«Cualquiera que haga periodismo de investigación puede ser tildado de espía»

«Cualquiera que haga periodismo de investigación puede ser tildado de espía»

Como parte de una jornada simultánea de actos en todo el mundo, periodistas y activistas reclamaron ayer en Plaza de Mayo la libertad de Julian Assange, creador de Wikileaks, detenido en Londres y con riesgo de ser extraditado a Estados Unidos.

Activistas y organizaciones de Derechos Humanos realizaron ayer concentraciones en más de 60 ciudades de todo el mundo para exigir la liberación de Julian Assange, periodista y creador del sitio de periodismo de investigación Wikileaks. En Buenos Aires esta acción, conocida como el día «D», tuvo lugar por la tarde de este martes en la Plaza de Mayo. Santiago O’Donnell, periodista y autor de los libros Argenleaks y Politileaks, participó como orador en la convocatoria. «Hay que derrotar la noción mentirosa de que Assange es un espía. Lo están juzgando por ‘robar’ información, pero déjenme decirles que la información no se puede robar. No tiene propiedad. Se accede o no a la información. No es una propiedad, es un saber, como que el sol sale a la mañana», declaró el periodista durante el acto.

Entre ayer y hoy se decide el destino del periodista y fundador de Wikileaks. Assange se encuentra encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Se enfrentará a la justicia británica, que examinará si será o no extraditado a Estados Unidos para determinar si deberá cumplir una condena por haber filtrado documentos secretos norteamericanos a través de su sitio web.

«La batalla por la liberación de Julian Assange es cultural, es política y es judicial, me parece importante decirlo en una plaza donde las Madres han sido llamadas locas y donde un presidente ha dicho que el Estado es el enemigo. Acá es donde tenemos que dar una batalla cultural», declaró O’Donnell.

Con la presentación de Profe Romero, el acto-festival convocó a reconocidas personalidades de la política, el periodismo y los Derechos Humanos, como Alicia Castro y Alicia Simeoni, entre otros, como oradores. Además se sumaron al evento músicos y artistas, como Alejandro Jusim, Azél Milanés o Daniela Tomé.

En una entrevista para ANCCOM Agustín Lecchi, secretario general de Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), declaró que en los siguientes días “se podría definir la extradición a Estados Unidos, donde se enfrentaría a acusaciones por delitos que suman 175 años de prisión. Si el Tribunal de Londres concede la extradición, la defensa de Assange prevé apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”.

Wikileaks, fundada en 2006, tiene como objetivo exponer y vigilar el accionar gubernamental mediante la publicación de archivos oficiales. El 25 de julio de 2010, reveló más de noventa mil documentos que evidenciaban crímenes de guerra en Irak y Afganistán, incluyendo muertes civiles, torturas y violaciones cometidas por el ejército estadounidense. Además, difundió cables diplomáticos que mostraban la influencia política de Estados Unidos en numerosos países.

«El caso de Assange busca ser ejemplificador para que las y los periodistas tengamos miedo de investigar al poder”, concluyó Lecchi.

Desde entonces, la persecución de Assange no ha cesado. Ha estado 13 años privado de su libertad, primero como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres durante el gobierno de Rafael Correa y desde abril de 2023 en la prisión británica donde está recluido en soledad 23 horas al día. Siguiendo a Lecchi, “el ataque coordinado contra Assange, del que participan varios Estados, sus poderes judiciales y las derechas políticas y empresarias, es la demostración concreta de la criminalización del periodismo y el ataque directo al derecho a la información”.

La persecución y encarcelamiento de Assange ha generado preocupación sobre las implicancias para la libertad de prensa internacional. El periodista es un “símbolo del periodismo de investigación que debemos reivindicar. El ataque a las y los periodistas y a quienes opinan distinto de los poderes establecidos se sufre a diferentes niveles, pero el objetivo es el mismo: que no se cuestione al poder establecido. El caso de Assange busca ser ejemplificador para que las y los periodistas tengamos miedo de investigar al poder”, concluyó Lecchi.

Por su parte Celeste Fierro, diputada en CABA por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, declaró a ANCCOM: “Hace años que el gobierno estadounidense persigue a Julian Assange argumentando espionaje, cuando lo que en realidad se está juzgando y queriendo limitar es la libertad de expresión”.

Este es un caso sin precedentes en el derecho internacional. “Estados Unidos quiere sentar precedentes, dar una señal de que está bien poder amedrentar aquellos trabajadores y trabajadoras de prensa de investigación, evitar que indaguen en los asuntos de los distintos gobiernos poderosos que prefieren que no se sepan –continuó Fierro–. Es fundamental levantar y luchar por estas causas que ponen en riesgo derechos como el de la información, al trabajo de las y los trabajadores de la prensa, así como también el derecho a organizarse y a la protesta social”.

Alicia Castro, diplomática y amiga del periodista, destacó que Assange no cometió delitos en Estados Unidos ni en ninguna otra parte. “No es un hacker, no violó ningún secreto, ley, ni contrato –declaró en una entrevista para AM750–. Solo ha democratizado para la vista pública la información que recibía de algunas fuentes. Él tiene una misión: democratizar la verdad. Es un héroe de verdad”. Según aseveró, lo que pase con Assange será decisivo:

“Cualquiera que haga periodismo de investigación puede ser tildado como un espía. Esto no es solo una amenaza para la prensa libre, sino para todos los ciudadanos que reivindicamos el derecho humano de ser informados con la verdad”, concluyó la diplomática.

