Mil ollas cocinando la bronca

Mil ollas cocinando la bronca

Muchas personas reunidas y en el medio dos mujeres sirviendo comida.

40.000 personas se movilizaron para expresar el rechazo al “plan de hambre y miseria del FMI”.

Como preludio del paro nacional convocado por la CGT para el 25 del corriente, organizaciones sociales que nuclean a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a desocupados y precarizados, desarrollaron hoy una Jornada Nacional de Lucha. Con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, organizaron más de mil ollas populares para exigirle al gobierno nacional y a los provinciales provinciales que “frenen el ajuste”.

Convocada, entre otras, por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la jornada convocó a más de 40.000 personas en el cruce de las avenidas porteñas 9 de Julio y Av. de Mayo para expresar el rechazo al “plan de hambre y miseria del FMI”.

En diálogo con ANCCOM, Marianela Navarro, delegada del FOL, expresó: “Nos movilizamos para reclamar en contra del aumento del hambre y en contra del acuerdo con el FMI, porque entendemos que la actual política económica nos está llevando a la exclusión y a la más profunda miseria. Dicho acuerdo no sólo garantiza una mayor explotación laboral sino que va a generar más pobreza en nuestro pueblo y más endeudamiento”.

Una mujer y junto a ella un hombre comiendo con una cuchara.

Trabajadores de la economía popular y desocupados organizaron más de mil ollas populares para exigir al gobierno el freno del ajuste.

La movilización en el centro porteño y los cortes de ruta desplegados en diferentes puntos del país se enmarcan en el inicio del plan de lucha que impulsa el sector, con el fin de lograr no sólo que se detengan las medidas económicas de ajustes y tarifazos, sino también para exigir el tratamiento de las cinco leyes que el sector impulsa: la de Emergencia Alimentaria, la de Infraestructura Social, la de Agricultura Familiar, la de Integración Urbana y la de Emergencia en Adicciones. Asimismo, para dar respuesta urgente a la visible fragilidad social, también reclamaron por el aumento y ampliación de todos los programas de empleo.

Para “parar el ajuste en las calles” -como reza la consigna que empuja a los movimientos sociales-, el plan de lucha continuará la semana que viene con movilizaciones a las empresas eléctricas, con la intención de conseguir nuevas tarifas de servicios públicos, acordes a los ingresos que perciben los y las trabajadoras de las cooperativas.

 

 

“¿Qué clase de sociedad somos que no cuestionamos que a una criatura la mata una bala?”

“¿Qué clase de sociedad somos que no cuestionamos que a una criatura la mata una bala?”

La mañana gris del domingo 18 de marzo se presentaba como el barrio: tímido, pero con ganas. Con deseos, con exigencias, de a poco, los y las vecinas de la Villa 21-24 y del barrio de Barracas se iban agrupando con los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes que aguardaban en Iriarte y Montesquieu. Entre puestos callejeros de empanadas salteñas, se iban camuflando globos de todos los colores, se iba desplegando la bandera cabecera de lo que sería una jornada llena de sonrisas, de juego, de memoria y de rabia, traducida en acción.

No hizo falta esperar a que llegara el carrito con megáfono aportado por la Iglesia de Caacupé, para que se empezara a escuchar la canción con la que comenzó, y con la que finalizó, la Caravana por la Infancia Digna que recorrió los pasillos angostos del barrio, hasta llegar a la canchita donde juegan a diario ciento de chicos y chicas. Con un cielo que se despejaba al calor del encuentro, a las 15, los tambores y las voces gritaban: “Alerta. Alerta. Alerta que caminan/Los pibes y las pibas/Por los barrios de Argentina”

La imagen muestra a niños recorriendo los pasillos de una villa, en la Caravana por la Infancia Digna.

La Caravana por la Infancia Digna recorrió los pasillos de la Villa 21-24 y del barrio de Barracas.

Los y las vecinas se asomaban por sus ventanas atraídos por esa proclama que avisa enfurecida, desde abajo, que acá están, ellos son, los niños y las niñas que se movilizan para ejercer sus derechos, los y las que recuerdan a Cinthia Ayala, a Kevin Molina, a Facundo Ferreira y a todos los niños y jóvenes que fueron y son, alcanzados por la desidia del Estado.

Mientras avanza saludando e invitando a sus amigas del colegio a que se sumen, Lourdes, que está entrando en la preadolescencia, grafica no sólo los motivos que la movilizan, sino también una marca de época: “Infancia digna es tener los derechos de los niños, tener el derecho de poder salir a jugar sin temor a que se te caiga una bala perdida, o un secuestro”.

Cinthia Ayala estaba con otros amigos y amigas en la canchita de su barrio Tierra Amarilla, en la Villa 21-24, cuando en la noche del 28 de diciembre de 2014 se escucharon cuatro disparos, uno de los cuales impactó en el estómago de ella, una niña de 8 años, que no hacía otra cosa más jugar.

