«¿Quién quiere cuatro dólares gratis?»

«¿Quién quiere cuatro dólares gratis?»

Sep 19, 2023 | Comunidad, Destacado 5

En una estación del Subte B proponen pagarlos en criptomonedas a cambio de proporcionar datos biométricos. De qué se trata el sospechoso proyecto Worldcoin que promete un Ingreso Básico Universal en todo el planeta.

Tools for Humanity creó la Fundación Worldcoin y la criptomoneda del mismo nombre con el objetivo de que sea utilizada en todo el planeta como base para un Ingreso Básico Universal (IBU). La fundación utiliza un polémico sistema para identificar a cada individuo llamado World ID que registra datos biométricos por medio de un dispositivo llamado orb. Este aparato es el encargado de registrar a cada “humano único“ del planeta de manera que nadie más pueda remplazarlo. Los orbs, una suerte de bola plateada con una lente, registra desde la forma de la cara y los latidos del corazón hasta el iris de las personas que aceptan sumarse al proyecto a cambio de unas criptomonedas y la promesa de recibir más.

Según aseguran desde la Fundación, más de dos millones de personas se han registrado como “humanos únicos” en 35 países del mundo. En Argentina este proyecto se instaló en varias provincias. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los orbs pudieron verse en distinos puntos de la ciudad, aunque últimamente parece haber menos. De hecho, en muchos de los sitios a los que la página web invita a acercarse para realizar el registro, no hay nada y los empleados de los locales no saben del tema.

En dónde sí ANCCOM pudo encontrar un orb fue en la estación “Galería Obelisco Norte”, en la Línea B de subte. La encargada de sumar gente explicó: “Estamos recién empezando con el proyecto y hay muchos errores en la página”. Por su parte, la joven aseguró que la fundación no quiere que den entrevistas a la prensa. Quienes manejan los orbs, según se investigó en varios lugares del mundo, trabajan a comisión, un incentivo que se traduce, por ejemplo, en el esfuerzo de la joven por seducir a los pasajeros a todo volumen: “¿Quién quiere cuatro dólares gratis?”.

La gente, desconfiada, la evita sabiendo que la plata nunca viene gratis y menos cuando hay un aparato como el orb a la vista. Sin embargo, pocos días antes la empresa anunciaba por la red social X que la Argentina acababa de establecer un récord global de nuevas “verificaciones” en 24 horas.

El mundo tecnofinanciero

La tecnología y la economía se ven cada vez más entrelazadas y proponen respuestas a los problemas que en buena medida ayudaron a crear.

Personajes como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, entre otros, tienen un enorme poder para moldear el devenir global según su criterio. Más recientemente, Sam Altman, CEO de la empresa OpenAI fundadora de Chat GPT y Fundación Worldcoin, se sumó al club. El capital tecnofinanciero propone innovaciones tecnológicas y económicas ante un mundo que tiende “irrefrenablemente”, según sus palabras, al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La IA es un fenómeno que sacudió el mundo, sobre todo la que es conocida como genertiva que llegó a las masas el año pasado de la mando de GhatGPT. Muchos adoptaron estas herramientas con entusiasmo, pero otros están aterrados ante los efectos que puedan tener sobre los trabajadores. Frente a la amenaza que produce su propio desarrollo, Sam Altman montó una fundación que ofrece la solución: el Ingreso Básico Universal (IBU). La idea, promovida desde hace décadas por sectores progresistas, es crear un ingreso único para todos los ciudadanos del planeta y de esa manera garantizar cierta estabilidad básica ante la desigualdad económica y laboral. Pero, ¿cómo implementar esta renta básica a escala global?

La moneda universal

La “moneda universal” que habilite una renta básica universal sería, justamente, Worldcoin (WLD). Las criptomonedas son dinero digital descentralizado, no controlado por gobiernos o bancos. Su valor depende de la oferta y la demanda en el mercado. La criptomoneda más conocida es Bitcoin, aunque hubo más, muchas de las cuales colapsaron recientemente cuando dejó de entrar dinero nuevo a la manera de los sistemas piramidales.

El mercado de criptomonedas, aún cuando no sean la base de simples estafas, es volátil. Un WLD ronda un “valor” de 1,38 dólares. Es por eso, que a cambio de entregar los datos más privados y únicos de cada individuo, Worldcoin ofrece 4 WLD al voluntario que se registre usando la billetera digital de la Fundación. Esta moneda virtual no es aceptada para realizar compras, pero es intercambiable, al menos en teoría, por otras criptomonedas y por dólares. Sin embargo, la complejidad técnica y las comisiones desincentivan hacerlo al menos por el momento. A su vez, la billetera virtual te regala un WLD una vez por semana o cada quince días como parte del proyecto de IBU. El sueño de salir del subte con cuatro dólares en el bolsillo no es tan fácil de concretar.

Uno de los sueños capitalistas es tener la maquinita de imprimir dinero y, de hecho, eso es lo que intentaron numerosos proyectos de criptomonedas. En última instancia, lo que hace que el dinero tenga valor es que haya una institución y mucha gente que crea que eso realmente tiene valor. Eso mismo está intentando lograr Worldcoin. Entonces: si ofrecen cuatro WLD gratis intercambiables por dólares, ¿por qué la gente no decide registrarse?

Datos personalísimos

En la app de worldcoin, aparece su lema: “Nosotros no queremos saber quien sos, por eso eres único”. El objetivo parecería ser reconocer a cada individuo para poder registrarlos en su proyecto de IBU. Como ya se dijo, para eso usan los orbs que toman datos biométricos únicos como el iris.

