Sep 22, 2021 | Géneros, Novedades
“El concepto de libertad en el mundo islámico es absolutamente distinto al del mundo occidental”, dijo a ANCCOM Belén Torchiaro, musulmana y politóloga especialista en relaciones internacionales. El punto está en la interpretación de los hechos. Torchiaro menciona a Boushra Y. Almutawakel, fotógrafa yemení, cuya obra de arte de mujeres utilizando la burka se viralizó en las redes sociales y que expresó que su trabajo había sido mal interpretado y utilizado para hacer una crítica negativa del islam. Se interpreta que la vestimenta oprime y que es necesario desaprender esos comportamientos en pos de ser libres. “Se confunde al régimen talibán con el islam porque eso es lo que los medios venden. Se pierde el foco; sus principales víctimas son los propios musulmanes”, expresó Nancy Falcón, directora del Centro de Diálogo Intercultural Alba.
Existen parámetros sesgados al momento de tratar el conflicto, discursos occidentales y eurocéntricos. Discursos construidos y dados por hecho. “Ahora porque estamos hablando del caso afgano pero cada vez que se menciona algún conflicto -lo que más aparece en Argentina es el caso de Palestina cuando hay alguna situación puntual- las personas que estamos todo el año mirando hacia ese lado del mundo, lo vemos a diario, cómo se hacen las representaciones en el imaginario colectivo. Cómo se construye la mirada hacia una mujer que utiliza el velo”, expresó Torchiaro y agregó que esto contribuye a la forma en que se mira a las musulmanas que habitan suelo occidental: “Están siendo todo el tiempo juzgadas y puestas en tela de juicio con el discurso de ´ya estás en Occidente, sacate tu pañuelo, ya podés ser libre´. Con una presión y una violencia total”.
“Hay una construcción del islam como un otro lejano, como un demonio, como algo que viene a atacar nuestra libertad, nuestros supuestos derechos que muchos son ganados, pero no sin luchas”, enfatizó Falcón. Por su parte, Torchiaro admitió que durante años “me costaba muchísimo afrontar la reacción que recibía -y que sigo teniendo- cada vez que digo que soy musulmana. ¡Y eso que no uso el hiyab! Cuando nos socializamos las mujeres musulmanas en sociedades que no son mayoritariamente islámicas, y sobre todo en las occidentales -como Argentina- que no son multiculturales, padecemos un gran racismo subyacente, interno, intrínseco”. Se infantiliza a todos los pueblos musulmanes y más a la mujer porque tiene un plus en la interseccionalidad que genera la opresión de ser una población de subalternidad en el mundo, como es la categoría género. Se las define todo el tiempo y al definirlas se las mutila, se las silencia.
Por otro lado, para Falcón decir que el islam condensa el paradigma de la misoginia y lo patriarcal, es un error. “El patriarcado es una forma discursiva, textual, que atraviesa pensamientos enteros, religiosos, filosóficos, políticos y no podemos decir que solo existe en el islam”, explicó.
Torchiaro sumó que existe una maquinaria ideológica alrededor, repetitiva, friccionada con la industria cultural, la televisiva, la cinematográfica, que reproducen ese imaginario.
El islamismo, como el catolicismo y el judaísmo, incluye diversidades, múltiples escuelas del pensamiento. El feminismo islámico existe hace años, es un pensamiento de base, reformista sobre el islam. Lo que hicieron las mayores eruditas, fue empezar a tomar los principios ordenadores de esas sociedades y replantearlos, repensarlos. La manera que encontraron más cercana a esto es acceder a los textos sagrados y hacer de éstos una hermenéutica feminista.
Desde occidente se mira a las mujeres de oriente con pena, desde un lugar de superioridad, producto de una mirada colonizadora, salvacionista. “La mujer afgana tiene voz. La mujer afgana viene luchando no solo contra los talibanes sino contra la ocupación estadounidense y anteriormente contra la ocupación rusa, donde hubo violaciones de derechos humanos, abusos sexuales, prostitución, trata de personas”, dejo en claro Falcón. Agregó que lo que podemos hacer es dejar de estigmatizar el islam per se como una religión retrograda, tratar de habilitarles la voz y no hablar por ellas. Unirnos en un feminismo que no debe tener fronteras ni distinciones entre las creencias.