¿El final del comercio fronterizo?

¿El final del comercio fronterizo?

La liberación de precios impuesta por el gobierno de Javier Milei que provocó la suba de precios generales frenó el consumo de los uruguayos que cruzaban a la Argentina para proveerse de insumos. El caso de Gualeguaychú.

La desregulación económica llevada adelante por el gobierno de Javier Milei desde su asunción el 10 de diciembre pasado encarna una liberación de precios y otra consecuente baja en el consumo de bienes y servicios. Se trata de un volantazo que, si bien tiene efectos sobre la economía en general, también lanza esquirlas al comercio fronterizo, un fenómeno que se había instalado en muchas ciudades argentinas cercanas a los países limítrofes.

Gastón Remy, economista y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, explica que “la liberación de precios es parte de un plan económico del Gobierno nacional que parte de una premisa falsa que es que los precios estarían reprimidos” y añade que, como consecuencia, se permite que “los grandes formadores de precios pongan precios como si viviéramos en Estados Unidos o Europa”. Esta nueva realidad que desencadena la suba de bienes de primera necesidad y combustibles cambió en buena medida una cotidianeidad que parecía instalada en Gualeguaychú: la de haberse convertido en paraíso argentino para los uruguayos, quienes cruzaban la frontera para proveerse de insumos a bajo costo.

La situación actual del comercio fronterizo encuentra su núcleo en una combinación de aristas contradictorias. Según Remy, la devaluación por la que el peso argentino pierde la mitad de su valor llevó al abaratamiento de los productos locales, y la acelerada inflación desencadenó en que este abaratamiento se pierda rápidamente e incluso se encarezcan esos mismos productos con respecto a los países limítrofes.

En enero de este año, el Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay publicó un Indicador de Precios Fronterizos que refleja la diferencia de precios de una canasta representativa de productos entre las ciudades fronterizas de Salto y Concordia. Según la medición, las diferencias porcentuales muestran variaciones que benefician a ambos países dependiendo del producto pero, en rasgos generales, hubo una reducción en la diferencia de precios que puede explicar por qué los uruguayos están dejando de realizar sus compras básicas en nuestro país. Mientras en la categoría que engloba alimentos y bebidas no alcohólicas la diferencia se redujo un 35% desde noviembre pasado y ahora alcanza el 92,9%, la diferencia actual en la nafta es del 65,5% frente a un 177,1% registrado en noviembre.

Se acaban los paseos de compras

 “Los uruguayos ya no vienen como antes. La devaluación del peso, la suba del dólar oficial y la nafta hicieron que ya no les sirva tanto”, explica Juan Carlos García, encargado de la sucursal de Supermercados Malambo ubicada en la intersección de Seguí y Rivadavia. Según García, “los precios nos han aumentado un 100% desde la asunción de Milei” y en el primer mes la baja en el consumo fue notoria.

A pesar del panorama desalentador, García comenta que la suba del dólar blue generó que “los uruguayos de a poquito estén volviendo”, aunque no en las cantidades a las que estaban acostumbrados los gualeguaychenses desde la reapertura de la frontera en diciembre de 2021. García señala que ahora vienen principalmente las familias de mayores recursos en sus autos particulares y no las trafics que durante tantos meses pagaban muchas personas para realizar paseos de compras por la ciudad argentina.

De acuerdo con lo recolectado por el Ministerio de Turismo de Uruguay, el turismo emisivo hacia Argentina descendió en el cuarto trimestre de 2023. Mientras en el tercer trimestre viajaron a nuestro país 1.052.341 residentes uruguayos con un gasto total de U$S 362.995.134, el último estudio que incluye veinte días del gobierno de Milei, la devaluación del 118% y el aumento de precios, muestra un movimiento de 951.991 residentes con un gasto total de U$S 288.736.746. Queda por ver qué reflejarán las estadísticas del primer trimestre de este año. García intuye que el invierno va a ser complicado en la ciudad carnavalera: “Entre algunos uruguayos que vienen a comprar y los turistas que vienen al carnaval más o menos se está moviendo. El tema va a ser después de marzo, para mí va a estar todo muy tranquilo”, comenta.

El combustible de nuestra economía

Las recientes subas en el combustible suman al descenso del movimiento de inmigrantes golondrina. “El último aumento fue el 1 de febrero, del 6%”, cuenta Matías, playero de Cm Combustibles, la sucursal de YPF más cercana a la frontera entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Los precios actuales de Infinia Nafta, Super, Infinia Diesel y Diesel 500 son de $1031, $858, $1098 y $925 por litro respectivamente.

Matías explica que “muchas patentes extranjeras han pasado por la estación, en especial uruguayas” y que “las ventas se han mantenido normales a pesar del último aumento”. Esto puede deberse a la cercanía de la estación con la frontera que une ambos países y con el Hipermercado Carrefour donde los uruguayos suelen realizar el grueso de sus compras.

