«Ambientalismo sin compromiso político es jardinería»

«Ambientalismo sin compromiso político es jardinería»

Militantes de ongs ambientalistas sociales y políticas marcharon en el Día de la Tierra en reclamo por la Ley de Humedales, y el cuidado del ambiente. La marcha coincidió con el cierre de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, primer pacto regional ambientalista de América Latina.

El rugido hondo del Subte D va cediendo ante un rugido distinto, el de pasos sincronizados que miran con convicción hacia la 9 de Julio. En el espacio flotan diversos lemas en pancartas y banderas. “#LeydeHumedales ya!”, se lee por acá; “Que todos los días sean días de la Tierra”, se lee por allá; “El agua vale más que el oro”, agita un hombre en su cartel mientras con la otra mano sostiene su bastón. Una comparsa entona “Beso a beso” de la Mona Jiménez con alegría. Así comenzaba la jornada del viernes 21 de abril, cuando organizaciones ambientalistas, sociales y políticas se manifestaron por el Día de la Tierra. La fecha es conmemorada desde el 22 de abril de 1970, año en el cual la preocupación por el medio ambiente fue llevada de forma masiva a las calles por primera vez en Estados Unidos. Las consignas de la movilización son de suma importancia siempre, pero resultan particularmente relevantes durante este fresco viernes de abril, ya que coinciden espacial y temporalmente con el último día de la 2ª Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. 

 El Acuerdo de Escazú es el primer pacto regional ambiental de América Latina y el Caribe. “Nos parece un instrumento jurídico muy importante -explicó Stephanie Cabovianco, coordinadora a nivel nacional de Climate Save, a ANCCOM -, especialmente para las comunidades, para los activistas ambientales que están en una situación vulnerable”. Reconoció el lugar privilegiado de la Ciudad de Buenos Aires en lo que refiere a los derechos de los activistas: “No es lo mismo en otras provincias, en otros países, donde realmente es muy difícil protestar sin estar en peligro. Ayer teníamos a una activista en uno de los eventos que organizamos que decía que ella está amenazada de muerte. Estamos acá por ellos”. Efectivamente, uno de los objetivos de Escazú es garantizar la seguridad de los activistas de organizaciones ambientales. Según el último informe de Global Witness, más de tres cuartos de los ataques contra ecologistas registrados en 2021 tuvieron lugar en América Latina.

Bruno también participó de la movilización, al igual que Stephanie. Milita desde 2021 dentro de Jóvenes por el Clima y forma parte del movimiento ambiental desde 2019. Contó que tiene compañeros de asambleas territoriales que se exponen a los horrores de la megaminería y que han sido detenidos. “La sanción del acuerdo no es ningún logro, es un piso -dijo Bruno-. El techo es la implementación y una verdadera implementación es lo que puede ayudar a los activistas. De otra forma, los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales van a seguir desprotegidos”.

Hay una curiosa presencia de alguien que marcha plácidamente en cuatro patas, a la par de los demás. Es un perro negro, barbudo, de baja estatura, que lleva puesta una pecherita de EcoHouse en la que se lee: “Pequeñas acciones por mucha gente”. 

Además de la protección de los derechos de quienes se manifiestan, otros dos ejes importantes del Acuerdo de Escazú son el acceso a la información sobre el medio ambiente y la participación pública en el desarrollo de toma de decisiones ambientales. Es el único pacto vinculante que consagra la participación de la ciudadanía en este sentido. “Está muy relacionado al derecho a tener acceso a la información. La información ambiental tiene que estar libre para quien quiera buscarla, poder encontrarla. Falta mucha información, mucha comunicación, mucha concientización sobre el tema”, comentó Juliana de Embajadores Verdes. Rosa Lucía también acudió a la marcha, en este caso autoconvocada, y destacó al igual que Juliana la necesidad de una mayor concientización: “Soy una mujer del pueblo indígena del pueblo Coya, por eso vine. Dejan sin agua a la comunidad, y no afecta a la gente solamente, sino que afecta a la tierra. Como mujer indígena, no solamente yo tengo que estar acá. Tiene que estar toda una sociedad que tenga conciencia, que venga a defender la madre tierra”. Lleva puesto un sombrero color crema, debajo de él su pelo largo y negro trenzado; se erige detrás suyo una flameante Wiphala.

