¿La única salida es Ezeiza?

¿La única salida es Ezeiza?

¿Cuántos jóvenes emigran del país? ¿Es una cuestión de clase? El mito del éxodo y por qué los latinoamericanos siguen eligiendo a la Argentina cuando se van de sus terruños.

“Las oportunidades las crea uno mismo, mientras que el contexto y el país al que decidís emigrar solo te las va a poder facilitar, pero no te va a dar la solución”, reflexiona la joven argentina Candela Niesl, de 27 años. 

Emprender un nuevo destino, adaptarse a otro estilo de vida, lejos de la familia y amigos, aprender a lidiar con la soledad y el miedo a lo desconocido. Todo ello por el objetivo de construir un futuro y reconstruirse personalmente, a través de nuevas experiencias y culturas. Esos son algunos de los procesos por los que pasan quienes deciden emigrar de sus hogares para ir a otro país que, en algunos casos, se puede convertir en su segunda casa. 

Argentina recibió a muchos de estos aventureros a lo largo de su historia. Entre 1860 y 1930, fue de los principales destinos para los europeos. En la década de 1960, extranjeros latinoamericanos llegaron en masa, y nuevas costumbres se sumaron a su ecuación. Así lo describe el inmigrante colombiano de 26 años, Jorge Arévalo: “A nivel cultural te haces un festín en Argentina, hay mucha diversidad”. No obstante, el país continuó recibiendo a quienes huían de las crisis políticas y económicas que había en sus tierras de origen.  “No pudimos escoger otra tierra donde ir que no fuera la Argentina, porque ha sido un país que abraza, que recibe, que contiene, sobre todo”, confiesa Valentina Araujo, una de las miles de venezolanas y venezolanos que llegaron al país desde 2015.  

Sin embargo, hoy es moneda corriente que entre algunos jóvenes argentinos se converse sobre la posibilidad de viajar al extranjero con un futuro planeado o librando el destino, al azar. Muchos de ellos son descendientes de inmigrantes europeos del siglo XX y hacen largas filas en las embajadas europeas para conseguir su ciudadanía. 

Parece tan popular este debate que los medios de comunicación, las redes sociales y las campañas políticas lo recogen como tema de agenda. En este sentido, a veces se divulga información poco certera sobre la cantidad de emigrantes argentinos y sus experiencias en el extranjero. 

Guerra de oportunidades

En la mira de las próximas elecciones presidenciales, los partidos políticos se dirimen el apoyo de las juventudes. Estos son votos decisivos a la hora de ganar y Mauricio Macri lo sabe. A través de su cuenta de Instagram, el ex mandatario argentino hace tiempo que opina sobre los flujos migratorios, y expresó: “Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro. Por eso no los cuestiono, entiendo sus razones”.  Luego de este inicio, fue de lleno al discurso político: “En 2023 se producirá un cambio muy profundo”, afirmó, haciendo alusión a su intención de volver a ser Presidente. 

Pero, así como Juntos por el Cambio no interpela a toda la ciudadanía, este discurso también deja a varios argentinos afuera. ¿A qué jóvenes les habla Macri? ¿Todos los sueñan con irse del país? 

De acuerdo a una encuesta realizada por esta nota en octubre de 2022 a 200 jóvenes de entre 20 y 30, quienes manifiestan sus deseos de experiencias en el extranjero son pibes y pibas de clase media y acomodada. En parte de aquel público podría estar Tomás González, un argentino de 23 años que estudió en una universidad privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vive en España hace un año. No obstante, Tomás confiesa: “Es imposible hacer esto si no tenés la plata”. Sus padres le pagaron la carrera para que él pudiera terminarla lo más rápido posible. Con su título de Licenciado en Turismo y Hotelería fue a buscar su primer trabajo en el extranjero.

Más de la mitad de los encuestados por este medio coincide con la visión de Tomás. Al preguntarles por los obstáculos que se les presentan para viajar al exterior, primero respondieron que les costaría distanciarse de su familia y amigos, y luego, que no cuentan con el dinero necesario para viajar. Paralelamente, el informe que el INDEC publicó en septiembre de 2022 señala que más del 36,5% de la población argentina se encuentra bajo la línea de pobreza. No estaría en las prioridades y posibilidades de la población, viajar a buscar experiencias.

Igualmente, las trabas no están solo en la Argentina, también son impuestas por el exterior. Existen muchos requisitos que cumplir si, por ejemplo, se quiere trabajar de niñera en los Estados Unidos. “Podes ser Au Pair en 4 pasos”, ofertan las compañías que organizan programas de viajes para chicas jóvenes del país. No obstante, cada etapa está lejos de ser simple. Para poder aplicar hay que contar con título secundario, licencia de conducir, un alto nivel de inglés, 200 horas de experiencia cuidando niños y/o niñas, y tramitar el pasaporte y la visa de trabajo norteamericana. El costo del programa ronda los 150.000 pesos y dentro de él se incluyen el viaje de ida y la asistencia médica. 

Desde la Dirección Nacional de Migraciones, la Directora Florencia Carignano le respondió al expresidente a través de Twitter que durante el gobierno del PRO abandonaron el país 50 personas por día, mientras que entre 2020 y 2021 bajó a 18 emigraciones diarias. Para sostener estas estadísticas, la funcionaria del Frente de Todos aclaró que fue comparada la cantidad de argentinos de entre 18 y 40 años que salieron del país y no volvieron por 12 meses. Como las y los ciudadanos no están obligados a declarar los motivos de sus viajes es complicado contar información precisa. Solo es posible apoyarse en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y de los censos de población nacional comparados con las estadísticas de migraciones argentinas en el resto del mundo. 

