Avance de las corporaciones extractivistas en Río Negro

Avance de las corporaciones extractivistas en Río Negro

Dic 6, 2023 | Comunidad, Destacado 3

Este jueves la Legislatura local tratará la reforma de cuatro leyes que favorecen a las trasnacionales mineras y perjudican a los pueblos originarios. La oposición del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos y de las universidades, entre otras instituciones.

El pasado viernes 17 de noviembre, la Legislatura de Río Negro aprobó, por 33 votos positivos frente a 11 negativos, en primera vuelta, el paquete de cuatro iniciativas que consisten en la reforma de la Ley original de Tierras y del Código Minero. El segundo tratamiento será el jueves 7 de diciembre, tres días antes de que asuma el gobernador provincial Alberto Weretilneck. Lo curioso es que el 10 de este mes, Juntos Somos Río Negro, la alianza política que impulsó estas reformas, dejará de tener mayoría en la Legislatura.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura recibió distintos cuestionamientos al proyecto de reforma de la ley original de Tierras y a las tres iniciativas de cambios para el sector minero, que incluyen el Código de Procedimiento, la distribución de las regalías y la conformación del Consejo ambiental. El cuestionamiento oficial corresponde al secretario del bloque de Unidad Ciudadana, referido a los tres proyectos mineros; mientras que las cuatro propuestas fueron rechazadas por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, regional Viedma y Patagones; los participantes en el tercer Congreso Argentino de Agroecología e integrantes de las Universidades Nacionales del Comahue y de Río Negro.

Lorena Cañuqueo es integrante de la comunidad Newen Ñuke Mapu, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y forma parte del GITAAC (Grupo de Investigación sobre Territorializaciones, Alteridades y Agencia Colectiva en Nor-Patagonia). En contacto con ANCCOM, mostró su indignación por la falta de participación y consulta a los mapuche y calificó a la reforma como un cambio que llega a regular la transferencia de las tierras rurales donde viven las comunidades indígenas. “Nos oponemos a todas estas formas de enajenación, despojo y daño del territorio. Atentar contra el agua, los bosques, la meseta, la cordillera, los valles y todas las formas de vida que habitan la Mapu es atentar contra la vida del pueblo mapuche”, expresó.

La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma emitió un comunicado en el que rechaza las reformas en las leyes de tierras y minería aprobadas en la Legislatura. En éste, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia y dirigente de la CTA de Río Negro, denuncia que la aprobación exprés fue realizada sin consulta previa libre e informada a las poblaciones que habitan esos terrenos.

Tal como indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado tiene la obligatoriedad de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados bajo un carácter previo y libre, de buena fe y de información completa y culturalmente adecuada. En este caso, como en tantos otros, el protocolo no se cumplió. “Entendemos que no se nos consulta ni se nos comunica porque esta reforma viene a dar apertura al neoextractivismo megaminero, al negocio inmobiliario y a la profundización de la desigualdad en Río Negro”, analizó Lorena Cañuqueo.

De cara al futuro, anticipa el objetivo de las corporaciones y de la derecha: “Los proyectos neoextractivistas necesitan sociedades fragmentadas y empobrecidas para entrar sin oposición. La derecha avanza para ampliar las brechas de desigualdad. Sabemos por la experiencia y por ver similares procesos en otras partes de América Latina que para que avance el extractivismo es necesario profundizar la violencia racista y estigmatizar a los colectivos que defendemos la vida.” En este sentido, declaró que “la postura pública que han adoptado los referentes de los partidos que gobernarán el país va en contra de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas.”

Sin embargo, la mapuche marca los pasos a seguir para frenar este avance y concluye: “Ojalá que podamos fortalecernos para que esa pobreza no llegue a debilitar nuestros valores y que desde nuestros espacios colectivos comencemos a articularnos, no sólo para afrontar las avanzadas neoliberales, sino también para proponer otros proyectos de vida posibles que sean respetuosos del territorio que nos da la vida.”

 

Por estas horas se reproducen en Río Negro las protestas, como la de las primeras comunidades mapuche tehuelche de diferentes puntos de la provincia que marcharon el miércoles 6 a la Legislatura provincial y se instalaron en la puerta a la espera de la sesión del jueves 7. También se pronunció la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de San Carlos de Bariloche, conformada al calor del 36º Encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales e identidades no binaries. Este nuevo colectivo expresó que “rechaza cualquier intento de modificación de la Ley de Tierras Fiscales vigente en la provincia de Río Negro y el proyecto de Ley que se presentó para establecer un nuevo código de procedimientos mineros, sin la consulta previa establecida por la Constitución del Estado argentino y sin consenso social de la ciudadanía de la provincia”. La Multisectorial agregó: “Pudimos a lo largo de todo el año escuchar y recoger experiencias de distintas regiones del territorio rionegrino y observamos que son las mujeres mapuches las que en su mayoría resisten en soledad en sus territorios el avasallamiento de los intereses privados y la extranjerización de la tierra. Que no sea el Estado, una vez más, quien violente a las mujeres en sus tierras sino que sea quien las contenga frente al avance sobre sus derechos”.

 

Una empresa impermeable a la justicia

Una empresa impermeable a la justicia

Dic 3, 2023 | Comunidad, Destacado 4

Después de 15 años, los vecinos de La Matanza habían logrado la suspensión del funcionamiento de la fábrica Sika-Klaukol por la contaminación que provoca. Pero antres de que se ejecute, la medida fue suspendida.

