¿Vivir? con la mínima

¿Vivir? con la mínima

La situación de las personas adultas mayores que perciben el haber mínimo empeora cada mes: sólo en lo que va del año perdieron más de 7 puntos contra la inflación.

“Fui liquidadora de siniestros, administrativa contable, tuve una empresa constructora, un estudio de administración de consorcios que se fundió, me hice monotributista y finalmente me jubilé con la mínima”, cuenta Patricia, que aportó al Sindicato de Empleados de Comercio, al del Seguro y otros, y que recientemente se retiró. Hoy, a pesar de haber trabajado toda la vida, recibe un haber de 37.524 pesos y pierde por goleada contra la canasta básica y la inflación.

La situación y las preocupaciones de las personas adultas mayores, como insiste en designarlas la comunicadora y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), Mariana Liz Rodríguez, “difieren según las condiciones materiales, según la persona envejece en un barrio popular con carencias económicas, según esta persona sea homosexual, migrante, etcétera, pero lo que los conecta es la preocupación por la existencia misma, aunque no lo podamos llevar a la conciencia”.

Una preocupación más se sumó con el 5,3% de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para junio, que resulta en un 36,2% de inflación acumulada en los primeros seis meses del año. “La situación de los jubilados es crítica y, como viene la perspectiva, el deterioro va a ser mayor”, sostiene el economista y periodista Ismael Bermúdez.

Frente a la inflación sostenida hace varios años en el país, el instrumento vigente de movilidad jubilatoria es el del actual Gobierno -que reemplazó en 2021 a la ley impulsada por Cambiemos-, y que consiste en un índice que contempla en un 50% el crecimiento de la recaudación de ANSES y en otro 50% la variación de salarios, cuyos datos provienen del INDEC y del Ministerio de Trabajo.

“Esta movilidad tiene un defecto muy grande. No tiene una garantía frente a la inflación y, al mismo tiempo, como los aumentos son trimestrales, los jubilados tienen una caída adicional en el poder adquisitivo de sus haberes, o sea, sufren una doble pérdida: dentro del trimestre y luego, cuando viene el aumento trimestral, éste no repone la inflación acumulada”, explica Bermúdez. Por caso, con el último índice de precios y una inflación del 36,2% de enero a junio, los jubilados habrán recibido sólo un 29,12% de aumento, lo que equivale a una pérdida de más de 7 puntos, más la que sufrieron dentro de cada trimestre por separado.

Desde otro ángulo, Oscar Cetrángolo, economista y especialista en finanzas públicas, argumenta: “No hay ninguna razón por la cual las jubilaciones tengan que tener algo que ver con la recaudación tributaria. En los países que hay inflación, la movilidad tiene que ver con precios, con salarios o un combo de los dos, no hay otra variable razonable. Después se puede debatir si el salario que se toma es el propio, o el salario medio, pero es otro debate”.

“Si no fuera por mí, mis viejos no podrían hacer nada”, comenta Gabriela, que se ve obligada a paliar la situación de sus padres que, como otros 4,8 millones de jubilados y pensionados en el país, perciben hasta un haber mínimo. Un esfuerzo que podría considerarse doble si tenemos en cuenta que, como trabajadora activa, Gabriela aporta al sistema previsional, definido como de reparto y basado en el concepto de “solidaridad intergeneracional”, es decir que ella no invierte en su jubilación futura, sino que financia las jubilaciones hoy existentes, en contraste con lo que pasa en un sistema de capitalización individual como son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

“No olvidemos que estamos en un sistema de contribuciones y prestaciones definidas -destaca Bermúdez-, y lo que se vio es que durante años los gobiernos redujeron la contribución patronal, desfinanciando el sistema. Por ejemplo, en la pandemia el Gobierno eximió a sectores o empresas en crisis de pagar las contribuciones patronales. Tampoco hay un combate firme contra la evasión patronal. Hoy te encontrás con gente que dice ‘trabajé aquí, allí, pero no me hacían los aportes’. ¿Entonces qué sucede? Con un 35,40% de trabajo informal, la gente llega a la edad jubilatoria y alguien debe hacerse cargo de ellos”.

Desde su especialidad, la gerontología, Mariana Liz Rodríguez afirma: “Siempre decimos que no se trata de que las personas mayores sean más importantes que otras, sino que son igual de importantes. Todos, en cada momento de nuestra vida, aportamos de múltiples maneras. Reducir a la persona mayor a un gasto es anularla completamente como sujeto de derecho y como sujeto humano”.

