Feb 25, 2021 | Culturas, Novedades
La histórica esquina porteña de Córdoba y Dorrego, a punto de ser demolida.
Basta de Demoler es una organización no gubernamental que se formó en el año 2007 como iniciativa de vecinos y vecinas que vieron cambiar sus barrios, con el objetivo de defender la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, recurso no renovable en peligro de extinción. Frente a la ausencia de políticas públicas y al deterioro o demolición del patrimonio tangible e intangible, surge la asociación que busca crear un nexo entre la sociedad y ocupar ese lugar donde el Estado está ausente, ya que no sólo no resuelve la problemática sino que empeora la vida de la población en pos de defender otros intereses. Para organizar los reclamos a fin de que sean puestos en agenda, la ONG difunde los casos de edificaciones que están en riesgo de demolición –o que ya se han perdido- y promueve acciones de amparo para evitar la destrucción.
Mientras la definición de Código Urbanístico explica que “permite diseñar una ciudad a escala humana, donde el vecino sea el principal beneficiario de todas las transformaciones de Buenos Aires” y que busca cuidar el patrimonio histórico, en la práctica esta regulación se ajusta, en verdad, a la medida del mercado inmobiliario.
En el barrio de Palermo Chico, por ejemplo, un proyecto inmobiliario amenaza tres casonas del Área de Protección Histórica, donde se otorgó un permiso de manera irregular para construir una altura que casi duplica la permitida, de volúmenes no habilitados, con la unificación de lotes y superficies a construir que superan lo autorizado por la normativa e incluso no se informó a la comunidad vecinal de esta situación.
La Ley 3056 que establece el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) sobrevive como una prórroga hecha por vía judicial ya que se sancionó con fecha de caducidad. Los reclamos públicos y las acciones de amparo de las asociaciones vecinales hicieron posible mantener la vigencia de esta ley que protege de la demolición los inmuebles de propiedad pública o privada que estén inventariados como “Edificios Representativos”, y registrados o construidos antes del 31 de diciembre de 1941.
La Ciudad de Buenos Aires solo tiene 18.195 edificios protegidos, construidos antes de 1941.
En el año 2011, la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires suscribieron a un convenio con el fin de definir un inventario de edificios de valor patrimonial anteriores a 1941. De los 140.527 inmuebles relevados sólo 18.195 fueron incorporados como inmuebles protegidos por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), organismo que actúa como filtro y elige que edificio van a proteger y cual no. Mauro Sbarbati, arquitecto y miembro de Basta de Demoler, explica que además del bajo porcentaje que se propone proteger, la situación es más compleja ya que nunca enviaron al Poder Llegislativo estos proyectos de ley para que sean tratados. Es la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña la encargada de trabajar sobre ese registro de edificios para sancionar una ley que establezca el Catálogo de Edificios Protegidos de la Ciudad.
Para Sbarbati se trata más de una estrategia de greenwashing que de una verdadera política por la preservación del patrimonio. En comparación con otras ciudades, el porcentaje elegido por el Consejo Asesor es muy bajo y la demolición está a la vista en cada barrio de la ciudad, seguida de la construcción de edificios altos que cambian la escala de la ciudad, impactan sobre la habitabilidad y no la hacen más sostenible, ni social ni ecológicamente. La construcción ilimitada de edificaciones de siete pisos en calles comunes y de doce en las avenidas, afecta la calidad de vida. “La luz y el sol parecen una cuestión abstracta pero después de la pandemia te das cuenta que vivimos como en un zoológico”, afirma Sbarbati.
El Código Urbanístico privilegia la mayor capacidad constructiva. “Lo que más estamos discutiendo es que en realidad cada vez que modifican el Código, el tema del patrimonio va perdiendo potencia y se va flexibilizando la defensa sobre los edificios y las áreas de protección histórica. Antes, a los edificios catalogados no se le podían construir edificaciones arriba, lo empezaron a hacer y finalmente modificaron el Código para ir blanqueándolo. La Dirección General de Interpretación Urbanística toma las decisiones y hacen el enrase –la igualación de las obras del entorno construido en altura- que está bien pero intentan compensar la altura de un vecino con la altura del otro siempre a la mayor cantidad de metros cuadrados posibles, nunca a la más baja. El Código está cada vez más a favor de la especulación inmobiliaria y menos a favor de la habitabilidad”, afirma.
Basta de Demoler nació en 2007 para resistir la destrucción del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires.
Sbarbati explica que es muy difícil el acercamiento con el Estado y que siempre es más llamativo inaugurar más metros cuadrados que la restauración y el cuidado. “Lo que sucede es que nadie tiene poder de decisión sobre su entorno inmediato y sobre su espacio, siempre lo decide otro”. Esta práctica extendida en muchas ciudades del país tiene un impacto ambiental, además de la pérdida del patrimonio que se podría poner en valor culturalmente. “Se están demoliendo un montón de residuos sólidos que en otros países se cobrarían impuestos por ejemplo, están tirando abajo un montón de edificios que a veces tienen materiales nobles que no se reemplazan más”, afirma el integrante de Basta de Demoler. La autorización constante de demoliciones tiene efectos sobre los barrios, el entorno y sus habitantes. “La arquitectura es el ordenamiento de las relaciones sociales entre las personas porque te dice dónde te reunís, circulás, dormís, dónde se ejerce el poder. Eso queda plasmado en las formas que tienen las casas y los edificios, y desaparecerlos provoca que esas explicaciones que son parte de la historia se vayan perdiendo”, concluye.
Lorena Marina Sánchez es Doctora en Arquitectura, Magister en Intervención del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata e Investigadora Adjunta del Conicet. Explica que la preservación de las viviendas está bastante poco resuelta en muchos lugares del mundo porque en los centros urbanos o en los lugares más codiciados, que tienen todos los servicios y todas las bondades de las ciudades, es donde se trata de densificar. Lo que significa más viviendas y menos lugar. “En general, es un problema histórico –tanto pasado como presente- que no es nuevo sino que ahora está más visible, de conciliar lo antiguo con lo nuevo. Por ejemplo, construir una vivienda en un casco histórico plantea varios dilemas para lo cual la disciplina patrimonial ofrece ciertas soluciones pero con cada caso es un mundo en sí mismo y las resoluciones no son siempre fáciles de tomar”, señala.
