Comunidad | ANCCOM

Los derechos de las personas con discapacidad se metieron en la agenda de campaña

Oct 25, 2023 | Comunidad, Destacado 5

Mientras que Javier Milei anuncia ajuste a las pensiones, Sergio Massa aseguró que las personas con discapacidad «no son un número» y aseguró que forman parte de su proyecto. ¿Qué opina el director de la Agencia Nacional del sector?

En su discurso al interior del complejo Artmedia tras conocer los resultados del escrutinio de la primera vuelta electoral y nuevamente para la militancia que estaba celebrando en la calle, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, repitió que las personas con discapacidad forman parte de su proyecto de gobierno. “No son un número”, subrayó para diferenciarse de su contrincante, Javier Milei, que habló de ajustar las pensiones. Pero, ¿cuáles son los ejes centrales de la agenda en materia de discapacidad? En diálogo con ANCCOM, el director del Observatorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, Germán Ejarque, contó sobre el nuevo proyecto de ley.

“Se postergaron por décadas las necesidades de un colectivo invisibilizado”, según afirmó Ejarque. Con un proyecto de ley que espera ser presentado en el Congreso de la Nación, problematizó sobre la falta de políticas públicas para esta parte de la población, entre las que destaca la necesidad de más apoyo para una vida independiente, el acceso a viviendas y mayor cupo laboral.

Sólo el 32,2% de este sector tiene empleo, según el último estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad elaborado por el INDEC. El cupo laboral se aplica únicamente en el ámbito público, con una reserva al menos a un 4%. Sin embargo, el también contador público insistió que “históricamente no se ha cumplido”.

Ejarque explicó que hay un proyecto de ley que fue impulsado por el gobierno nacional, elaborado tras una consulta pública, que contempla el cupo laboral para discapacidad también en el sector privado. Desde el sector, buscan la sanción de una nueva normativa sibre discapacidad que reemplace la Ley 22431, ya que esta fue aprobada en 1981 por la última dictadura militar y, según el sitio oficial del Gobierno, entiende a la persona como un “sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho”.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, luego de quedar primero en la primera vuelta de las elecciones y entrar en el balotaje, aseguró que buscará conformar un gobierno de unidad nacional que promueva más inclusión. Entre los diversos grupos aludidos en su discurso mencionó a las personas con discapacidad «porque no son un número». Previo a las elecciones ya había advertido que «hay que eliminar la incompatibilidad entre la pensión por discapacidad y el mundo del trabajo». Se espera que cuando Alberto Fernández vuelva de su gira por China emita un decreto sobre esta cuestión.

“Este colectivo fue postergado porque no salió, se quedó en casa y no por decisión propia, sino porque la sociedad no lo estaba incluyendo”, advirtió el director del Observatorio. También cuestionó el uso de términos relacionados a la discapacidad como insultos por el partido La Libertad Avanza y las políticas de recortes en las pensiones que buscan aplicar en su afán por el ajuste. En su plataforma electoral, Javier Milei proyecta realizar una «reforma previsional para recortar el gasto del estado en jubilaciones y pensiones», agregó Ejarque.

“Las pensiones son totalmente insignificantes en cuanto al monto”, sostuvo Ejarque. Esta asignación siempre es el 70% de una jubilación mínima y en octubre de 2023, tuvo un valor de 61.221 pesos, al que se le agregó un bono de 37.000. También reclamó que es en este indicador y en el programa de salud donde los gobiernos de derecha deciden hacer ajustes, mientras recordó cuando en 2017 el expresidente Mauricio Macri eliminó 160.000 pensiones por invalidez “con medidas totalmente arbitrarias”.

Ejarque también resaltó que la verdadera traba que se presenta para las personas que desean involucrarse en el mundo laboral es la incompatibilidad expresada por la Resolución 36/2021, la cual afirma que los titulares de pensiones que accedan a un empleo formal verán suspendido temporalmente el beneficio, y no caducado. “Hay empresas que quieren contratar a una persona con discapacidad y se encuentran con que están cobrando una pensión no contributiva. La persona, ante la incertidumbre propia del mercado laboral y el miedo de perder esta asignación, decide no ingresar en un trabajo”, concluyó.