En muchos casos,  los asesinatos son posibles debido a un Estado (presente), que en los barrios sólo se deja ver en los patrulleros, las escopetas, los cacheos por portación de cara y el ninguneo. Por acción cuando la bala proviene de sus fuerzas represivas, o por omisión cuando la bala perdida proviene de una zona liberada por las fuerzas de seguridad, el abandono social del Estado también se expresa en sus políticas públicas: ¿cómo garantizar el derecho a la educación, con despidos de maestros y recortes de programas socioeducativos? ¿Cómo garantizar el derecho a la salud digna, si las ambulancias no entran a los barrios? ¿Cómo garantizar el derecho a la vivienda digna, cuando se vive sin red de cloaca, ni de gas y se inunda la casa cada vez que llueve? ¿Cómo garantizar el derecho a la identidad cuando la policía te para por llevar una gorra?

durante el Festival Caravana por la Infancia Digna, padres y niños reunidos. Se ven dos banderas que dicen "Ni una bala más, ni un/a pibx menos"

El abandono social del Estado está expresado en sus políticas públicas.

Desde la perspectiva de Gabriela Tozoroni, Secretaria Nacional de ATE para la Niñez, Adolescencia y Familia: “A nuestros pibes, el Estado en lugar de darle políticas públicas de protección, los mata por la nuca, los mata por la espalda y los criminaliza todos los días en sus barrios. En cada lugar donde nuestros pibes tienen que transitar una vida digna, se la hacen cada vez más indigna con la situación también que están atravesando hoy sus familias, con los modelos de ajuste, de represión, de desempleo, y donde en lugar de construir escuelas, seguimos invirtiendo en balas”.

Cinthia era un año menor a Kevin Molina, quien el 7 de septiembre del 2013 fue víctima de un enfrentamiento entre bandas que se disputan los territorios para sus negocios del narcotráfico y liberalización de zona por parte de las fuerzas de seguridad. El tiroteo de tres horas y media, que incluyó según la pericia del caso, 105 disparos, se llevó la vida del niño, que se resguardaba debajo de la mesa en su casa, en Zavaleta. Por este homicidio fueron imputados siete integrantes de las fuerzas de seguridad, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al haber desconocido los ocho avisos que entre las 8:25 y 9:02 AM realizaron los vecinos al 911 sobre los hechos que se estaban sucediendo: “Me encuentro justo en el lugar y negativo detonaciones”, fue la respuesta alrededor de las 9 de la mañana, de los agentes de Prefectura que estaban en funciones.

Media hora después, el llamado de los vecinos al 911 no sería ya por ayuda, sino por justicia: Kevin había sido impactado por una bala perdida. De los siete prefectos imputados, el Juzgado 14 sólo procesó a uno, el prefecto Daniel Stofd, jefe del primero de los dos móviles que habían llegado al lugar del tiroteo.

Imagen de un monton de niños sentados durante el Festival Caravana por la Infancia Digna

Ni un pibe menos

Este domingo, son tantas las ganas de celebrar el encuentro, que esos pequeños gigantes pasos hacen caso omiso a la recomendación de las personas mayores que acompañan, quienes piden “ir más despacio para ir todos juntos”. La columna de niños, niñas, jóvenes y adultos seguía sumando cada vez más entusiastas al recorrido, pero sobre todo al motivo de la jornada: recordar a las Cinthias, a los Kevin, a los Facundos, a todos los sueños despojados y traerlos de vuelta en cada sonrisa, en cada abrazo cargado de rabia, para endurecer la lucha, sin perder la ternura. Para que no haya ni una bala más, ni un pibe menos.

“Este festival no debería ser para recordar la ausencia de un chico; debería ser porque los chicos tienen derecho a jugar, a cantar, a ver una obra de títeres, a compartir un momento; y nosotros deberíamos compartirlo con ellos, porque para eso estamos y no para explicarles que falta un chico, una chica”, dirá más tarde, sobre el cierre de la actividad, Noemí Barreto, prima mayor de Cinthia.

La canchita, para cuando llegó la caravana a las cuatro de la tarde, ya estaba preparada con globos, banderines, equipo de sonido para los artistas que animarían el festival con sus historias, sus chistes y sus creaciones, que hacen al niño y niña ejercer el derecho de divertirse libremente. Unas imágenes pegadas sobre cartón, atadas a una reja, rezaban leyendas:

“No es lo mismo preguntarse, ¿qué vas a ser cuando seas grande? a ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?” / “Infancia digna es conocer el calor de un abrazo” / “Infancia digna es una infancia libre y protegida” / “Para tod@s, todo”

 “Lo que nos preocupa fuertemente –aporta Tozoroni- es la mirada punitiva y la estigmatización que hace el Estado sobre la adolescencia y la juventud, criminalizando la pobreza, invirtiendo más en balas que en libros, impidiendo garantizar los derechos a los pibes”.

Imagen de niños, padres y madres, jugando en una cancha de basquet

En Barracas ya hay plazas que llevan los nombres de Kevin y de Cinthia. La primera en la manzana de Zavaleta donde vivía el niño, la segunda en Montesquieu y California, donde solía jugar Cinthia. Esos sitios son espacios recuperados por la comunidad que se organiza. Noemí, de cara a los pibes, a las pibas y al barrio, mientras caía la tarde, reflexionó: “Los chicos tienen derecho a ser chicos. A jugar, a tener espacios verdes. No porque falte un nene hacemos una plaza, y nos quedamos con eso y no pensamos en por qué nos falta ese nene. Y llenamos los barrios de plazas porque faltan chicos, y decimos que estamos ayudando a los chicos, para que jueguen, pero tuvo que morir un nene o nena para que esa plaza esté; los chicos tienen que jugar porque tienen que jugar, es su derecho, tienen que ir a la escuela porque ese es su derecho, tienen que recibir una ambulancia porque ese es su derecho, tienen que comer todos los días, porque ese es su derecho. ¿Qué clase de sociedad somos que no cuestionamos que a una criatura la mata una bala?”

La tarde iba cayendo cuando la murga empezó a sonar. Hombres, mujeres, niños y niñas con sus vestidos de tachuelas, silbatos y paraguas rojos y amarillos, ingresaban bailando, con una sonrisa de oreja a oreja, que se contagiaba en cada cara de la ronda. Por allí se la ve a Lourdes saltando, revoleando los brazos con sus amigas. Como en segunda fila de la ronda, se refleja en el rostro de Noemí una mueca de esperanza al ver en cada pibe que corre feliz, la certeza de que estos niños y niñas, sí se cuestionan que una bala mató a una criatura.

Imagen de un niño sonriendo y sosteniendo un pañuelo rojo que dice "infancia digna es..."

¿Formación docente o reforma indecente?

¿Formación docente o reforma indecente?

En el marco de la etapa de reformismo permanente inaugurada por el presidente Mauricio Macri, inmediatamente después de que su partido ganó las elecciones intermedias de octubre, apareció otra propuesta conflictiva en una de las áreas más sensibles y nodales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la educativa.

A la crisis en los niveles Inicial, Primario y Medio, por la falta de vacantes en la escuela pública –dejando este año a 11.958 niños, niñas y adolescentes por fuera de la educación pública, laica y gratuita-, se le suma el proyecto que presentaron, en conjunto, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, referido a la creación de la “Universidad de Formación Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (UniCABA). El mismo tiene por objeto concentrar en una única institución, la diversidad de los 29 Institutos de Formación Docente que, según la matrícula de 2016, forman a 25.138 maestros y profesores en la ciudad.

Ante la presencia de funcionarios de la cartera educativa nacional y municipal, además de representantes de la educación privada y ONG´s, Rodríguez Larreta presentó el 22 de noviembre pasado, el “Plan de Transformación Educativa de la Ciudad”, que incluye la creación de la universidad pública de formación docente. Antes de enviar el Proyecto de Ley a la Legislatura porteña para su tratamiento, el jefe de Gobierno adelantó que “una educación del futuro para chicos del futuro requiere también docentes del futuro. Por eso, estamos lanzando la creación de una universidad para los docentes, para jerarquizar y para que tenga cada vez mejor calidad la formación”.

La respuesta de la comunidad educativa de los institutos superiores -estudiantes, graduados, docentes, rectores y rectoras, gremios, personal no docente- no se hizo esperar: el jueves 30 de noviembre los rectores de los 29 profesorados porteños, nucleados en el Consejo de Educación Superior Estatal (CESGE), brindaron una conferencia de prensa en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. Gonzalez” para rechazar el proyecto de reforma que incluye el desmantelamiento de las 29 instituciones de formación docente que actualmente existen en la Ciudad de Buenos Aires.

Una multitud escucha la conferencia de prensa brindada en en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. Gonzalez”.

“La jerarquía de la profesión guarda estrecha relación con las condiciones para enseñar que no están siendo garantizadas por las políticas educativas y laborales del Estado”, dijo Paula Topasso, docente de la Escuela Normal Nº1.

¿Qué son los Institutos de Formación Docente?

La propuesta de reforma integral educativa, que en el área de formación docente incluye la creación de una Universidad de Formación Docente pública y gratuita, echa por tierra más de cien años de historia en lo que atañe al sistema de educación superior.

De los 29 Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) que existen actualmente en la CABA, 21 dependen de la Dirección de Formación Docente y ocho de la Dirección de Formación Artística, a la vez que ambas dependencias están dentro de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, de los 21 institutos dependientes de la Dirección de Formación Docente, 16 fueron creados entre 1880 y 1920, en pleno proceso de organización del sistema educativo nacional, el cual para aquella época tenía un solo propósito: la homogeneización de las masas en una sola identidad argentina, de valores y costumbres devenidos del mundo occidental. Hoy, entre esas 29 instituciones, se ofrecen carreras docentes para los cuatro niveles de enseñanza -Inicial, Primario, Media y Superior-, las cuales se dictan en cinco tipos de establecimientos: Escuelas Normales Superiores (ENS), Institutos de Enseñanza Superior (IES), Institutos Superiores de Profesorado (ISP), Institutos Superiores de Educación Física (ISEF) y en Escuelas Superiores de Educación Artística (ESEA).

Entre variedad de ofertas –de instituciones, de carreras, de niveles-, los ISFD fueron desde fines del siglo XIX los principales formadores de docentes del sistema educativo, tanto público como privado. Es decir que todos los que leemos esta nota seguramente hayamos tenido a uno o varios docentes egresados de los institutos superiores, gracias a quienes se fue consolidando una tradición de educación normalista a lo largo de los últimos dos siglos que fuera reconocida internacionalmente como “vanguardista” por la formación que brinda para “docentes de excelencia”.