La vivienda tiene una particularidad que quizás no tengan otros tipos de arquitecturas, expresa Sánchez, y el mayor problema está en las que tienen una escala intermedia por su condición privada, que forman contexto y caracterizan a las ciudades. “Normar sobre ellas y hacer que un área siga teniendo vida cotidiana, que la ciudad pueda seguir evolucionando y generando nuevos patrimonios -porque es necesaria la arquitectura contemporánea- no es un dilema que tenga una única solución. Tampoco está solucionado en los centros históricos declarados como tales, que tienen un desarrollo importante en normativas y en turismo. Especialmente en Europa aparece la tugurización y la gentrificación. Los centros se vacían de los pobladores originales, las viviendas empiezan a ser temporarias, se empiezan a precarizar y a ser ocupadas o bien, a convertirse en focos de las diferentes élites. Mantener las viviendas con un grupo de personas que le den sentido al lugar en la misma línea histórica en que venían siendo utilizadas como una residencia, es algo complejo. Además, incorporar la arquitectura nueva y responder a planificaciones que a veces piden densificación, no siempre es fácil de solucionar. En esa tensión entre lo nuevo y lo viejo, la especulación inmobiliaria encuentra un intersticio de lujo para operar, entre vacíos normativos, necesidades económicas de nuestras ciudades y ciertas lecturas extrañas de las normas”.
Sánchez, autora del libro ¡Viva el patrimonio!: un paseo por el legado arquitectónico y urbano publicado en el 2020, cuenta que en Mar del Plata el código de preservación patrimonial solamente protege y ampara en determinada circunstancia los bienes principalmente individuales, y no hay una norma que proteja el contexto. “Donde se construye una torre se alteran los dos linderos y si se construye una torre por intermedio, el que queda en el medio lo vende y se produce un efecto dominó negativo que va cambiando la fisonomía de la zona. No se está equilibrando el pasado con el presente”.
Para Sánchez la noción de patrimonio, recuperada de la reconocida arquitecta Marina Waisman, es lo que le permite a los habitantes encontrarse con su propia cultura, lo que de alguna manera los identifica y que puede ser tangible o intangible. Es decir que además de su materialidad y estética concreta, narra historias únicas. Considera que la vivienda -ámbito de su interés, en el que trabaja y observa muchos cambios- es una de las áreas del patrimonio más complejas. Las viviendas suelen tener valores contextuales-ambientales e histórico-sociales, no solo individuales o artísticos puntuales. “Definitivamente el impacto de una torre que cohabita con una vivienda de dos plantas es negativo. Eso en Mar del Plata se ve. Los recursos naturales como los recursos construidos patrimoniales, son escasos, no son renovables. En ese sentido, la preservación del ambiente entendida como algo integral, implica un equilibrio”.
Para comprender la importancia de la preservación, la Doctora en Arquitectura cuenta que el patrimonio residencial, por ejemplo, expresa la evolución de una sociedad. “Una casa puede revelar lo que pasó no solo una familia sino lo que pasó en esa ciudad e incluso en un país. Si una sabe leer especialmente los conjuntos de viviendas, podrá observar que son muy ricos porque tienen una biografía que es la que hay que explorar para saber qué preservar y descubrir sus valores, que son testimonios de una época y de una sociedad. Las viviendas hablan de lo doméstico, de lo micro y también de lo macro. Se conjugan varios factores que son muy interesantes y en eso reside la complejidad de qué se preserva, qué no y cómo”.
Sánchez explica que la clave de lo residencial, en términos de viviendas que tienen valores contextuales, está en proteger áreas, una vivienda suma por ser parte de un conjunto. “Por ejemplo, en Buenos Aires lo interesante es ver esa cuadra donde esas casas “chorizo” en conjunto alineadas conforman una fachada sobre la línea municipal. Esa cuadra hace a su vez de eslabón del barrio que probablemente sea similar en muchos de sus trayectos o tramos, y en su conjunto identifican un lugar. Tienen valor de conjunto. Observarlas, ver cuándo fueron construidas, por qué tienen ese tipo de zaguán, qué tipos de tecnologías se utilizaron, las alturas que tienen, es como leer un libro”.
En Mar del Plata no hay ningún tipo de regulación de contexto. Para Sánchez, desde la organización interna local, la ciudad debería trabajar con sus áreas porque cada una es particular y requiere un análisis dentro del marco territorial y social. “Un área es mucho más que el conjunto de viviendas pero éstas son importantes porque le dan sentido. El patrimonio es muy dinámico y son muchos los esfuerzos para protegerlos. A medida que va avanzando el conocimiento también se va modificando la forma en que se preserva mejor”.
En su ciudad existen iniciativas locales llevadas adelante por vecinos y vecinas alarmadas por las torres que se están construyendo en el sector costero. “En ese perímetro está siendo demasiado visible la ruptura de cohabitación entre torre y vivienda de uno o dos pisos. Las asociaciones vecinales aparecen como un factor importante que trabajan con abogados y expertos por la defensa, para que no demuelan un chalet para hacer una torre o para que no pongan una torre que anule los chalet contiguos”, cuenta la investigadora. La Asociación Marplatense Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano colabora e incluso impulsa una especie de monitoreo de bienes que están en venta, reúne firmas en petitorios, envía cartas al municipio, realiza abrazos simbólicos y safaris fotográficos, para organizar la defensa del patrimonio, frente a la falta de respuestas del Estado.
Sánchez también destaca la importancia de concientizar a los usuarios ya que son ellos los que definen vender o no vender, en cuanto a la salvaguarda de bienes residenciales. En la facultad estos temas también son de interés y se tratan desde líneas de investigación, quizás más académicas pero en diálogo con la ciudadanía.
Las casas narran y entender lo que nos dicen es parte muchas veces de una investigación, y en eso está la riqueza de cada lugar, expresa Sánchez. Desde lo monumental hasta lo modesto, desde lo material hasta lo inmaterial, desde lo ambiental hasta lo tecnológico, el patrimonio es aquello que forma parte de la cultura y de la historia, que condensa estilos arquitectónicos diversos, formas de habitar el espacio, la historia de una cuadra, la identidad de una construcción, de un barrio y de sus habitantes.
Feb 3, 2021 | Culturas, Novedades
Más de una cuarta parte de las noticias que emiten los cinco canales de aire de la Ciudad de Buenos Aires son policiales, según se desprende de un informe de la Defensoría del Público. Desde 2013, el organismo realiza un monitoreo de los noticieros televisivos de Canal 13, Telefe, Canal 9, América y la TV Pública, que indaga en el tiempo y la cantidad de noticias, su lugar geográfico, las temáticas predominantes y las menos visibles, las perspectivas que se abordaron, las fuentes utilizadas, la distribución por género de columnistas, entre otras cuestiones.
La misión de la Defensoría –creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y puesta en funcionamiento en 2012– es promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias en todo el territorio nacional. Según la investigadora Stella Martini, “el monitoreo pone en evidencia el conocimiento con que cuenta la población para vivir, pensar, ser ciudadana, así como advierte a medios y periodistas acerca de la crisis en que se encuentra la noticia”.
