Ene 27, 2022 | Culturas, Destacado 2
¿Qué son las barreras lectoras? ¿Qué establece el Tratado de Marrakech y cuál es su situación en Argentina? Una ley sin reglamentar que podría mitigar la exclusión.
La Unión Mundial de Ciegos (UMC) representa a los 253 millones de personas ciegas o con deficiencias visuales. Según esa organización, más del 90% de los materiales que se publican son inaccesibles para quienes tienen ese tipo de dificultad. Es decir, menos de un 10% se encuentra en condiciones de poder ser aprovechados y disfrutados. ¿Cuáles son los mecanismos de acceso para las personas que tienen otras discapacidades y atraviesan distintas barreras lectoras?
Virginia Inés Simón es Coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech (TM) en América Latina y forma parte de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras actividades. De acuerdo con Simón, “las brechas de acceso a la lectura, la «hambruna del libro», no está en la condición de discapacidad de las personas, sino en las barreras de accesibilidad que ellas atraviesan.
¿Esto qué significa? Gabriela Troiano, ex diputada nacional del Partido Socialista, agrimensora y docente en la Universidad Nacional de La Plata, lo explica: “Cuando quedé con discapacidad visual tuve que aprender a escanear los libros que necesitaba, pasarlos por OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres, por su traducción del inglés), todo el procedimiento para hacer accesible un texto, que lleva muchísimo tiempo. En ese momento no había una Comisión de Discapacidad dentro de la Universidad, menos en la Facultad de Ingeniería, todo era muy a pulmón. Me tuve que comprar un escáner, que lo costeé con mis recursos, con el esfuerzo familiar, y así pude mantener mi actividad”.
Las barreras lectoras son múltiples, señala Troiano. Por ejemplo, si una persona sorda no tiene un docente que le hable claro y de frente para leer sus labios, necesita acceder al material de lectura a través de un videolibro en lengua de señas. Otro caso, una persona con discapacidad intelectual no puede ejercer el acto “convencional de lectura”, sino que necesita de un texto de lectura fácil que brinde un sistema de escritura adaptado.
Ante la diversidad de situaciones y necesidades, el TM surgió para intentar cambiar estas realidades. Fue adoptado el 27 de junio de 2013, en Marrakech (Marruecos), y forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derechos de autor administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). El objetivo principal es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias, en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.
Este tratado internacional multilateral requirió la firma de 20 países para su entrada en vigor, lo cual ocurrió el 30 de septiembre de 2016, con la adhesión de Canadá. En la actualidad, hay 61 países contratantes en todo el mundo. En América Latina, ya lo suscribieron Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Allí se establece que las leyes nacionales deben permitir que los beneficiarios, las bibliotecas y otras organizaciones puedan hacer y distribuir copias accesibles, sin la necesidad de pedir permiso a los titulares de derechos cuando éstas no se encuentran disponibles en el mercado. El TM convierte en legal la distribución, es decir, el envío y recibo de documentos accesibles entre países a través del intercambio transfronterizo.
¿Quiénes son los beneficiarios del TM? Aquellos que padecen distintas discapacidades que interfieren con la eficacia de la lectura de material impreso. “Se contemplan aquellos con discapacidades intelectuales, neuro divergencias”, explica Simón. “Podemos hablar de esclerosis lateral amiotrófica, autismo, síndrome de down, dislexias. Cualquier discapacidad que implique no poder ejercer el acto «convencional de la lectura»: sostener un libro con las manos, pasar la hoja”, agrega. La especialista destaca que el TM se convierte en una herramienta para cumplir los derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), porque garantiza el acceso a la lectura en el marco de la educación inclusiva. En este sentido, se habla del derecho a la lectura convencional a través de dispositivos de lectura fácil, procesos de acceso a la información independientes del soporte digital, subtítulos, formato Daisy (Sistema de Información Digital Accesible), narración oral o interpretaciones en lengua de señas.
Por su lado, las “entidades autorizadas” son aquellas reconocidas por el gobierno para proporcionar a los beneficiarios educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información, sin ánimo de lucro. Bajo este concepto quedan comprendidas todas las bibliotecas, centros de información, academias o instituciones que trabajan en servicios de acceso a la información. Una de sus obligaciones es “determinar -advierte Simón- que las personas a las que sirven son beneficiarios, prestar servicios únicamente a esas personas, desalentar la utilización indebida de los ejemplares y ejercer la «diligencia debida» en el uso de los ejemplares de las obras”. Asimismo, son las encargadas de realizar el intercambio transfronterizo.
