May 6, 2020 | Novedades, Trabajo
La empresa hace pasar los despidos por retiros voluntarios y ofrece indemnizaciones en 26 cuotas.
Nuevamente, en lo que va del aislamiento social preventivo y obligatorio, una empresa se aprovecha de la situación excepcional que vive el país para deshacerse de sus trabajadores. Y otra vez, sucede en una empresa de medios de comunicación. En esta ocasión, en Editorial Atlántida, que publica las conocidas revistas Gente, Paparazzi y Para Tí.
La semana del 23 de abril, a 45 trabajadores de distintas áreas (redactores, diseñadores, fotógrafos y personal administrativo y de sistemas) se les comunicó que estaban siendo “liberados de tareas”, para luego informales que “se prescindiría de sus servicios”. A partir de ese momento comenzó una “situación completamente extorsiva”, como sostiene Félix Vallejos, delegado y redactor de la web de Paparazzi.
Desde la empresa alegan que las desvinculaciones fueron acuerdos de retiro voluntario. Sin embargo, los trabajadores sostienen que son despidos disfrazados para evadir el cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 329/2020 -que prohibió los despidos, suspensiones y disminuciones de trabajo durante 60 días. “Esto está pasando con nuestros compañeros: les dicen que los liberan de tareas, los citan a una reunión y les ofrecen una indemnización a pagar en hasta 26 cuotas”, explica Vallejos, y continúa: “Les dicen que si no aceptan, aunque no los puedan despedir, no les van a pagar el sueldo. Esto obliga a muchos a aceptar esta indemnización.”
“A mí me pega de manera directa y letal porque ya veníamos cobrando sueldos bajísimos y no tengo ahorros para sostener los días que vienen”, cuenta Alejandro Guardia, editor de video de las publicaciones de la editorial, y uno de los trabajadores recientemente despedidos. “Con la oferta de indemnización que plantea la empresa tampoco se puede proyectar mucho porque ni siquiera cubre la mitad de lo que corresponde por despido.”
Los trabajadores hacen hincapié en que tales medidas van en contra no sólo del DNU 329/20, sino también el Estatuto de Prensa. “En este momento la empresa está cometiendo una ilegalidad total: les mandó un mail a los empleados planteando que si no firmaban un acuerdo de partes los dejaban sin tareas y sin indemnización”, explica Agustín Lecchi, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); y enfatiza: “Los despidos están prohibidos y Editorial Atlántida no puede estar al margen de la ley”. Frente a esta situación, los trabajadores afectados junto con los delegados de la editorial y SiPreBA, presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo, instando a las autoridades para intercedan y hagan cumplir el DNU.
Pero no pueden tomar otras medidas debido a la cuarentena: “Los pocos que quedamos, en gran parte dependemos de que el gobierno haga cumplir la ley que instauró y no deje pasar estos despidos encubiertos que no son retiros voluntarios”, dice Vallejos.
Atlántida ya había despedido 80 trabajadores con el guiño del gobierno de Mauricio Macri.
Los conflictos en la editorial no son novedad: “Venimos con problemas desde hace ya varios años, de hecho tuvimos despidos en el 2016 y en el 2017”, cuenta Vallejos. “En el 2019, los nuevos dueños de Atlántida presentaron un preventivo de crisis que el gobierno de Macri aceptó, y despidieron a 80 personas.” Desde ese momento, los salarios también comenzaron a pagarse en dos cuotas mensuales.
En esa línea, recientemente se conoció que el Grupo Clarín resolvió desdoblar el pago de los sueldos de mayo de sus trabajadores. El SiPreBA repudió la decisión y resolvió quite de firmas y ceses de tareas en la empresa. El sindicato expresó en un comunicado: “Cabe recordar que según a la última encuesta realizada por la Comisión Interna, 4 de cada 10 trabajadores tiene un sueldo menor a la canasta básica. Y que el incumplimiento del pago del salario en tiempo y forma se da en un contexto en que el diario del Grupo Clarín (conglomerado con recursos suficientes para sostener a sus empresas en el contexto de la pandemia), se ufana con relatos épicos acerca de sus récords de audiencias.”
En cuanto a Editorial Atlántida, desde la empresa -un directorio con inversionistas fantasmas- plantean que “no pueden continuar con una estructura de tantos empleados en un rubro que está en crisis desde hace rato”. Según Guardia, “quieren reducir y renovar el personal pero la forma que están eligiendo es completamente extorsiva y humillante para los trabajadores que tienen muchos años de antigüedad y son muy comprometidos con su trabajo”. Además, sostiene que al no saber quiénes son los verdaderos dueños, es casi imposible encontrar responsables por lo que está sucediendo. Sin embargo, el perjudicado siempre es el mismo: el trabajador.