En el último trabajo, correspondiente a 2019, se relevaron 17.467 noticias emitidas en cuatro franjas horarias (mañana, mediodía, noche y medianoche), a partir de la visualización de la primera semana completa de los meses pares (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre). Canal 13 produjo la mayor cantidad, un 25,8% del total, y Telefe la menor, un 17,6%. Pero en términos de duración, Canal 9 aportó más tiempo de noticias, un 26,1% del total de horas registradas en el informe, mientras que la TV Pública fue la que menos generó con un 11%.
Sobre los temas de las noticias, el 27,1% fueron policiales, significativas en cantidad además ya que junto con política representaron el 35,5% del total, seguidas de internacionales, deportes y economía. En lo que refiere a la duración, un 36,2% tuvo un abordaje policial.
En el tópico “Niñez y adolescencia / Juventud”, las noticias policiales representaron un 58,8% y si se suman otros asuntos que reportaron violencia, el porcentaje aumenta a 73%. En la categoría “Géneros” (abuso, femicidio, violencia de género, aborto, transfemicidio), el 68% estuvo relacionada a hechos policiales, mientras que en “Personas mayores” la proporción fue del 45,4%, en tanto que en “Migrantes” –que en su mayoría aparecieron criminalizados– fue del 49,5%, el 10,1% a políticas de seguridad y el 6,3% a control migratorio.
Es decir que las noticias son contextualizadas mediante el género policial, algo que alcanza a los temas y grupos sociales más invisibilizados –educación, discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios y migrantes– que sólo se vuelven noticiables cuando se relacionan con hechos de violencia. La contraparte de esta tendencia es la reproducción de imaginarios que naturalizan las problemáticas, revictimizan y estigmatizan a quienes forman parte de colectivos socialmente vulnerados.
Aun así, entre los medios de gestión privada y la TV Pública hay diferencias. El canal estatal fue el que menos información policial aportó: el 14% de un total de 4.642 noticias y un 5,6% en tiempo de duración. En cambio, de las 69 noticias sobre “derechos humanos” contribuyó en más del 50%: una hora, 51 minutos y 40 segundos, muy lejos de las más de 210 horas de policiales, 140 de política, y 58 de espectáculos.
En el ex Canal 7, la decisión de las coberturas está a cargo de los jefes de noticias, independientemente de la gerencia. Desde la emisora, explican que la idea es jerarquizar una agenda que no es la de los medios comerciales. Por ejemplo, tratan de incorporar a las minorías, informar sobre violencia institucional, protestas sociales, conflictos gremiales y tienen como prioridad la defensa de lo público. Fuera de la búsqueda de rating, se proponen dar un servicio a quienes no tienen representación en otros espacios.
Periodistas, productores y productoras coinciden en que la definición de una noticia depende de varios factores, uno es la interrelación entre las publicaciones de los diarios y la televisión. El medio gráfico se nutre de la agenda política y las declaraciones de funcionarios, de las comunicaciones de entidades financieras, datos de organismos públicos y de otras instituciones. Pero también influye Google, que revela la cantidad de clics que tuvieron en Internet, y así los principales portales informativos no sólo conocen sus propias métricas sino también las de sus competidores. Cuando una nota tiene muchos clics, otros medios la ven y buscan replicarla (al menos los comerciales).
Además de los diarios y la web, la televisión se alimenta de los cables y las agencias. Siempre hay dos o tres temas del día y el contexto es otra variable que interviene, ya que se considera que puede aumentar el interés del público. Como se observa en el monitoreo de 2019 –año de elecciones–, la política fue el segundo tema con mayor presencia. Los testimonios acuerdan en que el rating también configura la agenda. El famoso “minuto a minuto” no se agota en las mediciones propias: se mira lo que está haciendo el otro y cómo le está funcionando. “Si estás con un tema al aire y no mide, se da un volantazo y se cambia”, afirma una de las profesionales consultadas por ANCCOM. Asimismo, las decisiones editoriales tienen su peso, en particular cuando se trata de poner o no al aire a determinado personaje, como puede ser un funcionario público.
Las y los periodistas admiten que el predominio de lo policial desde hace varios años ha dejado relegadas otras cuestiones. Un descreimiento de la ciudadanía en la política, así como un desconocimiento de la economía, refuerzan la hipótesis de que los hechos policiales se hayan convertido en la moneda de cambio de los noticieros. A su vez, estos van en búsqueda de aquello que afecta el bien común, entre ellos la integridad de las personas consideradas ciudadanas y el derecho a la propiedad privada. La noción de inseguridad remite a estos sentidos cuando se ven vulnerados por los delitos y los crímenes comunes e interpela a quienes encuentran identificación en ellos. Para uno de los periodistas televisivos de policiales entrevistados por ANCCOM –todos prefirieron mantener sus nombres en reserva–, esta presencia se relaciona a que “hoy el tema de la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de la gente, principalmente en las grandes ciudades”.
Precarizados y sin fuentes
Las condiciones en las que se producen las noticias recortan los tiempos de análisis y resultan en la falta de perspectivas diversas para contar los hechos. Para Martini, el periodismo televisivo está en crisis: la precarización laboral da lugar a periodistas con escasa experiencia, a locutores o presentadores a quienes el mismo canal o el programa califican de “experto”. A ello se suma la desigualdad de género, que si bien se está tratando de revertir es un proceso que lleva años, y aún hoy repercute en el desarrollo profesional de las mujeres y deja huellas en los discursos.
En la mayoría de los canales se reproducen estereotipos que justifican la asignación de ciertos temas a mujeres, así como el privilegio de los varones en roles periodísticos y áreas técnicas. De las 8.034 noticias presentadas por columnistas, el 68,8% contó con la participación de un varón, el 25,5% de una mujer y el resto de una combinación de ambos. Otras identidades de género estuvieron ausentes. Las mujeres solamente son mayoría en temáticas de “salud” y “espectáculos, arte y cultura”. “Deportes”, “policiales”, “niñez y adolescencia / juventud”, “economía”, “política” y “géneros”, fueron presentados predominantemente por varones. Esta disparidad se puede ver condensada y agudizada en las noticias deportivas donde sólo el 2,5% fue presentado por mujeres.
Ahora bien, si en 2018 ya se había registrado una ausencia de fuentes en más de la mitad de las noticias, en 2019 esa mala praxis se redujo al 39,2%.