Esta sucursal, dice Matías, también tiene la particularidad de no contar con precios diferenciados para extranjeros como es el caso de La Rotonda Combustibles de YPF en Gualeguaychú que tiene un surtidor exclusivo para patentes extranjeras que ofrece el litro de Infinia Nafta e Infinia Diesel a $1150, medida que tomó la empresa petrolera a mediados de 2022 como respuesta al faltante de combustibles.

Según García, la devaluación quedó retrasada respecto de los aumentos en combustible y estos, a su vez, desencadenaron “una suba importante” de los precios de los productos. Aún así, los Supermercados Malambo no tuvieron reducción del personal pero sí un achicamiento en los pedidos a proveedores: “Ahora se pide únicamente lo que va a góndola, nada para stockear en depósito”, comenta.

 

Lejos de ser primermundistas

“Hoy sale lo mismo comprar un paquete de fideos acá en dólares que en Estados Unidos o Europa”, dice Remy. La diferencia reside en que se liberaron los precios pero no los salarios ni jubilaciones que “están perdiendo profundamente frente a la inflación y comparado con los países centrales son un décimo más bajos”, explica el economista. Se trata de una transferencia de ingresos de los grupos más desprotegidos al sector de los dueños de las grandes empresas. Según Remy, el panorama actual deja ver una alta inflación con menor actividad, caída del consumo y aumento del desempleo que puede provocar un efecto recesivo en el comercio interior pero no en las exportaciones, que se rigen por la demanda mundial y cuya rentabilidad se ve favorecida por la devaluación. En la medida en que se mantengan congelados los salarios el consumo va a seguir bajando y, explica Remy, la economía argentina va a tener una caída importante que puede llevar a que los sectores más frágiles tengan que reducir su personal e incluso cesar sus actividades. Si bien el turismo carnavalero todavía sostiene el comercio de Gualeguaychú, la temporada de verano está cercana a terminar. La paradoja es que mientras el año pasado se señalaba a los uruguayos como responsables parciales del aumento de precios, ahora es cuestión de tiempo para que se extrañen sus compras que permitirían sostener el comercio frente a una crisis cuyo fin no se vislumbra.

Ante el retiro del Estado en el sistema de salud, emerge la solidaridad

Ante el retiro del Estado en el sistema de salud, emerge la solidaridad

Con el lema “ninguna familia sin salud”, la plataforma Argentina Humana organizó talleres de diferentes especialidades de medicina. La actividad, a la que asistió un numeroso público que fue atendido por los equipos sanitarios voluntarios, tuvo como eje el reclamo contra los recortes del Gobierno de Javier Milei.

En una improvisada sala de espera bajo el sol, dos veinteañeras con una remera que clama “luchando por la salud pública” le hablan a cinco personas sentadas y a unas quince paradas alrededor. Una de ellas se acerca mostrando una botella cerrada con agua amarillenta y larvas de mosquito. La otra explica que desde el año pasado estamos en una epidemia de dengue. La Plaza de los dos Congresos tiene un sol pesado y un calor gomoso a las 16, pero sus primeros metros están llenos de gente y gazebos. Argentina Humana, parte del Frente Patria Grande, vuelve a ocupar la plaza con otra iniciativa solidaria: “Ninguna familia sin salud”.

Manuel Fonseca, médico generalista y coordinador de los equipos de salud de la plataforma Argentina Humana, trata de encontrar una sombra. “Estamos acá para visibilizar los problemas de acceso y atención que tienen muchos argentinos y ponernos a disposición para defender lo bueno que tiene nuestro sistema de salud. Los problemas que tiene no arrancan con Milei, pero todas sus medidas van a empeorar la salud: desreguló los precios de los medicamentos, desreguló las prepagas y desfinanció a las provincias, que son las que se hacen cargo de los sistemas de salud”, dice mientras mira a la gente haciendo fila en los gazebos.

Sólo en la primera hora, más de 200 personas se acercaron a las postas. Entre otras especialidades hay atención y orientación nutricional, otorrino-laringología, atención cardiológica y electrocardiogramas, medición de visión y medicina general. Lorena, una señora de 70 años, está muy contenta con la actividad. Se enteró por la radio y decidió pasar luego de un voluntariado que realiza en la Iglesia San Expedito. Mientras pela una banana, hace la fila para que un generalista le haga el apto físico para poder ir al gimnasio.

Entretanto, en el taller de dengue una señora de 50 cuenta que tuvo mucha fiebre. “Es terrible, pero el chikungunya es peor ¿Saben qué significa? Rompehuesos”, añade Corina, militante de Irma Carrica y trabajadora de la salud, mientras los ojos de su público quedan como huevos duros. Atrás, una bandera colgada reza “al gran pueblo argentino salud” y entre celeste y blanco emerge la imágen del sanitarista Ramón Carrillo.

“Vinimos a darle un mimo a la salud y a la gente que hoy la está pasando muy mal. Ahora estamos en un brote de dengue, así que traje bichitos, huevos, larvas y un mosquito muerto para que la gente los pueda reconocer en su casa, aunque es un tema que tenemos que trabajar todo el año”, declara Corina ajustando sus lentes de sol. “Tener información es un derecho. Es fundamental saber identificar para prevenir”, agrega.