“La cantidad de riesgos de que una empresa tenga los datos biométricos de una persona son muchos. Alguien que robe el dato podrá hacerse pasar por nosotros”, explica Marcela Pallero, directora del área de Seguridad Informática de la Fundación Sadosky y agrega, “Las investigaciones que puedan derivar de la información que aporta el dato biométrico también son un riesgo. Sin enterarnos, alguien puede tener información nuestra que ni siquiera nosotros conocemos”.

“Los riesgos más claros están en el tratamiento de los datos sensibles, como son los datos del iris, en el que se basa”, comenta la especialista y aclara: “Según la revista Tech Cruch un grupo de investigadores logró instalar malware en algunos operadores que permitían acceder al panel del sistema. Esto da el control a un posible intruso, poniendo los datos en manos de cualquiera”. Además, la directora en seguridad comenta sobre las criptomonedas: ”El valor de una criptomoneda debe estar respaldado por un proyecto sustentable y, en principio, este no parece que lo sea. Por otro lado, las criptomonedas son inversiones que deben ajustarse a las normas locales. Ese es un tema para tratar, así como los derechos como consumidores frente a un servicio que aún no está claro”.

En otros países reaccionaron frente a las dudas que genera el proyecto y la falta de permisos. En Kenia, por ejemplo, allanaron oficinas de la Fundación Worldcoin por denuncias sobre violaciones a la privacidad y la poca claridad de una propuesta que convencía a gente que ni siquiera entendía qué es lo que estaban haciendo estos dispositivos.

En Argentina, el pasado 8 de agosto, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) denunció a la Fundación Worldcoin por la falta de medidas de seguridad en el marco de la protección de datos personales.

Santiago Ramayo, responsable de Comunicación del organismo, explicó: “Tal como establece la Ley de Protección de Datos Personales es obligación de los responsables de tratamiento de datos contar con sus bases registradas en la AAIP, proporcionar información sobre su política de tratamiento, indicar para qué requieren datos sensibles y cuál es el tiempo de conservación de los mismos, así como también detallar las medidas de seguridad y confidencialidad que se aplican para resguardar la información personal”.

En este sentido, se podría decir que la Fundación Worldcoin trae muchas más dudas que certezas. Por ese motivo, la AAIP puso a disposición del público toda la normativa vigente y los canales habilitados para que quienes pidan  acceso, rectificación o supresión de datos, y que no hayan recibido respuesta o se les hayan negado sus derechos, puedan realizar denuncias ante cualquiera de estas vulneraciones.

Las dudas sobre este proyecto son numerosas. Lo que sí queda claro es que el mundo tecnofinanciero sigue avanzando sin pedir permiso. Aunque los intentos siguen, hay indicios de una sociedad más atenta y alerta a las consecuencias que conlleva entregar datos personales a las empresas tecnológicas.

 

Reclamo solidario con Artsaj

Reclamo solidario con Artsaj

Sep 6, 2023 | Comunidad, Destacado 5

Centenares de integrantes de la comunidad armenia en Buenos Aires reclamaron por el fin del bloqueo que Azerbaiyán mantiene sobre la república también conocida como Nagorno Karabaj.

“Con este viento se nos van a volar todas las cartulinas” comentaban fastidiados unos niños mientras peleaban con las ráfagas y las gotas de lluvia que estropeaban sus pancartas.

Centenares de personas de la comunidad armenia se reunieron en el Obelisco bajo el lema “SOS Artsaj” para dar a conocer y reclamar justicia por los habitantes de la República de Artsaj, víctimas de un bloqueo impuesto por Azerbaiyán.

Niños y adolescentes junto a sus compañeros de escuela, padres y abuelos se manifestaron en el 32º aniversario de la independencia de República de Artsaj, también conocida como Nagorno Karabaj. Cientos de familias lograron que  sus banderas armenias de color rojo, azul y naranja resaltaran sobre los llamativos y luminosos carteles publicitarios de la Avenida 9 de Julio. 

“¿Qué es lo que está pasando?” se escuchó preguntar a un joven con un español un poco confuso que se mezclaba con un acento portugués . La atención de los turistas que deseaban tomarse fotos con el mayor emblema de Buenos Aires fue desviada por el reclamo de ayuda y justicia hacia Artsaj. 

El conflicto comenzó muchos años atrás, durante la existencia de la Unión Soviética. En 1988, cuando Armenia y Azerbaiyán aún formaban parte de las repúblicas soviéticas, una fracción de Nagorno Karabaj, actual Artsaj, solicitó adherirse a Armenia. Sin embargo, esto fue rechazado por Azerbaiyán y Mijail Gorbachov, el entonces líder soviético. La situación fue empeorando hasta derivar en un conflicto bélico conocido como “Primera Guerra de Alto Karabaj”. 

Artsaj se encuentra en el medio de Armenia y Azerbaiyán, por lo que con el fin de poner un alto al fuego entre las regiones vecinas se proclamó como república independiente. Además de ser escasamente reconocida, la medida no solucionó los enfrentamientos. En 1994 se firmó un alto al fuego y Armenia logró controlar la mayor parte del territorio disputado. El documento dio lugar a una relativa paz, que se vio interrumpida en 2016 con la “Guerra de 4 días” y nuevamente en 2020 con otro conflicto bélico llamado “Segunda Guerra de Alto Karabaj”. Este finalmente culminó en noviembre del mismo año, con Azerbaiyán como ganador de la mayoría del territorio en discusión y con un nuevo acuerdo de alto al fuego firmado por Armenia, Azerbaiyán y Rusia, quien mantiene su presencia militar desde entonces.

