La identificación de los desaparecidos – Estuve Ahí

La identificación de los desaparecidos – Estuve Ahí

Carlos «Maco» Somigliana es miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el organismo que creó el método para la identificación de desaparecidos por el terrorismo de Estado y hoy exporta su conocimiento al mundo.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
La dolarización y el narcotráfico siguen afectando a Ecuador

La dolarización y el narcotráfico siguen afectando a Ecuador

Gonzalo Fiore Viani, analista internacional y becario doctoral del Conicet, y a Matías Hof, periodista especializado en Economía analizan crisis ecuatoriana.

Mientras persiste en Ecuador la conmoción interna, con el estado de emergencia dictado por el presidente Daniel Noboa y el recrudecimiento del conflicto armado, van quedando a la luz las razones económicas de la crisis, la desregulación financiera y su relación con el funcionamiento de las bandas del narcotráfico.

Estos grupos no solo luchan contra el Estado sino entre ellos mismos por la toma de poder. Las mafias se convierten en una opción para la economía ecuatoriana y se consolidan en momentos de descenso económico en la sociedad. En este contexto, la dolarización impide el desarrollo industrial que pague salarios altos, algo que sí puede hacer el narcotráfico.

ANCCOM entrevistó a Gonzalo Fiore Viani, analista internacional y becario doctoral del Conicet, y a Matías Hof, periodista de la Izquierda a Diario especializado en Economía para analizar lo que está ocurriendo en Ecuador.

¿Cómo ve Ecuador la evolución de la situación desde que empezó la reciente crisis?

Gonzalo Fiore Viani: Es un problema que viene desde hace rato. El año pasado, el asesinato del candidato a presidente liberal Fernando Villavicencio, contribuyó a enrarecer el clima político complejo y violento en el país. Las bandas criminales transnacionales parecen actuar con completa y total libertad. El narcotráfico y la violencia exacerbada del crimen organizado se han incrementado en Ecuador desde el año 2020. La tasa de homicidios casi se duplicó en el último año, pasando de 14 por cada 100.000 habitantes, en 2021, a 25, en 2022. El inicio de la ola de violencia podría ubicarse en las masacres carcelarias que dejaron 458 muertes entre 2020 y 2022 en los penales de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Azuay y Esmeraldas. Los últimos gobiernos no sólo no han dado respuesta a esta situación, sino que tampoco han encontrado culpables ni transformado realmente las duras condiciones de vida en las cárceles ecuatorianas.

Matías Hof: Ecuador es un país que está en crisis económica, social y política con distintos momentos, matices, puntos más altos y más bajos desde el 2019, en general, y esto que ahora está en el centro con el narcotráfico es un aspecto de esta situación. Tenemos que entender esta crisis del narcotráfico como parte de este entramado capitalista internacional y del sistema económico ecuatoriano, porque por más que lo persigan, es parte de la economía. Incluso el hecho de ser perseguido lo hace más rentable para los que son parte de ese negocio, porque pueden cobrar precios más abultados. La crisis de narcotráfico está precedida por una grave crisis económica que derivó en una crisis social con levantamientos por los intentos de aplicar el plan del FMI, y una crisis política con Lasso, no terminando su gobierno, llamando a elecciones anticipadas.

¿En qué medidas influye la dolarización implementada desde 2000 en la situación actual?

G.F.V: Ecuador implementó la dolarización como su moneda de curso legal para estabilizar su economía y combatir la alta inflación y la inestabilidad monetaria que enfrentaba. Como resultado de la dolarización, el país dejó de emitir su antigua moneda, para utilizar el dólar de los Estados Unidos. Al adoptar el dólar estadounidense, Ecuador perdió la capacidad de tener una política monetaria independiente. No podía controlar su oferta monetaria, ni su tasa de interés para responder a las necesidades económicas internas. Esto limita su capacidad a la hora de enfrentar crisis económicas y ajustar su economía de manera eficiente. Al depender del dólar estadounidense, Ecuador se vuelve vulnerable a las decisiones y políticas económicas de Estados Unidos. Fluctuaciones en el valor del dólar y cambios en la política económica de Estados Unidos pueden tener un impacto directo en la economía de Ecuador. Esto hizo, además, que las exportaciones ecuatorianas sean menos competitivas en los mercados internacionales, ya que el país no puede devaluar su moneda para aumentar la competitividad de sus productos. La facilidad para el lavado de dinero y el acceso a nuevos mercados en dólares, además, fomentaron el crecimiento del narco en el país.

