Masacre de San Patricio: 40 años de memoria y de impunidad

Masacre de San Patricio: 40 años de memoria y de impunidad

A cuatro décadas de los asesinatos de los sacerdotes Alfredo Kelly, Pedro Dufau y Alfredo Leaden  y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito,  la comunidad de la parroquia honró su memoria con una serie de actividades, que tuvo su cierre el lunes pasado a la noche, cuando el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, celebró la misa ante una multitud que desbordó la iglesia, ubicada en el límite de los barrios porteños de Villa Urquiza y Belgrano. El día anterior, una procesión había unido la ex ESMA con el templo, un hecho inédito que revela que la reivindicación de los “mártires palotinos” toma cada vez más impulso con el paso del tiempo.

Media hora antes de las 20, momento indicado para el inicio de la misa, no había un lugar disponible en la iglesia. El Cardenal Mario Poli hizo su entrada acompañado por quince obispos de distintas jurisdicciones, ataviados de blanco, y otros sacerdotes, entre los que se encontraba el padre José “Pepe” Di Paola.  En su camino, Poli bendijo a la multitud con la señal de la cruz hasta llegar al altar, en donde estaba colocada la alfombra roja sobre la que se había derramado la sangre de los religiosos hace cuarenta años. Durante la homilía, el cardenal leyó: “Los que se creyeron jueces sentenciando a muerte a los hermanos no sabían que los cristianos hacen bien y se los castiga como a malhechores, cuando nos castigan de muerte nos convierten en vida”. Si bien se refirió a las víctimas  en varias oportunidades como mártires dejó en manos del Vaticano su consagración bajo ese rol: “La Iglesia, con su sabiduría, sabrá decidir cuál es su lugar en el cielo”.

El día anterior, una procesión había unido la ex ESMA con el templo, un hecho inédito que revela que la reivindicación de los “mártires palotinos” toma cada vez más impulso con el paso del tiempo.

Los hechos

El 4 de julio de 1976 a las 8 de la mañana, los fieles de San Patricio se encontraron con las puertas cerradas de la iglesia. Frente al  desconcierto de los vecinos,  Rolando Savino, un joven al que el padre Leaden le había enseñado a tocar el órgano, trepó por una bandolera abierta de la casa parroquial, tomó las llaves y logró abrir las puertas. Minutos más tarde, en la planta alta se encontraría con una escena imposible de borrar: “La sensación se renueva año tras año, los recuerdo a ellos todos los días”, asegura.  La dictadura militar se apuró a distribuir un comunicado en donde responsabilizaba por el crimen al “extremismo”, versión que fue reproducida por importantes empresas mediáticas.

Sin embargo, vecinos del barrio habían visto movimientos sospechosos durante la madrugada y hombres armados merodeando los jardines parroquiales. Inclusive escucharon que algunos de esos sujetos le dijeron a un policía que estaba de guardia: “Si escuchás unos cohetazos no te metás que vamos a reventar a unos zurdos”. Consumado el quíntuple crimen, pintaron en las paredes frases agraviantes contra los religiosos y arrojaron sobre los cuerpos un afiche que representaba a “Miguelito”, el amigo de Mafalda, señalando un bastón policial y diciendo: “Este es el palito de abollar ideologías”.

Ya en democracia, distintos testimonios de ex detenidos desaparecidos y de algunos represores indicaron como principales sospechosos a los grupos de tareas de la Marina. Sin embargo, la causa judicial languideció y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final terminaron de congelarla. El periodista Eduardo Kimel, por su libro “La masacre de San Patricio”, fue el único condenado relacionado, porque el juez que debía investigar los hechos, Guillermo Rivarola, se sintió calumniado por aquel notable trabajo periodístico que ponía luz, entre otras cosas, en las razones por las cuales nadie había sido condenado.

La marcha o el “Camino del martirio”, como decidieron llamarla, fue convocada para el domingo pasado y partió de la ex ESMA.