“La mirada de la persona mayor no debe ser solamente la de un sujeto de cuidados”, advierte Rodríguez. En su opinión, “la referencia que una persona mayor tiene sobre sí misma es como un espejo de lo que personas de otras edades ven en ella”. “Si concibo a la vejez como una etapa en donde reina el aislamiento, la soledad, la enfermedad, es muy difícil que yo llegue a vieja y no viva la vejez en esos términos”, remarca.

En la Argentina hay 8,6 millones de jubilados, pensionados, y retirados, según los datos del presupuesto 2021, los últimos disponibles. Casi la mitad, unos 4,8 millones, cobran menos del haber mínimo. En este ejercicio, el Estado asignó a la Seguridad Social un 51,5% del presupuesto, 3.981.763 millones de pesos, seguido por Energía (8,8%, 681.929 millones) y Educación (6,4%, 492.623 millones). Se utiliza cerca del 40% del presupuesto en jubilaciones y pensiones y un 7,2% del Producto Bruto Interno (PBI).

Respecto al sistema actual, Bermúdez propone “separar a quien se jubila porque tiene 30 años de aportes y quienes lo hacen por moratoria”. “Que quede explícito que las moratorias se financian por rentas generales y el sistema previsional, en cambio, por los aportes y contribuciones. Si uno excluye a las moratorias y a las pensiones no contributivas, el sistema está dando una relación de 4 a 1, o sea, cada cuatro activos hay un jubilado, y el sistema así sería altamente financiable”, asegura.

Según Cetrángolo, “no se le puede dar un ingreso mínimo, y menos en la situación que está la Argentina, a una familia que tiene ingresos, eso es lo que hace la moratoria, es una estupidez”. “Lo que hay que corregir es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que es la respuesta correcta. El sistema en absoluto es sostenible, está mal diseñado, hay que cambiarlo. Tiene que haber una reforma que no va a dar beneficios en el corto plazo, pero en algún momento hay que hacerla”, subraya.

Para Mariana Liz Rodríguez, al atentar contra los adultos mayores, estamos cometiendo, sin darnos cuenta, un autoatentado: “Debemos tener cuidado porque las personas mayores de mañana vamos a ser nosotros. La única forma de detener ese proceso es morir, y me parece que la mayoría preferimos seguir envejeciendo”, ironiza.

El mercado avanza sobre las universidades latinoamericanas

El mercado avanza sobre las universidades latinoamericanas

Investigadoras y docentes de educación superior describen el avance de la mercantilización de los estudios en la región y alertan que la tendencia está penetrando en la Argentina, a pesar de su tradición pública.

La privatización y mercantilización de la educación superior y su impacto en las condiciones de trabajo docente es una temática que inquieta a distintos investigadores de las Ciencias Sociales, ya que, en el período de pandemia, estas tendencias se profundizaron a nivel global. Según un estudio publicado por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, América Latina es una de las dos regiones más privatizadas del planeta, con más de la mitad de sus estudiantes en el sector privado junto a Asia meridional.

Fernanda Saforcada, Doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Política Educativa, propone tres nudos críticos para entender cómo se expresa esta problemática en América Latina. En primer lugar, explica que asistimos a una híperprivatización de la universidad. En la región hallamos un número mayor de estudiantes en el sector privado que en el sector público. “El sector privado no solo ha ido creciendo y expandiéndose sino que hoy tiene dimensiones mayores que el sector público: 2 de cada 3 instituciones son privadas y 6 de cada 10 estudiantes se gradúan en universidades privadas”, comenta Saforcada en el marco de un conversatorio realizado por CONADU con el objetivo de debatir esta problemática y desarrollar estrategias políticas.

En segundo lugar, la investigadora observa una creciente incidencia del sector privado en los ámbitos de política pública. Para Saforcada, este sector fue construyendo modos de insertarse en los ámbitos de gobierno, en los sistemas universitarios y científico tecnológicos. Por último, explica que se produce un reposicionamiento de algunas universidades privadas. Son aquellas que se identifican a sí mismas como de calidad o más rigurosas, que buscan distanciarse de las universidades masivas, de bajo costo y que tratan de asimilarse con el sector público. “De esta forma, se borra la frontera entre el sector público y privado y se vacía de sentido político lo que es entendido como público. Una de las formas en las que se manifiesta el borramiento de las fronteras es en el financiamiento. Se direcciona al sector privado sin decirse explícitamente, bajo un supuesto de equidad. Los fondos de investigación, las becas para posgrado, de inclusión, el financiamiento de créditos estudiantiles comienza a asignarse en base a criterios de calidad, de rigurosidad científica y eso oculta un redireccionamiento de fondos que antes iban solo al sector público y ahora van hacia el sector privado”, alerta la investigadora. 

