Gratuidad sí, vouchers no

Gratuidad sí, vouchers no

En un hecho inédito, directivos, profesores, no docentes, estudiantes y todos los espacios políticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA realizaron un banderazo en defensa de la educación pública, gratuita, masiva y de calidad. Unidad en la diversidad frente a la amenaza electoral de la derecha.

“Nuestra facultad se caracteriza por la diversidad política, pero donde no tiene dudas es en la defensa de la educación pública y de la universidad gratuita y de calidad”, sostuvo el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la UBA, Diego De Charras.

En una jornada inédita en la que coincidieron fuerzas políticas y gremiales estudiantiles, docentes y no docentes de diferentes espacios, se realizó un banderazo bajo la consigna “UBA Sociales por la educación pública y gratuita”. Al canto animado de “¡Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode!”, integrantes de diversas agrupaciones se concentraron en la plaza seca de la sede de FSOC, en el barrio porteño de Constitución, en rechazo a las propuestas que amenazan la gratuidad de la educación y abogan por un sistema de vouchers.

Impulsado por la gestión de la Facultad y acompañado por toda la comunidad educativa, el banderazo fue parte de una acción comunitaria en “un contexto amenazante y de cara al debate social que antecede al voto”, como explicó la directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Larisa Kevjal.

Frente al avance de un candidato como Javier Milei, que explícitamente promueve la privatización y el arancelamiento de la educación, personalidades destacadas de la colectividad académica reconocieron la necesidad de una acción conjunta: “La unidad fue sencilla porque lo que está en juego lleva necesariamente a juntar las voluntades —afirmó Ana Arias, decana de FSOC—. Los problemas que tiene actualmente el sistema educativo, con el proyecto de vouchers pueden llegar a potenciarse de manera extraordinaria”.

La estudiante de Sociología Naza Sciola expresó: “Venimos de años de erosionamiento de nuestra educación pública y estas propuestas vienen a ofrecer una falsa respuesta a los problemas que estamos enfrentando”.

“Este año, el presupuesto de la universidad tuvo un aumento del 70 por ciento cuando hay una inflación por arriba del 120, lo que afecta fuertemente a la universidad pública y su posibilidad de funcionamiento”, explicó Juan Diez, trabajador no docente y miembro a cargo de las becas de la Subsecretaría de Investigación. Acompañados de carteles denunciando el ajuste y en contra de la exclusión de trabajadores docentes y no docentes jubilados de la obra social DOSUBA, integrantes de la gremial no docente participaron del acto: “Una convocatoria en defensa de la universidad pública debía incluir estos reclamos frente a los ataques a nuestros derechos”, agregó Diez.

“La voucherización lo único que hace es lesionar las posibilidades de formarse y educarse de aquellos que encuentran en la universidad pública una oportunidad de ascenso y movilidad social”, señaló De Charras.

El banderazo es sólo una de las medidas posibles de acción para frenar el avance de estos proyectos privatizadores. “Nos toca asumir muchos protagonismos para dotar de argumento algunas ideas que son reduccionistas, para que la sociedad pueda comprender qué es lo que está en disputa”, remarcó Kejval. El vicedecano De Charras añadió que “hay que trabajar la toma de conciencia y explicar particularmente a los jóvenes lo lesivas que son estas propuestas que ven como novedosas, ya aplicadas por el neoliberalismo”.

“La mejor manera de superar los impulsos que amenazan la educación pública es con una propuesta superadora, que incorpore nuevas demandas y genere más espacio público, no menos”, aseguró la decana Arias.

Sciola, militante de la agrupación socialista La Emergente, sentenció que la mayor iniciativa para decir no a los intentos de privatización es “seguir invirtiendo en educación pública, apostando al presupuesto y democratizando la universidad”.

Lucas Grimson, militante de La Mella-Frente Patria Grande y estudiante de Ciencia Política, argumentó que “para poder construir más universidad pública necesitamos no retroceder sobre lo conquistado históricamente y para ello necesitamos ‘darla vuelta’ de cara a la elección de octubre”.

La presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y estudiante de Relaciones del Trabajo, Ludmila Peralta, se refirió a la Comisión en Defensa de la Educación Pública: “Un espacio para hablar de la situación y pensar diferentes iniciativas que puedan visibilizar que existe la posibilidad de perder la educación pública y su rol como transformadora de vidas”.