M.H: La dolarización la aplica el presidente Jamil Mahuad en el 2000, en medio de una crisis económica en Ecuador, producto de la caída del precio del petróleo. Va a ser un país dependiente de las exportaciones de petróleo. El petróleo cae a fines del año 2000 y genera una crisis en la economía ecuatoriana. Como método utilizaron la dolarización, el salario básico ecuatoriano quedó alrededor de los 50 dólares. Una parte muy importante de los jubilados cobran jubilaciones de 13 dólares en medio de una inflación anual inédita para lo que es Ecuador. Este golpe fue tan fuerte que, para aquellos que tenían plata en los bancos, que fue congelada, cuando pudieron volver a tener acceso a sus ahorros habían perdido el 80% de su valor. Provocó un ataque a las condiciones de vida, a los ingresos de la gran mayoría de la población de Ecuador, que fueron a los que hicieron pagar la crisis de la caída de los precios del petróleo para sostener y salvar a los bancos, a las petroleras y a las empresas, y evitar las quiebras de esas empresas a costa de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

La dolarización como quiebre

M.H: La dolarización marca un salto muy importante en lo que es este empeoramiento. Ecuador, para poder recomponer los ingresos de la población, nunca volvieron a los niveles anteriores. A partir del año 2001-2002, logró salir de la situación catastrófica que se vivía en el año 2000, pero la vulnerabilidad se mantiene. Cuando llegamos al año 2019, es una crisis con muchas condiciones internas del sistema capitalista internacional. Ecuador, al mantenerse dolarizado, tenía menos herramientas para poder protegerse frente a esta crisis. Las consecuencias de la crisis internacional de 2019 lo llevaron a tener que endeudarse nuevamente y pedir nuevos préstamos al exterior, sobre todo al FMI.

 

¿Por qué el ex presidente Rafael Correa siguió con la dolarización si era un gobierno progresista?

M.H: Rafael Correa gobernó 10 años Ecuador, entonces hay distintos momentos a lo largo de su gobierno. Correa se habría comprometido a no pagar la deuda, a no firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y a no continuar con la base militar estadounidense que existía en Ecuador. En cuanto a la deuda, luego de primero hacer una investigación, de la cual Toussaint* fue parte, y declarar casi el 70% de la deuda como ilegal y no pagarla, al poco tiempo Correa vuelve a endeudarse, cuando se acaba el pico del precio de las commodities, el precio del petróleo. Por lo que la deuda la vuelve a tener, y si bien no firma un tratado de libre comercio, permite al capital extranjero meterse en la producción del petróleo y en los grandes núcleos de producción exportadora de Ecuador. La política de Correa refuerza mutuamente la entrega de partes centrales de la economía y el endeudamiento, haciendo que se profundice la dependencia con el capital extranjero.

¿Y qué pasó con la deuda?

M.H: Correa logró bajar la deuda extranjera a 8 mil millones de dólares al principio de su gobierno, pero cuando se fue ya estaba otra vez en 36 mil millones. Esto da cuenta de cómo el plan de Correa fracasó, terminó haciendo una política que iba en contra de poder llegar a ese objetivo, y así se llegó al día de hoy, un país que sigue dolarizado, lo que hace muy difícil poder salir de la crisis económica actual. Entre 2020 y 2022 entregó alrededor de 6.500 millones, que el gobierno actual de nuevo se compromete a pagar y a cumplir con todas las exigencias del ajuste. Esta situación implica más ataque a las grandes mayorías, abre más lugar a que el narcotráfico pueda seguir avanzando, imposibilitando conseguir empleos, y que tengan que formar parte de todo el sistema de narcotráfico. Entonces, la situación estructural que da lugar al narcotráfico, tanto desde mantener la prohibición y la ilegalización de las drogas, junto a una sociedad cada vez más golpeada. Las medidas represivas han demostrado, que no dan resultado y es muy probable que la situación siga así o empeorando.

