¿Qué hacer con la inflación?

¿Qué hacer con la inflación?

La semana próxima se conocerá el índice inflacionario de marzo y marcará un nuevo récord. Los aumentos por expectativas, por la guerra de ucrania y por la concentración económica.

El pasado 18 de marzo explotaron las redes sociales tras un novedoso anuncio de Alberto Fernández: la declaración de la guerra a la inflación. La semana próxima, el INDEC anunciará el índice inflacionario del mes pasado y todo indica que el presidente perdió la primera batalla: las consultoras económicas, en su mayoría, pronostican un piso del 6%. El gobierno estará obligado a tomar medidos para controlarla, en un contexto nacional e internacional cada vez más complejo.

“Los costos más importantes del país son los que dirigen la inflación. Si suben esos costos, suben los precios en general”, explica el economista de la Universidad Nacional de Moreno, Alejandro Fiorito, sobre las causas de estos incrementos. Menciona cuatro factores que se hallan en todo producto final y que hacen al traslado de precios en la cadena: los elementos importados que se utilizan en el proceso de producción; los salarios; las tarifas y, lo que más repercute en la actualidad, la inflación internacional,  que ya venía en alza debido a la pandemia y ahora se agravó con la guerra entre Rusia y Ucrania-.

Y si hablamos de precios internacionales, es inevitable mencionar una de las medidas más resistidas por el establishment econonómico al momento de tratar la inflación: las retenciones a las exportaciones. Para Lorena Putero, economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, este es uno de los principales problemas actuales. “Tiene que ver con a quién le querés vender lo que producís. Si tenés que elegir entre comercializarlo en Argentina en pesos o afuera en dólares, ¿qué vas a hacer?”, dice. 

Pero, aunque esta sea una de las herramientas ideales para controlar la inflación, hoy las retenciones encuentran obstáculos para ser aplicadas por el Poder Ejecutivo. Cualquier otra de las medidas que se estén tomando en el entretanto, según el economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolás Pertierra, apunta a amortiguar parcialmente el shock internacional.

“Otros instrumentos pueden llegar a ser los fideicomisos -que algo se implementaron-, o medidas de tipo de cambio diferencial. Después queda la tarea de trabajar sobre la inercia, más asociada a acuerdos y congelamientos de precios en varios sectores en simultáneo. Desarmar tasas de interés, alquileres que se ajustan por inflación y demás, para poder ir eliminando esa inercia. Pero en este contexto es más difícil”, declara el economista.

En este sentido, Putero declara que “todos pensamos que va a haber inflación, entonces vamos aplicando márgenes, y eso va a hacer muy difícil controlarla porque el conjunto de la sociedad ya está con la expectativa de que va a haber inflación y además, con el tema más problemático, – la suba de precios de los alimentos- que a mi entender es lo que más nos preocupa a todos, está muy concentrada su producción, distribución y comercialización”.

Pocas empresas que conforman la industria alimentaria controlan toda la estructura de costos.

Esto implica que las pocas empresas que conforman la industria alimentaria controlan toda la estructura de costos. Desde la economía social, según la economista, una posible solución a largo plazo sería trabajar en la desconcentración de la producción, distribución y comercialización de los alimentos y el acompañamiento a los pequeños productores; todas medidas de las que hay experiencias referentes en diversos municipios como el de Santa Rosa o el de Trenque Lauquen.

“Si podemos fomentar productores con cadenas más cortas – o sea, que el alimento este más cerca, que no haya que traerlo desde tan lejos y que no pase por tantas manos- ahí empezás a poder reducir y controlás los insumos, con todas las limitantes que tiene. Porque muchos de los productores no son propietarios, entonces habría que acompañar en el control del precio de la tierra también”, afirma Putero. Ya distintos sectores, como la Vía Campesina, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) o El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE), vienen reclamando por esto hace mucho tiempo,

Fortalecer pequeñas y diversas cadenas de comercialización, distribución y consumo es una verdadera forma de pensar en cómo solucionar estos problemas en el largo plazo. Además, esto permitiría luchar contra otro de los grandes agentes de la concentración en esta industria: los supermercados. En este sentido, para Putero es necesario reforzar los controles de precios, especialmente en políticas públicas como Precios Cuidados. Pero por sobre todo, para ganarle la guerra a la inflación no se necesita una sola medida sino un conjunto de políticas orientadas a dicho fortalecimiento de los controles, al incentivo de la competencia para diversificar los tipos de comercialización, y también al enfrentamiento de problemáticas como la de los alquileres, que hoy no se tratan adecuadamente y repercuten, como un efecto dominó, en la cadena de precios.

