Jun 28, 2016 | inicio
La mirada de Wenceslao Costa Díaz es chispeante y curiosa. Tiene barba, es casado y padre de dos hijos, pero cuando muestra sus dientes blancos su sonrisa se confunde con la de sus alumnos de sexto grado. No hace tanto estaba sentado en un pupitre de su colegio primario tratando de entender matemática, disgustado con la forma en que le enseñaban, soñando un espacio en donde alguien le ayudara a comprender de qué se trataban los números y de no sentir que lo estaban dejando afuera. En 2011 -con apenas 24 años- creó, junto a un grupo de colegas, el colectivo docente Matepública, cuyo objetivo principal es mejorar la relación de los alumnos de escuela primaria con las matemáticas, haciendo foco en el aspecto didáctico.
«Somos un grupo de docentes que invitamos a jugar con los números a pequeños matemáticos y matemáticas. Sumamos nuestras ganas de enseñar para elevar al infinito y más allá la calidad de la Escuela Pública», afirman en el encabezado del blog del colectivo. Llevan a cabo su militancia por medio de varias acciones: desde talleres extracurriculares que funcionan como refuerzo de la materia hasta encuentros de desafíos matemáticos al aire libre, dos o tres veces por año, en la que confluyen niños y docentes de distintos distritos porteños. En cada una de las actividades lo que prima es la adhesión a una pedagogía que implica enseñar partiendo del conocimiento que aportan los propios chicos.
El colectivo docente Matepública tiene como objetivo principal mejorar la relación de los alumnos de escuela primaria con las matemáticas, haciendo foco en el aspecto didáctico.
«No queremos que la enseñanza sea una bajada de línea. Las tablas ya no se enseñan de memoria. Por ejemplo, proponemos que los chicos aprendan a dividir con restas sucesivas para que entiendan el proceso y descubran por ellos mismos su funcionamiento», explica Wenceslao sentado en un café a dos cuadras de la Escuela N° 17 “Blas Parera”, de Palermo, en la que da clase desde hace cinco años. Junto con su compañera Marta García, aprovechan la hora del almuerzo para dar clases a los chicos y amigarlos con los números. «Si veo que a un estudiante no le está yendo muy bien, lo convoco al taller de una hora al mediodía. La idea es recomponer esa pelea que se tiene con la matemática. Llega un punto en que si te va mal, hasta los mismos compañeros te ponen en un lugar de ‘no saber’. En el taller recuperan la confianza y vuelven a participar en clase», agrega el docente.
Quienes forman parte de Matepública no cobran horas extra, y muchas veces ponen de su bolsillo para conseguir los materiales que se necesitan tanto en los talleres como en los festivales que realizan al aire libre. En esos casos recaudan algo de dinero a través del buffet, que lo atienden los propios padres, agradecidos con el trabajo que el colectivo docente hace con sus hijos. Los familiares también son invitados a asistir a los talleres y festivales para aprender mejores formas de explicar la materia en casa.
«La matemática te enseña a percibir la belleza del mundo. Yo no era muy bueno, y trato de que Teo me supere», cuenta Gerardo Mirkin, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Está orgulloso de que su hijo haya pasado a la siguiente ronda de las Olimpíadas Matemáticas Ñandú (OMÑA), con tres problemas resueltos sobre tres.
Otro de los objetivos de Matepública es preparar a los alumnos para que formen parte del certamen y mejoren su desempeño año a año. En 2015, once estudiantes que van a los talleres extracurriculares pudieron llegar a la instancia final, con sede en Mar del Plata. «Para muchos ir a la costa es el incentivo. Además de llegar a la final, muchos ven el mar por primera vez. De todas maneras, siempre hablamos con la familia para pedirles que no les pongan presión a los chicos, la idea no es que ganen sino que se superen a ellos mismos», aclara Wenceslao.
Quienes forman parte de Matepública no cobran horas extra, y muchas veces ponen de su bolsillo para conseguir los materiales que se necesitan.
En cada instancia, los docentes les recuerdan a los chicos que lleven puesto su guardapolvo. «Sueño con que cada vez haya más guardapolvos blancos en las rondas», comenta Wenceslao, quien además de enseñar matemáticas trata de transmitirle a sus estudiantes la importancia del acceso gratuito e irrestricto a la educación.
El último festival de Matepública se realizó el pasado sábado 25 de junio en Plaza Mafalda -Concepción Arenal y Conde-, en Colegiales. «Elegimos esta plaza porque es de las pocas que no está enrejada», explica Wenceslao desde el micrófono. Al encuentro asistieron más de cincuenta niños en edad escolar junto con sus familiares y amigos. A medida que van llegando, los organizadores los dividen en grupos y les dan un formulario para que anoten los puntos que sacan en cada desafío que implica sumar, restar, dividir y multiplicar mientras se salta a la soga, se juega al tiro al blanco, al bowling y a los dados. No hay ganadores. Luego del cierre se reparten regalos iguales para todos los participantes.
Por ahora son tres las escuelas en las que se han podido instalar los talleres extracurriculares –la 13, la 17 y la 30 del Distrito 9-, que a su vez dependen de la buena voluntad de los directores que permiten que se realice la actividad, ya que no forma parte del diseño curricular de las escuelas. Algunos directivos son reticentes a dar lugar a las clases que los docentes proponen dar en forma ad-honorem, e incluso se niegan a repartir los volantes del festival en los cuadernos de comunicaciones. Santiago Foucault, docente de Matemática de la Escuela Nº 15 del tercer distrito, confirmó a ANCCOM durante el festival que los talleres comenzarán a darse en su escuela en el próximo semestre.