“En algunos casos, pese a que el gobierno lleva adelante políticas que protegen a los trabajadores en el marco de pandemia, los empresarios avanzan y se creen impunes. Necesitamos más intervención estatal y más presión sobre este tipo de empresarios”, puntualiza Agustín Lecchi.
Este es otro de los grandes desafíos del gobierno en el presente de pandemia y cuarentena: proteger a los trabajadores y sus empleos de empresas y empresarios que se aprovechan de los tiempos de incertidumbre para incumplir la ley.
Abr 23, 2020 | Comunidad, Novedades
Ya pasó más de un mes desde que el Gobierno nacional dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y si bien aún no hay fechas confirmadas, es de público conocimiento que la “cuarentena administrada” continuará durante mayo. Frente a esta situación, se empiezan a oír las voces de distintos grupos sociales que reclaman medidas específicas para sus necesidades reales. Uno de ellos es el de las personas con discapacidad.
“Acordamos con la medida excepcional del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pues entendemos que es la única manera de evitar que las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia se agraven. En tal contexto, el presente documento busca acercar preocupaciones y propuestas respecto de la situación de las personas con discapacidad en esta emergencia pública en materia sanitaria.”
Así comienza el documento que explicita la situación de las personas con discapacidad frente a la pandemia de Covid-19, firmado por diecisiete organizaciones de todo el país, entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta.
“Nos propusimos hacer el documento para mostrar la situación de las personas con discapacidad, de manera federal”, explica Andrea Grassi, militante de REDI, y comenta que, “en líneas generales, los problemas planteados por organizaciones de las distintas provincias son muy similares”.
El texto pone en el centro de la discusión las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad ante diversas situaciones propias del contexto de aislamiento, haciendo hincapié en la heterogeneidad del colectivo, con diferentes vivencias y necesidades. Y en el respeto del derecho de autonomía; sobre todo a partir de la decisión administrativa 490/20 que permite salidas transitorias para personas con discapacidad, debido a que no todas ellas necesitan acompañantes y los apoyos no deben “ser interpretados como obligatorios”. “Es necesario que exista un lineamiento claro al respecto tanto para las fuerzas de seguridad como para la población en general.”
Al respecto, Grassi agrega: “Enviamos una nota al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad para hacerles llegar la confusión que eso generó en el colectivo, y nos respondió al día siguiente. Con respecto a la falta de claridad sobre las salidas breves, nos comentó que se trata de las personas con discapacidad con dificultades conductuales tales que necesitan salir para evitar la sobremedicación en sus domicilios. Pero esa especificación no está plasmada en ninguna publicación oficial, por lo que la decisión sigue resultando confusa.”
La cuestión de la autonomía es un punto sensible para las personas con discapacidad, debido a las dificultades que han tenido por lograr este derecho, y en tanto entienden que las restricciones propias del aislamiento suponen un retroceso en esta conquista. Lucas Romero, miembro de la Fundación Por Igual Más de Córdoba, sostiene que “si bien es comprensible que la emergencia exige del poder público respuestas rápidas y contundentes, la política de los ‘permisos’, si bien puede ayudar a algunos colectivos específicos, opera una objetivación de las personas con discapacidad que responde a lógicas de registro estadístico y a un prejuicio extendido sobre la no autonomía de las personas con discapacidad; y no a un abordaje integral y respetuoso de las diferencias al interior del colectivo”. Romero tiene un diagnóstico de hipertonía muscular que afecta su motricidad fina en los miembros inferior y superior derechos; y recientemente ha retomado su tratamiento de fisioterapia ya que en lo que va del aislamiento, su condición se vio resentida.
Lourdes Siman es directora de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser, de la localidad bonaerense de San Martín y también vio afectada su autonomía y movilidad a partir de la cuarentena, tanto desde lo emocional como de psicológico. Cuenta que, luego de muchos días de confinamiento, salió a realizar un mandado, pero que vivió la situación con angustia y miedo, sin entender por qué. Su teoría es que, con una discapacidad visual severa de base, otros sentidos se vieron limitados: el olfato y el gusto, debido a la utilización del barbijo; y la audición, ya que los sonidos de la calle eran muy distintos a los que estaba acostumbrada. “Me retrotrajo a cuando empecé a perder la vista, que uno no quiere salir afuera, que quiere quedarse adentro, que el afuera te asusta enormemente”, explica, y agrega que varios conocidos también sufrieron episodios similares. E insiste en que, si bien las medidas de seguridad e higiene son necesarias e inevitables, hay que repensar algunas aristas en lo que respecta su modo de implementación para con las personas con discapacidad.
