May 9, 2017 | Entrevistas
Desde hace 20 años, Fernando Soriano es periodista gráfico. Actualmente escribe en Infobae, hasta 2015 lo hizo en el diario Clarín. En paralelo, el reportero, oriundo de Avellaneda, defiende una causa de la que con orgullo e ironía se autodefine “periodista militante”: la legalización del cannabis, lo mismo que exigieron las 150,000 personas que el sábado pasado participaron de la Marcha Mundial de la Marihuana en su recorrido por el Centro porteño. En su libro Marihuana, la historia, Soriano combina el oficio, a través de una investigación rigurosa, con la causa. Desde los registros de los primeros cultivos de la planta en Asia, pasando por las oleadas prohibicionistas y llegando a los casos actuales de arrestos en Argentina por simple tenencia, Soriano muestra el valor del cannabis en la historia y sus diversos usos: comercial, medicinal, cultural. La obra, recientemente publicada por editorial Planeta, aporta al debate actual algo fundamental: información para argumentar.
¿Por qué decidiste contar esta historia?
Porque por ser una planta prohibida, y sacando las revistas THC y Haze, no hay mucho material formal. Faltaba un libro sobre el tema, como falta un gran documental. El segundo motivo es que en 2009 empecé a hacer notas en Clarín y comencé a ver casos de injusticia: pibes que caen presos por tener un porro, otros que son víctimas de la violencia institucional. Y me interesaba contar esas historias, para que el libro ayude a entender que la planta es una planta y que la prohibición es ridícula.
En el libro, esas microhistorias se mezclan con datos duros, ¿cómo le encontraste la vuelta al relato?
Me volví loco. Cambié varias veces la estructura narrativa hasta que un día me junté en un bar con Camilo Sánchez, periodista, poeta, y docente en TEA, y le dije: “No sé cómo estructurar esto”. Me dijo que siguiera trabajando, que se iba a acomodar solo, y así fue. Creí que esas historias personales tienen más fortaleza cuando se contrastan con las estadísticas que muestran lo absurdo de la prohibición. Por ejemplo, la historia de Miguel Ángel Durrels, que en 2013 aparece supuestamente suicidado en la celda de la Comisaría 1 de Pilar y que había caído por tener 70 gramos de porro paraguayo, una ridiculez. La ley de drogas (23.737) propició esa muerte.
El reportero, oriundo de Avellaneda, defiende una causa de la que con orgullo e ironía se autodefine “periodista militante”.
¿Cómo articulaste la investigación de archivos con las entrevistas?
En la primera parte, hay un trabajo de historiador aunque no estoy ni cerca de serlo. A veces tenía los relatos personales y después los articulaba con archivos, datos o hasta relatos paralelos. La segunda parte la laburé como lo hago con una crónica larga. Con digresiones, con diferentes temas que se van abriendo. Hay varias historias que han quedado afuera o que en principio daban para un capítulo entero y terminaron siendo dos párrafos dentro de un capítulo. La investigación duró dos años y dos meses, aunque a mí me parecieron dos décadas.
La lucha de las agrupaciones por la legalización está cruzada por el trabajo colectivo y el conocimiento compartido, ¿te nutriste de eso?
Sí. El laburo de las organizaciones es fundamental porque, como dice el subcomandante Marcos, “esto va de abajo hacia arriba”. Para mí, que nací en la dictadura y padecí el menemismo más horrendo en mi juventud, me dio una enorme satisfacción ver que, con esta ley, la democracia funcionó como nos enseñan en la escuela que tiene que funcionar: una idea que sale del pueblo y termina siendo aprobada por los que deciden gracias a que los ciudadanos los ayudamos a entender.
En el primer capítulo, contás el plan trunco de Manuel Belgrano de cultivar y comercializar cannabis en el siglo XIX. ¿Hay similitud con la negación actual en Argentina hacia la planta?
Es diferente porque en aquella época no se conocía su característica psicoactiva. Belgrano sufrió el desfinanciamiento de la Corona española por razones comerciales, no porque la planta estuviera demonizada. La cuestión cultural y el verso de la droga como flagelo, no existían. Sí hay similitud entre la negativa de la Corona hacia el proyecto económico de Belgrano y la actual de no ver la planta como integral, que puede ser usada para textiles, para medicina y para que dejen fumar a quien quiera hacerlo. ¿Por qué no se persigue al bebedor de whisky y sí al consumidor de cannabis si mata mucha más gente anualmente el alcohol que el porro?
¿Cuál es tu opinión sobre la ley que habilita su uso medicinal?
Es un avance importante. Tiene un grave problema: le falta el autocultivo. Pero es un punto de partida para seguir discutiendo con otro nivel de información, porque ayuda a naturalizarla. Es necesario hablar de la marihuana desde otro lado. ¿Por qué una planta se supone que destruye neuronas si ayuda a una nena a bajar sus convulsiones de 600 a cero por día? La ley ayuda a seguir dando esa discusión, porque nadie se va a detener acá, ni tampoco cuando se autorice el autocultivo. Hasta que no se legalice, los activistas van a seguir y yo, que en este caso hago periodismo militante, también.