Sobre las condiciones de vida, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) dispone el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El funcionario aseguró que desde el colectivo luchan hace años para mejorar políticas públicas que garanticen la aplicación de la legislación y contó que la autonomía es una preocupación a largo plazo que tienen las familias y los padres de hijos pertenecientes a este sector.

Ejarque enfatizó que las políticas públicas de apoyo a la vida independiente y el acceso a la vivienda colaboran con la creación de puestos de trabajos y evitan la situación en que una persona con discapacidad quede institucionalizada en hogares o geriátricos tras quedar sin amparo familiar.

El 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, según el último estudio de INDEC. Por eso, se impulsa la promoción de asistentes personales que puedan colaborar con las actividades de la vida diaria de este colectivo, donde el eje sean las actividades de interés de la propia persona y no únicamente el cuidado de la salud, diferenciando la figura de un asistente terapéutico.

Si bien aún hay dificultades, el responsable del Observatorio aseguró que en la cuestión laboral hay muchas empresas que están dando un efecto contagio al incluir a personas con discapacidad. Además, herramientas como el teletrabajo y la virtualidad facilitaron el acceso al ámbito laboral, a la vez que cada vez hay más oportunidades disponibles para el colectivo.

Ahora resta esperar a la segunda vuelta para que las personas discapacitadas encuentren en la promesa de Massa la sanción de un proyecto de ley que mejore su calidad de vida

Pura ciencia argentina

Oct 20, 2023 | Comunidad, Destacado 1

Se presentó la primera vacuna argentina contra el covid 19, un emprendimiento conjunto entre los ministerios de Ciencia y Salud junto al CONICET, la UNSAM y el laboratorio privado Cassará. Se aplicará como dosis de refuerzo y también se exportará a Latinoamérica.

En una colaboración histórica entre el Ministerio de Ciencia y Salud, el CONICET, la UNSAM y el Laboratorio Cassará, se creó la primera vacuna nacional contra el covid19. Aprobada por la ANMAT el 18 de octubre la vacuna bautizada ARVAC Cecilia Grierson ya está preparada para ser aplicada. Se calcula que hacía el mes de noviembre ya estaría lista para ser comercializada. Después de meses de investigaciones y pruebas, se confirmó que la vacuna es segura y los indicadores preliminares de respuesta inmunológica son altamente alentadores.

Este hito para la ciencia argentina se presentó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva mediante un acto presidido por el titular de esa cartera Daniel Filmus, que estuvo acompañado por la ministra de Salud Carla Vizzotti, el director del laboratorio, Jorge Cassará y una de las investigadoras del proyecto, Juliana Cassataro.

Otra investigadora, Lorena Coria, destacó que la producción de la vacuna nacional contra el covid 19 cumple con rigurosos estándares de calidad, incluyendo la producción bajo estándares GMP (Buenas Prácticas de Manufactura). Además, según Coria, se prevé una capacidad de producción anual estimada en 50 millones de dosis, con la flexibilidad de adaptarse a nuevas variantes del virus en aproximadamente cuatro meses. Hasta el momento se cuenta con una producción base que se aproxima a un millón de dosis.

«Somos entre 300 y 400 personas de más de 20 instituciones públicas y privadas las que venimos trabajando en este proyecto desde el año 2020”, dice Cassataro.

Ahora que la vacuna ya está registrada y aprobada por ANMAT, se preverá su lanzamiento comercial hacia el mes de noviembre para abastecer la demanda local, garantizando a la población la oportunidad de recibir refuerzos de la vacuna de industria nacional. Además, se aspira a poder exportar a otros países de la región, extendiendo así el beneficio de esta innovación científica. Filmus mencionó que la Argentina se encuentra en diálogo con países limítrofes y con Colombia, Cuba y México, con el fin de exportar la vacuna.

Cassataro afirmó que «somos entre 300 y 400 personas de más de 20 instituciones públicas y privadas las que venimos trabajando en este proyecto desde el año 2020”. Los estudios se llevaron a cabo en el centro médico CEMIC y el laboratorio farmacéutico Clinical Pharma, ambos ubicados en CABA.

Mercedes Sofiak, subinvestigadora del proyecto, le expresó a ANCCOM el papel esencial de los médicos investigadores en el proceso de pruebas de la vacuna. El laboratorio encargado de llevar adelante las pruebas con voluntarios, mantuvo contacto directo y regular para seguir las respuestas inmunológicas que presentaron al tratamiento. Estos son pasos cruciales y decisivos en lo que corresponde al futuro de la investigación.