Luego de 15 años de lucha, los vecinos del Partido de La Matanza habían logrado un fallo histórico de la justicia federal. La sentencia había ordenado la suspensión de las actividades productivas de la planta Sika Klaukol. Sin embargo, la poderosa empresa de origen suizo lo acató por unos días y volvió a abrir sus instalaciones. Una historia sin fin.

La planta se inauguró en una zona urbana, una ubicación que no está permitida por la legislación. Con el tiempo, Sika Klaukol –nacida en 1972- se impuso en tanto marca líder en adhesivos y pastinas que se utiliza en pisos y cerámicos y también en la fabricación de productos químicos. Los vecinos de la planta padecen dificultades respiratorias, erupciones cutáneas y molestias oculares. El polvo gris lo invade todo: casas, autos, jardines y cuerpos. Las viviendas más cercanas tiemblan por el cimbrado de las máquinas.

El polvillo contiene sílice, componente cancerígeno. Según una investigación de DiarioAr, una de cada dos personas usa inhalador contra el asma. Los niños con alguna enfermedad previa no pueden jugar en sus patios o jardines.

En este marco, los trabajadores de Klaukol también se ven afectados por la contaminación. No pudieron hacer una demanda a sus empleadores porque antes de ser contratados tuvieron que firmar un contrato que establece la abstención de realizar cualquier tipo de reclamo judicial ante la compañía.

Susana Aranda, una de las vecinas que encabezó y formó parte de la lucha para el cierre de la fábrica, dialogó con ANCCOM y señaló que todo llega a destiempo y que “el poder del dinero puede tener más influencia en la justicia que la gente”. Además, agregó que la sensación que tienen es de desamparo. «Estamos solos: la gente de abajo y la clase trabajadora luchamos en soledad», expresó. Pero hizo la excepción de los diputados y dirigentes de Izquierda Socialista, que la acompañan en el reclamo desde hace varios años.

Aranda mencionó que nunca se debió instalar en el barrio esa planta porque forma parte de la categoría 3, que implica una alta complejidad de contaminación y debería estar en una zona rural. Asimismo, responsabilizó por esta autorización al «municipio que le dio el lugar, son culpables, como también el permiso dado por el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para usar las chimeneas sabiendo que era muy nocivo para la salud”, como así también culpó a “los ingenieros y a los ejecutivos de la fábrica». Según ella, «fallaron todos los controles y todas las habilitaciones fueron dadas rompiendo la ley, porque Klaukol nunca estuvo adecuado, ni trabajó como corresponde».

De su relato se desprende que casi todo el barrio debe tomar medidas para la salud, ya que no cuentan con hospitales equipados. «Argentina no está preparada para lidiar con personas contaminadas, nos automedicamos, vivimos como podemos y después morimos», dijo Aranda.

La causa iniciada por contaminación en 2013 que tramita en el juzgado federal de Morón a cargo de Jorge Rodríguez estuvo archivada hasta que en marzo el magistrado ordenó un nuevo estudio. La Acumar (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo) hizo el análisis médico de los vecinos de las primeras tres manzanas del barrio. Así, la neumóloga Vanina Martín, del Instituto Raúl Vaccarezza, detectó 27 casos de afecciones por exposición al polvo. Con este resultado, el juez Rodríguez ordenó suspender la producción de la fábrica hasta determinar si Klaukol es responsable directa de las afecciones respiratorias, cutáneas y oculares detectadas. El fallo fue festejado como histórico y establecía “la suspensión de la actividad de la empresa hasta que se lleven adelante todas las medidas de mitigación que impidan la exposición de las y los vecinos al material en cuestión». Pero la suspensión duró apenas unas semanas. 

En noviembre Klaukol presentó un recurso de amparo y consiguió que se levantara la medida. Así, todo volvió a empezar. Aranda ya había advertido que “no se ha tomado ninguna medida a favor de la gente, porque algunos vecinos siguen sin atención médica, sin agua potable, sin cloacas ni pavimento, y encima la tierra vuela por todos lados, el vidrio molido lo tenemos por todas partes».

La mujer que lidera el reclamo desde hace más de una década e impulsó la denuncia penal considera que los empresarios «no quieren ir a donde tienen que ir a trabajar por el costo». Y agregó: “Tampoco ponen los filtros que corresponden para no gastar dinero, tampoco pagan las enfermeras a sus obreros, lo que hacen es trabajar a cielo abierto sin atender a ningún problema que les implique gastos».

Las autoridades de las instancias nacional, provincial y municipal fluctúan entre acusar a la autopista cercana por la contaminación del aire y repetir el argumento de la empresa de que hizo cambios y usa los filtros necesarios, pero distintos informes les dan la razón a los vecinos. En el medio de las idas y vueltas, algunos fallecieron por enfermedades que podrían haber sido inducidas por las partículas contaminantes del aire que respiraron, como el caso de Guillermo Winke, cuya casa estaba pegada al paredón de la fábrica y cada tanto vibraba por las máquinas.

 

Otra conectividad es posible

Otra conectividad es posible

Dic 1, 2023 | Comunidad, Destacado 4

Cooperativas, mutuales y asociaciones civiles hacen de Internet una posibilidad en zonas donde el mercado no se anima a meter mano. Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA presentaron un libro que recopila experiencias de conectividad popular en defensa del derecho a la comunicación.