El rol de las bibliotecas como entidades autorizadas es central. Continúa Simón: “Su labor misional es brindar acceso democrático a la información para todas las personas, con o sin discapacidad. A través del TM son fuente de acceso a más derechos”. Por otra parte, Troiano destaca que: “Están en cada rincón del país. Es el lugar más cercano a la persona con discapacidad, y no está librado al poder económico que ella tenga, si tiene o no celular o computadora. La biblioteca está disponible para todos en igualdad de condiciones”.
Se aprobó el 3 de diciembre de 2014, fue ratificado el 15 de abril de 2015, y entró en vigor -como se señaló- el 30 de septiembre de 2016. Al igual que en todos los países parte, la implementación se encuentra determinada por los cambios legislativos en materia de Propiedad Intelectual a nivel local, para hacer vinculantes las disposiciones contenidas en el tratado.
El 16 de diciembre de 2020 se promulgó y publicó en el Boletín Oficial la Ley Nº 27588 que modifica la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11723. “La modificación del artículo 36 implica el alcance amplio en el concepto de personas beneficiarias. Se incluye a quienes tienen discapacidades sensoriales, auditivas, es decir, alude a personas con discapacidades que transitan barreras lectoras. Además, se regula el intercambio transfronterizo. Significa que en nuestro país, cualquier entidad autorizada, puede intercambiar obras con formato adaptado con otras entidades autorizadas en otros países que también implementan el tratado”, cuenta Simón.
Actualmente, las entidades autorizadas pueden adaptar textos sin infringir derechos de autor y las personas beneficiarias pueden ver disminuidas sus brechas de acceso a la información. Sin embargo, esto requiere de la regulación del repertorio nacional, a cargo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y que el registro de entidades autorizadas sea voluntario y no obligatorio, regulado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). “Aquí no hay una acción de observancia para determinar si efectivamente se reduce la hambruna del libro”, destaca Simón. Así, la DNDA aún tiene pendiente la reglamentación de la ley, la cual estipula de qué manera se van a llevar a cabo ciertas disposiciones contenidas en la norma.
“Con un espíritu crítico, mientras cuento cuántos países latinoamericanos implementan el tratado, pregunto: ¿Realmente se está disminuyendo la hambruna del libro que experimentan las personas con discapacidades que transitan barreras lectoras?”, aventura Simón. Troiano, como una persona beneficiaria del TM, responde: “No tenemos beneficios tangibles y diferenciales de cómo veníamos antes. Al no reglamentarse la ley, no se están produciendo formatos accesibles, no se está pudiendo hacer el intercambio transfronterizo, porque hay países que requieren de muchas autorizaciones, como la certificación internacional de discapacidad. Lo que establece el tratado debe tener un criterio bien amplio, porque sino terminas obstruyendo el acceso a los materiales accesibles”.
“Está centrado en un cambio de paradigma, en donde la discapacidad no es de la persona, sino que es una cuestión social”, afirma Troiano. Para incluir a todos los ciudadanos, la sociedad debe cambiar. A partir de este modelo transformador, las personas con y sin discapacidad deben tener las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. De acuerdo con la ex diputada, el TM es un elemento esencial para cumplir con los derechos y obligaciones de la persona establecidos en la CDPD.
El Modelo Social de Discapacidad (MSD) puede incluir a todos. Simón explica con dos ejemplos: “Pensemos en una biblioteca escolar. Hay compañeras y compañeros docentes que adaptan libros de cuentos convencionales, los pasan a un compact y los generan al braille con un punzón. Así, niños y niñas con y sin discapacidad visual comparten el mismo cuento, al mismo tiempo. Otro ejemplo, los videolibros en lengua de señas permiten que niños y niñas con discapacidad auditiva, accedan a los dispositivos de narración oral en igualdad de condiciones, al mismo tiempo, con niños y niñas sin discapacidad. A través de la narración oral, se cumple con la alfabetización informacional en la primera infancia como mecanismo imprescindible para el desarrollo lector en la niñez. Hay igualación de derechos y equiparación de oportunidades”.
Troiano remarca que el Estado debe hacerse responsable de las cuestiones de acceso, y agrega: “Si nosotros no tenemos una cartilla escrita en braille, o los mismos prospectos de los medicamentos, uno no puede ni decidir, ni tener una vida autónoma e independiente si no hay algunas cuestiones de accesibilidad que no están resueltas”. Las discapacidades dejan de existir si se eliminan las barreras, concluye.
