Los mitos del punitivismo

Los mitos del punitivismo

La abogada Claudia Cesaroni acaba de publicar su nuevo libro, «Contra el punitivismo», donde desarma los argumentos que exigen mano dura cada vez que un crimen impacta en la opinión pública. ¿Por qué las mujeres son víctimas de las políticas del encierro? Entrevista publicada el 25 de febrero de 2022.

“Quilmeña. Gallina. Brigadista. Abogada. Docente. Un hijo, un nieto. Milito, escribo y hablo.” Así se describe en su cuenta de Twitter la abogada y escritora Claudia Cesaroni. Autora de varios libros que ponen en discusión las políticas punitivistas o, en criollo, políticas de mano dura. Entre ellos se encuentran: La vida como castigo, Un partido sin papá y El dolor como política de tratamiento. La abogada habló con ANCCOM sobre su nuevo libro, Contra el punitivismo, y puso en discusión los mitos que rondan alrededor de las personas que cometen crímenes. 

 Antes de responder cualquier pregunta, a Cesaroni (haciéndole honor a su rol de docente) le pareció indispensable explicar qué es el punitivismo: “El punitivismo trae aparejada la idea de que el castigo cada vez más duro y extenso soluciona tanto los delitos más graves, como un homicidio o una violación, hasta los más simples”. Qué hacer con las personas que cometen crímenes ha sido un tema de grandes discusiones a lo largo de la humanidad, polémicas que, según la autora, siempre se solucionan con más años de cárcel: “Aún en los casos más graves, cuestiono la duración de ese castigo. Deberíamos pensar otras alternativas que probablemente sean más satisfactorias para que no se vuelvan a repetir los hechos o que tengan un efecto pedagógico.”

 Pensar en otras soluciones le parece clave a la autora a la hora de decidir qué hacer con la gente que llega a cometer algún delito. Pero, es inevitable preguntar:

¿Qué otras soluciones se pueden aplicar además de la cárcel? ¿Cómo se le responde a la víctima que pide justicia?

En los casos graves es difícil pensar en otra solución que no sea el encierro, pero lo que sí optan otros países es por hacer que la pena no sea tan larga. En algunos países como España o Colombia, y también acá (pero muy de vez en cuando), se aplica algo que se llama mediación penal, sobre todo en el ámbito juvenil. Por ejemplo, si un pibito viene corriendo y le roba el celular a alguien, se intentan instancias de mediación penal donde las dos partes se sientan con su abogado, junto al Estado, y se piensa cuál sería la mejor manera de reparar el daño que se hizo. ¿Qué es mejor? ¿Que el pibe ese vaya tres años a la cárcel o que eventualmente trabaje para devolver el celular además de pedir disculpas? Aunque lo más importante es que el Estado, junto con la sociedad, ayuden a ese pibe a no volver a cometer delitos. Pero no es fácil pensar esas soluciones, lo más fácil es mandar a la gente presa. 

Hay algo que queda claro, hay crímenes que no pueden responderse más que con la cárcel, pero, sin olvidar los derechos de cada una de las partes: “Las personas que cometen delitos también tienen derechos. Como, por ejemplo, el derecho a la reinserción, que le permite a la persona que estuvo presa volver a la sociedad libre. Si le imponen una pena de 30 años a alguien de 20, ese derecho es absolutamente negado. Esa persona va a volver a la sociedad con una edad avanzada y totalmente inhabilitada para la convivencia social, o directamente muerta”, afirma Cesaroni. 

Mayoritariamente son las mujeres las que se hacen cargo de la situación; ahí hay un colectivo de mujeres absolutamente vulnerado que tiene que hacerse cargo económicamente de sostener a su preso, todo ese gasto no se evalúa.

Claudia Cesaroni

La autora sostiene que la cárcel no solo afecta a quien está condenado, sino que todo lo que gira a su alrededor también se ve alterado: “Mayoritariamente son las mujeres las que se hacen cargo de la situación; ahí hay un colectivo de mujeres absolutamente vulnerado que tiene que hacerse cargo económicamente de sostener a su preso, todo ese gasto no se evalúa. Cuando hablamos de políticas de cuidado, en general, no se mira a las acciones que llevan adelante las mujeres vinculadas a una persona privada de la libertad”. Agregado al gasto que le pueda generar a su familia, Cesaroni resalta el gasto público que genera tener personas privadas de la libertad: “A todos nos conviene que haya menos gente presa, más allá de una cuestión humanista, por una cuestión económica. Un preso cuesta mucha plata, desde los gastos judiciales, el personal penitenciario, los micros de traslado, etcétera.”