El pasado jueves, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se presentó Conectividad Popular. Organizaciones sociales prestadoras de Internet en barrios populares y áreas rurales de Argentina. Coordinado por Mariela Baladrón, Larisa Kejval y Diego Rossi, el libro reúne diez experiencias de redes comunitarias, diversas en su trayectoria y geografía, pero cercanas en su tarea de hacer Internet posible en zonas rurales, barrios populares y otros puntos del país donde la teoría del derrame choca con la desigualdad estructural, el desinterés empresarial y las deficiencias del sistema privado.

Las experiencias estudiadas adoptan distintos recorridos y formas institucionales: cooperativas con antecedentes en servicios públicos, organizaciones comunitarias de radio y TV, mutuales de servicios, asociaciones civiles de distinto tipo. No obstante, todas estas organizaciones comparten una matriz económica solidaria, que antepone el bienestar de su comunidad a la obtención de ganancias, diferenciándose de las empresas tradicionales. El objetivo es claro y compartido: brindar conectividad sin fines de lucro, crear redes de Internet en lugares donde no llegan otros prestadores, superar la brecha de acceso a las TIC, capacitar a la población, ofrecer contenidos y más, cada una con sus particularidades y su estilo. En fin, se trata de garantizar el derecho a la comunicación.

Puntualmente, la investigación aborda los casos de La Ranchada IP, por parte de la Mutual Padre Mujica; Atalaya Sur, impulsada por Proyecto Comunidad; Soldati Conectada, que opera en los barrios populares de Villa Soldati; La Poderosa; el Polo Digital de Inclusión Social, que opera en el partido de La Matanza; la Asociación Mutual Mercantil Argentina (AMMA); la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet); la Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada, ubicada en General Pueyrredón; las redes Nono Libre y El Valle Reinicia, en la provincia de Córdoba; y la Red de Internet Comunitaria de Jujuy.

Internet imperfecta

El entorno digital está muy lejos de la “perfecta competencia”. En áreas rurales y barrios populares, sectores de población dispersa o con bajo poder adquisitivo, la conectividad queda atada a la voluntad del prestador, cuya decisión de brindar un servicio depende de la rentabilidad de su inversión antes que de cualquier otra cosa. Según la investigación, esto produce y reproduce relaciones de desigualdad entre los centros urbanos y las zonas rurales y en situación de pobreza. Por ejemplo, el último trimestre de 2022, ENACOM reportó que 14 de las 24 provincias del país se encontraban debajo de la media nacional de acceso a la banda ancha fija (77, 21 accesos cada 100 hogares).

Con la pandemia de covid-19 y el fuerte avance de la virtualidad sobre lo cotidiano, esta problemática se hizo mucho más evidente. Así, las políticas públicas tomaron centralidad en el desarrollo de redes de Internet en diversas zonas de nuestro país. A este respecto, el informe reconoce la incidencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/202, que durante la pandemia incluyó a Internet como parte de los servicios esenciales, junto con la provisión de agua potable, energía eléctrica y gas natural, aunque luego su implementación fue bloqueada por los reclamos de las empresas en la justicia y, tras las últimas elecciones, vetado por el Poder Judicial. También se destaca una prolífica elaboración de programas estatales a partir de 2020, destinados a la conectividad en ámbitos comunitarios y públicos, al desarrollo de infraestructura en zonas marginadas, al otorgamiento de tarjetas de prepago para servicios móviles a sectores vulnerables, entre otras iniciativas.

Según el estudio, distintos colectivos desarrollaron un camino significativo en la intervención pública con el reconocimiento de las redes comunitarias, entrando así en valor las diez experiencias relevadas en la investigación, como parte de una política social integral hacia la conectividad popular y democrática.

Una de ellas es Atalaya Azul, cuya red comenzó en 2014 en las calles de Villa 20, en el barrio de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la red conecta a mil hogares, el 40% a través de fibra óptica (por encima de la media nacional), y promueve la capacitación de sus vecinos en prácticas de operación de redes y producción de contenidos audiovisuales. “Nosotros siempre pensamos Atalaya en tres dimensiones. Una tiene que ver con el acceso a la conectividad, otra con las capacitaciones y la formación tecnológica y la tercera con la producción de contenidos locales. También estamos generando cuadrillas que salen al mercado, y eso permite generar puestos de trabajo cuyos excedentes se vuelquen en la red y permitan su sostenibilidad”, detalla la coordinadora Manuela Gonzales Ursi, en diálogo con ANCCOM. La organización también trabaja con merenderos, talleres de robótica, cooperativas de vivienda y su radio, FM La Patriada. “Hay una sinergia entre el territorio de Villa 20 y la radio. Creo que el desafío de este año es fortalecer los contenidos, que puedan visibilizar no solo las demandas del barrio, sino también las experiencias que existen en el territorio. Eso permite contar cuestiones del día a día, que tienen que ver con la organización, la resistencia, con lo que sostiene a la comunidad frente a las adversidades”, dice Gonzales Ursi.