El aumento en el interés por emigrar puede observarse en el recuento de trámites realizados para sacar la ciudadanía española o italiana. Sin embargo, no todos los que cuentan con alguna de ellas, se van del país. De acuerdo a la encuesta realizada por este medio, varios argentinos tienen presente la posibilidad de irse, pero aún hay algo que los frena. 

Aterrizar en la realidad

“Es clave no pensar que todo es color de rosa y enfrentar lo que toque”, admite Micaela Genta, una aspirante a Au Pair de 22 años. 

En la actualidad, quienes no se encuentran con las promesas que reciben son las jóvenes argentinas que emigran como Au Pairs a los Estados Unidos. Cada vez son más las mujeres que se aventuran a cuidar niños y niñas en el extranjero con la ilusión de conocer sus icónicas ciudades, tener alojamiento y comida gratuitos, y un sueldo semanal de 200 USD. Pero, al mismo tiempo, aumentan las denuncias en redes sociales que las viajeras realizan a sus familias empleadoras por explotación laboral o violencia intrafamiliar. 

Entre los participantes de la encuesta realizada, un 80% de ellos son argentinos y más del 60% de los mismos destacó que les gustaría vivir en el exterior. Pero, ¿por qué quieren irse? “Yo me fui porque me interesaba conocer nuevos lugares, nuevas personas y nuevas culturas. Siento que te abre mucho la mente viajar, pero no descarto volver a la Argentina”, aclara el argentino que reside en España, Tomás González.  

A causa de la pandemia, los países con alto envejecimiento poblacional fueron afectados por la caída de la mano de obra. En consecuencia, facilitaron el acceso a visas de estudio y de trabajo para los inmigrantes. Varios de ellos salieron elegidos como los países preferidos por las y los encuestados. 

La emigración que vive la Argentina es comparada por algunos sectores con la fuga de cerebros de 1966. Pero en aquel entonces, los jóvenes se iban a ejercer sus profesiones a otros países, mientras que hoy: “Se van a lavar copas o limpiar baños, que es digno, pero yo que estoy estudiando mi carrera y ejerciéndola, no podría dejar lo que construí acá”, manifiesta el colombiano Jorge Arévalo. Muchos de ellos son discriminados por los turistas incluso, tal como cuenta Tomás González: “La discriminación que yo sentí es que cuando me acerco a las mesas se agarran las carteras, me corren el celular”.

Quienes se van no solo dejan a sus familias, sino códigos sociales que varían considerablemente entre países. Argentina representa las noches de fiesta interminables, el beso en el cachete y ese trato “amiguero” incluso entre desconocidos. Ese clima da una sensación de bienvenida a los extranjeros que es destacable: “Una de las cosas que los venezolanos valoramos de los argentinos es que son muy abiertos a las otras culturas. Les gusta y se interesan”, manifesta Eli López, inmigrante venezolana que llegó al país hace cuatro años. 

El refugio de América latina

“Algo muy loco que a mí no me pasa, es que en Argentina todo el mundo se queja de la inseguridad. Pero en Colombia hay una cultura del miedo, la gente no saca el celular en la calle, es muy precavida, y acá son súper relajados”, destaca Jorge Arévalo al conversar con este medio sobre las características de la Argentina que más le llamaron la atención. 

En Latinoamérica, todos y todas están más que acostumbrados a la inseguridad, los altibajos económicos y las sorpresivas dictaduras o inestabilidad política. Pero en algunos países estas situaciones son peores que en otros. Por eso, en varios momentos históricos que expulsaron a miles de habitantes latinos de sus países de origen, la Argentina fue la solución más cercana. 

En el país, la población migrante era aproximadamente de dos millones de personas en 2019, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la investigación de migraciones de la Dirección Nacional de Población, se destaca que, entre el 2012 y el 2020, el 93% de las residencias otorgadas fueron a migrantes procedentes de países de América del Sur, luego a inmigrantes del resto del continente, y por último, a europeos. La variación en los orígenes de quienes ingresan al país se puede ver claramente en el estudio del Instituto Nacional de Datos, Estadística y Censo (INDEC), que abarca el período de 1830 a 2010. 

“Mi familia me pagó el pasaje porque en Colombia las universidades son muy caras. A otros chicos a veces los padres no les pagan una universidad en su país, pero sí el alquiler de Buenos Aires que es carísimo”, comenta Jorge Arévalo. Según un ranking internacional, seis universidades de la Argentina se encuentran entre las 50 mejores de América Latina, y, entre ellas, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se ubica en el puesto número nueve. La educación argentina también es destacada en las conversaciones entre europeos: Los argentinos tenemos una gran fama de tener buena educación, que para mí es real”, revela el argentino Tomás González y añade que el título universitario argentino es un privilegio que le abre más posibilidades a los jóvenes en el exterior.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos llegados a la Argentina entre 2018 y 2019 tenían entre 22 y 28 años, gran parte de la sociedad critica que vienen al país a aprovecharse de la educación pública. No obstante, en el Anuario Migratorio Argentino de 2020, un grupo de investigadoras del CONICET demostró que un 38% de los inmigrantes llegó a la Argentina buscando trabajo, y solo un 22% para ampliar sus estudios. A su vez, también destacan que quienes vinieron recientemente tienen perfiles educativos más altos que inmigrantes anteriores. 