A días de las elecciones generales del 22 de octubre, proyectos políticos antagónicos debaten qué tipo de país queremos. Esta manifestación de alerta en unidad de espacios ideológicamente diversos es indispensable para entender los derechos que están en juego para estudiantes actuales y futuros.

Otra vez Medio Oriente sufre y llora

Otra vez Medio Oriente sufre y llora

Un sorpresivo y cruento ataque de Hamas en el sur israelí desató una violenta represalia en la Franja Gaza. El periodista especializado Pedro Brieger opina sobre esta nueva guerra.

El sur de la Franja de Gaza luego de un bombardeó israelí el 10 de octubre.

El sábado 7 el grupo extremista islámico Hamas desplegó una violenta ofensiva contra Israel por tierra, mar y aire contra población civil que provocó el estado de guerra, declarado por el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu.

Más de mil personas murieron en dos días ente nuevo enfrentamiento entre Israel y el movimiento palestino Hamas, que capturó a un centenar de rehenes en un sorpresivo ataque al sur israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió a la población prepararse para una guerra «larga y difícil» y el ejército anunció la próxima evacuación de todos los habitantes de zonas cercanas a la Franja de Gaza. Washington empezó el domingo a enviar ayuda militar adicional a Israel, un anuncio que Hamas equiparó a una «agresión» contra los palestinos.

Las autoridades israelíes confirmaron que hasta ahora hay más de 900 muertos y 2.700 heridos, en su mayoría civiles, desde el inicio de la ofensiva de Hamas. En tanto, el balance de víctimas a causa de la represalia con bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza ascendió a 900 muertos y al menos 4.500 heridos, según informaron las autoridades gazacíes, que mencionaron el asesinato de 260 niños. Ayer Israel difundió imágenes de la incursión terrorista de Hamas en un kibutz del sur del país, y denunció la decapitación de bebés.

El conflicto lleva décadas, provocando pobreza, bloqueos y violaciones a los derechos humanos en territorio palestino. El epicentro fue está vez la Franja de Gaza, un área de 360 kilómetros cuadrados, ubicado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo.

Pedro Brieger es periodista y sociólogo especializado en política internacional, además de titular de la cátedra de Sociología de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires. En diálogo con ANCCOM, cuenta detalles sobre este tema.

¿Cuáles son los antecedentes y el contexto de este conflicto?

El antecedente más importante es la ocupación Israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza desde 1967 y las políticas de apartheid que está implementando Israel en los territorios ocupados. Israel se retiró en el año 2005 de la Franja de Gaza, pero la sigue controlando quién entra, quién sale, monitorea la situación interna y además ha intervenido y bombardeado la Franja de Gaza en múltiples oportunidades.

 ¿Por qué razón puede ser que se haya dado este estallido el sábado 7 de octubre?

 No queda muy claro por qué estalló el sábado, pero sí parece ser poco casual, o en realidad parece que no es casual, que esta ofensiva militar la hayan realizado el 7 de octubre, un día después de que se cumplieran 50 años de la guerra de 1973, que tomó de sorpresa el Estado de Israel. Entonces podemos unir los dos temas.En 1973 Israel es tomado de sorpresa porque el ejército de Siria y el ejército de Egipto comienzan una guerra y ahora también es tomado completamente por sorpresa, lo que hizo que dentro de la sociedad israelí se asociaron los dos momentos históricos, 1973 y 2023, como parte de un gran fracaso.

 ¿Qué características nuevas tiene además de la dimensión? ¿Israel está dispuesto a devastar Gaza aunque esto implique cometer crímenes de guerra, como mencionó la ONU?

Lo novedoso en este caso es la dimensión de la penetración palestina. El ejército de Israel reconoce que mató a 1.500 palestinos que entraron en su territorio. Eso significa que deben haber entrado más de 2.000. La forma como lograron entrar, la sorpresiva incursión militar, la toma de rehenes, esto le ha dado una dimensión totalmente novedosa. Nunca pasó algo similar. Si Israel está dispuesto a devastar Gaza, eso es difícil de determinar. Por lo menos es lo que piden algunos en el gobierno, miembros del parlamento, y hay una sed de venganza ante la sociedad israelí producto de los ataques que sufrieron. 

¿Será una guerra que dure mucho tiempo?

Sí. Mientras Israel tenga el apoyo de los Estados Unidos, no creo que le importe demasiado que sea acusado crímenes de guerra en Naciones Unidas. Nadie lo sabe. 

