«Los muertos siempre los ponen los mapuche»

«Los muertos siempre los ponen los mapuche»

Testigos clave relataron cómo fue la muerte de Rafael Nahuel en sendas audiencias del juicio por este homicidio, en el que están siendo juzgados cinco miembros de la Prefectura Naval Argentina.

En una nueva audiencia que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, el martes 26 de septiembre dieron sus testimonios Johana Colhuan y Lautaro González Curruhuinca, quienes presenciaron el momento en que el joven mapuche recibió un disparo por la espalda. Por tanto, sus testimonios eran esperados por todas las partes involucradas en el homicidio ocurrido en territorio recuperado en Villa Mascardi, el 25 de noviembre de 2017. Además de ellos, María Nahuel, tía de la víctima, también declaró como testigo. «El pueblo mapuche es preexistente al Estado y los muertos siempre los ponemos los mapuche», dijo sobre el asesinato de su sobrino.

En sus testimonios, Colhuan y González Curruhuinca afirmaron que aquel día un contingente del grupo Albatros de la Prefectura interceptó a un grupo mapuche, abriendo fuego y persiguiéndolos. Rafael Nahuel resultó herido de bala en la espalda, mientras que Colhuan y Gonzalo Coña también sufrieron heridas. Los testigos negaron haber disparado con armas de fuego y afirmaron que se defendieron arrojando piedras.

La audiencia incluyó la declaración indagatoria de dos prefectos, Juan Ramón Obregón y Sergio García, procesados como partícipes necesarios del homicidio. Estos efectivos argumentaron que se vieron superados en número por los mapuches, quienes desconocían el terreno y los atacaron con «lanzas, piedras y disparos de armas de fuego». Afirmaron que tomaron medidas previas al uso de armas letales, como disparos disuasorios con marcadoras de pintura y el lanzamiento de una granada de aturdimiento.

Lautaro González Curruhuinca

La declaración de Johana Colhuan agregó detalles sobre su encuentro previo con Rafael Nahuel en la sede de la Policía Federal de Bariloche –donde estaban detenidas las mujeres tras el desalojo del 23 de noviembre– y su participación en llevar comida y abrigo a los hombres que se habían refugiado en la montaña. Ella y Nahuel fueron testigos de un ataque armado por parte del grupo Albatros.

Por último, Colhuan recordó a Rafael Nahuel como una persona «excelente» que luchaba por mejorar su vida. También reveló que en ocasiones, «él no tenía suficiente leña para calentar su casa en invierno», lo que resaltó las dificultades que enfrentaba.

Lautaro González Curruhuinca declaró con el propósito de proporcionar información sobre la muerte de Nahuel para que sus padres pudieran conocer la verdad sobre su fallecimiento. Él confirmó que fueron atacados a balazos por la Prefectura y que se defendieron con piedras. Nahuel les pidió que lo dejaran morir en el lugar, pero decidieron bajarlo en busca de atención médica. No llegaron a conseguir esa ayuda porque el joven murió mientras lo bajaban del cerro.

 

Johana Colhuan

 

Este miércoles, en una nueva audiencia, Fausto Jones Huala declaró que él y otros miembros de la comunidad mapuche llegaron primero al lugar, donde los disparos resonaban constantemente. Decidieron tomar piedras y lanzarlas hacia quienes disparaban. «Los disparos eran uno tras otro», relató.

En un momento, Gonzalo Coña corrió hacia ellos, herido. Nahuel, a la izquierda de Jones Huala, también fue alcanzado. «Sí, lo vi caer», dijo Fausto. «Al final, Joana también se detuvo a mi lado y vi que se agarraba el hombro».

La confusión reinaba en el lugar mientras las personas gritaban que Nahuel estaba herido. Nadie sabía dónde había sido impactado. «Recuerdo que solo podía agarrarse la ropa y parecía que le costaba respirar», añadió Jones Huala.

Fausto Jones Huala

 

Finalmente, cuando lograron que Nahuel se pusiera de pie, se dieron cuenta de la gravedad de la herida. «Le levantamos la remera y vimos un globo violeta en ese lado», describió Fausto. Rápidamente, improvisaron una camilla con tablas y troncos para llevarlo a un lugar seguro. «Rafa no quería irse, quería quedarse ahí. El peñí se tiraba de la camilla y hacía todo lo posible por no ser trasladado», recordó Fausto. Fue necesario atarlo.