Aunque muchas personas deciden aventurarse a la vida en el extranjero todo inmigrante sabe que esa búsqueda implica incertidumbre. Así lo asegura González: “Lo más importante es estar preparado para la inestabilidad de la vida, sobre todo al principio porque en muchos aspectos puede salir mal. Tenés que ser bastante luchador para salir adelante y no rendirte”. 

Al llegar a nuevos países las circunstancias socioeconómicas podrán ser más favorables que en la Argentina, pero eso no garantiza un futuro más sencillo o exitoso. A su vez, no hay una urgencia inmediata que lleve a los jóvenes a correr estos riesgos, como sí ha ocurrido en otros momentos de la historia nacional. “No es un número que impacte ni que se acerque a las emigraciones de la dictadura o de La Noche Los Bastones Largos, donde tampoco se puede mencionar a la crisis del 2001 como un gran éxodo”, explica Roberto Aruj, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Varios sectores políticos podrán hablar de aumento de migración, pero las estadísticas muestran una realidad distinta. “No hay migración hoy en día, hay mucha propaganda política que está tratando de desprestigiar al gobierno actual a través de la campaña que plantea un gran flujo migratorio de jóvenes que no es real”, remarca el licenciado. 

Entonces, ¿La única salida es Ezeiza? Este dicho se volvió popular en Twitter y entre las y los usuarios de las redes que postean fotos de sus pasaportes y valijas a horas de abandonar el país. Sin embargo, parece ser más una campaña de algunos twitteros que un diagnóstico basado en la realidad.

Nuevas herramientas contra el ciberdelito

Nuevas herramientas contra el ciberdelito

A seis años de sumarse a la Convención de Budapest, Argentina firmó el Segundo Protocolo Adicional del convenio para mejorar las herramientas de investigación del ciberdelito. El peligro de las “cuentas zombies” y otras trampas que debemos conocer.

El ciberdelito aumentó en la Argentina y las entidades financieras se vieron vulneradas en más de una ocasión. A seis años de integrar el principal acuerdo global para combatir la ciberdelincuencia, este 16 de febrero de 2023 se firmó la adhesión de la Argentina al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest de la Unión Europea. De esta forma, se avanza en materia legal para prevenir tanto el lavado de dinero como las estafas que afectan a los usuarios, quienes ven corrompidas sus claves de acceso y son noticia a diario. En diálogo con Anccom, Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales y Andrés Piazza, Director del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe, abogado y consultor, explican los alcances de la legislación argentina y el crecimiento exponencial del delito informático.

Las modalidades de ciberdelito se diversifican con el paso del tiempo y cada vez más personas son víctimas de estafas, a veces sin enterarse. En el mundo digital los factores de verificación no alcanzan para cubrir en su totalidad la seguridad de los datos. Así sucedió con el caso de un individuo en La Plata, quien buscó construir una casa propia y solicitó un crédito Procrear  por la suma de $5.300.000. Luego de hacer pagos por el terreno, depositó el sobrante de dinero en una cuenta del Banco Hipotecario. Tras dejar cargando unas horas el celular, el usuario de la aplicación móvil del banco volvió a ingresar en su cuenta y descubrió que el mismo día se le había sustraído $2.780.000, sin mediar ninguna situación de robo de datos, ni phishing (suplantación de identidad, por su traducción). 

Once meses de mediaciones con la entidad bancaria le llevaron a la jueza María Cecilia Tanco tomar la decisión, que llegó el pasado 19 de noviembre de 2022, cuya sentencia ordenó responder por el valor de las las cuotas robadas a la víctima, permitiéndole mantener ese préstamo y no afectando negativamente su economía y la de su entorno familiar.

Este caso dejó una importante jurisprudencia donde la justicia falló a favor del usuario. 

A su vez, en la Argentina la ley de delitos informáticos modifica la ley del Código Penal y se adecúa a los estándares internacionales propuestos por  la Convención de Budapest, el primer instrumento internacional que trata de manera específica aspectos relacionados con el ciberdelito, al cual adscribe la Argentina desde el año 2017, mediante la Ley 27.411.

Este 16 de febrero de 2023, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, firmó la adhesión de la Argentina al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest de la Unión Europea. Esta herramienta permitirá reducir el tiempo de las investigaciones de los ciberdelitos.

En diálogo con Anccom poco antes de la ratificación de este nuevo instrumento, Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales y consultor del Consejo de Europa en proyectos vinculados a la problemática de los delitos informáticos y obtención de evidencia digital en procesos penales, señaló que la Argentina tiene un atraso importante en la legislación procesal. En esta se contempla principalmente a la prueba física, pero “todo el sistema penal, no solamente los delitos informáticos, requieren de prueba digital o prueba obtenida en entornos digitales”, afirmó Salt. 

El estudio de casos de ciberdelitos se complejiza tras no contar con una legislación que acompañe adecuadamente la investigación de la prueba. “Se trabajan por analogía las normas pensadas para la prueba física. Obliga al sistema penal, a jueces, fiscales y abogados a imaginar e interpretar esas normas que han quedado desactualizadas”, explicó. 

