¿A quién le interesa frenar la Ley de Humedales?

¿A quién le interesa frenar la Ley de Humedales?

Un mapa del lobby agrario, inmobiliario y político que logró frenar el proyecto de ley mientras aumentan los incendios en todo el país.

A lo largo del 2020, en Argentina, el número de incendios forestales fue mayor a 74.000, un 150% más en comparación con 2019. Durante 2021, el país quedó como el tercero de Latinoamérica con mayor número de quemas boscosas, luego de Brasil y Bolivia. Solo durante este año, aunque la cifra disminuyó, pueden contarse alrededor de 10.000 focos de fuego, la mayoría generados en el Delta del Paraná, aunque también en las ciudades de Rosario, Córdoba, Corrientes y un total de 12 provincias afectadas, dejando 130.000 hectáreas arrasadas por el fuego. 

Esta situación trae aparejada una degradación en las condiciones del suelo, que en las zonas de humedales -el 21% del territorio del país- afectan su cualidad absorbente y conllevan a la pérdida de la capacidad de depurar el agua dulce, conduciendo a su reducción. Esto comprende, no solo una alteración del ciclo del agua y la alerta de una crisis hídrica, sino también el exterminio paulatino de la biodiversidad del ecosistema.

Desde 2013 se impulsan diferentes proyectos de ley que buscan atender a la situación de los humedales. Algunos han obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados, pero las veces que esto ha sucedido, los proyectos en cuestión han terminado por perder su estado parlamentario. Así ocurrió tanto en 2015 como en 2018. En este sentido vale preguntarse, ¿qué -o quién(es)- está(n) frenando la aprobación de la Ley de Humedales? ¿Por qué hace casi una década no logra llegar al Senado? ¿A qué sectores les perjudica la conservación de ecosistemas que producen vida?

“En países como el nuestro, el avance sobre la naturaleza se ve como un deber, y el extractivismo como el progreso. Esa es la distorsión de aquellos que se benefician de eso. Lo que llaman progreso no es más que destrucción del hábitat y la posibilidad de toda forma de vida”, afirma en diálogo con ANCCOM, Graciela Falivene, arquitecta especializada en Planificación Urbana y Regional e integrante de la Red Nacional de Humedales (RENAHU). 

 En nombre del progreso se han organizado catástrofes. La racionalidad instrumental que se instaló como paradigma en los inicios de la modernidad impulsó la idea de la naturaleza como recurso, como medio para un fin. Esto llevó a dividir las cosas en la capacidad que tienen para producir y generar un rédito. Es este mismo razonamiento el que categoriza a los humedales como el Amazonas, la selva chaqueña o los Esteros del Iberá como zonas “improductivas”.  

“Lo que producen los humedales es biodiversidad, oxígeno y vida”, explica la arquitecta. En este sentido comenta que “el extractivismo urbano y las ventas se presentan como el deber ser de la actividad, cuando este debería ser garantizar la vida”. 

Vista aérea de la ciudad de Rosario invadida por el humo de los incendios del Delta del Paraná. 

El extractivismo deja una huella que repercute en el resto del ecosistema. Si una saca una pieza de un motor, este no vuelve a funcionar de la misma manera. La naturaleza, pensada como un sistema, sigue el mismo razonamiento. “La deforestación no es gratuita. Ese ciclo del agua que nos enseñaban en la escuela cuando éramos chicos se está cortando. Hay menos cantidad de agua potable en ese ciclo. Estamos en medio de una crisis hídrica”, señala Falivene. 

Saquear los recursos naturales no es una cuestión que date de hace poco. La novedad se deja ver en los efectos que están teniendo hoy todos esos impactos que ha tenido la industria sobre el ambiente, que ha sido posible gracias a una negligencia generalizada. En esta línea, la arquitecta afirma que “toda forma de extractivismo busca negar la participación de los humedales en el ciclo de la vida. Lo usan para un ciclo de producción extractivista y lo hacen sacando el agua de las salinas para extraer un mineral o retirando el agua de un humedal del alto valle para conseguir petróleo”. 

¿Cómo se identifica esa negligencia? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quiénes arman el lobby? “Es una complicidad repartida en distintos actores que son empresarios, políticos y jueces, porque para que esto suceda hay una falta de control, fallos de la justicia que nunca llegan, y eso alienta una continuidad de las mismas prácticas en las que muchas veces estos sectores aparecen asociados a los mismos”, asegura Rodolfo Martínez, miembro de la Multisectorial de Humedales, que al pasar da el ejemplo del intendente de la ciudad de Victoria. Se trata del político entrerriano perteneciente a Juntos por el Cambio, Domingo Maiocco, un empresario agropecuario, fundador de Maiocco Cereales SA y además presidente de la Sociedad Rural de Victoria dos períodos consecutivos.

 El diputado nacional del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación, Leonardo Grosso, expresó a ANCCOM en relación con esto, la existencia de “un argumento muy fuerte esgrimido por sectores del campo, centralmente la Sociedad Rural, sectores concentrados de la producción agrícola, arrocera o forestal, que plantean que la ley va a prohibir la actividad económica en estas zonas. La realidad es que es una ley de presupuestos mínimos de preservación, protección y restauración y uso racional de los humedales. No prohíbe nada, sino que plantea la regulación de estas actividades para evitar su daño ecológico”.

En una estrategia que trata de confundir, los sectores opositores “buscan ganar tiempo y entonces la política no avanza sobre una decisión muy importante como que el Estado regule la actividad económica, mientras que ellos solo maximizan sus ganancias a costa de destruir un ecosistema generando muchísima afectación al conjunto de la población”, repone el diputado. 

Así como el sector agropecuario, también el inmobiliario, la minería, la industria del litio, los emprendimientos que funcionan en su interior, son algunos de los sectores del poder económico que tienen sus intereses  en que no exista una ley que proteja los humedales. O por lo menos no en los términos del proyecto unificado que más de 400 organizaciones ambientales están impulsando, con el apoyo del diputado Grosso. “Estos sectores nos tratan de ‘anti productivistas’, pero nosotros no estamos en desacuerdo con el ejercicio de ciertas actividades siempre y cuando esté controlado”, aclara Martínez.

Una de las actividades económicas que se desarrollan en el Delta del Paraná es la cría de ganado. Para que las vacas se alimenten se necesita pasto tierno que puede conseguirse a través del rebrote. Para eso, en el pasado, los pueblos indígenas implementaban la práctica del “roza, tumba y quema”, muy común en la producción agrícola básica. Tanto el sector agrícola como el ganadero usan el argumento de la práctica milenaria para continuar realizando este procedimiento, pero hoy “no se puede hacer, porque hay un número de 1.700.000 vacas, sequía y bajante histórica del Paraná. No tiene el mismo impacto que hace 20 o 30 años.”, explica Grosso, y además comenta que el daño de todo eso “lo termina pagando el Estado: los subsidios a los productores de la provincia o a la población afectada por los incendios, los créditos también subsidiados, los recursos destinados a asistir a las familias, a los bomberos, a apagar el fuego”.