«Creo que habremos tardado unos 40 minutos más o menos, en bajarlo desde el lugar que recibió el disparo»,  dijo Fausto. Mientras descendían, los disparos continuaban, era una amenaza constante.

Fausto también contó sobre como efectivos de la Prefectura Naval Argentina se abalanzaron sobre ellos, los esposaron y los mantuvieron boca abajo durante horas. «Los precintos de las esposas apretaban las manos de Lautaro, causándole dolor».

Horas después, al anochecer, los trasladaron nuevamente y les cambiaron las esposas. Les tomaron muestras de residuos de disparos. «Me dejé tomar las nuestras para que se sepa la verdad, que nosotros en ningún momento habíamos disparado», aseguró Jones Huala, reafirmando su inocencia en medio de la confusión y el caos.

Además, coincidió con el testimonio de Zombory sobre las reiteradas veces que movieron el cuerpo de Rafael: «En ese momento estábamos rodeados solamente de efectivos de Prefectura y eran los que le levantaban la ropa que tenía, le tapaban la cara.». Sobre el tiempo dijo que no sabía precisamente cuántas veces fueron, pero «sí me acuerdo por lo menos que en cuatro o cinco oportunidades que vi, se acercaba gente y miraba».

A lo largo de las dos jornadas hubo momentos de tensión cuando el abogado de la defensa de tres de los prefectos imputados, Marcelo Rochetti, pidió un traductor porque no entendía la palabra «lamien» que los testigos repetían, y que significa hermano o hermana. También se opuso a que describieran cómo era Nahuel, a lo que el presidente del tribunal, el juez Simón Bracco, le recordó que además de testigos eran víctimas y familiares del asesinado.

Como evaluación de estos testimonios clave, el abogado de la querella Sebastián Feudal dijo que los cuatro fueron «claros y contundentes».

Un hito argentino para el mundo

Un hito argentino para el mundo

Organismos y militantes de derechos humanos colocaron en el Museo Sitio de Memoria ExEsma una placa que señala que el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Representantes de organismos de derechos humamos, sobrevivientes, familiares de desaparecidos, entre otros, estuvieron en el acto por el descubrimiento de la placa por la declaración del Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti; la directora del Museo, Mayki Gorosito, abuelas de Plaza de Mayo y un amplio público que acompañó este hito en la historia de Argentina. La UNESCO ha reconocido el genocidio cometido por la dictadura y a los 30.000 desaparecidos, en un contexto nacional en el que, el negacionismo se instaló en medio de la campaña electoral.

Estela de Carlotto habló con ANCCOM y se refirió a que la lucha no tiene edad. «Voy a cumplir 93 años y voy a seguir luchando, y mis nietos chiquitos también están luchando, porque hacen señas, dicen slogans de lo que es la lucha por la verdad, la memoria y la justicia». También destacó que intenta en la familia y fuera de ella «enseñar que la vida es linda, que hay que aprovecharla y vivirla, pero siempre con el corazón limpio, la maldad solo sirve para eso, para ser maldad».

Durante el acto Liliana Pelegrino, sobreviviente de la ESMA, remarcó que «ser sobreviviente no significa poder hablar en público, no siempre es tan fácil» y mencionó el amor profundo que tiene por las madres, abuelas e hijos, y todos los que llevaron la lucha años tras año. También se refirió a lo vivido en su generación y destacó que hay que tener fuerza y voluntad de resistencia para pasar por lo que atravesaron quienes lucharon para salir adelante luego de haber vivido en carne propia el terrorismo de Estado. Además, subrayó su emoción por la declaración de la UNESCO: «Es importantísimo este reconocimiento», recalcó.

Juan Pablo Moyano, nieto restituido, también habló con ANCCOM y destacó la emoción que le despierta estar ahí para vivir este suceso: «Para mí es un antes y un después, como dijo Horacio, algo que aprendimos a luchar de las madres, de las abuelas. Hoy somos ejemplo en el mundo como nación en materia de derechos humanos. Y también es un alivio poder contar con esta distinción en estos momentos».

Durante el acto y el descubrimiento de la placa, Horacio Pietragalla Corti indicó que «esto no es solo un reconocimiento a lo que cuentan estas paredes sobre el terror que se vivió acá. Es un reconocimiento de la existencia de los golpes de que sufrió Latinoamérica y de ese plan macabro que perpetró Estados Unidos para la región a través de la Escuela de las Américas».