En este proceso la eficacia de las investigaciones y las garantías individuales se ven afectadas, “porque tenemos la posibilidad de que el Estado, en su afán de investigar, empiece a llevarse puestas garantías individuales, haciendo que las investigaciones se metan demasiado en la intimidad, más allá de lo que debería estar permitido para la investigación de un delito”, enfatizó el abogado.

Refiriéndose a los delitos, Salt sostiene que “el delito se muda hacia el lugar donde es más sencillo y más fácil. No solo por su lugar de comisión, sino también para encubrir su accionar”. La complejidad para comprender la prueba digital todavía supone un problema en el desarrollo de una investigación. 

Sobre la firma del Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest, Marcos Salt compartió en su Twitter que se trata de un “Gran paso para mejorar las herramientas de cooperación internacional para persecución del ciberdelito y obtención de prueba digital en extraña jurisdicción”.

Con respecto a los fraudes informáticos que suponen una afección a la privacidad de los datos y a la propiedad financiera de los usuarios, el Director del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe, abogado y consultor Andres Piazza

afirma que los estafadores “son entidades u organizaciones criminales sofisticadas. Van probando, con que acierten un 5% de los 20 que tratan de estafar por día, ya tienen éxito”, confirmando que el ciberdelito crece en complejidad y volumen. Además, el abogado reflexiona: “hay más necesidades de incrementar las capacidades públicas y privadas para la prevención. Porque no solamente es ley, si no que es política de seguridad de la información”. 

Andres Piazza también destaca que “falta bastante desarrollo en las capacidades organizacionales de las propias empresas y de las instituciones financieras”, confirmando que aún poseen falencias a resolver. El abogado llama la atención sobre el peligro de las “cuentas zombies”, que son aquellas que muchos usuarios dejan olvidadas y sin uso. En diálogo con Anccom, asegura que están recibiendo muchos casos en donde algunos estafadores sacan un crédito o realizan transferencias hacia una segunda cuenta que es de otro estafado, alguien a quien le tomaron el control de la cuenta para usarla de zombie.

 

Con respecto a estos casos, Piazza asegura que se podría encontrar el origen, porque se puede ver la transacción financiera, pero que “para las instituciones financieras suele ser más complejo saldar el problema, por lo que simplemente indemnizan al cliente”. 

 

Dentro del ciberdelito se contemplan “estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques como cyberbulling, grooming, phishing cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos”, como lo presenta el Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano. En el caso de los fraudes financieros y sustracción de bienes económicos, Andrés Piazza enfatiza que “la ley debería tener mejor instrumentado el sistema de la cadena de responsabilidades y las formas de hacer valer reclamos”.

 

Con la nueva firma del Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest, se propone mejorar en la cooperación internacional, facilitar la provisión de pruebas electrónicas y establecer medios eficaces para obtener información sobre los abonados y datos de tráfico, según informan desde el Ministerio de Seguridad.

 

Vale recordar que con la pandemia se multiplicaron los delitos informáticos. Más allá de las recomendaciones que realiza el propio gobierno y cada institución financiera, se sigue registrando un elevado porcentaje de casos. El Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas Nacional (CERT, del inglés), dependiente de la Secretaría de Innovación Pública, publicó el informe anual de incidentes informáticos de 2021 –últimos datos oficiales–. Se registraron un total de 591 incidentes informáticos, cifra que superó en un 261% a la del año 2020. Como confirma el reporte, el fraude representó el 56% del total de incidentes reportados. A su vez, en esta cifra se detectaron delitos como el uso no autorizado de los recursos, los derechos de autor y el phishing.

 

Un tema tabú que es necesario enfrentar

Un tema tabú que es necesario enfrentar

El suicidio es una temática compleja no solo por lo doloroso, sino también las múltiples causas que pueden generarlo. Hay señales de que está creciendo entre los jóvenes, pero las estadísticas no resultan demasiado confiables. ¿Cómo se ayuda a una persona que no soporta más el dolor que le produce vivir?

Distintas instituciones estatales, ONG y profesionales que tratan sobre la salud mental coinciden en que aumentaron los casos de suicidio durante la pandemia, pero también en que es un tema complejo, multicausal y que se registra de forma poco sistemática, por lo que no es fácil contar con estadísticas confiables. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de junio de este año menciona que las consultas por depresión y ansiedad aumentaron más de un 25% sólo en el primer año de la pandemia. La Iniciativa Especial de la OMS en el Área de Salud Mental del 2019 a 2023 propuso una cobertura sanitaria universal que considere las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, la guerra y la crisis climática como una de las amenazas estructurales globales para la salud mental. 

Es que, según la OMS, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. En París por la pandemia hubo un crecimiento de 300% en los casos de menores de 15 años. Las estadísticas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) realizó una encuesta durante el momento más crudo de la pandemia en Estados Unidos y concluyó que un 25 % de los jóvenes tenía pensamientos suicidas. 

Más datos: según el reciente informe sobre el suicidio en España, realizado por el Observatorio Biopolítica (formado por Profesionales para el Bien Común), el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte no natural en España, produciendo el doble de muertes que los accidentes de tráfico, once veces más que los homicidios y setenta y dos veces más que la violencia de género. Es también, después de los tumores, la principal causa de muerte en la juventud española (15 a 34 años).

De acuerdo con las Estadísticas Sanitarias Mundiales del 2019 realizado por OMS, 97.339 personas murieron por suicidio en las Américas en 2019 y se estima que los intentos de suicidio pueden haber sido veinte veces esa cifra. Los hombres representaron alrededor del 77% de todas las defunciones por esta causa y, si bien se han hecho progresos en la prevención del suicidio, varios países siguen teniendo tasas crecientes. 