Para dar comienzo al alistamiento de ciudadanos voluntarios en pos de las primeras fases de prueba, el equipo a cargo de Gonzalo Pérez Marc reclutó en el mes de abril un total de 1.782 personas voluntarias, con un mínimo de 18 años de edad y que hubieran recibido entre dos y tres dosis de alguna vacuna contra el coronavirus. ARVAC Cecilia Grierson, compuesta por Gamma y Ómicron, se utilizará como dosis de refuerzo.

A pesar de que la emergencia epidemiológica de covid 19, según la OMS, finalizó en mayo de este año, el organismo señaló la importancia de que los países no dejaran de desarrollar vacunas de refuerzo para la prevención de un posible rebrote de SARS-CoV-2.

Sobre la participación de los voluntarios, Julian Sters, estudiante de Medicina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, informó que la respuesta ha sido excelente, con un gran orgullo y entusiasmo en contribuir al desarrollo de la vacuna. Se destaca la diversidad de participantes, desde jóvenes hasta adultos en edad avanzada, quienes han demostrado un compromiso con la salud comunitaria y el avance científico.

Sters destacó la importancia de continuar desarrollando vacunas dado que el covid 19 sigue circulando con diversas variantes. Las vacunas han demostrado ser fundamentales para frenar la propagación del virus y disminuir sus efectos, especialmente considerando la alta tasa de mutación que tiene el virus.

“La vacuna genera memoria inmunológica para proteger al organismo en futuros encuentros con el virus. Y la regularidad de la vacunación, en caso de ser necesaria, depende de la evolución del virus y será determinada por el Ministerio de Salud. Nosotros estamos acostumbrados a vacunarnos contra la gripe anualmente, y es probable que con el covid sea de la misma manera”, comentó Coria.

«Para mí es un orgullo muy grande y es una sensación de satisfacción poder decir que me formé en una universidad pública, que actualmente trabajo en una de ellas y en un organismo público como es el CONICET y que podamos desde ese lugar poner toda esa experiencia en algo tan importante, devolviéndole algo a nuestro país y a la gente”, concluyó la investigadora.

El lanzamiento de ARVAC representa un logro significativo para la ciencia y la medicina argentinas, marcando un hito en la lucha contra el COVID-19 y ofreciendo una solución local a un problema global. La importancia de contar con una vacuna de producción nacional radica en la independencia de las importaciones, permitiendo un mayor desarrollo tecnológico en el país. Además, este avance sienta las bases para futuras investigaciones y adaptaciones de la plataforma para abordar otras enfermedades.

La agenda de discapacidad para el gobierno que viene

Oct 19, 2023 | Comunidad, Destacado 2

Distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidades explican qué políticas esperan que tome el próximo presidente.

En tiempos electorales, es apropiado preguntarse cómo debería abordar el futuro gobierno de todos los argentinos los derechos y garantías de la población con discapacidad. ¿Qué lugar debe tener dentro de la agenda política? ¿Qué espacio ocupa hoy en día? A menos de una semana de los comicios generales, cabe indagar cómo debería ser abordada esta cuestión por los futuros dirigentes. Nuestro país atraviesa una delicada situación política, económica y social, por lo que los debates suelen estar focalizados en estas cuestiones, pero esto no quita el hecho de que haya otros temas de suma importancia, como los derechos y las oportunidades de las personas con capacidades diferentes.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) lanzó la campaña Síndrome Electoral, una estrategia y acción publicitaria que, bajo el lema “este año, mejor, hagan promesas más fáciles de cumplir”, busca difundir los principales temas a tratar para mejorar la vida de miles de personas e invita a los políticos a adentrarse en una esfera de la sociedad que necesita formar parte de la agenda para así obtener respuestas y la asistencia correspondiente.

Dentro de esta campaña se propone una serie de puntos a tener en cuenta respecto a las políticas que debería seguir la nueva administración a partir del 10 de diciembre de este año. Entre ellas, se destacan la sanción de una nueva ley que se ajuste al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una educación inclusiva de calidad y la creación de una base de datos oficial que refleje con certeza la cantidad de personas con síndrome de Down en nuestro país.