Desde el último tratado de paz hasta la actualidad hubo distintas crisis fronterizas, con altos picos de tensión y enfrentamientos. El conflicto se recrudeció en diciembre del 2022, cuando los azerbaiyanos bloquearon la única conexión de Artsaj con la República Armenia, lo que dificultó el ingreso de  alimentos, medicinas e insumos como gas y combustible. A esto se sumó que durante el pasado mes de junio, el mismo país, agravó las condiciones prohibiendo completamente la entrada de ayuda humanitaria que distribuían las tropas de paz y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

“A la madrugada hacen una cola y le dan 400 números para recibir una o dos hogazas de pan porque no tienen harina. Tampoco tienen agua, les cortan la electricidad y el gas” comentó sobre la población de Artsaj Luciana Minassian, abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra Libre de Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación.

El principal objetivo de la manifestación fue dar a conocer las violaciones de derechos humanos que se están llevando a cabo en Artsaj. Los niños más grandes se encargaron de realizar carteles que indicaban “Azerbaiyán criminal por el bloqueo a los armenios de Artsaj”, “no al bloqueo genocida” y  “SOSArtsaj”, mientras los más pequeños se dedicaron a repartir folletos.

“Vamos a dividirnos en dos grupos. Unos se van para la derecha y otros se van para la izquierda”, indicaba con la ayuda de un altavoz una de las madres acompañantes, a quien era difícil de escuchar debido a la charla incesante de los niños emocionados porque se acercaba la hora de accionar. Entre semáforo y semáforo, los jóvenes se turnaban para desplegar sus pancartas, carteles y folletos, quienes en varias ocasiones se vieron sorprendidos por los bocinazos, que lejos de representar una queja, era una señal de acompañamiento.

Respecto a la situación diplomática internacional, Minassian afirmó a ANCCOM que “está muy difícil conseguir el apoyo del secretario Blinken de Estados Unidos y del francés Macron, en el Consejo de Seguridad de la ONU”. Además, cabe destacar que Rusia, quien solía ser un mediador entre Armenia y Azerbaiyán, ahora se encuentra ocupada por la Guerra Ucraniana, disminuyendo su poder de influencia sobre ambos países.

“Somos un país referente en materia de derechos humanos, tenemos que presionar. Esta gente no tiene comida ni agua, entonces no les quedan muchas semanas. Necesitamos que todas las autoridades del mundo pidan y le reclamen a Azerbaiyán el cese del bloqueo y que dejen entrar la ayuda humanitaria” resumió Minassian respecto a lo que esperan lograr en un futuro cercano. 

La manifestación culminó con los centenares de familias reunidas alrededor de una gigantesca pancarta que mencionaba el principal lema de la marcha: “SOS Artsaj”.  Ni el viento, ni el frío, ni la lluvia, ni los 14.167 km que separan a Argentina de la República de Artsaj fueron un obstáculo para la comunidad armenia, que lamentablemente, otra vez debe salir a reclamar “¡basta de genocidio!”.

Las asambleas de inquilinos se oponen a la nueva Ley de Alquileres

Las asambleas de inquilinos se oponen a la nueva Ley de Alquileres

Sep 5, 2023 | Comunidad, Destacado 2

Inquilinos Agrupados le dio voz a los vecinos para debatir las estrategias frente a la inminente modificación de la actual normativa.

Luego de la media sanción obtenida en Cámara de Diputados el pasado 23 de agosto, la nueva Ley de Alquileres avanza hacia el Senado. Esta semana, y antes de la votación, se escucharán las dos campanas: primero a los propietarios y a las inmobiliarias, luego a las asociaciones inquilinas. Inquilinos Agrupados, máximo referente de este último grupo, llevó a cabo una asamblea vecinal con el único objetivo de frenar el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio (JxC).

En el marco de una sesión especial, que duró alrededor de cuatro horas, la oposición, con excepción de la Izquierda y de La Libertad Avanza, otorgó media sanción al proyecto de reforma a la Ley de Alquileres, con la sorpresa de aprobar un dictamen de minoría. Esta modificación busca reemplazar la normativa actual, vigente desde junio de 2020. El proyecto fue rechazado por 112 diputados, 99 de los cuales forman el bloque de Unión por la Patria (ex Frente de Todos). 

La reforma, que se terminará de decidir en la Cámara de Senadores, busca modificar puntos centrales de la legislación actual. Las organizaciones inquilinas rechazan de manera vehemente las modificaciones propuestas. Entre ellas, la duración de los contratos, que pasarán de tres a dos años, la actualización de los aumentos, que pasarán de anuales para ser cuatrimestrales, y la forma de calcular ese aumento. La ley aprobada en 2020 proponía un índice, realizado por el Banco Central, que funcionaba como techo: un promedio entre el índice de Precios al Consumidor (IPC) y el índice de variación salarial. Con la nueva iniciativa estos aumentos quedarán a merced de un acuerdo entre las partes, moderado por los propietarios. Es decir, el Estado ya no funcionará como mediador. “Es una media sanción que tiene muchas trampas en la redacción”, afirmó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.