Pero si no se autoriza el autocultivo, ¿de dónde sale el cannabis medicinal?
El gobierno habla de importar el aceite. Pero no se puede traer todo porque no hay uno solo para todas las enfermedades. Después está previsto investigar, cultivar y repartir en base a esas plantas que se cultiven. Pero para eso falta tiempo, además de que hay que crear organismos, entes de regulación… El gran problema es: ¿qué va a pasar en ese “período ventana” con la gente que necesita el cannabis medicinal? Nada, la gente va a seguir cultivando.
¿Qué se logra con la prohibición?
Un montón de cosas, todas negativas. La prohibición consigue que mueran chicos porque no tienen el cannabis para tratar sus enfermedades; que se muera gente en un calabozo o que los violen después de caer presos por tener 50 gramos de porro; que seguramente se enferme o muera gente por consumir el “paraguayo prensado” que no se sabe qué tiene. El otro día, en una charla en un centro cultural, el director de la revista Haze decía que el problema no es la ausencia del Estado en el tema, sino que está demasiado presente.
¿Cuál es el papel de los medios ante este panorama?
Son los más conservadores, a pesar de que la gente que los hace, en general, fuma. Están presos del peso de la opinión pública. No quieren ir contra el pensamiento ya formado de los lectores. Tendría que ser al revés. Y ese camino lo marcan dos hechos importantes. Una es la aparición de la revista THC, que logró que la gente se anime a leer del tema en el subte y no se esconda como si fuera una porno. Y por otro lado, la nota que me tocó hacer para Clarín en febrero de 2016 a Laura Alesi, la mamá de Josefina Vilumbrales, una nena con síndrome de West (epilepsia grave), cuyo título fue “La marihuana le permite vivir a mi hija”. Eso fue un golpe fuerte en la puerta de los despachos de los diputados y la ley tomó impulso. Eso marca que los medios podrían tener la cabeza más abierta y ayudar.
«¿Por qué una planta se supone que destruye neuronas si ayuda a una nena a bajar sus convulsiones de 600 a cero por día? La ley ayuda a seguir dando esa discusión», problemtiza Soriano.
¿Ahí aparece la importancia de lo que llamás “el periodismo cannábico”?
El rol de THC es fundamental porque rompe el paradigma. De hecho, cuando ya poca gente compra revistas, la THC se sigue vendiendo mucho porque es el lugar donde la gente va a buscar la información que necesita. Si vos le prohibís el porro a alguien, lo van a ir a comprar a otro lado. Con la THC pasó eso: sí el tema estaba prohibido en los grandes medios, la THC aparece para ser un espacio de discusión y de ida y vuelta.
Un sector de Cambiemos apoyó la ley de uso medicinal pero el Ministerio de Seguridad persigue a los autocultivadores, ¿qué opinás sobre esto?
Son diferencias lógicas de cualquier gobierno. Aunque alguno la puede entender como un doble discurso. No dudo de la defensa de la marihuana que hizo Alejandro Rozitchner. También veo la desinformación y el prejuicio de Patricia Bullrich. Sirve a la democracia que al interior de un gobierno haya discusiones. El problema es que las decisiones de Patricia Bullrich joden a la gente. Que no exista el autocultivo favorece al narcotráfico. Sólo Bullrich, aunque no es la única, puede pensar que quien tiene cinco plantas en su balcón o en el patio es narcotraficante. Eso es estar alejado de la realidad. Y, además, porque el narcotráfico financia la caja negra de la policía. Si quiere terminar de verdad con el tema, tiene que mirar hacia adentro, hacia los que la rodean.
¿Quiénes más demonizan a la marihuana?
El gran enemigo es la desinformación y el prejuicio. Y en esa bolsa entran políticos, periodistas, médicos. También la Iglesia, que no entiendo con qué cara condena al consumidor de marihuana y no a los curas pedófilos. En 2012, cuando el gobierno kirchnerista casi saca la despenalización del consumo de marihuana, uno de los grandes frenos fue la Iglesia. Respeto muchísimo a los curas villeros que dan una gran batalla, pero ellos dicen que en las villas la marihuana ya está legalizada y que eso no es bueno. Y yo me pregunto qué pasa con los narcos en las villas. Una gran batalla contra ellos sería si se les enseñara a cultivar a esos pibes, para que no tengan que comprarle a los narcos.
¿Qué rol juega la comunidad médica?
Fundamental. Estamos criados en una sociedad donde la palabra del médico es más que la de cualquier otro referente social. Es necesario que se informen para entender el tema. Pasa algo similar en la justicia, donde hay jueces y fiscales que no saben nada. Hay una frase de John Berger que me encanta: “Dejé de creer en los médicos cuando ellos dejaron de creer en los hombres”. Tal vez es momento para que los médicos y las médicas crean más en el ser humano y, en este caso, en la planta.
¿Alcanza con la decisión de un gobierno para legalizar la marihuana?
