Sep 27, 2017 | Comunidad, inicio
Para que una escuela sea escuela necesita de algunos ingredientes indispensables. Para que una escuela brinde educación y desarrolle personas con un proyecto de vida hacia el futuro necesita de un edificio, necesita de maestros y estudiantes, necesita bancos y sillas, necesita materiales como pizarrones, tizas y libros de lectura. Pues bien, la escuela Isauro Arancibia, a pesar de contar con todos estos ingredientes, no es reconocida como tal por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El instituto tiene todo pero aún le falta un componente fundamental: el reconocimiento legal.
El Isauro Arancibia da clases a chicos en situación de calle. Se encuentra ubicado en la avenida Paseo Colón al 1318, en el barrio porteño de San Telmo, en un edificio imponente, de tres pisos, con trapos de diferentes tamaños y escritos con diversas tipografías, pero con un mensaje en común: visibilizar el conflicto. Es que el Gobierno porteño se hace el desatendido, tal como explica su directora Susana Reyes, ante el reclamo por el reconocimiento estatal. “La respuesta que recibimos es puro silencio”, dice Reyes. Asimismo, Evangelina Aguilar, maestra de primer ciclo, se explaya en el mismo sentido: “La reacción del gobierno es contradictoria: por un lado, destina fondos y maestros como cualquier escuela pública y hasta las autoridades que nos visitan reconocen el proyecto que armamos, pero después no avanzan en la firma de la normativa”. Y enfatiza: “Se avanza y se reconoce la experiencia como valiosa, pero no se firma la reglamentación que nos ampare legalmente”.
Frente a este conflicto, el Isauro está preparado porque sabe de luchas. La institución, fundada en 1998, no siempre funcionó en la actual dirección, ya que siempre era trasladada de un lado a otro, hasta que en 2011 quedó instalada en Paseo Colón. Ese año, la Legislatura porteña aprobó un presupuesto de 14 millones de pesos para refaccionar el colegio pero pasó un lustro hasta que comenzaron las obras, porque en el ínterin apareció una seria amenaza: la demolición para dar lugar al Metrobus. Sin embargo, la comunidad educativa resistió con fuerza y logró en 2014 la suspensión del trazado del transporte público sobre su territorio.
El Isauro Arancibia da clases a chicos en situación de calle. Se encuentra ubicado en la avenida Paseo Colón al 1318, en el barrio porteño de San Telmo.
Pero el Isauro no tuvo paz. Las obras que se iniciaron en febrero de 2016 para remodelar la escuela se congelaron en abril de ese año ante una nueva amenaza de demolición, debido al resurgimiento de la idea del Metrobus. Frente a ello, el Isauro consiguió el triunfo definitivo, al menos en ese tema. No obstante, las malas noticias continuaron: en julio de 2016, la puerta del edificio fue violentada para causar destrozos y robos dentro de él. Allí, se llevaron materiales del jardín maternal como ropa, leche, pañales y juguetes, y también maquinarias del emprendimiento gastronómico autogestionado por los jóvenes que concurren al Isauro.
Consultada sobre qué problemáticas sufre el instituto, la directora indica la inestabilidad de los trabajadores: “A mí me intiman a jubilarme, pero si me jubilo, acá no queda nadie porque pueden mandar a un coordinador externo. Nos ha pasado de tener compañeras que se jubilaron y que nunca fueron reemplazadas. Necesitamos que seamos escuela para que se tomen maestros capacitados”. Reyes cuenta que también esta situación es alarmante para los chicos que asisten al Isauro, quienes la mayoría viven en situación de calle. “Acá vienen a estudiar, a formarse como trabajadores en distintos niveles educativos”, comenta con contundencia.
“A mí me intiman a jubilarme, pero si me jubilo, acá no queda nadie porque pueden mandar a un coordinador externo», comentó la directora.
La escuela, sin embargo, había nacido como un proyecto de centro educativo, es decir, como una entidad que albergara a un número reducido de alumnos, con pocos maestros y solo dos horas diarias para brindar las materias básicas (Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales). Pero algo trastocó los planes: la llegada masiva de estudiantes, bajo una extrema vulnerabilidad social, con necesidades particulares para poder llevar adelante su formación primaria, obligó a transformar el proyecto y convertir, por lo tanto, el centro educativo en una escuela. “Esta transformación tiene que ver con más horas de clase, con una formación integral, donde además de las materias básicas, se dictan talleres de arte y comunicación”, cuenta la maestra Aguilar. Al mismo tiempo, se pueden cursar, en el colegio, oficios a contraturno. El objetivo, cuenta Aguilar, es ayudar a los chicos y jóvenes “a pensarse a futuro, construir su proyecto de vida y cambiar la situación de vulnerabilidad en la que viven”, y agrega que “lo que se busca es garantizar el derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la salud”.
El objetivo es ayudar a los chicos y jóvenes “a pensarse a futuro, construir su proyecto de vida y cambiar la situación de vulnerabilidad en la que viven”, afirmó una de las maestras.
