“Al ajuste con represión hay que derrotarlo en las calles”

“Al ajuste con represión hay que derrotarlo en las calles”

Esta fue una de las coincidencias de quienes participaron de una audiencia en el Congreso convocada por la bancada del FIT-U para analizar las consecuencias de la represión a las manifestaciones contra las medidas del gobierno de Milei.

“Quieren prohibir la protesta social y aleccionar al pueblo trabajador, como hizo Bullrich en diciembre de 2017, ahora con Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con balas de goma en el medio de la plaza, en contradicción con su propio protocolo que habla de despejar la calle”. Así abrió Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), la audiencia pública ayer en el Anexo del Congreso convocada por su bancada para escuchar los informes de organismos de derechos humanos y de víctimas de las represiones protagonizadas por las fuerzas policiales y de seguridad desde que asumió Javier Milei, y en particular los días 31 de marzo, 1 y 2 de febrero contra la manifestación en rechazo de la Ley Ómnibus. “Es ilegal lo que hace la ministra de Seguridad, y la justicia está dejando que el Gobierno haga el trabajo sucio para eliminar el derecho a la protesta, cada herida a un fotógrafo es la verdad que se quieren robar, y acá tenemos herido también a nuestro compañero abogado, Matías Aufieri”, agregó la legisladora. 

La sala 2 del Anexo C estuvo completa por la gran cantidad de periodistas, diputados y dirigentes que acudieron a la invitación de Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá para exponer los hechos ocurridos frente al Congreso de la Nación cuando cientos de personas sufrieron la represión producto del protocolo de Patricia Bullrich mientras se trataba la Ley Ómnibus. Toda la atención de los y las presentes se distrajo de quien estaba hablando cuando, por la mitad del encuentro, hizo su ingreso en su silla de ruedas Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien dijo estar muy emocionada, deseó suerte a todos los presentes para enfrentar lo que se viene y expresó su intención de presentar un escrito para que se declare la inconstitucionalidad del DNU de Milei. 

Veinticinco oradores y oradoras coincidieron en la necesidad de lograr una “unidad en la diversidad” para hacer masivas las movilizaciones que se vienen en marzo, el 1 por el inicio de las sesiones del Congreso, el 8 por los feminismos y disidencias y el 24 por un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, con el objetivo de hacer caer el DNU de ajuste del gobierno.

«La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo un informe de esta circunstancia trágica, fue la profundización de esta escatología que se esperaba si ganaba la derecha, 285 víctimas produjo su altísimo poder de daño, en sus formas se va pareciendo bastante en las formas de la dictadura», dijo Dora Barrancos, presidenta de ese organismo. “En el recinto usamos el informe de la CPM mientras un sector de los diputados se reían, estábamos denunciando un protocolo de represión que viola todos los tratados internacionales y es ilegal, no vamos a permitir que toda la Argentina se convierta en Mendoza o Jujuy», expresó la diputada Del Pla sobre los detenidos y condenados por protesta social. 

Por su parte, Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) manifestó que “el protocolo habilita al Estado a intervenir ante cualquier corte vehicular como delito y eso lo transforma en una herramienta para prohibir un derecho. También autoriza a las fuerzas a realizar tareas de inteligencia, lo cual es un uso descabellado de la ley».

Se pronunciaron  la legisladora Mercedes de Mendieta (IS), Rosario Gauna (Comité Nacional para la prevención contra la tortura), Mónica Hidalgo del Frente Popular; Susana Ancarola del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Nicolás Tauber de Liberpueblo, e Inés Hayes de Periodistas Argentinas, delegada de Página/12 y trabajadora de CTA Autónoma. 