Torchiaro cerró expresando que hay muchísimas maneras de analizar la situación de Afganistán desde lugares tan lejanos. Hay análisis políticos que terminan en lo más belicista, en lo más duro, en cuestiones geopolíticas pero lo real es que es una catástrofe humanitaria y esto va a generar un desplazamiento forzado de personas, mayoritario del que ya había, por eso se está haciendo un llamamiento internacional al pedido de recepción de refugiados. La comunidad musulmana argentina ya elevó pedidos a amnistía internacional.
Jul 31, 2021 | Culturas, Novedades
En el nombre del litio es un documental crudo de Calma Cine junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, producido a partir de la investigación de Pia Marchegiani, en el que se mezclan paisajes naturales con irrupciones tecnológicas generando un contraste incómodo. Sus directores y guionistas Martin Longo y Tian Cartier pisan la cuenca hídrica compuesta por las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc y se encuentran con las comunidades indígenas que habitan el territorio que, agrupadas en la Mesa de los 33, se levantan ante el avance de empresas extractoras de litio que se proponen una explotación impune de los salares.
“Lo que se intenta mostrar es la desigualdad que hay en el mundo, el conflicto que trae el sistema extractivista desmedido y el poco espacio que tienen las minorías para poder expresarse”, expresó Longo en diálogo con ANCCOM.
Los viajes a la zona en donde se llevó a cabo la filmación comenzaron en 2017. Cuatro años después -pandemia de por medio- la problemática sigue más que vigente.
Ante el riesgo que provoca el cambio climático, países centrales y gobiernos del mundo, se unen para intentar apaciguarlo. Cada vez más discursos circulan de cadena nacional en cadena nacional, alegando que el futuro solo será futuro si se lleva a cabo una transición energética. Transición para la cual el litio es un mineral indispensable, ya que tiene la capacidad de almacenar energía.
El norte argentino contiene más de la mitad de las reservas mundiales de litio y por eso, hay concesiones mineras sobre casi toda la puna argentina.
Las comunidades Kolla y Atacamas de las provincias de Jujuy y Salta vienen desplegando denuncias desde 2009, cuando exploraciones mineras dejaron graves daños en las capas acuíferas, producto de las perforaciones en el salar. Esto se visibiliza en el documental junto con el impacto que pueden tener estas extracciones en las actividades económicas que brindan subsistencia a las comunidades.
En la vulneración sistemática a los pueblos se incluye la violación del derecho a la consulta regido por el Kachi Yupi, protocolo que redactaron las comunidades estableciendo procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Esto, amparado por los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas; y las constituciones provinciales de Salta y Jujuy, en sus artículos 15 y 50 respectivamente, que hablan de “integración”, “protección” y “reconocimiento” de los pueblos.
El documental plantea que el eje debería estar puesto en otro lado: “Evidentemente hay una necesidad de transición energética, de pasar de las energías de combustibles fósiles a energías renovables. La importancia que tiene el litio en esa transición es mucha”, sostuvo Longo. Sin embargo, expresó que la pregunta que circula es cómo reemplazamos la fuente de energía en vez de cuestionarnos sobre el consumo de energía que realizamos. “El desarrollo industrial nos puso en la situación en la que estamos hoy y no estamos viendo cómo frenar este avance. Me parece que la transformación está en cambiar algunas costumbres que tenemos con relación al consumo”, concluyó.
Como ANCCOM ha mostrado en investigaciones anteriores, maneras de extraer litio de una forma consciente existen, pero esas formas chocan con los intereses económicos de gobiernos y empresas privadas. “Creo que es ahí donde hay que generar el cambio. Se entiende que lo económico es fundamental pero igual de fundamental es lo ambiental y lo social”, afirmó Longo.