 “Lo que planteamos es la incorporación de los humedales al Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) -un instrumento del Estado para la integración de las variables ambientales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible-, algo que todavía está en déficit de la Ley General del Ambiente, que nos parece una cuestión fundamental en este momento de crisis. Esto implica que los humedales no pueden pensarse aislados al resto del ecosistema y es lo que lo diferencia de los otros proyectos”, explica Falivene.

El proyecto tiene por objeto “establecer los presupuestos mínimos de la protección ambiental para la preservación y uso racional de los humedales”. El expediente toma la definición científica de humedales entendidos como “aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes de los ambientes terrestres y acuáticos. Los rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”. 

Los rasgos de hidromorfismo son suelos que “retienen el agua y permiten que se dé ese flujo que también la depura y la mantiene como agua de calidad”. El “y/o” de la definición es crucial. Incluye, por ejemplo, extensiones como las salinas. Ese “y/o” fue dejado a un lado por el proyecto de ley del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), tomando la definición de Ramsar -un tratado internacional que apunta a la conservación y uso racional de los humedales-, que “no genera mucha preservación y para definir los humedales los enumera, dejando en esa lista una cantidad de cosas afuera”, comenta la especialista, y ejemplifica con “los humedales cuyos suelos están degradados que dejan de clasificar como tales, entonces se permite cualquier cosa, en lugar de restaurarlo”.

Siguiendo el razonamiento de la restauración, Martínez explica que “una de las cualidades de los humedales es que tienen una relativa rápida capacidad resiliente. Ahora si seguimos quemando sobre lo quemado esta ventaja se va agotando. Pero de ponérsele un límite, de controlar el territorio, de respetar las pautas fijadas por el Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales (DECA), puede haber otro desarrollo territorial donde convivan las distintas variables económica, ecológica y productiva”. Una opción que la letra chica del proyecto de COFEMA deja de lado. 

“Lo de COFEMA no queda claro. El proyecto de ley no fue presentado en el Congreso y no termina de entenderse si es una iniciativa de Ambiente o de las provincias. Además, quita varias competencias al Gobierno nacional y elimina los plazos para la construcción del inventario. Ahí hay una trampa: sin un inventario no puede saberse qué es lo que hay que proteger o cuáles son los lugares donde se debe regular la actividad”, afirma el diputado.

“No es casualidad la maniobra del COFEMA, a través del ministro Juan Cabandié. Además de la intromisión del Ejecutivo en una competencia puramente del Legislativo y con la complicidad del Poder Ejecutivo de todas las provincias. Es un proyecto de ley que licúa aquellas reivindicaciones de mayor conservación y seriedad. Se busca confundir al electorado con una manifestación a favor de una ley que no es la original ni está avalada por los movimientos, y hace que cualquier oyente despistado pueda creer que hay un real compromiso para solucionar el problema”, expresa Martínez. Además, comenta que las organizaciones, si bien fueron invitadas a formar parte del proyecto, lo hicieron solo en carácter de oyentes, “lo que no es una real participación de los movimientos”.

El 12 de agosto, el proyecto del diputado Grosso con el aval de las organizaciones, giró a las comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Presupuesto. En este marco, Grosso junto a los miembros de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados se reunieron el viernes pasado en el Concejo Municipal de Rosario para abordar el temaq de la Ley de Humedales. Se trató de un intercambio entre las organizaciones ambientalistas, autoridades políticas, la comunidad científica y distintos espacios políticos de la provincia afectados por la reciente quema en esta ciudad y los y las legisladoras para impulsar el debate en el Congreso. 

“Queremos empezar a discutir nuevamente la Ley de Humedales. En el Congreso se vienen dilatando los acuerdos necesarios, que si bien hemos podido hacer acuerdos con la Comisión de Presupuesto, cuesta un poco construirlos con la Comisión de Agricultura, presidida por Ricardo Buryaile. Queremos hacer un tratamiento conjunto. Pero mientras tanto tenemos que iniciar el debate y qué mejor que en el lugar donde el fuego está haciendo estragos”, concluye Grosso. 

“El productor no es un ‘depredador’, como lo quieren vender”, había declarado el formoseño Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y actual presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El legislador cuenta también con un historial en el ruralismo gremial empresario. Empezó como miembro de la Sociedad Rural de Pilcomayo, y llegó a la presidencia de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Chafor). Fue también vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), hasta que se volcó en la carrera política a fines de 2009 para asumir como diputado nacional por la UCR de Formosa. 

Entre los oradores de la reunión del viernes, expuso la abogada de RENAHU, Victoria Dunda, con un argumento claro frente a la dicotomía progreso industrial-recursos naturales. “Sacrificar los salares altoandinos para realizar autos eléctricos destinados a la clase media francesa no es negocio para la Argentina ni para la región. Si esto implica la destrucción de los reservorios de agua dulce, no es negocio cambiar agua por autos”, sentenció.

Uno de los reclamos recurrentes entre los expositores fue la efectiva aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo es gestionar los humedales del delta del Paraná, apuntando a un uso sostenible y a una mirada integral y con enfoque regional de la cuenca compartida por las tres jurisdicciones. “Estamos cansados de rogar por la aplicación del PIECAS. Tiene más de 10 años. Es una vergüenza. Les pregunto, cómo hizo mi hijo de 7 años, ¿qué van a respirar? ¿Qué agua van a tomar?”, interpelaba a los presentes Romina Araguás, abogada e integrante de El Paraná No Se Toca. 

Sumándose al pedido de aplicación del PIECAS, Eduardo Spiaggi, responsable de la cátedra de Biología y Ecología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, hizo alusión a la posibilidad de un buen manejo de la ganadería para la cual es necesaria la inversión. “Hay que tener personal bien pago, que no vivan en condiciones de miseria. Hay que invertir en boyeros eléctricos, hay que manejar el pasto de otra manera. Hay que contratar más personal que pueda recorrer el campo para ver que no se queme. No son cosas tan difíciles. Es política pública”, señaló el especialista. 

En la reunión en Rosario, hubo varias ausencias, en especial de bloques opositores como la UCR o Juntos por el Cambio. “Si mis cálculos no fallan, 26 representantes estarían de acuerdo con la ley. Entonces me pregunto, ¿qué pasa con los otros 251?”, se pregunta Martínez en su exposición en el Concejo.

La diputada nacional Graciela Camaño habló de la intención de un debate  federal en torno a la ley. “Vamos a ir a otras provincias para que colegas que se niegan a tratar el tema, lo atiendan. Esta ley debe dar una señal clara a cada provincia para que proteja sus humedales. Deben allí convivir las personas, fauna y flora, las aguas y la producción”.