El sermón de las cucarachas

La marcha o el “Camino del martirio”, como decidieron llamarla, fue convocada para el domingo pasado y partió de la ex ESMA, de donde se presume que salió el Grupo de Tareas que acabaría con la vida de los religiosos. El recorrido contó con cinco  paradas en  iglesias de Núñez y Belgrano,  cada una dedicada a honrar a cada uno de los religiosos. El final del trayecto fue el lugar del crimen, la iglesia de San Patricio, en donde se le rindió homenaje al padre Kelly, considerado por uno de los asistentes, el laico Francisco Javier Calabrese, como “un verdadero pastoralista, aquel encargado de llevar el dogma a la práctica”. Calabrese conoció a Kelly por ser amigo del párroco y recuerda las largas discusiones que mantenían: “Pero en el buen sentido, porque con ellos se podía hablar de cualquier cosa”, virtud adjudicada a la herencia del sacerdote fundador de la congregación, San Vicente Pallotti, por su “inmensa capacidad de escucha”.

A diferencia de otras marchas en defensa de los  Derechos Humanos violados por la dictadura militar, en esta el pedido de justicia incluyó el de perdón. Así lo dejaron asentado en la declaración de la comisión organizadora: “Verdad y justicia que no se oponen al perdón. Sin esta dimensión de perdón, no seremos fieles a ellos. Tampoco lo seremos si nos hacemos cómplices de la impunidad”.  En el texto queda claro que “verdad” y “justicia” anteceden a la idea del perdón.

En la iglesia de San Patricio,  punto final del “Camino del martirio”. El sobrino de Alfredo Kelly, Martín, quien conserva una fisonomía parecida a la de su tío, dice que no encuentra palabras para agradecer a las personas que esa noche llegaron a la parroquia y expresa: “No tengo derecho a estar triste, solo darle las gracias, que haya sido mi tío fue insignificante al lado de lo que fue para la comunidad, Alfi era un hombre de Dios, alguien mucho más grande que nuestra familia”.  En tanto, el padre Rodolfo Capalozza, sobreviviente de la masacre por haberse quedado  en lo de sus padres aquella noche en vez de ir a dormir a la iglesia, afirma: “El consuelo más fuerte es ver como la semilla que cayó a la tierra hizo fruto de eso: de hombres que dieron la vida, surgieron jóvenes siguen el camino de amor a la humanidad”, dice conmovido.

“Verdad y justicia que no se oponen al perdón. Sin esta dimensión de perdón, no seremos fieles a ellos. Tampoco lo seremos si nos hacemos cómplices de la impunidad”.

“Los cinco eran un blanco rentable, no fue nada al azar”, comenta el feligrés Calabrese en una de las paradas de la caminata y agrega: “La iglesia está rodeada de casas que valen más de 200 millones de dólares, era una parroquia en un lugar rico que abogaba por los pobres, y ellos tenían una gran influencia entre los jóvenes, era una parroquia complicante”. Muestra de ello es uno de los últimos sermones que dio Alfredo Kelly, pocos días antes de ser asesinado, y que trascendió como “el sermón de las cucarachas”. En pleno auge represivo, el párroco dijo, en mitad de la misa: “Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados. (…) Quiero ser bien claro al respecto: las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas, dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas”.

En tanto, otro acto evocativo de los religiosos fue la elaboración de un mural sobre el pasaje “Mártires Palotinos”, a una cuadra de la Iglesia, por parte de vecinos, familiares y el Grupo Cultural Cruz del Sur. La obra representa a las víctimas con sus nombres, con la consigna “hoy son luz y vida” y con el lema  “Juntos vivieron y juntos murieron”. La frase, también se convirtió en el título del libro que Sergio Lucero acaba de publicar sobre las víctimas.

El final del trayecto fue el lugar del crimen, la iglesia de San Patricio, en donde se le rindió homenaje al padre Kelly.

Las investigaciones

Actualmente el caso de los Palotinos recorre dos vías: la judicial, en manos del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA; y la causa canónica impulsada por el padre Juan Sebastián Velasco como postulador y el vicepostulador y abogado Francisco Chirichella. Por partida doble, la posición de  Francisco I en la Santa Sede se vuelve estratégica, principalmente la canónica, capaz de consagrar a las víctimas mártires o santos, según las pruebas recogidas. Para santificarlos es necesario dar testimonio de dos milagros mientras que para decretarlos mártires tienen todos los requisitos necesarios, según el abogado Chirichela. “Dieron su vida por la justicia y la verdad a través del compromiso con el Evangelio. Y al momento de su muerte se encontraban indefensos, prueba de su actitud de vida pacífica”, explica.