 

Una consigna siempre presente en el movimiento ambiental es que no hay justicia ambiental sin justicia social. Esto apunta, entre otras cosas, a que siempre que hay algún desastre ambiental, los más golpeados son las clases más bajas. Carteles varios retoman esta consigna, entre ellos uno que dice “Ambientalismo sin compromiso político es jardinería”.

Al fondo de la marcha en movimiento se encuentra la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores. Allí camina Laura. Comparte las mismas inquietudes de los demás manifestantes, pero además expresa una preocupación personal, un vínculo sumamente cercano con la problemática: “Ttengo ansiedad ambiental y cuando pienso en tener hijos de pronto no sé, es una razón que me ha hecho retardar el querer tener hijos. Porque primero quiero saber qué va a pasar con el mundo”. 

 

La utopía de alquilar un departamento

La utopía de alquilar un departamento

Cada vez hay menos inmuebles para vivir, mientras crecen los alquileres temporarios a turistas. La ausencia de una política de vivienda y de regulaciones estatales agravan la situación.

Tras una reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa a principios de abril, trascendió que el Gobierno analizaría reformar la Ley de Alquileres. Los rumores generaron incertidumbre en el mercado inmobiliario e incluso muchos contratos a punto de firmarse quedaron frenados. Días más tarde, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta lanzó un paquete de medidas para promover el alquiler de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto de escasez de oferta, aumentos por encima de la inflación y buena parte de los precios dolarizados.

“No tengo nada en este momento”. “Si tengo algo, ya está reservado”. “Hace dos semanas que los contratos no se mueven”. Son las respuestas de agentes inmobiliarios del barrio de Palermo cuando se les pregunta por la posibilidad de alquilar un departamento. “Muchos propietarios han decidido retirar sus inmuebles del mercado porque con las condiciones que establece la ley, ya no les es rentable”, asegura Diego Migliorisi, abogado especializado en derecho inmobiliario.

Entre los aspectos controvertidos de la ley se destaca un ajuste anual y contratos de tres años (antes eran dos). “En un contexto económico cuya inflación en 2022 fue del 94,8 por ciento, alquilar un departamento bajo estas condiciones hace que el propietario salga perdiendo”, afirma José Rozanos, director de Reporte Inmobiliario. En marzo la inflación interanual fue del 104,5 por ciento, según el INDEC.

Sancionada durante la pandemia, la Ley de Alquileres ha recibido diversas críticas. Federico Poore, periodista especializado en temas urbanos, considera que con la ley los propietarios se aseguraban un ingreso y los inquilinos un techo, en un contexto de alta incertidumbre desatado por la pandemia. Desde la perspectiva de las inmobiliarias, Rozanos sostiene que la ley fue inoportuna, porque ya en ese momento el ajuste anual del inmueble perdía contra el índice de inflación.

Del lado de los inquilinos, está Lautaro, de 24 años, en búsqueda de un monoambiente. “Me quiero mudar, sé que es un gasto elevado. Trato de calcular todo en dólares porque con los precios en pesos no podés tener una idea”. A Fiorella, mientras tanto, dentro de un mes se le vence el contrato y debe cambiar de casa. “Hoy es así, si vas a ver un departamento tenés que ir con la plata en la mano porque no hay un mañana”, cuenta en relación a la demanda que existe en el mercado. “El otro día fui a ver una pieza de un conventillo y delante mío había diez personas más esperando entrar”, agrega. Además, “el dueño tiene un abanico de opciones, puede poner los requisitos que quiera: que el inquilino cuente con recibo de sueldo, que no tenga mascotas, que no tenga hijos”, concluye.