Taty Almeida también recordó aquel momento en el que se enteró de la votación del Comité del Patrimonio Mundial y señaló que lloraron de alegría por el reconocimiento «cuando nos enteramos de esta tan esperada noticia por parte de la UNESCO. Estaba en casa y tenía algunas llamadas. Veo y dice, la UNESCO. Empecé, lloraba. Juntamente, con este reconocimiento, se demuestra que hubo un genocidio y que son 30.000. Y yo estoy segura que Alejandro y los 30.000, desde algún lugar, están compartiendo este momento». Y afirmó que van a seguir resistiendo por la lucha y que «a pesar de los bastones y las sillas de ruedas», siguen de pie.

La nieta restituida Victoria Donda, exmiembro de la Cámara de Diputados de la Nación y extitular del INADI, también habló con ANCCOM. Con lágrimas en los ojos relató la alegría que sentía: «La verdad que para nosotros es una alegría que UNESCO reconozca a la ESMA como Monumento de la Humanidad, como un sitio histórico, es reconocer también el genocidio de Estado».

Un cierre emotivo, con las voces en alto diciendo «30.000 compañeros desaparecidos, presente, ahora y siempre». Se reunieron en la puerta del Museo Sitio de Memoria ESMA, a todos los trabajadores, nietos, abuelas, madres, sobrevivientes, etc., para compartir una foto grupal que quedará en la memoria de este día que marcó un antes y después por la declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

 

Uno de los responsables de la desaparición de Andrés Núñez vuelve a la cárcel

Uno de los responsables de la desaparición de Andrés Núñez vuelve a la cárcel

El expolicía Jorge Alfredo González volvió a ser detenido a 33 años del secuestro y posterior asesinato del futbolista platense, uno de los primeros casos en democracia.

A 33 años de la desaparición forzada del futbolista Andrés Núñez en La Plata, el expolicía Jorge Alfredo González, involucrado en su tortura, volvió a ser detenido luego de una libertad condicional que duró casi un año. ANCCOM conversó con el autor del libro sobre la historia de Núñez y respecto a las desapariciones en democracia.

En la noche del 27 de septiembre de 1990 se lo vio por última vez a Andrés Alberto Núñez, quien fue detenido ilegalmente por cuatro policías vestidos de civil con el pretexto de estar buscando al ladrón de una bicicleta. Jorge Alfredo González, Pablo Martín Gérez, José Daniel Ramos y Víctor Rubén Dos Santos, a bordo de un Fiat 147, buscaron a Andrés en su casa de Villa Elvira. Lo golpearon y lo metieron en el interior del auto para llevarlo, esposado, a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Allí, ya en la madrugada del 28, lo torturaron hasta provocarle la muerte.

Posteriormente, los oficiales de la Policía Bonaerense incineraron su cadáver en una estancia ubicada en la localidad de General Belgrano. Fue recién en agosto de 1995 cuando, a partir de las declaraciones del policía José Daniel Ramos que revelaron información acerca de dónde estaba el cuerpo de Andrés -para beneficiarse en la causa judicial-, se encontraron los restos del desaparecido.

Pablo Morosi, periodista que escribió Un tal Núñez, el caso del primer desaparecido por la Bonaerense en la democracia recuperada, cuenta que “fue un caso que repercutió muy fuerte porque todos los ciudadanos estaban viendo una ventana que se volvía a abrir luego de la dictadura. Era encontrarse, ya en democracia, con las instituciones funcionando en el caso de una desaparición.” Indica, además, que “se dio un cambio cultural a partir de este tipo de casos de abuso y de brutalidad institucional”

En el año 2010 se probó que el sargento González, a instancias del subcomisario Ponce, le puso una bolsa de nylon en la cabeza a Núñez, aplicándole la tortura del “submarino seco”. Por lo tanto, en un juicio llevado a cabo en ese mismo año la justicia platense condenó a prisión perpetua a Jorge Alfredo González junto a Víctor Dos Santos, quien ya falleció. Dos años más tarde detuvieron y condenaron, también a perpetua, a Luis Raúl Ponce. Sin embargo, la condena impuesta al primero había sido anulada el 28 de noviembre de 2022.