“Perder a un ser querido por suicidio es desgarrador y es algo que podemos prevenir”, afirmó Oliveira e Souza Jefe de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El proyecto  “Vivir la vida” se propone ayudar con los impulsos de cada país para reducir a un tercio las estadísticas a nivel mundial de suicidios para 2030. Podemos observar que aún está por actualizar los datos después de la pandemia, y desde la OPS se sigue trabajando en campañas con esta temática.

Pese a lo fragmentario de los datos y las dificultades para interpretarlos, algunas señales invitan a seguir pensando.

 En Argentina

 Los datos globales sirven como referencia para la Argentina donde, afirman los profesionales entrevistados, aun faltan estadísticas confiables. 

En 2018, en el 6º Encuentro Nacional de Epidemiología Pediátrica de Argentina, se explicaba que la primera causante de muerte de adolescentes en Argentina son los accidentes y en segundo lugar los suicidios. Según este informe, las provincias de la Región NOA son las más afectadas. Un equipo del Hospital Nacional Posadas realizó un informe en 2019 en el que aseguraba que en la Provincia de Buenos Aires los suicidios se triplicaron en los últimos 30 años, hasta llegar a los 12,7 por cada 100.000 adolescentes de entre 15-19 años de edad  y constituye la segunda causa de muerte en la franja entre 10 y 19 años.

Para hacer frente a este problema, el Ministerio de Salud tiene un servicio especializado en la atención por salud mental y consumos problemáticos de Niñas Niños y Adolescentes, hasta los 18 años. El servicio cuenta con atención a la demanda espontánea, ambulatoria y ambulatorio intensivo brindando servicio por medio de actividades grupales a los pacientes y sus familias. 

“Toda difusión es prevención, es tarea de todos prevenir. El suicidio es multicausal, nunca hay una sola razón”, afirma Fernanda Azcoitía, presidenta del Centro de Atención al Suicida (CAS) en Buenos Aires. “Todos podemos ser preventores estando atentos a nosotros mismos, a nuestros propios procesos y al entorno de los que tenemos cerca en cualquier espacio en que participemos. Estando atentos, mirando y escuchando a los demás, aún cuando estemos ocupados, vamos a notar que algún compañero puede empezar a apagarse, a tener una mirada más triste. Lo podemos captar  con una mirada atenta”. Según la especialista, los chicos están hoy en un mundo que les resulta particularmente complejo.  Entonces aparecen tentaciones para aliviar sufrimientos y dolores como el alcohol, consumos problemáticos, de vínculos o relaciones complejas.

Para Azcoitía, “no todos los intentos y no todos los suicidios son registrados como tales, con lo cual se piensa que las estadísticas están subvaluadas y esto es más preocupante aún”. El suicido es un punto en un proceso que empezó mucho antes del impulso o en el momento en que se toma una decisión, explica Azcoitía. “Si hay varios problemas que generan un colapso y va creciendo una crisis totalizadora del Yo, que lo abarca por completo. La persona lo que quiere es eliminar ese sufrimiento y dejar de sufrir. Si la persona no estuviera sufriendo eso, no querría  acabar con su vida”, concluye.

El camino de los jóvenes

El suicidio, “afecta a todas las edades, pero en particular a los jóvenes”, explica Amilcar Matosían, autor de EnREDAdos y Licenciado en Relaciones del Trabajo. “Si hay una muerte, hay familia, amigos y una sociedad que sufre. La tendencia es que los suicidios siguen aumentando. Los datos que tenemos es que hay más suicidios que homicidios en Argentina, aunque depende del juez que la causa de mortalidad quede correctamente registrada. Hay un año que sube más y otro puede bajar, pero la problemática es la tendencia y es global”, explica Matosian a ANCCOM. Hay una negación cultural del Occidente exitista que dificulta enfrentarnos a los fracasos y problemas. En Latinoamérica nos cuesta medir con números. Somos más románticos y medimos con las sensaciones, en cambio en el mundo anglosajón se valora más porque los números son objetivos”, afirma. 

“Uno de los mitos es pensar que la persona afectada por la ideación suicida, no sale. O que la persona que comete un intento, no puede recuperarse. Pero hay que dar el mensaje que sí es posible recuperarse y tener una vida plena en cuanto afectos, a proyección de futuro. Hay mucho prejuicio, mucho temor  a ser estigmatizado. La enfermedad mental tiene un estigma que no sucede con la enfermedad cardiaca, por ejemplo”, comenta Matosian, quien trabaja con un equipo de profesionales multidisciplinario: “Psicólogos, médicos de distintas especialidades, sociólogos, bomberos y otros profesionales”, comenta. 

“Después de la pandemia hay más llamados y las temáticas son muy diversas. Hay casos de personas que llaman con situaciones muy difíciles y complejas, sumado a todo un sistema de salud que no siempre está en condiciones de responder a la demanda que supone el aumento de toda una situación difícil en términos de salud mental y esto se da no en el sistema público y el sistema privado”, cuenta Azcoitía. 

Sandra Ledesma, psicóloga de niños y adolescentes, trabaja en la Asociación de Psicología Social Clínica de Argentina (APSCA). Según la especialista los cambios físicos de la adolescencia, la autoestima, la pertenencia, las primeras obligaciones, dudas del futuro y la plena construcción de la identidad, producen un movimiento muy grande por dentro, sin que necesariamente haya una relación directa con el contexto particular. Al tener problemas sin resolver, cosas dolorosas por expresar, la sensación es de muerte. “Luego de la pandemia fue muy difícil para los adolescentes retomar las clases, compartir salidas. La falta de cercanía los ha afectado mucho”, explica. Como especialista, Ledesma, sugiere fomentar espacios tranquilos y relajados, de diálogo con los niños y adolescentes. Recomienda que los adultos se dispongan a la escucha activa y, en la medida de lo posible, tener los aparatos electrónicos silenciados. 

Matosian y Azcoitía, Ledezma, insisten en la multicausalidad de los casos de suicidio invitan a estar atentos y evitar que los niños y adolescentes se aislen. También comparten la idea de trabajar de forma interdisciplinaria, porque la persona es un todo (su entorno social, político, familiar, emocional, espiritual, económico). Quitar el estigma a las cuestiones de salud mental, también puede ser un paso importante.

Medios y castigo

Medios y castigo

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa fue cubierto con un despliegue pocas veces visto y batió records de audiencia. ¿Los medios estuvieron a la altura?

El debate respecto al rol de los medios en la judicialización del asesinato de Fernando Báez Sosa se coló en la agenda junto al veredicto del Tribunal de Dolores. El caso rompió récords de métricas y audiencias, ¿los periodistas estuvieron a la altura?.

“Vimos a colegas periodistas celebrando las prisiones perpetuas como si fuera una meta que cumplieron y convencidos del rol que habían jugado”, mencionó Laureano Barrera, director del sitio especializado en periodismo judicial Perycia. “Lo grave no es pretender que el periodismo sea ‘neutral’ porque sabemos que la objetividad del periodismo es una ilusión de mínima un poco ingenua y de máxima un poco cínica. Esa ‘neutralidad’ no es la que yo pretendía en los medios de comunicación, pero el lugar de celebración impide el debate para reflexionar por qué estos ocho pibes hicieron lo que hicieron y cuáles son los patrones culturales, políticos y sociales que provocan que estos comportamientos sean posibles”, agregó.

Con una producción de contenido permanente, se informó tanto sobre lo que ocurría en la sala de audiencia como lo que sucedía fuera con los padres de Fernando y de los victimarios, junto al paseo por los canales de televisión que propició Fernando Burlando, el abogado querellante. Todo esto produjo la atención y el seguimiento de la opinión pública. “La sobredifusión influyó en todos los actores del proceso. Por un lado, los peritos psicológicos notaron que, si bien algunos de los acusados tenían ganas de hablar, no lo hacían por miedo a que trascendiera. Por otro lado, no podemos negar que el tribunal está compuesto por jueces y juezas que miran televisión, leen los diarios y redes sociales, tienen familias y ámbitos de pertenencia. Es imposible esa abstracción teórica que supone que deben tener para decidir según las leyes y no según lo que están dictando como sentencia previa los medios de comunicación y los discursos punitivos de prisión perpetua”, concluyó Barrera.

Si bien distintos especialistas concuerdan que no hay una relación directa entre la mediatización del caso y la sentencia, reconocen ciertos elementos que presionan la misma. Al respecto, Mariana Fernández, Doctora en Comunicación e investigadora del CONICET, reconoció que el reclamo de castigo y el abordaje punitivo de los medios se refuerza por el sentimiento de desconfianza generalizado en el sistema de justicia, y comentó: “Los medios de comunicación tuvieron un importante rol en la presión porque crearon un ambiente totalmente cargado de una descripción estereotipada respecto a la víctima y los victimarios, el tratamiento espectacularizado del caso en torno a la juventud descontrolada, la violencia en el mundo del rugby, la insensibilidad de los acusados, el juicio televisado por youtube, todos los rótulos que se van poniendo de ‘urgente’ y ‘alerta’, las imágenes de los familiares en la puerta de los tribunales, el vídeo de la golpiza repetido una y otra vez en forma totalmente revictimizante de Fernando…”

La investigadora añadió: “Todos mecanismos de creación de sensacionalismo que suscitan esta creación de sensación de amenaza en la audiencia de que el hecho se puede repetir y de que le puede pasar a cualquiera”.

“Lo que hizo que este caso sea diferente en la cobertura mediática fue que se vincula con el carácter extremo de la violencia que ejercieron los jóvenes; no olvidemos que para los medios la muerte es un criterio de noticiabilidad muy importante, pero fundamentalmente es que el hecho fue registrado por cámaras de seguridad y vídeos tomados desde celulares por los propios testigos de los hechos”, señaló Fernández y agregó: “Esto es lo que los llevó a posicionar, desde el primer momento, como victimarios y una víctima que claramente es Fernando, un joven del cual se destaca su solidaridad”.

El hecho es que el joven falleció el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, luego de recibir una golpiza por parte de un grupo de amigos al salir del boliche Le Brique. El lunes, la justicia dio a conocer el veredicto: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por considerarse «coautores penalmente responsables por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves», mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, como partícipes secundarios, fueron condenados a 15 años de prisión.