En el nombre del litio no trae soluciones sino que intenta visibilizar, abrir el debate y llamar a la reflexión.
Parece que la tarea impuesta de nuestro país es financiar la transición energética de los países centrales. ¿A qué costo? Destruyendo la vida de las comunidades indígenas. En nombre de la humanidad, la Puna se vuelve zona de sacrificio. En el nombre del litio se perpetúa la explotación, la colonización y la desaparición de los pueblos indígenas. Parece que la historia siempre vuelve a su punto de partida. En esta ocasión, para eliminar lo que estorba, no hacen falta balas, solo un Estado ausente y potencias impunes y desesperadas.
Longo pone el ojo sobre el comportamiento de quienes tienen el poder de cambiar las cosas: “diría que todo va a seguir por la misma línea, lamentablemente”. Aunque agregó: “Confío en que hay voces nuevas, que hay movimientos fuertes que no creo que se puedan frenar. Hay un movimiento ambiental y social que se está impulsando, sobre todo en los más jóvenes. Tengo esperanza de que en algún momento, por lo menos cuando mis hijos puedan tomar decisiones, esa masa crítica ayude a cambiar un poco el rumbo de esta situación”.
En el nombre del litio estará disponible del 1 al 9 de agosto a través de https://enelnombredellitio.org.ar/. Como una epifanía, desde el 1° de agosto, día en que los pueblos indígenas de América Latina agradecen a la madre tierra. Día de la Pachamama.
May 14, 2021 | Comunidad, Novedades
“Cuando me llega la noticia yo me indigno pero pensando que estaban todos los papeles en regla. Pensaba que la planificación era cualquier cosa, pero si cumplía las reglas, ¿Qué le íbamos a hacer?”, dijo en conversación con ANCCOM, Ana Fernández Borsot, abogada y coordinadora del Observatorio del Derecho a la Ciudad de la Patagonia, en relación a la venta irregular de lotes en El Chaltén, municipio ubicado al oeste de la provincia de Santa Cruz. Por su parte, Ricardo Sánchez, concejal de El Chaltén, contó a ANCCOM que luego de enterarse, se entrevistó con Oscar Bellini, dueño de la inmobiliaria que estaba ofreciendo los lotes vendidos por Hostería Patagónica El Chaltén S.A. “Empecé a ver cosas que a mí no me cerraban, entre lo que me decían los posibles compradores y lo que me decía Bellini. Investigando un poco más, me doy cuenta que existe una ley que regula estos loteos fuera del ejido municipal, y que no se estaba cumpliendo”, dijo.
Las parcelas, propiedad de Hostería Patagonia El Chaltén S.A., están ubicadas en el Valle del Río de las Vueltas y conforman un total de 15 hectáreas. Estas tierras se encuentran en las afueras de la Reserva Provincial Lago del Desierto y su administración está protegida y reglamentada por una serie de leyes provinciales.
Cuando la información sobre este loteo irregular escaló y llegó a la Secretaría de Obras, el ente público no tenía conocimiento del tema. “Ahí se me dispara la alarma, porque entonces no solo es un delirio, sino que es ilegal”, dijo Borsot. Por medio de pedidos de información del mismo Observatorio y del Concejo Deliberante, esto culminó ante la Secretaría de Ambiente de la provincia, que creó un sumario administrativo y activó una inspección al lugar.
Según la Ley N° 3.213 de urbanización de tierras en Santa Cruz, “los interesados en llevar adelante proyectos de loteos (…) deberán tramitar ante la Subsecretaría de Planeamiento de la Provincia la correspondiente autorización”, quien conformará una comisión ad hoc para el estudio del proyecto. Además, para tramitar la habilitación se deberá contar con un estudio de impacto ambiental previo, enmarcado dentro de la Ley N° 2.658.