El último viernes 8 de septiembre la jueza de ejecución penal de La Plata, Laura Lasaga, debió dar marcha atrás sobre sus pasos y revocar la libertad condicional que le había concedido al expolicía bonaerense, González. El sargento había sido detenido en 2010 por “privación ilegal de la libertad calificada” y “torturas seguidas de muerte” para luego ser liberado el año pasado por «buena conducta».

Se logra una instancia de justicia, pero no es completa. Hasta la fecha se han realizado muchos actos y marchas en búsqueda de la justicia por la desaparición de Núñez. Pasaron 33 años de aquella noche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre y, más allá de la reciente detención del ex policía González, aún resta la sentencia para Pablo Martín Gérez, que sigue prófugo y no hay noticias sobre su posible paradero. “El Estado hace 33 años no lo puede ubicar, aun conociendo su nombre y donde viven sus familiares”, afirma Morosi.

La desaparición forzada de Andrés Núñez cuenta, además, con otros responsables acusados de encubrimiento: Ernesto Zabala, César Carrizo y Gustavo Veiga, de quienes se espera que se lleve a cabo un juicio oral, y los fallecidos Oscar Silva y Pedro Costilla. Al margen de lo que habría sido una posible sentencia quedaron Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Juan Kaldlugowsky y Eduardo Fraga. Varios de ellos quedaron libres de cargo a partir del accionar de los jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que decidieron desprocesarlos en 1997. “Se pudo señalar a un grupo, aunque todos sabemos que no es el conjunto completo. Las maniobras de encubrimiento funcionan así. En un principio se procesó a 180 miembros de la Brigada pero ese número fue reduciéndose”, señala Morosi.

La compañera de Andrés, Mirna Gómez, lucha desde el día del asesinato de su pareja contra la violencia institucional, denunciando la continuidad de las desapariciones en democracia y las encubiertas del Estado cuando un hecho de represión policial vuelve a tener lugar. Fue la misma Gómez quien, representada por el abogado Manuel Bouchoux, presionó a la jueza Lasaga a darle cese a la libertad condicional que González gozó del lunes 28 de noviembre de 2022 al último 8 de septiembre.

El tiempo y las prácticas clandestinas del Estado a través de su policía fueron dando cuenta de otros casos similares al de Andrés, ya sea previos o posteriores. A raíz de las investigaciones realizadas sobre otros acontecimientos de violencia institucional se pudo comprobar que hubo aún más asesinatos de esta índole. “Recién en el año 1992 aparece la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) para reunir a familiares y denunciar situaciones de gatillo fácil o desapariciones en las que la policía había participado. Ese registro lo empiezan a hacer estas organizaciones no gubernamentales. Hoy por hoy no tenemos uno oficial hecho por el Estado”, reclama Morosi. 

El caso de Núñez es el primero desde el retorno a la democracia del que haya constancia de una efectiva detención ilegal por parte de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, pero no es el primero ocurrido desde 1983. El 24 de diciembre de ese año, el joven José Luis Franco fue visto cuando era detenido, en la ciudad de Rosario, por el comando radioeléctrico que lo trasladó a la comisaría 11ª. Un hábeas corpus que denunció su desaparición tuvo resultado negativo. Tiempo después, su cuerpo masacrado apareció en un descampado y la policía provincial comunicó que fue “muerto en un enfrentamiento”. Según publicó la periodista Adriana Meyer en su libro Desaparecer en democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina, “apenas catorce días después de la asunción del presidente Alfonsín, se inauguraba así la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia, que suma más de 200 casos”.

Para Morosi, “en ningún momento el Estado asumió que tenía un problema. Decía que ‘eran casos aislados’. Con el paso del tiempo se demostró que lo tenía y lo tiene por no haberlo asumido en tiempo y forma y no haberlo revertido desde el punto de vista formativo”.

 

Señalizaron un centro clandestino de detención

Señalizaron un centro clandestino de detención

En el municipio de Malvinas Argentinas, nominaron a La Casa del Cilindro como un sitio de memoria, por donde pasaron hombres, mujeres y niños secuestrados por la dictadura militar.

Bajo la órbita de la Guarnición Militar Campo de Mayo, zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura (1976-1983) funcionó La Casa del Cilindro, un centro clandestino de detención por el que pasaron hombres, mujeres y niños.