El último festival de Matepública se realizó el pasado sábado 25 de junio en Plaza Mafalda -Concepción Arenal y Conde-, en Colegiales.
«¿Podés saltar la soga con esos tacos?», le pregunta bromeando Nicolás, uno de los maestros -de guardapolvo blanco-, a una de las participantes del juego. El docente da clase en la Escuela N° 13 Teodoro Roosevelt, que queda justo frente a la plaza. Le resulta difícil implementar la idea de los talleres extracurriculares como los que se dan en la 17 porque en su colegio hay jornada simple. «Es complicado sostener el proyecto porque también depende de la buena voluntad de los profesores, que no siempre pueden quedarse más horas», agrega el docente, quien sostiene que una de las mayores dificultades que enfrentan los maestros es la cantidad de alumnos por clase: veinticinco o treinta.
Los organizadores del encuentro en Plaza Mafalda son entre quince o veinte docentes que se acercan convocados por el colectivo. Entre todos se encargan de la infraestructura: la construcción y despliegue de los juegos –la mayoría están hechos a mano-, la música, los carteles, los regalos, el micrófono. Mientras los chicos van corriendo de desafío en desafío, algunos familiares conversan sentados en los bancos, otros tiran una manta sobre el césped y toman mate.
A medida que van llegando, los organizadores los dividen en grupos y les dan un formulario para que anoten los puntos que sacan en cada desafío.
Matepública es una iniciativa que responde a -y a la vez denuncia- la ausencia del gobierno porteño en materia educativa. Sobre una tela que cuelga en los alrededores de la plaza dice, en letras grandes, mayúsculas, y pintadas con témperas de colores: “Escuela pública de pie”. Se exhiben, también, varios carteles que revelan algunas de las políticas educativas llevadas adelante por el macrismo durante los últimos nueve años: “El porcentaje del presupuesto destinado a Educación pasó del 27,4 por ciento al 22,1 por ciento”, “se presupuestó la construcción de una sola escuela para el presente año”, “reducción de cursos y postítulos de formación docente”, “salarios docentes que implican pagos en negro y en cuotas, que no contemplan el porcentaje inflacionario real y que continúan achatando la escala salarial”, “las inversiones destinadas a infraestructura y mantenimiento pasaron de un 9,71% en el año 2008 a un 3,63 por ciento en el año 2016”.
A modo de cierre, Wenceslao les pide a los familiares que se reúnan con los niños para pensar qué tipo de escuela pública les gustaría tener. Quince minutos después, cada chico tomará el micrófono para compartir sus deseos: “Que aunque no tengan plata, los chicos puedan saber”, “que todas las escuelas sean públicas”, “que todos tengan los mismos derechos”, “que vayan todos los chicos”, “una escuela pública justa y linda”, “que la comida sea rica” –pidieron más de una vez-, “mejores computadoras”, “más respeto y amor”, “que haya pileta”, “buenos maestros”, “almohadones”, “que haya clases”, “que siga siendo gratis”, “que haya doctores”, “que esté limpia e iluminada”. Y entre todos los pedidos, estuvo también el reconocimiento para algunos de los maestros que llevan adelante el colectivo Matepública: “Que haya profesores buenos como la seño Paula”, “que haya más maestros como Wences y Carla”.
Los organizadores del encuentro en Plaza Mafalda son entre quince o veinte docentes que se acercan convocados por el colectivo.
Actualizada 28/06/2016
Jun 14, 2016 | inicio
Cuatro testigos se presentaron a declarar el lunes 13 de junio en el marco de la séptima audiencia del juicio por el secuestro y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit el 6 de octubre de 1978. En la causa están imputados Omar Rubens Graffigna -Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea-, Luis Trillo –a cargo del centro clandestino de detención en el que estuvo secuestrada la pareja- y Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja. La querella está conformada por Rosa Tarlovsky y su nieto Guillermo Pérez Roisinblit unificados en Abuelas de Plaza de Mayo; Mariana Eva Pérez; la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.
Desde las nueve y media de la mañana se encontraba montado el sistema de videoconferencia con el Consulado de Barcelona, donde reside Edith Clutet. Ella estuvo presente la noche en la que la hija mayor de la pareja, Mariana Eva Pérez, fue devuelta a su familia luego de haber sido secuestrada junto a su madre. «Yo tenía once años pero recuerdo perfectamente lo que ocurrió esa noche, me quedó grabado a fuego -expresó la testigo-. A mí no me dejaron salir de la casa pero escuché desde adentro que Patricia gritaba que pidiéramos un abogado». La declaración de la testigo fue breve ya que el intercambio con los militares en el porche de la propiedad ya había sido relatado por su primo, Marcelo Moreyra, en la tercera audiencia del juicio. Él fue el único familiar que los vio con vida esa noche.
Archivo ANCCOM. Rosa Roisinblit en una de audiencias del juicio. 4 de mayo de 2016
«Que pase Teresa Izaguirre», ordenó Alfredo Ruiz Paz, presidente del Tribunal, una vez finalizada la declaración de Clutet. Izaguirre se desempeñaba como empleada en el local de cotillón de José Manuel el día en que tanto él como Gabriel Perneau –otro empleado- fueron secuestrados por personal vestido de civil y nunca más fueron vistos con vida. La testigo parecía incómoda en el estrado. No se quitó el sobretodo y se mantuvo aferrada a su bolso colgado al hombro. Su testimonio resultó confuso, quizás debido a su avanzada edad. Luego de su declaración, no quedaron claras las fechas ni las horas en las que acontecieron los hechos el día del secuestro de José Manuel, tampoco se pudo saber en qué momento ella y su marido -ya fallecido- le devolvieron las llaves del local al padre de él. Mencionó haber sido llevada a una comisaría pero no recuerda con exactitud cuándo ocurrió, y asegura que solo la retuvieron ahí un rato sin declarar y luego la dejaron ir sin firmar ningún documento. También hizo referencia a visitas en su casa de ‘abogados de los militares’. «Pasaron muchos años, señores», se quejó ante las repreguntas y agregó: «El día que se los llevaron yo pensé ‘si se los llevan así, es por algo’, pero conmigo eran personas excelentes».