La información a la que accedieron las personas entrevistadas es que ni el proyecto fue presentado ni el estudio de impacto ambiental fue elaborado, lo que es corroborado por el sumario administrativo que se creó desde la Secretaría de Ambiente, al cual ANCCOM tuvo acceso. “Ninguno de estos mecanismos de evaluación han sido articulados por los proponentes de la actividad”, se estableció en el sumario. El loteo “se ha llevado a cabo sin tramitar ante esta Secretaría de Estado de Ambiente, la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental, único documento que habilitaría el proyecto en los términos previstos por la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental N° 2.658”.
Cuando la inspección llegó al lugar se encontró con que ya se habían abierto caminos que dividían los lotes y hasta se identificó que se había avanzado con la construcción de una vivienda de tipo unifamiliar en una de las parcelas del loteo. “Estaban diciendo que se vendía (el terreno) en régimen de condominio pero circulaba un reglamento de uso interno que hablaba de que los condominos acordaban que iban a poder hacer hoteles o casas individuales”, explicó Borsot. En esta instancia es en donde empiezan a verse otras aristas más allá del posible delito ambiental porque, comentó Sánchez, “hubo acciones por parte del vendedor que lo comprometen, como la traza de caminos internos. Ellos lo difundían como la venta de un lote indivisible pero en el momento en que se abren caminos internos para que las personas puedan ver el lote, ahí está habiendo un engaño”.
Quedó establecido en el sumario que “pudo constatarse la existencia de una red de caminos los cuales se proyectan sobre la superficie que presuntamente será subdividida abriéndose paso sobre un denso bosque nativo de ñire”. Además se observó que los caminos fueron construidos con material foráneo, que por sus características, se presume que fue extraído del lecho de algún río cercano. “En tales sitios se observó vegetación muerta, árboles dañados y otros indicios del accionar de la maquinaria utilizada para el desmonte”. Concluyó determinando que “su trazado se proyectó indiscriminadamente sobre sectores de elevada sensibilidad ambiental como lo son áreas de mallín y líneas activas de drenaje. Ello sin considerar el impacto provocado indirectamente sobre la fauna que habita el lugar, con todas las implicancias sobre el equilibrio ecológico que eso conlleva”.
“Son humedales y bosques; y el tamaño de esos lotes llevaría a la extinción del lugar. Tendrían que ser lotes bastantes más grandes para poder mantener el cuidado”, agregó Sánchez. El daño ambiental es grave y se espera un dictamen que constate o no el delito, en los términos previstos por la normativa vigente.
Sin embargo, existe algo más. “No estamos acostumbrados a esto en estas dimensiones pero son patrones que se repiten y se repiten”, nos dijo quien de ahora en adelante será “Ángeles”, ya que prefirió no revelar su identidad ni profesión porque “es un lugar chico, nos conocemos todos”.
El vínculo entre la empresa vendedora, Hostería Patagónica El Chaltén S.A., y la inmobiliaria Bellini es más compleja de lo que parece. “Según las normas del Código Civil y Comercial respecto del corretaje, un propietario no puede tener ningún tipo de vínculo de dependencia o representación con ninguna de las dos partes (comprador e inmobiliaria)”, explicó Borsot. La realidad parece no ajustarse a las normas. El presidente de la empresa vendedora, Martin Murazábal, aportó un acta -que figura en el sumario administrativo- donde Oscar Bellini aparece como accionista de Hostería Patagónica El Chaltén. “Hay una vulneración clara y un desconocimiento total de los requisitos para hacer el corretaje”, agregó Borsot. Esto fue comunicado al Departamento de Legales de Defensa del Consumidor de la provincia, Ministerio de Comercio, porque además “hay muchas inmobiliarias que se presentan como tal pero que no lo son legalmente sino que sólo tienen un nombre de fantasía y una simple habilitación comercial”. Un dato no menor es que cuando ANCCOM intentó acceder a la página web de la inmobiliaria Bellini, la misma fue redireccionada a otra distinta, con un aviso que expresaba que “Inmobiliaria Bellini es ahora Metro2 Patagonia”. Ante esto Borsot expresó: “No me sorprende, porque yo vengo diciendo que estaban ejerciendo mal el corretaje. No me extrañaría que Inmobiliaria Bellini ni siquiera tuviera un corredor inmobiliario porque en ninguno de los contratos figuraba. Bellini no volvió al pueblo desde que pasó esto. Es muy probable que estén haciendo un intento de lavado del nombre para desvincularse, por lo que sigue implicando este caso”.