Con lentes de sol porque se recupera lentamente de la herida en su ojo, y aún no recuperó la visión, Matías Aufieri, describió los detalles del momento en que lo lastimaron. «El gobierno redobla la apuesta todo el tiempo, salvo cuando la movilización es grande, hay que frenar esta espiral delirante de Bullrich y Milei, el 1 de febrero hubo una cacería, no podíamos salir de la plaza, nos tiramos al piso, querían esa foto para frenar a la gente que podía venir». Y luego se abrazó con Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la dictadura, quien había recordado que Aufieri solía visitar a los testigos luego de sus declaraciones en los juicios de lesa humanidad, donde “dejábamos nuestra alma al reabrir las heridas”. A su turno, Mirta Israel –hermana de Teresa, desaparecida en la última dictadura cívico-militar– dijo que pudieron seguir haciendo el festival Unidos por la Cultura gracias a los periodistas que estaban bloqueando a la policía que reprimía. 

Se escucharon también los testimonios de otras víctimas como Nicolás Ramos, fotoperiodista de Anred que recibió disparos; Alfredo Luna y Víctor Carrera de Télam, quienes afirmaron que “se trató de un show montado para transmitir el mensaje de que también pueden reprimir a los trabajadores de prensa”; y se comunicó Anibal Maidana por videollamada como consecuencia de la perimetral que no le permite acercarse al Congreso, tras su detención. Elida Carci, jubilada y perteneciente al Plenario de Jubilados, contó que también sufrió los ataques. Los diputados de Unión por la Patria, Carlos Castagneto y Vanesa Siley, hicieron sus aportes. «Cuando vienen políticas de ajuste, poner un protocolo demuestra que es un gobierno que quiere quitar derechos. Hay que tirar abajo el DNU, el miedo tiene que ser de ellos, no les gusta la comunidad organizada», expresó Castagneto.

También hablaron Franco Capone y la médica y diputada Laura Cano, de la Posta de Salud que montaron en Plaza de los dos Congresos, que atendieron a más de 285 personas y advirtieron rápidamente sobre el gas pimienta que se está utilizando en la represión que produce una sintomatología más fuerte de la acostumbrada. Por último, llegados del piquete frente al Ministerio de Trabajo, hablaron Néstor Pitrola y Eduardo Belliboni. “El león herido es más peligroso, hay que derrotar al animal salvaje que quiere destruir nuestros derechos”, dijo el líder del Polo Obrero.

Todos coincidieron en que la represión del jueves 2 fue una “cacería”, que se disparaba indiscriminadamente, en un contexto pacífico donde nada justificaba el despliegue de las fuerzas tal y como lo llevaron a cabo, como una provocación y un intento de intimidación. Y también hubo unánime repudio a la resolución de la Cámara Federal que ayer avaló el protocolo represivo de Bullrich. La legisladora del MTS, Celeste Fierro, quien había iniciado una acción el 18 de diciembre ante el Poder Judicial con la intención de declarar el carácter inconstitucional del protocolo, contó que la medida cautelar dictada por el juez federal Sebastián Casanello quedó sin efecto y que los camaristas le pidieron que se alejara de la causa. “Tardaron 50 días en actuar, aun viendo lo que sucedía”, criticó la legisladora 

Casi en el cierre, Guillermo Torremare (CPM-APDH) destacó la resolución que dictó la semana pasada la ministra Bullrich por la cual “se habilita a las fuerzas de seguridad a utilizar armas letales en las movilizaciones sociales, les da libre interpretación del agente de seguridad que va armado y lo habilita a disparar sin necesidad de dar la voz de alto. Se soslaya así un principio elemental del derecho penal que es la proporcionalidad entre la reacción del agente de seguridad y la presunta falta o delito que se quiere neutralizar. Esto en un país como Argentina que en 40 años de democracia lleva más de 8 mil personas muertas por los excesos y abusos en manos de las fuerzas de seguridad, instaló un peligro gravísimo”. 

Nicolás del Caño cerró la audiencia haciendo hincapié en “la valentía de los compañeros y compañeras que se movilizaron, que fue fundamental para hacer caer la ley”, y en la necesidad de plantear un paro nacional en el marco de un “verdadero plan de lucha para dar esta batalla contra el plan motosierra-licuadora contra el pueblo”. 