Para Daniela Atairo, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina es un sistema que es casi una excepción con respecto a otros países de América Latina por su tradición público-estatal. “Estos datos de la híperprivatización no los encontramos ya que la mayor cantidad de estudiantes están en universidad pública. Sin embargo, hay algunas tendencias y hay que mirar a Argentina en clave regional. Ciertas lógicas de mercado se instalan en el sistema público y en el trabajo docente como la híperproductividad, los requisitos del trabajo académico. Argentina posee un grado bajo de privatización pero en términos de mercantilización nos queda bastante por mirar respecto de cómo están instaladas estas lógicas de la competencia”, agrega.

En Argentina, la lógica de mercantilización en la educación superior también aparece en el modo en que las universidades públicas deben generar recursos propios cuando los fondos asignados por el estado nacional no alcanzan. En diálogo con ANCCOM, Adrián Sancci, Prosecretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza explica: “En la UNLaM se ofrecen cursos de posgrado, complementación curricular, idiomas, capacitaciones, asesoramientos, vinculación tecnológica y deportes. Son recursos adicionales a los que recibe por ley de presupuesto. Lo recaudado se distribuye equitativamente en toda la universidad en virtud de las necesidades planteadas por las unidades académicas o de gestión. Su administración es centralizada, es decir, las unidades académicas no manejan dinero sino sólo docencia, investigación y extensión. Luego, al interior de la universidad, los recursos se utilizaban para gastos de funcionamiento y obras. También, para la compra de equipamiento”.

El impacto de las condiciones de la privatización y mercantilización también puede verse en un aumento de la precarización del trabajo docente. “Pasó la pandemia pero la virtualidad no se ha ido. Hoy estamos en duda sobre cuáles son las condiciones en las que van a terminar funcionando nuestros claustros”, comenta Sofía Thisted, investigadora en el campo de la educación intercultural. “Hay que pensar en condiciones de trabajo para este tiempo que no sean la duplicación del trabajo de lo virtual y lo presencial que parecería ser la salida más económica”. Durante el conversatorio realizado en CONADU, también, recalcó lo difícil de la coexistencia de la crianza y la escolaridad a la hora del trabajo de docentes que tenían niños a su cargo en el momento de dar clase durante la pandemia. Sobre todo para las mujeres hay “reglas implícitas de la universidad como no tengas hijos antes de doctorarte o ahora hasta posdoctorarte”, agregó.

Frente a la situación en la que se encuentra la educación superior, Saforcada concluye que se trata de “empezar a construir una posición más proactiva que no sea solamente identificar estas cuestiones y salir a discutirlas, sino construir una agenda propia de lucha, ideas y propuestas concretas para instalar otros temas”.

Un reservorio que deja muchas reservas

Un reservorio que deja muchas reservas

El parque redondo de Saavedra quedará atravesado por un zanjón de aguas contaminadas, si el GCBA lleva adelante su proyecto de “regeneración” del Arroyo Medrano. Finalizaron las audiencias públicas con un fuerte rechazo de los vecinos.

Durante la semana pasada se llevaron adelante las audiencias públicas en torno a la regeneración del Arroyo Medrano en Parque Saavedra, donde los expertos expusieron el proyecto y los vecinos expresaron su rechazo. Mientras que los primeros consideraron la obra como la solución para las inundaciones en el barrio, los últimos lo categorizaron como una obra “estética” e “innecesaria”, una “zanja”, un “barroquismo urbano”.

Cruzando el parque circular, sobre las calles Pinto, Vilela y las avenidas Melián y García del Río, en el barrio de Saavedra, solía pasar el cauce del Arroyo Medrano hasta la década del 40, cuando fue finalmente entubado. El proyecto en cuestión propone la construcción de un reservorio de agua pluvial para “mitigar las inundaciones en la zona” y la creación de un curso de agua a cielo abierto, paralelo al entubado subterráneo, con el fin de “recuperar la relación entre las personas y el agua, centrada en el respeto por la naturaleza, el disfrute y la resiliencia”.  

Según explicó en diálogo con ANCCOM la ingeniera especializada en hidráulica, María Eva Koutsovitis, un reservorio se define como “obras hidráulicas que permiten retener y laminar las aguas de lluvia y son soluciones muy eficientes frente a eventos de precipitación de corta duración y elevada intensidad”. Su función consiste en evitar que ese agua ingrese a los sistemas pluviales provocando su desborde. 