Ciudad de Buenos Aires

Inquilinos Agrupados es una asociación civil que cuenta con representación en varios puntos del país y brinda asesoramiento legal para todas aquellas personas que arrenden una vivienda. Son, además, los principales promotores de mantener la ley de 2020 y rechazan de manera unánime la reforma propuesta por JxC. Para ello, realizan convocatorias y asambleas vecinales con el fin de sumar aliados y debatir sobre la actualidad. 

En la tarde del sábado realizaron una reunión en su sede, la misma que comparten con Ni Una Menos, sobre la calle Bartolomé Mitre, a pocos metros del Congreso de la Nación. Allí, el presidente de la asociación, Gervasio Muñoz, presentó las modificaciones que busca llevar a cabo la nueva ley. Con el correr de los minutos, la convocatoria fue más de la esperada y la asamblea se trasladó a las calles. Para dar más visibilidad al debate los asistentes decidieron cortar la esquina de Mitre y Avenida Callao, y desde allí continuaron debatiendo ideas, con megáfono de por medio. 

Varios de los vecinos, de diferentes edades y puntos de la Ciudad, tomaron la palabra y expusieron sus opiniones. Una mujer exigió tomar en cuenta el rol de los jubilados inquilinos, quienes deben destinar gran parte de sus ingresos escasos al derecho básico de una vivienda digna. Luego tomaron la palabra otros dos hombres de mediana edad. Ambos reclamaron por la presencia de organizaciones gremiales en la lucha por las locaciones y la inclusión de ese tema en las paritarias, ya que la gran mayoría de los allí presentes reclamaban lo mismo: más de la mitad de sus sueldos debe ser destinados al alquiler. 

También debatieron sobre las ideas a futuro, tanto a largo como a  corto plazo. Algunos remarcaron la importancia que tiene la presencia en las calles e invitaron a todos los concurrentes a convocarse las veces que sean necesarias, especialmente en las puertas del Congreso. Otros propusieron trasladar la lucha, al mismo tiempo, al plano digital: memes, tweets y redes sociales en general. La idea es alertar, en todos los espacios frecuentes, a los demás inquilinos del país.

Más tarde llegó el turno de otros representantes de la asociación, en este caso de Tamara, quién de manera efusiva habló sobre la identidad del inquilino, ya no como algo temporal, como pretenden instalar ciertos sectores, sino como una posición permanente. Otros, más optimistas, exigieron el debate sobre el derecho a la vivienda propia. También exigieron un impuesto a la vivienda ociosa. “El proyecto de ley no contempla la vivienda ociosa porque el momento en el que estamos no es de ampliación de derechos, es todo lo contrario”, sostuvo Gervasio Muñoz. Además, agregó: “Hoy la urgencia es defender lo que tenemos, que se mantenga la ley, que se cumpla, y a partir de ahí profundizar”.

Según un estudio comparativo, llevado a cabo por Inquilinos Agrupados, a partir de los datos recabados por los últimos tres censos nacionales realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), la cantidad de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires descendió de un 69% en 2001 a un 52,9% en 2022. Por el contrario, los inquilinos en la ciudad son cada vez más: en 2001 solo el 22,2% alquilaba, actualmente esa cifra se duplicó y alcanzó el 40,2%. Además, la cantidad de viviendas cada determinados habitantes también bajó, lo que indica que hay cada vez más inquilinos, pero cada vez menos propietarios con más viviendas en su haber. “Lo que produjo la Ley de Alquileres es que el mercado se organice y golpeé. Y la forma que tiene de golpear es el alquiler turístico y la vivienda vacía, entre otros”, añadió Muñoz.

En paralelo a este debate entre vecinos que seguirá en las próximas semanas en el Congreso, avanza también un proyecto, impulsado por Ana María Ianni, senadora de Unión por la Patria, que busca regular los alquileres temporarios de entre 1 y 90 días, creando un Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario y la obligatoriedad de las plataformas de mostrar la habilitación de las viviendas. “Que Argentina, que está en una situación donde lo que quieren es flexibilizar los alquileres de vivienda, avance sobre regulación del alquiler temporario también es importante”, opinó al respecto el representante  de Inquilinos Agrupados.

Aunque la ley vigente sigue siendo la votada en 2020, muchas inmobiliarias ya han comenzado a operar con la reforma que aún debe obtener el visto bueno de los senadores. Es por esto que la desde la Federación de Inquilinos Nacional solicitaron al presidente Alberto Fernández la prórroga de todos los contratos de alquiler para enfrentar la especulación, a raíz de la media sanción, y la suspensión de los aumentos por seis meses. En principio, durante esta semana las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto recibirán a distintos referentes de esta pulseada. A partir de ello, y si se consigue el quórum necesario, se volverá a debatir y, de ser aprobada, reemplazará a la ley que rige desde hace tres años. 

“La posición que consensuamos las organizaciones inquilinas del país es no negociar absolutamente nada porque la negociación que nos plantean es medio cínica. Nos plantean que nosotros perdamos dos cosas, el plazo y la actualización anual”, sentenció Muñoz, y agregó: “La Ley de Alquileres es víctima de un plan que se viene para flexibilizar las condiciones de vida en Argentina”.

Por lo pronto, la saga de esta discusión continuará como secuela de una película de terror escrita por los sectores más privilegiados que curiosamente representan un dictamen de minoría. 