¿Alguno de los bandos es más vulnerable que el otro? 

Claro, de un lado hay un Estado, con ejército, con tanques, con reconocimiento internacional, con aviación. Y del otro lado hay grupos armados que no tienen Estado, que no tienen un ejército. En ese sentido, sí son mucho más vulnerables los palestinos. 

Soldados israelíes frente a los cuerpos de sus compatriotas muertos durante un ataque de militantes palestinos en Kfar Aza, al sur de Israel.

 

 ¿Cuál es el apoyo internacional que recibe cada parte? 

 Bueno, está muy claro. Estados Unidos apoya de manera incondicional a Israel, como siempre lo ha hecho. Y los palestinos reciben el apoyo del mundo árabe. Y Rusia y China no apoyan directamente a los palestinos, pero tampoco apoyan al Estado de Israel.

 ¿Es posible seguir denunciando el apartheid y los crímenes de Israel contra la población palestina cuando Hamas despliega un ataque terrorista como el del sábado?

Las denuncias del apartheid se van a seguir haciendo, porque si bien Hamas entró en territorio israelí y mató civiles, eso no quita que la situación denunciada como apartheid en los territorios en Cisjordania siga existiendo.

 ¿Hay que volver a explicar que antisionismo no es antisemitismo?

Hay que volver a explicar que antisionismo no es antisemitismo. Y siempre, porque es el argumento permanente de Israel, que cualquier crítica a Israel es asimilable a antisemitismo. La paradoja es que una parte importante de los movimientos antisionistas están liderados por judíos. Muchas de las voces antisionistas son judías. Entonces es ridículo plantear que una crítica al Estado de Israel se lo pueda asociar con antisemitismo.

 

Se aprobó el proyecto de Ley de Alquileres del Frente de Todos

Se aprobó el proyecto de Ley de Alquileres del Frente de Todos

La nueva norma establece contratos de tres años, actualizaciones cada seis meses y un índice establecido por el Ministerio de Hábitat. ¿Qué dicen los inquilinos?

Uno de los miembros de la Federación de Inquilinos se trepa a la reja que rodea al Congreso y pega con cinta un cartel en el que se lee “Quiero alquilar, pero también vivir”. Detrás suyo, una columna de más de mil personas corta el tránsito de la Avenida Entre Ríos para reclamar un freno a la reforma constitucional de Jujuy.

Adentro de la Cámara, los diputados debaten la aprobación del programa Compre sin IVA. Son las cinco y media de la tarde y faltan más de nueve horas para que se trate la modificación del Código Civil y Comercial impulsada por el oficialismo. Sin embargo, sobre la vereda ya se agrupan más de cien inquilinos.

Son dos los proyectos que buscan regular el mercado inmobiliario. La propuesta de Juntos por el Cambio fue aprobada en agosto en la Cámara Baja, y marca que los contratos deben tener dos años de duración con la posibilidad de realizar ajustes cada cuatro meses. Además, modifica la fórmula de actualización, de modo que las partes puedan utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios elaborado por el INDEC.  También se brinda la posibilidad de optar por utilizar una combinación de los índices o pactar libremente. 

Desde el Frente de Todos intentan aprobar el proyecto que ya tuvo el visto bueno del Senado. Se trata de una ley que fija en tres años la duración mínima de los contratos, con una actualización semestral basada en el coeficiente Casa Propia que elabora el Ministerio de Hábitat. 

  • La situación es súper desesperante, es precaria, estamos en la cuerda floja constante. Ya con la ley vigente estamos en una situación de inestabilidad porque no se cumple. Pero claramente la solución no es destruirla, sino mejorarla — explica una joven de 25 años.

A las seis de la tarde la lluvia cae sobre Balvanera. En la plaza, parte de la columna que antes cortó el tránsito ahora pone música folclórica a todo volumen. Al cabo de unos minutos los parlantes dejan de oírse y cobran protagonismo los cánticos contra la especulación inmobiliaria. 

 —Quienes alquilamos estamos en una fragilidad tremenda, porque no hay ofertas y las que hay son en dólares. Estamos en una situación de mucha volatilidad, donde se pone en juego nuestro derecho a vivir bajo techo — lamenta otro de los inquilinos a metros de avenida Rivadavia —. No hay una negociación libre con los propietarios, porque ellos pueden dormir a la noche en su casa con tranquilidad y a mí se me está jugando el derecho a la vivienda.