Pero, si un preso cuesta mucha plata, ¿por qué se sigue sosteniendo ese gasto?

Se gasta porque el Servicio Penitenciario recibe un enorme presupuesto. Justamente el cuestionamiento que siempre hacemos es que nunca se investiga qué se hace con ese dinero. Lo que sí sabemos es que las cosas con las que viven los presos, la comida, la ropa, los elementos de higiene no los proveen el sistema, sino las familias. Y muchas veces cuando se necesita hacer un traslado se dice que no hay dinero para la nafta. El presupuesto del sistema penitenciario es una gran caja en la que se pone muy poco la lupa.

Las cifras que maneja el sistema penitenciario, según Cesaroni, son borrosas y pocos claras. No se puede acceder fácilmente a algún presupuesto o detalle de gastos realizados, a diferencia de otras instituciones que tienen, o al menos eso parece, las cuentas un poco más claras.

¿Las políticas de mano dura corresponden a una falta de acción por parte del Estado?

No creo que el Estado esté ausente, sino que el Estado aparece de una sola manera: en lugar de prevenir, interviene siempre castigando. Es una respuesta fácil, por ejemplo, si no pueden evitar los femicidios, al femicida le meten 50 años de cárcel. Por mi parte, elegiría invertir mucho más tiempo y dinero en evitar que haya una muerta antes de festejar que le metan 50 años de cárcel al autor del hecho.

 

Los femicidios y el punitivismo demostraron ser temas sensibles a la hora de discutirlos, por eso la autora decidió explicar el panorama trayendo ejemplos de la realidad argentina. La abogada menciona el caso de Micaela García y la modificación que se realizó a partir de este en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad donde se limitaron las salidas transitorias (ya que el autor del hecho se encontraba aplicando ese derecho) a personas no solamente condenadas por delitos sexuales sino también por homicidio, robo a mano armada y hasta cultivo de cannabis: “En el caso de Mica García es muy importante la posición que tuvieron las compañeras del movimiento “Ni una menos” cuando se usó el caso para directamente dinamitar el sistema de ejecución de las penas en nuestro país (que es él se encarga del manejo de las personas que ya están condenadas). Ellas dijeron: “No en nuestro nombre”. Me parece muy valiente la posición de las compañeras de pedir que no se las use para aplicar políticas de mano dura. Lo que ellas reclamaban era otra cosa, más ligada a la prevención de esos hechos. Obviamente que no les dieron lugar y siguieron con la reforma”.

 Por otro lado, la autora menciona un caso que obtuvo mucha relevancia e indignación hace unos días: el de Chiara Páez: “En este caso, lo polémico fue la forma en la que se presentaron los hechos. La noticia fue: “Anulan la condena del femicida de Chiara” y obviamente apareció la respuesta de indignación de la gente. Pero en realidad, esa sentencia está bien porque lo que dice la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es que el adolescente autor del hecho, Manuel Masilla, debió ser condenado como menor de edad. Nadie explica esto, dicen: ‘Un femicida libre’, que tampoco está libre, sino que se pide que se lo vuelva a someter a juicio en un tribunal de menores”. El caso de Chiara tocó, sin dudas, fibras profundas en las distintas ramas de feminismo: “El planteo fue que la justicia no tiene perspectiva de género, que muchas veces se da, pero tiene que tener también perspectiva de infancia. Me parece que a veces hay ciertos feminismos que, en función de la perspectiva de género, se olvidan de la perspectiva de derechos humanos”, agrega Claudia. 

 Estos casos detallados por la abogada tienen algo en común: fueron sumamente mediáticos. Los medios de comunicación tienen, según ella, un rol determinante a la hora de aplicar o discutir políticas de mano dura. 

 ¿Siempre es negativa la participación de los medios en este tipo de casos?

 Hay muy poca gente que sabe de estos temas que hable en los medios y cuando se invita a abogados especialistas, en general, son punitivistas. Las posiciones más críticas, que tratan de ver el fenómeno del delito desde otro lugar, prácticamente no están. Sumado a eso, está el morbo que genera la víctima llorando por el delito recién cometido y pidiendo justicia, que se combina con la empatía por el dolor que se genera en la audiencia. Aunque, sin duda hay un doble estándar en las víctimas porque hay algunas que se muestran y hay otras que no existen. Por ejemplo, el 14 de febrero una policía mató de un disparo en el pecho a un pibe de diecinueve años en Mendoza y el hecho no apareció por ningún lado. Este pibe no existe, es un acto cometido por las fuerzas armadas y, encima, si se quiere más morbo, por una mujer. Entonces, en la determinación de lo que es o no noticia, la manera en que se presenta y a quien se consulta, los medios tienen una gran responsabilidad. 