Otros temas que trata el documento son el acceso a tratamientos, prestaciones de apoyo y medicación, advirtiendo sobre irregularidades en la atención por parte de algunas obras sociales y en el pago de salarios para los prestadores y acompañantes terapéuticos.
Por otra parte, el aislamiento y la disminución de la actividad productiva también afecta a las personas con discapacidad igual que al resto de los trabajadores, sobre todo a los informales que ven recortada su fuente de ingreso y que, debido a cobrar un pensión no contributiva, no califican para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Si bien recibieron un bono de tres mil pesos, la extensión del aislamiento impacta directamente en sus economías.
Sin embargo, un punto comúnmente pasado por alto pero que las organizaciones insisten en traer al centro de la discusión es el acceso a la información, a la educación y a las tecnologías. Cuestiones que, durante la cuarentena, se volvieron aún más fundamentales. “No todas las personas con discapacidad tienen acceso a conectividad, ni a un teléfono celular de alta gama, ni tampoco a una computadora”, explica Andrea Grassi. Por eso, es muy difícil que puedan acceder a las terapias y a los asistentes de apoyo de manera remota.”
Por otro lado, la mayoría de las páginas web, plataformas de comercio e, incluso, plataformas educativas, no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad. Según Grassi, “en cuanto a la educación, también es complejo el acceso a las plataformas que se utilizan y también a los materiales que brinda el Ministerio de Educación. Hay plataformas cuya navegación es inaccesible para personas con discapacidad visual, y lo mismo ocurre con algunos materiales, que tienen imágenes no descriptas.” Los trámites también se dificultan en gran medida para estas personas.
El futuro es incierto para todos y es difícil imaginar el retorno a una “normalidad” que quizás ya no sea tal. Pero para las personas con discapacidad se asoman nuevas preocupaciones ante dificultades existentes: “La pandemia pone a las personas con discapacidad en una particular situación de riesgo”, sostiene Grassi. En el caso de las que poseen discapacidad motriz y las que tienen baja talla, les es difícil higienizarse adecuadamente las manos porque los lavabos son inaccesibles. En el caso de quienes usan elementos de apoyo para desplazarse -bastones, muletas, sillas de ruedas-, éstos están en contacto permanente con el piso, por lo que tienen que desinfectarlos constantemente. “En cuanto a las personas ciegas y las que tienen baja visión, además de que tenemos que tocar el bastón blanco para caminar, debemos usar el tacto para obtener información sobre las cosas (por ejemplo, en un lugar cerrado muchas veces tocamos la pared para usar como referencia para encontrar puertas, ascensores, escaleras, etcétera), y en este sentido, el uso de guantes nos quita sensibilidad para reconocer los objetos, por ejemplo, la botonera del ascensor. Además, las personas ciegas no podemos mantener la distancia social recomendada, porque para cruzar una calle necesitamos tomarnos del codo o del hombro de otra persona,” explica Grassi en primera persona, relatando situaciones que a la mayoría se le escapan.
Mucho queda aún por decirse respecto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y las decisiones se toman casi día a día. El documento firmado por las diferentes organizaciones que nuclean personas con discapacidad y tratan cuestiones referidas a sus derechos pone en escena reclamos y necesidades específicas de un colectivo erróneamente homogeneizado. Y da la oportunidad de un debate profundo en torno a ello.
Abr 15, 2020 | Novedades, Trabajo
La televisión y la radio siguen transmitiendo. Los diarios continúan imprimiéndose. Los medios digitales y portales web mantienen actualizada su información. En épocas de incertidumbre como las que se viven desde -al menos- el 20 de marzo con el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, los medios de comunicación se establecieron como servicios esenciales, según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20. Llevan tranquilidad -o no- a millones de personas que transitan el encierro de la mejor manera que pueden. Incluso miles se volcaron nuevamente a los medios tradicionales, tratando de evitar las ya tan conocidas fake news.
De distintas maneras -teletrabajo, protocolos de seguridad e higiene, licencias para personal que forme parte de grupos de riesgo, etc.-, los trabajadores de los medios cumplen con sus funciones. Sin embargo, afrontan nuevas dificultades en el período de aislamiento. “En general las medidas de seguridad se están cumpliendo en casi todas las empresas”, explica Agustín Lecchi, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Pero “no así otras obligaciones, particularmente las salariales, y esto representa un gran problema.”