Postergan el juicio a Laura Villalba en Paraguay

Postergan el juicio a Laura Villalba en Paraguay

La acusan de «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra», delitos que conllevan una condena de hasta 30 años de cárcel. Sin embargo, no existen pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad.

La audiencia programada para el juicio oral de la causa número 256, en la que se acusa a la argentina Laura Villalba de «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”, y que estaba prevista para el 8 de febrero en los tribunales especializados de Asunción, ha sido pospuesta debido a una acordada de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Esta resolución reorganiza las unidades especializadas en materia de juzgado de sentencias. Laura Villalba y su defensa deberán esperar a que se sortee un nuevo tribunal y se les notifique quiénes serán sus nuevos integrantes, dado que los miembros anteriores fueron asignados a unidades ordinarias. Salvador Sánchez, abogado de Laura, sostiene que la espera no será prolongada: “Como máximo en 15 días vamos a tener agenda”. 

En 2019, Laura Villalba viajó con su hija y sobrinas a Yby Yaú, en el norte de Paraguay, con el objetivo de que las niñas pudieran conocer a sus padres, quienes eran miembros del grupo insurgente «Ejército del Pueblo Paraguayo» (EPP). Aunque tenían planeado regresar antes del inicio de las clases en 2020, la pandemia por covid-19 lo impidió y las fronteras fueron cerradas. Ante esta situación, la familia se vio obligada a convivir en un campamento creado por el grupo insurgente. Sin embargo, el 2 de septiembre, este campamento fue descubierto y atacado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, una unidad militar anti grupos insurgentes. El resultado fue trágico: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Posteriormente, sus cuerpos fueron disfrazados de guerrilleras para que el presidente de ese momento, Mario Abdo, pudiera tomarse fotografías victorioso en el campamento. En un intento de escape, Carmen Elizabeth “Lichita”, de 14 años, desapareció un 30 de noviembre tras una nueva emboscada de las fuerzas armadas paraguayas.

Villalba fue detenida un 23 de diciembre de ese mismo año, tras terminar en un retén militar por buscar a sus sobrinas. Fue llevada a juicio por los cargos de «violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar», con una pena de 10 años, y por «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra», con una expectativa de pena de 30 años. Respecto al primero de los cargos, en Concepción, Laura Villalba fue condenada a 3 años de prisión bajo la acusación de «violación del deber de cuidado y/o educación», y fue absuelta del cargo de «violencia familiar». Concepción cuenta con un único Tribunal de Apelación, al cual la defensa intentará apelar en busca de la absolución.

 

Para el juicio por terrorismo, Salvador Sánchez afirma que no existe ningún material audiovisual o de imágenes que pueda sostener que Laura cometió los hechos que se le atribuyen. Se le inculpa de terrorismo basado en homicidio, pero su abogado sostiene que el Ministerio Público no tiene una víctima del supuesto hecho punible de homicidio en grado de tentativa. Sánchez reafirma: “Son solamente relatos teóricos que hace el Ministerio Público, con los cuales pretende imponer una condena arbitraria a la misma”. Sin embargo, a pesar de la poca contundencia de las pruebas presentadas por la justicia, la defensa muestra prudencia en el caso al reconocer la inclinación del Tribunal a favorecer al Ministerio Público. Por ello, Sánchez solicita «respaldo y solidaridad» a la comunidad internacional para conformar una delegación de veedores internacionales, con el fin de asegurar un «debido proceso» para Laura, frente a las posibles irregularidades que se han presentado hasta la fecha.