 Cesaroni a la hora de argumentar quién es el mayor responsable tiene una respuesta diferente: “Mucha más responsabilidad que los medios la tienen los sectores políticos, no solamente los partidos sino sindicatos, sectores educativos, etc. Son temas que no escuchan, ni atienden y tampoco les importa. Los dirigentes políticos, los funcionarios públicos tienen pánico de hablar estos temas, votan cosas que muchas veces en las discusiones parlamentarias admiten que no sirven, pero las votan igual porque es la demanda pública. Es una manera alevosa de lavarse las manos”. 

 Entonces, si las políticas de mano dura no son una solución, ¿por qué siempre se recurre a lo mismo?

 Porque es una solución fácil. Todas las reformas que se dieron a lo largo de los años estuvieron siempre relacionadas a un hecho de impacto público, como el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, el femicidio de Mica García, etcétera. Frente a cada uno de esos hechos, que nadie niega que sean dolorosos e irreparables, la respuesta inmediata fue más años de prisión. Pero eso no le devuelve la vida a nadie ni tampoco evita que se sigan cometiendo asesinatos y secuestros.

 La pregunta sigue siendo la misma, y la respuesta es cada vez más compleja. ¿Qué se hizo antes, y que se hace durante y después con una persona que comete un delito? Según Claudia Cesaroni, los caminos fáciles y rápidos no solucionan nada y siguen llenando de gente las cárceles. 

 Unos días después de la entrevista, Claudia publicó en Twitter que intentaron entrar a su casa de Quilmes. Al día siguiente publicó una foto suya que decía: “Me tomé el día post robo, lloré, arranqué yuyos y me puse mi remera gallardista #ElijoSeguirEstando”. La mayoría de los comentarios fueron “jodete”. Al parecer el castigo no es solo para quienes cometen crímenes sino también para quienes  defienden que todo se sostenga sobre los fundamentos de los derechos humanos. 

Una movilización que no fue puro humo

Una movilización que no fue puro humo

Miles de personas reclamaron en la 15ª Marcha Mundial de la Marihuana la legalización del cultivo de cannabis.

Iniciada desde Plaza de Mayo, ayer tuvo lugar la décimo Quinta Marcha Mundial de la Marihuana, que en el resto del mundo se realizó días antes, el 20 de abril. La columna estaba compuesta por miles de personas que marcharon hasta el Parlamento para pedir por su legalización. Luego de dos años de pandemia y de la clara imposibilidad para reunirse, finalmente, la Plaza del Congreso se transformó en el espacio de festejo de quienes defienden el cannabis. 

“Yo no soy delincuente, yo no soy un criminal, yo cultivo marihuana, no más presos por plantar”, cantan quienes van al frente de la marcha.

Son las cuatro y veinte en Plaza de Mayo, a una cuadra ya se siente un vaho que pocas veces se percibe con esa intensidad en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hoy es diferente, todo el mundo fuma marihuana con una sonrisa en la cara, todos se juntan con el mismo pedido: “Legalización”. Un policía, desde el Cabildo, filma la concentración, la plaza parece un espacio donde no existe la Ley N° 23737, hay un vacío legal que se llena de humo.

“Exigimos una nueva Ley de Drogas y la derogación de la Ley 23737 por su carácter inconstitucional. Hace más de treinta años que tenemos una norma que vulnera nuestras libertades e instaló la represión y el control social”, dice una de las tantas oradoras en el escenario donde cada persona trata distintos reclamos relacionados al cannabis. 

La movilización la lidera una banda murguera, empiezan a caminar en el mismo momento que suena el Himno Nacional al ritmo de trompetas, bombos y redoblantes. Atrás de la banda, una bandera de Mamá Cultiva llama la atención por sobre las otras, debajo de ella se encuentran las madres que representan la organización: “Empecé a hacer cursos en Mamá Cultiva por un problema de salud de mi hija. Ella tiene endometriosis y fibromialgia, le daban muchos medicamentos derivados de la morfina y lo reemplazamos con aceite y cremas de Mamá Cultiva”, cuenta Susana, de 66 años, que fue a marchar junto a su nieto de 9.

