Jul 18, 2019 | Comunidad, Novedades
Todas las semanas, los vecinos se movilizan frente a la inmobiliaria Martul.
Se celebró la primera audiencia de conciliación entre el merendero popular Darío Santillán y un grupo inmobiliario que pretende desalojarlos, donde el juez decidió fijar un segundo encuentro para fines de octubre. Si bien se posterga el inicio del juicio de desalojo, la organización barrial deberá seguir luchando para no cerrar sus puertas.
Sobre la calle México al 640 se ubica el merendero que lleva el nombre del histórico militante del movimiento de desocupados asesinado en la estación avellaneda en 2002. Casi un año después de ese acontecimiento, los vecinos y las vecinas de la asamblea de San Telmo fundaron ese espacio.
Desde entonces, se realizan allí diferentes actividades. Merienda para 200 pibes y pibas del barrio; talleres recreativos y educativos; cumpleaños y el gran festejo del Día del Niño que se organiza en la calle. También, en la parte posterior del edificio, se alojan veinte familias que subalquilan una habitación a un precio accesible.
A diario, 200 chicos meriendas en el edificio en litigio.
El proyecto inicial necesitaba, desde un principio, del alquiler de un inmueble. La buena relación con los anteriores propietarios permitió que los vecinos de la Asamblea de San Telmo pudieran firmar contratos por casi 15 años, hasta que, en octubre de 2018, la propiedad fue adquirida por la firma Martul, una inmobiliaria radicada en el mismo barrio. Allí comenzaron los problemas.
Como los nuevos dueños no querían continuar alquilándole el inmueble a la Asamblea, iniciaron inmediatamente una demanda contra los inquilinos. Los militantes del merendero denuncian que el grupo inmobiliario nunca estuvo dispuesto a dialogar con ellos. Por otra parte, sostienen que la operación fue un fraude porque la compra se hizo a un monto por debajo del valor de mercado. Sin ir más lejos, definen a los Martul como un grupo inescrupuloso dedicado exclusivamente a hacer negocios inmobiliarios a costa de los vecinos, acostumbrados a comprar barato para vender caro, y de proceder a fuerza de desalojo en caso de ser necesario.
Lo cierto es que, si el merendero cerrase, los niños del barrio perderían un lugar donde jugar y recibir una comida todas las tardes, en una ciudad donde uno de cada tres niños es pobre. También se verían perjudicados los inquilinos, como María Luisa, quien pronto cumplirá 90 años y vive en el edificio del merendero hace casi 15. “Para mí es imposible mudarme a otro lado. El cierre implicaría que me dejen en la calle”, dice.
Veinte familias viven en el lugar.
El proceso judicial se encuentra en etapa de conciliación. Al momento, se realizó una única audiencia, el pasado 15 de julio. En ella, el juez determinó que se haría un segundo encuentro el próximo 30 de octubre, e instó a que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus órganos pertinentes, realice un relevamiento socioambiental de las familias que viven allí, como también de las personas que asisten al merendero. Ese informe será tenido en cuenta en la segunda audiencia.
Los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) patrocinan a la gente del merendero. Una de sus abogadas le precisó a ANCCOM algunas claves referidas a los planteos que harán como parte de la defensa: “Entendemos que hay derechos fundamentales que están en conflicto, como son el derecho a la vivienda, a la soberanía alimentaria, a la cultura. El hecho de que se vean afectados, implica una responsabilidad por parte del Estado. Por otro lado, estamos reclamando que el nuevo propietario reconozca todo el trabajo que hizo la organización sobre el inmueble y, en ese sentido, que lo retribuya económicamente”.
Martín, uno de los referentes del espacio, opinó: “Sabemos cómo es la justicia en el país y para quiénes trabaja. El propietario seguramente tenga las chances de ganar, pero eso no quiere decir que pueden tirar a la calle a las veinte familias que viven ahí, o dejar sin su plato de comida a los 200 pibes que meriendan ahí”. Y agrega: “Queremos que haya un diálogo, de manera pacífica, para encontrar la manera más justa donde todos ganemos. Necesitamos una indemnización que permita que las familias puedan reubicarse”.
Los vecinos de la asamblea de San Telmo muestran sus reservas frente al accionar de la justicia. Por ese motivo, desde finales del año pasado, organizan periódicamente -los jueves- una marcha frente al edificio de la inmobiliaria de los Martul, donde buscan el apoyo de los vecinos. Cuentan, entre otras adhesiones, con las de Nora Cortiñas y de Adolfo Pérez Esquivel.
Jun 14, 2019 | DDHH, Novedades
Ya transcurrieron diez audiencias en el juicio que investiga las violaciones de los derechos humanos de los detenidos en la Contraofensiva montonera.
Los familiares de las víctimas llenaron la sala. Minutos antes del inicio de la audiencia –que se retrasó una hora– se repartieron carteles con el nombre y el rostro de los desaparecidos por los que reclaman justicia, todos secuestrados, torturados y asesinados en la marco de la Contraofensiva montonera, entre 1979 y 1980. Minutos después de las 10, con los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín en el estrado, comenzaron los testimonios.