Cynthia Goythía, directora del Centro de Investigación de Política y Vivienda de la Universidad Torcuato di Tella, sostiene que el problema de la escasez se ve agravado por el desplazamiento de la oferta hacia alquileres temporarios a través de plataformas como Airbnb y Booking. Según los datos de Inside Airbnb, en la Ciudad de Buenos Aires existen 22.716 unidades disponibles para alquilar por al menos tres meses, mientras que para alquilar de modo permanente el número desciende a 1.100. “Con sólo ocho días de alquiler a través de la plataforma es posible generar un ingreso similar al alquiler mensual promedio de un departamento permanente”, fue una de las conclusiones que arrojó el informe publicado por el Centro de Estudios Metropolitanos. Es decir que, un departamento en Recoleta, ocupado durante veinte días todos los meses, al final del año rinde cuatro veces más que si se lo alquila mediante un contrato tradicional.

Según datos del Centro de Estadísticas y Censos de la Ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, el 36,1% de los hogares son rentados. Quizás por eso, en tono de campaña electoral, el Gobierno porteño lanzó un paquete que incluyó tres medidas: una bonificación del 70 por ciento sobre el seguro de caución para los propietarios; un sistema de créditos por tres veces el valor del alquiler para que el inquilino pague en cuotas, y un sistema de créditos destinados a la refacción y mejora de condiciones del inmueble.

“El problema de fondo no se puede resolver mediante las atribuciones que Larreta tiene como jefe de Gobierno –subraya Rozanos–. El problema de porqué no funciona la Ley de Alquileres y los créditos hipotecarios es la inflación y la caída de los ingresos en términos reales. Eso amerita una política económica que excede las medidas que tomó el Ejecutivo porteño”.

Táctica y estrategia de la guerra contra la inflación

Táctica y estrategia de la guerra contra la inflación

El INDEC anunció un 7,7% de inflación para marzo y el poder adquisitivo se deteriora a pasos agigantados. Vecinas del conurbano cuentan cómo adaptan su rutina de consumos para que el salario alcance a fin de mes.

La semana pasada se conocieron las cifras de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, las cuales pusieron bajo la lupa los notables aumentos que en el día a día sufre la población argentina a la hora de efectuar compras y cubrir gastos. Según el INDEC, el nivel general del índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 7, 7% en marzo de 2023,

Carnes y derivados, leche, otros, productos lácteos y huevos, como también las frutas, los servicios de telefonía e Internet, prepagas, cigarrillos, combustibles y tarifas de electricidad y agua, entre muchos rubros, no paran de aumentar.

Detrás de estos números se encuentran decenas de miles de familias que intentan llegar a fin de mes, realizando diversas estrategias según sus condiciones y posibilidades y eliminando los mayores gastos, inclusive si se trata de necesidades básicas.

Así lo afirma Belén Ponti, estudiante de secundaria, que vive en Luján: “Mi mamá no está muy bien de salud y la medicación es muy cara, para que las pastillas le alcancen una semana son diez mil pesos, entonces ella las raciona y toma una cada tanto”. También explica la obligación de dar de baja servicios como el cable y el wifi, al ser impagables para su bolsillo. En cuanto a la comida, Belén relata: “Se intenta cocinar comida que pueda durar por lo menos dos días; somos cuatro. A veces mis papás no comen o se toman un té o algo, para que alcance para mi hermana y para mí”. La frase, lamentablemente, se va repitiendo en el interior de los barrios.

A su vez, Cecilia Cascio, estudiante del Profesorado de Artes Visuales  de Luján, pero que vive en el Partido de Moreno, da a conocer las dificultades para conseguir materiales para su Carrera, su precio elevado y la carencia de opciones a la hora de elegirlos. Ante eso, recicla de años anteriores o emprende una búsqueda hasta encontrar el precio más accesible. Asimismo, Cecilia aclara que tiene una dieta vegetariana, por eso, opta por no comprar los reemplazos de carne que venden en los supermercados. En cambio, afirma: “Me dedico a hacerlos caseros, con diferentes legumbres, para abaratar costos”. Y aclara que no compra ciertas frutas o verduras según la estación y demanda. 

Siguiendo con otras estrategias para combatir la inflación, Ivon Escot, también de Moreno señala: “Mi mamá tiene tres trabajos diferentes para poder pagar todas las cuentas y, aún así, obviamente se restringen los gustos personales”. Otra de las cuestiones más frecuentes que aplica a la hora de reducir los gastos es elegir segundas marcas en todos los productos que se utilizan, y dejar de realizar actividades físicas, como el gimnasio, además de tener que cambiar los planes de los celulares.