Otra de las organizaciones presentes en la investigación es la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense (Coopenet), que lleva casi 70 años prestando servicios públicos a ese partido del noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires. En 1999, la cooperativa se inició en la prestación de Internet, servicio que hoy provee a más de 12 mil usuarios, de los cuales un 20% vive en barrios populares. Pablo Fernández, gerente de Telecomunicaciones de Coopenet, contó las dificultades que la cooperativa enfrentó durante el año: “Como entidad social, por un lado, la cooperativa encara desde hace tiempo los problemas del tema del tipo de cambio, porque para la conectividad todos los insumos están dolarizados. Por otro lado, este último año nos complicó el tema de la importación de tecnología: se frenó la entrada de equipamiento, y eso nos dificultó concretar algunos proyectos como cubrir con fibra óptica algunos barrios”. Además, Fernández reconoce que la coyuntura actual es de incertidumbre: “Todo el problema va a ser los costos. El acercamiento del dólar paralelo al oficial nos va a generar un gran problema para las nuevas inversiones, en un contexto inflacionario donde la gente no puede cargar con un aumento de tarifas. Nosotros tenemos las tarifas socializadas, con un muy buen precio, pero no sabemos qué va a pasar de acá a tres meses, si vamos a poder seguir dando el servicio o si vamos a tener que hacer un aumento, siempre y cuando el socio-usuario lo pueda absorber. Esa es la gran pregunta que tiene el país en todo sentido”.

Mariela Baladrón, Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del proyecto, también reflexionó sobre el futuro de la investigación e intervención pública en el campo de la conectividad popular: “Estamos en un momento de mucha incertidumbre, porque ni en la campaña ni en la plataforma del gobierno que ganó las elecciones se dijo algo explícito sobre este tema. Pero frente a un gobierno entrante que habla de recortar, de que todo esté en manos de los privados, se puede reivindicar estos modelos de organización comunitarios, y tratar que se sostenga lo que se logró conseguir. Obviamente la expectativa es luchar por más, pero el contexto parece ser adverso”.

En su diseño teórico y metodológico, este trabajo se sirve de distintas perspectivas académicas: los estudios sobre comunicación comunitaria y alternativa, las políticas públicas audiovisuales y de telecomunicaciones y la economía política de la comunicación. Baladrón enfatiza la importancia de involucrar a las Ciencias Sociales en los análisis y debates sobre la conectividad en sus diversas formas tecnológicas: “Me parece fundamental que seamos parte de esta conversación, que aportemos miradas, trabajos y experiencias, porque no se trata de discusiones que tengan una resolución meramente técnica o económica. Es importante tener una mirada y un conocimiento social, sobre todo si pensamos en que la comunicación y el acceso a Internet son un derecho humano”.

Avances y retrocesos en la salud sexual

Avances y retrocesos en la salud sexual

Nov 30, 2023 | Comunidad, Destacado 3

Este viernes se conmemora El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Los avances contra la enfermedad lograron disminuir contagios y muertes pero, como contrapartida, aumentaron los casos de otras infecciones.

 ¿Cómo es posible explicar el aumento de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) durante los últimos años? ¿A qué se debe? ¿Hay falta de concientización? ¿Está ligado al avance de la ciencia en el tratamiento de enfermedades antes letales como la sífilis o el SIDA? Existen motivos para creer que la relajación en los cuidados durante las relaciones sexuales se traduce a partir de la caída en la tasa de mortalidad de ciertas enfermedades.

El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Es una de las jornadas de la salud más emblemáticos a nivel global, ya que es una oportunidad para recordar a quienes han perdido la vida a manos de esta enfermedad, concientizar y celebrar conquistas sociales como el derecho al acceso a servicios de prevención y tratamientos antirretrovirales.

Al mismo tiempo, es una buena oportunidad para visibilizar que dentro de la comunidad científica se advierte una gran preocupación debido a que desde hace unos años se registran en distintas partes del mundo un significativo aumento de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) a raíz del descenso en los cuidados durante las relaciones sexuales, y muchas personas las poseen incluso sin ser conscientes de ello. Las más comunes son sífilis, gonorrea, clamidia, VPH, herpes, entre otras. Afortunadamente, otros virus como el VIH y la hepatitis de tipo B mantienen una tendencia estable e incluso en algunas regiones a la baja.

 “Cuando surge la pandemia del VIH y las personas infectadas comenzaron a desarrollar lo que se conoce como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, se observó que podían ser tratadas con un fármaco llamado Azidotimidina (AZT), que en algún momento se pensó como un antitumoral previo al descubrimiento del VIH. Lo que pasa con este fármaco pionero es que, a pesar de que tenía sus defectos o contras, le salvaba la vida a las personas”, comenta Federico Aballay, biólogo molecular, y activista coordinador adjunto del Área de Comunicaciones de La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP).

“La Argentina en 1990 aprueba lo que hoy conocemos como la vieja Ley de VIH, fuimos el primer país que legisló en esta materia, y en ese contexto fue una acción muy acertada, ya que la gente se estaba muriendo. Básicamente la ley lo que hacía era promover la prevención del VIH y su tratamiento para que las personas pudieran acceder por medio de la salud pública. Después, con el advenimiento de las obras sociales, las prepagas y la regularización de todos esos sistemas, con una ley se termina garantizando que las personas que conviven con VIH puedan acceder al tratamiento antirretroviral a través de estas prestaciones. A partir del 1994 empieza a haber como una explosión de antirretrovirales disponibles para tratar el VIH, entonces al día de hoy ya conocemos y tenemos disponibles varias clases”, agrega.

Pero este dato esperanzador tiene su contrapunto en el hecho de que se sospecha que las personas han perdido el temor a contraer el virus debido a la efectividad del tratamiento y optan por relajar los cuidados durante el sexo, hecho que trae aparejada la transmisión de otras ITS.

El 30 de junio de 2022 se aprobó la nueva Ley de VIH. 