Sin embargo, la especialista señaló que el proyecto en cuestión es inconsulto y que nada tiene que ver con regenerar el Arroyo Medrano: “Es ejecutar un zanjón que va a atravesar al Parque Saavedra con pendiente nula y alimentado con agua de la napa. Por lo tanto va a limitar muchísimos usos sociales que hoy tiene el Parque Saavedra”. Koutsovitis también apunta problemas ambientales y sanitarios “en tanto las aguas no van a circular de manera permanente y el agua de las napas con las que va a alimentarse al zanjón contiene aceites, fenol, arsénico, coliformes totales, escherichia coli, plomo y cobre, entre otras sustancias contaminantes”. La ingeniera que hizo una revisión al informe de impacto ambiental del proyecto aclaró en diálogo con ANCCOM que “la eficiencia hidráulica como reservorio no está técnicamente justificada y no se analizaron alternativas hidráulicamente más eficientes”.

En la audiencia realizada de forma virtual vía Zoom, la exdiputada nacional, María José Lubertino, describió al proyecto como “otra disneylandización de la Ciudad de Buenos Aires” y al tema de “carácter público que afecta a todos, son temas de vida o muerte de las personas” haciendo alusión a la última gran inundación que sufrió el barrio el 2 de abril de 2013, que dejó un saldo de seis muertos y decenas de casas dañadas. Pueden contarse también otros desbordes del Arroyo Medrano como el del 26 de enero o el 31 de mayo de 1985, el día que llovió 24 horas. 

Manuel Ludueña, profesor de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que calificó al proyecto como “una obra escenográfica”, expuso en la audiencia el uso “engañoso” e “irresponsable” del término regeneración entendido como un “proceso para recuperar la estructura y la función de partes de un cuerpo dañado” y que por ende “adosar una acequia con agua paralela al trazado original no sería una regeneración del arroyo”. Además, mencionó que en el plan de participación de GCBA con los vecinos, un 26% solicitó espacio para actividades de esparcimiento y descanso y “sin embargo este proyecto ocupa el 50% del parque para actividades contemplativas”. Agregó que se “desnaturaliza y artificializa”. El proyecto “destroza el trazado patrimonial del parque”, expresó Ludueña.

Ana Belén Mercado, socióloga y vecina, dijo que el objetivo central del proyecto se trata de una “gentrificación” del barrio de Saavedra, que consta de “inyectar dinero en zonas puntuales para valorizarlas con el objetivo de promover la especulación inmobiliaria y el progresivo emplazamiento de la población de larga data”. Explicó, además, que en términos geográficos “el barrio queda partido y va perdiendo su identidad” haciendo resonar la pregunta con la que concluyó su ponencia “¿hace falta arreglar lo que no está roto?”.

A partir de las inundaciones de 2013, en 2016 fue creado el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano (CICAM), integrado por representantes de todas las jurisdicciones, ONG y otras entidades con el fin de obtener “una visión integral de la cuenca con representaciones de todos”. El gerente de Proyectos Hidráulicos, Sergio Herbón, expresó que en las reuniones del CICAM “se identificó la necesidad de tener un plan maestro para la cuenca que fuera una actualización y una mejora”. Sin embargo, los vecinos insistieron en el real funcionamiento de este organismo, con la participación de los barrios de la Provincia de Buenos Aires afectados por el arroyo, y “no solo funcionarios, sino académicos, trabajadores de las fábricas aledañas y vecinos de la zona”.

En la votación de la junta comunal, el proyecto ya había sido rechazado 4 a 3 por los representantes de las comunas. Soledad González Alemán, directora de la revista barrial de Saavedra, repuso el carácter “arbitrario” del proyecto que no fue consultado con los vecinos y vecinas, la “falta de transparencia e información brindada a la comunidad y la ausencia de espacios para la expresión de la opinión”. La comunicadora social expresó que el parque Saavedra “es el patio de miles de vecinos” y que esta obra supondría la “pérdida de más de cinco mil metros cuadrados de espacio verde”, de ese jardín que “va en contra de la voluntad de la mayor parte de la comunidad”. 