Como lema, los voluntarios repiten: “Brindar información para tener capacidad de decisión”. En la esquina más cercana a avenida Rivadavia, dos de los gazebos están dedicados a la salud sexual. En uno testean el VIH, pero en los dos resuelven consultas sobre métodos anticonceptivos. Médicas con ambos blancos ofrecen folletos y preservativos a personas que pasan y que hacen colas en los otros puestos sanitarios. “Con esto buscamos derribar mitos alrededor de los anticonceptivos, que son por los que muchas personas ni siquiera se acercan a los centros de salud”, dice Soledad Livi, médica de familia, con entusiasmo.

Una de las médicas voluntarias del stand acompaña con los resultados del test a un señor que rondaba los cuarenta años, ofreciéndole preservativos. Le recuerda que por una situación de riesgo, debe volver a hacerse la prueba de VIH en un mes. Con los hombros aliviados, él sostiene el papel con suavidad.

Soledad también se acercó como voluntaria a la actividad: “Cada vez hay más barreras para acceder a la salud: hay pocos turnos, ahora hay más demanda de los servicios públicos y está siendo desmantelada. No tenemos recursos ni medicamentos. En el caso de las mujeres, tenemos mucha demora con la entrega de métodos anticonceptivos, lo que implica un riesgo de embarazo no deseado en una población muy grande”.

Tras un breve pasillo, está el stand de salud mental, que es de los más demandados y de los que más voluntarios convocaron. Rebalsan del gazebo cuatro rondas de sillas, ocupadas por cinco personas. Elena García, licenciada en Trabajo Social, explica el funcionamiento: “Tenemos un dispositivo de primera escucha donde orientamos y asesoramos y después tenemos un taller grupal. La demanda es tanta porque después de la pandemia está más sobre la mesa el tema de salud mental y, si hacíamos una jornada de salud, no podíamos no tenerla en cuenta”. Las rondas de escucha están formadas por profesionales y estudiantes de psicología, trabajo social, psicopedagogía y psiquiatría.

Mientras Elena habla, la psicóloga Mercedes Kopelovich se acerca para añadir: “Proponemos en los espacios individuales y grupales una idea más integral y comunitaria de la salud mental. La idea no es hacer una escucha individual y aportar herramientas o recursos ni referenciar a puntos de salud, sino potenciar los recursos que ya tienen y darle el estatuto de recurso para el tratamiento a cosas que están más en el orden de sentirse parte de un colectivo”. Federico, un treintañero del puesto de problemáticas de consumo, sintetiza la idea: “Hay que armar redes de contención. No se soluciona mandando a las personas a un centro de salud”.

En las primeras sombras que proyecta el Congreso, una médica generalista de ambo azul tiende una manta sobre la vereda y una señora vestida de marrones se sienta formando una “p” con sus piernas. Una salud cercana al pueblo indica cómo tomar medicaciones y recomienda alimentos para diabéticos desde el piso. Dos madres vinieron con sus hijos desde Retiro para que los atiendan por odontología. “En el hospital teníamos que esperar como dos meses”, decían mientras esperaban a un otorrino.

Desde la esquina de Entre Ríos e Yrigoyen, una nena con ventanas en los dientes juega con burbujeros. “Más fuerte hacelos”, le ordena juguetona a una de las voluntarias del espacio de recreación. Mientras la nena intenta agarrar las burbujas, Juan Grabois aparece. La gente se acerca alborotada. Algunos le agradecen, otros le piden fotos y muchos se acercan a saludarlo o apretarle cariñosamente el brazo. A la par de Manuel Fonseca recorre los puestos y habla con la gente.

Un hombre en situación de calle se acerca con sus pertenencias en mano al puesto de hidratación y deja un vaso vacío de jugo al lado de una médica petisa. Ella le toca el antebrazo y con la mirada lo invita a agarrar algunas galletitas. Con la emoción y timidez de quien se siente contemplado con amorosidad, el hombre selecciona tres. La médica sonríe con los ojos.

Un medio de televisión enfoca al dirigente, que reivindica la jornada de trabajo de sus compañeros en un contexto político hostil. Un gran círculo de personas lo rodean para escucharlo. Serios, asienten. Un grupo comenta en voz baja la situación de falta de insumos en los hospitales, incluso en los de renombre.

De repente, un viento de superficie levanta la tela blanca de dos gazebos. Como un manto, una cae sobre el que supo llamarse “Juan 23”, invadiendo el móvil televisivo. Un par de médicas se arremangan con decisión y se trepan a la estructura para volver a colocarlo. En pocos minutos, los gazebos volvieron a su lugar. La tela recuerda que la jornada solidaria está hecha a pulmón, respiración a respiración y codo a codo.

Los rebusques de los clubes de barrio

Los rebusques de los clubes de barrio

Golpeados por la crisis y el ajustazo, los clubes de barrio buscan estrategias de supervivencia. Desde bodegones, hasta el alquiler de salones para fiestas, bautismos, incluso para actividades escolares. El objetivo es sobrevivir y mantener su esencia barrial.