De las 10.617 (60,8%) que contaron con una o más fuentes, el 51,7% fueron privadas, el 33,8% públicas y el 14,5% indistintas. Internet, videos de aficionados y de redes sociales de personas privadas pasaron a ser los registros digitales más utilizados. Junto a dispositivos de seguridad, representan el 19,7% del total. Martini opina que incluirlos es una decisión editorial puesto que, en un contexto de mercantilización de la noticia, la TV compite con internet como soporte informativo. “Poner en el aire una fuente casera también busca aumentar la audiencia, hacer la noticia más ‘atenta’ al día a día de los públicos y a la necesidad o expectativa”. Los entrevistados por ANCCOM sostienen que las redes han tomado protagonismo. La mayoría de las noticias llega por este medio y después se busca la fuente periodística. Quienes protagonizan hechos policiales comparten sus propios videos, ya que tratan de encontrar primero una respuesta social y después una institucional. “Eso habla de un descreimiento de la organización del Estado. La gente cree más en los noticieros que en la policía o en la justicia”, reflexiona uno de los profesionales consultados. Las fuentes digitales pueden colaborar como respaldo de la información, dar una primicia al medio y ser un complemento del trabajo periodístico. Pero, ¿qué representaciones construyen los medios cuando las utilizan? Otras fuentes recurrentes fueron Vecino/a, Ciudadano/a a pie, Transeúnte, Consumidor, Conductores/as (7,7%), Medios de comunicación privados nacionales e internacionales (7,5%) y Familiares/Testigos (7,1%).
Centralismo y criminalización
La mayor parte de las noticias monitoreadas ocurrió en Argentina –el 80,4%– y en menos de la mitad (49,7%) se especificó el lugar del suceso. Más de la tercera parte correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires (el 34,4%) y se registró un crecimiento de las situadas en el Gran Buenos Aires (el 22,9%) que ocuparon el 32,3% del tiempo. Las noticias de CABA y GBA sumadas a las sucedidas a lugares geográficos sin especificar del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alcanzaron el 79,1%. Martini asevera que entre los efectos políticos más graves de la centralización de las noticias en el AMBA está la reducción del territorio nacional y la anulación del federalismo. “Se consolida el sentido común de Buenos Aires versus ‘el interior’ –¿de qué?–, y el mito de la supremacía ‘blanca’ porteña. Se trata de un proceso de hipoinformación que hace del país un espacio distorsionado, todo es Buenos Aires y alrededores. Desaparecen la particularidad de las regiones, provincias, localidades. Se produce una profunda desinformación de toda la población”.
El modo predominante de representación de los hechos en el GBA fue la noticia policial (64,2%), así como en CABA (22,1%), seguida de política (19%) y protesta social (10,2%). “La Ciudad de Buenos Aires es signo de todo lo bueno y todo lo malo que tiene nuestro país. La pantalla televisiva, que funciona como si fuera una ventana abierta al mundo, reitera la agenda sobre la inseguridad. Entre el vivo televisivo, la transmisión en directo y la capacidad de ‘mostrar’ del soporte audiovisual, se construye una imagen única de realidad”, explica la especialista, quien en diálogo con ANCCOM analiza esa gigantesca trama de sentidos, parcial y sesgada, que construyen los noticieros de aire y de cable, por la que se cuelan las fake news y se naturaliza una idea falsa de país.
¿Qué determina el predominio de las noticias policiales?
La primacía del género policial en la televisión argentina es casi un sello de nuestra agenda. Se trata de una noticia de larga data, propia de la prensa escrita masiva decimonónica. Como herramienta que permitía al diario una cercanía con los sectores populares, históricamente vulnerables al delito y la violencia, se constituyó en la crónica de la vida cotidiana. Décadas más tarde, la televisión aportó a la información primero en un formato casi de diario leído, para abrirse luego al noticiero con modalidades del entretenimiento. Por eso entra en la agenda la noticia sobre el crimen en los 70, y muy rápidamente convirtió a la seguridad y la delincuencia en nota destacada que pretende poner en relación el delito con la gobernabilidad. El soporte audiovisual es referente ideal para tal propósito y supera a la noticia escrita, que no puede registrar rostros y llantos, pena y desesperación. En la actualidad, vemos el delito cuando se produce desde las cámaras de seguridad callejeras, una modalidad retórica peligrosa: mucha violencia sin filtro y la imposibilidad de verificar un rostro hacen de tal tipo de notas una suerte de escena de ficción. Solo aporta al miedo y el escándalo. Suma al sensacionalismo.
¿Qué dice esta tendencia de nuestra sociedad?
La crónica policial es clasista: hay víctimas buenas y otras no tanto, las que no merecían el padecimiento y las que quizás se lo buscaron, su curriculum vitae, los rostros familiares, su casa, el barrio en que vivía lo delatan. También hay amarillismo, la cámara exhibe el dolor de la víctima o de su familia, muestra escenarios comunes que se tiñen de terror con la descripción simplificada del hecho criminal en los zócalos. Es una noticia que incluye también aportes de expertos en psicología y psiquiatría forense, criminología, derecho penal, que repiten y buscan legitimar, con los modos pertinentes de la comunicación gestual, el espacio que ocupa el acontecimiento en la sociedad. La banalización del crimen se cristaliza en un desvío: la investigación judicial se lleva a cabo por individuos que ni pertenecen a la justicia ni han estado en contacto con la causa, pero igualmente construyen una noticia. Hay discursos y metadiscursos mediáticos sobre los casos delictivos, y hay operaciones políticas que los tienen como tópico y excusa, fabricando denuncias sobre presunta corrupción o ingobernabilidad, y alimentando el juego del marketing político.
¿La significativa presencia de registros digitales afecta la calidad de las fuentes de información?
El periodismo audiovisual no recurre a todas las fuentes que permitan conocer los sucesos que hacen a la vida cotidiana de todo el país. Hay fuentes imprecisas, como las que circulan informalmente por las redes sociales, los videos caseros. Toda imagen puede ser registrada, dicen los dispositivos inteligentes, y tal registro llega a la audiencia televisiva con algún trabajo de edición y escaso chequeo. Lo que se ve en la televisión como de fuentes no profesionales suele ser el registro de un escándalo. Algunas grabaciones informales, sin embargo, sirven a fines policiales, judiciales, testimoniales. En todo caso, su servicio siempre depende de la verificación de la fuente y del trabajo de producción periodística. No existe el trabajo en crudo, toda nota es producto de la edición. No soy de la creencia de que hay un “periodismo ciudadano”. Hay buenos y malos profesionales del periodismo, los hay que responden al sentido de su profesión y se proponen brindar un servicio público, y los que se asocian al poder concentrado para la construcción de una realidad distorsionada.
¿Qué deberían hacer los medios?
Reflexionar y producir un modelo mejor de programación noticiosa, lo cual incluye la seriedad profesional, la honestidad para la investigación, la voluntad de construir ciudadanía y opinión crítica. No sé si se puede medir la calidad periodística, pero sí se puede evaluar la responsabilidad del periodismo y de las empresas de medios en la construcción de diversas versiones de la realidad. Los medios concentrados son el riesgo más alto que puede acechar a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho a la información, porque en la construcción de la realidad que promueven están las fake news, las grietas, el desprecio a la sociedad, el olvido de la historia, la lucha contra la memoria y la justicia.
A partir del monitoreo de la Defensoría del Público, ¿qué puede decir de la democratización de la comunicación?