Un medio cooperativo necesita 34 años de pauta para recibir lo que Clarín obtiene del Estado en un mes

Un medio cooperativo necesita 34 años de pauta para recibir lo que Clarín obtiene del Estado en un mes

La Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios exige la democratización y la federalización de la pauta publicitaria que el Estado otorga a los medios de comunicación.

La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), la Red de Medios Digitales y los Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA) se unieron para integrar la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios con un objetivo: exigir la democratización y la federalización de la pauta publicitaria que el Estado otorga a los medios de comunicación.

Esta problemática, de larga data, se intensificó en los últimos meses ya que, aunque aquellas organizaciones cooperativas y comunitarias solían tener diálogo con la Secretaría de Medios,  los lazos se cortaron con el último cambio de funcionarios. La situación es distinta para empresas como La Nación, Clarín, Infobae y Perfil, que cuentan mes a mes con montos exorbitantes de dinero. “Cerca del 70% de la pauta queda en manos de grupos económicos con sede en Buenos Aires, donde el 1% de los medios se lleva el 70% de los recursos”, asegura Pablo Antonini, presidente de FARCO.

La diferencia es abismal: “El año pasado, El Grito Del Sur percibía pautas de 30.000 pesos mensuales, mientras que Clarín, 322.000 por día. Hacemos una cuenta que es bastante interesante, que es que el primero necesitaría 34 años de pauta para recibir lo que el segundo recibe en un mes”, explica Yair Cybel, integrante de la Red de Medios Digitales y periodista de El Grito Del Sur. Para él, los medios comunitarios y cooperativos no son reconocidos en su labor. “Somos medios muy profesionales que generamos empleo y hay temas como la paridad de género o el cupo laboral trans que muchos de nuestros medios lo cumplen y los medios grandes no lo hacen ni de cerca”, sostiene.

Pero no se trata problema de un problema aislado: se enmarca en la ausencia de políticas de comunicación, que, a su vez, se combina con una cada vez más poderosa concentración de los medios que le dan voz a los grandes grupos económicos. El resultado es la imposición de una agenda que busca defender intereses privados.

La solución, plantea la Confederación, es generar una regulación que establezca pautas de criterios para esa distribución. “No es que queremos regular absolutamente todo el monto que se destina, sino establecer pisos o topes: que no más de determinado porcentaje de esa pauta pueda ir a un solo grupo y que no menos del mismo vaya a los medios comunitarios y populares. Que se establezcan topes y pisos en lo que tiene que ver con la cuestión del federalismo: lo que va a Buenos Aires y lo que va a las provincias”, declara Manolo Robles, integrante de FADICCRA y trabajador de Cooperativa La Masa, de Rosario.

Sin embargo, cada intento por regular la pauta naufraga. Antonini afirma que pese a que son muchos los debates que vienen de la mano de cómo debería ser una ley sobre esta cuestión, ninguno puede avanzar porque los grandes grupos no lo permiten, ya que eso significaría perder sus privilegios. 

Infobae, por ejemplo, no tiene que hacer grandes esfuerzos para comprar una cámara de fotos; nuestros medios, para actualizar equipamiento, tienen que hacer sacrificios que son a veces inconcebibles. Lo que termina pasando es que se concentra y convergen aún más los espacios comerciales, que hacen de la comunicación un negocio y no la conciben como un derecho”, asegura Cybel.

En este sentido, las organizaciones hacen hincapié en su visión de la comunicación como un derecho y no como una mercancía.  Según Robles, “el Estado tiene que tratar de impulsar, promover y favorecer la pluralidad de voces, que es básica para el cumplimiento de derechos que también lo son.  El acceso a la información, la libertad de expresión: lo que podemos englobar como el derecho a la comunicación del conjunto del pueblo argentino, que es una cuestión básica para la democracia”.

«Los medios cooperativos digitales trabajamos para que nuestra plusvalía la extraigan las plataformas: se nutren de nuestro trabajo y no nos ponen un peso».