De acuerdo con las especialistas, se han registrado avances en términos de accesibilidad lectora para personas con discapacidad. Sin embargo, aún queda un largo trayecto por recorrer. La efectiva implementación del TM en Argentina es un pendiente para garantizar el derecho de acceso a la información en igualdad de condiciones para personas con y sin discapacidad, y así poder reducir la hambruna del libro.
Ene 8, 2022 | Destacado 2, Entrevistas
Hoy, en una sesión especial y antes de lo previsto, el Senado puede convertir en ley el texto que garantiza la «Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero”. Lleva el nombres de las recordadas activistas Diana Sacayán y Lohana Berkins. Paula Arraigada es heredera de esa militancia, asesora en la redacción del texto final y militante política. En medio del debate, explica los aspectos centrales de la norma pensada “por las que están vivas y luchan todos los días”.
¿Qué se siente haber logrado la sanción del proyecto en la Cámara de Diputados?
La media sanción es un primer paso para la sanción definitiva y son un montón de emociones. Quizás es la alegría, la felicidad, pero también el orgullo de todo el camino que se trazó a lo largo de este tiempo, la militancia y también el acompañamiento de muchos sectores y también de muchas diputadas que hicieron que esto llegara a este fin. Es cierto que hay que valorar el esfuerzo de las organizaciones y de los espacios, sobre todo porque es una ley que se trazó desde el seno del movimiento travesti/trans.
¿Qué implica que el proyecto haya sido elaborado por el propio colectivo?
Como cualquier proyecto de ley que va direccionado hacia cierto colectivo, hacia cierto grupo de personas, creo que lo más importante es que ese grupo haya participado. Lo más importante es que sea consensuado, sea pensado o elaborado por las propias personas, porque sino a veces las cosas se pueden hacer con buena voluntad, pero termina faltando algo. Con esto se manifiesta que las actoras sean las protagonistas, y me parece que abre esto nuevo de generar espacios de representatividad. Es una ley que fue militada y también confeccionada por el colectivo, con lo cual tiene esa representatividad. Hay muchas diferencias en los posicionamientos sobre algunos temas dentro del colectivo trans, pero acá hubo un acuerdo en el que éste era un tema principal para militar. Por suerte, en el último año, hubo consenso en apostar a un proyecto unificado. Aunque no hayamos saldado ese pacto con nuestra sangre, lo saldamos con nuestra historia, y con lo que nosotras debíamos como lealtad, que es justamente hacer que esas compañeras que hoy necesitan un trabajo formal para mejorar su calidad de vida lo pudieran tener. Por eso, es una ley pensada para y por las trans.
El proyecto engloba a otros doce previos, ¿cuáles son los aspectos más importantes de este texto unificado?
El proyecto toma lo mejor de cada presentación. Las virtudes en la esencia de cada uno fueron sostenidas para elaborar este proyecto único. Pero lo más importante, creo que es lo que nosotras queríamos, es que el proyecto intenta, y digo «intenta» porque la letra escrita a veces no se cumple, es priorizar la generación de empleo para quienes no han tenido la posibilidad. O sea, a un sector minoritario que no tuvo la posibilidad de conseguir trabajo y que por su identidad autopercibida luego fue privada de eso. Yo te puedo decir veinte veces «generar oportunidades» pero ¿qué es lo que se lee con «generar oportunidades»? Hay muchas compañeras, sobre todo, las de determinada edad, que por la decisión que tomó indirectamente el Estado, quedaron excluidas del sistema laboral porque no tuvieron acceso al sistema educativo, porque no tuvieron la complementación de la familia, o por otras razones resulta que esas compañeras quedaron fuera de ese enmarcado. Entonces el Estado hoy, nuestro gobierno que es el que rige el Estado, tiene que tratar de subsanar eso que el mismo Estado provocó.
Un Estado que profundiza la ampliación de derechos.
Esta ley viene a ser una forma de reparación, una de las formas posibles de reparación. Por eso, necesitamos que cuando se reglamente y cuando se empiece a cumplimentar, realmente entren las compañeras que necesitan el trabajo. El cupo tiene que ir a rescatar, a salvar, a esa compañera que no tuvo oportunidades. No está pensando para romper el techo de cristal, está pensado para poder despegar ese piso de brea, porque sino entramos en una disyuntiva donde pareciera que solamente es una adquisición para que todas las personas trans tengan trabajo. Es verdad que es para que tengan trabajo, pero empezando siempre por las que más lo necesitan, que son las que deben tener una solución urgente.
¿Qué promueve esta ley?
