra total, muchos eran especialistas que trabajaban en el proyecto Paisajes, aún cuando sus sueldos estaban financiados de manera externa al Estado.

La reducción de personal afecta al cuidado de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de los Parques Nacionales. “Pareciera que quieren reducir a Parques a una institución de solo guardaparques y brigadistas, eliminando todas las funciones de conservación. Hay un gran área de estudio de la biodiversidad, encargados de prevenir y manejar incendios e incluso investigación sobre el impacto del cambio climático. Somos muchos velando por las funciones de conservación e investigación que deben tener los parques nacionales”, concluyó Arcos.

Estas historias se multiplican por miles, en muchas dependencias estatales. Mientras que no se logre detener esta política de achicamiento del Estado, cada vez más derechos correrán el riesgo de evaporarse, destruyendo en un instante lo que lleva un largo período conquistar.