“Se trata de un evento que tiene cierta familiaridad para buena parte de la población. El hecho de que se peleen un grupo de jóvenes al salir de una discoteca no es atípico”, mencionó Ezequiel Kostenwein, Doctor en Ciencias Sociales y abogado. “En casos conmocionantes, habitualmente en los medios de comunicación se presenta una mirada esquemática del castigo y la función que debería tener la pena. Se prioriza más la severidad y no tanto la interpretación o la comprensión de la situación de la víctima y las trayectorias de posibilidad de por qué ciertas personas son capaces de cometer un delito tan grave. Se genera un escenario donde la mirada más punitivista es la que consigue tener más eco”, comentó.

Desde el margen, hubo coberturas que se corrieron de la promoción de la mirada punitivista y le dieron voz a otros temas tratando de complejizarlos, profundizando la noción de violencia machista en el rugby, el racismo que atravesó la pelea o si existe realmente una sentencia reparadora. Si bien los tiempos que maneja el periodismo son otros, esto no implica dejar de preguntarnos por las herramientas con las que contamos para intervenir en estas situaciones.

Menos presupuesto para la niñez

Menos presupuesto para la niñez

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que el Gobierno dio marcha atrás con un incremento establecido en la Ley de Presupuesto.

El Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con un aumento del Presupuesto Público para este año, que había sido acordado por el Congreso en conjunto con organizaciones  no gubernamentales, y que tenía como destino programas sociales vinculados a la niñez, ambiente y vivienda. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionó la transparencia constitucional de la decisión e instó al gobierno a revertir esta situación. La abogada y Coordinadora del Programa Justicia Fiscal de esa entidad, Julieta Izcurdia, expresó: “Democráticamente nuestro sistema republicano dice que es el Congreso quien aprueba la ley y el Ejecutivo quien debe implementarla”.

Según ACIJ, la inconstitucionalidad de dicha modificación por parte del Ejecutivo no solo es desconocer la actuación del Congreso, sino que también vulnera elementos reconocidos en la Ley Nacional 26.061, vinculada a los derechos de las infancias. “En términos constitucionales, es un problema. Hay una ley nacional que aplica solo a políticas de infancia, justo las más recortadas, omitiendo un principio muy importante en materia de derechos humanos, que es el de no regresividad y de intangibilidad. Significa que el Estado no puede retroceder el nivel de derechos que garantiza a su población y eso se ve reflejado en el recorte presupuestario. Esa ley dice que todos los años no pueden bajar el gasto público en las infancias y eso es lo que está sucediendo, incumpliéndola”, dijo Izcurdia.

Mientras las últimas estadísticas del INDEC conocidas miden que, del total de la población argentina, el 36,5 por ciento estaba bajo la línea de pobreza, las organizaciones civiles advirtieron recortes significativos en áreas claves como niñez, ambiente y educación. El Congreso había consensuado con una serie de organizaciones en aumentar más de 500 millones de pesos para diferentes programas que garanticen derechos sociales en estos sectores más afectados por la pobreza. “Desde el año 2015 empezamos a reunirnos en el Congreso junto con otras organizaciones que trabajamos diferentes temas, con asesores, diputados y diputadas para mostrar cuando veíamos que había recortes, para pedir aumentos si era posible y visibilizar lo que venía pasando en términos de presupuestos o políticas sociales”, recuerda Izcurdia.

“El año pasado, después de una mesa de trabajo, especialmente con la Comisión de Niñez, donde participaron  otras organizaciones también, se ampliaron varias partidas de políticas alimentarias como a comedores escolares y asignaciones familiares, porque habíamos visto que hubo un recorte. El Congreso reconoció que era necesaria la suba porque la pobreza sigue estando en los mismos niveles y los pibes son los más afectados”, agregó.

Sin embargo, a principios de este año, el Poder Ejecutivo modificó el Presupuesto Público a través de la Decisión Administrativa 4/23, desestimando esos aumentos. Según la Ley de Presupuesto 27.701, es el Poder Legislativo el que aprueba y los ministerios quienes deben aplicarla. “Pero ahora todos esos aumentos  desaparecieron. No están en la distribución. La mitad era para políticas sociales pero también había subas para algunas provincias. Todo eso se desconoció”, remarcó.

Las consecuencias, si no se asignan estas subas, según la coordinadora del Programa Justicia Fiscal, tendrán impacto directo en los sectores más vulnerables de la población. “Las políticas que se van a ver más afectadas están en el parte de niñez, familias y hogares más pobres. Con la Tarjeta Alimentar por ejemplo, con la que solo se puede comprar comida y también políticas de viviendas, programas de urbanización y mejoras de barrios populares del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. Después había algunos fondos más chiquitos pero que habían aumentado en el Plan del Manejo del Fuego y bosques nativos, vinculado a la problemáticas de los incendios y deforestación y eso también se recortó”, expresó.

La abogada Izcurdia observa también una falta de credibilidad en la distribución equitativa de los fondos: “Es muy difícil hacer un seguimiento de la gestión de recursos públicos, si es un ‘vamos viendo’ constante. Hay un montón de factores que influyen, desde la inflación a la deuda con el FMI y sus condiciones. En caso de que lleguemos a un 60% de inflación, tiene que volver el Presupuesto a discutirse. Nunca pasó eso que durante el año se vuelva discutir el Presupuesto porque se desconfía de la inflación que se está estimando

La ACIJ envió notas a todos los jefes de los bloques legislativos para obtener respuestas o justificativos de este revés presupuestario. “Hasta ahora no parece ser restituido ni recibimos nada. Pedimos también explicaciones de por qué se desconoció la voluntad del Congreso. Es verdad que el argumento puede ser que durante el año el Ministerio de Economía va a dar adecuaciones. Pero la realidad es que hoy, las instituciones como el Ministerio de Desarrollo y ANSES, no saben si van a contar con esa plata que se recortó. No es que vaciaron las políticas, tienen menos dinero que el Congreso decidió que debía tener”, remarcó Izcurdia. Ante la falta de respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Programa de Niñez de ACIJ evalúa si presenta un amparo para revertir esta situación.  