La tercera testigo fue Esperanza Cabrera. Entre 1987 y 1989, había sido empleadora de Teodora Jofré, apropiadora de Guillermo Pérez Roisinblit, el hijo menor de Patricia y José Manuel que fue encontrado en el 2000. Jofré en principio había sido citada para declarar el lunes pero la defensa de Gómez finalmente desistió de su testimonio.
Archivo ANCCOM. Guillermo Pérez Roisinblit y su hermana Mariana Eva Pérez en una de las audiencias. 30 de mayo de 2016
Cabrera recordó que en 1987 necesitaba contratar a alguien para que trabajara con cama en su casa y le recomendaron un lugar de madres solteras con hijos. «Así vino Dora -Teodora- con Guillermo, quien era su hijo en ese momento. Me dijo que su marido era muy violento», afirmó y dijo que desconocía detalles acerca de si la violencia era física o psicológica. «¿Se parece al papá?», le preguntó Cabrera a Jofré en ese entonces, al dar cuenta de las diferencias en los rasgos genéticos entre ella y Guillermo. «Me dijo que su marido había trabajado en el Hospital Naval y que el chico era hijo de una mujer que había fallecido allí. No me hizo comentarios sobre la muerte de la madre. Dora era una mujer de pocas palabras, no me dijo nada más, y en ese entonces yo no tenía registro de las cosas que habían sucedido en el país», relató. Realizó la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo diez años más tarde, luego de ver a Estela de Carlotto en un programa de televisión: «Dijo que estaba buscando a su nieto Guido, y ahí pensé que quizás Guido era Guillermo. ¿Por qué no podría ser? No pude dormir esa noche». Cuando ella finalmente llamó a Abuelas, le contaron que un día antes se había dado con el paradero de Guillermo, hermano de Mariana. «Dos días después ella me llamó, quería saber cómo había sido su hermano de chico. La invité a mi casa a tomar café pero el encuentro nunca se concretó, ella se estaba por ir a Alemania», recordó la testigo. Luego de declarar, Cabrera permaneció entre el público junto con su pareja hasta el final de la audiencia para poder intercambiar unas palabras con Mariana, a quien no conocía personalmente.
El último testigo de la jornada fue Gonzalo Conte, el arquitecto que acompañó el trabajo de relevamiento en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) en su descubrimiento en 2004 y elaboró los planos que se utilizan en este juicio. Explicó las características de la propiedad y las fechas aproximadas en las que se habían realizado las reformas en la casa. Dató en el año 1977 la construcción de una pequeña pieza en donde se cree que estuvo secuestrada Patricia Roisinblit. Guillermo Miari, el defensor de los acusados Trillo y Graffigna, intentó demostrar que el trabajo de Conte para la ONG Memoria Abierta había interferido con su labor como arquitecto en la RIBA, y apuntó al hecho de que su asesoría no había sido rentada. «Esta presidencia convoca a Conte a la inspección ocular en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires para colaborar en cuestiones técnicas», expresó el juez Ruiz Paz, ante las quejas del defensor.
Archivo ANCCOM. Francisco Gómez, apropiador del hijo menor de la pareja, en la audiencia del 30 de mayo de 2016.
La inspección ocular se llevará a cabo al mediodía del lunes 27 de junio, y solo podrán estar presentes los querellantes Guillermo y Mariana, el arquitecto Conte y Carmen Ramallo y Víctor Calefa, que en este juicio declararon haber estado detenidos allí. No se permitirá el ingreso de público o prensa. La última audiencia de testigos antes de los alegatos será el día miércoles 29 de junio, en la que prestará declaración un oficial actual de la Fuerza Aérea.
Antes de que finalizara la audiencia, las defensas avisaron al Tribunal que sus clientes desean declarar, luego de haberse negado a hacerlo en primera instancia. No está confirmada aún la fecha en que tendrán lugar sus testimonios.
Actualizada 15/06/2016
Jun 1, 2016 | inicio
Para la sexta audiencia del juicio por la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, el juzgado en la calle Pueyrredón del centro de San Martín resulta casi un lugar familiar. En la pantalla gigante de la antesala se ven el escritorio y los asientos vacíos donde se sentarán los jueces que componen Tribunal: Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín. Parece que no hay mucha gente adentro, no hay riesgo de quedar varado en la sala de espera. Cuando declararon Mariana Pérez, Guillermo Pérez Roisinblit y su abuela Rosa Tarlovsky de Roisinblit, parte del público quedó afuera. La consigna es estricta: nadie puede estar de pie.
“Esa nenita que fue robada en octubre de 1978 hoy es una señora que está exigiendo justicia”, se oye decir a Adriana Taboada, de la comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, a sus alumnos de colegio secundario, que también forman parte del público. La señora es Mariana Eva Pérez, una de las querellantes en la causa. “Hay que decirle a los chicos que desgraciadamente los acusados tienen prisión domiciliaria”, susurra una señora rubia, de rulos, que se acercó a escuchar.
Hacia las diez de la mañana van llegando todos los actores: los representantes legales de las cuatro querellas, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires por un lado, los de Mariana Pérez por otro, y los de Guillermo Pérez Roisinblit, su abuela y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. “Ahí vienen esos impresentables, qué desastres que son”, se hace oír otra señora rubias cuando hacen su ingreso los abogados de la defensa.