Valeria Follonier, presidenta de ASDRA, cuenta que “las leyes están, pero se cumplen muy poco, hay que exigir que se hagan respetar. Precisamos más compromiso por parte de las instituciones. Por ejemplo, actualmente en nuestro país no existen datos oficiales actualizados sobre la población de personas con síndrome de Down, y sin datos, no hay información para que el Estado sepa de su existencia y garantice sus derechos”. ASDRA también lanzó la campaña Síndrome de Números, que cuenta con difusión en redes sociales, vía pública, un sitio web, gráfica, radio, y un chat de WhatsApp para que las personas con síndrome de Down y sus familiares se sumen desde los diferentes puntos del país y den visibilidad a aquellos que todavía no la tienen, tratando de ocupar el rol de un Estado que parece tener poca presencia en esta esfera de la sociedad.

Uno de los puntos cruciales es el tema de la inclusión social, sobre el que Follonier señala: “La educación inclusiva es fundamental, ya que el 45% de los estudiantes con discapacidad asisten a escuelas de modalidad de educación especial debido a rechazos en las escuelas comunes”. Otros datos a destacar son que el 93% de las personas con síndrome de Down que tuvo alguna formación laboral no accede a un trabajo, que el 48%, que representa a los y las mayores de 12 años, no ingresaron al secundario, y que el 17% de las personas, de entre 3 y 17 años, ni siquiera entraron al sistema educativo.

Todas estas cifras fueron extraídas de los 4.473 registros que realizó ASDRA en 2022, y que conforman la primera base de datos dinámica online del mundo sobre la población con trisomía 21. “También luchamos para la creación de una ley de apoyos personales, que contemple y brinde la asistencia de profesionales para quienes lo precisen en el día a día”, dice.

“Hay que enfocarse en el rumbo que se les da a los recursos destinados a la población con discapacidad, de qué manera se invierte, qué políticas hay o se piensan poner en marcha para ayudar a mejorar la calidad de vida de miles de personas. Eso es lo que no sabemos. Hay falta de iniciativa e información al respecto y ese es el principal reclamo”, agrega.

Por su parte, María Casal, directora ejecutiva de la Fundación Nano para personas no videntes, expresa que “Argentina es un país que en materia de leyes está muy avanzado. En términos jurídicos, las personas con algún tipo de discapacidad están protegidas, sobre todo porque la nación está comprometida con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. El problema es que sin los recursos necesarios para garantizar esos derechos y cubrir las necesidades existentes, es letra muerta”.

Casal señala: “Lamentablemente, el sistema que se encarga de cubrir las necesidades de este sector poblacional se encuentra en crisis. Entre uno de los problemas que agrava la situación se encuentra el congelamiento del nomenclador que cubre la atención de estas personas, lo cual significa que se lo come constantemente la inflación, y el congelamiento es una decisión política. Por eso hay que recalcar que si no hay políticas públicas que respalden, el sistema está desprotegido, y por eso nuestra perspectiva de cara al futuro es negativa, debido a las propuestas de ajuste que se proponen”.

Sobre los derechos de este sector poblacional y cuestiones de inclusión social, Casal cree necesario insistir en que “los derechos no son privilegios, sino que están para igualar el piso de oportunidades. Hay que desestigmatizar la función del sistema. Es muy común escuchar comentarios despectivos sobre las personas con discapacidad que reciben una asistencia por parte del Estado. No cualquiera tiene una pensión por discapacidad. Realmente tenés que estar en una situación muy delicada para que el Estado te brinde este tipo de asistencia”.

Esta visión se refleja en todos los servicios de rehabilitación e inserción social que ofrece la fundación, entre los que se encuentran consultorios oftalmológicos para personas que no tengan acceso a la salud ocular y centros de día para que las personas ciegas o con otras discapacidades visuales encuentren y construyan un espacio propio, en los que de lunes a viernes se desarrollan talleres de informática, educación física de rehabilitación, teatro, cocina, lectura, música y otras actividades.

La Fundación DISCAR, en tanto, es una organización que desde 1991 trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, en todos los ámbitos de la sociedad, y logra que estas personas desarrollen la plenitud de sus capacidades. Cuenta con talleres y cursos que funcionan como herramientas para dar respuestas a sus deseos y necesidades, un lugar en donde puedan desarrollar mayores grados de autonomía e independencia, que les permitan mejorar su calidad de vida y ejercer una ciudadanía plena. A través del programa EcA (Empleo con Apoyo), que está orientado a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la fundación se alía con empresas para ofrecer puestos de trabajo a este sector poblacional.