Sánchez aclaró que, desde su punto de vista, Bellini (Oscar), “estaba seguro de que se estaba haciendo todo como correspondía. No puedo hablar por él pero la impresión que me dio es que desde su lado había buena fe. Me parece que fue la familia la que no manejó del todo bien las cosas”.
Sin embargo, sumado al daño ambiental, al dudoso proceso inmobiliario y engañosa planificación interna, aparecen los silencios. “El que parecería que no dio la información correcta es el Consejo Agrario Provincial. Entonces ahí lo enlazo con Bellini que en su momento ocupó cargos en el Consejo. Estas vinculaciones entre lo público y lo privado son oscuras”, sentenció Borsot. Sánchez dijo, en la misma dirección, que “en el momento en que el Consejo Agrario ve que se están sacando áridos y se está ingresando a un lote camiones para hacer un relleno, tendría que haber ingresado, haber pedido autorizaciones y al no tenerlas, haber paralizado la obra. Eso no lo hizo”.
Ángeles coincide en que El Chaltén está acostumbrado “al manoseo constante del Consejo Agrario, que hace cosas corruptas todo el tiempo” y además, trae un poco de historia a esta cuestión: “Esto viene de antaño, de cuando se creó la Reserva. Ya se sabía que esto estaba proyectado. Todos calladitos pero ya se sabía”.
Lo que cuenta a ANCCOM es que la creación de la Reserva Provincial Lago del Desierto en 2005, estuvo moldeada por una misma lógica que impera en la zona. Esta Reserva había sido pensada con ciertos límites, que la separaban del Parque Nacional Los Glaciares. A lo largo de la ruta 23, que es la que llega a Lago del Desierto, no había partes privadas. Sin embargo, antes de que se creara definitivamente, un lobby entre privados pausó su creación. Ese tiempo fue aprovechado para activar loteos a lo largo de esa ruta, como fue el caso de Cielos Patagónicos -administrador de la Reserva privada Los Huemules- y de la Estancia Bonanza. “Ellos piden quedar fuera de la reserva y se lo conceden”, cerro Ángeles.
Cuando se vuelve a crear el área protegida, los límites quedaron cambiados de manera caprichosa. Los actuales loteos son posibles en esa zona porque dejaron de formar parte del área protegida, lo que no quita que deban cumplir las normas y pedir las autorizaciones correspondientes. Es claro como este caso particular se inserta dentro de un contexto más amplio. Tal vez, lo que le dio más visibilidad a lo que está sucediendo, es el obvio e indiscriminado daño ambiental. Borsot dice que por esto es importante la participación ciudadana, “porque está instalada la ley del silencio y hay una inercia de que si pasa, pasa”.
“Estos temas siempre tienen muchas más aristas de las que de verdad se destapan. Hay siempre algo más que no se sabe. Y es algo sistémico que ocurre en la provincia. De repente parece que uno se mete en ciertos temas, pensás que estás entendiendo todo, pero hay otras capas de información que nunca se destapan. Y en este caso, está pasando eso”, concluyó Ángeles.
Mar 11, 2021 | Comunidad, Novedades, slider
La Autopista 3 fue un proyecto de la dictadura cívico militar de construir una vía rápida que atravesara la ciudad.