El sector de prensa está muy golpeado. Publiexpress, Diario Popular, Perfil, Infobae, Noticias Argentinas. Las lista de medios que atraviesan momentos críticos o conflictos con los trabajadores por motivos de incumplimientos salariales crece constantemente. E incluso comienza a comprender a otros sectores, como en el caso de Radio Metro, en el que, luego de un paro, los trabajadores lograron llegar a un acuerdo para que se les paguen los sueldos atrasados.
El periodismo, aunque se lo considere un servicio esencial, es una de las actividades que más ha sido golpeada por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos cuatro años, con un recorte del 50% respecto del 2015. A esta situación de base se le agrega el impacto del Covid-19. “Las empresas argumentan crisis producto de los cambios tecnológicos en nuestra actividad y el consumo de las sociedades de la información, y a eso ahora se suma la situación que produce la pandemia”, sostiene el delegado. “Pero es falso: esta crisis demostró la importancia de los medios tradicionales, que ante la necesidad de contar con información confiable una mayor cantidad de gente se volcó nuevamente a estos medios.”
Según Lecchi, estos conflictos -que incluyen cierres, despidos, sueldos atrasados y en cuotas- son “previos a la situación actual vinculada a la pandemia, pero en este contexto tienden a agravarse; y las empresas también aprovechan la situación de crisis para avanzar sobre derechos laborales y para sacarle plata al Estado a través de pauta o planes de ayuda.”
La precarización también es visible en estos tiempos, ya que los trabajadores freelance o “colaboradores” son los que están en peores condiciones. “Por las características de su trabajo no tienen ningún tipo de seguridad social y son los primeros que se ven perjudicados ante cualquier crisis y ajuste”, sostiene Lecchi. Desde SiPreBA estiman que un 20% de las notas publicadas en los grandes medios son realizadas por estos trabajadores, por lo que exigen medidas concretas en el marco de la pandemia -como la eximición de impuestos al monotributo- y otras más generales, como el reconocimiento de un tarifario que estandarice un valor mínimo por nota.
Despedidos y en cuarentena
El 30 de marzo, la empresa Publiexpress -editora de Pronto, entre otras publicaciones- se comunicó con la Comisión Interna Gremial de la revista para informarles a los trabajadores que no volvería a abrir sus puertas. Ningún telegrama había llegado, pero casi cien empleados se habían quedado sin trabajo. “A partir de ese momento empezamos algunas medidas de fuerza porque solo la última semana de marzo la revista no salió a la calle”, explica Mariano Caruso, trabajador y ex delegado de Publiexpress. “Queríamos cobrar nuestro salario de marzo e iniciamos distintas medidas, por lo que la empresa terminó cediendo y pagando, pero siguen en su política de cierre.”
Los dueños de la empresa, Eduardo Lerner y Abel Nahon, alegan problemas económicos a pesar de no haber realizado ninguno de los procedimientos previos al cierre; y, según un comunicado de SiPreBA, haber ganado recientemente una licitación del Ministerio de Educación de casi 24 millones de pesos para imprimir cuadernillos educativos sobre el Covid-19.
“Es un cierre fraudulento, lo que quieren hacer es sacarse a los trabajadores de encima y, cuando pase la pandemia, volver a abrir con personal tercerizado”, sostiene Caruso, también integrante de la Comisión Directiva de SiPreBA. Y continúa: “Es una política que ya viene haciendo la empresa hace unos años con otras revistas: despedía y tomaba personal tercerizado para que no estuviera en convenio, y de esa manera bajaba los costos y seguía con las publicaciones.”
Según el delegado gremial, “la empresa quiso aprovechar la medida de Techint: tratar de despedir por causa de fuerza mayor, pagando el 50% de las indemnizaciones sin haber hecho concurso preventivo de crisis ni haber presentado ningún papel.” Todo esto, ignorando el DNU 329/2020 que suspendió los despidos por 60 días, y sin acatar la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, los telegramas siguen llegando -debido a las demoras en el correo-, y los trabajadores continúan luchando como pueden, desde sus casas. “Queremos que se respete la conciliación obligatoria, que nos devuelvan nuestros trabajos y que se nos pague el salario de abril y volver a trabajar normalmente cuando esto pase.”
A cuentagotas
La situación que atraviesan los trabajadores de Diario Popular no es mejor: el 1° de abril finalmente cobraron la última de las cinco cuotas en las que se pagó el sueldo de febrero, y la empresa, Manpress S.A., volvió a anunciar que continuarán con esta modalidad de pagos que ya funciona desde hace seis meses. Lo único asegurado fue una suma de cinco mil pesos para la primera quincena de abril.