*Eric Toussaint es un historiador belga, portavoz de la red internacional del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), que contribuyó a fundar.

El reverdecer de la literatura – Estuve Ahí

El reverdecer de la literatura – Estuve Ahí

El escritor Guillermo Saccomanno habla sobre el impacto de la violencia política en la literatura argentina. ¿Por qué dice que no hay nada afuera de la cultura de la plusvalía? ¿Los libros describen la realidad o la interpretan? ¿Qué leen los políticos nacionales?

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

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La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

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Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini

Los consensos democráticos – Estuve Ahí

Los consensos democráticos – Estuve Ahí

Carlos Corach, ministro de Interior de Carlos Menem, habla del Pacto de Olivos y explica por qué lo reivindica. También señala el dilema de la seguridad en democrática y de la crisis de representatividad política a cuarenta años del retorno de la democracia.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini

Manicomios nunca más

Manicomios nunca más

Entre tantas medidas que contiene la “Ley Ómnibus” que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, se incluyen cambios en aspectos esenciales de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La opinión de profesionales sobre esta cuestión.

 Hospital Borda. Foto de Archivo. 

El Gobierno nacional mandó al Congreso de la Nación un proyecto de ley con más de 600 artículos. Dentro de este combo de leyes, busca modificar cuestiones de relevancia de la Ley Nacional de Salud Mental. Marcela Bottinelli, doctora en salud mental comunitaria, docente e investigadora, afirma que “las derogaciones de la Ley Ómnibus en materia de salud mental son muy complejas porque quitan derechos adquiridos”. Entre estas modificaciones, se plantea la continuidad del modelo de manicomios, la judicialización de la atención sanitaria y la no intervención del Estado y de los colectivos de usuarios, familiares, profesionales y de derechos humanos en la función de control.

La ley 26.657, sancionada en 2010, es fruto de una elaboración colectiva donde participaron organizaciones de derechos humanos, de personas usuarias y familiares, de trabajadores de la salud, universidades, profesionales de la salud mental y la justicia. Ricardo Antonowiz, docente y ex coordinador de actividades asistenciales del Hospital Borda, remarca: “Esta ley tardó tres años en reglamentarse, me resulta llamativo que se busque modificarla tan rápidamente”.

Para lograr la eficacia y la celeridad de la atención en salud mental es fundamental un mayor financiamiento del sistema público y la regulación del sistema privado. Asimismo, resulta necesario el incremento y accesibilidad de recursos en materia de salud mental, al igual que un aumento de trabajadores y trabajadoras en hospitales públicos con el objetivo de reemplazar los mecanismos de encierro que provoca sufrimiento humano. “La ley actual contempla todos los beneficios para un paciente, si no se cumple, hay que hacerla cumplir, no modificarla”, agrega Antonowiz.

Sobre el artículo que busca darle la decisión de internación o externación involuntaria de un paciente a los jueces, Bottinelli aseguró “el criterio que debe primar para definir el tipo de tratamiento que necesita una persona es el de los profesionales de salud, que son quienes estudiamos para eso, que el juez decida esto con los tiempos que tiene la justicia, y luego puede intervenir un profesional de salud, puede implicar que una persona quede encerrada durante bastante tiempo o incluso estar internada cuando no lo necesitase. La justicia tiene que convocar al equipo interdisciplinario para poder actuar”.

En relación a la vuelta de los manicomios, Antonowiz subraya “la idea de que un paciente se interne –cuando lo considere el equipo interdisciplinario– y cumpla su tratamiento, es rehabilitarlo para reinsertarse en la sociedad, no para que quede en un lugar para toda su vida. El manicomio es un depósito de pacientes”. Y añade: “Estas modificaciones no van a mejorar la calidad de vida de las personas que requieran de servicios de salud mental, más bien al contrario, esto puede llegar a acrecentar los problemas porque todo se vuelve un negocio”.