A la misma conclusión llega Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos: “Sabemos perfectamente que eso no sucede, por eso se defiende tanto una ley desde el Estado. Creo que es un clima de época esta idea de que el mercado regula todo si lo dejás libre”. 

En relación a este punto, sostiene: “Lo que me preocupa es que haya vuelto como en los años noventa una época tan de sálvese quien pueda. Sabemos que bajo esa lógica se terminan salvando los más grandes y nosotros quedamos todos en la lona”. Y concluye: “Creo que la discusión tiene que ser nacional, no solo en el Congreso, sino también en organizaciones nacionales como las gremiales. Ahí hay una clave, los sindicatos tienen que volver a plantear a la vivienda como un derecho fundamental de los trabajadores”. 

Muñoz deja de hablar cuando se acercan a saludar inquilinos del Gran Buenos Aires y la provincia. Una chica le pasa un micrófono y la ronda de bombos que acompañaban las canciones se abre para dejarlo pasar. 

  • Estamos hace mucho organizando a un sector que hace unos años creíamos que necesitaba una representación colectiva, una pelea colectiva, en una ciudad particular, que es gobernada por el negocio inmobiliario — declara antes de soltar el micrófono y tomar un megáfono –. Presentamos una ley en 2016, que permitió llevar la pelea a muchas provincias de la Argentina y construir la Federación de Inquilinos.

El semáforo se pone en verde y los autos que esperaban en la esquina de Hipólito Yrigoyen ahora circulan frente a la movilización y tocan bocina. Se suman a la decena de motos que a lo largo de la última hora también demostraron su apoyo. 

—Lo que se está viviendo es realmente dramático, en zonas turísticas es imposible encontrar un lugar donde vivir y la gente se va porque ya no hay forma de pagar alquileres dolarizados— añade Muñoz —. Lo de hoy es solo una anécdota, que es parte de una construcción que tenemos que seguir dando en todo el país y en particular en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos logrado visibilizar que muchos de los que toman decisiones son parte del negocio inmobiliario en la Argentina.  

Los aplausos se replican y los bombos vuelven a retumbar. La música folclórica queda una vez más aplacada por los inquilinos. 

Adentro del recinto, los diputados continúan el debate. Con el correr de las horas, el tráfico por la avenida disminuye y ya todos vuelven a sus casas. 

Para las cuatro y media de la mañana, cuando los legisladores empiezan a tratar la modificación del código, los faroles del palacio muestran una vereda desolada, sobre la que descansan retazos de los afiches colocados en las rejas durante la tarde. En la esquina, tres de los integrantes del Malón de la Paz duermen bajo una carpa improvisada con una lona de plástico que cuelga del enrejado. 

Las cuadras que van desde Independencia hasta Rivadavia albergan a decenas de cartoneros que pasan la noche sobre pedazos de goma espuma tirados en las puertas de bancos, edificios y galerías. De alguna manera sus cuerpos se acomodaron al ruido de la ciudad y no los despiertan las pisadas que rebotan sobre el suelo mojado a centímetros de sus cabezas. 

Quienes todavía sobreviven a las fauces de la especulación inmobiliaria, aguardan en sus casas rentadas la decisión de los diputados. A las cinco y diez de la mañana la presidenta de la Cámara, Cecilia Moureau, habilita la votación. Después de una cuenta regresiva de un minuto, el cartel electrónico del recinto afirma que el proyecto del Frente de Todos fue aprobado con 128 votos afirmativos y 114 negativos. 

El Gobierno porteño criminaliza a los padres de los estudiantes

El Gobierno porteño criminaliza a los padres de los estudiantes

Les exige cifras millonarias para hacerse cargo del costo de las clases que los docentes no pudieron dar por las tomas del año pasado. La Secretaría de Derechos Humanos ofrece asistencia legal a las familias. 

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intimó económicamente a padres y madres de estudiantes involucrados en las tomas de colegios que tuvieron lugar en 2022. No es la primera vez: ya se habían iniciado causas penales el año pasado. Ante esta situación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ofreció asistencia legal a los padres y madres demandados.

Desde mayo de 2022, los estudiantes de distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a denunciar la falta de realización de obras de infraestructura, el incumplimiento de la implementación del programa de Educación Sexual Integral (ESI), la mala calidad de las viandas o las condiciones de las pasantías no rentadas, entre otros reclamos.

