Un rally en sillas de ruedas

Un rally en sillas de ruedas

El sábado pasado se desarrolló la décimo segunda edición de Rallydad, el rally que busca visibilizar las barreras físicas a las que se enfrentan diariamente las personas con movilidad reducida en la Ciudad de Buenos Aires. El evento, organizado por la ONG Acceso Ya, invita a subirse a una silla de ruedas y realizar un breve circuito con el objetivo de ponerse en el lugar del otro. La travesía evidenció tanto los problemas urbanos para quienes tienen una discapacidad motriz como la impaciencia de los automovilistas. Baches, rampas mal hechas y negocios y escuelas que solo tienen escalones como forma de acceso fueron algunos de los hallazgos del recorrido.

Personas en sillas de ruedas, junto a acompañantes, en el d, recorrido en silla de ruedas anual de la fundacion Acceso YA

El Rallydad tiene el objetivo de visibilizar la problemática del acceso en personas con discapacidad o movilidad reducida.

Rallydad se realiza cada 17 de marzo, día en que se conmemora la promulgación de la Ley Nacional de Accesibilidad N° 24314. La norma,  tal como explicó Claudio Waisbord, fundador de Acceso Ya, “establece la obligación de que toda construcción nueva se realice en torno a estándares de accesibilidad”. Para él, usuario de silla de ruedas, “la accesibilidad es un problema específico, que coloca a los discapacitados fuera de la sociedad por razones que se pueden resolver fácilmente”.

Alrededor de las 16:30, sesenta participantes salieron de las inmediaciones de Avenida Córdoba y Uriburu, cruzaron hacia la Facultad de Ciencias Económicas, recorrieron dos cuadras hasta Riobamba y luego cruzaron Córdoba para ir por Ayacucho hasta Paraguay. La vuelta fue por Córdoba hasta el punto de origen en la Plaza Houssay. La elección del recorrido no fue aleatoria: los organizadores de Acceso Ya se encargaron de que en los metros recorridos quedaran plasmados cada uno de los reclamos que vienen sosteniendo hace más de diez años: “Elegimos este lugar porque tocábamos numerosas causas que tenemos con los subtes, con las escuelas públicas, con los locales comerciales…”, dijo Josefina Macías, coordinadora ejecutiva de la ONG.

Foto del presidente de la Fundacion Acceso YA en el Rallydad.

Claudio Waisbord, presidente de la Fundación Acceso Ya.

En el total del circuito, que representa cuatro cuadras, se identificaron baches, pozos, roturas, y hasta rampas mal hechas, “clásicos” obstáculos para las personas con discapacidad. Los participantes pasaron por cuatro instituciones educativas y sólo una de ellas, la escuela Alicia Moreau de Justo, contaba con rampa. Numerosos comercios, entre ellos un McDonald’s y un Freddo, solo tenían escalones para acceder a su interior.

Las barreras físicas no fueron las únicas a las que se enfrentaron los participantes. En el cruce de calles, tanto automovilistas como colectiveros dispararon bocinazos contra los transeúntes y hasta esgrimieron palabras desafortunadas. Tamara, una estudiante de Terapia Ocupacional que asistió al evento, contó cómo vivió el circuito usando silla de ruedas por primera vez: “Es muy laborioso avanzar debido a que las calles están muy rotas y en mal estado. Si tardás un poco en cruzar el semáforo los autos te tocan bocina”, dijo. La falta de empatía no sólo se evidencia en la impaciencia y el trato de la sociedad civil sino también en la negligencia y desinterés que manifiestan: “Los autos se estacionan delante de las rampas y si pedís que se muevan no tienen consideración”, dijo Tamara.

imagen de un papel amarillo que dice "No debe tapar una rampa, no olvide hacer el bien no cuesta tanto y hace mucho ya que usted no está excento/ta"

Acceso Ya busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con movilidad reducida y, a la vez, mejorar la calidad institucional de la sociedad.