Los entrevistados también subrayan la falta de regulación que se ejerce sobre las plataformas digitales que actualmente juegan un papel indiscutible en la difusión de la información. Para Cybel, “los principales beneficiarios de la pauta digital son Facebook, Instagram y Google, que hoy son nuestros patrones. Como medios cooperativos digitales trabajamos para que nuestra plusvalía la extraigan las plataformas, que se nutren de nuestro trabajo y no nos ponen un peso, ni siquiera tributan lo que deberían en este país”.

La esperanza de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios reside en que sus reclamos sean escuchados para poder entablar un diálogo que derive en serias reformas de la política comunicacional. “Y sentarnos a pensar un esquema más justo. Que es eso lo que queremos: un esquema de justicia social, pero en nuestros medios”, concluye el periodista.

«Lo matamos por pobre»

«Lo matamos por pobre»

Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.

“Lo matamos por pobre”, le gritó uno de los policías de Caleta Olivia, Santa Cruz, a la familia de Rodrigo Curaqueo durante una protesta por la muerte de ese joven de 19 años que falleció el pasado 7 de abril en extrañas circunstancias. Hoy, el caso judicial está estancado. Lo que sí continúa es el hostigamiento de las fuerzas de seguridad hacia la familia y los sectores más humildes de la ciudad.

La mañana de aquel martes, Curaqueo llegó alcoholizado a su casa. Tras manifestar actitudes violentas, su familia decidió llamar a la policía con la esperanza de que apaciguaran la situación. “Se hizo todo mal desde un principio: se lo llevaron a la comisaria Seccional Quinta, que está a una cuadra y media de su hogar. De ahí, no lo volvieron a ver más”, relata su hermana Brenda.

“Tendría que haber estado suelto a las 15”, cuenta su madre, Andrea Muñoz. Pero alrededor de las 16:50, 16 presos declararon haber escuchado alboroto en el calabozo que destinan para los contraventores, donde se encontraba Curaqueo. “Los gritos de Rodrigo los escucharon hasta no escucharlo más. A las 17 les dieron permiso a los internos: los hicieron salir y los oficiales, como nunca, tenían guantes de látex puestos”, sigue.

No fue hasta la medianoche que los uniformados tocaron la puerta de la casa a la que pocas horas antes había llegado por última vez Rodrigo. Se le informó a la familia de su deceso recién el 8 de abril, 7 horas después de que se escuchara su último grito. ¿Por qué, si la casa queda a una cuadra y media?, se pregunta su hermana. De ahí en adelante, las piedras en el camino fueron cada vez más. Les dijeron que la causa de muerte habría sido suicidio por ahorcamiento y covid-19. Aunque esto implicaba que la familia debería esperar tres días para ver su cuerpo, la agonía se extendió por al menos siete.

El 9 de abril, Andrea se enteró por allegados que llevaban sin autorización el cuerpo de su hijo a Puerto Deseado, otra ciudad santacruceña. El motivo, según le dijeron, era para realizar una autopsia ya que en Caleta Olivia no había médicos forenses disponibles. Falso: la familia pagó de su propio bolsillo 50.000 pesos para contratar a Néstor Sosa, un médico de la ciudad que nunca pudo terminar su trabajo debido al entorpecimiento de la investigación.

Aunque hubiesen querido examinar el cuerpo de Rodrigo en Puerto Deseado, eso tampoco iba a ser posible: no había sido conservado en la morgue como se requería. “De todas las maneras intentaron tapar lo que había hecho la policía, pero son cosas muy evidentes”, afirma Brenda. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaria de aquel 7 de abril nunca fueron entregadas, y la escena del hecho fue cambiada radicalmente.

Una historia que se repite

Rodrigo no es el primero en fallecer en una comisaria de Caleta Olivia. El 18 de septiembre de 2016 le tocó la misma suerte a Gustavo Gerez, un taxista de 28 años que murió en la Seccional Primera, adonde había sido llevado por estado de ebriedad y disturbios en la vía pública. Alberto Luciani, abogado de los Curaqueo y los Gerez, señala que hay más de una similitud entre ambas causas. El patrón es el mismo: maltrato a los contraventores, impunidad y, por sobre todo, quienes mueren en dudosas circunstancias son siempre personas provenientes de los sectores más marginales de la ciudad, que suelen tener problemas con el consumo de sustancias.