 Lo que tuvieron en común todos los oradores fue la insistencia en el proyecto del Reservorio II del Parque Sarmiento, una obra que cuenta con una capacidad de 200 mil metros cúbicos, cuatro veces más que el que se busca impulsar en Saavedra, además de que se encuentra aguas arriba, es decir, más lejos de la desembocadura del arroyo. “Son dos aspectos claves a la hora de evaluar una obra de estas características: siempre es más eficiente tener un mayor volumen de retención y que esa retención se realice lo más alejada que sea posible de la desembocadura”, explicó a esta agencia Koutsovitis. Jorge Marchini, presidente de la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, el organismo más antiguo del barrio, expresó que “es mucho más prioritaria y una excelente obra, más barata, de menor impacto social que no se sabe por qué ha sido dejado de lado”, expresó . El mismo insistió en la disponibilidad del ex campo de golf privado que se concesionó dentro del Parque Sarmiento y calificó esta actitud del GCBA como un “misterio” por el desvío hacia una nueva obra hidráulica que si no da marcha atrás será una “negligencia”. 

Frente a aquel grito a viva voz del “No se inunda más” enunciado por el expresidente Mauricio Macri en el acto de cierre de su campaña en 2019, “Saavedra no duerme cuando llueve”, fue la frase acuñada por el barrio que repuso José Olivo, miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Hábitat del Consejo Consultivo Comunal 12, y concluyó su ponencia reclamando que “los vecinos queremos volver a descansar y no estar pendientes del pronóstico”. 

La comunidad barrial emprenderá una serie de acciones para detener la obra. En primer lugar, la realización de una denuncia con los aportes de la Koutsovitis, al informe de impacto ambiental que el gobierno porteño pretende aprobar: “No puedo afirmar cuales son las verdaderas intenciones del GCBA, pero esta propuesta nada tienen con la implementación de una solución de drenaje sostenible basada en la naturaleza. Si este proyecto se enmarca en la Gestión del Riesgo de Inundaciones, no se analizaron alternativas, no está claro que escenarios se estudiaron ni cuáles fueron las instancias de participación que dieron lugar a la selección de la presente propuesta”. Además, señaló las faltas de dicha propuesta que no tiene la documentación técnica mínima para la realización de una evaluación eficaz: “No incorpora memoria técnica, parámetros de diseño, descripción del modelo hidrológico e hidráulico, condiciones de calibración, condiciones de borde.  Parece más marketing ambiental y paisajístico que una medida destinada a la Gestión del Riesgo de Inundaciones”.

De seguir adelante con el proyecto, y como última instancia, los vecinos están decididos a ir a la instancia judicial e iniciar una acción de amparo. Asimismo, solicitarán a la Junta Comunal y a la Legislatura un plan de manejo del parque donde los vecinos tengan participación y sean consultados ante cualquier acción que se pretenda hacer en el espacio verde. 

Contra la transformación demoledora

Contra la transformación demoledora

La Red de Organizaciones Barriales realizó una concentración frente al Obelisco para defender el patrimonio urbanísto frente al desarrollo inmobiliario que propone el Gobierno de la Ciudad.

En rechazo al avance de las obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sobre espacios verdes, la Red de Organizaciones Barriales (ROB) se movilizó el sábado pasado frente al Obelisco en defensa del ambiente, la identidad barrial y el patrimonio. Reclamó por un freno a la edificación, el libre acceso al río y efectiva participación ciudadana. 

Con el jardín vertical de “BA” de fondo, y al grito de “Parques sí, torres no”, los y las vecinas de los barrios porteños que organizaron “EL 9 EN LA 9” llenaron de pancartas y carteles la plaza del Obelisco. «Basta de especulaciones inmobiliarias» -se podía leer-, «Más cielo, menos cemento», «Basta de demoler patrimonio urbano», «No a los nuevos códigos urbanísticos y de edificación», «No al arroyo artificial en el Parque Saavedra». Además, una reedición del actual flyer del GCBA de «La transformación no para» a «La transformación para turistas y amigos no para de demoler, de mutilar árboles y de matar barrios».

Los motivos de la gran asamblea barrial se concentran en el pedido de un cese a “las políticas urbanas del Gobierno de CABA que están diseñadas desde un concepto mercantil por sobre el del interés público”, expresó el arquitecto Daniel Giglio, integrante del Colectivo Colegiales Participa y Decide. Entre algunas de las líneas de acción  se enumeran la recuperación del Playón de la Estación Colegiales como espacio verde público, libre de edificios sobre su superficie; el rechazo del proyecto de “regeneración” del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra; y un freno a “los ilegales proyectos de privatización y ocupación con construcciones de la ribera del Río de la Plata (Costa Salguero, Ciudad Deportiva)”.