No, hace falta es que la sociedad entienda mejor. En 2012, cuando casi se legaliza el consumo, varios diputados y diputadas me dijeron que la sociedad no estaba preparada. La decisión final la tiene el poder político, pero los ciudadanos se tienen que educar informándose. Que lean el libro. No hace falta que lo compren, que lo fotocopien si quieren, pero que lo lean y haya más información para discutir.
¿Qué aporta tu libro a la causa?
Información que fue ocultada durante mucho tiempo. Me gustaría que se pueda discutir sobre la planta a partir de “la data” que está ahí. Esto es como cuando hay problemas en una casa, en una pareja o en un laburo, lo peor es negarlo. Los temas se hablan y se naturalizan. A la planta le falta naturalizarse. Estoy feliz de que haya un libro, que esté arriba de una mesa o una biblioteca a disposición de cualquiera, para que se siga discutiendo con más argumentos. Me gustaría que lo lean Patricia Bullrich, Eduardo Feinmann y todos los dinosaurios que no están entendiendo.
Actualizada 09/05/2017
Feb 21, 2017 | Comunidad
En el Parque Rivadavia, a metros de la entrada principal, diez personas se sientan en ronda sobre el pasto y despliegan una bandera azul que los identifica. Ellos conforman la Coordinadora Cromañón. “No debatimos sobre quiénes son los responsables de lo que pasó sino que trabajamos por el bienestar y la salud de los sobrevivientes y familiares”, afirma María Celeste Oyola, integrante del grupo.
Es justamente un ataque a la salud de las víctimas -y a la salud pública de los porteños- lo que los vuelve a convocar. “Hace un mes cerró el Programa de Estrés Postraumático turno tarde del Hospital Psiquiátrico Alvear, del que yo y dos chicos más éramos pacientes. Nadie avisó nada. Un día fui y me enteré que no nos podían atender más”, se queja Daniel Romano, sobreviviente, quien desde entonces está sin asistencia psicológica.
Miembros de la Asociación de Profesionales del hospital, que prefieren resguardar su identidad, se acercaron a la reunión abierta y contaron que la medida fue tomada por los directivos, quienes esgrimieron una auditoría de 2016 -a la cual los profesionales no accedieron- para desplazar al terapeuta a cargo del programa. El argumento es que no está habilitado para atender pacientes por pertenecer a la categoría “escalafón general”. Más allá de esto, otro psicólogo del Alvear subraya la lógica empresarial en la decisión: “El espacio lo dan de baja porque ven que se atiende poca gente. Pero la atención debe estar disponible para que la use cualquiera, cuando la necesite”, sostiene.
La ley N° 4.786, sancionada por la Legislatura de la Ciudad en noviembre de 2013, garantiza la reparación integral de los sobrevivientes y familiares de la tragedia de Cromañón. Sin embargo, desde la Coordinadora repasan todos los obstáculos que hubo desde ese momento. “El GCBA demoró catorce meses en reglamentar la normativa. Y al día de hoy no hay programas ni en Salud, ni en Trabajo, ni en Educación”, plantea Celeste Oyola. Además, según ella, espacios como el del Alvear deberían brindarse en todos los hospitales núcleo de la Ciudad, y esto no sucede. “Desarman el único eslabón fijo al que pueden acceder los sobrevivientes”, denuncia.
“Hace un mes cerró el Programa de Estrés Postraumático turno tarde del Hospital Psiquiátrico Alvear, del que yo y dos chicos más éramos pacientes. Nadie avisó nada. Un día fui y me enteré que no nos podían atender más”.
Una terapeuta de la Asociación de Profesionales enfatiza en que este golpe a la salud pública afecta a la comunidad en general y deja sin trabajo a un especialista con más de diez años de trayectoria. Hasta el momento las autoridades no recategorizaron al psicólogo a cargo, ni nombraron a otro para que los pacientes puedan seguir atendiéndose. “La experiencia muestra que cuando cierran uno de estos programas, no abren más”, remarcan desde la Asociación.
Desde la Coordinadora se comunicaron con el responsable de la Dirección General de Salud Mental del Gobierno porteño, Ricardo Picasso. “Nos dijo que iban a cambiar de psicólogo y listo, que no hagamos política con esto”, relata Nicolás Pappolla, otro sobreviviente de Cromañón: “No tienen en cuenta lo difícil que es para un afectado generar un vínculo con su terapeuta, lograr lo que se conoce como transferencia. No da lo mismo que sea cualquiera”.
Daniel Romano, otro obreviviente, cuenta: “Pasé por varios lugares antes de llegar al Hospital Alvear. Primero un centro en La Matanza y después me derivaron al Posadas. Ahí con los compañeros no sentimos un buen trato. Nunca elaboré un vínculo con el terapeuta, y eso es lo que conseguí en los últimos dos años. Es difícil establecer la confianza necesaria con el psicólogo, sentirse respetado, lograr un ida y vuelta”. Y, con un tímido orgullo, Daniel agrega: “Yo no podía ir a una entrevista de laburo, no me relacionaba con mi familia. Hoy rompí esa fobia social. Tengo trabajo estable, conseguí armonía familiar y paré con los ataques de pánico, es súper valioso”.