“Lo que estamos pidiendo es igualdad ante la ley”, dijo Mirta Sánchez, una de las representantes de las familias que viven en el Sector 4 de La Traza, a ANCCOM. Por eso, la primera semana de marzo se presentó una nueva acción judicial ante la Legislatura porteña para solicitar que se avance con el proyecto de renovación urbana, de viviendas sociales y con la petición de que sea un proceso que incluya la participación ciudadana.
La traza de la ex autopista 3 fue un proyecto de la última dictadura militar que planeaba unir Saavedra con Puente Alsina, atravesando barrios centrales de la ciudad de Buenos Aires. Más de 900 inmuebles fueron expropiados, muchos de ellos demolidos, cuando en 1981 el intendente de facto Brigadier Osvaldo Cacciatore canceló la iniciativa junto con el Plan de Autopistas. La fragmentación en sectores generó que algunos de ellos, ubicados en zonas más codiciadas para los negocios inmobililarios en la ciudad, recibieran respuestas, como los y las habitantes del sector 5 -que concentró cerca de la mitad de los inmuebles afectados- contenido por catorce manzanas entre las calles Donado, Holmberg, Congreso y Av. De los Incas. Pero el Sector 4, que abarca Villa Ortúzar, Chacarita y Villa Crespo, en el límite con Colegiales y Palermo, hoy nuclea a las familias que siguen exigiendo soluciones habitacionales definitivas.
La Ley 324, sancionada en el año 2000, convirtió a las y los vecinos de La Traza en beneficiarios de soluciones como créditos de compra sobre la vivienda que habitan, créditos para la autoconstrucción o para la compra de viviendas que no son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, Jonatan Baldiviezo, abogado que forma parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad y quien continúa acompañando a las familias, le contó a ANCCOM que en el año 2007, durante el gobierno porteño de Mauricio Macri, tuvieron que presentar acciones judiciales para frenar desalojos. Las negociaciones con el Sector 5 se llevaron a cabo una década después de sancionada la primera ley y con una segunda –la 3396/09– específica para el sector. No ocurrió sin discusiones, demoras ni presiones por parte del gobierno hacia las familias para que tomaran subsidios y se fueran de La Traza.
Vista del sector 5 de la traza durante la implantación de la Ley 3396 en 2010.
En este sentido, Sanchez explicó: “Si hubiera una decisión política no tendríamos por qué estar corriendo. Lo único que queremos es que manden un censor nuevo y vean los nuevos beneficiarios”. Por decisión política se refiere al miedo, siempre presente, de que el gobierno avance con la venta de tierras que, en realidad, deberían disponerse para solución habitacional.
El Sector 4 queda como la gran deuda ya que fue en el año 2010 cuando se reanudó el compromiso para hacer un plan similar al del Sector 5. “Ese plan que tenía 60 días para ser presentado, nunca llegó a la Legislatura. Entonces hay todo un sector abandonado que hace 10 años está esperando este nuevo proyecto de gobierno”, explicó Baldiviezo. Con el amparo presentado se exige que se active la mesa de seguimiento del proyecto y se cumpla con lo establecido.
Con el avance de estas actividades, las familias recuperan la esperanza que buscan hace años: “Cuando íbamos a Legislatura a pelear por el terreno estaba la gente del Sector 5, entonces a nosotros no nos escuchaban, porque nos decían ‘no, todavía no le toca al Sector 4’. Ahora vamos a pelearlo. Si uno no pelea nunca tiene nada. De arriba no te viene nada”, dice Ramona Cavia, vecina de La Traza.
Ramona pasó por muchas situaciones hostiles, atravesó varios juicios que intentaron desalojarla pero salió sobreseída, aunque con exigencias. “Nos dijeron que teníamos que hacer mejoras. Todo lo que nos decían, nosotros hacíamos. Hasta me hice la casa de material”, explicó. Pero también recordó otras situaciones: “Cuando entramos a la audiencia del juicio civil el fiscal nos trató de negros” y “la vecina de al lado siempre me gritaba ‘usurpadora’ pero yo no soy usurpadora porque yo este lugar lo pagué, porque estoy pagando luz, teléfono. Yo tenía miedo de decir que era mi casa porque ellos me trataban de usurpadora. Con los años que tengo acá, ya no soy ocupa. Aunque sea voy a pelear por mis hijos, que pasaron frío, lluvias y aun así terminaron la secundaria viviendo acá. Voy a pelear por una vivienda digna”.