Club Devoto Oeste. 

En una esquina de Palermo hay un club que hace la mejor milanesa de Buenos Aires. Sobre Uriarte y Honduras, el bodegón del Club Eros es una rareza de platos abundantes, tradicionales y baratos en un barrio repleto de turistas y opciones gourmet. Un espacio con 20 mesas sin manteles recibe a familias enteras, y los chicos hambrientos después de jugar al fútbol en la canchita del club se tiran sobre las paneras y la Coca Cola fría. Porque Eros antes que un bodegón es un club social y deportivo, que tiene canchas de fútbol, vóley y clases de tango. Y que, como muchos clubes de barrio en la actualidad, tuvo que ingeniárselas y encontrar la manera de mantenerse en pie. Sobre todo, cuando los aportes de los socios y la ayuda estatal no alcanzan.

Para el Club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield (GEVS) en Floresta la situación es similar. El buffet devenido en bodegón representa cerca del 50% de los ingresos y es su principal fuente de recaudación. Desde que fue concesionado en 2016, se modernizó y duplicó la capacidad del salón principal. Sus platos abundantes, el bullicio de los comensales, los chicos del delivery que no dejan de entrar y salir, los mozos que van y vienen en un sin fin de idas y vueltas caracterizan a esta ya reconocida cantina.

Cuando los bolsillos de los vecinos están flacos por la inflación y los bajos sueldos, lo que se destina a esparcimiento y deportes disminuye. Los clubes de barrio tienen esto muy en cuenta y desarrollan estrategias para seguir brindando sus servicios, sin tener que excederse en el precio de las cuotas, lo que dejaría a muchos socios puertas afuera. Además del recurso de los bodegones, se suma el alquiler de los salones para cumpleaños, bautismos, aniversarios y bailes. También está el ingenio de hacer que estas estrategias se alimenten una a la otra para generar más rendimiento a futuro. A partir de la concesión del bodegón pudimos invertir en refaccionar el salón para poder alquilarlo y generar otra fuente de ingresos, de este modo multiplicamos la recaudación”, contó Fernando Penno, presidente de GEVS.

El club de Floresta, además, alquila sus espacios para que las escuelas realicen actividades de educación física. Penno comentó que “las escuelas utilizan los espacios cubiertos y las canchas. A cambio recibimos un dinero, que es muy escaso, pero lo más importante es hacer una obra social”.

La misma estrategia utiliza el Club Devoto Oeste, que también se preocupa por no dejar a nadie afuera. Nélida Adamenas, presidenta del club, explicó: Nosotros subsistimos por los socios y vecinos. Somos un espacio que fomenta la inclusión, si alguno no puede pagar la cuota lo entendemos porque conocemos el contexto. De todas formas, el dinero no alcanza para mejorar la infraestructura, tenemos lo que podemos y lo mantenemos con mucho esfuerzo”.

Por su parte Carlos Ortiz, vicepresidente del club, expresó: La cuota de socio, al ser una sociedad de fomento, sólo se destina al mantenimiento del establecimiento. Para continuar este proyecto, comenzamos hace algunos años a alquilar los salones que tenemos para celebraciones. Esto nos ayuda a seguir en pie». El club estima que los alquileres son casi el 40% de los ingresos, más que nada en verano cuando se dan más eventos.

Según Ortiz, también es fundamental una buena administración de los ingresos durante todo el año, ya que la temporada alta” de los clubes es en verano y en invierno se resiente la recaudación. Un balance bien regulado los ayuda a subsistir durante todo el año.

Una historia similar tiene el Club Varela Junior, que alquila su salón para fiestas y eventos, tanto diurnos como nocturnos. Según Viviana Sánchez, empleada administrativa, al ser un lugar pequeño no se pueden realizar grandes celebraciones, pero aun así logran alquilarlo: Incluso algunos profesores solicitan el salón para dar sus cursos, eso también nos sirve para financiar el club. Es fundamental para nosotros alquilar el salón para subsistir. Además, todos los años realizan un evento para recaudar fondos, que ayudan a mantener la infraestructura.

Para financiar el día a día también tenemos natación, tenis, cancha de fútbol y pádel que se cobra aparte de la cuota social, explicó Sánchez. En los últimos años, la institución renovó los vestuarios gracias al subsidio estatal que ofrecía el gobierno nacional para los clubes de barrio, hasta 2023. Según la trabajadora: Es un trámite muy burocrático. A veces te aceptan la solicitud y te dan la ayuda, en otras oportunidades eso no sucede. La verdad son más las veces que te dicen que no, que las que te dicen que sí”.

En el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, hay un club que encontró otra manera de financiarse: Unión Fútbol Club ofrece publicidad en sus uniformes y en su cuenta de Instagram. Se trata de algunos sponsorsbarriales, que ayudan a mantener las actividades en pie. Al respecto Analía Picelis, entrenadora del equipo femenino de fútbol, expresó: Las chicas son las que consiguen los anunciantes, conocen algún negocio cerca del club y nosotros les damos la posibilidad de promocionarse. Por esto nos pagan un poquito por mes. Almacenes, negocios de ropa, ferreterías y casas de materiales eléctricos, son algunos de los comercios locales que el club publicita en sus camisetas.