Hay varios métodos que se repiten en los testimonios; algunos se centran en utilizar menos los automóviles y trasladarse en transporte público o caminando. O en restringir salidas de ocio, como a restaurantes o cines, y no comprar ropa a menos que sea imprescindible, y si lo es, ir a ferias de barrio para lograr conseguir un mejor precio. No pedir delivery y cocinar comidas caseras, o viandas en el caso de tener que comer fuera del hogar, es otro de los rebusques.

La incertidumbre y la planificación de estrategias para sobrevivir mes a mes se vuelven moneda corriente en la sociedad argentina, la creatividad para el ahorro se transforma en casi un arte para poder manejar la economía doméstica de las personas.

«Militamos en distintos movimientos sociales y políticos pero a la hora del armado de listas, siempre quedamos afuera»

«Militamos en distintos movimientos sociales y políticos pero a la hora del armado de listas, siempre quedamos afuera»

Se realizó en La Plata el 4º Encuentro Plurinacional de Naciones y Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Migrantes. ¿Se viene el partido político propio?

“Hablar de cultura es algo muy grande. Yo quisiera hablar del monte. Ya no hay monte donde estamos nosotros, en Salta. Y si perdemos el territorio donde tenemos monte, perdemos las plantas para nuestras medicinas ancestrales. Perdés el monte, perdés la cultura”, sostuvo una de las muchas voces presentes en el taller “Artes y Culturas para la Descolonización”, que se realizó el sábado 15 de abril como parte de la primera jornada del 4º Encuentro Plurinacional de Naciones, Pueblos e Identidades Indígenas, Afrodescendientes, Migrantes y Diversidades celebrado en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. El Encuentro continuó el domingo 16 de abril en el Centro Cultural Daniel Omar Favero y cerró con la realización de murales colectivos y un festival artístico pluricultural donde 300 personas bailaron al son de sus propias músicas. 

“Estamos trabajando con algo (la cultura) que está vinculado al placer. No podemos olvidar eso, es una ventaja. Porque después de aquí, de este encuentro, tomamos el subte y vuelve el vacío, el miedo, el peligro. Tenemos que lograr que la cultura plurinacional sea un espacio donde se pongan en juego espontáneamente los sentimientos y el pensamiento”, mencionó Izel Paz, moderadora del taller. 

Para un pensamiento plurinacional la cultura es parte de la vida, es una experiencia de la vida. No es un hecho aparte que se puede vender o presenciar como producto o espectáculo”, señaló Héctor Santomil, referente de la comunidad Charrúa Etriek de Villaguay. “El otro día fui al INADI a preguntar quién nos representaba como quechuas, como pueblo, y todos eran blancos”, reclamó otra voz dentro del taller, era la de un señor mayor, guaraní, que hasta entonces había permanecido callado.

El término plurinacional se refiere a una entidad política o Estado que reconoce la existencia y la diversidad de varias naciones dentro de su territorio. Los talleres que reflexionan en torno a este paradigma se erigen como el espacio propicio y necesario donde, año a año, se debaten las problemáticas más urgentes y cruciales para la corriente plurinacional en Argentina. 

El de Artes y Culturas no fue el único taller que se realizó en el Encuentro. También hubo espacios para debatir y reflexionar sobre “Experiencias y Participación Política Plurinacional”, “Reivindicación de la Organización y Lucha Migrante”, “Salud Intercultural, Medicina Ancestral y Parto Respetado”, “Pueblos Originarios en la Guerra de Malvinas”, “Comunicación con Identidad”, “Genocidio Indígena. Tierra, Hábitat, Territorio y Consulta Previa”, en este cuarto encuentro. La idea de los organizadores es que lo debatido lleve a conclusiones y acciones que se impulsen y se retomen los siguientes eventos que el movimiento realice.

El término plurinacional se utiliza a menudo en el contexto de países con una población diversa, como Bolivia, Ecuador y México, donde se reconoce la existencia de diferentes naciones y culturas dentro de sus fronteras. Estos países han adoptado modelos de Estado plurinacional para reconocer la diversidad cultural y garantizar los derechos de todas las comunidades. Sin embargo, en Argentina, donde todavía hoy conviven más de 40 pueblos, naciones y etnias a lo largo y ancho del territorio, el movimiento plurinacional todavía se considera incipiente, aunque desde la organización reconocen que han logrado varios avances.