 

Natalia Zaracho, activista social y diputada nacional, se refirió a las dificultades permanentes con las que se choca el proyecto. “Si esto no sale es también porque hay muchos intereses de por medio de una minoría que concentra no solamente las tierras de nuestro país, sino también la riqueza y los recursos naturales”.

 

350.000 balcones y ninguna flor

350.000 balcones y ninguna flor

El «Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas» muestra el déficit que tiene en la materia la Capital Federal. Como siempre, los sectores de menores ingresos son los más perjudicados. Las consecuencias para el ambiente y la salud.

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 350 mil habitantes viven lejos de una plaza o parque con acceso a pasto, árboles y un poco de naturaleza. Este es uno de muchos datos que arroja el Atlas de Espacios Verdes en Ciudades Argentinas desarrollado por la Fundación Bunge y Born, que se propuso detectar el acceso público a ese tipo de ambientes en los mayores aglomerados urbanos del país. Dentro de esta categoría entran 155 localidades, y en todas ellas el nivel de ingresos se condice con la disponibilidad de contacto con la naturaleza.

“El percentil más bajo tiende a tener una accesibilidad muchísimo peor que la de los vecinos mejor acomodados. Esto no es exclusivo a Buenos Aires, hay una inequidad que calca la vulnerabilidad económica y se replica en casi todas las ciudades del país”, explica uno de los expertos que ejecutó el estudio. Antonio Vázquez Brust estudió Ciencias de la Computación y es magíster en Planificación Urbana, especializándose en el análisis de datos y la estadística para estudios urbanos. Ese camino lo llevó hasta la elaboración del Atlas, en el que su equipo construyó una base de datos georreferenciada y contrastada con imágenes satelitales, que permitió conocer la situación a nivel país

La investigación también se nutrió de un cruce con datos censales y de la Encuesta Permanente de Hogares, del INDEC.Uno de los fines del estudio fue confirmar algo que ya se sospechaba: las ciudades argentinas, en general, tienen una oferta muy baja de espacio público verde. En CABA y el Gran Buenos Aires hay un tapizado de cemento de millones de km2”, continúa Vázquez Brust. La Ciudad Autónoma es una de las urbes con menos espacios naturales por habitante de toda Argentina, donde más del 12% de la población vive lejos de uno. El sector más vulnerable es el más perjudicado: una de cada cuatro personas tiene poco o nulo acceso a estas locaciones. En el percentil más rico, el número es de 1 en 25.

María Fernanda Danguise, quien fue mediadora comunitaria en la Villa 15 de Mataderos, asegura que las condiciones de esparcimiento de los vecinos son alarmantes. “El acceso a espacios abiertos es muy escaso, no hay pasto ni árboles, y los juegos son pocos. Todo es tierra, no existe el espacio verde”, comenta. Además, insiste en que la situación se vincula con otras problemáticas sociales, como la droga y la delincuencia. “Si es que hay proyectos de desarrollo, duran muy poco. Es difícil que esos espacios se mejoren porque muchas veces son utilizados como zonas de consumo, y en la práctica es un riesgo que un niño se acerque a jugar”. Cuenta que las pocas veces que estos habitantes realizan excursiones a parques de otras localidades, quedan maravillados con el pasto y con los árboles.

Entre otras cosas, el Atlas define un umbral de accesibilidad de diez minutos de caminata hasta el lugar, siguiendo los lineamientos de la iniciativa estadounidense 10 Minute Walk. “Es una especie de número mágico. Se ha estudiado cuándo los residentes aprovechan la oferta de espacios públicos y los incorporan en su vida cotidiana. Si una persona tiene un sitio así a menos de 10 minutos desde su casa, lo utiliza con frecuencia. Si no, no”, menciona Vázquez Brust.

Gracias a su impecable ejecución, el informe de la Fundación fue retomado por la Comisión de Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, agregando estas métricas a los datos según los cuáles planifican y piensan legislaciones. Milagros Schapp, becaria del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3IA, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señala que esta información sirve a la infraestructura ambiental y la prevención del cambio climático. “Si tuviéramos más espacios verdes, tendríamos una calidad ambiental general mucho mejor y menos gastos: menos aires acondicionados encendidos, más posibilidades de hacer actividades económicas que no se detengan por el calor”, insiste.

Estudios recientes vinculan el acceso a parques y plazas con un efecto positivo en la salud pública, reduciendo la morbilidad cardiovascular, la prevalencia de diabetes tipo 2 y el desarrollo cognitivo infantil, entre otros. Estos lugares retienen material particulado. El hollín, ceniza, polvo y demás se depositan sobre las hojas y no lo respirás. Sin su presencia, esas partículas quedan suspendidas en el aire durante el tiempo suficiente como para inhalarlo. Además, disminuyen la contaminación sonora”, aclara Schapp.

Respecto a su rol ambiental, argumenta que la vegetación es moderadora climática porque captura el agua y la evapora, y ese vapor toma temperatura del aire. Esto evita atmósferas secas, donde hay más propensión a la amplitud térmica. “Así prevenís olas de calor. Cuando la radiación es fuerte, el espacio verde absorbe longitudes de onda corta con mucha energía calórica, evitando la radiación desde el suelo. Si no tenés ese espacio verde, el infrarrojo que refleja el asfalto se transforma en un calor sofocante”, explica. Tanto en temporadas frías como cálidas, sostiene que la diferencia puede ser de 3°C en promedio.

 

Geográficamente, Schapp recuerda que esta zona de la provincia es de ríos de llanura, con planicies de inundación muy amplias. “La vegetación funciona como un buffer hídrico, una barrera que evita que las subidas sean repentinas y pronunciadas. Sin esto, los costos son mucho mayores, no sólo en daños sino en obra pública”. A su vez, sostiene que “si las lluvias se dan en una superficie de asfalto, la acumulación es mucho más rápida y el caudal pico es muy alto”. Esto sucede en lugares como la Cuenca Matanza Riachuelo y la cuenca del Reconquista.

En cuanto a la importancia simbólica de los parques y plazas arboladas, reflexiona que su presencia excede las necesidades edilicias y ambientales, ya que supone una parte irremplazable del ecosistema social. “La estética está atada a los espacios verdes, tienen un valor intrínseco por fuera de su utilidad. La calidad de vida aumenta cuando el paisaje está en buen estado”, concluye.

«Es como vivir un mes sin sueldo»

«Es como vivir un mes sin sueldo»

Desde inicios de septiembre diversas organizaciones reclaman por la falta de pagos en instituciones dedicadas a tratar los problemas por discapacidad. ¿Cómo se vive esta situación en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole?