Los clubes son un espacio de inserción y aprendizaje. Muchos niños y jóvenes acuden para hacer deporte pero también para ser parte, no es solo jugar, el club es más que eso. Por eso debemos cuidarlos y ayudarlos para que no desaparezcan, afirmó Osvaldo Jara, periodista y escritor especializado en clubes de barrio.

Alquilar resulta cada vez más dramático

Alquilar resulta cada vez más dramático

Tras la derogación de la ley que desregulaba los alquileres, los precios se dispararon y lse imponen condiciones cada vez más abusivas.

Carolina es mamá soltera de un nene de 5 años y tiene que renovar el contrato de alquiler de la vivienda que habita; el dueño pretende cobrarle más del doble de lo que paga actualmente y por un periodo de duración menor: “Yo no puedo pagar eso: es alquilar o comer”, cuenta también con resignación. No sabe dónde irá a parar si el propietario no afloja en sus pretensiones que incluye actualizarle el precio en base al índice de inflación. Carolina lo vive con una “angustia terrible”, a punto tal que tuvo que empezar una terapia.

La situación de Carolina es una más entre muchas que se repiten con creciente frecuencia. Según el último censo, dos de cada diez hogares del país son alquilados. Allí viven cerca de 8 millones de personas, aproximadamente un 17,5 por ciento de la población. Desde que entró en vigencia el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 hubo cambios en las condiciones para alquilar: ahora es un acuerdo libre entre pares y sin participación del  Estado, donde los plazos de los contratos pueden acordarse entre locador y locatario sin límite legal alguno, se puede pactar el ajuste del valor del alquiler utilizando índices públicos o privados y  determinar cada cuánto se actualizará el contrato. También se eliminó la necesidad de inscribir el contrato ante la AFIP y se habilitó la posibilidad de que el valor del alquiler se fije y se cobre en dólares.

¿Cómo se está dando y viviendo esa construcción de “acuerdos”?

 “Soy una trabajadora administrativa en el Estado y mi sueldo se va casi entero en el pago del alquiler”, dice Aldana.

Si bien desde las entidades de corredores inmobiliarios aseguran a ANCCOM que “con la desregulación de la ley, la oferta de alquileres viene creciendo permanentemente y eso también favorece a los inquilinos al tener más opciones”, hay una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Agrupados que demuestra que los inquilinos sienten angustia, ansiedad y desesperanza.

La situación en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos atractivos para el turismo se agrava aún más con el boom de los Airbnb que permite al propietario percibir mayores ingresos en dólares a través de alquileres temporarios a turistas. Al respecto, solo existe la Ley 6255 que fue sancionada en 2019 que establece la obligación de registrar los alquileres temporarios aunque nadie controla que esto efectivamente suceda. El ex legislador porteño Facundo Di Filippo, al frente del Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI)  realizó en 2022 un pedido de información pública del cual surge la cifra que el número de alquileres bajo ésta modalidad alcanzaría las 70 mil viviendas y que la suma de dinero que puede obtenerse superaba en valor los 700 mil pesos limpios por mes

Pablo, de 31 años, está sufriendo en carne propia la dificultad para encontrar un alquiler acorde a su presupuesto. Este trabajador de diversos medios de comunicación lleva seis meses buscando donde vivir desde que volvió a Buenos Aires. Cuenta que, por ahora, está parando en la casa de su mamá en Ramos Mejía pero ya visitó varios departamentos por la zona oeste del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.

“Mi idea es estar cerca de los transportes al laburo pero se complica con lo que piden por un dos ambientes”, explica con resignación. A Pablo le parece que son disparatados los índices de actualización que le imponen por contrato y que su salario “no aumenta al mismo ritmo”. De esta manera le será imposible sostener el pago dentro de un tiempo no muy lejano.

De esa dificultad habla Aldana: “Soy una trabajadora administrativa en el Estado y mi sueldo se va casi entero en el pago del alquiler”. Ella tiene 29 años y hace poco logró independizarse de forma definitiva. Sacando cuentas rápido, muestra que más del sesenta por ciento de lo que percibió en su último recibo de sueldo se destinó solo al pago del monoambiente donde vive, en el barrio porteño de San Cristóbal. Aldana está preocupada porque, además, con el ajuste peligra su puesto laboral.

Un paso atrás

Para Di Filippo la derogación de la ley de alquileres “es un enorme retroceso” y considera que ahora se venció el discurso público de los medios hegemónicos que habían adoptado muchos inquilinos, por lo que se evidenció que “era de una gran función la ley”. La situación ahora es “totalmente regresiva para los inquilinos”, concluye quien trabajó, durante un año, en el Ministerio de hábitat de la nación para intentar aplicar el capítulo tres de la ex ley sobre alquileres sociales.

La sensación de quienes deben negociar un alquiler en el nuevo contexto es que el esfuerzo no alcanza y eso genera frustración. Bautista se las rebusca como puede, tiene mucha bronca acumulada cuando habla: “Me rompo el culo en el taller y no me sobra ni para tomarme un café”, dice este mecánico automotor y padre de familia que alquila en la provincia de Buenos Aires y todos los días se moviliza hasta su local en Barracas.