Tomás Orduna, médico infectólogo, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz y miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano, explica que “una vez que empezó a disminuir la posibilidad de morir por HIV y se empezó a ver que la gente podía vivir con la infección de manera crónica, indetectable, con mejores drogas, con menores efectos colaterales, que pudieron hacer sus vidas, casarse, tener hijos… en paralelo con eso, que es maravilloso que esté sucediendo, el preservativo empezó a ser dejado de lado, hasta llegar a este escenario”.

En países de todas las regiones se observan aumentos de este tipo de infecciones. Puntualmente en Argentina la tasa de casos reportados de sífilis en hombres y mujeres creció a partir de 2010 de modo sostenido hasta su pico en 2019, con 56,12 personas por cada 100 mil habitantes para ambos sexos en todo el país. En cuanto a la edad promedio de los diagnósticos, son adolescentes y jóvenes los que concentran la mayor cantidad de casos positivos.

Se estima que en Argentina viven alrededor de 140 mil personas con VIH, que el 65% se atiende en el sistema público, y que más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección.

Se estima que en Argentina viven alrededor de 140 mil personas con VIH, que el 65% se atiende en el sistema público, y que más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección. En 2021, la tasa de VIH se ubicó en 10,7 por cien mil habitantes, 15,3 entre los varones y 6,2 entre las mujeres. Al comparar el promedio de las tasas de los períodos 2011-2015 y 2017-2021, se aprecia un descenso del 35%. Se observa una caída en la tasa de mortalidad sostenida en los últimos años, dato que resulta significativo teniendo en cuenta que la tendencia de la tasa de nuevos diagnósticos se mantiene estable, al igual que el porcentaje de diagnósticos tardíos. Si se comparan 2019 y 2020, en el último año hubo 126 muertes menos.

“Después de cuarenta años de trabajar en infectología, en el día a día en la internación en el hospital, el consultorio mío en Avellaneda, uno va viendo cambios a lo largo de estas cuatro décadas. Cuando yo empecé en infectología en el 81, recién se comenzaba a describir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y desde aquel momento hasta hoy, el HIV ocupa otro lugar en todo este escenario, habiendo pasado por la etapa más trágica que fueron los comienzos de los años 90”, dice Orduna.

“En paralelo a este horrendo panorama se rescató el uso del preservativo como un mecanismo preventivo, fundamentalmente porque veníamos de una época en la que se encontraba en desuso, y la incidencia que tenían las ITS clásicas como gonorrea, sífilis, entre otras, no tenían el impacto que hoy tienen, llamativamente. Yo atiendo una vez por semana en mi consultorio, una cantidad bastante acotada, un promedio de doce pacientes por lunes, y como mínimo uno tiene sífilis. La frecuencia con que ha ido incrementando la incidencia de sífilis a lo largo de la última década podés observar que está pasando en el resto del mundo, en países como Japón y Alemania”. Que las personas estén dejando de lado el uso del preservativo está relacionado al hecho de que disminuyó fuertemente la transmisión de HIV/SIDA debido a que tenemos al 80% aproximadamente de los pacientes en tratamiento, y un importante número de ellos poseen una carga viral indetectable, que se traduce en intransmisible”, agrega.

Viviana Leiro, jefa de Dermatología del Hospital Muñiz y experta en ITS, respecto a si también observa una relación directa entre el avance en los tratamientos y la relajación en los cuidados, dice: “Las enfermedades como la sífilis vienen con un aumento sostenido desde 2010, y lo que se ha visto es no solamente un aumento en adultos, sino también un aumento en sífilis congénita, cuando se transmite de la madre al recién nacido. Esto se da a nivel global, no solamente acá en Argentina”.

Para ella, el aumento “un poco tiene que ver con el tema de los tratamientos antirretrovirales, que hoy vos con una sola pastilla podés controlar la infección por HIV, o el hecho de que indetectable es igual a intransmisible. O sea, que una persona que inicia un tratamiento contra el HIV en pocos meses logra que su carga viral sea indetectable debido a la efectividad de las drogas, y cuando es indetectable más allá de seis meses, esa persona ya no transmite el virus. Eso trajo una relajación en los cuidados, ya no hay tanto temor puntualmente al SIDA. Además de eso, puede haber otros factores que influyen en esta tendencia, como las redes sociales que facilitan y favorecen los encuentros sexuales, nuevas prácticas que aumentan las exposiciones de riesgo, la globalización y los viajes”.

La falta de una mayor inversión en la financiación de los programas de salud, de constantes campañas de concientización y la falta de educación sexual son factores que contribuyen al aumento de estos alarmantes índices. Con la reapertura de la vida social en 2021, después que a raíz del confinamiento producto del covid-19 se observara una fuerte caída en la notificación de todos los eventos de transmisión sexual, y ya con los datos del 2022, se advierte que se han disparado nuevamente este tipo de infecciones en todo el mundo. Al observar cómo se mantiene o asciende esta tendencia, cabe preguntarse qué medidas hay que intensificar para lograr concientizar sobre la importancia de la prevención, fundamentalmente en los grupos etarios más jóvenes.

“Hay que hablar de estrategias de prevención combinada. Hay que hablar del uso del preservativo, de profilaxis preexposición y profilaxis posexposición para el VIH, testeos, vacunas, todo tiene que entrar en el combo. Además hay que implementar campañas sin discriminar y sin estigmatizar, y que sean sostenidas en el tiempo”, agrega Leiro.