Tras conocerse atrasos en los pagos al área de Discapacidad, el 7 de septiembre se realizó una movilización en Plaza Congreso a cargo de diversos colectivos relacionados de ese sector vulnerable en señal de reclamo por un atraso de hasta tres meses en los pagos. La interrupción afectó a diversas instituciones y también recayó sobre el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, un espacio enfocado a la atención de residentes con distintos grados de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) desmintió que se trate de un ajuste que acompañe los recortes  en subsidios instrumentados por Sergio Massa, pero no es la primera vez que las personas con discapacidades sufren situaciones de este tipo.

La falta de pagos representa un conflicto a nivel nacional; sin embargo, apenas tomó estado público el reclamo, ANDis afirmó a través de su cuenta de Twitter que “se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad”, y negó que se trate de un ajuste. Este atraso en las remuneraciones afecta a diferentes prestadores del servicio de atención a la discapacidad y su ejecución es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que es la encargada de realizar el pago de las prestaciones básicas para este sector de la población. A su vez, las obras sociales deben remitir a este ente las facturas de las prestaciones efectuadas. De esta forma, la Superintendencia informa a la AFIP los pagos que debe realizar a las obras sociales. 

“Es histórico que los prestadores que brindan servicios a las personas con discapacidad cobran entre 60 y 90 días después de brindada la prestación”, aseguró en diversas declaraciones públicas Karina Herrera, presidenta de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI). Según afirma, este mes los prestadores aguardan cobrar el período de junio, siendo éste el último facturado. Por su lado, no hay información precisa sobre los meses de julio, agosto y septiembre. 

Cabe señalar que estas prestaciones, según la Ley 23.661, son financiadas por el Fondo Solidario que se compone de los aportes y contribuciones de los trabajadores. Mensualmente, se destinan $10.000 millones de pesos, a 93 mil beneficiarios con discapacidad. En otras palabras, el pago de dichas prestaciones provienen de un aporte que no debería ocasionar faltantes.

Con los retrasos antes mencionados, la SuperIntendencia de Servicios de Salud notificó que 216 obras sociales ya percibieron el 100% de los adeudado, 16 recibieron entre un 99% y un 50%, 12 de ellas entre un 49% y un 30%, y el resto, que son 13, percibieron entre un 29% y un 0%. En este sentido, la presidenta de la AFAPPREI aseguró que aquellas que recibieron el pago completo “son las entidades que poseen una menor cantidad de afiliados”.

En diálogo con Fernando Montero, director técnico del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, afirmó que hubo una interrupción en los pagos por parte de las obras sociales. Esto afectó directamente la financiación de la institución y sostuvo que “es como vivir un mes sin sueldo”. Actualmente, están con un mes de atraso y afirma que, en caso de no mejorar, tendrán que salir a reclamar.

También contó que atravesaron épocas de muchas crisis, principalmente en 2018, cuando fue necesario cortar la ruta Monteverde de Claypole, y apelar a la colaboración de la comunidad para garantizar el funcionamiento de la institución. Ese mismo año se acumuló un retraso en los pagos de siete meses. A la par, Montero sostuvo que “con la inflación que hay es difícil mantener aranceles bajos y más si hay un atraso”.

Desde 2008, con la Ley 26378, nuestro país se sumó a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2006 es parte del sistema de la familia de países que integran Naciones Unidas, acto por el cual se agregó una perspectiva integral desde la óptica del cumplimiento de los acuerdos y pactos globales que promueven una vida digna y en igualdad de condiciones. Asimismo, desde 1997 rige la Ley 24901 que obliga a las Obras Sociales y al Estado -en caso de no contar con afiliación- a dar “asistencia, promoción y protección” a todas las personas con discapacidad. Las prestaciones brindadas -señala la norma- podrán ser de carácter preventivo, donde la madre y el niño tendrán garantizados desde el momento de la concepción los controles y atención necesaria para lograr un óptimo desarrollo; de rehabilitación, prestaciones terapéuticas educativas y asistenciales.

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole es una organización que depende de la Pequeña Obra de la Divina Providencia y brinda un servicio categorizado por la Agencia Nacional de Discapacidad como “hogar con centro educativo terapéutico”.  En la Ley 24901 explica que dentro de esta categoría se contempla un servicio que tiene como objeto la incorporación de conocimiento y aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico. Esta distinción permite facturar a las Obras Sociales de sus residentes y asegurar sus condiciones de cuidado. Sin embargo, también hay quienes ingresan sin cobertura y son atendidos de forma igualitaria. Esta financiación se complementa con las donaciones en efectivo (por CBU) o de productos que hace la comunidad o aportes de diferentes empresas.

En esta institución se atienden distintos grados y complejidades de discapacidades, y se organiza en diferentes hogares dependiendo de la atención que requieren los residentes. Cuentan con un servicio que funciona las 24 horas y los 365 días del año que se caracteriza por ser integral, ya que hay diversos profesionales a disposición, como enfermeros, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, profesores de educación física y médicos. Todos, con turnos rotativos. 

Además del cuidado de cada persona, los profesionales se encargan de su acompañamiento diario y la orientación en las actividades y rutinas. Los terapeutas, psicopedagogos y psicólogos trabajan con los residentes sus intereses y planes de vida, “ellos saben que el Cottolengo no está solo para darles casa, comida y abrigo, sino que también se interesa en su desarrollo”, afirmó Montero. Se trata de un trabajo colaborativo,  donde se crea un diálogo y “se respeta la autodeterminación de la persona, que es la que guía y decide sobre su propia vida”.

Finalmente, el director técnico de la institución aseguró que siguen siendo deficientes los aportes, “si no tuviéramos la providencia, las organizaciones y las donaciones estaríamos en problemas graves”.

El Pequeño Cottolengo Don Orione se ubica en Claypole, en el partido Almirante Brown y fue fundado en 1935 por el sacerdote italiano San Luis Orione. En él viven 380 residentes que reciben el cuidado y la asistencia de profesionales y voluntarios con el objetivo de cuidar sus vidas y permitir su desarrollo e integración en la sociedad.

«Ayudamos a equipar a las nuevas cooperativas»

«Ayudamos a equipar a las nuevas cooperativas»

El Polo Productivo de la exEsma se autodefine como una “fábrica escuela”. Es una cooperativa de Somos Barrios de Pie que produce lo que necesitan otras organizaciones y, simultáneamente, allí se enseñan diferentes oficios.

“Esperame un segundo, perdón”, dijo Carolina mientras se paraba para abrir la ventanita del pañol, ese lugar donde se almacenan las herramientas. “¿Me pasas ocho tuercas?”, le preguntó un compañero asomado por el pequeño cuadradito de vidrio. “Todos necesitábamos un martillo para golpear mientras soldabas”, explicó Carolina. “La primera cosa que me armé yo misma fue mi martillito, que ahora de hecho lo están usando ahí los chicos”, continuó mientras por la comisura de sus labios rebalsaba orgullo. Para Carolina, para el compañero y para cada uno de los ciento sesenta trabajadores y trabajadoras del lugar, la solidaridad es la columna que sostiene su supervivencia primero y su desarrollo después. Esta es fundamental en el modo de entender la actividad económica en todos los miles de polos y cooperativas de la economía popular. Este, el Polo Productivo de la exEsma, es uno de ellos. 