Demián Lijtman, director ejecutivo de la fundación, enfatiza en que “hay que promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral competitivo. Los cupos estipulados para la contratación por parte del Estado no llegan a cubrirse, y faltan incentivos impositivos para fomentar la inclusión en el ámbito privado. “

Respecto a la situación de la salud y la vivienda para las personas con discapacidad, Lijtman agrega: “Es difícil que cuenten con la asistencia que precisan. Hay una gran dificultad para conseguir profesionales de la salud, debido a que los salarios son muy bajos. También creemos que hay que trabajar en la creación de políticas públicas de viviendas independientes para las personas con discapacidad”.

Gratuidad sí, vouchers no

Oct 12, 2023 | Comunidad, Destacado 4

En un hecho inédito, directivos, profesores, no docentes, estudiantes y todos los espacios políticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA realizaron un banderazo en defensa de la educación pública, gratuita, masiva y de calidad. Unidad en la diversidad frente a la amenaza electoral de la derecha.

“Nuestra facultad se caracteriza por la diversidad política, pero donde no tiene dudas es en la defensa de la educación pública y de la universidad gratuita y de calidad”, sostuvo el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la UBA, Diego De Charras.

En una jornada inédita en la que coincidieron fuerzas políticas y gremiales estudiantiles, docentes y no docentes de diferentes espacios, se realizó un banderazo bajo la consigna “UBA Sociales por la educación pública y gratuita”. Al canto animado de “¡Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode!”, integrantes de diversas agrupaciones se concentraron en la plaza seca de la sede de FSOC, en el barrio porteño de Constitución, en rechazo a las propuestas que amenazan la gratuidad de la educación y abogan por un sistema de vouchers.

Impulsado por la gestión de la Facultad y acompañado por toda la comunidad educativa, el banderazo fue parte de una acción comunitaria en “un contexto amenazante y de cara al debate social que antecede al voto”, como explicó la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Larisa Kevjal.

Frente al avance de un candidato como Javier Milei, que explícitamente promueve la privatización y el arancelamiento de la educación, personalidades destacadas de la colectividad académica reconocieron la necesidad de una acción conjunta: “La unidad fue sencilla porque lo que está en juego lleva necesariamente a juntar las voluntades —afirmó Ana Arias, decana de FSOC—. Los problemas que tiene actualmente el sistema educativo, con el proyecto de vouchers pueden llegar a potenciarse de manera extraordinaria”.

La estudiante de Sociología Naza Sciola expresó: “Venimos de años de erosionamiento de nuestra educación pública y estas propuestas vienen a ofrecer una falsa respuesta a los problemas que estamos enfrentando”.

“Este año, el presupuesto de la universidad tuvo un aumento del 70 por ciento cuando hay una inflación por arriba del 120, lo que afecta fuertemente a la universidad pública y su posibilidad de funcionamiento”, explicó Juan Diez, trabajador no docente y miembro a cargo de las becas de la Subsecretaría de Investigación. Acompañados de carteles denunciando el ajuste y en contra de la exclusión de trabajadores docentes y no docentes jubilados de la obra social DOSUBA, integrantes de la gremial no docente participaron del acto: “Una convocatoria en defensa de la universidad pública debía incluir estos reclamos frente a los ataques a nuestros derechos”, agregó Diez.

“La voucherización lo único que hace es lesionar las posibilidades de formarse y educarse de aquellos que encuentran en la universidad pública una oportunidad de ascenso y movilidad social”, señaló De Charras.

El banderazo es sólo una de las medidas posibles de acción para frenar el avance de estos proyectos privatizadores. “Nos toca asumir muchos protagonismos para dotar de argumento algunas ideas que son reduccionistas, para que la sociedad pueda comprender qué es lo que está en disputa”, remarcó Kejval. El vicedecano De Charras añadió que “hay que trabajar la toma de conciencia y explicar particularmente a los jóvenes lo lesivas que son estas propuestas que ven como novedosas, ya aplicadas por el neoliberalismo”.

“La mejor manera de superar los impulsos que amenazan la educación pública es con una propuesta superadora, que incorpore nuevas demandas y genere más espacio público, no menos”, aseguró la decana Arias.