UN ACTO PARA RECLAMAR
Frente a este conflicto que padece el Isauro Arancibia, el pasado miércoles 20, la comunidad educativa del colegio organizó un festival tendiente a visibilizar el reclamo y recaudar fondos para hacer frente a los gastos corrientes. Un humilde escenario fue montado sobre la calle Cochabamba, donde en su intersección con la avenida Paseo Colón, se levanta la casa de estudios. Allí, diferentes estudiantes tocaron algunos instrumentos y se dieron el gusto de cantar ante el público que apoyaba la iniciativa. También se exhibieron los productos de los talleres: fotografías, avioncitos de madera, libretas, ruedas de bicicleta, y también cosas ricas como bizcochos y cuernitos, hechos en el taller de panadería. En el festival también se hicieron presentes los chicos más pequeños, acompañados por una maestra de nivel inicial, quien con dinamismo y simpatía, los asistía hábilmente. A su vez, una cantante invitada tomó el micrófono hacia las cinco para alegrar aún más la tarde. Luego, la profesora de música y algunos alumnos, entonaron unas breves estrofas, compuestas por ellos previamente. “Esta escuela es una construcción colectiva. Fue la forma de organización y la potencia del proyecto lo que permitió en estos 19 años que no solo funcionemos, sino que hayamos crecido”, señaló Aguilar, mientras se iban sirviendo pizzas y gaseosas en la puerta del colegio. “Esta construcción colectiva se logra con los estudiantes, con los docentes, con la comunidad educativa y con un vínculo muy estrecho entre ellos, tanto en la construcción como en la resistencia y en la lucha por este proyecto educativo”, sentenció.
La comunidad educativa del colegio organizó un festival tendiente a visibilizar el reclamo y recaudar fondos para hacer frente a los gastos.
El Isauro sabe que el no reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad como una escuela más constituye otra problemática a la que deben enfrentar con entereza. Es una lucha más en su larga experiencia, impregnada de triunfos y derrotas. Es un objetivo más, un paso más, para que la escuela sea escuela y no sufrir, por tanto, las condiciones que atraviesan en la actualidad. “Nosotros no tenemos una planta orgánica funcional que diga que tal maestro es de este colegio. Entonces, lo pueden mandar a trabajar a otro lado y este proyecto, desarmarse legalmente y muy rápido”, expresó Aguilar.
Desde aquel lejano 1998, la historia del Isauro Arancibia está plagada de conflictos, luchas y desatinos. Pero también, de muchas otras que alegran a cientos de chicos, jóvenes y adultos, que encuentran en esta escuela, un lugar de refugio ante tanta marginalidad social. También, su historia cuenta con resistencias y victorias. La solidaridad es un valor implícito que se explicita en el festival, donde los alumnos bailan con los maestros mientras Karina, La Princesita, suena de fondo. “Esta es una situación de extrema urgencia que no puede seguir sucediendo. El Isauro Arancibia es una escuela pública que se viene construyendo desde hace 19 años y que necesita de una ley que la reconozca como tal”, concluyó la cálida maestra Aguilar. Es una necesidad no solo de este colegio, con sus chicos y maestros, sino también de la sociedad en su conjunto. El Isauro necesita ese último ingrediente, la pata legal, para alegrar aún más su singular historia.
Un escenario fue montado sobre la calle Cochabamba, allí tocaron instrumentos y cantaron ante el público que apoyaba la iniciativa.
UN MIMO A LA LUCHA
La valentía que exhiben día a día los trabajadores del Arancibia en su proyecto de resguardar a los chicos y adultos en situación de calle, tuvo su merecido reconocimiento el 14 de agosto pasado, cuando la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) le otorgó la distinción en el marco de la 2da Edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”. La escuela fue premiada en la categoría de educación formal por su intensa labor de generar propuestas a las necesidades de los estudiantes, con el objeto de mejorar sus posibilidades de integración social. Asimismo, destacaron el proyecto de vida que elabora la institución “para que cada persona pueda imaginar un futuro y armar articulaciones con otros establecimientos que alojen a este sujeto educativo”.
Actualizada 27/09/2017.
Ago 29, 2017 | Comunidad
Cumplir la ley. Ese fue el pedido de trabajadores de emisoras FM sin fines de lucro, el viernes pasado, ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Cumplir con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en octubre de 2009 pero aun sin su plena ejecución. Es que, entre sus diversos artículos, no se está cumpliendo con uno de los objetivos establecidos por la ley: “La administración de espectro radioeléctrico en base a criterios democráticos y republicanos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en su acceso por medio de las asignaciones respectivas”. Y en este sentido, el 33 por ciento del espectro radioeléctrico destinado a los medios privados sin fines de lucro, como se dispone en el artículo 89, no se ha ejecutado en la práctica. De aquí, el pertinente reclamo de los trabajadores de medios comunitarios al ENACOM.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro. Unas quince personas -la pequeña cantidad fue intencional debido a que la idea no era lograr una llamativa movilización, sino reclamar de la forma más pacífica posible- se reunieron alrededor de las 10 de la mañana, ante la atenta mirada de los policías encargados de la seguridad del ENACOM. Inés Farina, periodista de Radio Sur, contó a ANCCOM instantes previos a la presentación del escrito: “Antes de ingresar al ENACOM para presentar el reclamo, nos juntamos afuera y la policía nos vino a preguntar quiénes éramos. Después, cerraron las puertas de acceso pero nos dijeron que nos iban a dejar pasar”. A su vez, otro trabajador de Radio Sur, