Nov 8, 2018 | DDHH, Novedades
Ciento veintitrés sillas de ruedas vacías se colocaron ayer a la mañana alrededor de la Pirámide de Mayo bajo el lema “Hagamos visible lo invisible”. El acto, convocado por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Foro Pro), culminó con la entrega de un petitorio al presidente Mauricio Macri en la mesa de entrada de Casa Rosada con las siguientes exigencias: cesar con la quita de pensiones no contributivas por invalidez; cumplir con la atención integral del Programa Incluir Salud que otorga medicamentos y prótesis; regular los pagos de las prestaciones; cumplir con la ley de cupo laboral, y revisar los aranceles de los profesionales, teniendo en cuenta el costo de vida y las paritarias.
“Queremos nuestros derechos”, gritaban dos personas con síndrome de Down, mientras alzaban en alto bastones blancos y verdes junto a las personas que empujaban las sillas vacías alrededor de la Plaza de Mayo. “Deben ser revisadas las normativas actuales en discapacidad y en el proceso histórico de entrega de pensiones. Sabemos que la situación es difícil, pero no hay que descuidar a quienes necesitan apoyo para su desarrollo. No se puede generar angustia en personas con discapacidad”, dijo uno de los miembros del Foro Pro, Darío Ramírez.
“Estamos reclamando un derecho, no una limosna. Estamos recordando al Estado que somos los acreedores, no los deudores. Hay que pensar en la gente. Los ajustes pueden llevar a las personas con discapacidad a la desatención, al abandono, a no poder acceder a sus derechos básicos”, afirmó Beatriz Pérez, coordinadora técnica e integrante del Sistema Único en Representación de las Instituciones de Discapacidad.
«Los ajustes pueden llevar a las personas con discapacidad a la desatención, al abandono, a no poder acceder a sus derechos básicos», afirmó Beatriz Pérez.
“Por un lado, la cantidad de horas autorizadas para las prestaciones fueron recortadas, y por otro, en lo que respecta a las pensiones, tengo pacientes a quienes se las volvieron a otorgar recién después de un año”, señaló la psicopedagoga Romina Abella Proz. En relación a los aranceles y los pagos, precisó: “En algunos casos, no me abonan desde enero, y en otros lo hacen a tres o cuatros meses de realizada la prestación. A esto se suma la desactualización, ya que no aumenta el valor nomenclador desde octubre de 2017. Nosotros no recibimos subsidios ni dádivas del Gobierno. La ley N° 24.901 establece la obligatoriedad de que el Estado y las obras sociales brinden cobertura a las personas con discapacidad de cualquier condición social”.
Ornella, psicopedagoga y coordinadora de Inclusión Escolar de la Asociación Civil Construyendo por la Integración, puntualizó: “Varias personas recibieron el certificado el año pasado y les dijeron que eran por plazos muy breves, y este año no se los han renovado. Hoy están becadas desde nuestro centro, tratamos de apoyarlas como podemos, pero a veces nos quedamos sin recursos”.
El programa Incluir Salud garantiza la cobertura a titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con obra social e incluye la entrega de medicamentos, prótesis y órtesis, y servicios como radioterapias y oxigenoterapia domiciliaria, pero los incumplimientos son reiterados, de allí el reclamo para que se regularice.
Lo mismo ocurre con las pensiones. “El decreto 432 de 1997 es muy restrictivo, si hoy se aplicara taxativamente quedaría un montón de personas con discapacidad fuera de la cobertura –afirmó Beatriz Pérez–. La pensión es fundamental para que puedan acceder a las prestaciones porque la atención es el primer derecho que tienen, por eso pedimos una revisión de los criterios de otorgamiento antes de auditar las ya otorgadas”.
«La pensión es fundamental para que puedan acceder a las prestaciones porque la atención es el primer derecho que tienen», dijo Beatriz Pérez.
El tema del cupo laboral en el Estado –estipulado en un 4 por ciento– tampoco se cumple. Gisela, presente en la marcha, relató: “Me informaron que tenía que hacer un curso de capacitación. Presenté los certificados de discapacidad y cuando fui a hacer el curso me dijeron que no había suficientes inscriptos”.
Hace 17 años, en 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, centenares de sillas vacías habían sido dispuestas frente a la Casa Rosada. Como entonces, hoy el reclamo es el mismo. Darío Ramírez sostuvo: “Esa marcha en 2001 tuvo repercusión nacional, también nos encontrábamos en una situación de crisis, hoy el petitorio tiene muchos puntos en común. La sociedad ha ido comprendiendo la lucha de las personas con discapacidad pero falta que los funcionarios de turno protejan nuestros derechos”.
El tema del cupo laboral en el Estado –estipulado en un 4 por ciento– tampoco se cumple.
Darío Ramírez explicó: «La sociedad ha ido comprendiendo la lucha de las personas con discapacidad pero falta que los funcionarios de turno protejan nuestros derechos».
Nov 1, 2018 | Comunidad, Novedades
El 31 de octubre, en el recinto de la Legislatura de Ciudad, comenzó la audiencia
pública para la sanción del Nuevo Código Urbanístico, el cual habilita la construcción de un
estadio para 20 mil personas y la apertura de la calle Zamudio, en el predio de Agronomía, de la Universidad de Buenos Aires. El tratamiento del tema continuará durante tres jornadas más, hasta el 7 de noviembre.
“No es grito la participación, es el ejercicio de la ciudadanía. Todos los barrios tienen grupos organizados de vecinos que hicieron propuestas para este Código. Ignorar el sistema de participación local de los vecinos, se traduce hoy en un proyecto de ley que tiene una legitimidad muy cuestionada, en términos políticos y sociales. Hoy en día la propuesta tiene solo el apoyo del PRO”, dijo Paloma Garay Santaló, oradora en la audiencia, licenciada en Geografía, planificadora y gestora de inmuebles.
Los artículos del Código estipulan la apertura de la calle Zamudio, entre la Avenida
Beiró y Tinogasta, que comprende un tramo de 400 metros, de territorio federal y la
construcción de un estadio, dentro del Club Comunicaciones, que está ubicado dentro del
predio de Agronomía. El artículo especifica: “Se reservarán hasta 6 hectáreas para la
construcción de un estadio cubierto de hasta 20 mil personas, en un sector de la Fracción ‘F’ de la Manzana 54A, Sección 71, Circunscripción 15”.
La Facultad de Agronomía y la de Ciencias Veterinarias de la UBA, junto con los
vecinos del barrio, se unieron para luchar por la conservación del tercer pulmón verde de la
ciudad. “Nosotros no estamos peleando porque están haciendo un estadio, ya que no hay
nadie que lo esté construyendo hoy. Nos dicen que ese no es un plan. Pero lo están
habilitando en el Código y una vez que empiecen a construir, con esas nuevas concesiones,
no habrá marcha atrás. Por eso, lo que estamos pidiendo, es que lo quiten del Código”, dijo
Beto Caletti, integrante del Colectivo Barrio Rawson.
La decana de la Facultad de Agronomía de la UBA, Marcela Gally, presentó, junto al
equipo directivo, una nota de rechazo a la apertura de la calle Zamudio, en la Legislatura
porteña. La nota especifica que la calle atraviesa un tramo de 400 metros que se encuentra en tierra federal, por lo tanto, no pertenecen a la Ciudad, sino a la Casa de Estudios que ella representa: “Los artículos afectarían el normal funcionamiento de la Facultad, en una clara vulneración a la Constitución Nacional”, dice la carta de FAUBA.
La Facultad expresa que los proyectos perjudicarían a seis cátedras de investigación y
a las actividades docentes. Además, remarca el escrito: “La apertura de la calle sería un serio obstáculo para el acceso de los estudiantes a siete aulas y se vería afectado el Jardín Maternal e Infantil que funciona en el entorno”. Es por esto, que piden la derogación de los artículos que afectarían el normal funcionamiento de la institución.
Paloma Garay Santaló, oradora en la audiencia, licenciada en Geografía, planificadora y gestora de inmuebles.