“Cuando vas a terapia desnudás el alma. Eso no se puede hacer ante cualquiera. Uno habla desde lo más profundo, desde los dolores, los miedos, las contradicciones”, explica Celeste, quien ya padeció una situación de indefinición parecida, en abril del año pasado, cuando el Gobierno Nacional despidió a profesionales del Centro Ulloa, que brindaba una asistencia como la del Hospital Alvear. Y mientras la Coordinadora Cromañón peleaba por la reincorporación de los psicoterapeutas y la reapertura del espacio –lo que finalmente lograron–, nadie les garantizaba la continuidad del programa. “Fue un manoseo y una incertidumbre terribles. Volví a tener ataques de pánico, un retroceso que no había tenido en once años”, confiesa Celeste. Con los años en la Coordinadora han perdido las esperanzas con el Gobierno de la Ciudad. “Ellos creen que sólo nos interesa la actualización de un subsidio. Y los reclamos van más allá de eso”, afirman.
Está en juego la salud de quienes salieron con vida de una de las tragedias más grandes de la historia argentina. En diciembre de 2004, en el boliche República de Cromañón, murieron 194 personas. “Desde entonces, son 17 los sobrevivientes que se suicidaron. Esas eran pérdidas evitables”, dice Celeste. Por eso, desde la Coordinadora, hacen hincapié en que lo que pasó no fue un hecho aislado. Como reza la bandera azul de la agrupación, Cromañón nos pasó a todos.
Actualizado 21/02/2017
Ene 3, 2017 | Entrevistas
Hace dos años Mariano Corbacho dejó las novelas y la ciencia ficción y se dedicó a leer exclusivamente material sobre la última dictadura militar. Su documental 70 y Pico, que se estrenó el último jueves, hace foco en el papel de su abuelo, Héctor “Pico” Corbacho, decano interventor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires y profesor de dibujo en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante esa etapa. Fruto de una investigación junto a los productores Martín de Dios y Juan Pablo Díaz, en la película se cruzan dos relatos: el del movimiento estudiantil universitario y el del propio Héctor Corbacho. “No me quedaron preguntas por hacerle a mi abuelo. Pero tal vez haya muchas respuestas que él no dio”, reflexiona el director.
¿Cómo surgió la idea del documental?
La pregunta disparadora tiene que ver con que mi abuelo contaba que lo habían intentado matar dos veces mientras fue decano. Cuando yo tenía 12 años, me mostró una carpeta donde guardaba algunas publicaciones con amenazas. A partir de ahí me pregunté por qué lo querían matar. Surgió desde lo personal, pero la intención no fue trabajar la esfera individual sino explicar la responsabilidad de mi abuelo como actor político en relación al contexto social en el que operó. Para eso el documental hace un recorte desde 1966, en “La Noche de los Bastones Largos”. Investigamos cómo el movimiento estudiantil universitario empezaba a participar masivamente, generando propuestas pedagógicas vinculadas a la práctica social. Era importante explicar esto para dar cuenta qué fue lo que vino a reprimir el Terrorismo de Estado y qué rol jugó mi abuelo en todo eso.
¿Cómo lo tomó su familia?
Ellos jamás juzgaron las intenciones del proyecto ni el abordaje de las entrevistas. De hecho mis hermanos y mi vieja aparecen en el relato y también participaron en las proyecciones. El respaldo familiar me da tranquilidad. Ellos no tienen el mismo nivel de inquietudes que yo pero cada uno asume la realidad como puede. La película me sirvió para hablar por primera vez de este tema con mis hermanos y esta posibilidad me parece muy valiosa.
«La película me sirvió para hablar por primera vez de este tema con mis hermanos», detalló Corbacho.
¿Por qué su abuelo accedió a ser entrevistado?
En cierto sentido, nunca tomó en serio el tema de las filmaciones y de que yo estudiaba cine. Lo vivió más como un diálogo serio que como una entrevista. Las ocho veces que hablamos hice foco sobre el mundo universitario. Siempre planteaba el tema sobre el que quería hablar y saber su visión de los hechos. También hay un vínculo personal en lo cual lo afectivo juega un papel clave para que haya accedido, porque por más que pueda no haberlo tomado del todo en serio, “Pico” acompañó en todo momento.
¿Hubo resistencia de algún entrevistado al conocer su vínculo familiar?
En todos los casos hubo una cautela inicial. Siempre querían escuchar qué tenía para proponerles. En ese tema fui directo, me presentaba como Mariano Corbacho, el nieto de Héctor “Pico” Corbacho, interventor decano de la carrera de Arquitectura durante la última dictadura. Les expliqué mi punto de vista y que la intención del proyecto no era generar una mirada exculpatoria sobre la figura de mi abuelo.
El Gobierno de Cambiemos ha reinstalado la teoría de los dos demonios y que lo que hubo fue una “guerra sucia”, ¿qué aporta 70 y pico en el este contexto?
La intención del documental es seguir abonando al pensamiento crítico de ese período. Sobre todo para entender cuáles eran los proyectos políticos en pugna en ese momento, y no juzgarlos como historia del pasado, sino más bien lograr tomar de esas experiencias elementos que ayuden a pensar el presente. El caso de Darío Lopérfido cuestionando la cantidad de desaparecidos o Mauricio Macri diciendo que no le interesa, que no quiere saber, empantanan e invisibilizan cuál fue la intención del proyecto represivo.