El trabajo en relación de dependencia genera otras cosas, y a veces lo que genera es esta potestad de poder decidir, por ejemplo, si me voy de vacaciones, que eso en la economía informal siempre tenés que estar pendiente de si juntaste plata o no. Acá ya sabes que tenes quince días para vacacionar, ya sabes que no tenes que ir a trabajar si vos te enfermás, que además si vos te enfermás podes tener una obra social que te cobije. Alguna vez las personas «cis» tuvieron la posibilidad de tener un trabajo registrado, aunque sea dos meses en su vida, por lo menos lo hicieron. Nosotras no tuvimos la oportunidad nunca. Entonces vamos a apelar a esas oportunidades para que esas compañeras empiecen a tener una mejor calidad de vida, porque todas las que hemos pasado por esa experiencia sabemos que nos cambia la vida, sabemos que poder tener la heladera llena nos posibilita, nos da la libertad de soñarnos, de pensarnos, de pensar no solamente en las vacaciones, sino de pensarnos también como presidentas, como diputadas, como formadoras, como maestras, y también nos da en la cabeza los sueños de llegar a viejas y poder estar sentadas como lo hacen algunas señoras y algunos señores mirando televisión aunque más o menos con una jubilación que mínimamente nos pueda acompañar. Lo que aspiramos siempre es a ser igual que el resto de las personas.
Si bien el proyecto prevé incentivos para las empresas privadas, ¿por qué no está explícitamente el cupo para el ámbito privado?
Se pueden generar incentivos para que el sector privado pueda seguir el espíritu de la norma, pero desde el Estado, no se puede obligar a los ámbitos privados. Si el Estado toma la decisión política de incorporar a las personas trans directamente en los ejecutivos, provinciales, nacionales, municipales, no hace falta. No hace falta porque van a sobrar personas trans. ¿Y sabés qué pasa con eso? Eso también genera el incentivo en los privados, porque de hecho, hay empresas privadas que empiezan a contratar, porque primero la empresa privada se maneja por el marketing, se maneja por el «quedar bien», y nosotras hoy somos parte de esto: de «quedar bien», porque contratar una trava es ser progresista, es ser inclusivo, es ser bandera de orgullo. Muchas empresas están contratando a compañeras, y la verdad es que contratan a las personas que tienen determinadas características. Por eso, tiene que estar el cupo, porque viene a saldar las que no entran en ninguna de esas características. Y, por eso, tiene que estar contenida dentro del Estado para que el Estado cuide y la acompañe en eso que el Estado no acompañó. Porque nosotras no venimos a pedir algo que no nos corresponde, nos corresponde porque nos lo quitaron de forma prepotente solamente por tener una definición de género diferente a la que esperaban. Entonces es hora de curar esas heridas, devolverle a las compañeras lo que les quitaron, y las compañeras responden con mucho orgullo haciendo su trabajo, haciéndolo con alegría, y demostrando que la capacidad no está puesta en la decisión identitaria que tenga cada uno, sino en las ganas, en los deseos, y también en el mismo porte que generan los espacios, este caso el Estado, para que esas personas se vayan formando.
¿Qué expectativas hay para la discusión del proyecto en el Senado?
La mejor. Porque estamos nosotras discutiendo una ley, fuimos partícipes del proyecto, somos partícipes en los espacios de decisión, estamos peleando por ocupar las bancas. Más allá del éxito o el fracaso, está esa disputa que antes no estaba, entonces hay toda una eclosión que se debe también a que hay una sociedad que participa, una sociedad que acompaña, una sociedad que avala, y una sociedad que sabe que este país es un país que incluye a todo, no solo a nosotras sino a otros colectivos y a otras diversidades, a la diversidad cultural, a las compañeras afro, a las migrantes, todas que están buscando su lugar. Este país que es tan fuerte, es tan orgulloso, es tan buena cepa que seguramente todas van a estar contenidas, y nosotras más que nada tenemos que estar orgullosas del lugar, del tiempo que nos corresponde, de poder estar haciéndolo en un gobierno que tiene una base fuerte dentro del peronismo, y nosotras como peronistas también (…) Hay muchísimas compañeras que soñaban con tener un trabajo en relación de dependencia, que soñaban con tener una vida como tiene el resto y no lo pudieron vivir.
Paula Arraigada trabaja como asesora parlamentaria, cuenta también con un largo recorrido político que casi la sienta en una banca como representante de la agrupación La Nelly Omar, un espacio dentro del peronismo con perspectiva de género y que presta especial atención a las identidades travesti trans, entre otros colectivos.