El primero fue el de Carlos Cremona, un ex militante de Ligas Agrarias del nordeste argentino que, con el golpe cívico-militar de 1976, debió esconderse en el monte del Chaco. Como tantos de sus compañeros, padeció la persecución política de las fuerzas de seguridad. Ligas Agrarias agrupaba a los pequeños campesinos de la zona que luchaban por los precios de sus cosechas, fundamentalmente de algodón. “La represión se orientó a acabar con esa organización para favorecer al agronegocio que en ese momento estaba en manos de empresas como Bunge & Born”, explicó.
Cremona se quebró al evocar la dura estadía en el monte: “Vivíamos con lo justo, pero aun así teníamos que cargar unas mochilas muy pesadas. Llevábamos frazadas, algo de ropa y comida, pero sólo para asegurarnos que coma nuestra hija”. Su esposa debió allí ser asistida solamente por él. Sin embargo, tuvieron que encargarle a una familia campesina que cuide de la beba porque era imposible que sobreviviera en esas condiciones. Así estuvieron de 1976 a 1979 hasta que Cremona logró exiliarse en España, pero al poco tiempo regresó para ayudar a sus compañeros a escapar del país. De 1980 hasta casi el fin de la dictadura estuvo preso en la cárcel.
El abogado Pablo Llonto, uno de los representantes de la querella.
El segundo testigo fue Oscar Alberto Mathot, quien en la década del 70 fue parte de la presidencia de la Federación Estudiantil de la Universidad del Nordeste Argentino y de la Juventud Universitaria Peronista. También permaneció escondido en la selva chaqueña hasta 1978, cuando huyó a España y donde tomó contacto con la Junta Reorganizadora de las Ligas Agrarias. Con otros compañeros, entre ellos Cremona y Remo Vénica, decidieron retornar al país para retomar la militancia. “Creíamos que la dictadura iba a ser pasajera, como las anteriores. Suponíamos que en algún momento iban a llamar a elecciones”, señaló Mathot. Pero el triunfo de Reagan en 1980 en Estados Unidos nubló sus expectativas. La Junta Militar ahora contaba con un sostén, a diferencia de Jimmy Carter, antecesor de Reagan, quien los presionaba por las violaciones a los derechos humanos. En 1981 Mathot volvió a España.
Su compañero Remo Vénica, tercer testigo de la jornada, integraba el brazo católico de las Ligas Agrarias chaqueñas y fue otro de los que se escondió en el monte para evitar que lo atrapen. Su historia inspiró la novela Monte madre, de Jorge Miceli, y la película Los del suelo, de Juan Bandana. Junto a su esposa, Irmina Kleiner, brindaban capacitación a los campesinos, desde alfabetización hasta asesoramiento de organización en cooperativas. Por este motivo lo perseguían y por eso debió pasar a la clandestinidad. Su cercanía al campesinado lo ayudó a sobrevivir en la selva, dado que los lugareños le proveían de comida. Aun así fue difícil ya que estaba obligado a dormir siempre en sitios agrestes, ya que hacerlo en alguna casa implicaba poder ser descubierto. Dos de sus hijos nacieron allí, en el monte, y su primera hija, a quien habían dejado al cuidado de otra familia, fue secuestrada por la policía. “La recuperamos al final de la dictadura”, contó Vénica entre lágrimas.
El testigo Remo Vénica, militante de las Ligas Agrarias, abraza al hijo de un compañero asesinado por la dictadura.
Pasadas las 15.30, luego de la breve declaración de Hugo Mancilla, convocado por ser el único testigo ocular de la desaparición de los militantes montoneros Ángela Salamone y Daniel Santilli, se presentó en el tribunal Benjamín Ávila. Tenía colgado un cartel con la foto y apellido de su madre, Sara Ernesta Zermoglio, desaparecida en 1979, y entre el público se encontraba su pareja y sus hijos.
En 1977, cuando tenía 5 años, su familia se exilió en México, Brasil y Cuba –donde nació su hermano Diego–, hasta que en 1979 decidieron volver. Su madre, militante montonera, había resuelto participar de la Operación Retorno. Ese año vivieron en diferentes casas para que no los atrapen. Pero finalmente, una noche, un grupo de tareas irrumpió donde estaban Sara y sus dos hijos. Los niños fueron encerrados en una habitación bajo llave, que se abría sólo para dejarles un plato de comida. Tras cuatro días en cautiverio, los militares llevaron a Benjamín en un Falcon verde a la casa de su abuela. Antes de bajarse, él preguntó dónde estaba su hermano. El represor que conducía lo insultó e inmediatamente se largó. “Queremos que tengan el coraje de decir dónde están nuestros familiares y qué pasó con ellos”, concluyó el cineasta.
El último en declarar fue el ex militante montonero Hugo Fucek, quien detalló su actividad en el exilio. Su tarea consistió en el cuidado de los hijos de los compañeros que iban a participar de la Contraofensiva, dado que era muy riesgoso que volvieran junto a ellos. Así se montó en La Habana, Cuba, en una casa blanca con jardín y palmeras, “La Guardería”, donde llegaron a estar alojados hasta 25 niños y que funcionó hasta 1983. Fucek dejó el espacio tiempo antes. Esta bella e insólita experiencia fue retratada en el documental homónimo de la hija de desaparecidos Virginia Croatto.
Las audiencias del juicio “Contraofensiva montonera” se celebran todos los martes a partir de las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Puede ingresar cualquier mayor de 18 años con DNI.
Imputados del juicio conocido como Contraofensiva montonera.