En su película, el movimiento universitario de los años 60 y 70 aparece como un actor social fundamental, ¿qué similitudes y diferencia tiene con el actual?
Me parece importantísimo. Las agrupaciones estudiantiles son las que impulsan propuestas que tienen que ver con el contexto universitario o con los de la sociedad en general. Es un movimiento que motoriza cuando los niveles de conflicto se tensionan, como en la masiva marcha universitaria de mayo de este año. Pero hay diferencias en la masividad y la disputa de cuál es el perfil profesional, o sea, preguntarnos para qué se estudia. Eso se borró de la discusión. Hoy todos sabemos que se estudia para el mercado, salvo excepciones. Es importante volver a discutirlo y pensarlo, porque el profesional que se forma es la preconfiguración de la sociedad que queremos construir.
«Lopérfido cuestionando la cantidad de desaparecidos o Mauricio Macri diciendo que no le interesa empantanan e invisibilizan cuál fue la intención del proyecto represivo», sostiene Carbacho.
¿Qué rol cumplió la dictadura en la destrucción del sistema pedagógico y educativo?
La intención era desmovilizar, instalar un proyecto contrarrevolucionario. Ante una fuerza revolucionaria en ascenso, los militares desarticularon directamente al movimiento obrero, al estudiantil y a los sectores armados a través de la instalación del terror y la muerte. Hubo una política que desarticuló todo ese proyecto, que fraccionó a la sociedad instalando el miedo, para que la preocupación ya no sea del desarrollo colectivo de la ciudadanía, sino por la integridad individual y privada.
¿Se contactó con personas con situaciones como la suya a partir de la película?
Sí, después de algunas proyecciones se me acercaron familiares de tipos que tuvieron algún papel en la dictadura. Me sorprendió que lo hacen por lo bajo, con temor. El caso más extremo es el de una chica que realizó por su cuenta una investigación sobre su abuelo, que fue juez en la dictadura. Es muy bueno que el documental sirva para mover esa fibra íntima y ver qué hacer con eso. Ante todo para saber que la vinculación de sangre no te condena y que no hay que cargar con ninguna mochila.
¿Su abuelo tuvo alguna colaboración con la desaparición de estudiantes?
La investigación no arrojó nada que dé cuenta de eso, más allá de los testimonios de quienes declararon en la causa ESMA. Pero no hay documentación que lo certifique. Ahora, creo hubo un nivel de participación de mi abuelo. Primero, porque él en una de las entrevistas dice: “No me encontraron nada”, que no es lo mismo que “no había nada para encontrar”. O el caso de Hernán Abriata, un desaparecido al que lo fueron a buscar a la casa diciendo que eran de Arquitectura. Los tipos tenían la ficha del legajo de la Facultad que habían sacado del expediente del alumno. ¿Quién facilitó esos legajos? Hay preguntas que quedan en el aire sin respuesta, pero que hay que hacerlas igual.
Actualizada 06/09/2016
Dic 14, 2016 | Entrevistas
Cuando su segundo hijo cumplió un año, Patricia Pines obtuvo una vacante en el jardín de la Escuela Pública N°6 “José María Ramos Mejía” de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que la obtuvo, el primer día de clases, en reunión de padres, se encontró con una maestra al borde del llanto porque tenía a su cargo cuarenta chicos. La docente anunció que se acercaría al sindicato para saber cómo seguir: la situación era insostenible. Ese día, Pines -también docente- comenzó una lucha que la convirtió en una de las referentes del espacio “Vacante para tod@s”.
¿Cuándo surge Vacantes para tod@s?
En 2014, después de la primera implementación del sistema de inscripción escolar online en la Ciudad. Al principio éramos pocas mamás, pero la problemática afectaba a más de 17.000 personas. Pedíamos por la no inscripción online. Después nos dimos cuenta que el tema era más amplio y tenía que ver con la reducción y la subejecución del presupuesto para estructura, la falta de escuelas y con la negación de un derecho constitucional como el acceso a la educación pública a temprana edad. Hoy somos un grupo numeroso, donde hay muchas familias afectadas, docentes de diferentes sindicatos y militantes de varias agrupaciones políticas, sociales y gremiales. Por eso es muy multisectorial.
¿En qué coinciden actores tan diversos?
En defender la educación pública y reconocer que hay una problemática que, si no nos ponemos todos al hombro en unidad, va a ser muy difícil de solucionar. Este año lanzamos la campaña “Que florezcan escuelas en primavera”, que busca determinar espacios ociosos en la Ciudad donde se pueden crear escuelas públicas.
Vacantes para tod@s surge en 2014, después de la primera implementación del sistema de inscripción escolar online en la Ciudad.
¿Cuál es el problema más urgente?