Al respecto, y pensando en este proyecto de reforma que significaría el cierre de los institutos existentes, Cecilia Buratti, rectora de la Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene”, en diálogo con ANCCOM, adelanta: “No es que estamos encaprichados en que no nos muevan de los Institutos; los Institutos tienen una identidad y un perfil claro de graduado, que se ha ido aggiornando en función de los cambios sociales, pero siempre con un eje: que estás formando un docente, y el docente trabaja con alumnos, y se trabaja en las aulas. Esa es nuestra identidad».

Sobre el escenario, docentes sostienen diferentes carteles que esgrimen su oposición a la reforma impulsada desde el gobierno de la Ciudad.

«Los Institutos tienen una identidad y un perfil claro de graduado», afirma Cecilia Buratti, rectora de la Escuela Normal Superior Nº 11 “Dr. Ricardo Levene”.

¿Cambiar para mejorar?

El principal argumento oficial acerca de la necesidad de transformar la educación, y la formación docente en particular, es la escasez de docentes en la Ciudad y la falta de jerarquía de la profesión. Desde esta visión, la creación de una universidad aparece como respuesta a la profesionalización académica –pasando de ser una formación terciaria, a una universitaria-, trayendo consigo una supuesta jerarquización de la profesión.

Paula Topasso, docente de la Escuela Normal Nº1 y Nº4 y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación (AGCE), aporta en este sentido una opinión compartida por la comunidad educativa que desde enero de 2016, por un motivo u otro, se encuentra en estado de alerta y movilización: “La jerarquía de la profesión docente guarda estrecha relación con las condiciones para enseñar y aprender que no están siendo garantizadas por las restantes políticas educativas y laborales del Estado nacional y jurisdiccional”.

Además de solicitar “no faltarle el respeto a la profesión”, Buratti, que se enteró de las intenciones del Gobierno porteño por los medios de comunicación, agrega que “para jerarquizar la profesión, tenés que dar condiciones de trabajo coherentes y lógicas. No hablo solo de una cuestión salarial, que obviamente es muy importante, sino también que las instituciones cuenten con el apoyo y los recursos que necesitan para llevar a cabo el trabajo: no puede ser que cualquier cosa que pasa en la escuela, es siempre culpa de la escuela”.

Juego de palabras, juego de intereses

Ante palabras tan rimbombantes que anuncian cambios paradigmáticos de cara al futuro –como la “Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”, en términos del ex ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich-, es necesario detenerse en cada una de ellas siempre que fuera posible, a modo de tratar de entender qué hay detrás.

En este sentido, es posible recrear un posible diálogo entre los testimonios que ofrecieron a ANCCOM docentes, rectoras, y representantes gremiales, con el Proyecto de Ley que pronto se discutirá en la Legislatura porteña.

Así, al artículo Nº 3 del mencionado Proyecto, el cual se establece que: “La UniCABA tendrá por objeto la formación inicial y continua  para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, procurando su excelencia a partir de prácticas pedagógicas innovadoras, criterios multidisciplinarios de trabajo e investigación en la práctica docente, incluyendo las áreas de conocimiento de educación, didáctica, pedagogía, ciencia y tecnología, administración y gestión de la educación”, es interesante preguntar cómo se procurará la excelencia a partir de prácticas pedagógicas innovadoras cuando, a decir de Cecilia Buratti, es notoria la falta de recursos tanto materiales, como logísticos y tecnológicos:

“Es muy irónico que tengamos en todos (los Institutos) problemas con la conectividad; las instituciones tienen en general serios problemas con el uso de Internet, incluso en las secretarías de las instituciones, teniendo en cuenta que hoy en día todo se manda por expediente electrónico, muchas veces está toda la mañana sin poder ingresar un expediente porque se cayó el sistema. De ahí en más, imagínense lo que son las aulas; en general, cuando trabajás con tecnología es porque los alumnos o docentes usan sus teléfonos, porque más allá de que se hayan compartido las netbooks en su momento, o ahora las tablet en Primaria, si vos no tenés conectividad en las instituciones, es poco lo que podés hacer”.

Los docentes marchan por las calles de Buenos Aires. Una de las banderas dice: "Institutos de Formación Docente en lucha".

Docentes marchan por las calles de Buenos Aires rechazando el desmantelamiento de las 29 instituciones de formación docente.

Agrega Paula Topasso: “Hay problemas de infraestructura diversos y demoras en los arreglos de fondo. Este año, por ejemplo, se han pintado las fachadas de algunas escuelas, pero por dentro no se realizaron mantenimientos”.

Al concentrarse todas las ofertas de formación docente de gestión estatal en una única Universidad, como marca el Artículo Nº 5, “garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio del derecho constitucional y convencional de enseñar y aprender”, resulta necesario estudiar de qué manera se reasignarán los recursos –los docentes, por ejemplo- y cómo harán los estudiantes para adaptarse a tener solo una opción –pública- donde estudiar, situado en un barrio en particular, contrariando la actual diversidad territorial con que se ofrecen los Institutos. En este sentido, sobre el derecho de enseñar, marca Federico Milman, delegado gremial por ADEMYS, que “evidentemente” lo que hay detrás del cierre de los 29 IFD es la intención de “achicar personal, reducir docentes”. En la misma vereda, Buratti opina que las verdaderas intenciones son bastante claras, porque 29 instituciones no van a poder absorberse en una. Entonces hay una realidad, que un montón de docentes van a quedar por fuera de esta Universidad”.