“Vamos a dejar pasar a la autoridad principal del Tribunal”, bromea el fiscal Martín Niklison cuando ve acercarse a Rosa Roisinblit, de 96 años, caminando lentamente, ayudada por su bastón y acompañada de su nieto que la toma de los hombros con delicadeza. “Tendones, tendones. No me puedo mantener erguida porque se me están encogiendo los tendones, me dijo el médico”, le explica Rosa a una tía abuela de Mariana desde el otro lado del estrado.
“¿Cuál es Graffigna?”, pregunta siempre alguien cuando hacen su ingreso los acusados. “El más viejito”, le responde algún otro. Los imputados entran y se sientan en orden de edad y de jerarquía, acompañados de oficiales del Servicio de Penitenciaría Federal: Omar Rubens Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez. “Gracias por venir”, le dice Trillo a un señor que lo saluda de pie desde el público, en primera fila.
Desde la última audiencia el 16 de mayo, se llevaron a cabo otras tres: en la primera declararon personas que también estuvieron detenidas en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires –Enrique Borcel (desde Madrid), María del Carmen Ramallo, Víctor Calefa y Osvaldo López-; en la segunda los testigos fueron oficiales de las Fuerzas Aéreas que trabajaron allí –Juan Taboada, Julio Cesar Leston, Jorge Ángel Cóceres, René Omar Bustos, Carlos Omar Moizo y Andrés Luis Bruno- y en la tercera dieron su testimonio sobrevivientes de la ESMA que estuvieron con Patricia cuando fue trasladada a ese lugar para dar a luz a su hijo: Mirian Lewin, Amalia Larralde y Nilda Actis Goretta. En esta última audiencia, el lunes último, también se incluyeron extractos de declaraciones de Sara Solarz de Osatinsky en otras causas, en las que menciona haber conocido a Patricia antes de dar a luz: “Fue la última embarazada que yo vi”, se escuchó decir a Sara.
Las preguntas que se le hicieron a los testigos intentaban demostrar que en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), en Morón, además de realizarse tareas de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, se detenía ilegalmente a personas; que en esa casa funcionó un Centro Clandestino de Detención; que allí estuvieron secuestrados José Manuel y Patricia; que la Fuerza Aérea es responsable de la detención y desaparición de ambos; que Luis Trillo era quien estuvo a cargo de la Regional en el momento en que la pareja fue trasladada a ese lugar y que Francisco Gómez, el apropiador de Guillermo, además de ser personal de maestranza del lugar, tenía conocimiento de que ellos se encontraban detenidos allí y que su labor no se limitaba a tareas de cocina y mantenimiento.
El juez de instrucción de la causa dejó afuera la acusación acerca de las torturas que se infligían a José Manuel y Patricia mientras estuvieron secuestrados, pero las querellas tiene previsto pedir la ampliación del objeto procesal para volver a incluirla.
Otros detenidos
En las primeras dos audiencias las preguntas de la fiscalía y las querellas intentaron reconstruir la casa en donde funcionaba la RIBA: ¿Cuántas escaleras recuerda que había? ¿Cuántos escalones tenían? ¿De qué material estaban hechas? ¿Cómo era el piso del patio? ¿De qué material era el piso en el interior de la casa? ¿Qué tipo de mobiliario había? ¿Cuántos pisos tenía la construcción? Los testigos Borcel y Ramallo coincidieron en que “se podía oír un ferrocarril a lo lejos”, que probablemente proviniera de la estación de trenes de Morón. “Estoy seguro de que estuve en la RIBA porque recuerdo que cuando a la entrada de la cochera, mi auto, conducido por mis secuestradores, pegó un saltito, y corresponde con el lomito de burro que hay en la entrada para vehículos”, afirmó Borcel en videoconferencia desde el consulado en España. “Puedo saber que en la entrada el suelo era de adoquines, porque aunque estaba encapuchado podía mirar hacia abajo”, explicitó ante una pregunta de Javier Miari, abogado de Trillo y Graffigna, quien acto seguido preguntó:
-¿Cuántas casas con esas características cree que puede haber en esa zona de Morón?
-No a lugar, no conteste, indicó al testigo el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz.
“Cuando me trasladaron hasta la casa, yo tenía puesto mi abrigo como capucha, pero como era de lana pude ver a través las luces de los comercios de la zona céntrica de Morón, y sé que no fuimos muy lejos de ahí”, sostuvo la testigo Ramallo con voz temblorosa, cuando recordó cómo la secuestraron a ella, a su novio y también a su hermana y los llevaron a la RIBA. Su hermana nunca pudo hablar sobre lo que ocurrió mientras estuvo allí encerrada, y con Alcides, quien era su pareja en ese entonces, recién ahora se anima a conversar sobre lo sucedido, que terminó con la desaparición de su padre, Santos Hilario, asesinado en un enfrentamiento fraguado en Ituzaingó en 1977, mientras estaba secuestrado. Su hermana y ella tenían apenas 17 y 18 años.
Oficiales que trabajaban en la RIBA
En la segunda audiencia, declararon oficiales de las Fuerzas Armadas que trabajaban en la RIBA. A cada uno se le aclaró que “lo que declare en esta causa no puede ser usado en su contra en otro juicio”, ya que algunos de los testigos tienen causas pendientes en otros casos de lesa humanidad que están siendo investigados. A partir de sus dichos, se pudo verificar que el imputado Trillo estaba a cargo de la Regional mientras Patricia y José Manuel estuvieron detenidos. Taboada, que trabajaba como personal de inteligencia durante esa época, afirmó que su tarea consistía en “proveer análisis de inteligencia basándose en un libro de terroristas editado por las Fuerzas Aéreas”. “Realizábamos análisis del oponente. El oponente era Montoneros, el ERP, organizaciones de terroristas subversivos. Terrorista y subversivo para mí significa lo mismo”, afirmó durante su testimonio. Ante los murmullos del público, el juez debió amenazar con desalojar la sala.