 

Las arbitrariedades cometidas por el Estado paraguayo no son sorpresa. El mes pasado, la Comisión de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas emitió un comunicado a la República del Paraguay para expresar su preocupación por el no esclarecimiento del paradero de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, a más de 3 años de su desaparición. A lo largo del comunicado, el comité señala al Estado por una “posible participación” en los hechos de la Fuerza de Tarea Conjunta -FTC-, la cual no estaría bajo una adecuada investigación a pesar de que la desaparición de “Lichita” tuvo lugar en una zona bajo su control. El comité acusa que «no se evidencia la existencia de una estrategia de búsqueda para localizar a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, ni de una investigación integral y exhaustiva para identificar a los presuntos autores de su alegada desaparición forzada».

 

El formato del juicio estaba inicialmente programado como virtual para Laura y presencial para los abogados en Asunción. Sin embargo, con la reorganización judicial en curso, existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará ahora. La intención de la defensa es revertir esta situación y solicitar la presencialidad de Laura Villalba en el juicio. Esto se debe a una acordada de la Corte Suprema de Justicia que exhorta a todos los tribunales a llevar a cabo las audiencias de manera excepcional por medios telemáticos.

 

Para la defensa, la presencia de Laura en la sala de juicio tiene un gran significado. Esto se debe a la experiencia previa del juicio llevado a cabo en Concepción, donde no pudo estar presente al ciento por ciento en su juicio. Hubo muchos momentos en los que la señal se escuchaba entrecortada o se perdía por completo. Salvador Sánchez reafirma: «Siempre hay dificultades con los medios tecnológicos, y por eso queríamos plantear la idea de pelear con el tribunal para que remitieran el caso a la cámara de juicios».

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

Desde que asumió Javier Milei hubo 37 detenidos por protestar

La mayoría de los casos son al voleo, cuando finalizan las manifestaciones. Los casos de mayor resonancia ocurrieron en CABA, durante el debate de la Ley Ómnibus. Pero también los hubo en Mendoza y Jujuy.

En el marco de las protestas sociales que se realizan desde la semana pasada en todo el país en contra de la Ley Ómnibus, los casos de detenciones confeccionaron una lista tan larga como arbitraria. La administración Mlei-Bullrich reflota una modalidad que ésta última ya había puesto en práctica en 2017, cuando integraba el gabinete de Mauricio Macri: los arrestos son al voleo, mucho después de terminadas las marchas, y luego de una cacería por parte de las fuerzas conjuntas que intervienen: Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad (o provincial) y Policía Federal. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la Coordinación contra la represión policial e institucional (Correpi) ha registrado 37 personas privadas de su libertad.

Uno de ellos es Martín Rodríguez, reconocido dirigente sindical y miembro del Polo Obrero, detenido en la provincia de Mendoza luego de participar de la marcha del 24 de enero convocada por la CGT. Luego de casi una semana se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional que se hará efectiva si no cumple con lo pedido: no volver a protestar.

Según el fiscal Fernando Giunta la detención no fue arbitraria si no que se debe a una reiteración en sus delitos: “Tiene ocho causas por el delito de entorpecimiento del transporte. Como esos delitos son in fraganti y la reiterancia está clara, se procedió a la detención.” El Código Procesal Penal de Mendoza, modificado por Alfredo Cornejo, establece la reiteración como causal de detención y mantenimiento en prisión hasta que se produzca una sentencia. “Es una figura inventada” declaraba hace un año Víctor Da Vila, otro miembro del Polo Obrero quien también se vio afectado por las detenciones de la marcha de la semana pasada, pero fue liberado bajo fianza. “Cualquier persona puede denunciar a un vecino reiteradas veces y esa persona ya es detenida”.