Por su cercanía con El Campito, centro de tortura ubicado dentro de Campo de Mayo, se cree que este espacio, demolido en 1995 bajo la intendencia de Jesús Cariglino, funcionaba como cárcel clandestina y transitoria por el que pasaron cientos de personas perseguidas por su militancia política, social y sindical, antes de ser trasladados a otros centros del horror o dispuestos en comisarías para ser “blanqueados”.

“Este lugar se llamaba así porque Aurelia Elvira Tejerina, una de las pocas sobrevivientes que pasaron por acá, lo describió como una construcción de forma cilíndrica desde donde salían cadenas que engrillaban a hombres y mujeres”, remarca Silvia Burgos, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Malvinas Argentinas durante el acto de descubrimiento de la señalización del espacio de memoria, realizado el sábado 23 de septiembre, por la mañana, en el Batallón 601, hoy predio municipal.

«Mi madre vio gente engrillada y mutilada. Escuchó a un niño implorando por su abuelo, quien estaba siendo torturado. Tuvo que soportar un simulacro de fusilamiento antes de ser liberada y vivir en democracia con la aberración de ser tratada de maniática”, recuerda Yamila.

El terrorismo de Estado desplegó una estrategia de control y represión dirigida especialmente al movimiento obrero y sindical, que tuvo un fuerte impacto en esta región,  donde existía un polo industrial.  La Casa del Cilindro se encontraba en la Zona 4, bajo el mando del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo, predio ubicado a poco más de cuatro kilómetros de allí.

Si bien El Cilindro estaba dentro del Batallón 601, a diferencia de El Campito, estaba rodeado de barrios obreros, como por ejemplo el Barrio Textil o el Barrio Gráfico, entre otros, y se encontraba a pocas cuadras de los centros comerciales de las ciudades de Los Polvorines y Pablo Nogués, ambos conectados por las vías del Ferrocarril Belgrano Norte. Pero además, en cercanías del Batallón funcionaba un cuartel de bomberos, el hospital municipal y la escuela primaria pública. Es decir, que el predio no se encontraba aislado.

“A mi mamá la secuestraron desde su hogar de Pablo Nogués. Fueron militares encapuchados, vestidos de civil, utilizando una camioneta y tres autos Ford. Cuando la trajeron a El Cilindro reconoció el lugar porque sintió las sirenas de los bomberos y el paso del tren», declara Yamila Tejerina, hija de Aurelia Elvira Tejerina quien, junto a Carlos Banchero, fue una de las pocas sobrevivientes de la Casa del Cilindro que pudo aportar su testimonio. Yamila agrega: “Durante todas las gestiones municipales hubo silencio hasta ahora. El ocultamiento y el silencio es volver a la tortura, a la desaparición».

Yamila Tejerina, hija de Aurelia Elvira Tejerina, una de las pocas sobrevivientes de la Casa del Cilindro.

«Mi madre vio gente engrillada y mutilada. Escuchó a un niño implorando por su abuelo, quien estaba siendo torturado. Tuvo que soportar un simulacro de fusilamiento antes de ser liberada y vivir en democracia con la aberración de ser tratada de maniática”, recuerda Yamila. Actualmente se desconoce la cantidad de personas que pasaron por La Casa del Cilindro, debido a que se estima que fue un lugar de tránsito, apéndice de El Campito.

“La señalización es importante porque tiene que ver con un reclamo histórico de los organismos de Derechos Humanos. Este lugar ya estaba señalado, muchas personas sabían lo que pasaba, sólo faltaba que el Estado lo reconociera”, dice Lorena Battistiol Colayago, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y señala que “por acá pasaron más de 5.000 personas. Este es un número que sigue siendo investigado por la criminalidad que tuvo la Guarnición y la Zona de Defensa 4. Pensá que, así como existió El Cilindro, también existían comisarías, cementerios en donde enterraban los cuerpos de manera clandestina, o lugares de masacre.  Campo de Mayo es el lugar más emblemático de la región por la propia estructura que tenía: contaba con un hospital para recibir a las embarazadas y robarles su bebes, un aeródromo para deshacerse de los cuerpos, y un territorio tan grande, que aún falta explorar, y en donde cabe la posibilidad de que estén los cuerpos enterrados”.

 

Salvador Barreto y las armas de Perón

De profesión carpintero, Salvador Tomás Barreto era un militante de la Juventud Peronista que vivía a media cuadra de la estación de Pablo Nogués y a dos cuadras de la Ruta 197 (frente al Batallón 601). Trabajaba durante el día en una carpintería de Olivos y por las tardes era alfabetizador de adultos en villas de Beccar, Provincia de Buenos Aires. Pero además, en esos barrios humildes, ayudaba a reparar muebles rotos que otros pobladores le traían. 