Paula recupera del pasado la presencia de no pocas luchadoras, pero se preocupa por el presente, “Esto -afierma- es un logro para las que no están, es una recompensa, es un homenaje que les debíamos a ellas”, pero subraya: “Hay que empezar a hablar de las que están vivas, porque se habla mucho de las que están muertas y de las que son famosas, pero no se habla de las que están vivas y luchan todos los días”.
Jul 15, 2021 | Entrevistas, slider
El pasado 24 de junio el Senado de la Nación sancionó la Ley el Cupo Laboral Travesti Trans con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en consolidar la ampliación de derechos para un colectivo discriminado, perseguido e invisibilizado en las políticas de Estado, incluso, desde el retorno a la democracia.
En aquella histórica sesión, tanto el oficialismo como la oposición apoyaron la propuesta a la que consideraron “reparadora de derechos”. Así, el 8 de julio, el gobierno nacional promulgó la Ley 27.636, una norma anticipada por decreto en septiembre de 2020, que necesitaba mayor consenso para dar cuenta del grado de vulnerabilidad que sufren la mayoría de las personas trans, cuya población tiene una esperanza de vida que no supera los 40 años.
La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, lleva ese nombre en recuerdo de dos importantes referentes del movimiento, y tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina.
Según el artículo 5 de la ley, el Estado debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con integrantes del colectivo trans, en todas las modalidades de contratación vigentes. Asimismo, en el artículo 11 también se contemplan incentivos para el sector privado.
Victoria Donda, abogada y titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), señala que “El INADI es el organismo que militó ese proyecto desde el primer Plan Nacional contra la Discrminación firmado en 2005”.
“Venimos bregando no sólo para que exista una ley de cupo trans, sino para que se cumpla en los distintos niveles del estado nacional”, agrega Donda. Este espíritu se refleja en el artículo 7, el cual establece que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión.
“No voy a decir que el INADI redactó la ley porque eso lo hacen las comisiones pertinentes, pero la mirada interseccional y de militancia fue un gran aporte del instituto que presido”, sostuvo Donda en relación con la participación del Instituto en la redacción del texto final.
Así, el proyecto fue resultado de un amplio proceso de debates y aportes, en los cuales participaron decenas de organizaciones travestis, trans y LGBTIQ+ a lo largo del país, a través de las reuniones informativas -convocadas oportunamente- que contaron con el apoyo transversal de diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios.
“Lavado rosa”
El 28 de junio fue el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y surgieron otros debates relacionados con la identidad sexual. Uno de ellos giró en torno al concepto de pinkwashing o lavado rosa (por su traducción del inglés). De acuerdo con la organización chilena ACCIONGAY, “es un término que en el contexto de los derechos LGBTI+ se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGBTI+, con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes”.
En este sentido, Donda agrega que “no está mal, lo que hay que entender es que no es una moda pelear por los derechos de todas, todos, y todes. Está más allá de una moda. Entonces, lo que nosotros no queremos es que el pinkwashing tape la verdadera pelea por los derechos”.
Para que las reivindicaciones del colectivo puedan transformarse en políticas de inclusión, la también ex diputada sugiere que la manera de hacerlo es “incorporando a las organizaciones dentro de la planificación del Estado, y cómo el Estado dentro de la implementación de sus políticas públicas puede incorporar las demandas de la sociedad civil”.
Nuevo Plan contra la Discriminación
Con el objetivo de hacer efectivas las políticas de inclusión, durante todo el año 2020, el INADI trabajó no solo con las organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ sino con otras comunidades en situaciones de vulnerabilidad, como los migrantes o personas con enfermedades poco frecuentes. De esta manera, puso en agenda otras discusiones contempladas en el Nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, que el instituto va a presentar en los próximos meses.
“Consistirá de un conjunto de Compromisos de Acción estatales con visión estratégica para implementarse durante el período 2022-2025, a fin de profundizar y consolidar los avances legales e institucionales en relación al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación alcanzados. Será monitoreado y evaluado periódicamente, y actualizado cada dos años”, explica la información institucional del organismo.
El Nuevo Plan Nacional contra la Discrminación, “lo estamos elaborando -agrega Donda- con la sociedad civil y con los distintos sectores del Estado, no solo con los estamentos nacionales, sino con los provinciales y municipales; incorporando algunos debates de carácter internacional, porque el año pasado recuperamos la presidencia de la Red Internacional de Organismos y de Organizaciones de Derechos Humanos (RIDH)”.
Para avanzar en la actualización del Plan, se convocó a múltiples organizaciones sociales, políticas, culturales, deportivas, para que trabajen en soluciones orientadas en erradicar las prácticas discriminatorias en cualquiera de sus formas. Con respecto a la convocatoria, la titular del INADI entiende que “para comprometerse de cara a la sociedad, para construir una sociedad más diversa, más plural, una sociedad sin discriminación, una sociedad sin racismo, sin xenofobia, el Estado tiene que poder escuchar a todos los sectores de la sociedad”.
A 16 años del documento preparatorio celebrado en 2005, queda adecuar la nueva agenda pública, que está atravesada por nuevas problemáticas estructurales, a un Plan de Acción Estatal que dé respuestas a la ciudadanía en su conjunto, y a las poblaciones más vulnerables en particular.
“Me parece que hoy los desafíos son otros, y que tienen que ver con una mirada acerca de la diversidad cultural, una mirada necesaria acerca de la educación para ir desarmando el racismo estructural que tenemos en la Argentina, la mirada interseccional de cada uno de los sectores que están en situación de vulnerabilidad. Hay miradas distintas desde el 2005 a esta elaboración, de este nuevo plan, son miradas diferentes, en épocas diferentes”, sostiene Donda.
La Comunidad Afroargentina
Tras la presentación en la Casa Rosada a fines de junio, se realizó el primer plenario del Consejo Asesor Federal de la Comunidad Afroargentina. La diplomática afroargentina María Fernanda Silva, actual embajadora argentina ante la Santa Sede y una de las miembros del Consejo, fue la primera oradora del plenario.
Silva señaló que la afroargentinidad es “un modo particular de habitar la patria y la memoria histórica, que también es un ámbito donde dar la batalla”.
En este sentido, Donda agrega “nosotros creemos que hay una negación del Estado con respecto a aquella comunidad afroargentina que hace muchos años está acá, y que los hemos negado sistemáticamente”. Asimismo, señala que esta comisión apunta “a recuperar la memoria histórica, a rearmar el mapa genético de nuestro país. Si hay comunidades que han sido invisibilizadas de la historia tiene que ver con la historia de esas propias comunidades. Entonces queremos recuperar esa memoria”.
En relación a las políticas públicas, Silva plantea la necesidad de generar “instancias de reconocimiento de espacios de memoria, para disputar una interpretación del pasado”, pero también impulsar un cuestionamiento de por qué “hay ámbitos donde la Comunidad Afroargentina no está presente, como por ejemplo el Poder Judicial o el Poder Legislativo”. Por otra parte, señala que se debe comprometer a los tres poderes “en una agenda desde y para la Comunidad Afroargentina”.
Según Donda, una manera de recuperar las huellas que dejó la comunidad a lo largo del país es incorporando esta categoría en el próximo censo nacional. “Hay que decir que en el censo anterior, en 2010, la comunidad afroargentina estuvo presente y de acuerdo a los resultados, hay aproximadamente 2,5 millones de personas que son parte de esa comunidad afroargentina. Entonces, este es un dato interesante que queremos ver si se mantiene y cuánto ha crecido”.
Vida y trayectoria
Victoria Analía Donda Pérez nació en 1977 en la ESMA, ex Escuela de Mecánica de la Armada y es la nieta restituida número 78. Luego de realizarse los estudios genéticos correspondientes, confirmó que sus padres biológicos eran José Donda e Hilda Pérez, quienes continúan desaparecidos. No supo hasta los 26 años, en 2004, que su padre de crianza y su tío, ambos militares, eran cómplices de la última dictadura cívico-militar argentina.
Desde muy chica la política marcaría su vida. “Creo que uno cuando tiene 16 años, pensar en los 40 es como muy lejano y no se si te imaginas mucho. Sí, lo que te puedo decir es que siempre quise dedicarme a la política, desde muy chica, no desde los 16, desde mucho antes”, recuerda.
Fue tres veces diputada nacional. Sus ejes de trabajo habitualmente están relacionados con los derechos humanos, el género, la educación, el medioambiente y las problemáticas sociales. Con respecto a la motivación por estas temáticas, asegura: “Creo profundamente que los derechos humanos, todos los derechos, son responsabilidad del Estado, y que para poder garantizarlos el Estado tiene que construir bases más justas de distribución de la riqueza. No hay derecho que se pueda garantizar si la riqueza no se distribuye de una forma más equitativa. Y creo que la herramienta para poder hacerlo es la política”.
Donda reflexiona que así como cuesta pensarse a los 16, también cuesta adelantarse al futuro, pero arriesga: “De acá a 10 años me veo aportando como estoy aportando ahora, o tratando de aportar para una sociedad mejor y espero que cada vez seamos capaces de ir construyendo una sociedad más igualitaria, más justa y con menos violencia”.