Jorge Ángel Cóceres, el segundo testigo que se presentó en la audiencia de ese día, se reconoció en una de las fotografías tomadas en su casa y en la del apropiador Francisco Gómez en las que aparecía Guillermo de pequeño. En cuanto a las labores de Gómez, afirmó que cuando aclaró en su legajo que el agente “colaboraba más allá de sus tareas específicas” se refería a labores de mantenimiento, no de inteligencia. Tanto él como Taboada y Bustos afirmaron que el trabajo del apropiador del nieto recuperado se limitaba a cocinar y limpiar.
René Omar Bustos, el tercer testigo de la quinta audiencia, ingresó a la sala resoplando. Indicó que su tono prepotente en las respuestas a las preguntas de las querellas se debía a problemas auditivos. En cuanto a las funciones de Gómez, también afirmó que era cocinero y luego aseguró que “del portón para afuera cada uno hacía su vida particular”.
Sobrevivientes de la ESMA
La audiencia del lunes 30 tuvo como eje los recuerdos de las últimas personas que vieron con vida a Patricia. Nilda Actis Goretta, quien estuvo secuestrada desde junio de 1978 hasta febrero de 1979 en la ESMA, aseguró que la vio a Patricia embarazada, recostada en “una piecita pequeña sin ventilación en donde hacía un calor insoportable. Hablando con ella supe que su esposo estaba secuestrado, y que a veces lo subían a la habitación donde ella se encontraba y que él se veía muy torturado”. Ella fue la primera en declarar debido a que se encontraba muy nerviosa, según informó, al inicio de la audiencia Pablo Llonto, el abogado de Mariana Pérez. “Patricia me contó que la tenían atada a la pata de un escritorio y la amenazaban con que luego de parir le esperaba la tortura física. Tenía pánico de retornar, pero quería volver con su marido. Queríamos que se quedara en la ESMA porque tenía más posibilidades de sobrevivir, pero nos decían que no era posible, porque pertenecía a otra fuerza. Nosotros sabíamos que el traslado de regreso significaba la muerte”.
La siguiente testigo, Amalia María Larralde, estuvo secuestrada desde agosto de 1978 hasta septiembre de 1979 en la ESMA. La conocía a Patricia porque habían trabajado juntas en un dispensario en Zona Oeste años antes. Sentada frente al juez, mientras se pasaba un anillo de un dedo al otro, recordó el día del nacimiento de Guillermo: “Ella lloró mucho, estaba asustada y angustiada, y contenta. Quiso anotar al bebé pero no la dejaron. El médico la apuró para que la pudieran volver a trasladar. Tenía miedo de volver pero no quería estar lejos de su marido. Me contó que en donde estaba secuestrada, la habían sacado a tomar sol con los ojos vendados. Decía que estaba en una quinta en zona Oeste. No sabía cuál iba a ser su destino. La vi salir del sótano de la ESMA con su bebé y con su bolso”, relató. Cada tanto miraba de reojo a Mariana, quien la escuchaba con una pequeña sonrisa comprensiva, que ella le devolvía de tanto en tanto.
La última declaración presencial fue la de Miriam Lewin, compañera de militancia de José Manuel, cuyo seudónimo era Matías. “José Manuel y Patricia se hacían llamar Matías y Mariana”, afirmó en tono sólido. “Sospechábamos que era probable que a ella la mataran después del parto, por eso le insistimos que se quedara en la ESMA, pero ella no se quería quedar sin José. No la pude convencer de no volver. Después ya no la vi más”, dijo y al terminar la oración su voz se quebró ante la imagen de ese recuerdo.
Amalia y Nilda escucharon el relato de Miriam, acompañadas de las psicólogas del Centro Ulloa. Luego de declarar, las tres testigos, Mariana y el abogado Pablo Llonto fueron a desayunar al café de la esquina. Amalia se mostró algo angustiada por no haber recordado algunos nombres durante su declaración, los ojos le brillaban. “Es lógico que se te olviden algunas cosas, este juicio tendría que haberse hecho 40 años atrás”, la consoló Mariana.
El dibujo de Patricia y José Manuel, los padres de Guillermo Roisinblit Pérez, hecho por un compañero de militancia de ellos.
Un regalo para Guillermo
A la salida del juzgado, Guillermo se mostraba feliz. Llevaba consigo una bolsa con una lámina: se trataba de un dibujo de sus padres juntos y felices, apoyados sobre el capot de un Citroën amarillo. “No tengo ninguna foto de mis papás juntos, y Lito, que era compañero de militancia de ellos, me hizo este dibujo por el cual me siento muy agradecido”, expresó sonriente. El dibujante también se veía emocionado: “A mí Aníbal –por ese nombre conocía él a José Manuel- me llevaba en un Citroën amarillo hasta la unidad básica, donde yo colaboraba con mis dibujos que luego se imprimían. Para mí es un privilegio poder hacerle este regalo a Guillermo. Antes dibujaba para su papá, ahora dibujo para él”. Lito no fue secuestrado durante la dictadura: “Me fui justo a tiempo”, afirmó.