Martín Rodriguez. Foto de Archivo / PRENSA OBRERA

El martes 6 de febrero por la mañana se realizó la audiencia de Martín Rodríguez en el Primer Juzgado Penal Colegiado de la provincia. La misma respondía a casos anteriores de cortes de calle, por las cuales se encontraba en libertad con caución y condiciones, a las que se le sumaron los hechos de la semana pasada. La abogada de Rodríguez, Liliana Alaniz, planteó a ANCCOM que no consideran que “movilizarse por sus derechos sea un delito. Seguimos proclamando que el Artículo 194 que reprime con prisión al que impide o estorbe el funcionamiento del transporte es inconstitucional y está siendo aplicado para extorsionar”. Alaniz considera que están frente a una persecución encabezada por Cornejo y la justicia, pero que es acorde a una política de Estado. “La justicia se convirtió en un pelotón de fusilamiento, nos impusieron un juicio que no tuvo una pena de prisión efectiva, pero que sí tiene unos ribetes incómodos para lo que es la actividad de Martín. Seguimos luchando y reivindicando nuestro derecho a manifestarnos”.

El día anterior a su liberación, en las cercanías de la Casa de Gobierno de Mendoza se realizó una conferencia de prensa para pedir por este “rehén, quien no creemos que haya cometido ningún delito”. También se manifestaron contra el protocolo de Bullrich y la política represiva de Cornejo y Juntos por el Cambio. Y reclamaron que Mendoza no sea la avanzada represiva. Entre los presentes se destacaban Romina del Pla y Christian Castillo, diputados nacionales por el Frente de Izquierda, junto a Alejandrina Barry quién es legisladora de CABA por el FITUnidad/PTS y militante de Derechos Humanos; Vilma Ripoll, representantes del Serpaj, de la Secretaría Gremial de la CGT Mendoza y de la AGD-UBA, entre otras organizaciones.

También en la Ciudad de Buenos Aires

Siguiendo con la lista pero ahora en CABA, otros dos detenidos fueron Aníbal Maidana y Facundo Caamaño quienes, además, recibieron una orden de restricción perimetral por parte del fiscal Martín Pellocori, que los obliga a mantener una distancia de mil metros con el Congreso de la Nación. Una medida inaudita, pero que tiene su antecedente en el caso de Marina Schiffrin, docente de Río Negro quien fue detenida en 1997 por interrumpir el tránsito en un puente ubicado en la entrada de Bariloche en una manifestación en defensa de la escuela pública. El resultado fueron tres meses de prisión y la prohibición de concurrir a manifestaciones públicas por dos años.

En diálogo con ANCCOM, el abogado de ambos detenidos, Juan Manuel Combi contó que sus defendidos no pertenecen a ninguna organización y que se encontraban manifestando de forma pacífica contra la Ley Ómnibus cuando recibieron la represión de un grupo de policías motorizados lo que resultó en el impacto de siete balas de goma en el cuerpo de Facundo. Estuvieron detenidos 12 horas en una centro de detención con reclusos de hechos comunes, “luego fueron puestos en libertad ―una libertad entre comillas, vigilada― ya que tienen que concurrir una vez por mes a un juzgado, no pueden salir del país y no pueden ejercer su derecho de protesta”.

Párrafo aparte merecen las detenciones de cuatro mujeres el miércoles 31 por la noche en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se manifestaban en contra de la Ley Ómnibus. Minutos después de ser apresadas, se viralizó un video de una de las detenidas, la militante radical Ivana Bunge, en donde contaba que fueron arrestadas por cantar el Himno Nacional mientras estaban sentadas de forma pacífica en la vereda y que las hicieron dar “dar vueltas” con el patrullero en la madrugada.

 

Un caso más escandaloso aún es el de los jujeños Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas quienes sufrieron una detención el pasado 4 de enero por tuitear y compartir flyers y memes sobre el exgobernador Gerardo Morales.

También lo fue el de Maximiliano Sosa, un hombre en situación de calle y con problemas de salud mental que fue apresado junto a once personas durante las protestas bajo la carátula de presunto atentado y resistencia a la autoridad. Gracias a la ayuda de un grupo formado por abogadas, asambleas barriales, organizaciones y autoconvocados, se presentó un Habeas Corpus que lo puso en libertad el pasado domingo. Sosa fue recibido por Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle en el Hogar Monteagudo. Como señala el abogado Combi en relación a sus defendidos: “Conjuntamente tenemos que trabajar para que de alguna manera vivamos en un país un poquito más justo. Yo apunto a la racionalidad y a que el pueblo argentino pueda darse cuenta que estas detenciones pueden pasarnos a cualquiera”.