Esta semana se dio a conocer la aprobación de la Ley para la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo. Con el objetivo de complementar la Ley N°27350 que permite el uso paliativo y terapéutico del cannabis , se presentó el marco regulatorio necesario para el desarrollo de la industria cannabica y de cáñamo. Si bien es un gran avance para quienes luchan por la legalización y la posibilidad del autocultivo para el consumo personal del cannabis, todavía queda mucho por recorrer. “Necesitamos una legislación que abarque a todos y a todas, que el autocultivo sea una realidad y que esta legislación medicinal y sobre todo industrial tenga una perspectiva de economía popular”, reclama Ornella Infante, directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

 

A medida que avanzan por Avenida de Mayo, cientos de personas se suman al peregrinaje hacia el Congreso. Hay tantas formas diferentes de porros como lo hay en cantidad de personas. Dos chicas caminan en contramano a la dirección que se dirige la marcha: “Que lindo que es mi país, que linda que es Argentina”, exclama como agradeciendo a quienes estaban frente a ella reclamando derechos. 

“Basta de presos por plantar” es el pedido que más se repite en los carteles de la manifestación. Asociaciones e incluso particulares cuestionan la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad en cuanto a ley N° 27350: “Estamos luchando para que el autocultivo sea reconocido, que no nos quiten las plantas. Estamos registrados en el Reprocann pero eso no basta, tenemos compañeras que tuvieron muchos problemas. La policía no está capacitada y toma al cannabis como una droga peligrosa”, sostiene Susana que lleva a su nieto de la mano a medida que caminan por Avenida de Mayo. 

 

Al llegar al Congreso espera un escenario aún más grande que el que estaba en Plaza de Mayo junto con una feria de emprendedores donde la estrella es, obviamente, el cannabis: brownie loco, empanada loca, medialuna loca, pizza loca. Para picar, para enrollar, para quemar, para plantar, para decorar, para regar, para bajonear. La comunidad del cannabis se hizo presente en la Plaza del Congreso, la planta santa, como le dicen algunos, sigue buscando ganar derechos y derribar aún más prejuicios. Son las seis de la tarde, empiezan a tocar bandas en el escenario pero siguen siendo las cuatro y veinte. 

 

Los mitos del punitivismo

Los mitos del punitivismo

La abogada Claudia Cesaroni acaba de publicar su nuevo libro, «Contra el punitivismo», donde desarma los argumentos que exigen mano dura cada vez que un crimen impacta en la opinión pública. ¿Por qué las mujeres son víctimas de las políticas del encierro?

“Quilmeña. Gallina. Brigadista. Abogada. Docente. Un hijo, un nieto. Milito, escribo y hablo.” Así se describe en su cuenta de Twitter la abogada y escritora Claudia Cesaroni. Autora de varios libros que ponen en discusión las políticas punitivistas o, en criollo, políticas de mano dura. Entre ellos se encuentran: La vida como castigo, Un partido sin papá y El dolor como política de tratamiento. La abogada habló con ANCCOM sobre su nuevo libro, Contra el punitivismo, y puso en discusión los mitos que rondan alrededor de las personas que cometen crímenes. 

 Antes de responder cualquier pregunta, a Cesaroni (haciéndole honor a su rol de docente) le pareció indispensable explicar qué es el punitivismo: “El punitivismo trae aparejada la idea de que el castigo cada vez más duro y extenso soluciona tanto los delitos más graves, como un homicidio o una violación, hasta los más simples”. Qué hacer con las personas que cometen crímenes ha sido un tema de grandes discusiones a lo largo de la humanidad, polémicas que, según la autora, siempre se solucionan con más años de cárcel: “Aún en los casos más graves, cuestiono la duración de ese castigo. Deberíamos pensar otras alternativas que probablemente sean más satisfactorias para que no se vuelvan a repetir los hechos o que tengan un efecto pedagógico.”

 Pensar en otras soluciones le parece clave a la autora a la hora de decidir qué hacer con la gente que llega a cometer algún delito. Pero, es inevitable preguntar:

¿Qué otras soluciones se pueden aplicar además de la cárcel? ¿Cómo se le responde a la víctima que pide justicia?