Otra vivienda es posible

Otra vivienda es posible

Ago 29, 2023 | Comunidad, Destacado 2

Una cooperativa de vecinos del barrio de Constitución, llamada El Molino, transformó una antigua fábrica en una vivienda colectiva habitada por 56 familias. Las obras que ellos mismos llevan adelante, ampliarán techo para otros 46 hogares. Las tentaciones de la privatización.

Vecinos del barrio porteño de Constitución transformaron una antigua fábrica en una vivienda colectiva en la que ya viven 56 familias. El proyecto comenzó hace más de veinte años con la fundación de la Cooperativa El Molino, allá por el año 2002. Hoy, suma y resta de inevitables avances y retrocesos, avanza con la cuarta y última etapa de construcción, que dará techo propio a 46 familias más.

Cualquier estereotipo que vincule a la idea de “fábrica tomada” con precariedad, ilegalidad, o abandono, se olvida rápidamente al arribar a la calle Solís al 1900. Allí donde se encontraba el decimonónico molino harinero, hoy se alza un complejo de espaciosos y modernos departamentos, bien cuidados y llenos de vida. Pintura de colores, columnas altas, un espacio común al centro y tras las rejas; sí, las rejas, las que dicen a partir de dónde y hasta dónde el espacio es privado y cooperativo. Sin peros. Quien quiera pensar que la vida es blanco o negro que se quede fuera de los límites de El Molino. Para el que se anime a habitar las paradojas, las puertas están abiertas.

“Pelear este pedacito en la Ciudad de Buenos Aires, donde el problema de la vivienda es central, es un logro”, sostiene Víctor Betancourt, actual presidente de la cooperativa. El hombre, de avanzada edad, canoso y de anteojos rectangulares, asegura -con algo de brillo en sus ojos- que en El Molino existe una gran familia donde todos se conocen con todos. También dice estar al tanto de todas las “debilidades y fortalezas del que tenés al lado”, con la ironía de estar elevando la voz para hacerse escuchar por encima del ladrido de sus perros, que están del otro lado de la puerta de su departamento. Y sigue: “Poner un pie en el Molino significaba ilusionarse o imaginarse. Hoy es un sueño”, completa Betancourt.

Codo a codo y a pulmón

Mauricio Vargas es otro de los vecinos cooperativistas. Transparente y franco, todavía no logra comprender cómo un edificio que inicialmente estaba lleno de “caca, palomas y semillas” se transformó en ese bonito lugar llamado hogar. Fueron sus manos grandes y rugosas las que, junto a las de otros compañeros, dieron luz a este proyecto. “Se necesita una organización férrea, fuerte y militante para poder hacerlo posible”, sentencia en la terraza del último piso del antiguo molino, desde donde se alcanza a ver La Bombonera y la rivera de La Boca.

 Todo se remonta al 2002. La crisis de la convertibilidad pegaba duro y una de sus caras más brutales era la de los desalojos, muy habituales en la Ciudad de Buenos Aires de ese entonces. Dos organizaciones populares del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) decidieron unir fuerzas para ocupar un terreno del barrio de Constitución. Eran personas que estaban cansadas de vivir hacinadas en habitaciones de hoteles o de no tener un lugar donde dormir.

“Había hambre, no tenías otra posibilidad de vivienda. O lo conseguías, o lo conseguías, no te quedaba otra”, asegura Vargas y pone todo su cuerpo al servicio de la pronunciación de la palabra “hambre”, una de las indiscutidas protagonistas de la Argentina del cambio de milenio.

En ese mismo año, Eduardo Jozami, funcionario porteño de Aníbal Ibarra, le entregó el terreno a la organización. Al poco tiempo, amparada en la Ley 341, sancionada en el año 2000, la Ciudad de Buenos Aires le otorgó un crédito blando a la organización social para que pudiera acondicionar ese viejo molino harinero de la calle Solís y lo convierta en un complejo de viviendas que llevaría luego el mismo nombre de los antiguos enemigos del Quijote de la Mancha.

De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades

Los principios básicos del MOI son cuatro y pueden ser fácilmente recordados por Carolina Díaz, militante de la organización y vecina de El Molino: autogestión, ayuda mutua, propiedad colectiva y derecho a la ciudad. Las dice de corrido; no duda ni un segundo, porque sabe que esas consignas son tan fuertes como las columnas que sostienen su casa.

La autogestión significa que los propios vecinos gestionan inteligentemente y de forma autónoma los recursos del Estado, quien según Víctor construye “caro y mal”. La propiedad es colectiva porque es de todos y a la vez de nadie -al menos por el momento- ya que hay algunos debates al respecto. Es decir, no hay escrituras individuales, la organización como conjunto se hace cargo de la propiedad.

El derecho a la ciudad entiende que la misma debe ser habitada y disfrutada por todos. La ayuda mutua es la pata indispensable para que la organización sea genuinamente colectiva: cada familia debe aportar 3.000 horas de trabajo para poder convertirse en socia del proyecto. Esto tiene mitad de postura política -porque se entiende que el sujeto se transforma solo a través de la experiencia- y mitad de pragmatismo, porque los créditos de la Ley 341 sólo financian la mitad de la obra y esto obliga a tener que abaratar costos. “La ciudad que queremos es sin expulsores ni expulsados por razones económicas”, señala Díaz a modo de síntesis perfecta de todos los aforismos anteriores.

Están los que, como Mauricio, reconocen haber estado de acuerdo con que todo fuera comunitario en un principio, pero luego de que el tiempo pasó, comenzó a preguntarse qué le iba a dejar a sus hijos cuando ya no esté.