No hay democracia en los medios, en la televisión argentina. Hay geografías relegadas y se verifican ausencias de ciertos conflictos –el conflicto social no existiría–, hay actores y actoras sociales que no se ven, quienes luchan por sus derechos tienen escasos minutos al aire. No tener registro televisivo es sinónimo de no existencia. ¿A qué tipo de opinión pública aporta un noticiero sesgado y desbalanceado? ¿Cómo pensamos o imaginamos la realidad y las políticas públicas cuando sabemos mucho de crímenes atroces y poco de derechos laborales? La situación inaudita que vivimos por causa del covid ha puesto en relieve la necesidad de una política para disponer de información televisiva “socialmente necesaria”, como decía Herman Schiller. Podemos coincidir en el poder de atracción que la TV tiene como fuente de información pública en un momento de crisis mundial como el que vivimos. La pluralidad de voces es indispensable, porque así se puede hacer un país inclusivo y una ciudadanía generosa. Cuando no hay un derecho a la información satisfecho, cuando la noticia es formalmente un commodity, y un capital en juego en el campo político, sin garantía de federalismo, cuando no se habilita el derecho a ser sujeto de la información y a que su barrio, su ciudad, su provincia sean objeto de información, entonces padecemos una información televisiva excluyente, clasista, desigualitaria, sesgada. Todavía hay muchos feos, sucios y malos en la noticia de la televisión abierta.
Dic 23, 2020 | Comunidad, Novedades
En un momento histórico donde la tecnología se volvió un medio imprescindible para el estudio o el trabajo de buena parte de la población mundial, la pregunta por los efectos de estar frente a una pantalla por muchas horas y a lo largo del tiempo, se hizo más presente. La virtualización de las relaciones sociales en diversos ámbitos de la vida se profundizó. Niños, niñas y adolescentes se enfrentaron a una mayor exposición a las pantallas. ¿Qué problemáticas plantea esta realidad? ¿Qué consecuencias produce el uso lúdico de las pantallas en los primeros años de vida y en la adolescencia?
El neurocientífico Michel Desmurget esbozó en su libro La fábrica de cretinos digitales: los peligros de las pantallas para nuestros hijos un llamado a la reflexión y a la acción sobre los efectos nocivos del uso recreativo de los dispositivos tecnológicos. Entre los numerosos discursos que celebran este uso y los que rechazan y desmienten cualquier resultado beneficioso, Desmurget toma posición: “¿Cómo es posible que, después de cincuenta años de coincidencia de resultados en las investigaciones, los padres sigan pensando que este tipo de productos tienen efectos positivos en el desarrollo de los niños?”, expresa en su obra. Los usos tempranos de los dispositivos digitales determinan en buena medida el consumo posterior. Además, los primeros años de vida son fundamentales para el aprendizaje y la maduración cerebral.
El Doctor en neurociencia ofrece investigaciones científicas como prueba y pone en cuestión los conceptos “nativos digitales” y “revolución digital” que para él se basan en el mito del Homo digitalis, el cual forma parte del imaginario colectivo. Frente a la homogeneización que difunden las leyendas sobre una población uniformemente hiperconectada, Desmurget expone datos que dan cuenta de situaciones heterogéneas relacionadas con las características socioeconómicas de los hogares. No existe una nueva generación uniforme de individuos expertos en el manejo y la comprensión de las herramientas digitales. Los niños, niñas y adolescentes hacen usos diversos de los dispositivos y el tiempo que le dedican también varía. Por lo tanto, para analizar el consumo de las pantallas, no hay que perder de vista el contexto del que cada uno forma parte.
El mito de los nativos digitales
Grandes porciones de la población mundial no tienen acceso a Internet, afirma Carolina Duek, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura, investigadora del Conicet y docente. La especialista indaga en los usos que las infancias hacen de las pantallas, los consumos culturales y la socialización atravesada por la presencia de los dispositivos electrónicos. En el ámbito de la investigación, analizar el acceso a los dispositivos implica indagar en un perfil de clase social. “Uno de los grandes hallazgos de la pandemia tiene que ver con la absoluta visibilidad que tienen las desigualdades sociales, económicas, culturales y educativas en Argentina y en el mundo. No son nuevas pero sí se pusieron en evidencia de múltiples formas. Entonces creo que desnaturalizar el acceso es un buen primer paso para abordar el contexto cultural contemporáneo desde una perspectiva materialista”. En Argentina, como en muchas partes del mundo, las posibilidades de conectividad son desiguales y en estas condiciones han surgido iniciativas de las propias comunidades que se organizan para tender redes y garantizar el acceso a Internet.
Duek explica que si bien hay muchos artículos que dan cuenta, o por lo menos pretenden dar cuenta, de ciertos efectos de las pantallas en niños y niñas, no hay ningún estudio que sea concluyente cuyo diseño metodológico pueda ser extrapolable a múltiples países, regiones, clases sociales, entre otros factores. “Lo que aparece como impedimento es que las conclusiones tienden a ser parciales y a estar orientadas en función a las preguntas de investigación. Esto no es nuevo pero sí hay un afán particular en lo que respecta a las infancias, en tratar de sistematizar cuánto tiempo, cuántas horas, desde qué edad les hace bien o les hace mal estar frente a una pantalla”. Para la investigadora es importante primero preguntarse por el contexto sociocultural en el que vive ese niño o niña y luego se podrá evaluar qué efecto puede producir en términos conjeturales esa exposición. “Porque muchas veces frente a la soledad, contextos hostiles o responsabilidad de hermanos menores, ver la televisión, estar enganchado en YouTube o estar frente a una tablet, es mucho menos nocivo que presenciar situaciones de violencia”, señala.
Por otra parte, Duek coincide con lo que plantea Desmurget respecto al concepto de nativos digitales. Cree que hay que desnaturalizarlo así como romper con la idea de que por haber nacido en un momento histórico particular, ya sos “algo”. Respecto del uso patológico o preocupante de las tecnologías, Duek afirma que tenemos que pensar las pantallas en coexistencia con otros dispositivos y con otros espacios. Pero en contexto de pandemia encontrar un equilibrio ha sido desafiante, difícil e incluso hostil. “Porque no podés ver a tus amigos y amigas, incluso ahora que estamos en una fase más avanzada de la pandemia respecto de los permisos, la no escolaridad ha modificado muchísimo la experiencia cotidiana de niños y niñas en este 2020”. En este sentido, es relevante reflexionar sobre los usos educativos de las pantallas y no sólo los ociosos. El autor de La fábrica de cretinos digitales hace hincapié en el “uso idiotizante” de estas tecnologías, que predomina en comparación con las actividades que pueden ser enriquecedoras como las iniciativas pedagógicas y los recursos educativos a los que se puede acceder por medio de las herramientas digitales.