En los casos graves es difícil pensar en otra solución que no sea el encierro, pero lo que sí optan otros países es por hacer que la pena no sea tan larga. En algunos países como España o Colombia, y también acá (pero muy de vez en cuando), se aplica algo que se llama mediación penal, sobre todo en el ámbito juvenil. Por ejemplo, si un pibito viene corriendo y le roba el celular a alguien, se intentan instancias de mediación penal donde las dos partes se sientan con su abogado, junto al Estado, y se piensa cuál sería la mejor manera de reparar el daño que se hizo. ¿Qué es mejor? ¿Que el pibe ese vaya tres años a la cárcel o que eventualmente trabaje para devolver el celular además de pedir disculpas? Aunque lo más importante es que el Estado, junto con la sociedad, ayuden a ese pibe a no volver a cometer delitos. Pero no es fácil pensar esas soluciones, lo más fácil es mandar a la gente presa. 

Hay algo que queda claro, hay crímenes que no pueden responderse más que con la cárcel, pero, sin olvidar los derechos de cada una de las partes: “Las personas que cometen delitos también tienen derechos. Como, por ejemplo, el derecho a la reinserción, que le permite a la persona que estuvo presa volver a la sociedad libre. Si le imponen una pena de 30 años a alguien de 20, ese derecho es absolutamente negado. Esa persona va a volver a la sociedad con una edad avanzada y totalmente inhabilitada para la convivencia social, o directamente muerta”, afirma Cesaroni. 

Mayoritariamente son las mujeres las que se hacen cargo de la situación; ahí hay un colectivo de mujeres absolutamente vulnerado que tiene que hacerse cargo económicamente de sostener a su preso, todo ese gasto no se evalúa.

Claudia Cesaroni

La autora sostiene que la cárcel no solo afecta a quien está condenado, sino que todo lo que gira a su alrededor también se ve alterado: “Mayoritariamente son las mujeres las que se hacen cargo de la situación; ahí hay un colectivo de mujeres absolutamente vulnerado que tiene que hacerse cargo económicamente de sostener a su preso, todo ese gasto no se evalúa. Cuando hablamos de políticas de cuidado, en general, no se mira a las acciones que llevan adelante las mujeres vinculadas a una persona privada de la libertad”. Agregado al gasto que le pueda generar a su familia, Cesaroni resalta el gasto público que genera tener personas privadas de la libertad: “A todos nos conviene que haya menos gente presa, más allá de una cuestión humanista, por una cuestión económica. Un preso cuesta mucha plata, desde los gastos judiciales, el personal penitenciario, los micros de traslado, etcétera.”

Pero, si un preso cuesta mucha plata, ¿por qué se sigue sosteniendo ese gasto?

Se gasta porque el Servicio Penitenciario recibe un enorme presupuesto. Justamente el cuestionamiento que siempre hacemos es que nunca se investiga qué se hace con ese dinero. Lo que sí sabemos es que las cosas con las que viven los presos, la comida, la ropa, los elementos de higiene no los proveen el sistema, sino las familias. Y muchas veces cuando se necesita hacer un traslado se dice que no hay dinero para la nafta. El presupuesto del sistema penitenciario es una gran caja en la que se pone muy poco la lupa.

Las cifras que maneja el sistema penitenciario, según Cesaroni, son borrosas y pocos claras. No se puede acceder fácilmente a algún presupuesto o detalle de gastos realizados, a diferencia de otras instituciones que tienen, o al menos eso parece, las cuentas un poco más claras.

¿Las políticas de mano dura corresponden a una falta de acción por parte del Estado?

No creo que el Estado esté ausente, sino que el Estado aparece de una sola manera: en lugar de prevenir, interviene siempre castigando. Es una respuesta fácil, por ejemplo, si no pueden evitar los femicidios, al femicida le meten 50 años de cárcel. Por mi parte, elegiría invertir mucho más tiempo y dinero en evitar que haya una muerta antes de festejar que le metan 50 años de cárcel al autor del hecho.

 

Los femicidios y el punitivismo demostraron ser temas sensibles a la hora de discutirlos, por eso la autora decidió explicar el panorama trayendo ejemplos de la realidad argentina. La abogada menciona el caso de Micaela García y la modificación que se realizó a partir de este en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad donde se limitaron las salidas transitorias (ya que el autor del hecho se encontraba aplicando ese derecho) a personas no solamente condenadas por delitos sexuales sino también por homicidio, robo a mano armada y hasta cultivo de cannabis: “En el caso de Mica García es muy importante la posición que tuvieron las compañeras del movimiento “Ni una menos” cuando se usó el caso para directamente dinamitar el sistema de ejecución de las penas en nuestro país (que es él se encarga del manejo de las personas que ya están condenadas). Ellas dijeron: “No en nuestro nombre”. Me parece muy valiente la posición de las compañeras de pedir que no se las use para aplicar políticas de mano dura. Lo que ellas reclamaban era otra cosa, más ligada a la prevención de esos hechos. Obviamente que no les dieron lugar y siguieron con la reforma”.