El lunes 13 de junio declararán Gonzalo Conte, Edith Clutet, Teresa Izaguirre, Noemí Cabrera y Teodora Jofré, la apropiadora de Guillermo. Para el 27 de junio está prevista una inspección ocular de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), donde continuarán los testimonios sin público presente, a pedido del juez Ruiz Paz. Los testigos que asistirán se confirmarán en la próxima audiencia.
Actualizada 1/06/2016
May 31, 2016 | inicio
Es martes a la tarde y en el Liceo N°4 Remedios de Escalada de San Martín alumnos y docentes se preparan para el acto patrio en conmemoración por el 25 de mayo. Un hombre de expresión severa en un sobretodo azul oscuro está dando indicaciones precisas al personal de limpieza. Su nombre es Diego Laplacette y es el rector de la escuela, en la que hace un mes desembarcó un proyecto de co-docentes en las aulas, conocido con el nombre Pexa, un programa impulsado desde el Ministro de Educación porteño en asociación con Enseñá por Argentina, una ONG en cuyo consejo asesor participan el ex ministro de Educación del gobierno de Fernando de la Rúa, el economista Juan Llach, y Gustavo Iaies, ex viceministro de esa cartera durante el gobierno de la Alianza y actual asesor de Sergio Massa.
«Para averiguar sobre el programa deberías hablar con Paula Nese, la asesora pedagógica de la escuela, decile que vas de parte mía, la encontrás en el segundo piso», indica Laplacette y prosigue con su tarea.
«No a las drogas», se lee en más de uno de los afiches confeccionados por alumnos que cuelgan en las paredes de los pasillos. «Sí al boleto estudiantil», reza uno de los graffiti en el patio a cielo abierto. En la oficina del segundo piso no está Paula Nese sino una compañera suya que aguarda la llegada del SAME para que atienda a un adolescente que se golpeó durante esa jornada. «El programa de las parejas pedagógicas está funcionando en la escuela actualmente, pero hubo problemas con eso, hay docentes que no los quieren y también hubo problemas con el gremio», comenta.
En total son cuatro las personas adentro de la oficina, en la que apenas caben el escritorio con tres sillas, y un gran armario de metal. Los otros dos son promotores del Gobierno de la Ciudad que acaban de llegar de la calle: su trabajo consiste en averiguar por qué algunos alumnos dejaron de asistir a clases y hacer que vuelvan a las aulas. «La idea es articular nuestro trabajo con el de los Pexa (miembros de la ONG Profesionales de Enseña por Argentina) para que los chicos no queden tan colgados cuando vuelven a las clases después de varias semanas sin asistir y puedan retomar el ritmo», aporta uno de ellos, entusiasmado. Minutos después llega Nese a pasos apurados, lleva consigo una notebook de Conectar Igualdad y varios papeles, está trabajando a contrarreloj para un proyecto de la escuela y le está resultando difícil encontrar un lugar donde poder concentrarse.
Formando líderes
«Postulá a nuestro programa de formación en liderazgo dando clases en las comunidades educativas que más lo necesitan y sé parte del cambio», invita el sitio de Enseñá por Argentina. «En nuestro país, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos están casi dos grados escolares por detrás de niveles socio-económicos altos», aseguran desde la web. Al pie de la página figuran los socios de la organización, casi todos ellos empresas privadas extranjeras: Microsoft, Nestlé, Ogilvy, Roche, DHL, Direct TV, HSB, Galicia, Supervielle, Deutsche Bank, Western Union, LAN, entre otros.
«Para postularte solo necesitás un título de grado», aseguran desde la ONG en conversación telefónica, «no hace falta que seas docente ni que hayas hecho las materias pedagógicas de la carrera. Durante el voluntariado necesitamos que trabajes full time, 30 horas por semana, y nosotros te becamos el profesorado en un instituto privado. Ahora, si vos preferís hacer las materias del profesorado en una universidad pública es válido también, lo podés hacer por tu cuenta».
En este momento, Pexa toma solicitudes para el ciclo lectivo 2017. La postulación se realiza por medio de un escueto formulario web, y luego comienza el proceso de “Reclutamiento y Selección”: entrevistas grupales, entrevistas individuales, un curso de ingreso y más tarde las prácticas dentro del aula.
¿Trabajo precario?
«El proyecto llegó a la escuela, el rector lo aceptó, y yo trabajo en la articulación. La realidad es que este año el Gobierno de la Ciudad quitó bastantes recursos, y nos ofreció este programa», explica Nese. «Los co-docentes trabajan en las aulas junto con los docentes, nunca están a solas frente a la clase. La responsabilidad civil la tiene el profesor, y en caso de que éste haya faltado, de ninguna manera el co-docente queda a cargo de la división». Durante la conversación con la asesora pedagógica, salen y entran de la oficina chicos de la escuela preguntando por las fechas de los exámenes de materias adeudadas. «De matemáticas no va a haber, no hay fondos para pagarles horas extra a los profesores que tienen que tomar», repite una y otra vez. «Como ves, hacen falta muchas cosas en la escuela, y para mí la ayuda siempre es bienvenida, venga de lo público o de lo privado», justifica.
Los Pexa dedican veinte horas de su carga horaria como pareja pedagógica y diez a la planificación de proyectos institucionales. Se estima que ganan entre cuatro y cinco mil pesos por mes, que se les paga con fondos del Ministerio de Educación porteño a través de la ONG. Juan Martinena, delegado gremial de Ademys en el Liceo Nº 4, considera que se trata de trabajo precarizado que va contra el estatuto docente. «Los co-docentes entraron al colegio por la ventana. Se comunicó como un hecho consumado que iban a empezar a venir en una reunión de profesores por cargo, no se decidió conjuntamente. Tengo entendido que ni siquiera se comunicó a los padres de los chicos esta decisión», comenta preocupado.