Jun 24, 2021 | Entrevistas
Hoy, en una sesión especial y antes de lo previsto, el Senado puede convertir en ley el texto que garantiza la «Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero”. Lleva el nombres de las recordadas activistas Diana Sacayán y Lohana Berkins. Paula Arraigada es heredera de esa militancia, asesora en la redacción del texto final y militante política. En medio del debate, explica los aspectos centrales de la norma pensada “por las que están vivas y luchan todos los días”.
¿Qué se siente haber logrado la sanción del proyecto en la Cámara de Diputados?
La media sanción es un primer paso para la sanción definitiva y son un montón de emociones. Quizás es la alegría, la felicidad, pero también el orgullo de todo el camino que se trazó a lo largo de este tiempo, la militancia y también el acompañamiento de muchos sectores y también de muchas diputadas que hicieron que esto llegara a este fin. Es cierto que hay que valorar el esfuerzo de las organizaciones y de los espacios, sobre todo porque es una ley que se trazó desde el seno del movimiento travesti/trans.
¿Qué implica que el proyecto haya sido elaborado por el propio colectivo?
Como cualquier proyecto de ley que va direccionado hacia cierto colectivo, hacia cierto grupo de personas, creo que lo más importante es que ese grupo haya participado. Lo más importante es que sea consensuado, sea pensado o elaborado por las propias personas, porque sino a veces las cosas se pueden hacer con buena voluntad, pero termina faltando algo. Con esto se manifiesta que las actoras sean las protagonistas, y me parece que abre esto nuevo de generar espacios de representatividad. Es una ley que fue militada y también confeccionada por el colectivo, con lo cual tiene esa representatividad. Hay muchas diferencias en los posicionamientos sobre algunos temas dentro del colectivo trans, pero acá hubo un acuerdo en el que éste era un tema principal para militar. Por suerte, en el último año, hubo consenso en apostar a un proyecto unificado. Aunque no hayamos saldado ese pacto con nuestra sangre, lo saldamos con nuestra historia, y con lo que nosotras debíamos como lealtad, que es justamente hacer que esas compañeras que hoy necesitan un trabajo formal para mejorar su calidad de vida lo pudieran tener. Por eso, es una ley pensada para y por las trans.
El proyecto engloba a otros doce previos, ¿cuáles son los aspectos más importantes de este texto unificado?
El proyecto toma lo mejor de cada presentación. Las virtudes en la esencia de cada uno fueron sostenidas para elaborar este proyecto único. Pero lo más importante, creo que es lo que nosotras queríamos, es que el proyecto intenta, y digo «intenta» porque la letra escrita a veces no se cumple, es priorizar la generación de empleo para quienes no han tenido la posibilidad. O sea, a un sector minoritario que no tuvo la posibilidad de conseguir trabajo y que por su identidad autopercibida luego fue privada de eso. Yo te puedo decir veinte veces «generar oportunidades» pero ¿qué es lo que se lee con «generar oportunidades»? Hay muchas compañeras, sobre todo, las de determinada edad, que por la decisión que tomó indirectamente el Estado, quedaron excluidas del sistema laboral porque no tuvieron acceso al sistema educativo, porque no tuvieron la complementación de la familia, o por otras razones resulta que esas compañeras quedaron fuera de ese enmarcado. Entonces el Estado hoy, nuestro gobierno que es el que rige el Estado, tiene que tratar de subsanar eso que el mismo Estado provocó.
Un Estado que profundiza la ampliación de derechos.
Esta ley viene a ser una forma de reparación, una de las formas posibles de reparación. Por eso, necesitamos que cuando se reglamente y cuando se empiece a cumplimentar, realmente entren las compañeras que necesitan el trabajo. El cupo tiene que ir a rescatar, a salvar, a esa compañera que no tuvo oportunidades. No está pensando para romper el techo de cristal, está pensado para poder despegar ese piso de brea, porque sino entramos en una disyuntiva donde pareciera que solamente es una adquisición para que todas las personas trans tengan trabajo. Es verdad que es para que tengan trabajo, pero empezando siempre por las que más lo necesitan, que son las que deben tener una solución urgente.
¿Qué promueve esta ley?