“El sistema, en vez de cuidarlos y bridarles una salida a la problemática los penaliza, los criminaliza. No solo eso: no se les garantiza el derecho a la vida y terminan muriendo en extrañas circunstancias”, asegura el letrado. Tanto en 2006, como en 2009 y 2020: en cada año se pueden identificar nombres de “suicidios” en comisarías, como los de Omar Alvarado y Federico Courbuol.

“Quedó demostrada, además, la pésima capacitación que tiene la policía en derechos humanos. No tienen esa preparación, y tampoco en cómo tratar a una persona que está con algún problema de haber ingerido sustancias que le provoquen alteraciones físicas o psíquicas”. El caso recuerda al de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, el cantante de Tan Biónica. Con una diferencia: los pobres no tienen el beneficio de la duda, ni de la recuperación. 

Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.

En ambos casos, también, la administración pública brilla por su ausencia. “A Rodrigo no lo cuidaron, fue un abandono por parte del Estado”, expresa con dolor su hermana. Para Luciani, la falla es clara: no garantiza el derecho a la vida para los detenidos, ni el deber de seguridad, ya que se encuentran bajo su custodia. “No es que pasó una vez y ha sido un accidente, es una cosa repetida”, sentencia. Lo que le resulta llamativo es la protección de la que gozan los responsables para que las causas no avancen. “La misma Justicia le brinda cobertura legal a la policía porque de alguna manera trabajan juntos, es el mismo sistema. Si no hay sanciones y no se condenan casos así, se vuelve a repetir”, agrega.

Para Andrea, los gobernantes la dejaron sola. Ella ya está acostumbrada a estar así: desde hace tiempo que cumple el rol de madre y padre a la vez. Bronca e impotencia se juntan con el dolor y la desesperación por la falta de respuestas. El pueblo la acompañó solo al principio. Después, el enojo colectivo se diluyó en el tiempo.

“A la gente le falta un poquito de empatía, hasta que a uno no le pasa, no se da cuenta”, se lamenta Brenda Curaqueo. “El apoyo del pueblo solo estuvo cuando ocurrió, que es cuando recibís la noticia y te impactás y te enojás, pero a las marchas mucha gente ya no va”, continúa. Pero la familia no está sola: los casos de brutalidad policial son muchos a lo largo y ancho del país. El apoyo llega de los lugares más impensados: organizaciones como La Garganta Poderosa y el Colectivo Gatillo Fácil, de La Plata, son algunas de las que se contactaron para brindarles ayuda y asesoramiento que, según la joven, hace mucha falta en estos casos. Lo que sí saben es lo que exigen Brenda y Andrea: “El cambio de juez y que el que está trabaje, que deje de acumular casos, muertos y que se haga justicia por Rodrigo”.

Desarmar al machismo también salva vidas de varones

Desarmar al machismo también salva vidas de varones

¿Por qué los varones cuidan menos su salud? Esta pregunta guía la campaña #EsDeVarón, realizada por Fundación Kaleidos y Casa FUSA. Es que, si bien el patriarcado es conocido por las consecuencias extremas que implica para las mujeres y el colectivo LGBT, también reserva su cuota de daño para la salud física, mental y emocional de los hombres.

“Ambas organizaciones creemos que es clave modificar comportamientos y prácticas en espacios institucionales”, asegura Lucía Sucari, coordinadora de Comunicaciones de Fundación Kaleidos. Los objetivos de la campaña son evidenciar cómo los roles de género enseñan a los varones a naturalizar conductas violentas y potencialmente dañinas para su salud y la de sus entornos, y desarmar los estereotipos que impiden que los adolescentes busquen ayuda o asistencia frente a diversos malestares.

“Aquellos estereotipos que se van reproduciendo en las crianzas, enseñanzas y a través de la socialización en las escuelas, se traducen en más vulnerabilidad para los varones en el acceso y el cuidado de su propia salud”, afirma Daniela Giacomazzo, psicóloga y coordinadora del equipo de expansión comunitaria y especialista en ESI de Casa FUSA.

Entre las conductas de riesgo usualmente llevadas a cabo se encuentran el demostrar resistencia a alcohol y drogas, involucrarse en situaciones de violencia callejera, manejar vehículos a alta velocidad, tener sexo sin protección o subestimar el cuidado de salud mental. Un capítulo aparte merece el último punto ya que, según las estadísticas, son los hombres quienes encabezan las listas cuando de suicidio se trata. “La creencia de que los varones tienen que ser fuertes y el no poder mostrarse sensibles o pedir ayuda son factores que van obstaculizándolos muchas veces para hablar de lo que les pasa y solicitar ayuda”, expresa Giacomazzo.

Pero el vínculo entre la alta tasa de muertes y el machismo no termina ahí: el modelo tradicional de hombría también alcanzó a los cuidados que implica el coronavirus. Si bien se observan porcentajes similares de varones y mujeres contagiados, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los primeros representan un 58% del total de los fallecidos. Esto sucede, entre otras cosas, porque las normas de la masculinidad hegemónica llevan a que se cuiden en menor medida y utilicen menos o de peor manera el barbijo. El resultado no solo los afecta a ellos sino a quienes los rodean y quedan expuestos al riesgo de contagiarse.

La necesidad de probar que se cumple con los mandamientos de la virilidad hace mella sin importar la edad. Sin embargo, ambas organizaciones entienden que la adolescencia es una etapa clave en la construcción de la masculinidad. Por eso, la campaña está dirigida principalmente a ellos. Aun así, además de apuntar a este grupo en particular y a la sociedad en general -porque estos mandatos no solo son reproducidos por los varones-, la iniciativa busca llegar a los adultos que los acompañan en espacios como centros de salud, instituciones educativas o la misma familia, por un lado, y a las políticas públicas, por otro.

Para Giacomazzo, una de las barreras a la hora de transversalizar la perspectiva de género en las políticas que hacen al cuidado y la prevención en materia de salud masculina es que, muchas veces, en el imaginario social se entiende la únicamente refiriendo a mujeres cuando, en realidad, implica entender cómo las estructuras, los mandatos, la socialización y los estereotipos generan diferentes consecuencias para mujeres, varones y disidencias.

Las asociaciones proponen abordar las políticas públicas desde tres lugares: con programas para prevenir la violencia machista; con iniciativas para el cuidado de la salud mental de los hombres, que busquen prevenir o mitigar el estrés, la depresión y el suicidio; y, por último, pensando políticas que tengan en cuenta cómo las practicas masculinas influyen en sus comportamientos.  Por sobre todo, la tarea de las organizaciones es impulsar el cuestionamiento de lo que se nos fue enseñado. Cuidar la salud también es de varón.

#GraciasDonantes

#GraciasDonantes

A media mañana del 30 de mayo de 1997, en una de las salas de parto del Hospital Argerich, situado en el barrio porteño de La Boca, se escuchó un grito ahogado seguido de un llanto. Se trataba de Dante Rezza, hijo de María Obaya, la primera mujer que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público tras padecer una hepatitis autoinmune durante diez años.

He aquí el motivo por el que, a partir del 2000 y por declaración del Senado de la Nación, cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos. Sin embargo, en esta oportunidad es diferente: esta vez, María no estará presente, ya que falleció el 10 del mismo mes. “Es la primera fecha sin ella, pero es en su honor que la vamos a conmemorar. Va a ser una diferencia porque siempre estaba presente como homenaje, como el motivo por el cual se creó este día para concientizar a la gente”, expresa María Eugenia Vivado, presidenta de la Asociación Solidaria de Insuficientes Renales (ASIR).

Pero, además, el 2021 es distinto por lo que ya todos sabemos: hoy, el mundo entero transita la pandemia del coronavirus. Y así como afecta distintos ámbitos de la vida cotidiana y la que no lo es tanto, este suceso también implicó cambios en lo que respecta a la donación y el trasplante de órganos.

En este contexto tan particular, nadie se salvó: en España, país que lleva 28 años situado a la vanguardia mundial, posicionado como líder mundial con 15 intervenciones diarias, el 20% de todas las donaciones de la Unión Europea y el 6% de las mundiales, los números descendieron drásticamente. En el caso de Argentina, mientras tanto, no se suspendieron nunca los programas de procuración ni los de trasplantes de órganos. Una de las ventajas con las que contó el país fue que en Europa se desató previamente la pandemia, por lo que las autoridades del Ministerio de Salud tuvieron la posibilidad de advertir lo que allí pasaba para tomar la decisión de continuar con los procedimientos regularmente.

En 2021, ya son 567 pacientes los que recibieron un trasplante de órganos y 424 de córneas gracias a 294 donantes.