Si algo pretendía Acceso Ya con este “rally” era demostrar los peligros diarios a los que se tienen que enfrentar quienes poseen algún tipo de limitación motriz. Eso quedó a la vista cuando una de las participantes estuvo a punto de sufrir un accidente tratando de atravesar un pozo en la esquina de Córdoba y Ayacucho. Mariel Tesler, abogada de Acceso Ya, contó: “La chica se fue para atrás y casi se mata porque la rampa está mal hecha y la calle tiene una pendiente.  En general, a esas rampas solo se las pinta de amarillo y no se toman el trabajo de arreglarlas. Eso es disfrazar el mal estado en el que está la ciudad”.

Y aunque la ciudad todavía presenta muchos obstáculos, Waisbord, fue optimista al resaltar que en sus treinta años en silla de ruedas pudo ver “enormes cambios” en materia de accesibilidad y esto lo demostró en la jornada del sábado con la noticia de una nueva lucha conquistada. El 5 de marzo pasado, el juez Roberto Gallardo resolvió una cautelar que obliga a Metrovías y Sbase a garantizar la accesibilidad mínima en un plazo menor a tres meses hasta tanto se hagan las obras definitivas. Según Mariel Tesler, ahora los subtes tendrán que “destinar personal de las empresas para asistir a las personas que requieran asistencia y colocar distintos tipos de dispositivos mecánicos para que puedan acceder a los servicios”. Waisbord, por su parte, cerró la jornada con optimismo: “Estos pequeños logros son justamente el sentido por el cual trabajamos: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con movilidad reducida y a la vez mejorar la calidad institucional de nuestra sociedad al poder involucrar a gente que no es discapacitada en esta defensa de los derechos ciudadanos.”

imagen de las personas que participaron del Rallydad cruzando una avenida por la senda peatonal.

El Rallydad se realiza todos los 17 de marzo, día en que se promulgó la Ley Nacional de Accesibilidad N° 24314.

imagen de una vereda rota, en el fondo se ve la gente que realizó el recorrido caminando y en sillas de ruedas.

Los subtes deberán destinar personal para asistir a las personas que requieran asistencia y colocar distintos tipos de dispositivos mecánicos que les permitan acceder a los servicios.

Concentración y dependencia

Concentración y dependencia

Después de los primeros dos años de gestión macrista, las transformaciones en en el campo de la comunicación se suman al cúmulo de medidas generales que evidencian su concepción de modelo estatal, su relación con las corporaciones empresariales y con los sectores más vulnerables. ¿El resultado? Una creciente concentración mediática que favorece a los grandes grupos económicos del sector audiovisual y de telecomunicaciones y que perjudica no solo al sector no comercial, sino también a las pequeñas y medianas empresas de comunicación.

Marcha «La Ley de Medios no se toca» en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Diciembre de 2015.

El año pasado finalizó con la firma de dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que aprueban la compra de Cablevisión por parte de Telecom, una fusión que contiene una realidad innegable: el Grupo Clarín pasó a ser un gigante de las telecomunicaciones. Y aunque “las políticas de comunicación podrían mitigar estos procesos de intensificación de la concentración, lo que hacen es profundizarlo”, explicó María Soledad Segura, docente e investigadora de las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.  

Con la consigna “convergencia tecnológica” el gobierno avala la fusión de empresas que históricamente fueron separadas por barreras regulatorias. Y con artilugios legales se saltean instancias parlamentarias para que la legislación entre en vigencia. Con el DNU 267/15, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se vio modificada y desmembrada en algunos artículos fundamentales. Por un lado destruyó la autoridad de aplicación de la ley (AFSCA), así como también diluyó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

En consecuencia, creó el ENACOM, un organismo que incluye en su directorio siete personas, de las cuales cinco son elegidas por el poder ejecutivo. Damián Loreti, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, abogado especializado en derecho a la información y uno de los principales impulsores de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aseguró que esta medida “va en contra tanto del procedimiento como del contenido que los estándares interamericanos de Derechos Humanos señalan sobre autoridades de aplicación”.

Por el otro lado, el DNU relajó las barreras de control de concentración a través de tres vías explícitas: “Primero, aumentó la cantidad medios que se puede tener. Segundo, sustrajo el cable a las reglas de los servicios de comunicación audiovisual, pensando que eso los hace convergentes. Tercero, prohibió a DirecTV hacer otra actividad que no sea la televisión satelital, y eso tenía como destino fortalecer a Cablevisión, al limitarle la competencia a DirecTV, cosa que corrigieron por presiones del gobierno norteamericano”, explicó Loreti.