Frente a esta situación, los trabajadores del diario se encuentran realizando un paro en busca de algún canal de diálogo con las autoridades. Sumada a la irregularidad de pagos, denuncian también que no se pagan los aportes patronales que corresponden, a la vez que se incumplen con las medidas de seguridad e higiene necesarias para continuar las actividades.
“Nuestros pedidos siguen siendo cobrar el sueldo en tiempo y forma, ni más ni menos. Poder cobrar y organizar nuestra vida de acuerdo al trabajo que realizamos mes a mes”, explica Juan Manuel Lazzarino, delegado de prensa de Diario Popular. Sin embargo, la respuesta de Francisco Fascetto, dueño de la empresa, fue no pagarle los cinco mil pesos a aquellos que hubiesen adherido a la medida de fuerza.
“Esto no tiene que ver directamente con el contexto de la pandemia, nos viene pasando desde mediados del 2018, cuando comienzan las primeras deudas de la empresa para con nosotros, recortes salariales, quita de ítems. Nuestro caso viene desde hace rato”, puntualiza Lazzarino. Desde la empresa argumentan que la caída de la pauta oficial durante el gobierno de Mauricio Macri perjudicó en demasía a las finanzas del diario. Pero la postura de los trabajadores que quieren cobrar por las actividades que realizan, como corresponde, se sintetiza en las palabras de su delegado de prensa: “Si nosotros nunca fuimos socios en la ganancia, no veo por qué socializar la pérdida.”
La deuda es con los trabajadores
Como explica Matías Cardone, delegado de Perfil, la situación salarial en la empresa de Jorge Fontevecchia “no es muy diferente de la que vive el resto del gremio en lo que se trata de prensa escrita”.
Los trabajadores freelance de la editorial se ven más perjudicados aún: Perfil les difiere los pagos y en su mayoría están atrasados entre cinco y seis meses. “Hay productos de la editorial que se hacen en más de un 50% con freelance, lo que genera una precarización que vuelve al trabajo insostenible,” sostiene Cardone. “La pandemia lo único que hizo fue agudizar el problema para los compañeres colaboradores que necesitan más que nunca percibir sus salarios.”
La empresa alega -como tantas otras- problemas económicos y responsabiliza a la crisis del coronavirus, manteniendo en la incertidumbre a sus trabajadores. Sin embargo, Cardone hace hincapié en que “están recibiendo pauta oficial, la web de Perfil tiene record de visitas y la empresa sigue facturando, por ejemplo, con la impresión de cuadernillos para el Ministerio de Educación”. Por otra parte, en los últimos cuatro años Perfil se expandió con una radio y una canal de televisión nuevos.
Hasta el momento de la cuarentena, los trabajadores de prensa realizaron asambleas y distintas medidas gremiales. Hoy, desde el aislamiento, tienen que limitarse a otras acciones. Pero el reclamo es el mismo: “Le pedimos a la empresa que pague la deuda a los freelance y, a su vez, que dé un aumento de emergencia ya que tenemos la negociación paritaria vencida desde noviembre”, sostiene Cardone, en representación de sus compañeros. Y agrega, como si no fuera suficiente: “A su vez Perfil tiene una deuda con nosotros que data de mayo 2019 y que aún no canceló por la que también estamos reclamando.”
Abr 1, 2020 | Comunidad, Novedades
En las últimas dos semanas se duplicaron los casos de dengue.
Los números dicen suficiente: 1833 casos confirmados en lo que va del año, tan sólo en la Ciudad de Buenos Aires. De esa cantidad, 1576 sin antecedentes de viaje. En las últimas dos semanas se duplicaron los casos y la transmisión ya es principalmente autóctona, lo que da motivos para preocuparse. ¿Coronavirus? No, dengue.
Mientras la agenda mediática se ve saturada por alertas e información minuto a minuto de lo que sucede con el avance de la pandemia en el país, en lo que pareciera ser un segundo plano de la realidad, esta enfermedad de carácter regional se continúa transmitiendo sin que se hable demasiado de ello.
Nora Burroni, bióloga especialista en mosquitos e integrante del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, considera más riesgoso el dengue que el Covid-19 en las circunstancias actuales: “Una de las razones es que el serotipo que está circulando mayormente es el DEN-4, y la grandes epidemias de 2016 y de 2009 eran con DEN-1 Y DEN-2. La doble infección -es decir, anteriormente con DEN-1 o 2 y en este momento con DEN-4- puede dar más casos de dengue grave, los cuales pueden causar muertes.” Según el Boletín Epidemiológico Semanal (BES) que elabora la Gerencia Operativa de Epidemiología (dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires), el 55% de los casos confirmados fueron portadores del DEN-1, mientras que el 42% dio positivo para DEN-4, siendo estos dos serotipos los de circulación actual en CABA.