A Salvador lo secuestró un grupo de tareas, integrado por unos diez hombres vestidos de civil, el 8 de noviembre de 1978. Se lo llevaron de su hogar frente a su esposa y sus hijos de 16, 8 y 6 años. “Llovía. Eran las diez de la noche y tocaron fuerte a la puerta. Mi hermanita, que en ese momento tenía 8 años, abrió sin temor pensando que era un familiar  y entraron hombres armados”, recuerda Patricia Barreto, su hija mayor.

Una vez que ingresaron a su hogar, la patota inició la requisa increpando a Barreto por la cantidad de libros que había en la casa. Salvador efectivamente era un ávido lector que no había podido terminar el secundario a raíz del golpe de la autodenominada Revolución Libertadora. “Frente a esta situación mi papá les mostraba sus manos calladas, para que le creyeran que era solo un carpintero, y ellos le decían que un obrero no podía tener tantos libros”, detalla Patricia.

 

Luego de un intercambio entre el grupo de tareas y Barreto, este les imploró que no le hicieran pasar vergüenza frente a su familia. Fue en ese momento cuando uno de los secuestradores accedió a su pedido y solicitó a la mujer de Barreto que fuera por un abrigo. Seguidamente le quitó a Salvador el reloj y su alianza y se lo entregó a su esposa. Salieron del domicilio caminando hacia la esquina. De acuerdo a testimonios de vecinos, lo subieron a una camioneta, tipo ambulancia, que esperaba allí, tal vez por la calle de tierra, tal vez por la lluvia o simplemente porque era el modo de operar.

Según Patricia “pasaron unos 15 minutos y regresaron sin mi papá a buscar libros de Perón y no encontraron nada. Nosotros pensamos que lo iban a liberar pero nunca más lo vimos. Por el poco tiempo que demoraron ahora creemos que tal vez se lo llevaron a la Casa del Cilindro”.

En aquellos años la casa de la familia Barreto estaba en construcción y Salvador había llegado a ocultar sus libros en el piso de la habitación, bajo un placard que él mismo fabricó. Muchos años después, uno de sus hijos, hizo una reforma y al romper la carpeta aparecieron. “Estaban todos rotos porque el paso del tiempo los había destruido. Esas eran las armas que había en casa: los libros de Perón”, remarca Patricia y agrega: “Me gustaría que se recuerde a mi padre como un trabajador, un trabajador que también fue un intelectual porque se la pasaba estudiando.  Él amaba a Rosas, a la patria y al campo popular y aún lo puedo ver en casa sentado a las 4 de la mañana leyendo con el calentador Bram-Metal debajo de sus piernas”. Salvador tenía 40 años cuando se lo llevaron y hoy permanece desaparecido.

Bailarines que buscan gente

Bailarines que buscan gente

Pañuelos blancos, imágenes de desaparecidos y diversos registros históricos acompañaron la puesta en escena del VII Festival Internacional de Danza por la Identidad.

El Festival Internacional Danza x la Identidad (DXI), un evento autogestivo de construcción colectiva, reunió el pasado domingo en el CCK a aficionados y artistas en un escenario de discusión política en torno a la danza. En el marco de los cuarenta años de la restitución de la democracia argentina, el arte y la memoria se unieron con el fin de rememorar los procesos sociales y a las personas que permitieron la restitución de las identidades de los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. 

Cuerpos en movimiento, archivos históricos y pañuelos blancos resumieron el espacio de encuentro y reflexión entre arte e historia vista desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos. La intención del festival, según sus organizadoras, es continuar acompañando la lucha impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de la identidad de nietas y nietos.

El espectáculo presentado contó con cuatro producciones donde el lenguaje poético de la danza actuó como una herramienta constructora de pensamiento y acción. “El tiempo en que te busco”, una producción de DXI, dio inicio al festival. «Madres del Amor», de Zainas Danza, continúo con el show y, a través del uso de las voces de represores y víctimas en el contexto del Mundial ´78, le recordó a la audiencia que los desaparecidos de la dictadura son tan nuestros como el tango, el folklore o el fútbol. “Solo tu imagen se aleja (no, no nos olvidan)” y «Haroldo Logiurato» le siguieron respectivamente para que, cerca de las 20, se diera por concluido el espectáculo.