 Por otro lado, la autora menciona un caso que obtuvo mucha relevancia e indignación hace unos días: el de Chiara Páez: “En este caso, lo polémico fue la forma en la que se presentaron los hechos. La noticia fue: “Anulan la condena del femicida de Chiara” y obviamente apareció la respuesta de indignación de la gente. Pero en realidad, esa sentencia está bien porque lo que dice la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es que el adolescente autor del hecho, Manuel Masilla, debió ser condenado como menor de edad. Nadie explica esto, dicen: ‘Un femicida libre’, que tampoco está libre, sino que se pide que se lo vuelva a someter a juicio en un tribunal de menores”. El caso de Chiara tocó, sin dudas, fibras profundas en las distintas ramas de feminismo: “El planteo fue que la justicia no tiene perspectiva de género, que muchas veces se da, pero tiene que tener también perspectiva de infancia. Me parece que a veces hay ciertos feminismos que, en función de la perspectiva de género, se olvidan de la perspectiva de derechos humanos”, agrega Claudia. 

 Estos casos detallados por la abogada tienen algo en común: fueron sumamente mediáticos. Los medios de comunicación tienen, según ella, un rol determinante a la hora de aplicar o discutir políticas de mano dura. 

 ¿Siempre es negativa la participación de los medios en este tipo de casos?

 Hay muy poca gente que sabe de estos temas que hable en los medios y cuando se invita a abogados especialistas, en general, son punitivistas. Las posiciones más críticas, que tratan de ver el fenómeno del delito desde otro lugar, prácticamente no están. Sumado a eso, está el morbo que genera la víctima llorando por el delito recién cometido y pidiendo justicia, que se combina con la empatía por el dolor que se genera en la audiencia. Aunque, sin duda hay un doble estándar en las víctimas porque hay algunas que se muestran y hay otras que no existen. Por ejemplo, el 14 de febrero una policía mató de un disparo en el pecho a un pibe de diecinueve años en Mendoza y el hecho no apareció por ningún lado. Este pibe no existe, es un acto cometido por las fuerzas armadas y, encima, si se quiere más morbo, por una mujer. Entonces, en la determinación de lo que es o no noticia, la manera en que se presenta y a quien se consulta, los medios tienen una gran responsabilidad. 

 Cesaroni a la hora de argumentar quién es el mayor responsable tiene una respuesta diferente: “Mucha más responsabilidad que los medios la tienen los sectores políticos, no solamente los partidos sino sindicatos, sectores educativos, etc. Son temas que no escuchan, ni atienden y tampoco les importa. Los dirigentes políticos, los funcionarios públicos tienen pánico de hablar estos temas, votan cosas que muchas veces en las discusiones parlamentarias admiten que no sirven, pero las votan igual porque es la demanda pública. Es una manera alevosa de lavarse las manos”. 

 Entonces, si las políticas de mano dura no son una solución, ¿por qué siempre se recurre a lo mismo?

 Porque es una solución fácil. Todas las reformas que se dieron a lo largo de los años estuvieron siempre relacionadas a un hecho de impacto público, como el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, el femicidio de Mica García, etcétera. Frente a cada uno de esos hechos, que nadie niega que sean dolorosos e irreparables, la respuesta inmediata fue más años de prisión. Pero eso no le devuelve la vida a nadie ni tampoco evita que se sigan cometiendo asesinatos y secuestros.

 La pregunta sigue siendo la misma, y la respuesta es cada vez más compleja. ¿Qué se hizo antes, y que se hace durante y después con una persona que comete un delito? Según Claudia Cesaroni, los caminos fáciles y rápidos no solucionan nada y siguen llenando de gente las cárceles. 

 Unos días después de la entrevista, Claudia publicó en Twitter que intentaron entrar a su casa de Quilmes. Al día siguiente publicó una foto suya que decía: “Me tomé el día post robo, lloré, arranqué yuyos y me puse mi remera gallardista #ElijoSeguirEstando”. La mayoría de los comentarios fueron “jodete”. Al parecer el castigo no es solo para quienes cometen crímenes sino también para quienes  defienden que todo se sostenga sobre los fundamentos de los derechos humanos. 