La apertura de la calle generaría polución sonora y produciría tránsito vehicular en
una zona de protección histórica y de gran biodiversidad, con más de cien especies de
pájaros. Además, implicaría la construcción de un túnel por debajo de las vías del tren, que
partiría el pulmón verde en dos. “Es una cuestión de densidad, si vos tenés casas muy bajas y metés 20 mil personas que vienen a un estadio, tenés una cantidad de gente para la que no hay servicios, para la que no dan las calles, para la que no dan los estacionamientos”, expresó Caletti, vecino de la zona. “Hay una cuestión muy concreta de contaminación a nivel sonido, ya tenemos un estadio a 10 cuadras de acá (el Malvinas Argentinas) y escuchamos lo que allí sucede, cada vez que hay un concierto. Esto afecta a la zona, a todos los hospitales que hay alrededor y concretamente a la Facultad y su funcionamiento”, continuó Caletti.
El Club Comunicaciones entró en quiebra en 2010, el Gobierno de la Ciudad se hizo
cargo de la deuda, pero se guardó el derecho de construir un estadio dentro de sus
instalaciones.
Beto Caletti explicó: “El gobierno levanta la quiebra, pero no lo hace gratuitamente,
sino a cambio de poder construir el estadio. Pero el club ya tiene su estadio deportivo, su
cancha y un microestadio de básquet. Entonces no es una cuestión del Club, lo hace la
Ciudad, concesionándolo”.
Los vecinos juntaron más de 32 mil firmas, hicieron un video de protesta, mandaron
un pedido de acceso a la información pública, se contactaron con los legisladores y se
asesoraron con abogados. Estas son, entre otras, las acciones que realizaron los vecinos desde el Colectivo Barrio Rawson, luego de hacer asambleas y de no obtener respuesta por parte del gobierno porteño. Caletti expresó: “Decidimos que la única forma que había de que nos escucharan era con presión popular, para que tuviera un peso político y les afectara, porque fuera de eso no les interesó el tema, para quitarlo del Código”.
“Los padres del jardín de infantes estamos involucrados por las modificaciones que se
pretenden incluir, porque usamos el espacio verde, por la fauna del lugar y por la
contaminación sonora. Estamos juntando firmas, difundiendo el tema vía redes sociales,
visualizando la problemática”, dijo Maia, mamá de un niño de 4 años del Jardín estatal “Los
Árboles”, ubicado en el predio de Agronomía. “A nosotros nos parece fundamental el orden
de las cosas, las prioridades, hay lugares que todavía no tienen cloacas, ni instalación de gas, pensamos que la prioridad es la urbanización de las villas y barrios carenciados”, expresó Maia.
“La apertura de la calle Zamudio nos perjudica a los estudiantes y a los vecinos,
porque afecta negativamente a nuestras actividades estudiantiles, como también a los talleresy las ferias”, señala Estefanía Ferrazza, becaria del Centro de Estudiantes de Ciencias Veterinarias. “Además, la apertura de la calle implicaría el acceso irrestricto a la Facultad y ya estuvimos teniendo problemas de inseguridad y acoso, por lo tanto, esto no colaboraría con la situación”, continúa Ferrazza. Por esta razón, el Centro de Estudiantes y los directivos de la Facultad buscan evitar la sanción del Código mediante petitorios y firmas para presentar ante el Gobierno de la Ciudad.
La Facultad de Agronomía expresa que los proyectos perjudicarían a seis cátedras de investigación y a las actividades docentes.
Desde la Legislatura porteña remarcan que no está en sus planes la construcción del
estadio, y que la apertura de la calle Zamudio es una opción, pero que no están tratándolo por el momento. “Nos contestaron lo que sabemos, que lo de Zamudio está en estudio, pero que no tienen planes por ahora, porque es complejo hacer un túnel por debajo de las vías del tren, y que lo del estadio no está en la intención del Gobierno de la Ciudad. Por eso nosotros decimos: ‘Entonces quítenlo del Código’”, dice Caletti.
A la espera del dictamen, que en principio se extenderá a la próxima semana, el
colectivo de vecinos y las autoridades educativas, sostienen su postura de defensa del espacio verde, con flora y fauna, sin concesiones y con el respeto al funcionamiento de un barrio con actividades múltiples.