Hay complicidad de la problemática en los tres poderes. En el Legislativo, desde 2014 hemos presentado, a la Comisión de Educación, proyectos integrales de creación de escuelas para las zonas postergadas: el sur, Soldati y Retiro. Hasta ahora solo dos fueron tomados en cuenta: la escuela recuperada “Carlos Fuentealba” en Parque Patricios, después de una toma de tres meses de las familias y que todavía hoy no figura en la inscripción. Y la otra en Venezuela 3269, un galpón abandonado del Ministerio de Educación, en donde ya debería empezar la obra. No obstante, el presupuesto, que cayó del 27,5% al 18,5% para 2017, siempre es subejecutado por el Ejecutivo. En los últimos diez años, se subejecutaron 850 millones de pesos. A valores de construcción actual, equivale a 127 escuelas que se podrían haber abierto. Es dinero que se usó para otra cosa.
¿Qué consecuencias tienen estas políticas?
Hay una decisión política de vaciamiento y privatización de la escuela pública. El sistema de inscripción, el abandono de las escuelas y la no construcción de otras nuevas, produce una derivación de matrícula a escuelas privadas. Cualquier familia que no tiene vacantes y con muchísimo esfuerzo logra pagar una cuota, lo pasa a su hijo a una privada para no dejarlo sin escolaridad.
¿Y los que no pueden pagarla?
Son la mayoría. A mediados de mayo y junio, he acompañado a familias en el Distrito 19 y 21, cuyos hijos no habían comenzado el primer grado. Solo el que tiene la posibilidad empieza en privada, los otros se quedan sin nada. La inscripción online es expulsiva. Hay lugares como la Villa 1-11-14, Lugano, Retiro, donde la población vive en situación de vulnerabilidad y el sistema es un obstáculo más para acceder a la educación pública. El Gobierno responde que hay personal en las escuelas para solucionar estos temas, pero eso es mentira. Tenemos muchísimas denuncias de establecimientos donde no hay nadie para realizar estas tareas. Y a la vez cientos de casos de maltrato por parte del personal contratado, tercerizado, que les han llegado a decir a las madres que no hay vacantes porque ellas tienen muchos hijos, o porque hay demasiados extranjeros, o porque viene gente de otras provincias. Un argumento falso, que queda demostrado al ver el bajo número de estos casos en la matrícula de CABA. Es un discurso xenófobo y discriminatorio.
«Hay una decisión política de vaciamiento y privatización de la escuela pública».
¿Qué respuestas obtienen del Gobierno?
Pocas o evasivas. Va ligado a la no voluntad política. El presupuesto aprobado para 2017 es de 172.000 millones de pesos. Solo con 600 millones se solucionaría el problema de construcción de escuelas. Pero no lo quieren hacer. Mientras destinan casi 2.000 millones a publicidad. En el Ministerio cierran las puertas y dicen que no pueden dar soluciones, y mandan a las madres a la Supervisión. Y lo único que puede hacer ese organismo es meter a más chicos en una misma aula, algo que hoy pasa: hay salas de 2 años con cuarenta chicos, algo inaceptable. A eso se llega porque el Ministerio de Educación no se hace responsable.
¿Cuántos chicos se quedarán sin vacantes en 2017?
Ese dato no lo han querido dar. Se comprometieron a hacerlo en una audiencia pública el próximo 26 de diciembre. Como dato duro, informado por la Legislatura, tenemos que en 2016 fueron más de 11.400 los chicos sin vacantes.
Hace una semana, gracias a un amparo, tuvieron una audiencia pública con funcionarios de Educación ante la jueza Elena Liberatori, ¿qué pasó allí?
Se negaron a entregar datos hasta que la jueza les dijo que iban a ir los sindicatos a dar los datos de cuántas vacantes hay en nivel inicial y primario. Ahí se comprometieron a publicarlos el 26 de diciembre. Esto muestra un intento de ocultamiento de la información que pasa todos los años. También pedimos saber la tasa de egreso de sala de 5, porque sabemos que en zona sur hay más egresados de preescolar que vacantes en primer grado. En concreto, fueron a no decir nada, a dar excusas. Nosotros lamentamos que el pedido de amparo que generó esta reunión era para todos los niveles y la jueza decidió que sólo se tocaran los casos de primario y medio, quedando los del inicial en otra causa que ya tiene un fallo favorable en otro juzgado en lo Contencioso y Administrativo, que si bien dictaminó a favor, nunca le puso multas al Gobierno, entonces está totalmente parada. La sensación es amarga, las familias tienen muchísima angustia. Pareciera que son funcionarios alejados de nuestras realidades, con poca empatía.
«En el Ministerio cierran las puertas y dicen que no pueden dar soluciones, y mandan a las madres a la Supervisión».
¿Cómo afecta a una familia no obtener vacantes?
En mi caso, al año saqué al nene de la escuela Ramos Mejía porque la condición edilicia era impresentable. Tuve la suerte de conseguir vacante en el Mariano Acosta, donde trabajo, pero para eso tuve que renunciar a mi cargo titular de escuela primaria, porque el horario común de jardín no me da para trabajar en primaria. Tomé un cargo en el inicial para llevar a mi hijo en el mismo horario. Modifiqué mi situación laboral, mi carrera. Mi hijo va tres horas y cuarto al jardín, y eso es lo que yo puedo trabajar. En Balvanera, donde vivimos, no hay opciones con horario completo, que es lo que muchas familias necesitamos.