En este sentido, Bottinelli señala: “Muchos colectivos venimos trabajando internacionalmente en poder mostrar y demostrar que las internaciones prolongadas no son útiles para la atención de las personas. Todas las evidencias científicas muestran que, cuando una persona está mucho tiempo encerrada, pierde los lazos sociales, las lógicas de comunicación, las relaciones con otros y eso trastoca su posibilidad de volver a estar socialmente activo y recuperarse con dignidad”. Además, agrega que el hecho de que se vuelvan a proponer las instituciones de encierro y los manicomios, es un claro retroceso que atenta contra los derechos de las personas.

“Tenemos la preocupación de que entre tantos articulados esto pase desapercibido. Esperemos que los legisladores defiendan que se mantenga la Ley de Salud Mental y que se cumpla en su totalidad”, reflexionó Bottinelli. En este punto, desde todos los colectivos –trabajadores, personas usuarias, familiares, profesionales, gremios, asociaciones, universidades, investigadores– se están tratando de informar sobre estos cambios. El 24 de enero, el colectivo Salud Mental y Democracia convoca a movilizar para decirle no al DNU y al proyecto de ley del Gobierno Nacional.

El precio de protestar

El precio de protestar

El Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza, intimó vía cartas documento a distintas organizaciones sociales y sindicatos a pagar los gastos ocasionados por la movilización a Plaza Lavalle del 27 de diciembre. Se trata de un grave atropello al derecho a la protesta y es claramente anticonstitucional.

El derecho a protestar se encuentra consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 y en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que Argentina adhiere con fuerza de ley. En un intento de limitar las manifestaciones contra las medidas que se están intentando aplicar por parte del gobierno, desde el Ministerio de Seguridad redactaron un “protocolo antipiquetes” que avasalla la libertad de expresar disconformidad con las medidas impopulares que se llevan adelante.

El artículo 11 de la controversial resolución dice: “EL MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que se refiere el artículo 8°, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos. Asimismo, se remitirán los datos a las jurisdicciones pertinentes, a los efectos de que las entidades perjudicadas puedan iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado contra el patrimonio público y las personas. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines pertinentes”.

En este contexto, de claro atropello a las libertades democráticas, diversos movimientos sociales y sindicatos recibieron intimaciones por 40.419.227,56 pesos para cubrir los gastos del operativo de seguridad desplegado en la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo para presentar un amparo contra el DNU 70/2023 el 27 de diciembre del 2023, en Plaza Lavalle.

Condicionados

Por su parte, Agustín Lecchi secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPresBA), indicó en diálogo con ANCCOM que junto a todos los gremios víctimas de la persecución que busca criminalizar la protesta van a realizar una “propuesta colectiva de carácter legal” porque la intimidación es un hecho que no tienen antecedentes en los cuarenta años de democracia y aclaró: “También es parte de un show de Bullrich. Esa movilización fue frente a tribunales y no se cortó ninguna calle, no fue un piquete. Pero aún si así lo fuera, estamos amparados”. Para Lecchi la respuesta tiene que ser el 24 de enero, el día del paro nacional y movilización, con millones en el Congreso exigiendo a los diputados que levanten la mano en favor del pueblo y en contra de la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia inconstitucional: “una ley donde Milei pretende obtener la suma del poder público y que además tiene un contenido que entrega la soberanía de la patria”, concluyó.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, expresó en una gacetilla difundida por su organización que “el gobierno de Milei pretende condicionar la protesta social antes que resolver los problemas de la gente” y que la única respuesta es una sanción económica aún sin haber cortado calles, lo que constituye “una provocación más de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales”.

El diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unida, Juan Carlos Giordano, en diálogo con ANCCOM, se preguntó qué pasaría si se da la paradoja de que las propias víctimas del ajuste del presidente y la ministra de seguridad tuvieran que pagar las balas y gases que “gasta” la policía contra los que luchan; es la línea de “cárcel o bala” de Jose Luis Espert. “Esto llevó a que haya varios asesinados en la rebelión popular del Argentinazo en 2001 bajo el gobierno de De La Rúa que Bullrich también integró”, concluyó.

Lo cierto es que hay una intención manifiesta de criminalizar la protesta social porque el ajuste que prometieron sobre “la casta” y que están llevando contra el pueblo trabajador, no cierra si no hay represión. Con el devenir del tiempo, estas maniobras e intentos de provocación, serán una constante de un gobierno que paradójicamente se adjudica defender las ideas de la “libertad”.