Un cuerpo argentino y federal

Un cuerpo argentino y federal

¿Cómo es el estudio antropométrico que se realiza en todo el país para poder implementar la Ley de Talles?

Es el centro neurálgico de la ciudad de Morón, hay vendedores ambulantes; olor a comida chatarra; padres y madres buscando sus niños en el colegio; gente corriendo porque suena la barrera de la estación y el tren se les va; la catedral descansa justo enfrente del edificio municipal y al lado de una estatua de San Martín, plantada en el medio de la plaza, hay niños jugando a la pelota. 

Nadie imaginaría posible estar en ropa interior justo en el medio de ese caos de un viernes al mediodía.

-¿Qué es lo que hacen ahí? – Una mujer le pregunta a otra que acaba de salir de un container puesto en el medio de la plaza central que funciona de frontera entre lo que pasa adentro y afuera.

-Es el Estudio Antropométrico Argentino, lo podes hacer ahora si querés.

¿Pero te tenés que quedar en ropa interior?

Si, pero no pasa nada. Nadie te ve. Deberías ir, esta bueno porque es para una buena causa.

– Bueno, voy a hacer unas compras y veo ¡gracias!

“El primer relevamiento federal de la morfología y las medidas de los cuerpos argentinos”, dicta el folleto que viene dentro de la bolsa que brindan como souvenir. El Estudio Antropométrico Argentino (EAAr) se realiza para cumplimentar la Ley N° 27521, más conocida como la Ley de talles, aprobada en diciembre 2019 y reglamentada dos años más tarde, en mayo pasado, con el decreto 375/2021. El principal objetivo de este estudio es alimentar, a través del relevamiento morfológico por rango etario, género y región, al Sistema Único Normalizado de identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). Este será el encargado de garantizar un sistema de talles que deberán usar todos los comerciantes y fabricantes de indumentaria, incluyendo zapatos y ropa de trabajo. 

Adentro del cubículo te reciben con amabilidad, el lugar parece un consultorio médico del futuro. Al costado izquierdo está la balanza con el tallímetro, en el derecho se encuentra el sensor y detrás de la cortina negra, la gente que lo maneja. Hay que desvestirse, atarse el pelo bien tirante para evitar confundir al sensor, pesarse, medirse y colocarse erguidamente dentro del aparato y esperar el “Listo” de las personas detrás de la cortina. En solo quince segundos, las 16 cámaras infrarrojas son capaces de realizar 400 mediciones en un solo escaneo.

– ¿Tenes algún problema de salud?

– ¿Consideras que tu alimentación es saludable?

– ¿Haces deporte? ¿Con qué frecuencia?

– ¿Conseguís ropa habituada a tu talle? ¿Y calzado?

– ¿Tenés casa propia, alquilada o prestada?

– ¿En cuál de estos rangos se encuentran los ingresos de todas las personas de tu casa? 

Estas y otras preguntas forman parte de la entrevista que hacen en una carpa, justo al lado del container, y que es necesaria antes de hacer el estudio. Los datos recogidos a través de esta entrevista y de las mediciones formarán parte de la primera base de datos nacional de medidas antropométricas (que se renovará cada diez años), creada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, más conocido como INTI. “Este es un proyecto importantísimo en muchos aspectos, principalmente para establecer parámetros de medida para cada talle porque en nuestro país está la Ley de Talles, pero no dice cuánto tiene que medir cada talle”, subraya Andrea, la entrevistadora y empleada del INTI que trabaja en el sector de textiles. “No pertenezco al proyecto, pero ayudo porque me parece muy importante”, agrega. 

En Argentina se cuenta con dos de estos escáneres de alta complejidad. Actualmente uno se encuentra en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, más precisamente. Mientras que el otro tiene como destino la ciudad de Neuquén. El objetivo es llegar a las 6.500 personas escaneadas a lo largo y ancho de país haciendo posible un estudio morfológico federal que permitirá sacar parámetros desde los cuerpos norteños a los patagónicos. Y, con esta información, que todos y todas las argentinas puedan conseguir ropa acorde a las características de cada cuerpo.

Contra viento, marea y explotación petrolera

Contra viento, marea y explotación petrolera

Las más de treinta marchas en diferentes puntos del país contra de la explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino, aprobada por el Gobierno nacional a un día de terminar el año 2021, deja claro que una parte de la sociedad, con capacidad de movilización, rechazaba de plano el proyecto. En Buenos Aires, a 400 kilómetros de la convocatoria central, de Mar del Plata, también hubo Atlanticazo.