Las consecuencias sobre el desarrollo
En el mes de mayo la Sociedad Argentina de Pediatría compartió un comunicado en el que explicó que era posible que el tiempo de pantalla de niños, niñas y adolescentes aumentara ya que la continuidad escolar y las relaciones sociales se habían digitalizado. En ese marco, elaboró recomendaciones tomando como referencia las directrices de la Asociación Americana de Pediatría que pidió priorizar al niño o niña, el contenido y el contexto en el que utilizan las pantallas, recomendando límites más laxos. Antes de la pandemia sugería que los niños menores de dieciocho meses no utilizaran pantallas de ningún tipo y luego no más de una hora por día como máximo, menos de ser posible. Ya que la niñez es un período de crecimiento y desarrollo donde son fundamentales la tridimensionalidad del mundo real y la interacción humana.
De acuerdo a Desmurget, el uso de los dispositivos es tan sencillo que puede aprenderse en cualquier momento de la vida. Mientras que aptitudes básicas de la infancia y la adolescencia como el pensamiento, la reflexión, la concentración, el dominio de la lengua, la jerarquización de los vastos flujos de información que produce el mundo digital o incluso la interacción con los demás, son aprendizajes esenciales difíciles de adquirir con el paso del tiempo. Las experiencias tempranas tienen una importancia fundamental, asegura. Lo que ocurre en los primeros años de vida marca profundamente lo que viva a futuro un niño o niña. El aprendizaje se produce gradualmente y para el neurocientífico el uso de las pantallas puede obstaculizar la construcción de los primeros armazones y el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, el tiempo diario dedicado a las pantallas durante los primeros meses de vida, va en detrimento de las actividades destinadas a la interacción social, emocional y lingüística de los bebés con los adultos, de la observación activa del mundo, los juegos espontáneos y las exploraciones motoras.
Alejandro Maiche es Doctor en Psicología y forma parte del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje (CICEA) de la Universidad de la República, donde investiga el desarrollo cognitivo en la niñez para comprender los procesos implicados en la adquisición de aprendizajes como el lenguaje, el cálculo numérico y la dimensión temporal y espacial. Consultado sobre la obra de Desmurget, señala que la preocupación puesta en la niñez y la adolescencia se debe a que en estas etapas se adquieren determinadas habilidades y existen períodos de alta sensibilidad, por ejemplo en la adquisición del lenguaje que está correlacionada a la interacción con otros hablantes. Estos períodos no son críticos, lo que significa que no son determinantes y que hay posibilidades de aprender algo nuevo en la adultez. Pero también en la adolescencia se construyen los criterios racionales y morales. “Hay algo en el uso pasivo, en el consumo de las emociones de los otros, que básicamente tiene un paradigma en Instagram y en YouTube. Los adolescentes usan estas plataformas para ver videos de gente jugando, de gente haciendo cosas que ellos no hacen. Está bien la figura del cretino en ese sentido, una masa de gente que consume lo que algunos elegidos hacen. El libro de Michel está bueno porque abre las preguntas para que otros podamos tomar”, afirma. Para Maiche estas aplicaciones son las que terminan triunfando en términos de tiempo diario dentro de los consumos digitales y entre los elementos de peso que atraen la atención de adolescentes y adultos se encuentra el celular. “Hay que, activamente, desactivar las notificaciones automáticas. El problema es cuando las cosas no son tu decisión. Creo que va a haber que regular a las empresas y regular las notificaciones automáticas. Previamente, hay que empezar a llamar la atención desde el lado científico y quizás está faltando obtener datos ciertos sobre las capacidades que se están perdiendo para que después los Estados empiecen a regular. Nadie se anima a decir “no” en medio de una pandemia. En este momento es complicado pero apenas pase, habrá que abordar este tema muy en serio”.
Maiche fue precursor en la idea de usar el despliegue de CEIBAL para la investigación. Se trata del Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, implementado en el 100% de Uruguay, que busca la inclusión e igualdad de oportunidades y garantiza el acceso a un dispositivo –laptops y tablets- de uso personal a cada niño, niña y adolescente. A través de este programa, junto a un equipo diseñaron intervenciones en la escuela usando juegos de tablets, que consistieron en pruebas y evaluaciones de las capacidades cognitivas de niños y niñas, y su impacto sobre las habilidades matemáticas. “Una de las cosas que explica Desmurget es que los adolescentes que parece que saben un montón de tecnología porque están todo el día conectados, no tienen idea de cómo buscar cierta información en un buscador, por ejemplo. Michel creo que lo dice bastante claro. Dice qué significa ser nativo digital. Debería querer decir que no creés cualquier cosa de lo que circula por Internet. Pero además hay un tema de labilidad emocional, como tu disposición psicológica es justamente la búsqueda de emociones rápidas, vas a ser proclive a lo que te venda una pseudoemoción rápida”.
Un consumo fuera de control
Desmurget advierte los efectos de los usos abusivos de las pantallas y para explicarlos diferencia qué pantallas se utilizan diariamente, cómo y quiénes las usan. Ya que asevera que el consumo no es homogéneo y que delimitar las modalidades de consumo digital de una población no es sencillo. Para explicar estos efectos, retoma investigaciones provenientes en su mayoría de Estados Unidos, que convergen con las observaciones de otros países similares económicamente como Francia, Reino Unido, Noruega o Australia. El tiempo de exposición a la televisión, los móviles, las tablets, las videoconsolas y las computadoras, destinado a contenidos audiovisuales, redes sociales e Internet, y a los videojuegos, varía desde el primer año de vida hasta los 18 años y de acuerdo a las características socioculturales de cada hogar. En términos generales, Desmurget define tres pilares básicos del desarrollo que corroen las pantallas: las interacciones humanas, el lenguaje y la concentración. Socializar en la “vida real”, desplegar la capacidad verbal y estructurar el pensamiento, quedan en un segundo plano frente al uso abusivo de los dispositivos.
Desmurget no apela a la prohibición o restricción pero sí propone alertar y comunicar sobre las consecuencias que puede producir la exposición a las pantallas lúdicas. Así como expone las omisiones de la industria digital respecto a los productos que comercializan y el lobby que ejercen en el ámbito de las políticas públicas. A su vez, realiza una fuerte crítica a especialistas y periodistas que ponen por delante del interés colectivo el afán de lucro, y comunican las investigaciones respecto a este tema sin rigor.
El neurocientífico destaca la necesidad de explicar desde la infancia los motivos de los límites que se establecen respecto a estos usos, entre ellos las consecuencias negativas en el sueño, la salud, el rendimiento escolar, la inteligencia y la capacidad de concentración. Además es un uso que va en detrimento del tiempo que podría ser dedicado a actividades enriquecedoras como leer, tocar un instrumento, practicar un deporte o hablar con otras personas.