“Acá diariamente es una historia nueva”, señaló Daiana sentada en su “oficina social”, como le gusta llamarla, mientras detallaba sobre la organización del trabajo en el Polo Productivo de la exEsma. La coordinadora del polo, con sus prominentes rulos, aro en la nariz y tapado naranja subrayó el orgullo que siente al resignificar “un lugar donde hubo tortura y muerte de compañeros y compañeras en un espacio de trabajo”. 

Pasando por la EAFF, por la Casa por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, la Casa de la Militancia de Hijos, el Museo Malvinas, el Archivo Nacional de la Memoria y por las decenas de rostros y nombres que recorren el espacio de Memoria y Derechos Humanos, se encuentra el Polo Productivo de la ExEsma, donde más de ciento sesenta personas trabajan todos los días en diferentes talleres productivos.  

“Buenas”, saludaba quién después se presentaría como Gerardo, al entrar en la estructura gigante de chapa y cemento. Entre medio de los techos de chapa, las claraboyas dejaban pasar el sol divino que delataba a la ya cercana primavera. Del antiguo “garage”, salían y entraban personas, vías, maderas, de todo. Los cascos amarillos y las camperas azules de Progresar resaltaban en todos los y las trabajadoras del polo, mientras el coro de sierras, martillos y máquinas no dejaba de sonar. 

“Hay distintos talleres -explicó Daiana- dentro de esos tenemos herrería, aluminio, carpintería, cementicios, acabados y un taller nuevo que estamos coordinando con el museo del Conti -Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti-, el de montaje: colgar las luces, armar los escenarios, y todo eso lo utilizan para distintas muestras que hacen. Ahora hay una exhibición de fotografía donde los compañeros del Polo hicieron todo lo que es la estructura de la muestra, es decir participaron en la parte de arte también.”

Somos Barrios de Pie es la organización social que lleva adelante la gestión del polo, que se organiza con el Ministerio de Desarrollo y la Federación de Cooperativas de Latinoamérica Unida. 

“Lo bueno que pudimos conseguir este año es el cupo laboral trans y tenemos paridad también en todos los talleres. Muchos de los trabajos que estaban acostumbrados que sean solamente de los varones, ya sea manejar herramientas, cementos o bolsas, acá se divide todo -dice Daiana- Las compañeras, que no sabían usar un martillo, ahora usan amoladoras, máquinas, arman muebles para su casa, ponen azulejos, pisos, de todo. Después las ves en el recreo enseñándole a la otra como usarla. Se va pasando conocimiento de máquina a máquina. Nos falta conquistar un solo derecho que es manejar el Sampi -el autoelevador-. Ahí ya vamos a conquistarlo para que las mujeres también puedan usarlo. Imaginate que ni fuerza se necesita para eso”. 

En una esquina del Polo, había un cuartito oscuro con un cartel pegado que leía “Pañol”. Ese cuarto de herramientas fué históricamente coordinado por compañeros varones del Polo, hasta que a comienzos de año Carolina tomó su manejo. “Es todo un orgullo”, comentó Daiana. “Le agarré la mano rápido -dijo la conquistadora del pañol aprovechando que por un momento le dejaron de pedir herramientas y pudo sentarse a charlar-. Le pusimos cartelito a todo… Al principio, los compañeros que tal vez sabían más de herramientas, me las decían con nombres más complicados y yo me quedaba: `Eh, decímelo más sencillo’. Pero nada, ahora está todo acomodado y ya todo funciona bien”. En la entrada del pañol, a un costado, muy disimulado, aparecía pegado un pequeño cartelito con la forma del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, “Construir lo que viene”, decía.

“De lunes a jueves ellos funcionan en los talleres aprendiendo distintos oficios. Los días viernes nos brindaron un espacio en Madres, donde damos talleres transversales, de violencia de género, violencia institucional, cursos de RCP, hablamos de ambiente, de ESI y traemos distintos invitados -explicó Daiana- La idea es ir siendo cada vez más consciente de los nuestros derechos, que se nos olvidan o que no sabemos, y que por eso mismo muchas veces somos tan pisoteados. Acá intentamos ser una fábrica escuela, acá se viene a aprender un oficio, la responsabilidad del trabajo y se viene a cambiar el paradigma”.

Paseando por el Polo aparecían los pañuelos de la Madres, como pinceladas de memoria. Algunos en madera, otros en papel, se iban escondiendo entre las corrientes de buzos azules que pasaban con herramientas, maderas y hierros.

“Antes, cuando trabajabamos en los edificios, era fuerte. Porque cuando armabas o tenías que tirar alguna pared o algo podrías encontrarte con una billetera, con algún zapato. Eso después había que entregarlo a un lugar especial para que lo tuvieran”, dijo Alicia que hace más de diez años que trabaja en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos (exEsma). Cronista ágil, sentada a un costado de la mesa de trabajo, contó: “Yo me crié con gente de campo, entonces las historias de fantasmas ya las tenía. Acá hemos recorrido todo, vimos marcas en las paredes, escuchamos ruidos y sentimos presencias. No te molestan, pero te das cuenta que están ahí”. 

Alicia no quiso olvidar una importante aclaración: “Por todo Esma vas a encontrar los banquitos que hicimos en el taller de cementicio. También armamos mesas, sillas, bibliotecas. Esta es como mi segunda casa. Hace como diez años que estoy acá. La verdad es que ya la siento propia”.

“Es que es como si fuera mio el lugar”, dijo Gerardo entre risas. De gorra verde brillante, sonrisa pícara de piano sin teclas y una distintiva y cálida bienvenida, Gerardo dejó la sierra con la que estaba cortando una tira de metal y se sentó en el pequeño patio trasero del polo por donde el sol se hacía lugar entre las hojas. “Yo hace once años que estoy acá, cuando el Gobierno recuperó todo esto. El trabajo de antes era de demolición y restauración de todos los edificios que están en el predio.”.  