Es por esto que esta fecha es una gran oportunidad para volver a concientizar a la población respecto a la importancia de no dejar de tomar los recaudos necesarios a la hora de mantener relaciones sexuales, ya que nos permite gozar del sexo sin exponernos a riesgos innecesarios, evitando contraer cualquier tipo de infección y cuidando tanto nuestra salud como la del otro.

La pobreza sin fin

La pobreza sin fin

Nov 27, 2023 | Comunidad, Destacado 3

El gobierno de Javier Milei recibirá un país con el 40 por ciento de pobres. El plan de ajuste que asoma, probablemente haga crecer ese índice. ¿Por qué las políticas públicas no aciertan con las soluciones?

 

En el primer semestre de 2023, la pobreza en Argentina afectaba al 40,1% de la población según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Con la aceleración inflacionaria de estos últimos meses, ese índice seguramente trepó. Este preocupante panorama, combinado con el inminente cambio de gobierno, sitúa en el centro del debate la pregunta por las políticas públicas respecto de esa problemática.

Mariana Heredia, socióloga de la UBA e Investigadora del CONICET, analiza el contexto actual: “La sociedad argentina está en una situación delicada en la que el Estado está desplegando todas las políticas sociales de contención que puede. Todas condiciones que hoy están, dentro de un tiempo pueden no estar”.

Las políticas sociales predominantes en las últimas décadas, tanto en Argentina como en la región, fueron las transferencias de ingresos. Heredia, autora de libros como ¿El 99 % contra el 1%? Por qué la obsesión con los ricos no sirve para combatir la desigualdad sostiene que “estas políticas significaron un gran avance, pero no acabaron por resolver el problema. No terminaron de coordinarse con políticas de bienestar y empleo que permitieran efectivamente que los hogares más modestos pudieran hacer frente a las necesidades más elementales”.

En línea con esta perspectiva, Belén Aenlle, socióloga de la Universidad Nacional del Salvador, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y docente de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, plantea que “la política social en estos 40 años de democracia se ha ido fragmentando. Un mismo grupo familiar puede recibir numerosos programas y sin embargo no cubrir la canasta básica.” Añade: “Las políticas piensan en intervenir sobre las consecuencias de la pobreza, cuando en verdad hay que pensar primero en la redistribución del ingreso, la generación de trabajo y la política social en conjunto”.

La problemática de la pobreza en nuestro país es compleja y su abordaje requiere considerar con urgencia la situación coyuntural. Daniel Arroyo, diputado nacional del FdT y exministro de Desarrollo Social, afirma que hoy el principal problema es el elevado precio de los alimentos que coexiste con salarios considerablemente desmejorados.

“Esto se refleja en dos situaciones. Una es que baja la desocupación, pero la pobreza sube. La otra es que en los barrios hay más actividad económica, pero necesitan el aporte de los merenderos para llegar a fin de mes. Esto quiere decir que los ingresos son muy bajos, producto de la inflación y los altos precios de los alimentos”. El exfuncionario plantea que la principal política social a implementar hoy es la estabilización de los 1.900 productos de la canasta básica, lo que podría marcar un punto de partida para construir políticas destinadas a combatir la pobreza.

Los problemas estructurales de la Argentina demandan transformaciones intensivas, que impulsen mejoras en cada etapa y aspecto de la vida. Frente a un escenario en el cual el 56% de los niños viven en condiciones de pobreza, según mediciones del INDEC, la intervención del Estado en la educación es fundamental.

Arroyo argumenta que “una reforma en la escuela secundaria puede cambiar la realidad social”. La promoción de una escuela moderna, vinculada a la tecnología y con una modalidad más flexible, no solo podría atraer a los estudiantes, sino también proporcionarles instrumentos más efectivos para su futuro.

En la actualidad, la escuela secundaría enfrenta graves problemas de permanencia, falta de incentivos y deserción. Heredia plantea que parte de esta crisis se debe a que “las instituciones educativas hoy no están lo suficientemente equipadas en términos pedagógicos, en cuestiones de infraestructura para despertar el interés de los alumnos, para ofrecerles herramientas para que después consigan mejores trabajos. Esto genera mucha frustración en los jóvenes”. 

La discusión sobre la mejora de las condiciones de vida y la reducción de la pobreza también tiene al sistema laboral como punto central. Aenlle destaca que “las políticas sociales de las últimas décadas no han podido revertir el debilitamiento del empleo asalariado. El trabajo siempre funcionó como gran integrador social y en este contexto se pierde la posibilidad de fortalecer la identidad y los lazos sociales».

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 45% de las y los trabajadores en Argentina están en condiciones de informalidad. Esto implica trabajar en situaciones de máxima vulnerabilidad, con esquemas laborales precarios y desamparados de las protecciones sociales. Arroyo señala que “hay que apuntar a fortalecer la mano de obra intensiva, la construcción, el textil, la producción de alimentos, los sistemas de cuidado y reciclado, donde se desempeñan los sectores más desfavorecidos”.

Otro eje central es el acceso a una vivienda digna. Heredia señala que “existe una generación de inquilinos, formales e informales, que tiene graves dificultades para acceder a la vivienda”. La escalada inflacionaria y los salarios rezagados, anclados en una desprotegida lógica laboral, revelan considerables obstáculos para materializar el proyecto de la casa propia, situación que vulnera los derechos de la ciudadanía.