Al respecto del derecho de aprender, y relacionado con la baja tasa de egresados, es preciso observar las condiciones en las que los estudiantes deben realizar sus cursadas: en las carreras de formación docente, desde el primer año se deben hacer prácticas de intervención en escuelas, a contraturno de los horarios de cursada de las respectivas carreras, volviendo casi imposible compaginar la necesidad de trabajar con la obligación de realizar las prácticas pedagógicas. Pensando en cómo se podría atender este punto, y derribando el mito sobre que sólo creando una Universidad se soluciona el déficit de egresados, Topasso reflexiona: “Las condiciones materiales de vida y estudio de los estudiantes es fundamental; en tiempos de mayores crisis económicas, la provisión de becas a los estudiantes debería incrementarse. Sostener una carrera de nivel superior, aun cuando no sea arancelada, requiere disponer de recursos para poder hacerlo con real igualdad. No todos nuestros estudiantes pueden costear sus estudios y tener la disponibilidad de tiempo para realizar las diversas prácticas y observaciones en instituciones educativas. La gran mayoría debe trabajar”. Por su parte, Milman afirma que mientras no exista “un serio programa de becas” para que los estudiantes puedan concluir sus estudios, el problema seguirá existiendo, ya que en los horarios para realizar las prácticas, los estudiantes deben prodigarse su sustento.

Por último, los objetivos del proyecto de reforma -al cual Buratti caracteriza de “autoritario y vacío”, ya que no fue consultado con la comunidad educativa, ni está planteado desde una concepción pedagógica, sino por el contrario desde “una mirada casi ingenua, de pensar que se resuelven todos los problemas de la formación (y la falta de docentes en la Ciudad), creando una Universidad” tienen que ver con una reestructuración integral, que abarca aspectos pedagógicos, financieros e ideológicos.

Ante el diagnóstico de la realidad en boca del ministro de Educación nacional Alejandro Finocchiaro, sobre que hoy “tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI”, Buratti hace su propio diagnóstico sobre las búsquedas –ocultas- de la propuesta de reforma: “Además de la cuestión presupuestaria, creo que tiene que ver también con una cuestión ideológica muy profunda, que es querer una educación con poca reflexión y poco análisis crítico. Además de todo esto, creo que los IFD realmente resultamos molestos para lo que es la formación docente y para el Ministerio de Educación, porque tenemos una autonomía que no tiene el resto del sistema educativo. Los rectores contamos con Consejo Directivo y Consejo Académico que, con equipos muy formados, avalan el accionar de las instituciones, y creo que esto molesta, y mucho”.

Así, la concentración en un solo órgano directivo propio de una Universidad, como dice Milman, apunta a que “el Ministerio y el Poder Ejecutivo directamente designen a dedo a las autoridades”, pudiendo hacerse del control, tanto de voces opuestas como de contenidos prescindibles, como la Historia o la Filosofía, que en la Secundaria del Futuro ven acotadas sus cargas horarias en pos de la formación en habilidades para “trabajos que aún no conocemos”. En este sentido, Buratti concluye: “El sujeto que buscan formar tiene que ver con un sujeto menos crítico, menos reflexivo, donde las problemáticas sociales no se tomen en cuenta, más abocado a la tecnología. Sería una necedad no tomar en cuenta hoy el uso de las tecnologías, porque es evidente que la enseñanza lo toma como un recurso, pero una cosa es la tecnología al servicio del pensamiento crítico y del aprendizaje, y otra, es la tecnología como eje principal de la educación. Ahí hay una gran diferencia: si lo que queremos es crear seres tecnócratas, posiblemente la tecnología tenga un lugar que no es el que le damos los que trabajamos enmarcados en nuestra concepción de educación: en la que se piensa y se cree desde el pensamiento crítico reflexivo”.

Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) habla con un micrófono sobre el escenario del acto del jueves 30 de noviembre.

Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) habló en la manifestación.

Actualizado 05/12/2017

“No hay vacantes”

“No hay vacantes”

El reciente dato, proporcionado a la fuerza por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz de un recurso de amparo presentado por Miryam Bregman y Patricio del Corro (FIT), indica que en 2017 quedaron sin vacante para las escuelas públicas porteñas 11.958 chicos y chicas de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Lejos de revertir la crítica situación de 2016, en la que 11.432 padecieron la misma suerte, el panorama educativo de la Ciudad empeoró, tanto cuantitativa, como cualitativamente. 

“El chico que no tiene educación desde temprano tiene cincuenta por ciento menos de probabilidades de no terminar el colegio. Faltan jardines de infantes en Argentina y desde el PRO vamos a construir 3.000 jardines infantes en cuatro años”, prometía el entonces candidato Mauricio Macri en un programa de televisión previo a las últimas elecciones presidenciales.

Transcurridos casi dos años de su presidencia y tras diez de gestión de su mismo partido político en la Capital Federal, con leyes nacionales que instan –y obligan- al Estado a asegurar el derecho a acceder a una educación pública, laica y gratuita, las conclusiones a las que llega el informe Seguimiento del dispositivo de tramitación de vacantes escolares denominado ‘Sistema de Inscripción en Línea’, de la Defensoría del Pueblo de CABA indican que “se ha incrementado el porcentaje de niños, niñas y adolescentes aspirantes a los tres niveles educativos, sin vacante confirmada, al inicio del ciclo lectivo”. La proyección es la siguiente: 39,8 % (ciclo lectivo  2014); 41 % (2015) y 54,05 % (2017).