En este sentido, Luis Lazzaro, periodista, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y ex coordinador del antiguo AFSCA, aseguró: “No hay nada que jurídicamente impida que esto sea resuelto desde un Congreso. Se trata de una situación claramente inconstitucional, de ningunear al Congreso argentino, de invocar pretextos que no tienen razón de ser ni de necesidad ni de urgencia”, refiriéndose a los DNU que dictó el Poder Ejecutivo desde fines de 2015 y a lo largo de su gestión.

Para María Soledad Segura, “esas medidas transitorias están reestructurando al mercado de manera muy profunda y esto va a tener implicancias muy difíciles de revertir, incluso con la mejor ley que podamos imaginar basada en el paradigma de derechos humanos”. Tal es así que la situación de los medios comunitarios, quienes tenían una expectativa de participación muy grande tras la sanción de la ley 26.522, se ve agravada. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, sostuvo que para el gobierno “los medios comunitarios son innecesarios porque no generan productividad de mercado”. No obstante, para ella, quien además trabaja como asesora de estrategias en gestión de políticas de medios de comunicación comunitarios y populares, “el impulso que se dio durante estos seis años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha dejado mejor parado al sector. De hecho, se han creado muchos medios y estos se han agrupado. Lo que tienen ahora es un ahogamiento económico”.

Allanamiento del AFSCA en diciembre de 2015.

Lo dicho anteriormente se evidencia con la suspensión de los llamados a concurso y de los pagos para el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA): “Están impagos FOMECA del 2015, están impagos la mayoría de los FOMECA 2016. El concurso de ese año se llamó recién en octubre. Y el concurso a los FOMECA 2017 se va a llamar recién en febrero del 2018 con lo cual ya tienen un retraso en los pagos y en la realización de los concursos muy importante”, confirmó Segura. Y como contrapartida -agrega- existen “emisoras sin fines de lucro, que están en situación de ilegalidad también producto de la inacción estatal, a las que se les realizó intimaciones y allanamientos”.

La promesa oficial de una nueva Ley de Convergencia Tecnológica que repararía los abusos cometidos por el exceso de DNU sigue en pie tras una tercera solicitud de prórroga por 180 días para dar a conocer el proyecto. Si bien el constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó el proyecto que la comisión destinada a tal fin había presentado en marzo de 2017, después de un año de trabajo, “todo parece indicar que al gobierno no le cerró y quedó cajoneado hasta este momento”, sostuvo María Soledad Segura. Sobre el contenido de ese primer borrador, Lazzaro concluyó: “No está mal encaminado porque retoma mucho de los principios de la ley 26522 y 27078, aunque se ve de nuevo que trata de preservar los intereses de Grupo Clarín y companía”. Desde otra perspectiva, Villamayor criticó que en el anteproyecto “el sector social no está representando”.

El año 2017 y los comienzos de 2018 mostraron cierres de medios como Agencia DyN; la revista El Gráfico; los diarios La Razón y La Mañana de Córdoba, entre otros, y miles de despidos en medios tanto públicos como privados, además de graves atrasos en el pago de salario como ocurre en Radio Del Plata o las crisis como la del Grupo Indalo. La responsabilidad de la política comunicacional de Cambiemos es evidente. Para Loreti “el panorama es más que sombrío y la responsabilidad es más que obvia”. El mal manejo de la pauta oficial sumado a una economía cada vez más recesiva parecen ser los detonantes de la situación de crisis que atraviesan no solo las pequeñas empresas, sino también algunos grandes grupos económicos: “Para algunos medios se aumentó más de un 500 por ciento la pauta y para otros ni siquiera se respeta el porcentaje mínimo que la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública dice que hay que cumplir. A esto se suma la cantidad de plata que el gobierno está poniendo en redes sociales y en medios digitales”, finalizó Loreti.

Damian Loreti en una charla por la Ley de Medios, clase de Derecho Constitucional a cargo de Andrés Gil Domínguez.

Movilización de los medios comunitarios frente al ENACOM en el edificio donde funcionaba el AFTIC.