En paralelo, Arroyo añade que hay un importante problema de vivienda e infraestructura en los barrios populares, donde habitan millones de personas sin acceso a los servicios básicos y en condiciones de precariedad. “Hay políticas que se han llevado a cabo para urbanizar los barrios y deben profundizarse. Se creó un fondo para hacerlo, el Registro Nacional de Barrios Populares. Durante mi gestión urbanizamos 600 barrios, quedan 5.600 por delante”.

El desafío que enfrenta Argentina ante la pobreza demanda una reflexión profunda sobre el impacto de las políticas sociales. Como sostiene Aenlle: “Lo que no podemos poner en cuestión es la necesidad de un Estado presente con políticas de fuerte intensidad, que pueda cubrir el piso mínimo de necesidades de un grupo familiar, que tienda a garantizar trabajo, salud, empleo, asistencia social, educación. Los programas sociales deberían empezar a transformar esa fragmentación para pensar en grandes líneas de políticas públicas”.

Tiembla Sauzal Bonito

Tiembla Sauzal Bonito

Nov 21, 2023 | Comunidad, Destacado 3

La localidad neuquina sufre actividad sísmica hace ocho años como consecuencia del fracking en Vaca Muerta. Mientras el suelo tiembla y los hogares se desmoronan, la causa judicial impulsada por sus habitantes descansa en la Corte Suprema hace más de un año.

El 19 de noviembre se cumplieron ocho años del primer temblor en Sauzal Bonito, provincia de Neuquén, que tuvo una magnitud de 4,2 en la escala de Richter e inauguró una realidad con la que sus habitantes deben convivir día a día producto del fracking en Vaca Muerta.

“Se ríen de la desgracia ajena”, dice Andrés Durán, habitante de Sauzal Bonito, sobre el gobierno provincial. “Es una cuestión de intereses de un grupo monetario junto con grupos parlamentarios, pero en el medio somos sesenta familias que estamos padeciendo lo peor de lo peor”, denuncia.

El 28 de agosto de 2013, YPF en asociación con Chevron dieron inició a la fractura hidráulica de Vaca Muerta, una formación geológica que tiene una extensión de treinta mil kilómetros cuadrados y comprende parte de las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Desde entonces las perforaciones han crecido año a año.

De acuerdo con Martín Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, el fracking es una técnica con la que se busca extraer hidrocarburos no convencionales, de difícil acceso, que están alojados en roca madre y arenas compactas. Este tipo de intervención consiste en la perforación del suelo e inyección a alta presión de agua, arena de sílice y químicos que permiten la migración de los hidrocarburos. En el caso de Vaca Muerta, estos están alojados entre los tres mil y cuatro mil doscientos metros de profundidad.

En Argentina, “el cambio de la técnica fue radical a partir del 2000”, afirma Mullally, “antes estaba muy focalizada. Se hacían una o dos fracturas a lo sumo y ahora toma una escala masiva” que requiere perforar permanente y sistemáticamente para realizar las extracciones de hidrocarburos no convencionales. Según Mullally, “en la provincia de Neuquén está concentrado el 95% de la explotación de Vaca Muerta” y esto lleva a que en 2021 hubiera un promedio de 5,6 incidentes diarios además de los constantes temblores.

“A partir de 2015 empezaron a generarse movimientos pequeños, casi imperceptibles, hasta que un día tuvimos un gran temblor”, cuenta Durán, que habita Sauzal Bonito hace diez años. “Fue como un sacudón; daba la impresión de que se iba a caer todo”, añade y explica que al principio no sabían de qué se trataba ya que, a pesar de encontrarse sobre la falla de Huincul, Sauzal Bonito no cuenta con antecedentes de temblores previos a la implementación del fracking. Este paraje de menos de 400 habitantes se encuentra frente al yacimiento Fortín de Piedra, operado por el grupo multinacional Techint.

“Entre 2018 y 2023 tuvimos aproximadamente cuatrocientos temblores, un 80% en Sauzal Bonito”, afirma Durán y explica que muchos de sus habitantes tuvieron que desalojar sus hogares ya que “la mayoría de las casas tiene más de treinta, cuarenta, cincuenta años, se hacían con adobe y algunas son de adobe con revestimiento de cemento. Todo se rompió”.

Además de temblores constantes que provocan el desprendimiento de rocas y la fractura de las viviendas, el fracking en Vaca Muerta es responsable de producir contaminación hídrica en la zona. Las empresas “captan el agua del río y la vuelven a tirar sucia”, afirma Durán y cuenta que en Sauzal Bonito solían utilizar un sistema de aljibe para consumir agua directamente de las napas que era sometida a purificación por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) que también se encargaba de hacer análisis mensuales. “Empezó a salir petróleo por todos lados, el agua dejó de ser pura y el EPAS dejó de entregarnos los análisis”, dice Durán.

 

 “En el caso de Fortín de Piedra, más del 50% de la inversión fue producto del subsidio del Estado. Nosotros los llamamos ‘petroplaneros’”, dice Mullally.

Petroplaneros

A pesar de que los gobiernos de las distintas provincias y el mismo gobierno nacional hablen de Vaca Muerta como la gran promesa para Argentina, en octubre de 2018 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las repercusiones de la explotación del gas y petróleo sobre el cambio climático y el medio ambiente.