No hay ningún estudio que indique que carecer de pantallas para las actividades recreativas conduzca al aislamiento social ni a ningún tipo de trastorno emocional, señala el investigador francés en su libro, publicado antes de la pandemia. En cambio el impacto negativo en la salud, producto del consumo de pantallas durante el tiempo de ocio, se puede observar en muchos efectos perjudiciales. Entre ellos, una alteración grave del sueño, un incremento en el nivel del sedentarismo y la exposición a contenidos inadecuados o de riesgo (relacionados con el tabaco y el alcohol, la violencia, el sexo y los trastornos alimenticios), ya que son prescriptivos y modelan representaciones sociales que inciden en el comportamiento de niños, niñas y adolescentes. Frente a esta problemática, propone establecer normas para que el tiempo de consumo se mantenga por debajo del umbral a partir del cual comienzan a aparecer los efectos negativos. En dosis moderadas las pantallas no dañan y un consumo reducido puede dar lugar a otras actividades de socialización, deportivas, artísticas e intelectuales, o incluso el aburrimiento que también es parte del desarrollo.
El tema, ya complicado, se vuelve aún más complejo aún en tiempos de pandemia. No queda duda de que especialistas de todo tipo, sobre todo piscólogos, sociólogos, educadores y neurocientíficos deberán comenzar a establecer un debate que dé un marco razonable y fundamentado a la discusión y eventuales campañas desde el Estado.
Dic 10, 2020 | Géneros, Novedades
Las investigaciones más recientes estiman que en Argentina se producen entre 372.000 y 522.000 abortos anuales en la Argentina, números amplios que dan cuenta de la dificultad de registrar con precisión un fenómeno clandestino. Entre 2010 y 2017, en el sistema público hubo, por año, 45.604 egresos por abortos incompletos solo en hospitales públicos. El 0,5% de estas personas fallece por las complicaciones. El costo estimado de tratar estos casos es de 2.586 millones de pesos para el sistema de salud por año, suficientes para tratar prácticamente todos los abortos que se realizan en nuestro país. Estos datos, provenientes de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, dan cuenta del impacto de los abortos clandestinos sobre las mujeres y sobre el sistema de salud.
Ayer, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre “Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto. Modificaciones al Código Penal” obtuvo dictamen de las Comisiones de la Cámara de Diputados. El mismo establece entre otros derechos, información sobre el procedimiento y los cuidados posteriores, atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso y acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como su provisión.
El aborto en la actualidad es la causa del 13,6% de las muertes maternas pero la clandestinidad y la criminalización de la práctica producen un sub-registro de los casos. Se estima que el número de personas gestantes que mueren al año por abortos clandestinos, es mayor. El caso de Uruguay reveló una reducción desde el 37% al 8,1% de muertes maternas por abortos una vez implementada la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el año 2012.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aborda una perspectiva económica para analizar los costos fiscales que asume el sector público hoy con el aborto en la clandestinidad y los que dejaría de afrontar legalizando la práctica. Cuanto mayor es el nivel de gravedad debido a un aborto provocado en situaciones de riesgo, mayores son los costos de los tratamientos hospitalarios. En base a un estudio del año 2018, se estableció una probabilidad de ocurrencia de cada tipo de complicación por año: el 67% de los egresos hospitalarios requerirán una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.
Médicas, farmacéuticas y economistas, definieron interdisciplinariamente los motivos de hospitalizaciones y una matriz de costos de atención a complicaciones por abortos incompletos, de acuerdo a los valores del sistema de salud público a diciembre del año 2020. Un aborto incompleto leve requiere de un tratamiento ambulatorio con intervención para completar la práctica, como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o el Legrado Instrumental y tiene un costo unitario de 42.915 pesos. Si es de gravedad media, a estas intervenciones se sumará un tratamiento para infecciones y hemorragias de baja y media gravedad que arrojan un costo de 81.788 pesos. Por último, si el aborto incompleto es de alta gravedad puede requerir tratamientos por lesiones graves intra-abdominales, o por shocks sépticos así como internaciones en terapia intensiva y/o intervenciones quirúrgicas de alta complejidad como la histerectomía. Con este nivel de complicación, el costo unitario asociado al tipo de intervención médica se eleva a 132.425 pesos.
El análisis de los datos relevados permite inferir que el aborto en la clandestinidad – tomando en cuenta solamente los 45.604 egresos hospitalarios– implica un costo de 2.586 millones pesos para el sistema de salud por año. Por el contrario, una práctica segura de aborto puede llevarse a cabo con el uso de fármacos con Misoprostol o mediante procedimientos ambulatorios simples como la AMEU, e incluso el Legrado Uterino Instrumental (LUI) o el Raspado Uterino Evacuador (RUE), dos prácticas menos recomendadas pero necesarias ante un embarazo que supere las 12 semanas. Un aborto medicamentoso puede tener un costo de $6.082 que equivale a una caja de Misoprostol de 12 comprimidos, e incluyendo alguno de los otros procedimientos los costos se elevarían a $15.620.
Julieta – Aborto Primera Persona – Fotos Lucia Barrera Oro / Daniela Moran
Si el total de los abortos clandestinos, 447 mil estimados al año, se realizaran a través de un método medicamentoso –considerando que el 10% de esos abortos no serían exitosos y requerirían una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completarlo- el costo fiscal anual sería de $3.325 millones. El informe del CEPA concluye que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres, es decir el 95% del total anual estimado. Con el aborto legal, seguro y gratuito, los egresos hospitalarios atendidos a tiempo habrían costado un 88% menos, el equivalente a $314 millones frente a los más de $2.500 millones (costo total ponderado por atención de complicaciones por abortos clandestinos).
En esta última reunión previa a la sesión especial –que se estima puede extenderse hasta el viernes- y a este día de vigilia y movilización, los integrantes de las cuatro comisiones, Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, y Acción Social y Salud Pública, adhirieron por mayoría al dictamen del Poder Ejecutivo con 77 votos a favor, 30 por el rechazo y 4 abstenciones. Desconociendo la problemática de salud pública que implica el aborto clandestino, la Diputada Carmen Polledo (Bloque PRO – CABA) manifestó un dictamen de rechazo al tratamiento de este proyecto de ley, argumentando que resulta extremadamente inoportuno, no sólo por el contexto sanitario sino también por la situación de crisis económica. Sin embargo, reconoció que para quienes están en contra de la legalización del aborto, nunca es oportuno su tratamiento.
Dic 2, 2020 | Entrevistas
A la pobreza que vulnera a niñas, niños y adolescentes, se suman las situaciones de violencia y abuso que padecen a diario. Con la virtualidad que impuso la pandemia, aumentó la exposición al grooming –acoso sexual que ejerce un adulto a través de un medio digital– y la violencia de género en el ciberespacio. Para mitigarlos, garantizar la Educación Sexual Integral (ESI) es fundamental y requiere el impulso del Estado. En cada jurisdicción existen particularidades que dificultan su implementación, como la estigmatización del rol docente, la precarización de la profesión, los intereses y las creencias personales de las autoridades, y la falta de recursos para los proyectos institucionales. En muchos casos, la presencia de la ESI en las aulas termina dependiendo de la voluntad y el compromiso de maestras y maestros. Y con la enseñanza a distancia, aparecieron otras dificultades.