Déficit habitacional

 El valor de una experiencia como la de El Molino es que haya sido posible en una ciudad que tiene déficit habitacional. Decenas de informes de los últimos años pintan los trazos más gruesos de la problemática: primero se derrumba el sueño de la casa propia, luego incluso peligra el del alquiler, un sucedáneo que empieza a adornarse y tornarse pomposo, quién diría, ante la escasez de unidades disponibles, y de dinero que alcance, en los tiempos que corren.

Según un informe de la Mesa de Estudio de la Vivienda Vacía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la crisis habitacional afecta en CABA a un 11,5% de los hogares. Reinan las condiciones de hacinamiento o bien de una necesidad de refacciones estructurales urgentes. Este porcentaje es equivalente al de la cantidad de viviendas vacías que registra la ciudad.

Más datos que pintan el panorama de la gran urbe: una de cada tres personas se encuentra alquilando, 300 mil porteños residen en barrios populares y unos 7500 porteños se encuentran en situación de calle, según estimaciones de la organización civil ACIJ. 

El dilema  

Al igual que en los jardines que imaginó Borges, las organizaciones pueden seguir senderos que se bifurcan. Hoy el tipo de propiedad de las viviendas de El Molino despierta posiciones encontradas entre los cooperativistas.

Están los que, como Mauricio, reconocen haber estado de acuerdo con que todo fuera comunitario en un principio, pero luego de que el tiempo pasó, comenzó a preguntarse qué le iba a dejar a sus hijos cuando ya no esté. Por eso ahora está interesado en tener la escritura a su nombre, pero anticipa que esto no se debe a “una cuestión egoísta o de desprecio hacía lo colectivo”, sino a la simple voluntad de querer darle una mano a sus hijos.

También están los que, como Carolina, se mantienen fieles a uno de los principios de la organización en la que milita: la propiedad colectiva. Para la vecina, en un contexto de crisis habitacional, lo comunitario se vuelve una herramienta de defensa de los trabajadores porque “te permite plantarte con mayor firmeza en una discusión con el Estado”.

El tiempo dirá cuál va a ser la postura mayoritaria entre los vecinos y qué consecuencias les traerá. Pero incluso a pesar de las inconsistencias e incertidumbres, El Molino avanza y sigue construyendo.

La hora de los hongos

La hora de los hongos

Ago 29, 2023 | Comunidad, Destacado 5

La psilocibina, proveniente de los hongos alucinógenos, genera un gran interés entre investigadores por su potencial para tratar trastornos mentales. Sin embargo, su prohibición a nivel mundial limita las posibilidades de incluirla en la medicina tradicional. ¿Cuál puede ser su verdadera utilidad? ¿Y a qué se debe tanta polémica?

Los hongos alucinógenos, que desde hace siglos se consumen con fines rituales y recreativos, están en la mira de investigadores y profesionales de la salud mental que ven un gran potencial médico en uno de sus componentes activos: la psilocibina. Si bien en Argentina es considerada ilegal, esta sustancia ha vuelto a utilizarse en investigaciones sobre tratamientos para trastornos mentales como la depresión y la ansiedad.

Uno de los antecedentes más cercanos del cambio que se viene dando es de este año, cuando Australia legalizó el uso de psilocibina en pacientes con trastorno de estrés postraumático y ciertos tipos de depresión. Como explica Franco García Cervera, médico psiquiatra, la psilocibina es una molécula que al ingresar al organismo se  transforma en psilocina y se adhiere a los receptores serotoninérgicos evitando que el neurotransmisor serotonina, que interviene en los estados de ánimo, actúe de la manera habitual. “Según las partes del cerebro donde vaya afectando serán los efectos que se producen”, añade. Entre ellos se observan la falta de percepción del tiempo, la reconexión con el aquí y ahora y un mayor insight, o capacidad de introspección.

Este tipo de efectos, marginados por años de la investigación científica, siguieron siendo utilizados desde espacios alternativos pese a las prohibiciones. La psilocibina “trabaja muy bien la reconexión neuronal, genera nuevas posibilidades de resolver o atender situaciones que se presentan en la vida”, dice Ernesto (quien prefiere no brindar su verdadero nombre), cultivador y proveedor de microdosis de hongos con fines terapéuticos.

El potencial de la psilocibina no es un descubrimiento reciente en nuestro país. Ya en la década de 1950 se empleaba como “coadyuvante de terapias sobre todo psicoanalíticas tanto grupales como individuales”, explica García Cervera. Tal fue el caso hasta el año 1966 cuando la sustancia fue declarada ilegal y cesaron las investigaciones debido al mayor uso recreativo que se hacía de ella en el contexto del movimiento hippie.

 

La terapia psicodélica

Los hongos psilocibes pueden consumirse de varias maneras: frescos, secos y en distintas proporciones y periodicidades. Ernesto los comercializa secos y en microdosis siguiendo el protocolo de James Fadiman que consta de tomas de 0,1 a 0,3 gramos cada 72 horas durante seis a ocho semanas. “Vos tomás el día uno la microdosis y tenés dos días para trabajar esa reconexión que te permite la sustancia, el proceso de sanación y autoconocimiento”, explica.

Si bien lo recomendado es consumirlo con el apoyo y guía de un profesional de la salud mental o, al menos, con alguien familiarizado con el mundo fungi, la popularización de los hongos alucinógenos ha llevado a que haya quienes cultivan, consumen y hasta comercializan kits por cuenta propia con fines recreativos. “La gente tiende a confundir el nombre con la cosa, a perder la noción de riesgo”, aclara García Cervera.