La ROB está conformada por más de 30 organizaciones vecinales y ONG. El organismo se creó hace ya un año con el objetivo de lograr una unión coordinada de los barrios que pueda alzar la voz por diversos reclamos en cada uno de ellos y está conformado entre otros por el Colectivo Colegiales Participa y Decide; ¡No A Las Torres! (Parque Chacabuco); Asamblea Villa Pueyrredón; Asociación Vecinos de Bajo Belgrano; Vecinos X Saavedra; Parque de la Estación (Almagro, Balvanera); Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP); Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC); Tierras Ferroviarias Verdes; El Movimiento: La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; Basta de Mutilar Nuestros Árboles (BdM); Basta de Demoler (BdD); la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH); Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC). 

En diálogo con ANCCOM, la abogada y exconstituyente de la Ciudad, María José Lubertino, trazó un panorama sobre la situación del reclamo acerca de la cuestión ambiental en CABA y expresó que “con la movilización de hoy estamos intentando una articulación porque las luchas no se pueden dar de manera aislada. Esta es una lucha contra el extractivismo urbano en un contexto de cambio climático”. Además, la política agregó que “los problemas que detectamos cuando hicimos la Constitución de la Ciudad hace 20 años se han agudizado y las políticas públicas van en contra de lo que deberíamos hacer para el mejor vivir en la ciudad”.

En la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está instituida la “democracia participativa”. Sin embargo, “lo único que se hace hoy es permitirte votar el nombre de una estación de subte de manera online: eso es una ficción”, afirmó Lubertino. Dentro de los derechos vulnerados, la abogada enumera el derecho a la salud, al espacio verde y público, al ambiente, al patrimonio, la descentralización en las comunas, entre otros.

En la movilización pedían si alguien había traído una Constitución y una vecina sacó la suya de la cartera. “Yo también traje la mía por las dudas”, replicó otra. Los manifestantes hicieron lectura de algunos de sus artículos como el Nº 26 que promulga el ambiente como patrimonio común, el goce de un ambiente sano y su preservación para generaciones presentes y futuras, o el Nº 27 el cual implica que toda acción que suponga un daño en el ambiente debe cesar y conlleva la obligación de recomponer y la garantía de su uso común.

Ana Charrelli, se crió en el espacio verde del Parque Chacabuco hasta que las autopistas lo cortaron por la mitad. De su infancia solo queda un pequeño sector cercado donde hay rosedales, pero las maravillosas fuentes que ella recuerda, con figuras de las que caía el agua desaparecieron, así como los árboles. Hace 40 años se mudó a San Telmo donde formó su familia y crecieron sus hijos. En su cuadra fueron construidas, solo en los últimos cinco años, cinco torres nuevas. El edificio donde ella vive es patrimonio protegido. Hoy reclama por la preservación del casco histórico de su barrio: “Quieren hacer en San Telmo lo mismo que hicieron con Palermo, convirtiéndolo en un polo gastronómico. No entendemos a dónde nos lleva esta ‘transformación que no para’ del GCBA. Destruyen la vida y la identidad del barrio y de los vecinos”. 

El arquitecto Giglio analizó, en diálogo con esta agencia, algunos de los problemas que trae aparejado el Código Urbanístico de la Ciudad aprobado en 2018. Este establece, por ejemplo, que en ciertas zonas no pueden construirse torres. Sin embargo, existen más de 100 excepciones a dicho código que fueron aprobadas por la Legislatura porteña. A partir de ellas, se permite la construcción de torres en zonas antes prohibidas “que el desarrollista inmobiliario paga de acuerdo a su conveniencia”, señaló Giglio. 

 Anteriormente regía el Código de Planeamiento Urbano que “si bien no era perfecto defendía las identidades barriales”. Giglio explicó que, por ejemplo, en un barrio de casas bajas, el código anterior establecía que se construya más o menos en esas mismas condiciones. Además, no permitía construir todo el lote, aseguraba el pulmón de manzana y por sobre todas las cosas regulaba los metros cuadrados construibles en cada parcela. “Ahora no hay un límite y eso aumenta la densidad de edificación, que suma cantidad de viviendas y de habitantes y resta capacidad a la infraestructura urbana, es decir, más agua, más gas y más electricidad, además de menos terreno absorbente y capacidad de asoleamiento. Estos factores implican un decrecimiento enorme en la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires”, expuso el arquitecto. 