Tras no haber recibido respuesta alguna de parte de las autoridades, los estudiantes decidieron optar por tomar sus respectivos colegios y más de treinta las escuelas resultaron tomadas entre septiembre y noviembre del año pasado. “La toma con pernocte fue la última de una serie de medidas que empezaron a realizar en mayo. Fue muy meditado, decidido colectivamente, con mucha gradualidad y, además, cumpliendo el protocolo de tomas que dispone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, argumenta Daniela, madre de una estudiante involucrada. (N.d.R: Las familias consultadas pidieron reserva de su identidad por el asesoramiento de sus abogados y para preservar a sus hijos adolescentes).

Así, las autoridades de la Ciudad, encabezadas por el jefe de Gobierno porteño y su ministra de Educación Soledad Acuña, llevaron a cabo una segunda tanda de demandas millonarias a las familias de los estudiantes que participaron de las tomas: comenzó en septiembre de este año y aún hay muchos padres y madres que todavía no pudieron ser notificados de las acusaciones. Lejos de resignarse, las familias afectadas se organizaron para que se dé marcha atrás. “El centro de estudiantes es reconocido por el Ministerio de Educación y todos los reclamos eran legítimos”, señala Daniela.

En algunos casos la suma que reclaman llega a los tres millones de pesos, otros plantean un millón y medio por cada día de toma, como surge de los casos del Colegio Mariano Acosta y del Profesorado de Artes Visuales Manuel Belgrano.

«Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi tres millones de pesos en forma de ‘resarcimiento’, porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeros de la ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios», contó la joven Juana D. en sus redes sociales. «Una vez más el Gobierno opta por la persecución a los derechos estudiantiles de protestar contra un sistema que, en vez de resguardarnos, decide mirar para otro lado y esconderse… Que la gente se entere de que el GCBA criminaliza los reclamos de los estudiantes». Juana recordó que durante la toma realizaron intervenciones artísticas en la fachada de la escuela, así como en los baños y aulas, y que luego procedieron a la limpieza.

Sin embargo, ya hay un antecedente referido a demandas hacia los padres de los estudiantes que data de más de un año. Las 21 causas penales que Soledad Acuña decidió abrir en septiembre de 2022 fueron desestimadas por un juez de la Ciudad en el mes de mayo de este año, declarando que no había delito alguno. “Lo que demanda el GCBA (en esta ocasión) es daños y perjuicios por los sueldos pagados a los docentes que no pudieron dar clases”, detalla Gastón, uno de los padres demandados, sobre la multa que recibió.

Este lunes 2 de octubre, la Secretaría de Derechos Humanos se pronunció ante las medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a padres y madres de los estudiantes secundarios: “Si recibiste una de estas demandas porque tus hijos ejercieron el derecho a peticionar a las autoridades, comunicate con nosotros para obtener asesoramiento legal.”

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), por su parte, también difundió un comunicado repudiando la intimación y deslindando responsabilidades: “El Gobierno interpuso una demanda por aproximadamente 2,7 millones de pesos contra una familia relacionada con la toma estudiantil, por compensaciones por supuestos “daños y perjuicios”. Entendemos esta maniobra como un capítulo más de las persecuciones que Rodríguez Larreta y Acuña han realizado durante su gestión a la comunidad educativa.”

La ministra de Educación de Buenos Aires, en respuesta al comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos vía redes sociales, acusó al candidato a presidente y ministro de Economía de la Nación Sergio Massa y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de “apañar a los que están al margen de la ley.” Por otro lado, Karina apuntó que “la Secretaría simplemente está brindándonos herramientas para poder defendernos.”

«Es un mensaje contradictorio: por un lado, hay muchos contenidos en la escuela que hablan de los legítimos derechos que concede la Constitución para participar por una mejor sociedad y después dicen que es un delito”, dice Daniela.

Más allá del momento de incertidumbre que atraviesan los padres y las madres de los estudiantes involucrados en las tomas de colegios, desde el ámbito legal hay optimismo para que el Poder Judicial falle a favor de las familias demandadas: “Los abogados que leyeron las causas dijeron que el caso tiene muy poca viabilidad. Es muy difícil que puedan demostrar daños o utilización de la fuerza, porque no hubo. No tiene sentido desde lo judicial”, afirma Gastón.