El consumo de hongos obtenidos de la naturaleza y especialmente el consumo no supervisado por alguien con los conocimientos requeridos implica riesgos que no se presentan en, por ejemplo, investigaciones científicas donde se administra la psilocibina purificada. “Cuando vos tomás un hongo, la dosis puede variar mucho, además de que posiblemente tenga otros compuestos químicos que también puedan ser psicoactivos y haya un efecto en equipo”, explica Aín Stolkiner, médico e investigador del CONICET.

Según investigaciones que se han realizado recientemente, la psilocibina no genera adicción pero sí tolerancia. “Tu cuerpo se adapta rápidamente pero cuando dejas de tomar no hay síndrome de deprivación. No hay un deseo, una compulsión a seguir consumiendo”, dice Stolkiner. Esto no quiere decir que se trate de una sustancia inocua. Como explica García Cervera: ”Existe gente que en el uso recreacional puede presentar o despertar trastornos psicóticos o flashbacks posteriores al uso”.

En los estudios clínicos recientes, hasta ahora se han visto muy pocos efectos adversos serios en las personas que toman dosis altas de drogas psicodélicas. Esto se debe a múltiples factores como la purificación de las sustancias, el acompañamiento por parte de profesionales y el hecho de que “en los estudios clínicos siempre se filtra más o menos al noventa por ciento de las personas que quieren participar”, explica Stolkiner: “Se descartan a personas que tengan antecedentes personales o familiares de psicosis, trastorno bipolar o trastorno de personalidad límite”.

Si bien ya está comprobado que no hay riesgos de adicción, no hay certezas de que el consumo de psilocibina no favorezca trastornos como la psicosis. Al no admitirse personas con tales antecedentes en las investigaciones, hay pocas evidencias sobre el tema: “Sería muy valioso que se hiciera un estudio clínico admitiendo a esas personas. Entonces podríamos ver si es cierto o no, porque se han dicho muchas cosas que resultaron ser mitos”, admite Stolkiner y agrega: “La razón por la que no se los admite es porque se teme que el estrés del estudio pueda desencadenar la enfermedad en alguien que tiene la predisposición adecuada”.

El boom fungi

A pesar de seguir siendo una sustancia ilegal en Argentina, es cada vez mayor y más frecuente la promoción de kits de autocultivo de hongos psilocibes. Como explica García Cervera, “hace muchos años, sólo se conseguían los sellos, que son círculo de papel aluminio con esporas, en foros especializados y actualmente se ve publicidad libre en redes sociales sobre autocultivo de hongos ‘mágicos’”.

No queda claro aún el motivo del boom de los hongos alucinógenos en este contexto de ilegalidad. Se puede deber a lo que denomina García Cervera como “la competencia entre lo ‘industrial’ y la ilusión de ‘lo natural’” en base a la cual la gente deja de lado los fármacos y se inclina por opciones alternativas sin tener en cuenta que “si realizo selección de cepas determinadas, ya la naturaleza dejó de ser la única que mete la mano en el producto final” y que “no todo lo natural es bueno porque que sea natural; eso no necesariamente significa amigable con el cuerpo”.

La reticencia frente a los especialistas en salud mental también puede formar parte de esta nueva tendencia. Según Stolkiner, “muchas veces la psiquiatría tiene mala reputación en la sociedad y creo que en parte se debe a que no es muy efectiva, no ha progresado tanto como otras áreas de la medicina” y añade que “nos limitamos a reconocer síntomas y a dar drogas que calmen un poquito esos síntomas pero no entendemos realmente con seguridad cómo funcionan esos problemas y no otorgamos tratamientos que los traten de solventar de base”.

Según Ernesto, el consumo terapéutico de psilocibina trae la posibilidad de una reconexión a nivel físico, mental y espiritual que va “drenando de alguna manera todas esas emociones que están muy sobrecargadas y que tiene que ver muchas veces con el estilo de vida actual”. Como explica Stolkiner, “en la terapia con psicodélicos no buscamos calmar los síntomas o que el paciente deje de sentir” sino que se trata de “traer la mente a la superficie y que el paciente tome contacto con lo que le está pasando”.

La psilocibina se abre camino

Que la psilocibina siga considerándose ilegal en Argentina limita las investigaciones y por ende el conocimiento que se tiene del potencial terapéutico de la sustancia. “Todo el abordaje que hice para instruirme siempre fue con estudios que vienen principalmente de Estados Unidos y de Canadá”, comenta Ernesto. Si bien la psilocibina es ilegal en Estados Unidos, existen jurisdicciones que han reducido las penas por posesión y esto, como explica Ernesto, permite que se lleven a cabo trabajos de investigación y se generen plataformas de acceso al conocimiento.

De acuerdo con la Disposición 4855/96 promulgada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la psilocibina está incluida en la Lista I de sustancias psicotrópicas por lo que está prohibido su uso en “la elaboración de especialidades farmacéuticas o fórmulas magistrales”. Según esta mirada, explica Stolkiner, se trataría de “una sustancia que no tiene potencial terapéutico, que es adictiva y que es muy peligrosa cuando en realidad se sabe que no es adictiva, que sí tiene potencial terapéutico y que no es tan peligrosa, sobre todo que no es tóxica. Lo lógico sería cambiarla de la Lista I a la Lista IV, que es la categoría donde están otras drogas que los médicos pueden recetar”.