El trabajo en relación de dependencia genera otras cosas, y a veces lo que genera es esta potestad de poder decidir, por ejemplo, si me voy de vacaciones, que eso en la economía informal siempre tenés que estar pendiente de si juntaste plata o no. Acá ya sabes que tenes quince días para vacacionar, ya sabes que no tenes que ir a trabajar si vos te enfermás, que además si vos te enfermás podes tener una obra social que te cobije. Alguna vez las personas «cis» tuvieron la posibilidad de tener un trabajo registrado, aunque sea dos meses en su vida, por lo menos lo hicieron. Nosotras no tuvimos la oportunidad nunca. Entonces vamos a apelar a esas oportunidades para que esas compañeras empiecen a tener una mejor calidad de vida, porque todas las que hemos pasado por esa experiencia sabemos que nos cambia la vida, sabemos que poder tener la heladera llena nos posibilita, nos da la libertad de soñarnos, de pensarnos, de pensar no solamente en las vacaciones, sino de pensarnos también como presidentas, como diputadas, como formadoras, como maestras, y también nos da en la cabeza los sueños de llegar a viejas y poder estar sentadas como lo hacen algunas señoras y algunos señores mirando televisión aunque más o menos con una jubilación que mínimamente nos pueda acompañar. Lo que aspiramos siempre es a ser igual que el resto de las personas.
Si bien el proyecto prevé incentivos para las empresas privadas, ¿por qué no está explícitamente el cupo para el ámbito privado?
Se pueden generar incentivos para que el sector privado pueda seguir el espíritu de la norma, pero desde el Estado, no se puede obligar a los ámbitos privados. Si el Estado toma la decisión política de incorporar a las personas trans directamente en los ejecutivos, provinciales, nacionales, municipales, no hace falta. No hace falta porque van a sobrar personas trans. ¿Y sabés qué pasa con eso? Eso también genera el incentivo en los privados, porque de hecho, hay empresas privadas que empiezan a contratar, porque primero la empresa privada se maneja por el marketing, se maneja por el «quedar bien», y nosotras hoy somos parte de esto: de «quedar bien», porque contratar una trava es ser progresista, es ser inclusivo, es ser bandera de orgullo. Muchas empresas están contratando a compañeras, y la verdad es que contratan a las personas que tienen determinadas características. Por eso, tiene que estar el cupo, porque viene a saldar las que no entran en ninguna de esas características. Y, por eso, tiene que estar contenida dentro del Estado para que el Estado cuide y la acompañe en eso que el Estado no acompañó. Porque nosotras no venimos a pedir algo que no nos corresponde, nos corresponde porque nos lo quitaron de forma prepotente solamente por tener una definición de género diferente a la que esperaban. Entonces es hora de curar esas heridas, devolverle a las compañeras lo que les quitaron, y las compañeras responden con mucho orgullo haciendo su trabajo, haciéndolo con alegría, y demostrando que la capacidad no está puesta en la decisión identitaria que tenga cada uno, sino en las ganas, en los deseos, y también en el mismo porte que generan los espacios, este caso el Estado, para que esas personas se vayan formando.
¿Qué expectativas hay para la discusión del proyecto en el Senado?
La mejor. Porque estamos nosotras discutiendo una ley, fuimos partícipes del proyecto, somos partícipes en los espacios de decisión, estamos peleando por ocupar las bancas. Más allá del éxito o el fracaso, está esa disputa que antes no estaba, entonces hay toda una eclosión que se debe también a que hay una sociedad que participa, una sociedad que acompaña, una sociedad que avala, y una sociedad que sabe que este país es un país que incluye a todo, no solo a nosotras sino a otros colectivos y a otras diversidades, a la diversidad cultural, a las compañeras afro, a las migrantes, todas que están buscando su lugar. Este país que es tan fuerte, es tan orgulloso, es tan buena cepa que seguramente todas van a estar contenidas, y nosotras más que nada tenemos que estar orgullosas del lugar, del tiempo que nos corresponde, de poder estar haciéndolo en un gobierno que tiene una base fuerte dentro del peronismo, y nosotras como peronistas también (…) Hay muchísimas compañeras que soñaban con tener un trabajo en relación de dependencia, que soñaban con tener una vida como tiene el resto y no lo pudieron vivir.
Paula Arraigada trabaja como asesora parlamentaria, cuenta también con un largo recorrido político que casi la sienta en una banca como representante de la agrupación La Nelly Omar, un espacio dentro del peronismo con perspectiva de género y que presta especial atención a las identidades travesti trans, entre otros colectivos.
Paula recupera del pasado la presencia de no pocas luchadoras, pero se preocupa por el presente, “Esto -afierma- es un logro para las que no están, es una recompensa, es un homenaje que les debíamos a ellas”, pero subraya: “Hay que empezar a hablar de las que están vivas, porque se habla mucho de las que están muertas y de las que son famosas, pero no se habla de las que están vivas y luchan todos los días”.