Los intereses de las empresas fracturadoras y el Estado van de la mano. Mullally habla de “un gran problema que se advertía hace mucho tiempo” que es la dependencia de extracción de hidrocarburos no convencionales en nuestro país ya que “Vaca Muerta representa un 70% de la producción gasífera y casi un 50% de la producción petrolera”. Esto ha sido posible mediante la inversión e intervención del Estado: “En el caso de Fortín de Piedra, más del 50% de la inversión fue producto del subsidio del Estado. Nosotros los llamamos ‘petroplaneros’”, dice Mullally.

En pos de seguir el derecho de la “soberanía energética” que permite la libre exploración y explotación de los recursos energéticos, “se está cometiendo una gran injusticia, un atropello contra el medio ambiente y las personas, pero el negocio es más fuerte”, dice Durán. Esto se ve reflejado en que “en Neuquén ni siquiera se hicieron los estudios de impacto ambiental porque hubo un decreto del Poder Ejecutivo que decía que con los estudios que hacen las empresas bastaba y que no iban a hacer audiencias públicas, las cuales están establecidas por ley”, denuncia Ángeles Acosta, abogada en la causa.

En este contexto, la regulación y más aún el cese del fracking son imposibles. Como explica Mullally, “si querés parar Vaca Muerta tenés que pensar cómo vas a reemplazar esa energía y eso no se está haciendo. Es todo lo contrario, se está apostando a profundizar la actividad”.

La causa

A pesar del consenso entre las empresas fracturadoras y el Estado, aquellos que sufren las consecuencias del fracking no se quedan callados. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto con la Comunidad Mapuche Lof Wirkalew y habitantes de Sauzal Bonito llevan adelante una causa judicial que se encuentra estancada en la Corte Suprema de Justicia desde marzo del año pasado. “La causa está parada porque la jueza federal de Neuquén se declaró incompetente y frente a ese conflicto de competencia tuvimos que acudir a la Corte de Justicia de la Nación, pero todos sabemos los atrasos absurdos que tiene la Corte para los casos que no le importan”, explica Acosta.

“Al principio no sabíamos a quién acudir”, dice Durán y agrega: “No teníamos a nadie de las empresas, de la provincia, ni de ningún organismo que se nos acercara para plantear esto. Así que tuvimos que recurrir a la FARN. Ellos nos proveyeron un equipo jurídico y después nosotros empezamos a movernos en la zona”. Durán también habla de la indiferencia del gobernador neuquino al momento de presentarle esta problemática: “Cuando empezamos a golpear puertas, nunca nos recibió y tuvimos que buscar un partido opositor, un partido de izquierda, que nos brinde la posibilidad de exponer en la Legislatura de Neuquén, donde estaban todos los legisladores menos los del oficialismo”, explica.

La causa consta de un recurso de amparo con el que reclaman que se realicen audiencias públicas, estudios de impacto ambiental hechos por el Estado y que se regule la actividad del fracking ya que “no hay límite alguno para las empresas que pueden llevarse todo como quieran y sin tener en cuenta los costos en el medio ambiente y la sociedad”, dice Acosta. Esta regulación de la actividad implica controlar la intensidad de la explotación y ampliar la distancia entre las zonas de fractura y los asentamientos urbanos, además de crear planes de contingencias y dotar a las comunidades vecinas de infraestructura adecuada para hacer frente a la actividad sísmica. El año pasado, el gobierno provincial anunció que construiría casas antisísmicas para todos los habitantes de Sauzal Bonito. “Como yo ya había empezado a hacerme una casa antisísmica de material, rechacé la oferta. Entonces me dijeron que me iban a dar una ayuda económica para hacerme la casa. Sigo esperándola”, cuenta Durán.

El recurso de amparo también solicita al Poder Ejecutivo provincial el control de los pozos sumideros: que se evite su utilización en caso de riesgo sísmico y que el agua allí acumulada sea tratada como un residuo peligroso, no solo por su toxicidad, sino también porque la inyección de aguas residuales, o flowback, en pozos sumideros puede inducir temblores.

“Solicitamos una red sismográfica que brinde precisiones sobre la sismicidad que presenta la región y también que haya un semáforo sísmico para que las empresas detengan sus operaciones durante dieciocho horas cada vez que la fractura hidráulica produzca un sismo de intensidad mayor a 1,5 en la escala de Richter”, explica Acosta. Si bien la red de sismógrafos ya existe, los datos que recolecta no se hacen públicos.

En 2021 FARN publicó un documento en el que expresa en detalle los riesgos sociales y medioambientales que conlleva la actividad en Vaca Muerta. “Las respuestas tanto del gobierno provincial como de las empresas que están fracturando son nulas – denuncia Acosta-, estamos hablando de complicidades más que de omisiones. De un Poder Judicial que no trabaja como es debido y que no vela por resguardar los derechos de las personas”.

“El abogado que está al frente de la causa nos dijo que ellos iban a esperar un tiempo prudencial para ver si la Corte se expedía -dice Durán-, pero ahora con estos nuevos episodios que han habido, más la cuestión de las inundaciones que tenemos. No salimos de una que caemos en otra”. Según Acosta, “hay innumerables daños que el fracking está causando a las poblaciones, a los ríos y a la naturaleza. Actualmente intentamos plantear estos nuevos hechos que están sucediendo mientras ellos se toman todo el tiempo del mundo para decirnos quién es competente para atender este amparo”, explica.

Desde su grupo de autoconvocados y con el apoyo de FARN, Durán expresa su deseo de que esta problemática resuene en los medios de Buenos Aires ya que “hemos llegado a este cuello de botella que es insostenible y la Corte Suprema solamente funciona si hay una cuestión mediática de por medio”, concluye.