“Entendamos que las casas de estudio son los ámbitos en donde se construye y se debate el pensamiento. Por eso para nosotros es importante que estos talleres de debate se den en ámbitos como la Facultad de Periodismo”, señala Puma Katrileo, mapuche y encargado de todo lo relacionado con la comunicación del Encuentro. A su vez, señala que “desde el primer encuentro hasta hoy lo que se ha visto es un avance en ciertas políticas públicas o reconocimiento. Por ejemplo, en Buenos Aires ya hay distintos lugares que se vienen reconociendo como municipios pluriculturales y plurinacionales”. 

La mutación de movimiento a partido es un ideal que el Encuentro se ha planteado desde su primera realización. Para Puma ese momento tendrá que llegar tarde o temprano por la naturaleza de los convocados al encuentro: “La convocatoria es a las militancias indígenas, afro, migrantes de diversidades y compañeros y compañeras que aportan y militan estas causas. Esos que somos los proscritos de la política, porque militamos en distintos movimientos sociales y políticos, pero a la hora del armado de listas quedamos siempre fuera. Pero seguimos poniéndole onda porque entendemos que la militancia misma y la dirigencia de esos movimientos sociales tienen que hacer eco de la pluriculturalidad que conforman estos espacios. Y eso lo tienen que llevar adelante la militancia de base, porque las cabezas siempre están en otras cuestiones, en otras roscas”.

A su vez, desde el movimiento reconocen que “la plurinacionalidad de cuando la planteamos en 2019 ha avanzado dentro de los movimientos sociales también, ahora hay movimientos sociales y políticos que tienen su corriente plurinacional. Y en lo discursivo, en los encuentros políticos, ahora aparece el debate de lo plurinacional, cosa que antes no se daba cuando irrumpimos en el 2019 con este nuevo paradigma. Esto ha llevado a rupturas como que el encuentro nacional de mujeres ahora se llame encuentro plurinacional de mujeres”, remarca orgulloso Puma. 

El problema, dice, es que “todavía hay cierta militancia que no entiende la cuestión de la plurinacionalidad y que cree que es algo separatista. Y nosotros lo que venimos planteando es que hay que entender las diferencias. Somos todos diferentes. Partiendo de esa base, la diversidad a los que nos tiene que llevar es a la articulación de acciones y no que haya una bajada de línea unidireccional y monocultural. Porque esto de decir somos todos iguales es mentira, no somos todos iguales. Ni ante la ley ni ante nadie”. 

 Esto último, en resumen, está en la base del pensamiento plurinacional, que se refiere a una entidad política que reconoce la diversidad cultural y étnica de su población y busca garantizar los derechos de todas las comunidades dentro de su territorio.

En los talleres que se dieron durante este 4º Encuentro Plurinacional se habló de dar formalidad y organización a las propuestas. Y de elevar los reclamos a instancias judiciales, “para usar las herramientas de ellos (el Estado) y no ir como indios sueltos”. Alguien entre el público del taller murmuró con eso de “indios sueltos”. El término se considera ofensivo. Pero Eliseo Álvarez Prado, uno de los 70.505 collas en Argentina (según el censo de 2010), quien además es profesor de charango, ante el murmullo, se explicó así: “Lo mío es una postura política y no me ofende que me llamen indio –remarcó–, porque con el término indio nos conocieron, con el término indio nos sometieron, y con el término indio vamos a liberarnos”. 

El recurrente debate sobre la Ley de Salud Mental

El recurrente debate sobre la Ley de Salud Mental

Frente a un escenario con cuestionamientos y reclamos acerca de la internación involuntaria de los pacientes los expertos en salud mental exponen cuales son los avances y las problemáticas de la normativa.

Según una encuesta nacional realizada por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación en 2019, el 30% de la población argentina consultó a un profesional de salud mental en los últimos doce meses. Esta cifra incluye no sólo a psicólogos, sino también a psiquiatras y trabajadores sociales que brindan atención en el área.