Para dar clase en escuelas públicas hay que pasar por un proceso que incluye la suma de puntajes, títulos, cursos, consulta de antecedentes, apto médico y psicológico. Los cargos disponibles se publicitan mediante acto público para asegurar un acceso democrático y transparente a las funciones. «Con el programa Enseña por Argentina se está precarizando la formación del que está dentro del aula, no se sabe con qué mecanismos se los selecciona, porque eso depende de los coordinadores de la ONG», sostiene Martirena. Resalta el hecho de que en Enseña por Argentina se fomenta la formación en institutos de enseñanza privada por medio de becas, en detrimento de los profesorados públicos.
Por el momento, muchos de los docentes del Liceo Nº 4 optaron por no dejar que los co-docentes ingresen a las aulas, ya que el programa es optativo. La objeción no es contra los individuos que se desempeñan en la ONG, sino contra la forma en que fue implementado, que implica una intromisión de lo privado en la educación pública.
La decisión que el programa se implemente en el establecimiento la tomó Eduardo Toscano, supervisor de la región. A pedido de los docentes, acudió a la escuela para dar detalles sobre el proyecto. «El supervisor no conocía el convenio por el cual la fundación entra a las escuelas públicas. Lo que yo entiendo es que se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirma Martirena.
«Se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirmó Martirena.
Profesionales que quedan afuera
En 2007, bajo el gobierno de Jorge Telerman, en la ciudad de Buenos Aires se creó la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social, dictada en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR), una institución educativa pública y gratuita. La carrera propone una formación integral de los educadores, teniendo en cuenta ámbitos educativos diversos, con eje en la visión de la educación como un derecho. Propone una actitud crítica y reflexiva ante la educación y la concepción del sujeto. Los egresados de esa carrera llevan años intentando lograr modificaciones o excepciones en el estatuto para poder acceder a cargos en escuelas públicas ya que cuentan con formación idónea para desempeñarse como asesores pedagógicos dentro del Estado, pero no han recibido respuestas del gobierno en todos estos años.
“En Enseña por Argentina trabajan con el (PISA) Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de exámenes estandarizados elaborados con los parámetros de países centrales, que desconocen los procesos de profunda desigualdad que dan lugar a la realidad educativa de nuestro país”, comenta una egresada de la institución que prefiere mantener su nombre bajo reserva, ya que trabaja en el Gobierno de la Ciudad. “La mejora de la educación –agrega- se tiene que realizar por medio de políticas públicas que atiendan las contradicciones de un Estado que legitima la desigualdad. Esta ONG, en su web, dice que está orientada a formar en el liderazgo; es decir, propone un horizonte educativo que tiene que ver con el mundo empresarial”.
Gabriela Pignataro, una estudiante de la carrera del ISTLyR, considera que la implementación de la ONG es una “pantalla de voluntariado que esconde un negocio”. Y agrega: “He visto avisos para trabajar en esta organización publicados en Zona Jobs como trabajo pago. Los cargos técnicos en las escuelas deben otorgarse a personas que estén formadas con una mirada en procesos educativos. Un título universitario no te garantiza una mirada pedagógica. ¿Cualquiera puede estar dentro de un aula?”.
Toma de posiciones
La implementación del programa de co-docentes en Capital Federal trascendió gracias a una denuncia de Ademys, pero lleva años siendo implementado en las provincias de Córdoba y Salta. No es la primera irregularidad en la injerencia de ONGs en la escuela pública: diez días atrás, la Justicia Porteña ordenó suspender el programa de evaluaciones de hábitos de niños, niñas y adolescentes que la Jefatura de Gabinete y la ONG ILSI (International Life Sciences Institute) realizaba en establecimientos porteños a través del programa Mi Escuela Saludable. La organización estaba sustentada por multinacionales como Monsanto y Coca-Cola.
El motor que impulsó la visibilización del caso de Mi Escuela Saludable fue la acción de los padres de la Cooperadora de la escuela República de Colombia Nº 26, de Boedo, en donde se intentó implementar el programa. “Cuando vino Cecilia Antún, la coordinadora del programa, a hablar con los padres para que firmáramos la autorización para realizar los estudios, no nos pudo dar explicaciones acerca de si esos análisis estaban aprobados para ser realizados en niños, ni tampoco podía explicar por qué se había elegido a ILSI, una institución cuestionada a nivel mundial, y ni siquiera nos pudo decir para qué serían utilizados los datos que ellos deseaban relevar. Cuando le preguntamos si los resultados del estudio serían aplicados al menú del comedor escolar nos dijo que el programa no tiene articulación con los comedores escolares”, comentó Diana Reingart, tesorera de la Cooperadora y madre de dos alumnos de la escuela.
Desde Ademys están trabajando estrategias para revertir esta tendencia de las ONG: “La escuela se debe organizar y dar el debate. Hay que transmitir a los docentes que el directivo no es el dueño de la escuela. Por otro lado, es preciso analizar cuáles son los recursos genuinos que le hacen falta a cada institución y de esta forma evitar las decisiones tomadas por medio de votaciones ideológicas”.
Actualizada 31/05/06
May 18, 2016 | inicio
El fin de semana del 7 de mayo se dio a conocer un comunicado oficial de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo denunciando la decisión de Patricia Bullrich de disolver la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. De ella depende el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), que se ocupa desde 2009 de los allanamientos para realizar extracciones de ADN por vía judicial con el fin de identificar nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar. La noticia trascendió luego de la publicación en el Boletín Oficial de la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el que ya no figuraba la Dirección.