Sciola, militante de la agrupación socialista La Emergente, sentenció que la mayor iniciativa para decir no a los intentos de privatización es “seguir invirtiendo en educación pública, apostando al presupuesto y democratizando la universidad”.

Lucas Grimson, militante de La Mella-Frente Patria Grande y estudiante de Ciencia Política, argumentó que “para poder construir más universidad pública necesitamos no retroceder sobre lo conquistado históricamente y para ello necesitamos ‘darla vuelta’ de cara a la elección de octubre”.

La presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y estudiante de Relaciones del Trabajo, Ludmila Peralta, se refirió a la Comisión en Defensa de la Educación Pública: “Un espacio para hablar de la situación y pensar diferentes iniciativas que puedan visibilizar que existe la posibilidad de perder la educación pública y su rol como transformadora de vidas”.

A días de las elecciones generales del 22 de octubre, proyectos políticos antagónicos debaten qué tipo de país queremos. Esta manifestación de alerta en unidad de espacios ideológicamente diversos es indispensable para entender los derechos que están en juego para estudiantes actuales y futuros.

Otra vez Medio Oriente sufre y llora

Oct 11, 2023 | Comunidad, Destacado 5

Un sorpresivo y cruento ataque de Hamas en el sur israelí desató una violenta represalia en la Franja Gaza. El periodista especializado Pedro Brieger opina sobre esta nueva guerra.

El sur de la Franja de Gaza luego de un bombardeó israelí el 10 de octubre.

El sábado 7 el grupo extremista islámico Hamas desplegó una violenta ofensiva contra Israel por tierra, mar y aire contra población civil que provocó el estado de guerra, declarado por el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu.

Más de mil personas murieron en dos días ente nuevo enfrentamiento entre Israel y el movimiento palestino Hamas, que capturó a un centenar de rehenes en un sorpresivo ataque al sur israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió a la población prepararse para una guerra «larga y difícil» y el ejército anunció la próxima evacuación de todos los habitantes de zonas cercanas a la Franja de Gaza. Washington empezó el domingo a enviar ayuda militar adicional a Israel, un anuncio que Hamas equiparó a una «agresión» contra los palestinos.

Las autoridades israelíes confirmaron que hasta ahora hay más de 900 muertos y 2.700 heridos, en su mayoría civiles, desde el inicio de la ofensiva de Hamas. En tanto, el balance de víctimas a causa de la represalia con bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza ascendió a 900 muertos y al menos 4.500 heridos, según informaron las autoridades gazacíes, que mencionaron el asesinato de 260 niños. Ayer Israel difundió imágenes de la incursión terrorista de Hamas en un kibutz del sur del país, y denunció la decapitación de bebés.

El conflicto lleva décadas, provocando pobreza, bloqueos y violaciones a los derechos humanos en territorio palestino. El epicentro fue está vez la Franja de Gaza, un área de 360 kilómetros cuadrados, ubicado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo.

Pedro Brieger es periodista y sociólogo especializado en política internacional, además de titular de la cátedra de Sociología de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires. En diálogo con ANCCOM, cuenta detalles sobre este tema.

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¿Cuáles son los antecedentes y el contexto de este conflicto?

El antecedente más importante es la ocupación Israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza desde 1967 y las políticas de apartheid que está implementando Israel en los territorios ocupados. Israel se retiró en el año 2005 de la Franja de Gaza, pero la sigue controlando quién entra, quién sale, monitorea la situación interna y además ha intervenido y bombardeado la Franja de Gaza en múltiples oportunidades.

¿Por qué razón puede ser que se haya dado este estallido el sábado 7 de octubre?

No queda muy claro por qué estalló el sábado, pero sí parece ser poco casual, o en realidad parece que no es casual, que esta ofensiva militar la hayan realizado el 7 de octubre, un día después de que se cumplieran 50 años de la guerra de 1973, que tomó de sorpresa el Estado de Israel. Entonces podemos unir los dos temas.En 1973 Israel es tomado de sorpresa porque el ejército de Siria y el ejército de Egipto comienzan una guerra y ahora también es tomado completamente por sorpresa, lo que hizo que dentro de la sociedad israelí se asociaron los dos momentos históricos, 1973 y 2023, como parte de un gran fracaso.

¿Qué características nuevas tiene además de la dimensión? ¿Israel está dispuesto a devastar Gaza aunque esto implique cometer crímenes de guerra, como mencionó la ONU?