 

La política y el deporte – Estuve Ahí

La política y el deporte – Estuve Ahí

Claudio Morresi nació en una familia peronista, tiene un hermano desaparecido y fue legislador y Secretario de Deportes de la Nación. ¿Cómo convivieron los atletas con la política en estos cuarenta años de democracia? El caso de fútbol para todos, el financiamiento de la actividad física y la inclusión social.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
Hacer cine, hacer historia – Estuve Ahí

Hacer cine, hacer historia – Estuve Ahí

Héctor Olivera tenía decidido ser arquitecto hasta que su madre, vestuarista de cine, lo llevó a un set de filmación. Movilizado por esa experiencia, decidió abandonar sus estudios en el Liceo Militar para volcarse de lleno al mundo cinematográfico. La creación del INCAA en 1957 lo animó a fundar, junto a Fernando Ayala, la productora Aries cinematográfica. Bajo ese sello propio, dirigió películas emblemáticas de la Argentina como La patagonia rebelde, La nona y La noche de los lápices.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

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La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

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Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso y Estefanía Hernández.
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Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
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Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
15 años sin Luciano Arruga

15 años sin Luciano Arruga

Se cumplió un nuevo aniversario del secuestro del adolescente que se negaba a robar para la policía. Una marcha lo recordó y exigió justicia.

El acto de homenaje finalizó con la ya tradicional quema de un patrullero de cartón como forma de denuncia y repudio al accionar policial que derivó en la desaparición del adolescente.

 

En la tarde de este sábado 27, bajo el sol intenso de enero, familiares, amigos y militantes de agrupaciones sociales, políticas y antirrepresivas marcharon desde avenida General Paz y Mosconi hasta la plaza Luciano Nahuel Arruga, para recordar los 15 años desde la desaparición forzada del adolescente de 16 años que era hostigado por los policías de Lomas del Mirador por haberse negado a robar para ellos.

Arruga había nacido el 29 de febrero de 1992, era fanático de River y trabajaba en una fundición. Estuvo desaparecido desde el 31 de enero de 2009 hasta el 17 de octubre del año 2014. Con la intensa tarea de difusión de la familia, mientras peleaba para que jueces y fiscales buscaran a Luciano, el país comenzó a conocer la historia de este joven que había sido detenido por la policía bonaerense en una esquina cerca de su casa en el barrio 12 de Octubre. Estuvo desaparecido y su cuerpo apareció cinco años después, enterrado en el Cementerio de la Chacarita, registrado como un NN. Había llegado al hospital Santojanni luego de haber sido atropellado por un auto en General Paz y Mosconi. Su familia cree que fue obligado a cruzar esa vía rápida por los propios uniformados que lo habían secuestrado.

Este fin de semana, diferentes agrupaciones, familiares, amigos y vecinos de Luciano marcharon para volver a pedir el esclarecimiento del crimen con la consigna “sin justicia siempre habrá fuego». La hermana de Luciano, Vanesa Orieta, habló a la multitud que caminaba con sus banderas ocupando varias cuadras: “Es un momento más para recordarlo, pero también es un momento más para poder cristalizar que llevamos 15 años de organización y de lucha intentando llegar a la verdad y a la justicia”. Micrófono en mano, mientras caminaba al lado del camioncito de sonido, agregó: “Por más que la resistencia sea nuestro motor, no corresponde que tengamos que poner tanto el cuerpo para poder saber qué pasó con un joven que se negó a robar para la policía, para conseguir condenas a los responsables materiales y políticos”.

«La causa judicial que investiga la desaparición forzada se mantiene en etapa de instrucción», denunció Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga.