Es principio de año y en la ciudad de Buenos Aires hay una tranquilidad que solo se puede ver en verano. Las oficinas, los restaurantes y las calles están vacías, desoladas. No es una imagen extraña, para esta época del año, muchas de las personas que habitan la ciudad se encuentran poblando otra: Mar del Plata. Pero el espíritu costero, al parecer, también se encuentra en el centro neurálgico de la ciudad. En el medio de la Avenida 9 de Julio hay personas en malla marchando junto a muchas otras (vestidas). Frente al Obelisco se paran y se disponen como si estuviesen frente al mar. No faltan las sillas playeras, la conservadora de frío, las lonas para tomar sol, los juguetes para la arena, las sombrillas, los barrenadoras y hasta la “birra” en mano. Más allá de la extrañeza de la situación para quien pasa caminando, hay algo que llama la atención: las personas tienen todo el cuerpo manchado con pintura negra y cantan eufóricos: “Se defiende, el mar no se vende”. Esas manchas simulan un derrame de petróleo que, según Greenpeace, es una situación posible si se aprueba la explotación petrolera en la franja norte del Mar Argentino.

Fue el pasado jueves 30 de diciembre, bajo la Resolución 436/2021 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié, que se dio por suspendido el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Campaña de Adquisición sismica Offshore argentina”. Lo que permite el comienzo de la exploración sísmica en áreas de exploración off shore “CAN 100”, “CAN 108” y “CAN 114”, ubicadas las dos primeras a 307 km de la costa marplatense y la segunda a 443 km. Este proyecto sería llevado a cabo por la empresa noruega Equinor, asociada a YPF y Shell. 

“Basta de extraccionismo y genocidio indìgena. El Estado y los gobiernos son responsables”, dice la bandera kilométrica que llevan más de cincuenta personas a lo largo de Avenida de Mayo. Mariano Sánchez Toranzo (54) es uno de las que sostiene la bandera: “Vine porque no estoy de acuerdo con la destrucción de los mares, creo que son un bien común y merece que se viva en armonía.”. Mariano se encontró con Raquel (75) amiga y compañera militante de la “Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida”. Cerca de ellos, un hombre en malla, “empetrolado” y dentro de una caja que simulaba un fuego se hacía llamar Mersur (57) y reclamaba la renuncia de Cabandié.

El debate se produce entre organizaciones que rechazan el extractivismo; un Gobierno con la necesidad desesperante de ingresar dólares frescos; y una oposición desinteresada en otra cosa que los negocios; además, claro, del interés propio de las empresas.

Lo paradójico de la situación es que fue la gestión macrista (2017 hasta el año 2020) mediante la Secretaría de Energía de la Nación, que abrió el escenario y empezó a otorgar los permisos para los estudios sísmicos en el mar hasta el año 2028, sin tener en cuenta la opinión pública. Fue el 1 de Julio del 2021 que se llevó a cabo la Audiencia Pública Nº 1/21 donde, según el informe final oficial, participaron 350 exponentes pertenecientes a todos los sectores involucrados en el proyecto: Greenpeace, Equinor, el Consejo de Empresas Pesqueras, YPF, entre otras organizaciones. De ellas, más del 90% estuvieron en contra de la implementación del proyecto según “El foro de Conservación del Mar Patagónico y Áreas de influencia”. 

El debate se produce entre la sociedad y organizaciones que rechazan con más o menos fundamentos el extractivismo; un Gobierno atrapado entre la pandemia del coronavirus y la económica que dejó el macrismo, con la necesidad desesperante de ingresar dólares frescos; y una oposición desinteresada en otra cosa que los negocios; además, claro, del interés propio de las empresas.

La marcha termina en la calle Cecilia Grierson en el barrio de Puerto Madero, en el domicilio físico de la empresa noruega Equinor. La escena de la playa y una manta negra (que simula el petróleo) tapando a las personas que están “veraneando”, se vuelve a repetir. Los carteles de protesta se amarran a las rejas que separan el edificio de los manifestantes que lo rodean, cuando están todos juntos es llamativa la participación de familias enteras. “Estamos acá para evitar que maten a los animales y que no pongan petroleras en mar”, dice Nina de ocho años acompañada por su mamá Bárbara. Minutos antes de que terminara la concentración, el viento, casi costero, hace volar carteles, los manifestantes siguen cantando a favor de la conservación del mar. Las pancartas que embolsa el viento siguen sostenidas de manera titánica.