La jornada laboral comenzó a las ocho y media de la mañana, los cientos de trabajadores y trabajadoras llegaron con micros desde los distintos puntos. De ocho y media a nueve tuvieron su usual desayuno y a las nueve ya estaban en los diferentes talleres. “A las dos de la tarde llegan las viandas que vienen de la cooperativa de Manos Al Mundo -dijo Daiana, resaltando el nombre de la cooperativa con orgullo-. De hecho, la que está coordinando la cooperativa ahora es una exalumna mía del Polo, Vanesa. Estuvo con nosotres el año pasado y ver su crecimiento es tremendo. Yo siempre les digo que esto es una escuela, la idea es que todo lo que se aprende acá puedan plasmarlo en distintos polos productivos, en los distintos barrios. El objetivo es que puedan replicar el saber, que armen otras cooperativas y que la economía popular siga creciendo. Porque ahí les van a dar el sentido a muchas otras personas que quedaron también por fuera del trabajo formal y encontraron  esto que estamos haciendo acá. Que lo que llaman planes no son planes, es un salario complementario que es lo que necesitamos todes para afrontar los problemas económicos que venimos teniendo, afrontar la vida digamos”.

“Lo que aprendí acá me lo lleve a casa -dijo Alicia- Por ejemplo, a la puerta de mi casa la puse yo. No es la mejor puerta del mundo y cuando sopla viento se mueve un poco, pero sabes lo que es tener mi puerta. Y lo que significa haberla puesto yo… Lo mismo en mi baño, antes no tenía puerta y ahora sí, es otra cosa”.

“Acá estoy desde el 2019, empecé por el programa de Potenciar Trabajo -contaba Carolina- Yo soy de San Fernando y en ese entonces tenía que cumplir horas. Me faltaban unas 30,  porque ya había hecho capacitaciones, charlas sobre violencia de género, familia, todo eso. Una chica me dijo: ‘Podemos ir a la Esma para hacer las horas que te faltan’. En ese momento me anoté en un taller sobre reparación edilicia, albañilería. Para el 2020 quería seguir viniendo acá, porque a la vez aprendía, y quería seguir llevándome lo que aprendí a mi casa”.

Daiana explicaba que “todo lo que se produce acá se dona a distintos espacios, ya sean otras cooperativas, espacios de tercera edad, primeras infancias, puntos educativos. Nosotros tenemos un catálogo donde la gente se acerca a nosotros haciendo un pedido formal para los distintos lugares. Nos  explican para qué van a utilizar las cosas y vamos charlando sobre la capacidad de producción, para qué lugares van y con qué prioridad lo necesitan. Se arma red, vemos que les hace falta a las demás cooperativas y vamos ayudando a equiparlas, porque esto es parte de la economía popular, porque son otros compañeros y compañeras que van creciendo a la par de nosotros. Para nosotros es un orgullo que nuestros productos también se ubiquen en otros nuevos espacios que los van resignificando”. 

 “En aluminio hacemos ventanas, pizarrones, puertas, mesas. Yo, por el momento, estoy haciendo pizarrones de todos los tamaños. Hacer esto es nuevo para mí -decía Gerardo con una sonrisa, mientras señalaba la mesa de vidrio y aluminio donde recostaba sus manos-. Esta está buena, la armamos con retazos que sobraron y quedó espectacular”.

“Los más antiguos”, como les llamó Daiana, contaron cómo se resistía en los años anteriores. “En la época de Macri parecía que nos querían cansar -decía Alicia-. Nos sacaron el micro, la comida, todo. Los compañeros y las compañeras venían acá resistiendo como para que esto no se terminara de cerrar, venían a resistir. Mucho de esto se lo debemos a ellos, porque si no hubieran estado esto se hubiera cerrado y no podríamos estar acá ahora”, reflexionó Daiana. 

“Esto está buenísimo por el compañerismo que hay. Vos te das una vuelta por los talleres y están todos trabajando, y eso te pone bien, ¿viste? El año pasado hicimos la despedida de fin de año, bailamos, comimos, compartimos. Está bueno, este año espero que sea igual”, dijo Gerardo antes de volver a entrar al taller donde los compañeros lo aplaudieron entre risas.

Las risas, la charla y la vida se mezclan entre los ruidos de máquinas que suenan en el Polo Productivo del Espacio de Memoria y Derechos Humanos. Con ojo atento se encuentra el presente entre tanta historia, y se proyecta trabajo entre tanta incertidumbre. 

“La gente que pasa, que viene a los museos, ven un taller enorme y ven tanta gente y miran para adentro a ver qué es esto -dijo Daiana- Yo ando de guía por la puerta, contándoles, porque para mí también es un gran orgullo que toda la gente sepa. Acá somos como ciento sesenta personas las trabajadoras y trabajadores que venimos diariamente. Que todo esto funcione y que vaya andando el engranaje es un montón y estamos muy orgulloses”.

El Banco Mundial le bajó el pulgar a Rodríguez Larreta

El Banco Mundial le bajó el pulgar a Rodríguez Larreta

El organismo internacional recibió las quejas de la asamblea vecinal, que rechaza el proyecto de un reservorio como aliviador del arroyo Medrano en medio del Parque Saavedra. Retiró los 200 millones de dólares que financiaba la obra.

El Banco Mundial (BM) se puso en contacto con las vecinas y vecinos de Saavedra, que hace meses venían organizándose en contra de la construcción de un reservorio en el parque del barrio, para comunicarles que no financiará el proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad, replicando el pedido de cancelación que la asamblea vecinal había presentado anteriormente.

Desde su Servicio de Atención a Reclamos (GRS por sus siglas en inglés) bajo el asunto “RE: GRS Case Number FY23-GRS-1469; Argentina Flood Risk Management Support Project for the City of Buenos Aires (P145686)” a las 18:51 de este jueves 25, el organismo internacional envió su respuesta al correo emitido en julio por la asamblea vecinal, en el que manifestaba su repudio a la iniciativa del GCBA por no tener como objetivo principal la prevención de inundaciones.  

El proyecto en cuestión proponía la construcción de un reservorio de agua pluvial de 400 metros para “mitigar las inundaciones en la zona” y la creación de un curso de agua a cielo abierto, paralelo al entubado subterráneo, con el fin de “recuperar la relación entre las personas y el agua, centrada en el respeto por la naturaleza, el disfrute y la resiliencia”. 

Anteriormente, en diálogo con ANCCOM, la ingeniera especializada en hidráulica, María Eva Koutsovitis, quien hizo una revisión al informe de impacto ambiental del proyecto había aclarado que “la eficiencia hidráulica como reservorio no está técnicamente justificada y no se analizaron alternativas hidráulicamente más eficientes”, además de alertar sobre las “sustancias contaminantes” con las que estaba previsto que el zanjón se alimentase.

La obra contemplada dentro del Plan Hidráulico, aunque aún no se había realizado el llamado a licitación, disponía de un financiamiento de 200 millones de dólares por parte del BM.

«Luego de los comentarios recibidos durante el proceso de consulta sobre la intervención en Parque Saavedra (audiencia pública) y de las preocupaciones expresadas en su nota del 4 de agosto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) ha manifestado al Banco la necesidad de continuar con el proceso de participación vinculado a la intervención, ampliando así el plazo previsto para dicho proceso, decisión con la cual el Banco Mundial está de acuerdo», señaló la entidad en el correo electrónico enviado a Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, y posteriormente informó su decisión frente a este pedido, ya que «la necesidad de ampliar el plazo se vuelve incompatible con los plazos del proyecto financiado por el Banco Mundial que finaliza en septiembre de 2023, razón por la cual no se utilizarán fondos del préstamo del Banco Mundial para ninguna actividad vinculada a esta intervención».