En los últimos años, el GCBA abrió casi 40 Centros de Primera Infancia (CPI), ¿ayudan a cubrir vacantes?
El problema con los CPI es que no dependen del Ministerio de Educación, sino de Desarrollo Humano y Hábitat. Entonces las personas a cargo de los grupos no necesariamente son docentes y los que sí lo son, no trabajan bajo el Estatuto docente. Son contratados de marzo a diciembre, o sea que están precarizados, trabajan por convenio con las instituciones que pactan con el Gobierno. Y sobre todo nos preocupa que esto es una cuestión asistencialista que carece de un marco pedagógico vital. Los CPI son más parecidos a una guardería que a un nivel inicial con una propuesta lúdica y pedagógica específica. Ofrecen un recorrido escolar diferenciado para ciudadanos de primera, que pueden elegir ir a una escuela, y de segunda, que no tienen los recursos y terminan en estas guarderías.
¿Cuáles son los siguientes pasos de Vacantes para tod@s?
En principio, esperamos los datos del Ministerio el 26 de diciembre. Las familias sin vacantes estamos más organizadas que otros años. La mayoría empiezan a hacer amparos individuales en la Defensoría Pública Tutelar o con abogados que colaboran con las familias. Ojalá que el Poder Judicial nos de las respuestas favorables que no nos dan desde el Legislativo y el Ejecutivo. Y también vamos a seguir con la campaña “Que florezcan escuelas”. Seguimos con los registros de las familias sin vacantes y de los espacios ociosos para crear nuevas escuelas. Y sobre todo denunciando esta política asistencialista que tiene el GCBA por sobre la idea pedagógica en la que creemos desde el espacio. Lo bueno es seguir generando esta red que nos da recursos para continuar peleando e intentar revertir esta situación.
Actualizado 14/12/2016
Oct 26, 2016 | inicio
La Ley 25.674 establece la representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales en un mínimo del 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores. En la nueva estructura de la Confederación General del Trabajo (CGT) hay 37 Secretarías, de las cuales solo dos están a cargo de mujeres: Sandra Maiorana (de la Asociación de Médicos de la República Argentina), en la Secretaría de Salud y Noemí Ruíz (del sindicato de Modelos Argentinos), en la de Igualdad y Oportunidad de Género.
Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida. “Lo que sucede en la CGT, lamentablemente, es la regla de lo que pasa en el resto de los sindicatos”, asegura Magalí Brosio, integrante de Ecofemini(s)ta, espacio que discute asuntos sobre economía con perspectiva de género.
Laura Sotelo ATE Capital en la sede de Carlos Calvo.
CONDICIONANTES Y CRÍTICAS
Aunque la ley fue sancionada en 2002, el Instituto de la Mujer de la CGT realizó un informe en 2008 donde mostraba que sobre 1.448 cargos directivos a nivel sindical, solo 80 (un 5%) eran ocupados por mujeres. Un relevamiento del Ministerio de Trabajo de este año refuerza estos datos: sobre 25 sindicatos analizados, en 20 hay mujeres que ocupan cargos, pero en ninguno lo hacen en los puestos jerárquicos, como Secretarías Generales o Secretarías Adjuntas. “Los lugares que ocupamos tienden a ser de formación, acción social o cuestiones de género, labores que el sistema vincula a lo femenino”, subraya Laura Sotelo, responsable de Géneros por el Consejo Directivo en la Asociación Trabajadores del Estado de Capital (ATE Capital). Y agrega: “Es fundamental lograr estar en la mesa de negociación salarial, algo que no podemos hacer desde las secretarías que nos toca ocupar”.
Sotelo reflexiona sobre la letra fría de la ley: “En algún punto, el 30% funciona como un techo. Porque si el porcentaje de trabajadoras en el gremio es menor, el número de los cargos a ocupar baja. Pero si sucede al revés, ese número de roles directivos no sube. Y, en realidad, en muchísimos sindicatos las trabajadoras superan ampliamente el 30% y de todos modos la ley no se cumple”. Sin embargo, no deja de destacar que la ley es un gran avance y que “ante una gran desigualdad, se legisló en torno a eso y ahí hay un logro”. También resalta: “En los doce años anteriores se ampliaron derechos en término de representación y participación, lo cual impacta en los sindicatos”. No obstante, por el tipo de estructuras de los gremios, los cambios tarden mucho más que en otros sectores.
Carolina Brandariz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género en Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), gremio que cumple con la ley 25.674, aporta sobre el tema: “Nuestro sindicato representa a un 80% de trabajadoras. De la totalidad, el 60% somos jefas de hogar. Eso quiere decir que los estereotipos que se reproducen en la sociedad no son verídicos. Las mujeres que trabajamos, que somos responsables del hogar y además militamos, tenemos una triple tarea. Eso muchas compañeras lo ven como una carga, se ponen una barrera a sí mismas, reproducen un discurso machista como si fuera propio”.