Actualizado 24/01/2018

¿Por qué cuesta conseguir donantes de órganos?

¿Por qué cuesta conseguir donantes de órganos?

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) registró 2.663 trasplantes realizados durante el 2016, 276 menos que en el 2015. Mientras que la conducción de este organismo afirmó que transitan este año un “camino favorable” para revertir dicha situación, asociaciones civiles y médicos especialistas insisten en la necesidad de incrementar la formación de la comunidad médica, las políticas de salud y la educación en la comunidad civil en la temática de la donación de órganos. La situación de Justina, la nena que necesita con urgencia un corazón, puso en evidencia -una vez más- esta problemática.

Si bien el relevamiento del 2016 muestra una tendencia declinante en relación con los años anteriores, el estancamiento en la cantidad de donaciones y, como consecuencia, trasplantes se produjo a partir del 2013. “Más allá del efecto del número, en realidad la preocupación es qué pasa en nuestro medio que no podemos tener una tasa de donación, por lo tanto de trasplante, como para dar satisfacción a toda esa gente que está esperando su tratamiento”, declaró a ANCCOM Carlos Díaz, presidente de la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT).

Por un lado, para María Del Carmen Bacqué, presidenta del INCUCAI, el declive fundamentalmente se atribuye a que los modelos de gestión implementados empiezan a tener cierta lentitud o deben ser renovados y reforzados. Por lo tanto, se deben aplicar nuevas estrategias que mejoren la detección del posible donante y también la comunicación y la entrevista a la familia para la donación de los órganos.

Las estrategias propuestas por el INCUCAI apuntan, por un lado, a “la capacitación de los equipos de salud reforzando la atención del paciente crítico con cuidado hacia el final de la vida”, y por el otro, a las “maniobras de comunicación sobre el deceso junto a la solicitud o propuesta de donación”, según Bacqué. No obstante, matiza: “Ninguna estrategia tiene un rápido efecto”. Y aunque el primer semestre del 2017 haya mostrado estadísticas superiores al del año pasado -692 trasplantes contra 616 realizados en 2016-,  la actual presidente del INCUCAI manifestó: “Esto no alcanza en nuestras metas, pero por lo menos nos permite decir que hemos invertido la tendencia que teníamos”.

Entre otras causas de la escasez de órganos, Díaz destacó: “No toda la comunidad médica es consciente de esta opción de tratamiento. Así como tampoco todos tienen un conocimiento básico de a quién derivar en estos casos y el impacto que eso tiene”.

Tanto para Díaz como para María Eugenia Vivado, médica y directora de Asociación Solidaria de Insuficientes Renales (ASIR), un caso ilustrativo de las deficiencias en el cuerpo médico es el de la enfermedad crónica renal: “Hay casi 30 mil pacientes que están haciendo diálisis en nuestro país y es relativamente baja la proporción de esos pacientes que han sido dirigidos a programas de trasplantes para poder resolver su problema con un trasplante renal”.

A pesar de las medidas implementadas por el INCUCAI, organizaciones sin fines de lucro reciben diariamente pacientes en lista de espera y familiares que solicitan asistencia y ayuda en la transición del operativo de procuración de órganos. “Los médicos del interior siempre mandan a los pacientes a los hospitales de acá. Nos ha pasado que han venido pacientes de Jujuy, por ejemplo, con muy poquita plata sin saber ni a dónde tenían que ir”, declaró Miriam Tejeda De Rossi, presidenta de la Asociación Civil Florencia Rossi que acoge diariamente pacientes del interior y se ocupa de asistirlos. “De la misma forma que tenemos una distribución de la población muy asimétrica y concentrada en las grandes urbes también ocurre con los centros de trasplantes”, explicó Díaz.

Otra de las problemáticas que acarrean estos pacientes es la incertidumbre de no saber cuándo van a ser trasplantados. “Yo tuve que esperar 13 años -reveló Vivado-, estuve todos esos años haciendo diálisis hasta que llegó el trasplante”. Vivado también criticó con dureza el desempeño del INCUCAI en los últimos dos años: “Nosotros, que formamos parte del Consejo Asesor de Pacientes, teníamos una comunicación muy fluida con la gestión anterior del INCUCAI. Con el cambio de gobierno y toda la nueva reorganización que eso conlleva el diálogo se hizo más difícil”.