Finalmente el organismo se comprometió a derivar las «preocupaciones» de los vecinos al Gobierno porteño con el objetivo de que sean “tenidas en cuenta en el desarrollo de las estrategias de participación asociadas a la implementación de esta y otras intervenciones».

Luego de casi un año de reclamos, el rechazo generalizado en las audiencias públicas y manifestaciones junto a otras asambleas vecinales organizadas frente a iniciativas similares del GCBA y el espacio verde de sus barrios, la comunidad vecinal de Saavedra fue logrando hacerse oír. El proyecto de regeneración del Arroyo Medrano tuvo que retroceder hacia una propuesta únicamente de reservorio para la mitigación de las inundaciones. 

A su vez, los vecinos y vecinas insistieron, tanto en las audiencias como en la carta al BM, en la construcción del Reservorio II, una obra cuyos “terrenos ya estaban definidos en el cercano, amplio y mucho más propicio Parque Sarmiento (en terrenos de un exdrive de Golf) en el trayecto del arroyo Medrano, incluido en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de 2006”, indican en la carta. 

En cuanto a la situación actual de dicha obra, los vecinos señalan en el reclamo que el proyecto «ha sido llamativamente marginado, pese a haber sido considerado estratégico por el subsecretario de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Marcelo Palacio, ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires». A su vez apuntan que los terrenos previstos para el reservorio «han sido cedidos ahora al club deportivo privado Belgrano Athletic Club».

José Olivo,  miembro de la Comisión de Desarrollo Urbano y Hábitat del Consejo Consultivo Comunal 12 e integrante de Vecinos X Saavedra celebró «el logro de que no hagan una zanja que dividiría el parque» y recalcó que «lo más importante es la organización vecinal».

«El Estado ausente, los pibes presentes»

«El Estado ausente, los pibes presentes»

Una abigarrada marcha partió desde la Escuela 11 de Barracas, a la que pertenecía la alumna fallecida el lunes 15, y confluyó frente a la Jefatura del GCBA, en Parque Patricios. Reclamaba por los responsables del desfinanciamiento de las polítias socioeducativas porteñas.

La comunidad educativa volvió a ponerse de pie una semana después del fallecimiento de la niña de la escuela N°11. Acompañados de una multitud conformada por vecinos y vecinas de Barracas y barrios aledaños, agrupaciones barriales, organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y centros de estudiantes marcharon, en caravana hacia la Jefatura de Gobierno “exigiendo la implementación y el cumplimiento efectivo de políticas públicas que garanticen el cuidado integral de nuestras niñeces”.

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Son las 17. Es la hora de la salida de la escuela. Cientos de personas a pie, en bicis y motos, avanzan con ritmo entre la calle y la vereda. Guiados por una camioneta blanca en la que dos docentes paradas arriba de la cabina agitan con un micrófono de pie: “El sur también existe”. Del cuello para abajo los guardapolvos blancos. Por arriba de las cabezas se asoman los carteles, las banderas y los niñas y niños a caballito en los hombros de sus padres.  Cuando doblan en la avenida Iriarte, doble mano, se quedan del carril derecho hasta que finalmente copan el ancho de la vía y terminan de estirar una bandera que reza: “NI UNX PIBX MENOS. NIÑECES DIGNAS”.

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Lo que terminó de colapsar una situación de desidia y abandono del Estado y moviliza esta multitud encabezada por aquella pancarta fue la muerte de una alumna de 11 años de la escuela N° 11 del distrito quinto. La niña y su familia siempre habían estado en una situación de vulnerabilidad de la que, como podían, se hacían cargo de forma integral sus docentes. La niña recibía un refuerzo hipercalórico en su vianda, debido a su bajo peso, que también terminó por ser discontinuado. El viernes 12 de agosto la nena se descompensó al entrar a la escuela. La ambulancia nunca llegó. El lunes 15 la ingresaron al Hospital Penna en estado de gravedad donde finalmente falleció.

Los resultados de la autopsia confirmaron que la niña se encontraba en «regular estado de nutrición» y que su fallecimiento se dio a causa de una «neumopatía bilateral». “La verdad es que los resultados no cambian nada.  La situación de vulnerabilidad de derechos y abandono por parte del Estado es real. Si hubieran conocido a la niña, no tenía el desarrollo normal de una niña de 11 años y tampoco su cuerpo resistió una enfermedad porque no era suficientemente fuerte. Además, reclamamos que ningún organismo del estado acompañó a su madre en los cuidados de sus hijes garantizando sus derechos”, señala Alejandra Giusti, docente de la escuela N°11 que marcha hoy en la caravana. 

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Al grito de “Solo tenemos libros” la multitud atraviesa a la villa 21-24 con el sol bajando como una bola naranja que los alumbra de frente. Los vecinos y vecinas se asoman por los balcones, las terrazas de las casillas sin terminar, los niños miran a través de las rejas de las ventanas, aparecen desde los pasillos, parados en los cascotes de las veredas rotas, se suman a la marcha esquivando la basura. La multitud frena ante la escuela N°6 y mientras espera a que los acompañen los docentes y alumnas, una maestra subida a la camioneta lee el cuento Mil grullas de Elsa Bornemann: “La niña murió al día siguiente. Un ángel a la intemperie frente a la impiedad de los adultos. ¿Cómo podían mil frágiles avecitas de papel vencer el horror instalado en su sangre?”. Un montón de grullas amarillas, rosas, celestes, rojas, naranjas y verdes empiezan a salir de las mochilas de las maestras.

Toki, ahora vos. Toki, te toqué, ¡ahora vos! Dos nenas con guardapolvos juegan a la mancha mientras las adultas y adultos que los rodean sostienen carteles con consignas claras: “Con hambre no se puede estudiar”, “La desidia mata”, “La escuela sola no puede”, “Si se puede evitar es un crimen”, “El gobierno de la Ciudad es responsable”, “El Estado ausente los pibes presentes”.

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Luego de haber sido citada por parte de la legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, a ser interpelada debido al fallecimiento de la niña, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, no hizo ninguna referencia al caso públicamente ni en redes sociales, donde su último tuit data del 14 de agosto y el último contenido subido a su instagram es en celebración del Día del Niño “por un futuro con más oportunidades, en el que la educación sea el motor para generar ciudadanos libres”. Ningún organismo ni referente del GCBA se comunicó con la escuela o con la familia para otorgar acompañamiento o condolencias.