A este clima general en salud mental se sumó en los últimos meses, a partir de varios casos amplificados por los medios de comunicación, un cuestionamiento al Artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) que establece: «La internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

Entre los propulsores de la reformulación de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina, se encuentran justamente dos personas públicas: Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, y Tamara Pettinato, hermana de Felipe y ambos hijos del famoso músico y conductor Roberto Pettinato. Tanto Chano como Felipe padecen consumos problemáticos y afecciones graves desde hace muchos años. A partir de sus adicciones y la falta de una atención médica adecuada protagonizaron múltiples episodios preocupantes que se hicieron públicos.

En el caso del cantante de Tan Biónica, un policía ejecutó un tiro en su abdomen, mientras se resistía a ser trasladado a un centro de salud mental. Por su lado, el departamento de Felipe Pettinato se incendió y falleció su médico neurólogo, Melchor Rodrigo.

Avances

La Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) constituyó un hito importantísimo en el camino hacia la transformación de nuestro sistema de atención en salud mental”, explica Mariana Moreno, Directora Nacional de la Direccion Nacional de Salud Mental y Adicciones. “Esta norma se sancionó el 25 de noviembre del año 2010, y contó con el apoyo de organismos nacionales e internacionales especializados en salud y derechos humanos y de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil”. Según la especialista, “Este enfoque y el proceso de transformación de las prácticas en salud mental, sin duda impactan positivamente en el cuidado de la salud de la población, ya que garantiza que todes tengamos acceso a la atención integral, de manera gratuita e igualitaria”.

Uno de los aspectos fundamentales para la reformulación de la ley es que toda la población pueda acceder a un centro de salud mental y que se cumpla con los requisitos de atención y equipamientos necesarios para cada caso en particular. “Sigue siendo un problema asegurar que muchas personas externadas tengan garantizada una eficaz atención y seguimiento”, reconoce Juan Pinetta, psicólogo psicoanalista, encargado de la Comisión de Enlace Legislativo de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). “Más allá de la Ley Nacional de Salud Mental, aún sigue siendo difícil la incorporación de mayor cantidad de psicólogos en las Jefaturas de Salud Mental en la mayoría de las instituciones. Esto no se ha logrado, salvo contados casos, ya que las áreas de Salud Mental en hospitales sigue siendo un área de primacía exclusivamente médico-psiquiátrica”.

Con respecto a la cuestión puntual que alcanzó cierto debate en los medios, el especialista considera que “es un problema de difícil acuerdo, sobre todo entre el mundo de la psiquiatría y el de la psicología cuando funcionan por separado. Otra cosa es cuando se piensa en interdisciplina, como en mi caso. En este sentido, uno de los principales problemas es que el paciente con riesgo para sí o para terceros que puede decidir su no internación en caso de estar lúcido en el momento de tomar tal decisión”. Este artículo debe gestionar el delicado equilibrio entre el riesgo y los derechos, una tema nada fácil.

“La ley buscó terminar con abusos en internaciones forzosas”, continúa Pinetta. “Indudablemente es un gran avance, pero en situaciones de difícil tramitación, por ejemplo en pacientes con fuerte ideación suicida, intentos suicidas, accidentes reiterados, anorexias extremas, cuadros graves bien estructurados en la interacción social, creo que hay que lograr una buena gimnasia de trabajo interdisciplinario donde puedan establecerse buenas decisiones de internación. Quizás con controles legales eficaces para evitar abusos, que es lo que más se teme. Es difícil lograr el equilibrio”.

Moreno coincide en que los trabajos interdisciplinarios juegan un papel fundamental en lo que respecta al abordaje de una red de salud mental efectiva. “Se aumentaron los cupos de Residencias Interdisciplinarias (Medicina, Psicología, Enfermería, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Musicoterapia) de Salud Mental (RISAM), distribuidas en 17 provincias, garantizando la formación de calidad del recurso humano, con foco en el componente comunitario”. Según la especialista, este fue uno de los avances fundamentales de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos. “El objetivo central de esta Estrategia es implementar y articular políticas públicas destinadas al cuidado y atención de la salud mental de la población en todas las etapas de la vida, con rectoría de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Nación y en conjunto con otros organismos del Estado”.