En esa línea de pensamiento, Magalí Brosio afirma que “las tareas de cuidado en el hogar siguen siendo vistas socialmente como una obligación de la mujer. Y eso es una carga, porque quita tiempo para dedicarse a la actividad gremial”.
Otro límite que se reproduce históricamente es el de entender a los gremios como un ambiente únicamente masculino. “Cuesta mucho que los compañeros pierdan privilegios, porque estar en paridad de representación sindical implica eso. Algunos sindicatos quieren regirse por pautas culturales de hace cincuenta años. Pero tendrán que tomar nota que los tiempos avanzaron”, explica la representante de UTE. Brosio, a su vez, marca una contradicción que genera una imposibilidad material para cumplir con la ley: “Cuando una compañera quiere denunciar el incumplimiento, tiene que hacerlo frente a una junta electoral sindical elegida por el mismo consejo directivo del sindicato. O sea que se estaría topando con la misma estructura que le niega el lugar”.
Carolina Brandáriz, Secretaria de Género de UTE.
LO QUE NO SE DISCUTE
Si la mujer no es parte de las discusiones más importantes al interior de los sindicatos, quedan excluidos muchos temas. “Principalmente queda afuera la familia. Hay que entender que nosotras no somos las únicas responsables del hogar, tiene que ser una responsabilidad compartida. Y también que no es un tema únicamente del ámbito privado, que la organización sindical tiene que contemplar eso”, describe Brandariz. Por su parte, la integrante del espacio Ecofemini(s)ta brinda más ejemplos: “Incluir a las madres en el mercado laboral es algo primordial a discutir. También temas relacionados al acoso laboral, que muchas veces son tratados livianamente y que para las mujeres son una carga tremenda, porque pasan la mayor parte del día en esos ambientes”.
Como un ejemplo de esta temática, Sotelo comenta que desde ATE impulsan un proyecto sobre “licencias parentales”. La idea apunta a poder adaptar los nombres al nuevo código civil, sin distinguir entre padre y madre, si no haciendo referencia al nacimiento (o adopción) y consiguiendo la paridad en los tiempos de licencia, lo que implicaría igualdad de responsabilidades respecto a los temas del cuidado del hogar. Otro punto que queda fuera de las negociaciones colectivas en la mesa chica de los sindicatos, son los jardines infantiles o lactarios, que al no haber, limitan la participación activa de la mujer en la actividad gremial. “La igualdad real de oportunidades y el acceso a los cargos jerárquicos también se pasan por alto en las discusiones salariales si no aparece nuestra voz”, aporta Sotelo.
«Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida».
RIESGOS y DESAFÍOS
Desde los distintos espacios sindicales coinciden en remarcar la importancia de la creación de las múltiples Secretarías de Género o Igualdad. Entienden que son un avance, pero destacan que no es suficiente. Brosio describe: “La gente que participa en estos espacios ya tiene un interés preexistente sobre el tema. Y lo rico es ir a dar la disputa con los sectores que falta convencer”. En la misma línea, Brandariz plantea que la creación de este tipo de espacios muchas veces logra sectorizar los debates y reclamos: “Las Secretarías de Género son vistas como un lugar para la mujer, pero las Secretarías Generales no”, dice.
“Hay una alianza entre el patriarcado y el capitalismo que genera una división sexual del trabajo. Y ahí el sindicalismo debe dar pelea, porque los géneros y el trabajo organizan a la sociedad”, afirma Sotelo. Según señala, la mujer no solo debe ocupar cargos, sino que, desde esos lugares, no debe reproducir la segregación que hay en el mercado laboral. “El gran desafío es visualizar la falta de representación femenina en los sindicatos, que haya políticas transversales al respecto, hacia el interior de los gremios y no permitir que queden encajonados en el espacio de una secretaría en particular”, acentúa Sotelo.
REPRODUCCIÓN DE LAS VIEJAS ESTRUCTURAS
A mediados del mes de septiembre, el Gobierno Nacional otorgó un reconocimiento parcial a la nueva estructura de la CGT que había surgido en el Congreso de Unidad, celebrado en agosto en el estadio de Obras Sanitarias. Una de las demandas del Ministerio de Trabajo (aunque no la principal) hacia la conducción de la central obrera era el incumplimiento de la Ley de cupo sindical femenino.
No obstante, el miércoles 12 de octubre hubo una reunión en la sede de la obra social del gremio de la Sanidad entre el Ministro de Trabajo Jorge Triaca y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, con los líderes del Triunvirato cegetista Juan Carlos Schmidt, Héctor Daer y Carlos Acuña. Una semana después, se repitió el cónclave al que se le sumó esta vez un grupo de empresarios. En ese encuentro, con la promesa de un bono de fin de año de dos mil pesos, el Poder Ejecutivo logró desactivar, el paro general con el que los gremialistas amenazan debido al deterioro del salario real, los más de 100.000 despidos entre el sector público y privado o la necesidad de reapertura de paritarias, entre otras cuestiones. En esa mesa donde se tomaron decisiones que afectan directamente la vida de muchos trabajadores y trabajadoras, no había ninguna mujer.
Actualizado 25/10/2016