Otra razón de preocupación para la bióloga, también investigadora del CONICET, es que “este año se observó un aumento importante de la población del mosquito aedes aegypti”. “Estamos cursando la peor epidemia de dengue en las Américas. Eso es preocupante ya que aún hay bastantes días para que siga el dengue propagándose: marzo y abril suelen ser los picos de casos de este tipo de enfermedades.”
Así también lo informa el BES correspondiente a la semana del 27 de marzo. En el documento se deja constancia de estar transitando el período de alto riesgo -que va de marzo a junio-, en el que se advierte “presencia del vector con existencia de casos confirmados de dengue, fiebre chikungunya, fiebre zika o fiebre amarilla (con circulación viral regional confirmada)”. Es decir, con casos autóctonos que no presentan antecedentes de viaje a zonas de contagio.
Flores, Barracas y Villa lugano concentran el 53 por ciento de los casos porteños.
Las comunas más afectadas son la 7 -Flores y Parque Chacabuco-, la 8 -Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo- y la 4 -La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya. Y sólo tres barrios concentran el 53% de los casos: Flores (21%), Barracas (16%) y Villa Lugano (16%). Esto también demuestra que, si bien el dengue dista de ser una enfermedad que distinga clases sociales, es un dato objetivo que los barrios más carenciados -ubicados en el sur de la ciudad- son los más afectados debido a las condiciones de infraestructura y de provisión de agua que facilita la reproducción del mosquito.
Según Luana De Borba, investigadora del Grupo de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir, el aumento de casos sospechosos en relación con el mismo período en años anteriores se debe a “la introducción de un nuevo serotipo al país, al cual la población no tiene inmunidad previa.” Esta situación no sólo es riesgosa para la salud personal de los ciudadanos, sino también para la pública: “La presencia del vector en comunidades altamente densas y la circulación del virus hace que el riesgo de salud pública sea muy importante y pueda significar una alta carga a los sistemas de salud pública, pudiendo evitarse con el simple control del vector, un mosquito”, explica la investigadora.
Según el Ministerio de Salud de la Ciudad, actualmente está en marcha un Plan Operativo de Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Mosquitos Aedes aegypti (ETMAa), a partir del cual realizan distintas medidas, como capacitaciones, “descacharreos” organizados, principalmente en las comunas más afectadas, y protocolos vigentes y activos en todos los hospitales y centros de salud. Sin embargo, y como sostiene De Borba, “dada la cantidad de casos registrados en 2020 hasta ahora, parecería que las medidas no están siendo lo suficientemente eficaces como para combatir la enfermedad y requieren de una estrategia más acentuada en la concientización de la población en riesgo”.
A nivel nacional, también se llevan a cabo distintos planes de control y monitoreo que se dan a conocer al público a través del Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, es posible que haya un nivel de subnotificación de los casos oficiales debido a la escasez de kits de diagnóstico en determinadas regiones del país y a que muchas personas no acuden al médico frente a síntomas leves de la enfermedad. Mientras tanto, el número de casos en el país asciende a 2.942 infectados -con circulación viral en 15 provincias-, y ya son 6 los fallecidos por falla multiorgánica debido a dengue positivo.
En todo el país fallecieron seis personas por fallas multiorgánicas tras ser picados por el mosquito del dengue.
Mosquitos y paradigma químico
Los tiempos que corren de coronavirus y aislamiento social preventivo y obligatorio, tampoco son de gran ayuda. Debido a la cuarentena, los monitoreos con sensores de presencia del mosquito y las acciones de control y divulgación se detuvieron para enfrentar una crisis que parece más acuciante debido a la alta tasa de contagio del Covid-19. Además, las casas no sólo se convierten en el espacio único de las familias, sino que también en sitios ideales de contagio y transmisión por parte de los mosquitos. Esto se debe a que los seres humanos están rodeado de potenciales criaderos para estos insectos: y no son los charcos, lagunas ni ningún tipo de espejo de agua, sino floreros, recipientes y neumáticos, entre otros objetos. Ya que el aedes aegypti es un mosquito doméstico, por lo que cumple todos los requerimientos de reproducción en zonas urbanas y viviendas, específicamente.