«El modus operandi del GCBA es la negación total. Si en algún momento hablan, van a salir a decir que no son responsables y la niña murió por causas naturales», expresa a ANCCOM Adriana Cabi, docente e integrante de la organización comunitaria La Andariega, que acompaña a la escuela en el reclamo y en la práctica, ofreciendo apoyo escolar en alfabetización de primer a tercer grado. La organización se autofinancia sin recibir ningún apoyo o subsidio del GCBA. La maestra recuerda la situación en contexto de pandemia donde «los que se organizaron para resistir fueron las organizaciones sociales del barrio». 

En 2014, el barrio sufrió la pérdida de otra niña, Cynthia, muerta a causa de una bala perdida. «No es que esa niña no tendría que haber estado en ese lugar. Esa bala no tendría que estar ahí donde están jugando les niñes. Eso también es ausencia del Estado», afirma Cabi.

El día del cumpleaños de Cynthia siempre se festeja en el barrio como el Día de la Niñez, salvo por este año que “la comunidad educativa está de luto”. «Infancias dignas van a ser cuando no falte ningún pibe ni piba, cuando haya escuelas, vacantes y cuando los pibis tengan todo lo que necesiten para poder vivir dignamente», expresa la docente.

 

El sol empieza a bajar en la villa. Las docentes cantan y la multitud se contagia. A los colectivos, autos y camiones que pasan por el carril de al lado de la avenida Iriarte les dedican un “Toca bocina si apoyás la educación”, desatando una orquesta de bocinazos. Cada tanto un grito aislado de las maestras repite: “Solo tenemos libros”. Niños y niñas que juegan a la pelota en una canchita se acercan corriendo a saludar desde la reja. Al lado de ellos, sobre un paredón extenso con un mural del Gauchito Gil, emerge un par de construcciones de colchones y sábanas que hacen de hogar para algunos habitantes del barrio. Toda la calle se mezcla con la música de los parlantes y el movimiento que se impulsó desde la tristeza es un lugar de encuentro y la alegría de luchar.

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La participación que tiene la educación en el presupuesto general de la Ciudad bajó más de 10 puntos de 2011 a 2021, disminuyendo del 27% al 17% sin siquiera ser ejecutado en su totalidad. 

Ante esto, la comunidad educativa denuncia un “vaciamiento y precarización de las políticas públicas del GCBA sobre todo en la protección de derechos de la infancia y la adolescencia”. El proceso de vaciamiento “se trata de la baja de presupuesto en las distintas áreas que sostienen las políticas públicas y a causa de eso hay una precarización de los trabajadores y trabajadoras y una reducción de su número”, explica a ANCCOM Pablo Francisco secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). «Esta baja del presupuesto tiene un correlato en el día a día: escuelas con problemas de infraestructura, con falta de mobiliario,  reducción de la cantidad de la alimentación, disminución del material didáctico, cuestiones que afectan a las condiciones de enseñanza y aprendizaje», apunta Francisco.

Es esta la situación de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) que “en el distrito quinto aborda las problemáticas pedagógicas de Nivel Inicial y Primario. Estamos hablando de un universo de 15 mil alumnos, y un gabinete de 14 personas trabajando, 7 a la mañana y 7 a la tarde”, comenta el secretario quien expresa que “idealmente tendría que haber un EOE por escuela. Nosotros planteamos que aunque sea haya uno cada cuatro escuelas. Hoy hay uno solo por distrito escolar para primaria e inicial”.

Las políticas públicas existen y no se implementan porque los organismos estatales existen pero están colapsados. Es el caso del organismo al que se derivan los casos cuando exceden al EOE, el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se encuentra en la misma situación;  del CeSAC, que hoy da turnos para dentro de 3 meses y no existe un vínculo directo con los hospitales de referencia de las escuelas; y de las defensorías zonales, que no cuentan con equipamiento y cantidad de personal necesaria.

En el medio del debate por el desmantelamiento se dirimen dos cuestiones más, la de la alimentación y la del apoyo económico a las familias más vulnerables que actualmente se ve amenazado por su quita en caso de no constatar la asistencia en la escuela. 

En este sentido, el secretario explica que en vez de bregar por el acceso universal a la alimentación escolar, “para acceder a una vianda, que es un sanguchito con una fruta, el niño o niña tiene que acceder a una beca y para ello la familia debe llenar una serie de formularios y validar una cantidad de documentación numerosa. A las familias les cuesta mucho completar esos trámites”. Sintetizando el rol del Gobierno porteño en ambas cuestiones, Francisco señala que “el Estado tiene que estar presente y acercarse a esas familias y no amenazarlas o castigarlas sacándoles un subsidio, lo cual es una medida estigmatizante. Una familia no anota a los pibes en la escuela y no los manda porque sí. Cuando un chico no va a la escuela, hay un montón de variables que está atravesando esa familia y ahí el Estado tiene que estar más presente que nunca. Tiene que saber qué le está pasando a esa familia y lograr que vuelva a la escuela”, concluye.

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A las 19 el cielo empieza a teñirse de violeta y se apagan el naranja y el amarillo. Puntual, la caravana llega hasta su destino y se concentra frente a la nueva sede de la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios. Han sido 30 cuadras de recorrido y seis que ocupaba la multitud. El edificio es enorme, de alrededor de una manzana, moderno y vidriado, cercado por una reja de dos metros. Las maestras sacan la cinta scotch, la estiran, la cortan con los dientes, hacen un rulito y van pegando decenas de grullas. Decoran el enrejado como si decoraran el aula.

Con un timing oportuno, la canción con la que llega la caravana canta justo el verso “Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta”. Afuera del edificio hay siete policías, algunos están de civil y se descostillan de la risa en una ronda. Adentro hay seis, con escudos y cascos. En el predio se pasea un hombre con traje hablando por teléfono. Dentro del edificio todas las luces están prendidas y ningún alma.

“Pasaron 7 días desde que tenemos una silla vacía en nuestra escuela. El abandono y la desidia del GCBA se cobró la vida de nuestra estudiante. Algo que se podría haber evitado con políticas públicas que garanticen el derecho a nuestras niñeces. La escuela sola no alcanza”, exclama una de las docentes que lee el documento de cierre. Una mujer le dice a su hija “mirá ahí está la seño”, señalando a quien está delante del micrófono. “Responsabilizamos al Gobierno porteño que con sus políticas de abandono, desfinanciamiento y reducción de presupuestos permitió que esto ocurriera. Seguiremos luchando por niñeces dignas y porque nunca más tengamos un pibi menos en nuestras escuelas. Soledad Acuña, cómplice. Rodríguez Larreta, responsable”, concluyen.

Son las 19.30 pero parecen las 21. Ya es de noche y a pesar del frío la multitud se queda de frente a la Jefatura de Gobierno y vuelve a unirse al canto de “Fuera, Acuña, fuera”.