Una vez en la plaza, Orieta diálogo con ANCCOM: “La causa judicial que investiga su desaparición forzada se mantiene en etapa de instrucción, llevamos años denunciando la impunidad ahí y también en el juicio político que emprendimos por las responsabilidades de un juez y dos fiscales, Gustavo Banco, Roxana Castelli y Celia Cejas”. Para ella, es un momento de “poder visibilizar la realidad que sufren niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuando no acceden a sus derechos, y cuando esto repercute sobre sus cuerpos a través de la represión”.

La hermana de Luciano reiteró un concepto que había mencionado durante la marcha. “Violencia institucional es la falta de acceso a derechos fundamentales por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es necesario no desvirtuar con palabras livianas una problemática que se llama represión estatal, que implica graves violaciones a los derechos humanos, por hostigamiento, fusilamientos y desapariciones forzadas”.

Respecto del momento político actual, Orieta apuntó que “todos los gobiernos constitucionales llevaron adelante políticas represivas, por eso tenemos que seguir ocupando las calles exigiendo verdad y justicia por cada persona afectada por la represión estatal. Tenemos que llegar a esa sociedad que pide más patrulleros para decirle que eso no soluciona nada, y no tiene que ver con la democracia”. Y agregó: “Hoy nos toca luchar contra este gobierno de Milei que viene por todo. Algo no hicimos, hay que hacer memoria, fueron 30 mil, el fantasma genocida sigue presente en democracia, o acaso no es violación de los derechos humanos la desaparición forzada, el encarcelamiento, las torturas, las muertes. Por eso seguiremos luchando para que haya un cambio de raíz”

Familiares de otras victimas de la violencia policial acompañaron a la familia Arruga en el acto de homenaje.

Muchos Lucianos

La marcha tuvo el acompañamiento de varias familias que sufrieron la represión estatal, padres y madres que perdieron a sus hijos y estuvieron presentes para pedir justicia por todas las víctimas que sufrieron hechos similares. Según cifras de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), hubo más de 9.000 personas asesinadas por gatillo fácil, muertes en encierro, fusilamientos y desapariciones desde 1983.

Luego de la caminata durante la cual gritaron varias veces “Luciano presente, ahora y siempre”, la mamá de Marcelo “Peca” Rivero, Estela, también diálogo con ANCCOM: “Estamos pidiendo justicia por mi hijo, van a ser 37 años. Siempre vamos a estar presentes, porque es la forma de que haya justicia algún día y esperamos justicia para otros pibes”. Peca tenía 17 años cuando fue asesinado por la policía bonaerense en el Barrio Central.

En el escenario de la plaza del barrio 12 de Octubre, que lleva el nombre de Luciano, la familia de Arruga agradeció por la participación de las personas que se acercaron, y a los medios comunitarios que los vienen acompañando en esta década y media. Uno de los tres hermanos de Luciano, Sebastián, dijo: “Estoy agradeciendo a todos los que se tomaron su tiempo para poder estar acá, concientizando a un barrio que en un momento fue ajeno a las problemáticas que sufría esta familia. Nos encargamos de poner el nombre de mi hermano en lo alto y pedir justicia y esclarecimiento por lo que pasó con él”. Minutos antes su mamá había dicho que está orgullosa de sus hijos, Sebastián acaba de terminar la secundaria y era la primera vez que hablaba. “A Vanesa ya la escucharon, y Mauro está finalizando su carrera”, apuntó.

Fue el principio del emotivo cierre del acto, entre abrazos y lágrimas. Luego vino el show de la cantante y compositora de hip hop Sara Hebe, que hizo bailar a todos y todas. Y finalmente se produjo la tradicional “quema del patrullero”, que en esta oportunidad incluyó algunas maquetas con el nombre de instituciones, que ardieron en el centro del espacio público, tomado esa noche por la evocación de la memoria de Luciano Arruga.