Lo novedoso en este caso es la dimensión de la penetración palestina. El ejército de Israel reconoce que mató a 1.500 palestinos que entraron en su territorio. Eso significa que deben haber entrado más de 2.000. La forma como lograron entrar, la sorpresiva incursión militar, la toma de rehenes, esto le ha dado una dimensión totalmente novedosa. Nunca pasó algo similar. Si Israel está dispuesto a devastar Gaza, eso es difícil de determinar. Por lo menos es lo que piden algunos en el gobierno, miembros del parlamento, y hay una sed de venganza ante la sociedad israelí producto de los ataques que sufrieron.

¿Será una guerra que dure mucho tiempo?

Sí. Mientras Israel tenga el apoyo de los Estados Unidos, no creo que le importe demasiado que sea acusado crímenes de guerra en Naciones Unidas. Nadie lo sabe.

¿Alguno de los bandos es más vulnerable que el otro?

Claro, de un lado hay un Estado, con ejército, con tanques, con reconocimiento internacional, con aviación. Y del otro lado hay grupos armados que no tienen Estado, que no tienen un ejército. En ese sentido, sí son mucho más vulnerables los palestinos.

Soldados israelíes frente a los cuerpos de sus compatriotas muertos durante un ataque de militantes palestinos en Kfar Aza, al sur de Israel.

¿Cuál es el apoyo internacional que recibe cada parte?

Bueno, está muy claro. Estados Unidos apoya de manera incondicional a Israel, como siempre lo ha hecho. Y los palestinos reciben el apoyo del mundo árabe. Y Rusia y China no apoyan directamente a los palestinos, pero tampoco apoyan al Estado de Israel.

¿Es posible seguir denunciando el apartheid y los crímenes de Israel contra la población palestina cuando Hamas despliega un ataque terrorista como el del sábado?

Las denuncias del apartheid se van a seguir haciendo, porque si bien Hamas entró en territorio israelí y mató civiles, eso no quita que la situación denunciada como apartheid en los territorios en Cisjordania siga existiendo.

¿Hay que volver a explicar que antisionismo no es antisemitismo?

Hay que volver a explicar que antisionismo no es antisemitismo. Y siempre, porque es el argumento permanente de Israel, que cualquier crítica a Israel es asimilable a antisemitismo. La paradoja es que una parte importante de los movimientos antisionistas están liderados por judíos. Muchas de las voces antisionistas son judías. Entonces es ridículo plantear que una crítica al Estado de Israel se lo pueda asociar con antisemitismo.

Se aprobó el proyecto de Ley de Alquileres del Frente de Todos

Oct 11, 2023 | Comunidad, Destacado 3

La nueva norma establece contratos de tres años, actualizaciones cada seis meses y un índice establecido por el Ministerio de Hábitat. ¿Qué dicen los inquilinos?

Uno de los miembros de la Federación de Inquilinos se trepa a la reja que rodea al Congreso y pega con cinta un cartel en el que se lee “Quiero alquilar, pero también vivir”. Detrás suyo, una columna de más de mil personas corta el tránsito de la Avenida Entre Ríos para reclamar un freno a la reforma constitucional de Jujuy.

Adentro de la Cámara, los diputados debaten la aprobación del programa Compre sin IVA. Son las cinco y media de la tarde y faltan más de nueve horas para que se trate la modificación del Código Civil y Comercial impulsada por el oficialismo. Sin embargo, sobre la vereda ya se agrupan más de cien inquilinos.

Son dos los proyectos que buscan regular el mercado inmobiliario. La propuesta de Juntos por el Cambio fue aprobada en agosto en la Cámara Baja, y marca que los contratos deben tener dos años de duración con la posibilidad de realizar ajustes cada cuatro meses. Además, modifica la fórmula de actualización, de modo que las partes puedan utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios elaborado por el INDEC. También se brinda la posibilidad de optar por utilizar una combinación de los índices o pactar libremente.

Desde el Frente de Todos intentan aprobar el proyecto que ya tuvo el visto bueno del Senado. Se trata de una ley que fija en tres años la duración mínima de los contratos, con una actualización semestral basada en el coeficiente Casa Propia que elabora el Ministerio de Hábitat.