Los avances en investigaciones extranjeras parecen la salida más viable para que la psilocibina se incluya en la medicina argentina. “Muchas veces cuando se introduce una nueva droga en el mercado de Estados Unidos o Europa, la ANMAT tiene una suerte de equivalencia. Entonces las drogas que se aprueban en esos países después se pueden homologar fácilmente acá”, explica Stolkiner y agrega que “ya hay investigaciones avanzadas que este año tendrían que empezar los estudios de fase tres, que son los últimos que hay que concluir para que pueda introducirse al mercado”.

Hay soluciones pero también “intereses encontrados” que dificultan su accesibilidad en Argentina. “Estas son medicinas que, a diferencia de los psicofármacos que hoy por hoy genera la industria, no generan dependencia. Es un tratamiento que lejos de seguir medicalizándote, te desmedicaliza”, dice Ernesto sobre la prohibición en nuestro país.

Por el momento solo queda “esperar, ver y, dentro de lo posible, empujar un poquito”, resume Stolkiner. En tanto a aquellos que quieran incursionar en los tratamientos con psicodélicos, sugiere la consulta con un profesional que pueda realizar un psicodiagnóstico para corroborar que el paciente está en condiciones de realizar el tratamiento. “Ese es posiblemente el mejor esfuerzo que pueden hacer las personas que quieran tomar psicodélicos por ahora en Argentina”, concluye.

La paternidad también tiene derechos

La paternidad también tiene derechos

Ago 29, 2023 | Comunidad, Destacado 3

Las comisiones de Legislación Laboral, Presupuesto y Mujeres y Diversidad dieron dictamen favorable al proyecto que extiende las licencias para personas no gestantes al momento del nacimiento de los hijos. Ahora se trata en el recinto de Diputados.

El proyecto de ley por las licencias de maternidad y paternidad igualitarias obtuvo dictamen en las comisiones y se prepara para ingresar al recinto de la Cámara de Diputados. La propuesta a votar establece 126 días para personas gestantes y adoptantes, y 45 días para no gestantes, sumado a la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA).
Las personas no gestantes poseen dos días de licencia luego del nacimiento de un hijo, situación que trajo un reclamo de mayor igualdad y cuidado en los contextos laborales de parte de campañas como “Paternar” o movimientos como “Ni Una Menos”.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA, acusó al sistema que “deja a las gestantes sin acompañamiento pleno apenas después del parto”. La ley se encuentra en discordancia con la sugerencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que postula un mínimo de 98 días para la persona al cuidado de los niños recién nacidos.
El diputado del Frente de Todos resaltó la importancia de esta reforma en el ámbito laboral ya que “son derechos de los trabajadores y las trabajadoras que tienen por objeto garantizar el derecho de todos los niños y niñas”, a la vez que opinó que “en América Latina, Argentina es de los países que peores licencias otorgan”.

Las comisiones de Legislación de Trabajo, la de Mujeres y Diversidad, y la de Presupuesto y Hacienda lograron el dictamen para que esta nueva iniciativa ingrese a la Cámara Baja. Yasky comentó que el proyecto se armó con participación de la sociedad, de las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadores, de organizaciones sociales, de cooperativas y del sector empresario.
El exsecretario general de la CTERA sentenció que las reformas laborales aplicadas en la década del noventa tenían “como verdadero objetivo aumentar la rentabilidad empresarial en detrimento de los laburantes. Hoy, en un contexto de aumento de la tasa de empleo, pero caída del salario real, con trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza, las reformas deben ser para mejorar las condiciones laborales y salariales”.
Este proyecto estaba en debate en comisiones desde mayo de 2023, pero recién el pasado 22 de agosto consensuaron un texto para ser tratado en el recinto. Yasky aseguró que este tendrá que “enfrentar las presiones que el lobby empresario ejerce sobre la bancada opositora”, sentenciando que esta dilató los tiempos para la sanción de esta ley.

A fin de lograr un análisis más profundo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el impacto presupuestario que podría tener esta extensión en la Administración Pública Nacional. Los datos arrojaron que el importe total que debería cubrir el Estado Nacional ascendería a 124.634,78 millones de pesos con respecto al actual, lo que equivaldría al 0,074% del PIB esperado para 2023.
Lucía Cirmi Obón, subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad aseguró que el impacto de este proyecto está dirigido a “cerrar la brecha de cuidado y a intentar cerrar la brecha salarial. El sector empresario mostró sus temores, pero fueron cosas fácilmente rebatibles por el impacto positivo de la extensión de licencias». La economista explicó que el financiamiento de las licencias que se extienden está cubierto por la Seguridad Social y los sueldos serían pagados por ANSES; por lo tanto, el empleador contará siempre con un salario disponible para contratar un reemplazo.
Lucía Cirmi confirmó: “Nosotros planteamos que las licencias fueran obligatorias, no transferibles y de plazos similares”. En el proyecto aprobado, los dos primeros puntos quedaron firmes, pero los plazos quedaron con diferencia de 82 días entre sí. “Quizás el horizonte de igualdad está un poco más lejos pero va a ser profundo el cambio”, sostuvo.
La subsecretaria aseguró que la agenda de género está en jaque actualmente. Para esclarecer los dichos de los actores que la menosprecian, afirmó que esta “es para toda la sociedad. Es una agenda económica, anti pobreza y que, en la práctica, le va a hacer mejor a la vida de los varones”.