¿Pero qué demora esta causa noble que data desde el 2001? Cuando Jorge Bergoglio era Cardenal y arzobispo porteño fue el principal impulsor para conformar un tribunal que reúna las pruebas necesarias que permitan llevar el expediente a Roma. En ese momento, la causa no prosperó y se diluyó en la falta de consenso e iniciativa de los obispos. Este año, sus feligreses decidieron retomarla y con más fuerza. Chirichella destaca la relación de amistad entre Afredo Kelly y  Bergoglio, quien fue su confesor hasta el último momento. “Estoy convencido que el Papa no es nuestro único aliado en Roma” y agrega : “Poner al altar a estos religiosos crea una contradicción dentro de la misma Iglesia, porque fueron asesinados por un gobierno que se proclamaba en función de los principios cristianos occidentales”. Hasta ahora, el primer y único mártir latinoamericano reconocido por el Papa Francisco fue, en 2015, el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, quien en sus homilías dominicales se encargó de denunciar la violación a los derechos humanos y resultó asesinado mientras celebraba misa.

La semana pasada, el juez Sergio Torres -a través de la Cancillería-,  envió un exhorto al Vaticano para la desclasificación de archivos para determinar si existe el registro de los nombres de dos vecinos supuestamente excomulgados por tener algún tipo de vinculación con el crimen. En los recovecos del Vaticano y en el fuero íntimo de los represores se encuentran los datos para establecer justicia y superar el muro de impunidad que, sobre este caso y tantos otros, se ha construido por 40 años.

Actualmente el caso de los Palotinos recorre dos vías: la judicial, en manos del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA; y la causa canónica impulsada por el padre Juan Sebastián Velasco como postulador y el vicepostulador y abogado Francisco Chirichella.

 

Actualizada 06/07/2016

“Quiero el título para seguir estudiando y trabajar”

“Quiero el título para seguir estudiando y trabajar”

Alan Rodríguez, un joven de 21 años, espera que la Justicia porteña se expida sobre su reclamo para que el colegio donde cursó la secundaria le entregue su diploma. Mientras las autoridades del establecimiento educativo y del Ministerio de Educación porteño consideran que el chico no alcanzó los “contenidos mínimos” para recibir su título, los familiares del joven aseguran lo contrario. El caso de Alan se volvió la cara visible de una problemática subyacente en nuestro país: la educación inclusiva.

El reclamo de Alan está en manos del Poder Judicial porteño desde diciembre del año pasado, luego de que su familia presentar un recurso de amparo en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 a cargo de la jueza Elena Liberatori, en el que le exigen a las entidades educativas capitalinas la titulación que debería haberse otorgado hace dos años Alan finalizó la secundaria en el instituto San Vicente de Paul, un colegio católico del barrio de San Telmo en el que cursó, junto a su grupo de amigos, desde jardín. Fue el primero de la escuela en ser incluido bajo un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), convenio donde se explicitan los objetivos generales de aprendizaje y los específicos de cada materia con el acompañamiento de un maestro integrador. Bajo esos criterios, fue evaluado con notas que la familia veía plasmadas en su boletín cada bimestre: alcanzó un promedio final de 8,73. “¿El logro es del colegio por incluir a Alan, o del él por el esfuerzo realizado?”, se pregunta la mamá, María Florencia Innamorato. A la vez, destaca la decisión de dos de sus compañeras en estudiar psicopedagogía y psicología a partir de la experiencia vivida junto a su hijo.

Los argumentos que sostienen la negativa de la titulación descansan sobre el fundamento legal del libro matriz, un documento similar a una planilla de calificaciones donde se vuelca la información del boletín. “Como no nos dejaban verlo, nos preguntábamos qué tenía ese papel y por qué nos lo ocultaban, como si fuera la caja negra de los aviones”, asegura la mamá. Las autoridades del colegio se lo negaban alegando exclusivo acceso de la escuela y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), en representación del Ministerio de Educación. Ante la resistencia, acudieron a un escribano para labrar un acta exigiendo una fotocopia del mismo a las 72 horas. Allí pudieron constatar que ciertas materias como matemática, química, informática estaban en blanco, sin calificar. Según la abogada Mariela Galeazzi, coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “esto da cuenta de una irregularidad en el modo de llevar la escolaridad de Alan, donde se termina de plasmar el argumento discriminatorio y anticonstitucional”.