Juan Juri, de la asociación Hábitat Para la Humanidad Argentina, asegura que hay una parte de la población que “nunca fue alcanzada por ningún marco regulatorio, que cuando quiere acceder a la vivienda se encuentra con muchísimas trabas y termina alquilando en pensiones o conventillos con condiciones injustas o abusivas”. El especialista asegura que esta situación crece en época de crisis de vivienda y alquileres del mercado formal como en la actualidad.

Según explica Juri, dentro de la ley derogada estaba el programa nacional de alquiler social, que básicamente consistía en una batería de acciones para el acceso a un hogar adecuado. La asociación viene abogando por el alquiler social como política habitacional necesaria para la Argentina y a partir de la sanción de la ley en 2020 empezaron una campaña de “alquiler social ya” que observan que en otros países se aplica y tiene un potencial enorme. Incluso durante la campaña electoral se reunieron en una mesa con referentes de los tres principales partidos políticos nacionales: Unión por la patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

Lo cierto es que el acceso a la vivienda digna es un derecho establecido por nuestra Constitución Nacional, y como tal, no puede dejarse a las libres manos del mercado. No hay ningún indicio de “igualdad” entre quienes poseen propiedades y quienes deben alquilar. El Estado debe nivelar la negociación y disponer de los medios necesarios para que las personas tengan acceso, más aún en una situación económica delicada como la actual. Todo esto ocurre mientras quienes gobiernan niegan que “donde existe una necesidad nace un derecho”. 

 

El precio de la salud no para de aumentar

El precio de la salud no para de aumentar

En todo 2023 los medicamentos aumentaron 319%. Desde que se dictó el DNU 70/2023 que quitó regulaciones y se discontinuaron acuerdos gubernamentales con laboratorios los valores se dispararon aún más. ¿Qué estrategias adoptan los pacientes para poder seguir un tratamiento?

Según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), el precio de los medicamentos más requeridos aumentó un 319,1% entre enero y diciembre del 2023, pero solo en el último bimestre del año pasado subieron otro 90%. El mismo informe también hizo notar que existen diferencias significativas entre los precios de distintas marcas que venden medicamentos muy utilizados, como son “omeprazol (antiulceroso), losartan (antihipertensivo), clopidogrel (antitrombótico), paracetamol (analgésico), ciprofloxacina (antibiótico) ibuprofeno (analgésico), salbutamol (broncodilatador) y enalapril (antihipertensivo)”.
Ceprofar recalcó que estas diferencias se explican por “el bajo cumplimiento y deficiente difusión de la Ley 25.649”, de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico, sancionada en agosto de 2002. La misma indica, en su Artículo 2, que “toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis por unidad, con detalle del grado de concentración”. Lo que sucede en muchas ocasiones es que en las recetas se incluyen las marcas comerciales, incentivando al consumidor a comprar la marca detallada que, además, suele ser la más cara.
Para entender en términos comparativos, en enero de 2023 la variación en los precios de medicamentos había sido de un 4,86% según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, más de un punto por debajo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes, que fue del 6%. Por otro lado, la variación interanual entre enero del 2022 y enero del 2023 estuvo entre el 83,9% en medicamentos de la canasta de 25 drogas más vendidas y el 96% en medicamentos de venta libre, también por debajo del IPC anual que fue del 98,8%. Con varios aumentos en el medio, entre el 18 de agosto y el 31 de octubre de 2023 rigió un acuerdo de precios entre el Gobierno nacional y los laboratorios nacionales y cooperativos que congelaba los valores de los medicamentos. Desde que terminó, los aumentos escalaron en noviembre y sobre todo en diciembre. En sólo dos meses, aumentaron más de un 90%. Quedan por conocer los datos de enero, pero lo que se evidencia en distintas farmacias del país son más aumentos exponenciales.

“Muchos han optado por no consumirlo, o por pedir una tira y discontinuar el tratamiento. Me han pedido antibióticos sueltos también; hace rato que no lo veía», señala Figueroa.

Marina, empleada de universidad pública que vive en la Ciudad de Buenos Aires, registra mes a mes los aumentos de los medicamentos especiales que su mamá necesita por padecer de una enfermedad neurológica incapacitante. Si bien PAMI lo cubre en su totalidad, el aumento desde noviembre fue tal que, por ejemplo, la misma droga, quetiapina, pasó de $27.969 en septiembre, cuando aún regía el control de precios, a $44.310 en diciembre. “Si ella tuviera que cubrir con su jubilación mínima ese medicamento junto a los otros para el corazón, el colesterol o la  presión, no solo no llega a fin de mes sino que encima tendría que conseguir más plata para poder pagarlos”.

 

Con la entrada en vigencia del DNU 70/2023, algunas leyes que regulaban los valores de las cuotas de las prepagas de salud, la actividad farmacéutica y el recetado también se modificaron sustancialmente. Esto impactó directamente en el acceso a la salud de la población debido principalmente a las cuotas de las prepagas, que sin restricción pudieron aumentar los valores y ocasionaron la baja de muchos afiliados.