La licenciada en Ciencia Política y diplomada en Derecho Ambiental, Carolina Somoza, explicó en diálogo con ANCCOM las implicancias de la perspectiva de género en las cuestiones ambientales, como por ejemplo los nombres de las calles mayoritariamente masculinos. “Ha sido construido -señala- por varones blancos, clase media, sanos; un lugar del que fuimos excluidas hace mucho tiempo y ahora que empezamos a tomar más la calle vemos problemas no solo en términos de planificación sino de ejecución”. 

Así como lo privado es político, lo público también lo es. “Si el Estado somos todos, nosotras queremos ser parte de esas decisiones. No es que no tengamos ideas ni consciencia, sino que no se nos da el espacio para integrar esa planificación”, agregó Somoza. También hizo mención del rol del cuidado asignado a las mujeres como algo a ser puesto en valor a la hora de planificar el espacio: “Se trata de cómo se piensan los asientos, los baños o los juegos ya que muchas veces somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de llevar a los pibes a la plaza”. 

Águeda Lacané, vive hace 34 años en Colegiales. En su momento, disfrutaba de varias manzanas verdes libres al lado de las vías del tren a las que llamaban “zona rural”. Cuando sus hijos eran chicos siempre los llevaba a ese playón de la estación porque, aunque no fuera un parque, era la zona verde que tenía el barrio. De a poco lo fueron cerrando y entregando parcelas a empresas de seguridad o de construcción. El lugar se achicó. Cinco de las nueve parcelas que comprenden el playón fueron vendidas y se encuentran siendo investigadas por la oficina anticorrupción. Las otras cuatro están amparadas por una medida cautelar que impide que se las toque temporalmente. El cartel que está sosteniendo hoy Águeda reza «Todavía estamos a tiempo».

«Alerta inquilina»

«Alerta inquilina»

Inquilinos y agrupaciones partidarias protestaron frente al Congreso contra el proyecto de Ley de Alquiler que pretende aprobar Juntos por el Cambio: propone aumentos cada tres meses y deja su valor librado al mercado.

“Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas”, se podía leer en una pancarta colgada sobre las rejas que rodean al Palacio del Congreso. Más de un centenar de personas se agolparon sobre la esquina de Rivadavia y Entre Ríos para mostrar su desencanto y vociferar su reclamo. 

El dictamen que Juntos por el Cambio aprobó por minoría tiene como objetivo, entre otros puntos, modificar el plazo de los contratos de tres a dos años y dejar a elección de los propietarios el lapso entre aumentos, posibilitando que este se dé hasta cada tres meses. “Es muy posible que la semana que viene o la otra haya una sesión en la Cámara de Diputados para tratarlo y también es muy probable que tengan los votos para hacerlo -señala Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional-. Por eso, es tan importante que nos organicemos para denunciar lo que sucede”, concluye. 

La movilización tuvo también un costado artístico de parte de integrantes de Inquilinos Agrupados. De pronto aparecían casas vacías de cartón que se movían entre la multitud, mientras cruzaban la avenida Entre Ríos decenas de personas con la careta de Don Ramón (el reconocido personaje de El Chavo del 8 que era sistemáticamente amenazado de desalojo), a la vez que por un megáfono cantaban consignas como “alerta inquilina, nos dejan sin vivienda en la República Argentina”. Los reclamos también se podían leer: “Quiero alquilar, pero también vivir”.

“El cambio que proponen pretende expulsar a todos los pobres del centro de la ciudad, que pagar alquileres sea imposible y hacer que Buenos Aires sea solo para ricos”, indica JB, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Los grandes aumentos de precios con el ciclo inflacionario han hecho que en los últimos tiempos muchas personas hayan tenido que mudarse lejos de los lugares que frecuentan en busca de precios más cercanos a su poder adquisitivo. “Hoy, a pesar de que tengo un empleo en blanco, el alquiler se lleva literalmente todo mi sueldo. Vivo en La Boca con mis tres hijos y estoy totalmente contra las cuerdas, o contra el Riachuelo -comenta JB-. Con las modificaciones que pretenden hacer no me va a quedar otra que irme de la ciudad en que nací”. 

El tratamiento de este dictamen y la posible modificación de la ley, sumados a la suba de la inflación, generan una preocupación extra en los inquilinos. Para Gervasio Muñoz “sería un retroceso para lo poco que hemos logrado hasta ahora, quedaría el campo libre para que las inmobiliarias impongan las condiciones que se les ocurran”. Facundo Cabral concuerda, “los sueldos no llegan a cubrir los aumentos y que se posibilite que haya aumentos cada tres o seis meses me parece perverso”. Con respecto a esto, el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, señala en diálogo con ANCCOM: “Cuando se aprobó la ley actual nos parecía que no iba a ser una solución de fondo, sin embargo, esto que están planteando no solo no es la solución si no que empeora el problema. No hay bolsillo que aguante”.