La postura de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, condice con la de la directora de la DGEGP, Beatriz Jáuregui, quien le dijo a Alan en la audiencia previa a presentar el amparo que jamás obtendría el título. La postura del Ministerio se dio a conocer por primera vez el 26 de marzo a través de una publicación en Facebook alegando la falta de contenidos mínimos alcanzados para la emisión del título. “Decir que no alcanza los contenidos mínimos es evaluar a la persona con parámetros distintos a los que se le propuso como estrategia de aprendizaje”, comenta al respecto Galeazzi.

“Quiero el título para seguir estudiando y trabajar”, asegura Alan, mientras que su madre contrapone: “Él no tiene que dar explicaciones de por qué quiere el título, las explicaciones se las tienen que dar a él”. Este año, el joven fue a un programa de formación de empleo en la Universidad Católica Argentina (UCA), mientras realiza una pasantía en una empresa, tal como exige el curso. También ayuda en el negocio familiar atendiendo clientes y tomándole sus datos, practica tenis y toca el cajón peruano en un grupo de percusión. Además, realizó varias actividades como el Curso de Primeros Auxilios y de Reanimación Cardio-Pulmonar, certificado por el Ministerio del Interior. “Cuando había que hacer una demostración a otros compañeros la hacía yo”, señala. Como también es instructor olímpico de arquería de FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco), le gustaría enseñar a otros chicos con síndrome Down. Sin embargo, su mayor interés, cuando tenga el título en mano, es estudiar informática.

El caso de Alan es paradigmático pero no el único ni el primero. Melina Quereilhac obtuvo su título después de nueve años, tras cursar en las mismas condiciones: con una currícula adaptada y un maestro integrador. También, cuenta la madre, existen casos de chicos que padecen síndrome Down y lograron obtener su título gracias a la vocación inclusiva de algunas escuelas que respetaron sus notas en el libro matriz, pero lo hicieron a espaldas de la DGEGP.

La presentación judicial fue acompañada junto a una batería de acciones para dar a conocer la situación y movilizar la opinión pública. Una de ellas fue impulsada en la plataforma Change.org bajo la consigna “Por mi discapacidad me niegan el título. Quiero seguir estudiando”, que lleva reunidas más de 158 mil firmas. El grado de exposición de Alan aumentó luego de presentarse en varios programas de televisión Al día siguiente de participar en uno de ellos, se dio a conocer la postura del Ministerio de Educación porteño a través de Facebook , que apelaba a la falta de contenidos mínimos aprobados. A los pocos días, la cartera lanzó otro comunicado, por el mismo medio, en el que exhibía información personal de Alan explicitando a qué año correspondían cada uno de los conocimientos alcanzados por el alumno. Al día siguiente de la publicación en Facebook, el 31 de marzo, la agencia Télam publicó una nota con las declaraciones de la ministra en las que dejaba en claro su posición: “El título no es una rifa”. Y calificaba de “manipulación política del caso por parte de algunas organizaciones sociales”. Galeazzi describe las declaraciones de la ministra como “una falta de respeto a todos los derechos de apelar a las instituciones públicas”.

Dado el tenor alcanzado por las declaraciones públicas, la familia prefirió mantener el bajo perfil y aguardar la sentencia de la jueza Elena Liberatori. Hasta entonces, en la secretaria del nivel secundario del colegio San Vicente de Paul se limitaron a decir que están esperando que le digan qué hacer. “Alan no tendría que dar explicaciones y ser reconocido en la calle por esta causa, debería ser natural encontrarte con él en una universidad”, enfatiza su papá , César Rodríguez, y agrega: “Como papás creemos que el tema de Alan es un puntapié para solucionar cosas que no están aun resueltas en la educación”.

Cuestión de ley

La familia Rodríguez cuenta con el respaldo del Grupo Artículo 24, una coalición de 137 organizaciones de todo el país que pide una educación inclusiva en todos los niveles educativos para personas con distintas discapacidades. El crisol de asociaciones confluye en un mismo objetivo: exigir a los estados el cumplimiento del Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que estipula lo siguiente: “Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la

formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”. La Convención está incorporada a nuestra legislación mediante la ley 26.378. La Coordinadora del Grupo Artículo 24, Gabriela Santuccione apela a la adecuación de las normas y prácticas que debería realizar la Argentina a la Convención, porque “no se trata de hablar de escuelas comunes o especiales, se habla de una escuela que agrupa a todos en un mismo aula”.

Actualizado 25/05/2016