Otra de las complicaciones surgió a partir de la marcha atrás de un artículo del DNU, que ratificaba la Ley 25.649 de medicamentos genéricos, debido al lobby de los principales laboratorios. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, resaltó que hay obras sociales como IOMA que poseen coberturas fijas y que el aumento quintuplicado de los medicamentos más comunes las volvió inútiles.

Al respecto, el farmacéutico Mariano Figueroa Sobrero coincide en la gravedad del asunto. El también exrepresentante de Comunidad del Hospital Iturraspe de Santa Fe durante 18 años advirtió en diálogo con ANCCOM que las personas recurren a distintas alternativas para poder acceder a los medicamentos. “Muchos han optado por no consumirlo, o por pedir una tira y discontinuar el tratamiento. Me han pedido antibióticos sueltos también; hace rato que no lo veía. Un farmacéutico sabe lo grave que es tomar antibióticos sueltos y no completar un tratamiento, por lo que siempre sugerimos que vaya a un hospital o centro de salud para que no sostengan esa práctica. Y esto también repercute en el sistema de salud público, porque un diabético que discontinúa el tratamiento, por ejemplo, llega al hospital con un coma diabético. Así de sencillo”.

El tratamiento para la diabetes, por ejemplo, requiere de distintos insumos, y muchos de ellos están atados a precios internacionales, como puede ser la insulina. Según datos oficiales, “se estima que 1 de cada 10 argentinos de 18 años o más tiene diabetes y dado que, por varios años permanece sin síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición”. En porcentaje, se estima que la prevalencia es de un 12,7% según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada en 2019.
José Casais, empleado bancario en la Ciudad de Buenos Aires que padece de diabetes tipo 1 que lo hace dependiente de la insulina, cuenta en diálogo con ANCCOM cómo es el día a día de una persona con diabetes: implica medición de glucosa en sangre y al menos una aplicación de insulina diaria. Casais explica que ampliación de la Ley 23.753 de Salud Pública incorporó cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para el autocontrol al 100%: “Si no tuviera la cobertura del Estado, el precio sería prácticamente inaccesible. La insulina común, la llamada lenta, que se aplica una vez por día, sale en promedio $200.000 por mes. Y a la rápida, que acompaña las comidas, se le calcula $100.000 por mes. Como la insulina a aplicarse está en función de la medición de glucemia que tenés, que varía según las condiciones físicas de cada persona, tenés que sumarle el aparato de medición y las tiras reactivas, que sale en promedio $20.000 la caja de 50 unidades. Además, están las agujas descartables para la aplicación de la insulina. Entonces hoy, con la inflación galopante, se calculan mínimo $320.000 por mes”. De no tener la cobertura total o incluso parcial, José estima que un 50% de sus ingresos se irían en la adquisición de la insulina y los elementos necesarios: “¿Qué pasa, entonces, con una persona que percibe un salario mínimo o igual al gasto mensual que acabo de indicar?”. Su temor, como el de muchos que padecen la enfermedad, es un inminente cambio en la ley, como ya sucedió con tantas otras a partir del DNU 70/2023.
El farmacéutico Figueroa cuenta que compañeros suyos que trabajan también en hospitales públicos están viviendo experiencias inéditas: “Está pasando con diabéticos de tipo 1, insulino-dependientes, por ejemplo que hacen un trueque. Se intercambian desde la tiras reactivas sueltas hasta la insulina misma, situación que indica un doble problema: primero, es muy arriesgada porque rompe la cadena de frío que debe respetarse y segundo, que hay gente que no llega a comprar la insulina, ni en los centros de salud ni con la cobertura de las obras sociales. Nosotros como farmacéuticos lo hacemos notar porque queremos que llegue al Ministerio, al provincial, al menos, para que lo investigue y para que empiecen a pensarse políticas de cobertura”. El día anterior a que Figueroa conversara con ANCCOM, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de Pablo de la Torre suspendió la ayuda que brinda la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) a pacientes oncológicos, con enfermedades crónicas discapacitantes o patologías agudas urgentes que no poseen cobertura de salud. El pasado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer.

Cancha libre para los laboratorios

Un informe de la OXFAM presentado en Davos el pasado 15 de enero denuncia que los laboratorios tienen la misma política de aumento de precios a nivel internacional, y que solo se ven limitados en su accionar en aquellos países cuyos gobiernos ejercen políticas de control y regulación de precios. Además, agrega que existen “10 gigantes mundiales de la industria farmacéutica que son resultado de la fusión durante dos décadas de 60 empresas farmacéuticas”. De esta forma, pocos laboratorios se llevan el grueso de las ganancias y profundizan las brechas entre los multinacionales y los nacionales, aumentando los precios desmedidamente. En otras palabras, OXFAM refuerza la idea de que los laboratorios son una empresa que no está interesada en el avance de la ciencia y la medicina, sino que tiene únicamente un fin de lucro.

En Argentina, “ni las farmacias ni los farmacéuticos son formadores de precios. El costo de los medicamentos es una caja de pandora que solo conocen los propios laboratorios: son ellos los verdaderos responsables de los precios”, agrega Figueroa.