Este tipo de conductas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad funcionan como una manera de “disciplinamiento por el bolsillo” y de “criminalizar la protesta”, actitudes que provocan descontento y confusión de cara al futuro. “Es darles un mensaje contradictorio a los estudiantes: por un lado, hay muchos contenidos en la escuela que hablan de la democracia y de los legítimos derechos que nos concede la Constitución para participar por una mejor sociedad y después les dicen que es un delito”, concluye Daniela.

Testimonio de un padre demandado por la toma de escuelas

por Hernán Olivera Agustina Blanco Eliana Rossi Mailén Farias

Testimonio de una madre demandado por la toma de escuelas

por Hernán Olivera Agustina Blanco Eliana Rossi Mailén Farias

La economía popular sale a la calle

La economía popular sale a la calle

El Parque Finky, en Lomas de Zamora, fue sede de la segunda edición de la Expo Feria de la Economía Popular y de Ambiente. Impulsada en conjunto entre el municipio y la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano, se ofrecieron productos artesanales y agroecológicos sin intermediarios.

Una vez cruzada la vía de tren, dejan de escucharse las bocinas de los autos. En uno de los ingresos al Parque Finky, ubicado en el municipio de Lomas de Zamora, se ve el inicio de una bicisenda. En paralelo, corre un camino peatonal pavimentado, una suerte de guía para saber cómo ubicarse en el predio y llegar a su corazón. Allí se multiplican los árboles y hay juegos y áreas verdes hoy interrumpidas por los puestos. Del lado izquierdo hay carpas de techos azules para distintos emprendimientos manufactureros; del lado derecho carpas blancas para la oferta agricultora. La bandera argentina está retratada también en la tierra.

El pasado domingo 8 de octubre se realizó la segunda Expo Feria de la Economía Popular y de Ambiente. Durante más de seis horas doscientos puestos de cooperativas, empresas recuperadas y organizaciones rurales de toda la provincia ofrecieron productos directo al público, sin intermediarios. Su primera edición en mayo de este año se había organizado en Plaza de Mayo, impulsada por instituciones nacionales, y tuvo una concurrencia masiva.

Según Juan Pablo Della Villa, coordinador general de la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS), era necesario “mostrar en el epicentro de la política un desarrollo nacional de lo que es la economía popular y lo que el cooperativismo hace”. En esta ocasión, decidieron “llevar al conurbano una propuesta de acceso a los alimentos locales, de la Provincia de Buenos Aires”. Además, se le sumaron propuestas culturales: desde artistas en vivo como Bruno Arias hasta talleres sobre árboles nativos y forestaciones colectivas.

Avanzando a paso lento entre los puestos llega el olor a asado. Desde el escenario ubicado en el pequeño anfiteatro pasan canciones de distintos géneros, todas de artistas nacionales: si pasó una de rock, después le seguirá una de folclore.

En la cancha de fútbol, cuyo único límite claro es el comienzo del pasto, hay pibes y pibas jugando a la pelota. De vez en cuando se les escapa y algún feriante o caminante se las devuelve. No faltan pájaros que revolotean y perros ladrando. Es un escenario muy distinto al de Plaza de Mayo.

Entre las diferentes federaciones, cooperativas y organizaciones institucionales, se encontraban, además del ECAS, los Artesanos de Turdera, el Frente Agrario Evita y la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria UNLZ (CLAFySA). Todos se nuclean bajo un mismo lema: “Tierra, trabajo y soberanía”. Según Sol, ingeniera agrónoma del CLAFySA, el lema compone un todo: “Sin trabajar la tierra no hay producción de alimentos y tener alimentos sanos al alcance de la gente con precios justos y sin intermediarios hace a la soberanía alimentaria”. Valentina, estudiante de la misma carrera, escucha atenta y asiente frente a las palabras de su compañera. Si ambas están en ese espacio es porque consideran que existe una manera distinta de trabajar la tierra, de producir alimentos sanos y de repensar la relación con el medio ambiente. Ellas creen que ya no hay espacio para la producción de monocultivos exportables que dañan los suelos fértiles.