Esta inquietante realidad de miles de familias hizo que se movilizaran el último miércoles 22 a las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad, para hacer llegar el reclamo y la exigencia de hacer cumplir lo que es un derecho: la vacante –el ingreso- a la educación. De diversos colores, las respuestas que allí reciben por parte de los funcionarios son, año tras año, las mismas. En diálogo con ANCCOM, Patricia Pines, madre organizadora de la multisectorial “Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas” y docente del Mariano Acosta, afirmó que Juan Pedrazzi, asesor del secretario de Carrera Docente (que atendió los reclamos en la calle), “no tiene mucha injerencia en esta problemática, promete solucionar los casos, pero no cumplió el año pasado. Nunca reconoce que faltan escuelas, siempre nos bicicletea con que ‘bueno, estamos trabajando para solucionar el problema’”.

Lo que no especifica el funcionario es exactamente en qué están trabajando, ya que en los estudios que demuestra el ex legislador Patricio del Corro, hasta mitad de año se ejecutó tan solo un 34% del total asignado para la Dirección General de Infraestructura Escolar.

Inscripción en línea

Una de las causas que se aducen a la ineficiencia en la asignación de vacante es, justamente, el sistema de inscripción, que desde el 2013 -para el año lectivo de 2014- es online. Patricia define esa operatoria como arbitraria y expulsiva, porque “como todo lo que hacen, son medidas inconsultas, y porque el que no tiene computadora no puede inscribir a sus chicos en la escuela; y el que la tiene, la primera semana nunca funciona (el sistema) entonces vos tenés que ponerte el despertador a las 2, 3 de la mañana para enganchar el sistema y tratar de que la inscripción entre y cuando vas a llevar los papeles a la escuela, algo que ellos mismos te obligan, en la institución no hay Internet, no hay facilitador, no hay computadora”. Entre los miles de casos de inscripciones azarosas, Patricia recuerda el de tres hermanos, a los que ubicaron en tres escuelas diferentes. “¿Cómo hace la mamá para llevar a tres pibes a tres escuelas distintas a la misma hora?”. 

Esta modalidad contribuye a generar, por ejemplo, un proceso de alejamiento en la relación entre la institución asignada y la familia ya que, en muchos casos, los padres y las madres deben terminar optando entre las posibilidades que les brinda el sistema, que no siempre se ajustan a sus preferencias y/o búsquedas pedagógicas. Así, el Estado nuevamente incumple un mandato, expresado en el artículo 23 de la Constitución porteña: “(la Ciudad) asegura  la  igualdad  de  oportunidades  y  posibilidades para  el  acceso, permanencia,  reinserción  y  egreso  del  sistema  educativo, respeta  el derecho  individual  de  los  educandos,  de  los  padres  o  tutores,  a  la elección  de  la orientación educativa según sus convicciones y preferencias …”. 

La despersonalización del sistema de inscripción online conlleva en muchas familias a tener que aceptar desesperadamente lo que hay, que en la mayoría de los casos no se corresponde con sus propias búsquedas para sus hijos e hijas. Así, se observan diferencias entre las preferencias y la asignación final –en el mejor de los casos- en cuanto al tipo de jornada (simple, extendida o completa), a la propuesta pedagógica de la institución, a la cercanía del hogar o del trabajo de los padres y las madres. De esta manera, el periplo de la inscripción y asignación de vacantes, en su expresión digital, queda relegado a un mero acto administrativo, desconociendo su impronta pedagógica que involucra, entre otros aspectos, las expectativas familiares proyectadas para la trayectoria escolar de sus niños, niñas y adolescentes, es decir, para sus futuros. 

Sin un plan integral de construcción de escuelas, especialmente en aquellas zonas críticas de la Ciudad, como la zona sur, en la que abunda la desescolarización de nivel Inicial y Primario, a las familias que no corren la misma suerte de aquellas que consiguieron por lo menos una vacante -aún lejos de sus barrios, de sus “convicciones y preferencias”- no les queda más opción que tener que inscribir a sus hijos en escuelas privadas. Esto explica, entre otras cosas, el aumento de la matrícula de ese sector. A la pregunta de cómo se podría solucionar la falta de vacantes en la educación pública, Pines es tajante: “No hay voluntad política para solucionar el problema, sino para profundizarlo. Muchas veces estuvimos en la Legislatura exigiendo la aprobación del Proyecto de Construcción de Escuelas, que se ejecute el presupuesto.” 

¿Alcanza con la asignación de un lugar?

La foto sobre el estado de situación muestra que en el presupuesto nacional de 2017 hubo una pérdida de los fondos asignados a la participación de la función educación de un 13% en relación al presupuesto 2016. La película completa expresa un deterioro en las condiciones de acceso, permanencia y finalización de los estudios en los respectivos niveles de la educación pública nacional, signado principalmente por la falta de inversión en infraestructura, en recursos materiales y humanos. 