“No olvidamos que falta recuperar nietos y nietas, tenemos que reafirmarnos más que nunca que de esta manera queremos vivir; que es con todos y con todas” comentaba Yamila Cruz Valla, creadora y coordinadora general del equipo de producción de DXI. “El festival está con mucho cuerpo gracias al aporte del sector de la danza, que está comprometido y que encuentra un lugar para manifestar sus posiciones políticas entendiendo que deben ser parte de la política al acompañar la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo”.
Según la organización del evento, la propuesta está en sintonía con “una valoración de los nuevos discursos, cruces y estéticas del lenguaje de la danza escénica en resistencia contra la imposición de modelos culturales hegemónicos”. Derechos humanos, identidad, ambiente, géneros, mujeres, diversidad sexual, pueblos originarios y discapacidad son algunos de los ejes que rigen la creación de estos espacios democráticos.
El Festival Internacional Danza x la Identidad cuenta con el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo, Universidades Nacional de La Plata y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Además, ha sido declarado de interés por numerosas instituciones y el Concejo Deliberante de la Ciudad de La Plata en varias oportunidades. Con sus fechas en la ciudad de La Plata el 6 y 7 de octubre el festival DXI dará por concluida su séptima edición.

Encadenados y en huelga de hambre

Encadenados y en huelga de hambre

Los integrantes del Malón por la Paz continúan sus protestas en Buenos Aires contra la reforma constitucional jujeña. Uno de los indígenas que realiza la huelga de hambre denunció que necesita que le controlen los signos vitales y el SAME no lo hizo. Además, los organismos de derechos humanos presentaron una denuncia por la represión del gobernador Gerardo Morales.

Representantes de comunidades indígenas del norte del país exigen una respuesta del Congreso de la Nación al planteo de inconstitucionalidad de la reforma impuesta por el gobernador Gerardo Morales hace tres meses. “Les pedimos que sesionen e intervengan la provincia para que podamos vivir en paz”, afirmaron.

En las puertas del Congreso de la Nación, más precisamente en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, el Tercer Malón de la Paz, compuesto por miembros de diversas comunidades indígenas de la región norteña, se asentó con la intención de llamar la atención de las autoridades y obtener una respuesta a sus reclamos.

Dado que la reforma de la Constitución provincial llevada adelante por Morales el pasado 20 de junio los afectó duramente, decidieron viajar hasta Buenos Aires, en busca de una contestación por parte de la Justicia. Estuvieron frente a Tribunales y en Plaza de Mayo haciendo una “permanencia”, porque el gobierno de la Ciudad no les permitió instalar carpas.

“Gerardo Morales impuso una reforma de forma ilegítima, burlando la normativa de la Constitución de Jujuy e incluso la mismísima Constitución Nacional”, sostuvo en diálogo con ANCCOM Marcelino Sulca, integrante del Tercer Malón y habitante de la región de Humahuaca. “Los territorios de los pueblos originarios son intocables. No se pueden embargar ni vender. Si quieren trabajarlos o desean hacer uso de los recursos naturales del suelo, tienen que consensuar con nosotros e informarnos de sus intenciones. A lo largo de este proceso, eso no se respetó” agregó.

Frío, hambre y sueño

 

El martes 19 de junio, desde las 11, algunos integrantes del Malón resolvieron encadenarse a las puertas del Congreso y comenzar una huelga de hambre. Tomaron esta medida de fuerza con la esperanza de que se produzca un cambio de actitud por parte de las autoridades. “Allá están nuestros compañeros encadenados, reclamando que se termine esta injusticia. Tenemos frío, hambre y sueño, pero no nos rendimos. No hay una respuesta aún, pero seguimos luchando” aseguró Sulca, asintiendo con seguridad.

Néstor Jerez, uno de los que realiza la huelga de hambre, denunció este lunes, a través de un video difundido por la Revista Cítrica, que necesita que le controlen los signos vitales. Pero la médica del SAME no lo hizo.

 Para el Tercer Malón, ha quedado a la vista que el sistema no atiende a las necesidades e inquietudes de la población. “Parece que al Estado no le importa, pero deberían actuar, porque para eso los hemos elegido y para eso se les paga” comentó Sulca. “Si quieren hacer negocios y no desean ayudar a la gente, no deberían dedicarse a esto”, agregó.