Tanto Vivado como Tejeda de Rossi, insisten en la necesidad de una campaña continua que informe la importancia de la donación de órganos en Argentina así como también la incorporación de esta temática en la educación primaria: “Quiero que todos los días se hable de donaciones. Así es como vamos a informar a los chicos, así van a aprender los chicos”, expresó De Rossi. No obstante, Díaz señaló que si bien la educación ciudadana es importante, “le estamos dando toda la responsabilidad a la gente en un momento de dolor. La consciencia está en el sistema de salud y los médicos como primera línea”.

Aunque desde el 22 de enero del 2006 la Ley del Donante Presunto (ley 26.066) establece que cualquier persona capaz y mayor de 18 años puede ser donante de órganos y tejidos tras su fallecimiento, el círculo familiar sigue teniendo en última instancia la decisión, en caso de no existir manifestación expresa ni a favor ni en contra. “Cuando muere una persona, la familia, por el dolor de la muerte, está afectada y cuando se le habla de la donación, obviamente la mayoría dice que no. Hay que hacer educación en el cuerpo médico porque son los primeros que tienen la relación con un posible donante”, dijo Vivado. Díaz coincidió en que “la discusión de la donación debería hacerse cuando la persona está bien. Esto generaría un alivio de esa responsabilidad enorme que en un momento de dolor uno podría llegar a tener” y concluyó con una fórmula contundente : “Por un donante, se puede salvar a ocho personas”.

Actualización 07/11/2017

Imágenes paganas

Imágenes paganas

Desde el jueves 12 y hasta el próximo miércoles 18 se realizará  la 17º edición de Doc Buenos Aires, Muestra Internacional de Cine Documental. Su programación no solo propone exhibir las producciones más destacadas del género sino también actividades vinculadas a la exploración de nuevas narrativas y espacios de debate sobre las obras proyectadas y la experiencia  de realizar documentales.

Año a año Doc Buenos Aires se consolida como uno de los festivales internacionales de cine de mayor prestigio en Argentina junto con el Bafici y el Festival Internacional de Cine Mar Del Plata. No obstante, para Marcelo Céspedes, director general de Doc Buenos Aires, construir un espacio de reivindicación de ese tipo de cine no es una tarea sencilla: “Somos un festival pequeño en relación al Festival de Mar del Plata y al Bafici y siempre estamos peleando entre uno y el otro qué nos queda para programar. Muchos organizadores, realizadores y productores prefieren ir al Mar del Plata o al Bafici y no al Doc Buenos Aires porque éste último pide premier”.

Este año, el festival inaugurará secciones prometedoras que proponen nuevas narrativas, experiencias y formas de lenguaje. En este sentido, Carmen Guarini, directora de programación, destacó la muestra Cine de artistas, curada por Eduardo Stupía, que se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA). En ella se mostrarán producciones cinematográficas de cineastas que operan como artistas visuales, y, por otro lado,  artistas visuales que de un modo u otro ensayan conceptualmente formatos cinematográficos.  Por otra parte,  Guarini mencionó la sección de Realidad Virtual y Video en 360, en conjunto con UNTREF y con el laboratorio Neomedialab, donde el espectador podrá disfrutar de una selección internacional de cortometrajes que son el fruto de la convergencia tecnológica: “Son pequeñas obras que se miran con dispositivos especiales. Son ficciones cortas donde entra determinada cantidad de gente por vez”, explicó.  

Uno de los artistas seleccionados es Julián D’Angiolillo que presentará «Antropolis Memorabilia».

Quizás una de las apuestas más fuertes de esta edición resulta la presencia de Stéphane Breton, el reconocido antropólogo y cineasta francés, que dará una clase magistral en la Alianza Francesa. “Traemos sus últimas cinco obras y una última que será la apertura del festival, se llama Hijas Del Fuego y es el seguimiento de un grupo de mujeres combatientes en el frente de la Guerra de Siria”, contó la programadora del evento que además es una destacada directora y productora del cine documental.