Patricia lo grafica con sus palabras: “Este año costó muchísimo obtener datos, mucho más que los años anteriores. Hasta el año 2016 venían respondiendo los pedidos de informe de la Legislatura y este año no lo respondieron. Teníamos hasta el año pasado la información de que en los últimos diez años se había sub-ejecutado el presupuesto en 850 millones de pesos. Eso equivale, más o menos, a 60 escuelas. Ese dinero estuvo destinado a infraestructura escolar, pero no sabemos en qué se utilizó. Sí sabemos que no se usó para crear escuelas y entendemos que tampoco se utilizó en mejorar la infraestructura de las instituciones educativas porque todos los años es noticia que los techos se caen, que faltan estufas, ventiladores y los vidrios están rotos. Entonces no sabemos para qué se utilizó.” 

En cuanto infraestructura edilicia, a la promesa de construcción de 3.000 jardines de infantes, el Gobierno respondió especialmente con los Centros de Primera Infancia (CPI), los cuales no dependen del Ministerio de Educación, sino del de Desarrollo Social, funcionando como guarderías sin proyectos pedagógicos y con escaso personal docente, contratado en condiciones precarias. Hasta la primera semana del mes de junio 2017, el informe El derecho a la educación en Argentina, ¿hacia dónde van las políticas educativas actuales?, realizado en julio de 2017 por la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), arroja que han sido ejecutados 506 millones de pesos, sólo el 9% del total presupuestado para la construcción o ampliación de jardines de infantes ($5.592 millones), siendo hasta el momento la más baja ejecución de las 19 partidas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Actualizado 28/11/17

Mate amargo

Mate amargo

El mate, esa costumbre tan argentina, viene cebado con amargura desde Misiones, donde se cultiva el 90 por ciento de la producción. El 10 por ciento restante proviene de Corrientes y no es más dulce. Entre las dos provincias registran más de 200.000 hectáreas cultivadas con hoja de yerba mate, en las que se estiman que trabajan alrededor de 20.000 tareferos. El 80% de ellos realiza sus tareas en negro. 

Tarefa es el viejo oficio de cosechar la hoja verde. Tarefero es quien lo realiza. Cuentan los viejos pobladores que tarefa viene de tarifa y que los tareferos son ahora los que antes eran los mensúes: aquellas personas de tez “ensolada” y manos curtidas que tienen como hogar el yerbal del patrón (a quien no conocen), en vez de su propia casa. Son hombres, mujeres y niños, la familia entera, que viaja hacia los yerbales en camiones destartalados, propios de una actividad totalmente informal, en lo que respecta a relación laboral y condiciones de trabajo. En esos mismos camiones vuelven a sus hogares, al finalizar la jornada, a eso de las 16. Viajan arriba de los bolsones cargados de miles de kilos de hoja verde, los raídos. 

La actividad yerbatera supo ser de las principales actividades económicas de la provincia de Misiones, en especial hacia mediados del siglo XX. Hoy, y desde hace algunas décadas, la expansión de las fronteras del monocultivo de pino y eucalipto -para la actividad pastera-, el creciente turismo y, en menor medida, la construcción, están haciendo retroceder y ganándole territorios al cultivo de yerba mate.

Aun así, en 2016 se registró una cosecha récord, con el ingreso en secadero de 819.052.572 kg de hoja verde, los cuales se traducen en 252.136.107 kg de yerba mate empaquetada para el consumo. Los secaderos son los galpones en donde continúa el proceso de elaboración y se descargan las toneladas cosechadas del día, para luego pasarlas a hornos de ladrillo y secarlas a más de 100 grados.

Fila de sosteniendo un pasacalle en el contexto de una movilización de trabajadores tafareros

La tarefaros trabajan de forma informal pese a las enormes ganancias que registra la actividad.

De estos grandes números, poco saben los tareferos. Ellos y ellas, son las personas gracias a quienes las familias materas de todo el país tienen su paquete de yerba listo para llenar su mate y arrancar el día de una mejor manera. De los aproximadamente $60, que cuesta el kilo de yerba en los supermercados, los tareferos ganan apenas entre $0,80 y $0,90 por kilo. En el medio, intervienen actores de todo tipo, que tienen el poder y la capacidad de ir inflando el precio final en góndola. Gracias a la desregulación de la actividad que se produjo en la década de 1990 entraron al negocio: contratistas, secaderos, molinos e hipermercados. Entre todos ellos se concentran las abultadas ganancias de la actividad, que sólo considerando las exportaciones -principalmente a Siria y Europa-, arrojaron para el período de enero-agosto de 2016, más de u$s 42,6 millones.

Alrededor de esas ganancias, el trabajo no registrado, en negro, de los tareferos, implica una estafa al fisco por evasión de impuestos de 54 millones de pesos, que acumulan las grandes empresas del sector, gracias a la tercerización de la actividad bajo la figura del contratista, es el intermediario directo entre las empresas, los colonos o las cooperativas, y los tareferos. Él es el encargado de armar los grupos de trabajadores: las cuadrillas. Luego utiliza los kilos de hoja cosechados para venderlos y, en esa transacción, se queda con la mitad de la paga que le correspondería a quienes generaron la producción. 