Sin embargo, el aislamiento también es una buena oportunidad para hacer limpieza. “El dengue se detiene controlando la población de mosquitos, lo cual es muy fácil si uno piensa que son tachos y estructuras en las viviendas que pueden acumular agua”, explica Burroni. “Hay que eliminarlos en estados inmaduros y descacharrar y limpiar los recipientes que no se tiran en el invierno, si todos los ciudadanos lo hacen a conciencia, la población de este mosquito baja al año siguiente. Y obviamente hay que mantenerlo bajo.”
No obstante, para Nicolás Schweigmann, doctor en Ciencias Biológicas y jefe de investigación del Grupo de Estudios de Mosquitos (GEM), las acciones y medidas que se toman no son suficientes: “Lo histórico es hablar de dengue y el descacharrado cuando la transmisión es inminente o ya se inició. Lo histórico es responsabilizar al ciudadano cuando el Estado tiene responsabilidad en que no existan criaderos en las cementerios, escuelas, edificios públicos y hospitales (donde hay criaderos actualmente) y cubiertas de vehículos en las aceras de gomerías, cementerios de chatarra en zonas urbanas, etcétera. Hay que trabajar en prevención durante el invierno.”
Esta insuficiencia de las medidas se debe, según el especialista, a que la sociedad está atrapada en el paradigma químico que entiende la fumigación -con insecticidas y repelentes de capacidad sobreestimada- como única forma de eliminación del mosquito, cuando está comprobado que éste “se instala en nuestras viviendas porque le damos la oportunidad de proliferar en los recipientes que contienen agua. Controlar solo una de las siete etapas del ciclo de vida del mosquito no te protege en forma definitiva”, sostiene Schweigmann: “El mosquito responde favorablemente al paradigma químico, está preparado para morir ya que de 330 huevos, con que sobrevivan sólo dos y sean exitosos, esto permite que la población mantenga sus números. Hay que actuar sobre los criaderos, pero no se le explica a la población ni se le enseña como luce una larva.” Para el biólogo, faltan educación, calidad de la información -los medios desinforman y subestiman la epidemia- ; y, principalmente, mejores acciones de prevención por parte de las autoridades.
Mar 25, 2020 | Novedades, Vidas políticas
«Veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba.
Y finalmente llegó. La cuarentena obligatoria comenzó el viernes 20, apenas pocas horas después de que así lo anunciara Alberto Fernández en conferencia de prensa. A nadie lo tomó desprevenido: era algo que ya se hablaba desde el inicio de la semana con la suspensión de clases, las licencias extraordinarias y el aislamiento social voluntario.
El gobierno actuó rápido, en carácter de prevención y contención. No sólo en el tema sanitario y lo que respecta específicamente al coronavirus, sino también sobre las consecuencias económicas que traen aparejadas tales medidas. Porque, así como la llegada de la pandemia no se hizo esperar, el impacto económico tampoco lo hará.
El COVID-19 ya hundió las bolsas y contrajo las principales economías del mundo, al punto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió un Plan Marshall para afrontar la crisis, ya que el crecimiento económico global de este año podría ser incluso menor al 1,5%- reduciéndose más de la mitad respecto del 2019. Y las medidas de aislamiento y de cierre de fronteras contribuye en gran medida a la caída de la producción, el consumo y el desarrollo.
En Argentina, donde apenas se estaban comenzando a ver los resultados de nuevas políticas económicas y de la reactivación del consumo, el panorama podría ser incluso peor. “Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que veníamos en recesión en los últimos dos años, o sea que veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba, economista de la Universidad Nacional de Moreno. “Y cuando empezaste a intentar salir de la recesión o, por lo menos, no seguir cayendo, vuelve a estallar esta crisis que te impide la circulación: si no hay ventas, no hay producción y hay desempleo.”
«Para comparar, hay que encontrar, como decía Merkel,situaciones como la crisis del ‘30 o una guerra», opina Robba.
Mucho se habló del impacto en la macroeconomía -algo muy importante. Pero la historia lejana y reciente muestra que, siempre, el mayor impacto lo sienten las personas. La recomendación de quedarse en las casas afectó directamente a todos los trabajadores, en particular a algunos sectores productivos, a los pequeños comercios y a aquellos que viven del día a día: monotributistas, autónomos y cuentapropistas.
“El aislamiento social tiene un impacto significativo sobre todas las actividades vinculadas con el esparcimiento como así también al comercio de bienes considerados no esenciales en la emergencia sanitaria”, sostiene Agustina Gallardo, economista de la Consultora Contexto. Según ella, “la disposición del aislamiento obligatorio -que prohíbe directamente la circulación- profundiza la situación y amplía el alcance a algunos otros rubros que podían funcionar hasta entonces”.