El GEAJ nació en respuesta a una iniciativa de Abuelas de Mayo, con el fin de desarticular la actuación en complicidad de las fuerzas de seguridad con los apropiadores de hijos de desaparecidos. Pablo Lachener, abogado de la Asociación, recuerda el momento en que surgió el reclamo de mejorar el procedimiento durante los allanamientos: «Tuvimos un caso en 2005, el de Alejandro Sandoval Fontana, en el cual se hizo el operativo policial para extraer muestras de ADN y el oficial que intervenía tomó muestras de un perro. Nosotros nos enteramos, lo denunciamos, la persona fue condenada en 2014, pero eso dio la necesidad de crear un grupo bajo control de la sociedad civil especializado en la tarea».
Cuando la presunta víctima de apropiación accede a realizarse el examen de ADN, la justicia no interviene en la extracción. «El GEAJ es la última instancia -explica Lachener-. Solo cuando no hay consenso para de hacerlo en manera voluntaria, se produce un allanamiento que toma materiales aptos para obtener muestras de ADN». La Dirección de Derechos Humanos también colaboraba en la elaboración de informes que ayudaban a sostener los juicios de lesa humanidad. A su vez, ejercía una policía de derechos humanos hacia adentro de las mismas fuerzas de seguridad, como casos de género y discriminación.
Natalia Federman, quien condujo la Dirección desde su creación en diciembre de 2010 hasta fines de 2014, lamentó la decisión tomada por Bullrich: «Con el nuevo organigrama, desaparece la perspectiva de derechos humanos de la gestión ministerial. Una política de seguridad que tiene a los derechos humanos como guía implica el goce de los ciudadanos de una vida libre de violencia, sea esta en el ámbito público y privado».
El hecho de que el GEAJ se ocupara de los allanamientos en lugar de quedar en manos de la policía aseguraba la efectividad de los procedimientos: «Hubo casos de filtraciones en que se implantaba material genético de otra persona para que el entrecruzamiento no diera positivo, y luego resultó ser positivo», recuerda Federman. «Abuelas se dio cuenta de que los allanamientos no se podían relegar a una instancia burocrática, operativa, sin más. Tenía que tener una perspectiva de Derechos Humanos y de atención a la problemática de apropiación sistemática de niños y niñas durante la dictadura».
No cualquier integrante del Ministerio de Seguridad podía realizar las tareas de inteligencia previa del caso ni tampoco participar del allanamiento, ya que el modo como se implementaba el operativo podía afectar la relación posterior de quien descubre su identidad. «Un allanamiento violento o que violentaba los derechos de las víctimas tenía como corolario que si esos datos genéticos eran positivos y se trataba efectivamente de un niño apropiado en la dictadura, la posibilidad de relacionarse con su familia biológica podía hallarse condicionada si el allanamiento había sido violento debido a la sensación de avasallamiento. Todo eso teníamos en cuenta para reducir los efectos al mínimo posible, como también nos ocupábamos de asegurarnos que no hubiera menores de edad en el domicilio en el momento del operativo», relata Federman.
Catorce de los miembros de la Dirección de Derechos Humanos fueron despedidos a principios de este año y no es seguro qué destino se le dará al resto de sus miembros. Se trata de personal especializado en la tarea técnica de recoger material genético apropiado para cotejar en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y entrenado para llevar adelante el procedimiento de una forma que provea de contención a las posibles víctimas de apropiación. «La idea era tener seguridad de que el personal que interviniera en esas causas supiera que no se trata de un allanamiento común. Estos eran procedimientos en los cuales la casa que se allanaba era la de una posible víctima. Había que ser muy cuidadoso, delicado y respetuoso», afirma Federman. Si bien Abuelas de Plaza de Mayo comunicó la preocupación por los despidos al entonces director de la Dirección, Javier Salgado -quien elevó el reclamo-, no hubo respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad.
Las medidas tomadas por Patricia Bullrich contradicen las palabras que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien en febrero aseguró que el gobierno mantendría una actitud colaborativa en la búsqueda de los nietos. No obstante, la semana pasada la Ministra declaró que la unidad no fue cerrada. «Solo cambió de nombre», aseguró luego de participar en un acto en Mar del Plata el lunes 9 de mayo, y agregó: «En estos meses la dirección ha tenido el mismo ritmo de trabajo que en todos los meses». Sin embargo, desde Abuelas, Pablo Lachener asegura que el cierre estaba previsto: «Los trabajadores de ahí ya nos venían avisando. Veníamos notando en el último tiempo que el GEAJ no trabajaba conforme a los parámetros que queríamos».
Para Federman, es importante que la dirección de Derechos Humanos permanezca dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad: «Puede ser que en el futuro se creen otras instancias que no están en el organigrama que se conoció en el Boletín Oficial. Pero todas van a ser de un nivel de jerarquía menor. El organigrama que se publicó incluye las estructuras de mayor jerarquía: secretaría, subsecretaría y direcciones nacionales más importantes. Ninguna de esas tiene como función los temas que tenía la Dirección Nacional De Derechos Humanos. Antes, la dirección dependía directamente del ministro, justamente con el fin de que la contemplación de derechos humanos atravesara transversalmente todas las áreas del ministerio».
La creación del GEAJ fue el resultado de un Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 . Su disolución implicaría el incumplimiento del pacto por parte del Estado. El martes por la tarde, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron una reunión en el Ministerio de Seguridad, en la que se acordó un compromiso de palabra para que el GEAJ quede bajo la órbita de la Dirección de Integridad. Damián Arabia, director de esta dependencia, confirmó la intención de continuar con la política que tenía la Dirección de Derechos Humanos. “Iremos viendo en los hechos cómo se va a garantizar ese trabajo”, aseguró Pablo Lachener al salir de la reunión.
Actualizada 18/05/2016