El trabajo de cortar y quebrar las ramas, separar y apilar sus hojas -que luego será la yerba que se toma en cada mesa del país- empieza cuando todavía el rocío en los yerbales no se despejó, a eso de las 6 de la mañana. Para las 10, cuando el sol pudo haber paliado un poco el agua, los y las trabajadoras ya están con sus ropas mojadas y unos cientos de kilos de hoja cosechados. El período grueso de la zafra es entre marzo y septiembre. Luego queda la etapa que va desde octubre a febrero, considerada como de interzafra, en la que los tareferos deben salir a buscar changas. Principalmente encuentran algo de trabajo en el rubro de la construcción, o se van a cosechar a otras provincias. Una opción habitual es Entre Ríos, en donde recolectan arándanos. De esta forma logran complementar los ingresos con los $2.500 de “subsidio interzafra” que les otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación, una medida compensatoria para la frágil situación en la que quedan las familias tareferas, una vez que se termina la cosecha.

Trabajadores organizados escuchando a un vocero hablar en Misiones por lo reclamos de los tafareros

Los trabajadores reclaman un ingreso en el período interzafra que le permita igualar el valor de la canasta básica.

Aunque minoritario y fragmentado, el diagnóstico de la situación que hicieron los trabajadores tareferos de Misiones -agrupados en distintas organizaciones, algunas con reconocimiento gremial y otras no-, es que el monto del subsidio no cubre las necesidades primarias e indispensables de las familias. Por eso están luchando, para, al menos, lograr equiparar sus ingresos con el valor de la canasta básica.

A raíz de movilizaciones en Misiones y otras ciudades del país y de un masivo acampe en agosto de este año en la Plaza de Mayo porteña -con más de dos mil tareferos que se trasladaron para hacerse escuchar frente a la Casa Rosada-, los trabajadores de la yerba mate lograron que el Ministerio eleve el subsidio de $2.300 a $2.500 más un bono complementario para esta interzafra (“subsidio de emergencia productiva”) de $2.000, dando un total a percibir de $4.500.

Sin embargo, noviembre encontró nuevamente a los y las trabajadoras en las calles. Jerónimo Altschuler, dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y responsable de las negociaciones en Buenos Aires de un sector de los trabajadores tareferos de Misiones, explica los motivos a ANCCOM, el viernes 10, en las puertas del Ministerio de Trabajo de la Nación, mientras esperaba una respuesta sobre la reunión solicitada a las autoridades competentes: “Solamente adelantaron durante dos meses un pago del bono de $ 2.000, pero ahora han salido, hace dos semanas, con la novedad que no pueden pagar los dos beneficios en simultáneo porque supuestamente no son compatibles. Entonces los tareferos van a terminar cobrando entre $ 2.000 y $ 2.500 cada mes, nunca por encima de eso, cuando el acuerdo era que tenían que cobrar los dos beneficios juntos, llegando a $4.500.”

Desde Misiones, Eduardo García, tarefero de Apóstoles, ayuda a entender la importancia de la movilización y la unión de los trabajadores. En contacto telefónico con ANCCOM, expresa con respecto a los reclamos de agosto y del último viernes: “Estuvo muy bueno porque participaron los trabajadores de los sindicatos, las bases. Estuvieron de Andresito, Irigoyen, Montecarlo, Jardín América, Oberá, Azara, San José, Apóstoles… Fuimos a la Oficina de Empleo, para que vieran que estábamos ahí, hasta que no nos atendieran, no nos íbamos a mover. Entonces llamaron a Buenos Aires y les dijeron: ‘Acá también está el mismo quilombo’, y ahí nos atendieron y se acordó nuevamente que en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, por cuatro meses, iban a pagar $4.300. El primer arreglo era de $4.500, ahora dijeron que podían pagar $4.300.”

Grupo de gente sosteniendo varias banderas en Misiones

Luego de la lucha obrera el Ministerio de Trabajo de la Nación acordó entregarles un bono de emergencia productiva

Estos incumplimientos de los arreglos, que corresponden solo al período de interzafra, sumados a la falta de acuerdo para marzo, fecha en la que los funcionarios, los gremios y las empresas deben establecer la actualización de los precios por el valor del kilo de hoja verde cosechado, implican que el tarefero comience la temporada sin precio fijado, es decir, sin saber cuánto vale su trabajo.

La irregularidad de la tarefa como actividad económica se puede traducir en las propias palabras de Altschuler (FOL), que continúa con la descripción de una realidad no tan conocida en las zonas urbanas locales: “Los tareferos trabajan en condiciones muy malas. Los dejan tirados en el yerbal, en el monte y tienen que quedarse ahí, una o dos semanas, acampando con una lona, sin nada, se tapan con un nylon, por la lluvia, duermen en el piso, cocinan con fuego. En el yerbal los tareferos cosechan con la familia, la mujer y los hijos. Hay trabajo infantil. Laburan de sol a sol. Es un trabajo a destajo y les pagan cuando recolectan 1.000 kg de hoja verde, no antes, y para colmo el monto es muy por debajo del valor del convenio. Les tendrían que pagar $1.260 por tonelada y les están dando entre $ 900 y $ 800, porque todas las patronales se aprovechan del eslabón más débil, que es el trabajador tarefero.”

Hoy, el reclamo del sector pasa por conseguir un ingreso en época de interzafra, que les permita a los trabajadores llevar el pan de cada día a sus familias. Sin embargo, la lucha es histórica y se refleja en el cartel de bienvenida que ofrece el Sindicato de Trabajadores Tareferos, Temporarios y Desocupados de la Ciudad de Montecarlo (Misiones): “El placer de tomar mate no puede descansar en la esclavitud del tarefero”.

 

Actualizado 14/11/2017