Uno de los objetivos inmediatos de la feria es instalar en la discusión pública la necesidad de planificación estatal sobre la producción alimenticia. Ante algunas propuestas políticas de reducir la intervención estatal, Della Villa, representante también de la Federación por la Soberanía, de la que ECAS forma parte, considera que, al contrario, el Estado debe tener más protagonismo. Sostiene que es fundamental “reordenar la planificación de alimentos en nuestro país, para ver dónde necesitamos producir, qué y en qué estación”. Tierra y soberanía son, para Della Villa, sinónimos. Remarca que no puede continuar sucediendo que un producto alimenticio viaje miles de kilómetros desde donde fue producido hasta donde será consumido. Esa es la concentración productiva y económica con la que plantean romper desde la feria.

A varios metros del puesto que organiza la cátedra libre de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) está el Frente Agrario Evita, que ofrece cajones y cajones de frutillas junto a plantas de diverso tipo. En diagonal, un tercer puesto que rebosa de frutas y verduras. Alberto Aquino y Andrea Díaz reciben con una sonrisa en la mixtura de frutillas y flores. Cuentan que es una federación que lleva más de seis años funcionando, que surgió ante la necesidad de resolver problemas comunes entre familias productoras y que se propone siempre ofrecer un sector por cada puesto, con los productos de familias de distintas partes de la Provincia de Buenos Aires. Por todos lados, y más que nunca, se deja ver en la feria que la producción será colectiva o no será.

A mayor distancia, Analía cuenta a una visitante curiosa que los Artesanos de Turdera son una feria autogestiva que está dos veces por mes en la Plaza San Martín, en el corazón de Turdera y a unas cuadras del Parque Finky. Son entre ocho y diez carpas azules de distintas artesanías, desde cerámica hasta herrería, pasando por variedades de bijouterie. Después de comprar té en hebras no viene mal una taza de cerámica para tomarlo.

Damián Arias, síndico de la cooperativa ECAS, lleva uno de los colores de la agrupación en su pelo: el violeta. Cuando surgió ECAS tuvo que aprender sobre administración y marketing. La militancia motorizó a los 70 trabajadores y socios que formaron la nueva cooperativa. ECAS recibe productos del sur de la Provincia de Buenos Aires, de Misiones, de Río Negro y de distintas provincias del norte, entre otras. Por ello, Arias la define como “la comercializadora de las cooperativas y de los productores agroecológicos”. Pero también sabe que son más que eso: ayudan a productores que quieran transicionar a esos modelos agroecológicos; para eso recorren el país en busca de cooperativas que se sumen al proyecto y promueven y concientizan el acercamiento a la producción colectiva de alimentos.

Della Villa también es claro en ese sentido: “Hay que construir un sistema de producción de riqueza que vaya de la mano con un sistema ambiental”. Todas las cooperativas presentes en la feria, en mayor o menor medida, proponen “construir un programa que dé alimento, que dé divisas, que dé renta extraordinaria pero que vaya de la mano con un programa ambiental”. Probablemente a la espera de un panorama político más claro, de momento no hay nuevas ediciones programadas. Ya habrá tiempo de planear cómo seguir. Además, después del trabajo en esta feria, las rutinas de los productores apremian.

«No a las petroleras en el mar»

«No a las petroleras en el mar»

El “Atlanticazo” se hizo presente en varias ciudades de la Argentina para rechazar la llegada de un buque de EQUINOR a Buenos Aires y la próxima iniciación de tareas ligadas a la exploración del petróleo frente a la costa de Mar del Plata.

Protesta contra las petroleras en la Plaza de Mayo a comienzos de 2022.  

El “Atlanticazo” se convocó en Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Ushuaia, Bahía Blanca y Puerto Madryn, entre otras localidades del país, el 4 de octubre tras la llegada de un buque de EQUINOR a Buenos Aires.

Este miércoles la plaza frente al Congreso de la Nación congregó tímidamente grupos con colores azules y celestes. Los carteles estaban calmos pero, poco a poco, se elevaron como olas hasta romper con el silencio y decir: “No a las petroleras en el mar”.

Mar del Plata, uno de los centros afectados por el accionar de empresas offshore (afuera de la costa, por su traducción), llamó a la reflexión en sus intervenciones artísticas a lo largo de la costanera: “¿Somos agua contaminada?”. Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras en la ciudad balnearia bonaerense, afirmó a la agencia ANCCOM que “el agua ya está afectada por actividades como la sobrepesca, por las industrias que vierten sus agrotóxicos en los mares y ríos, y por la gran cantidad de plásticos y microplásticos. La actividad humana puso en una situación de fragilidad al mar”.