La problemática es compleja y sobre ese filo los medios podrán contribuir con un debate para nada simple, pero en el que los especialistas parecen coincidir: el desafío no es tanto la ley como su implementación y despliegue. La garantía del acceso gratuito e igualitario a los centros de salud, la adecuada atención y seguimiento de los pacientes psiquiátricos, el control efectivo sobre el requerimiento de la internación involuntaria y el trabajo interdisciplinario en las áreas de salud integral son las claves para que la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental se cumpla efectivamente en nuestro país.

Llegaron los octógonos

Llegaron los octógonos

Tras un año de la reglamentación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como de etiquetado frontal, ANCCOM consultó a referentes acerca de su cumplimiento.

Durante abril, como siempre, los supermercados se llenaron de golosinas vinculadas a la celebración de Pascuas: huevos de chocolate, roscas festivas y una variedad de dulces afines a la efeméride, aunque la novedad, este año, fue que todos ellos debieron incluir los ya reconocidos octógonos negros que advierten del exceso de grasas, azúcares, sodios y calorías.

Las empresas alimenticias, al momento de la publicación de la Ley de Etiquetado Frontal, tuvieron un plazo de seis meses para comenzar a incorporar los sellos en la mercadería y en algunos casos se dispuso un período de dos años para la adecuación de aquellas que estén en proceso de adaptación de los valores nutricionales de sus productos.

En la actualidad, gran parte de las firmas ya adecuaron sus envoltorios a raíz de la decisión del Gobierno nacional de controlar que todos los bienes que salen de las plantas de producción cuenten con el respectivo octágono a partir de febrero de este año, el momento en que vencía el plazo de adaptación.

“El primer tiempo en que entró en vigencia la ley no fue acatada por todas las industrias alimenticias, sino que se fue insertando en los envases de modo paulatino. Hoy las multinacionales como Arcor, Cañuelas, La Serenísima o Molinos Río de la Plata son las que más se apegan al cumplimiento incorporando los octógonos en todos sus productos. En cambio, empresas más chicas o Pymes, son aquellas en que todavía los sellos no alcanzan a presentarse en gran parte de su mercadería e incluso esto, a menudo, sucede con las marcas propias que son comercializadas por los supermercados”, señala a ANCCOM una fuente de la empresa PDV, encargada de prestar servicios de reposición en todo el país.

Por otro lado, las compañías de comestibles están buscando constantemente implementar nuevas formas de atraer a los consumidores y no provocar el rechazo de sus productos a partir de los excesos detallados en los paquetes. Se está comenzando a idear la incorporación de códigos QR con la finalidad de informar de forma más sutil a los compradores sobre los valores nutricionales.

Los octógonos integrados en los productos comercializados cuentan con las respectivas leyendas de alto en grasas saturadas, alto en azúcares, alto en sodio, contiene grasas trans, contiene edulcorantes y contiene cafeína, los cuales integran una categoría de modelos de etiquetado del tipo semi interpretativos.

La ley se pone del lado de los compradores al reclamar y exigir a las empresas de alimentos por un etiquetado veraz y sin intervención de estrategias de marketing y/o publicidad engañosa. “La aplicación de esta normativa pretende contribuir a una alimentación saludable de la sociedad para impulsar un cambio en sus hábitos alimenticios y generar conciencia. La ley se adaptó considerablemente a los Derechos del Consumidor que conforman la Reforma Constitucional de 1994 que detalla nuestros derechos como ciudadanos a la protección de la salud y la educación relativa a esta como establecen los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional”, afirma el abogado especializado en derechos del consumidor Diego Simonetti.

Aquellas empresas que no cumplan con el respectivo etiquetado se encontrarán bajo infracción y deberán pagar una multa prevista en la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor y detallada en la normativa de Lealtad Comercial que hoy ronda los 400 millones de pesos.

La Ley de Etiquetado Frontal o también denominada Ley de Promoción de Alimentación Saludable publicada en marzo de 2022 tiene por objetivo regular la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no saludables, muchas veces dirigidas al público infantil y adolescente. El sellado garantiza el derecho del consumidor a estar correctamente informado.