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), desde marzo del 2020 hasta la actualidad, se realizaron 483 procesos de donación de órganos y 177 de tejidos, que permitieron que 1.276 personas en lista de espera recibieran un trasplante de órganos y 805 uno de córneas. Para Carlos Soratti, presidente del organismo, «los más de 1.200 procedimientos realizados en pandemia son un logro importante del sistema de salud, porque implicaron mucho esfuerzo, organización, empeño y pasión por sostener las prácticas en un escenario tan complejo como el que venimos atravesando».

En lo que va del 2021, son 567 pacientes los que recibieron un trasplante de órganos y 424 uno de córneas gracias a 294 donantes.  “Generalmente, lo que más se trasplanta es riñón”, declara Vivado. “En mayo ya tenemos 63 personas trasplantadas de este órgano, aunque eso varía cada mes según la donación. Este año habíamos empezado bien porque en el verano se relajó un poco más la situación: febrero y marzo fueron buenos meses. Ahora, los números se mantienen”, explica.

Si tomamos en cuenta la coyuntura que nos toca vivir, los números son alentadores. Aun así, las dificultades que representa la pandemia son muchas. “Algunas cosas se tienen que postergar porque no hay lugar para hacerlas, y en eso entra el trasplante, que requiere un espacio totalmente aséptico y aislado, y en este momento de la pandemia es bastante difícil. Donantes hay: no la misma cantidad que antes porque se debe estudiarlos bastante, pero tampoco se pueden hacer demasiadas operaciones porque no hay suficientes lugares que cumplan con los requisitos de sanidad. Ese es el problema”, expresa Vivado. Un factor bastante parecido que puede alterar el número de dadores es la cantidad de recaudos que se deben tomar para asegurarse de que quien portaba los órganos donados no tenía covid-19 de manera asintomática. 

Durante la pandemia, en la Argentina no se suspendieron los programas de procuración ni los de trasplantes de órganos.

Por otro lado, las asociaciones que trabajan con pacientes que esperan recibir órganos y con trasplantados, se ven imposibilitadas de encontrarse cara a cara con ellos, como lo hacían antes, ya que se trata de pacientes de riesgo. Además, quienes solían viajar desde el interior del país para atenderse en Buenos Aires, tienen dificultades para movilizarse. Otra de las grandes dificultades, que trajo aparejada la virtualidad, es la difusión de fake news y la desinformación que hay en torno a la salud, que termina por obstaculizar el acceso a los medios, personas y espacios indicados para realizar los tratamientos correspondientes.

“A veces, las familias no saben cómo manejar el tema porque no tienen la información necesaria”, afirma Miriam de Rossi, fundadora de la Asociación Civil Florencia Rossi, una ONG que, desde el 2001, brinda alojamiento, alimentación y atención especializada, a aquellos pacientes en lista de espera, trasplantados y familiares. Según cuenta, muchas de las familias que llegan desde las provincias hasta Buenos Aires lo hacen con muy pocos recursos económicos. “Hay que seguir a la familia, ver dónde se aloja, que come y que no, y un montón de situaciones que hay que enseñarles para que puedan salir de todo esto”, sostiene.

Agrega, también, que este año su organización, como muchas otras, se ve privada de llevar a cabo varias de sus iniciativas habituales: el alojamiento de quienes lo necesitan, por una parte, y el evento de cada 30 de mayo, por otra. Además, según explica, actualmente se ven limitados a la hora de realizar acciones para promover la causa: “Nosotros dábamos charlas en los colegios hasta antes de la pandemia, y apuntábamos siempre al adolescente de 10, 12 o 15 años, que puede entender y cambiar su manera de pensar. Eso también es concientización”.

Así como la fecha de este año significará un homenaje para María Obaya, la campaña de difusión llevada a cabo por el INCUCAI también implicará un agradecimiento: esta vez, las acciones estarán enmarcadas en un reconocimiento especial a los y las donantes que cada año permiten que miles de personas puedan recuperar su salud y vivir plenamente. Bajo el hashtag #GraciasDonantes se compartirán distintas piezas en las redes sociales, en las que pacientes que hayan recibido un trasplante y personas que expresan su voluntad a favor de la donación brindarán sus testimonios, con el objetivo de alentar a quienes esperan y multiplicar el mensaje del valor de la donación.