El Doc reserva siempre un lugar para películas argentinas y esta edición no será la excepción. “Este año es la primera vez que podemos hacer un panorama de cine documental argentino con cinco películas que prácticamente son premier mundial”, declaró Céspedes. Por un lado, Gustavo Fontán estrenará Trilogía del Lago Helado compuesta por el tríptico Lluvias, El estanque y Sol en un patio vacío. Por el otro, Mariano Luque presentará su primer documental, Los árboles, y Javier Miquelez, director de fotografía de películas como Ronda Nocturna y Trelew, debutará como director con Cámara Oscura. Finalmente, Andrés Perugini presentará La intimidad y Lucas Turturro su film Inconsciente.

En el marco de un momento conflictivo para el cine nacional tras el anuncio de la Resolución 942/2017, que condiciona el acceso al Fondo de Fomento Cinematográfico con cláusulas restrictivas para la obtención de créditos y subsidios, los realizadores del festival hablaron de la situación del cine documental: “Si se pone en marcha esa resolución realmente va a ser catastrófico. La política actual a nivel de cultura es cada vez de menos producción, por lo menos en un sentido cultural profundo”, explicó Guarini.

La cineasta criticó duramente la gestión del Gobierno de turno sin dejar de mencionar problemáticas que se suceden desde gestiones anteriores: “Lo que falta en el cine argentino son salas suficientes y precios acordes a los problemas económicos que tiene la gente. No se puede competir con tanques que se exhiben en 300 salas, ocupan la mayoría de las salas del país y tienen toda la promoción del mundo. Son condiciones de desigualdad muy fuertes”, declaró.

El director de fotografía, Javier Miquelez, estrenará «Cámara Oscura».

Desde otra perspectiva, Céspedes resaltó el lugar que ocupa hoy este género como “un cine diferente, una mirada distinta, que también es un reflejo de cómo está hoy el mundo” y mencionó las dificultades a las que se enfrenta: “El tema de distribución y exhibición es un problema muy grande. No es de ahora, es de hace muchos años, y no es de acá, es en el mundo”.

Si bien Doc Buenos Aires cuenta, en palabras de Céspedes, con “un público muy fiel, muy selectivo y especializado”, el festival estará abierto al interés de nuevos espectadores. Tendrá lugar en diferentes salas de la ciudad de Buenos Aires, entre ellas las del Cine Ar Gaumont, la Sala Leopoldo Lugones, el Centro Cultural San Martín, la Alianza Francesa de Buenos Aires, el MACBA y la Universidad del Cine. Habrá descuentos para estudiantes y jubilados. Las entradas gratuitas serán válidas hasta agotar disponibilidad.

 

Actualización 11/10/2017.

Aire a discriminación

Aire a discriminación

Las deportistas paralímpicas Mariana Gallo y Ana Bernasconi fueron obligadas a bajar del avión que las llevaba a Río de Janeiro, el 18 de julio pasado, bajo el argumento de que no podían viajar sin un familiar que las acompañe. A pesar de que los pasajeros del mismo vuelo se ofrecieron a asistirlas como acompañantes, la negativa de la empresa fue tajante y las dos mujeres tuvieron que esperar hasta el día siguiente para concretar su vuelo. A partir de ese caso, la ONG Acceso Ya trabaja en un proyecto de ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad motriz.

Tanto Mariana, que es remera,  como Ana, nadadora,  habían comprado el pasaje en abril y habían llenado un formulario donde informaban su dificultad y solicitaban asistencia para subir a la aeronave.  El embarque transcurrió de manera normal en el aeropuerto de Ezeiza: “A la puerta te llevan en una silla que es muy angostita, que es la que pasa por el pasillo del avión, te suben con eso y vos te sentás en el asiento”, explicó Mariana. Sin embargo, una vez en sus lugares, el personal de la compañía les comunicó que debían descender del vehículo.

La principal razón a la que recurrían los empleados de Aerolíneas Argentinas era que las mujeres se encontraban solas, sin compañía de un familiar que pudiera asistirlas. “Muchos de los pasajeros que estaban cerca nuestro dijeron: ‘Nos hacemos cargo nosotros’”.  No obstante, la decisión parecía ya estar tomada por la jefa de cabina, quien se acercó e insistió en que las muchachas se bajaran del avión. “Fue una conversación muy áspera, muy tensa”, recordó Mariana y agregó: “”No hubo lugar para la conversación y como consecuencia, tuvimos que bajarnos del avión”.