Las secundarias después (¿o antes?) de las tomas

Las secundarias después (¿o antes?) de las tomas

Pasaron las medidas de fuerza estudiantiles del 2022 pero los problemas en las escuelas públicas de la Ciudad continúan. Estudiantes y docentes pronostican un 2023 conflictivo.

Los meses de septiembre y octubre del año pasado, se vieron marcados por un clima de tensión constante entre la comunidad educativa y el Gobierno de la Ciudad. Se realizaron diversos tipos de protestas, hasta llegar a la toma en muchos colegios secundarios. Además se realizó  una movilización histórica de más de 10.000 estudiantes, docentes, madres y padres en defensa de la educación pública.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que “no habría diálogo bajo extorsión” por lo que las tomas debían levantarse. Las tomas se levantaron, y si bien existieron canales de comunicación entre las partes, fueron poco útiles e insuficientes.

Después de los reclamos

“Lo único que recibimos fue una reunión. Cada dirección de área se reunió con los colegios de Capital para escuchar nuestros reclamos, pero no fueron encuentros fructíferos. No cambió en nada la realidad de nuestros colegios. La mala infraestructura y la falta de viandas continúan”, explica Paloma Vecchio, secretaria general del colegio Julio Cortázar.

“A pesar de que hubo algunos arreglos mínimos, por ejemplo, colocaron un plástico protector a las ventanas para que los vidrios no estallen, todavía hay muchos arreglos pendientes. La situación no mejoró. No hubo cambios significativos”, dice Ludmila Tassi, vocera del centro de estudiantes del colegio Mariano Acosta.

Vanesa Gagliardi, docente e integrante del comité ejecutivo de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), lo resume en una sola frase: “No resolvieron los problemas planteados”. En su opinión, las mejoras fueron pocas y solo se realizaron en un nivel “cosmético”, sin llegar a modificar a fondo la situación.

El Estado de las escuelas

“Bancos rotos, aulas sin ventiladores o con ventiladores que no funcionan, algunos pizarrones rotos, enchufes en mal estado, rajaduras en las paredes”: así describe Tassi el estado actual del Mariano Acosta. Tampoco hubo mejoras en las viandas que reciben los estudiantes.

La realidad del Cortázar es similar. No solo reciben muchas veces las viandas en mal estado, sino también poca cantidad. “Somos alrededor de 400 y nos llegan menos de 100 viandas. No alcanzan y para muchos es la única comida que tienen en el día”, cuenta Vecchio.

Otro de los temas en discusión son las prácticas profesionales. “El Gobierno insiste con las prácticas, en que los chicos trabajen de manera gratuita en empresas que no tienen nada que ver con lo educativo”, dice Gagliardi. Desde ADEMyS no se oponen a las prácticas, pero sí a su condición de obligatorias. “Se podrían pensar prácticas que aporten a los contenidos que se ven durante el año, no mandarlos a hacer sanguchitos o a volantear en la puerta de un teatro”, agrega.

 Este año, las prácticas no solo seguirán siendo obligatorias, sino que se aplicarán mucho más a fondo en varios colegios. “El año pasado lo que se hizo fue que una sola división de los quintos vaya a las prácticas. Desde la dirección de área de nuestro colegio ya nos confirmaron que ahora los cuatro quintos deberán realizarlas”, afirma Vecchio. En el caso del Acosta, eran prácticas únicas, es decir, se hicieron algunos días con distintas divisiones y terminaron. Aún resta saber cómo se llevarán a cabo durante este año.

Se viene, se viene…

Desde ADEMyS pronostican que todas estas problemáticas (sumado al salario docente), continuarán durante el 2023. “Nuestra intención es seguir con el plan de acción porque es la única manera de defender la educación pública”, asegura Gagliardi.

“Nosotros queremos ser partícipes de la discusión de qué colegio queremos y en qué condiciones lo queremos. Porque somos nosotros quienes lo transitamos, quienes vivimos el día a día y sus realidades. Somos nosotros quienes recibimos las viandas en mal estado, quienes estamos en las pasantías en malas condiciones, a quienes se nos caen los techos. Queremos hablar con la ministra de Educación, Soledad Acuña, y mantener abierto ese canal de diálogo”, afirma Vecchio. “Este año vamos a seguir juntándonos y tomando medidas en conjunto con otros colegios. Entendemos que la gremialidad es de las cosas más importantes. La unidad nos fortalece”.

Los estudiantes del Acosta piensan de igual manera. Así lo resume Tassi y anticipa lo que esperan para este año: “Durante el 2023 seguiremos dando las discusiones según el panorama y tomando medidas de lucha cuando sea necesario. Siempre tratando de acceder al diálogo para efectivamente solucionar los conflictos que tenemos históricamente”.

El diálogo fluido y permanente entre la comunidad educativa y el Gobierno de la Ciudad, acompañado de un plan de acción eficiente que satisfaga las necesidades de los estudiantes, es la única solución para lograr terminar, de una vez por todas, con la mala situación que padecen la mayoría de las escuelas públicas.