Sin embargo, por más que los economistas coinciden en que se deteriorará el flujo de las empresas y comercios -empeorado por las obligaciones de pagos que continúan en pie, como salarios, tarifas, impuestos, etc.-; también coinciden que es imposible acertar un pronóstico determinado debido a la situación “inédita y excepcional” que atraviesa el mundo y el país. “Esta situación de aislamiento nunca pasó, entonces es muy difícil saber qué va a ocurrir. Tenés que encontrar, como decía Angela Merkel, situaciones de crisis realmente fuertes como pudo haber sido la crisis del ‘30 o una guerra, en el sentido del aislamiento”, opina Robba.
“No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia», dice Putero.
Por esto mismo, el gobierno de Alberto Fernández no tardó en anunciar acciones económicas puntuales para sostener la microeconomía de los hogares. Dentro de la batería de medidas, se destacan la eximición del pago de contribuciones patronales para los sectores afectados; un bono único de 3100 pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de 3000 pesos para jubilados que perciben el haber mínimo; la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para proteger los puestos de trabajo; y el establecimiento de precios máximos durante 30 días (prorrogables) para insumos básicos. Otras medidas para garantizar la producción y el abastecimiento también fueron anunciadas.
Según Robba, “las medidas que tomó el gobierno van todas en el sentido correcto”. “Son medidas de una profundidad muy fuerte en términos de ingresos para la población y de gasto/inversión pública, cercano al 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Hace mucho que no existe en la Argentina un paquete de medidas de ayuda y de colaboración, tanto para los ingresos de la gente -los bonos o algún tipo de ayuda para pagar sueldos-, como en términos de creación de la oferta, como por ejemplo la inversión en obra pública y los 350 mil millones de pesos destinados al financiamiento productivo”, explica el economista.
“Las medidas económicas demuestran que el gobierno tiene registro de la difícil situación que atraviesan los distintos sectores, e intenta hallar un complejo equilibrio entre frenar la actividad lo suficiente como para contener la circulación del virus, y evitar efectos demasiado graves sobre la economía”, sostiene Gallardo.
Lorena Putero, investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) y especialista en economía social, también considera acertadas las medidas: “No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia. Se habló también de que se debe fortalecer el rol del pequeño comercio. Ahí hay más por hacer, hay que insistir con salir de las grandes cadenas y proveedores e ir a cooperativas y emprendedores, que son los más golpeados por esta situación.También hay que estar atentos a que no se dé el desabastecimiento ni que haya concentración de la producción”, agrega.
Pero más allá de la importancia de las medidas anunciadas por el gobierno, muchos estuvieron descontentos con que ninguna de ellas abarcara a los monotributistas, autónomos y trabajadores informales, los sectores que pierden todos o gran parte de sus ingresos frente a la interrupción de sus tareas. Sin embargo, y aunque se hiciera esperar, la respuesta llegó el lunes para estos sectores: el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, una suma fija de diez mil pesos por única vez durante el mes de abril (pero con posibilidad de repetirse si las circunstancias así lo ameritan) para monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales. Esta medida alcanza a 3.600.000 personas y viene a complementar la primera batería de anuncios económicos.
Otro punto que causó malestar respecto del aislamiento social fue en el impacto que tiene sobre quienes realizan tareas de cuidado no remunerado en el hogar. “Puso sobre la mesa la importancia de las tareas de cuidado que son realizadas en un 75% por las mujeres, según el INDEC. Justamente la fase inicial del aislamiento, en la que se suspendieron las clases pero aún no había licencia para todos los sectores trabajadores, hizo muy explícitas las dificultades que enfrentan los distintos diseños familiares para encarar estas tareas. Y de un modo similar pasó con el cuidado de adultos/as mayores, personas enfermas y con discapacidad”, explica Gallardo.
“Posiblemente esta pandemia deje un importante saldo negativo para la sociedad en muchos aspectos, pero en este plano creo que va a permitir visibilizar la importancia de las tareas de cuidado y allanará el camino para que estas sean reconocidas por la política pública”, agrega la economista, viendo un lado positivo de esta situación de incertidumbre.
No todo está dicho y todavía queda mucho por verse en este panorama inédito en todos los niveles. Se abren muchos caminos, no solo en lo que respecta políticas que tengan en cuenta sectores históricamente olvidados, sino incluso respecto del sistema global: como expresa Putero, “se abre un debate de qué modelo económico deseamos, si nos sirve estar centrados en el lucro y no poder satisfacer las necesidades de nuestra población.”