Mariana Gallo en silla de ruedas mirando a cámara.

Mariana Gallo, remera paralímpica que fue bajada de un avión de Aerolíneas Argentinas por no poder viajar con un familiar a cargo.

El vuelo fue reprogramado para el día siguiente en Aeroparque pero no sin menos inconvenientes.”Necesitan un acompañante”,  insistieron desde la empresa, a lo que las dos amigas respondieron: “Nos vamos de vacaciones, no tenemos a nadie que nos acompañe ni queremos ir con nadie”. Después de varias idas y vueltas, la compañía puso a disposición de las chicas un médico que constatase su adaptabilidad para viajar a través de una hoja de información médica. Esta última, conocida como MEDIF,  es exigida a aquellas personas consideradas por la empresa como “casos médicos”, es decir, aquellos pasajeros que al momento de realizar el vuelo padecen o han padecido algunas enfermedades agudas, que han sufrido internaciones o han atravesado cirugías recientes, maniobras invasivas, que presentan descompensaciones o reagudizaciones de afecciones crónicas, según informa el sitio web de la compañía.

La abogada Mariela Tesler, miembro de Acceso Ya, ONG a la que recurrieron las damnificadas, explicó: “Si las personas con discapacidad son autónomas, entonces califican como “casos no médicos”, y tienen derecho a viajar por sí mismas sin necesidad de hacerlo con un acompañante”.

Ambas pasajeras ya iniciaron medidas legales contra la compañía a fin de defender sus derechos. La denuncia se realizó ante el INADI, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). También tramitan un reclamo judicial. Tesler planteó: “La decisión de la empresa de hacerlas descender del avión y no haberles permitido viajar por la sola condición de tener una discapacidad motriz, resulta a todas luces arbitraria y constituye un trato discriminatorio en los términos del art. 1º de la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios”.

Lo que puede resultar curioso es que tanto Ana como Mariana ya habían viajado por Aerolíneas Argentinas en otras oportunidades y nunca se les había exigido hacerlo en compañía. “Hice un vuelo a EEUU, que son varias horas, y la jefa de cabina me preguntó si podía movilizarme por mi cuenta y que en todo caso había una silla angosta para que lo pudiera hacer”, afirmó Mariana. El viaje de estas deportistas paralímpicas no finalizó sin menos contradicciones: “A la vuelta viajamos bien pero nos cambiaron de compañía sin avisarnos”, detalló.

Actualmente, el equipo de legales de Acceso Ya, junto al Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja en un proyecto de ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad motriz. En una primera instancia será evaluado ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados: “La idea es presentarlo entre el mes de noviembre y diciembre, después de las elecciones”,  aseguró Tesler.  Entre otras cosas, la iniciativa  se encargará de definir ciertos conceptos que hoy se presentan ambiguos,  basándose en los tratados internacionales de derecho, y  tendrá como propósito aclarar “cuáles son los casos en los que es necesario viajar con un acompañante y cuáles no”, se explayó la abogada.

Si bien el caso de Mariana Gallo y Ana Bernasconi fue un disparador de esta iniciativa, no es el único  de negación al acceso de transporte aéreo en la Argentina. Acceso Ya nació en 2001 a raíz de que la aerolínea Southern Winds había impedido que pasajeros usuarios de silla de ruedas tomaran un vuelo por considerarlos incapacitados para viajar sin acompañante. Como no existe una ley que regule el transporte aéreo de personas con discapacidad, “las empresas se rigen discrecionalmente por normas internas como son los Manuales Comerciales de Pasajeros viajando con asistencia especial y protocolos internos de actuación para estos casos”, explicó Tesler. Por eso, además de exigir el correcto funcionamiento de estas regulaciones, Acceso Ya se encarga de la “defensa del derecho a la accesibilidad, investigando y denunciando barreras arquitectónicas, promoviendo la total integración de las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida”. La presentación del proyecto de ley sobre el tema será un paso más en ese sentido.

Actualizado 5/9/2017