Licenciada en Ciencias de la Educación, doctoranda, investigadora y docente, Laura Sirotzky es la titular de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la Nación. Entrevistada por ANCCOM, explica las estrategias para sostener la continuidad pedagógica de la ESI en todo el territorio. Durante octubre y noviembre repasa, se desarrollaron diversas actividades con motivo de los 14 años de sancionada la Ley 26.150, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral: conversatorios, se difundieron informes sobre las experiencias escolares en distintas provincias y se presentó el Observatorio Federal de Implementación de la Educación Sexual Integral.
Para Sirotsky, la ESI es un asunto público que concentra tensiones y debates, parte de una agenda de políticas que tienden a construir una sociedad más igualitaria. “Desde esta perspectiva, todos y todas debemos, a lo largo de la educación obligatoria, recibir información y aprender, sin excepción, a cuidar el cuerpo y la salud, a valorar la afectividad, a garantizar la equidad de género, a respetar la diversidad y a ejercer nuestros derechos”.
¿Qué acciones se han llevado adelante para garantizar la ESI en pandemia?
Con la interrupción de las clases presenciales, el Ministerio de Educación desarrolló, y continúa haciéndolo, el Programa Seguimos Educando, que se conforma a partir de dispositivos de acompañamiento pedagógico en simultáneo, por niveles y ciclos, a través de la televisión, por los medios públicos, las radios, la plataforma virtual de Educ.Ar, y cuadernillos impresos para llegar a zonas donde la accesibilidad a Internet es más dificultosa. La ESI ahí tiene un lugar destacado. Está presente todas las semanas en los programas de radio y televisión, en función de los contenidos acordados en el Consejo Federal de Educación. Ha tenido una sección específica para darle visibilidad y hemos trabajado transversalizándola, como indican los lineamientos curriculares. También está en los cuadernos y en colecciones especiales de la plataforma de navegabilidad gratuita como “Más ESI, Más Derechos”, en los que se abordan todos los ejes con recursos y propuestas para estudiantes, docentes y familias. Además, se suma la continuidad de acciones de formación docente que son centrales para seguir fortaleciendo la ESI. Más de 25 mil docentes se anotaron este año en los cursos del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) y estamos trabajando para profundizar esta propuesta consolidando un trayecto formativo de especialización en ESI.
¿Qué problemas han encontrado para la implementación de la ESI?
Para las escuelas, repensar las estrategias de enseñanza a distancia, buscar las formas de seguir en contacto y educando, fue un desafío. Que las y los estudiantes puedan dar continuidad a los procesos de aprendizaje. Para la educación sexual integral implicó desafíos específicos, que son también una oportunidad para visibilizar todo lo que la ESI es –que es más que hablar de anticoncepción y relaciones sexuales– y ampliar ese universo que tradicionalmente se piensa. También el trabajo con las jurisdicciones es central. No podemos hacerlo si no es articuladamente, consensuando y aunando esfuerzos. Todavía quedan desafíos pendientes para garantizar la plena implementación de la Ley N° 26.150. Para eso trabajamos de manera conjunta, teniendo en cuenta que cada territorio tiene sus particularidades, experiencias e historias.
¿Cómo actúa la Subsecretaría ante la vulneración de derechos en el ámbito educativo?
Existen protocolos y guías, cada jurisdicción tiene sus instrumentos para intervenir. Estamos trabajando actualmente en nuevas herramientas para que las escuelas sean espacios libres de violencia y discriminación. Sabemos que el contexto de aislamiento profundiza estas situaciones. Desde la Subsecretaría venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, el Ministerio de Salud y otros organismos del Estado para aunar esfuerzos en su abordaje, porque sabemos que la escuela cumple un rol central en esto. Es a dónde los niños/, las niñas y los adolescentes construyen vínculos de confianza, es donde se detectan situaciones y se puede acompañar y orientar a las familias para que las instituciones correspondientes intervengan. Pero la escuela sola no puede, por eso el proceso de articulación territorial es fundamental para consolidar redes que garanticen el pleno ejercicio.
Al primer semestre de 2020 no se ejecutó el presupuesto del Programa Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, ¿por qué?
La ESI tiene un lugar central en las políticas del Ministerio de Educación que se financian a través de múltiples acciones. La limitación del análisis de desempeño del semestre está vinculada a la reestructuración de los lineamientos del programa. En la gestión anterior, la línea de Fortalecimiento de la ESI estaba en otro programa presupuestario. Por la pandemia, se demoró este procedimiento, pero está en plena ejecución y durante el primer semestre se ejecutó casi el 75% a través de la asignación específica a las jurisdicciones. Además, en lo que va del año lleva una inversión que duplica ese presupuesto en otras acciones como formación docente, elaboración de materiales de Seguimos Educando, producción audiovisual para radio, televisión, contenidos de la Plataforma Educativa, entre otras.
¿Qué es el Observatorio Federal de Implementación de la Educación Sexual Integral?
Desde la sanción de la Ley de ESI (en 2006), las acciones de seguimiento e investigación fueron realizadas desde el Estado nacional, las jurisdicciones, organismos internacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores y actrices. Sin embargo, es sostenible la demanda respecto de tener a disposición acceso a información sistemática y de calidad que pueda dar cuenta del desarrollo de todas estas acciones y de la implementación de la ESI en todo el territorio. Queremos conocer las experiencias, el impacto de la ESI y lo que aún falta. La información es fundamental para construir políticas públicas sólidas. Con este objetivo se crea y pone en funciones el Observatorio, el cual tendrá una mirada federal, multiagencial, transversal e interseccional, y estará dedicado a la investigación, monitoreo y seguimiento de la implementación de esta política pública. La propuesta es generar conocimiento sobre todas las dimensiones y actores involucrados en la implementación de la ESI, para lograr que se cumpla plenamente este derecho. Se trata de una cuestión que requiere del compromiso de todas y todos para construir una sociedad más justa, igualitaria, con plena vigencia de los derechos.
¿Cuáles son los objetivos a largo plazo?
Garantizar la plena implementación. La ley de Educación Sexual Integral va a cumplir 15 años, tiene un camino recorrido que necesitamos poner en valor conociendo el impacto de las acciones realizadas y delinear las mejores estrategias para lo que falta. Esta ley plantea procesos de transformación profundos. Garantizar la ESI es garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a información confiable, segura, validada científicamente, actualizada, y a partir de allí, además, fortalecer el ejercicio del derecho a la salud, a vivir una sexualidad plena, a expresar su identidad, a una vida libre de violencias y discriminación.