Desde la oposición se señala continuamente que la ley vigente ha probado ser ineficiente, principalmente por el índice utilizado para pautar los aumentos anuales. Sin embargo, RM, una docente y miembro de Inquilinos Agrupados, aclara: “El índice me benefició, si hubiera tenido que pagar lo que quería el mercado sería un número mucho mayor que el de ahora”. Una de las principales fallas que señala es la falta de organismos de control: “No hay ningún lugar frente al cual pueda realizar quejas. Si yo quiero denunciar alguna irregularidad, sea cual fuere, no tengo ante quién hacerlo.” Gervasio Muñoz comparte esta visión: “La ley en sí es muy protectora de los inquilinos, pero no ha habido ningún tipo de control. Una de las peleas que estamos dando es que el Estado se haga cargo del cumplimiento de la ley”. Para el dirigente, el problema no se encuentra en la tipificación de la norma sino en una falta de voluntad política: “Con el ministro de Hábitat y Vivienda actual (Ferraresi) no hay muestras de que se quiera dar un cambio de fondo”, concluye. 

Una imprescindible

Una imprescindible

Murió Viviana Mariño, una apasionada del periodismo, gran maestra del oficio, fundadora de ANCCOM y, hasta ayer, gerenta de Noticias de la agencia Télam.

 

 

Se apagó un motor de máxima potencia. Esta madrugada, murió Viviana Mariño, una apasionada del periodismo, gran maestra del oficio, fundadora de ANCCOM y, hasta ayer, gerenta de Noticias de la agencia Télam.

Egresada de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Vivi –como llamábamos todos con mucho cariño- abrazó muy temprano el periodismo. Comenzó en la Agencia Noticias Argentinas, pasó por la primera y fugaz etapa del Diario Perfil y luego escribió en CIMECO, la corresponsalía que tenía en Buenos Aires el Grupo Clarín para sus diarios La Voz del Interior, de Córdoba, y Los Andes, de Mendoza. De allí saltó a editar la sección Política de Tiempo Argentino. Y cuando el matutino fue vaciado por sus dueños, se convirtió en un pilar de la cooperativa de trabajadores que lo recuperó y hasta hoy lo autogestiona. Fue una de las periodistas que se puso el proyecto al hombro, integró el primer Consejo de Administración de la publicación y aportó toda su experiencia y energía para construir un medio que se convirtió en un faro del periodismo en una época en la que tanto se degradó el oficio.

Comprometida con la universidad pública, acompañó su trayectoria profesional con la docencia. En sus clases en el Taller de Expresión III de la Carrera de Ciencias de la Comunicación no solo transmitía sus experiencias y saberes acumulados, sino esa inmensa pasión periodística que le corría por las venas. Sin abandonar el aula, Vivi integró también el equipo que impulsó ANCCOM, donde como editora formó y pulió decenas de redactores que hoy trabajan en diversos medios de comunicación.

A Vivi la sorprendió el cáncer mientras trabajaba en ANCCOM. Se reservó esa noticia, la compartió con muy pocos. Sin perder su eterna sonrisa, continuó formando periodistas, aportando su creatividad y rigurosidad profesional. Decidió ignorar tanto el Alien que le crecía adentro como los efectos de los tratamientos invasivos. Solo se corrió de la labor cotidiana cuando encaró un nuevo y merecido desafío para coronar su carrera profesional: asumir como gerenta de Noticias de Télam.

En la Agencia Nacional de Noticias, la prepotencia de trabajo también le comenzó ganando a la enfermedad. Con gran generosidad, le abrió las puertas de Télam a decenas de jóvenes periodistas, muchos de ellos eran los diamantes en bruto que había pulido en ANCCOM. Siempre decía que había que nutrirse de las nuevas generaciones para no anquilosarse. Y –una vez más- llevó sus convicciones a la acción.

A punto de cumplir 52 años, Vivi deja un vacío enorme. Sobre todo a su compañero Fernando y a sus hijos Isabela y Bruno. A los que hacemos ANCCOM, nos lega una responsabilidad: tendremos que hacer mucha fuerza colectiva para compensar el motor que hace unas horas se apagó.