La activista recordó: “En 2021 generamos acciones de visibilización, porque los proyectos se gestaron a espaldas de la población”. El reclamo fue contra EQUINOR, una compañía estatal noruega que realizará un estudio en el mar argentino que consiste en la generación de ondas sísmicas para reconocer en dónde están ubicados los hidrocarburos y luego comenzar el proceso de extracción. Génova también denunció que esta actividad genera un impacto sonoro sobre las poblaciones marinas, “causa la muerte de animales y el alejamiento de especies de su hábitat natural, perturbando el ecosistema marino”. 

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, junto con otras organizaciones medioambientales, participaron en audiencias públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que fue el encargado de analizar la exploración de la cuenca argentina norte que abarca las costas de la Provincia de Buenos Aires. También tienen activos otros dos proyectos en las cuencas Malvinas Oeste y Austral, pertenecientes a Tierra del Fuego y Malvinas Argentinas.

En febrero de 2022 la Organización de Ambientalistas Autoconvocados presentó un amparo al Juzgado Federal de Mar del Plata y solicitó la suspensión inmediata de actividad de exploración y explotación sísmica en la zona hasta que se conozca el impacto sanitario, ambiental, económico y social de la actividad. La acción judicial retuvo el avance por un tiempo, pero el Estado y Equinor apelaron a este fallo y en enero de 2023 la Cámara Federal de Mar del Plata revocó la medida cautelar bajo la condición de que el Gobierno garantice el máximo nivel de control sobre las tareas.

Pasadas las horas, el mar de gente redobló el reclamo en la Ciudad de Buenos Aires. Agrupaciones ambientalistas y partidos políticos de izquierda marcharon como cada día 4 del mes en un nuevo “Atlanticazo”. El recorrido que empezó en la Plaza del Congreso terminó dos cuadras después en la puerta de la casa de la Provincia de Buenos Aires, la cual estaba completamente cerrada.

Los pueblos originarios de Jujuy protestaban contra la reforma de la Constitución  provincial impulsada por Gerardo Morales. Lejos de ignorarse, las dos manifestaciones se unieron para demostrarse un apoyo mutuo y los integrantes del Tercer Malón de la Paz guiaron la marcha contra la explotación petrolera.

Silvia Ferreyra, militante ambiental en la Campaña Fuera Mekorot, una empresa estatal de Israel acusada por la ONU de violar el derecho al acceso al agua a palestinos, alertó: “Ahora mismo el buque de EQUINOR está en el puerto de Buenos Aires, próximo a iniciar la tarea denunciada por todas las organizaciones sociales”. 

Llena de carteles y prendas azules, una cuadra de manifestantes que ocupaban un solo carril de la avenida Entre Ríos, inundó y trajo un paisaje marino al medio del caos de la ciudad. Mientras los bocinazos de gente frustrada por la reducción de calzada peleaban por tapar los cantos de las organizaciones, sucedió un encuentro entre dos luchas: los pueblos originarios de Jujuy protestaban contra la reforma de la Constitución  provincial impulsada por Gerardo Morales. Lejos de ignorarse, las dos manifestaciones se unieron para demostrarse un apoyo mutuo y los integrantes del Tercer Malón de la Paz guiaron la marcha contra la explotación petrolera.

Entre los participantes se encontraban Gabriel Solano, diputado de CABA y dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, candidata a Jefa de Gobierno por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y Juan Carlos Giordano, dirigente del partido Izquierda Socialista integrante de la Unidad Internacional de los Trabajadores.

Nahuel Peña Ayala, coordinador de la Rebeldía, parte de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones (BFS), enfatizó que el reclamo es contra un modelo de país que no piensa en un futuro. “Las audiencias públicas fueron una pantomima y las respuestas son siempre las mismas”, aseveró y resaltó que la resistencia no es solo por el mar, sino también por el propio patrimonio de la humanidad que este representa para los argentinos.

Los carteles se multiplicaban y reclamaban el cumplimiento del Artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina, el cual legisla que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano”. Entre performances y un micrófono abierto, el Atlanticazo captó la atención de algunos peatones cuando dieron a conocer las amenazas que sufre el mar argentino por parte de empresas extraccionistas extranjeras. 

Ariel Marsilli, militante en Rebelión o Extinción Argentina, afirmó: “Salimos a reclamar que este proyecto pare, porque no tiene licencia social. “Queremos que el gobierno escuche a las comunidades costeras”, concluyó.