La situación es súper desesperante, es precaria, estamos en la cuerda floja constante. Ya con la ley vigente estamos en una situación de inestabilidad porque no se cumple. Pero claramente la solución no es destruirla, sino mejorarla — explica una joven de 25 años.

A las seis de la tarde la lluvia cae sobre Balvanera. En la plaza, parte de la columna que antes cortó el tránsito ahora pone música folclórica a todo volumen. Al cabo de unos minutos los parlantes dejan de oírse y cobran protagonismo los cánticos contra la especulación inmobiliaria.

—Quienes alquilamos estamos en una fragilidad tremenda, porque no hay ofertas y las que hay son en dólares. Estamos en una situación de mucha volatilidad, donde se pone en juego nuestro derecho a vivir bajo techo — lamenta otro de los inquilinos a metros de avenida Rivadavia —. No hay una negociación libre con los propietarios, porque ellos pueden dormir a la noche en su casa con tranquilidad y a mí se me está jugando el derecho a la vivienda.

A la misma conclusión llega Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos: “Sabemos perfectamente que eso no sucede, por eso se defiende tanto una ley desde el Estado. Creo que es un clima de época esta idea de que el mercado regula todo si lo dejás libre”.

En relación a este punto, sostiene: “Lo que me preocupa es que haya vuelto como en los años noventa una época tan de sálvese quien pueda. Sabemos que bajo esa lógica se terminan salvando los más grandes y nosotros quedamos todos en la lona”. Y concluye: “Creo que la discusión tiene que ser nacional, no solo en el Congreso, sino también en organizaciones nacionales como las gremiales. Ahí hay una clave, los sindicatos tienen que volver a plantear a la vivienda como un derecho fundamental de los trabajadores”.

Muñoz deja de hablar cuando se acercan a saludar inquilinos del Gran Buenos Aires y la provincia. Una chica le pasa un micrófono y la ronda de bombos que acompañaban las canciones se abre para dejarlo pasar.

Estamos hace mucho organizando a un sector que hace unos años creíamos que necesitaba una representación colectiva, una pelea colectiva, en una ciudad particular, que es gobernada por el negocio inmobiliario — declara antes de soltar el micrófono y tomar un megáfono –. Presentamos una ley en 2016, que permitió llevar la pelea a muchas provincias de la Argentina y construir la Federación de Inquilinos.

El semáforo se pone en verde y los autos que esperaban en la esquina de Hipólito Yrigoyen ahora circulan frente a la movilización y tocan bocina. Se suman a la decena de motos que a lo largo de la última hora también demostraron su apoyo.

—Lo que se está viviendo es realmente dramático, en zonas turísticas es imposible encontrar un lugar donde vivir y la gente se va porque ya no hay forma de pagar alquileres dolarizados— añade Muñoz —. Lo de hoy es solo una anécdota, que es parte de una construcción que tenemos que seguir dando en todo el país y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos logrado visibilizar que muchos de los que toman decisiones son parte del negocio inmobiliario en la Argentina.

Los aplausos se replican y los bombos vuelven a retumbar. La música folclórica queda una vez más aplacada por los inquilinos.

Adentro del recinto, los diputados continúan el debate. Con el correr de las horas, el tráfico por la avenida disminuye y ya todos vuelven a sus casas.

Para las cuatro y media de la mañana, cuando los legisladores empiezan a tratar la modificación del código, los faroles del palacio muestran una vereda desolada, sobre la que descansan retazos de los afiches colocados en las rejas durante la tarde. En la esquina, tres de los integrantes del Malón de la Paz duermen bajo una carpa improvisada con una lona de plástico que cuelga del enrejado.

Las cuadras que van desde Independencia hasta Rivadavia albergan a decenas de cartoneros que pasan la noche sobre pedazos de goma espuma tirados en las puertas de bancos, edificios y galerías. De alguna manera sus cuerpos se acomodaron al ruido de la ciudad y no los despiertan las pisadas que rebotan sobre el suelo mojado a centímetros de sus cabezas.

Quienes todavía sobreviven a las fauces de la especulación inmobiliaria, aguardan en sus casas rentadas la decisión de los diputados. A las cinco y diez de la mañana la presidenta de la Cámara, Cecilia Moureau, habilita la votación. Después de una cuenta regresiva de un minuto, el cartel electrónico del recinto afirma que el proyecto del Frente de Todos fue aprobado con 128 votos afirmativos y 114 negativos.