Los fondos recaudados por la venta de tierras en el Sector 5 no contemplaron las soluciones habitacionales del Sector 4.
Alejandra Ortega, otra de las vecinas que espera desde hace años, llegó a La Traza en 1995 pero en 2010 tuvo que dejar su vivienda. Desde entonces, no tuvo un lugar fijo donde quedarse. “Nos fuimos porque tuvimos un episodio de violencia muy fuerte con mi papá; hacia mi mamá y hacia mí. Cuando exponemos ante la policía, nos dicen que al no tener un papel o algo que nos adjudique que nosotras vivíamos ahí, no teníamos nada que hacer. Y nos quedamos en la calle”. No accedió a ninguna solución porque no figuraba como beneficiaria, aun siendo hija de personas que sí. Su madre figuraba en los registros pero falleció meses después sin que una resolución pudiese tomar forma. “La sorpresa mía fue cuando nos atendieron en la oficina (de la Unidad Ejecutora) y me dijeron que yo ni figuraba”, contó. Cerca del año 2000, recordó, hubo un censo en La Traza en el que se la había anotado a ella y a sus cuatro hijos: “Me habían hecho llenar una planilla aparte y me habían dicho que lo que estaban haciendo era un desglose de beneficiarios. Yo creía que tenía algo iniciado”.
Baldiviezo dejó en claro que la violación del derecho de las familias está comprobada y agregó que esto se da como consecuencia de gobiernos que han tenido únicamente miras en la especulación inmobiliaria. Manifestó que en la Ciudad desatienden cualquier intento de que exista un régimen integral de política de vivienda. “No se concibe como derecho humano y por lo tanto tampoco como servicio público. La cuestión de la vivienda se sigue concibiendo como un conflicto, como un tema entre privados”.
En este sentido, las ventas de tierras del Sector 5 iban a un fondo particular para financiar el programa y, si algo sobraba, debían ser destinadas al Sector 4. “Obviamente no sobró nada, lo derivaron para hacer más pasos a nivel y ahí se acabó la plata. Las que están vendidas en el Sector 4 no tienen esta disposición de que tienen que ir a un fondo particular que es tangible y que solamente tiene un uso que está destinado a satisfacer las necesidades de La Traza: eso no existe”, explicó Baldiviezo.
Los y las que viven en La Traza no son ajenos a esto y por eso Sánchez sostuvo: “En el Sector 5 dieron mucha plata porque el poder inmobiliario que tenía ese sector era mucho más comparado a lo que tenemos nosotros. Entonces todo es una carrera”. Ortega agregó que “hablar de esto a nadie le conviene, todos pierden. Nadie quiere perder. Pero mientras, el de abajo sigue siendo marginado, sigue siendo golpeado contra el piso por un montón de factores”.
Sánchez recalcó que lo único que quieren es que se le exija al gobierno que se presente un proyecto a debatir en la mesa de seguimiento, que les corresponde por ley y que con el tiempo se dejó de llevar a cabo. No se piden soluciones de inmediato aunque la problemática demande urgencia; no se reclama algo “totalmente gratis”. “Todos tenemos el derecho a tener un techo; a tener las mismas posibilidades de adquirirlo. Nadie quiere vivir de arriba”, cerró Ortega.
Desde 1977, una de las heridas que dejó la dictadura militar es perpetuada y profundizada por los sucesivos gobiernos, dejando a las y los vecinos a la espera interminable de una vivienda digna, de la concreción de políticas públicas. 44 años pasaron y más que una solución habitacional definitiva, lo único que logró construirse fue una de las tantas desigualdades urbanas y espaciales de la Ciudad de Buenos Aires.