 Tras ser víctimas de sucesos represivos en San Salvador y otras ciudades y pueblos de Jujuy, los maloneros expresaron que desde que arribaron a Buenos Aires e iniciaron su vigilia frente a la Corte Suprema, el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta les impidió colocar baños químicos o carpas para protegerse del clima hostil. Pese a que la policía porteña haya intentado desalojarlos, destacan el accionar de la gente de Buenos Aires: “Estamos agradecidos con la gente de por aquí que frena para brindarnos su ayuda solidaria en forma de donaciones”.

 En tanto, estos representantes de varios pueblos originarios se reconocen como protectores de la naturaleza y la soberanía nacional, consideran esencial defender las bases del poder comunitario e interceder por la continuación de las vías democráticas para la resolución de conflictos. En ese sentido, afirmaron que no piensan abandonar la lucha: “Nosotros seguiremos marchando, expresándonos y cantando nuestras melodías. Si observan bien, notarán que son canciones de protesta que están dirigidas a concientizar al conjunto de la población. Queremos que nos conozcan, que nos escuchen, que nos vean”. Mientras hablaban con ANCCOM sonaban los bombos y las voces cantoras haciendo eco en el viento.

Sulca y sus compañeros y compañeras encadenados pusieron en evidencia que sus derechos están siendo vulnerados y sus reclamos ampliamente ignorados por las autoridades. De hecho, fueron solo muy pocos los diputados que los recibieron, hecho que puede ser considerado como una muestra de la impunidad de un Estado ausente.

Si bien múltiples notas fueron presentadas, las demandas de los sectores aborígenes todavía no están en el temario. No obstante, sus reclamos lograron que el Gobierno nacional creará la “Comisión de Investigación, Análisis y Recepción de Datos sobre la Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy”, la cual aún se encuentra en proceso administrativo de conformación.

Por su parte, una veintena de organizaciones de derechos humanos presentó una denuncia en la justicia federal para investigar las acciones llevadas adelante por Morales y otros dirigentes y funcionarios políticos en el marco de las protestas acaecidas contra la aprobación de la reforma de la Constitución jujeña. La presentación afirma que en Jujuy fue “brutalmente reprimido” el derecho a la protesta, así como también explica que se desplegaron múltiples acciones violentas contra una infinidad de personas que estaban ejerciendo su derecho a la libre expresión, que estaban manifestándose por sus ideales. En esos días hubo detenciones y allanamientos ilegales, golpes, torturas y personas heridas de gravedad, sobre todo en el rostro y ojos.

Inconstitucional e inconsulta

En junio el gobierno de Gerardo Morales aprobó la reforma Constitucional, que incluye la restricción a la libertad de protesta. La decisión, tomada de manera sorpresiva e inconsulta en el marco de un fuerte operativo represivo, fue resultado de una votación unánime en la Convención Constituyente. No obstante, los diputados de izquierda no estuvieron presentes. Mientras se llevaba a cabo la votación, en las cercanías de la Legislatura, una multitud marchaba con antorchas expresando su rechazo a las políticas puestas en práctica por Morales. Este fue el caso de los docentes, quienes elevaban la consigna “Arriba los Salarios. Abajo la Reforma”. Hoy, tres meses después, la lucha continúa tanto en Jujuy como en la Ciudad de Buenos Aires.

Los pueblos originarios sostienen que la normativa resguarda los intereses de las multinacionales y favorece el avance del extractivismo. A su vez, los interpela negativamente, dado que atenta contra la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. “La reforma nos perjudica, empeña el futuro de nuestros hijos, la legalización del saqueo de los recursos naturales, el despojo de nuestras tierras” expresó al respecto Jorge Angulo, referente del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki.

El Tercer Malón de la Paz sigue acampando a las afueras del edificio a la espera de una resolución del máximo tribunal. Pese a las condiciones adversas, sostienen su plan de lucha. Permanecen allí noche y día, a sol y sombra, unidos en una lucha con la fuerte convicción de que pronto serán escuchados y podrán volver a sus tierras: “De acá no nos vamos sin una respuesta para nuestro pueblo. Ya lo hemos decidido. Si nos dan una respuesta, nos vamos de inmediato. No tenemos la intención de quedarnos aquí, pero las cosas no pueden continuar así”.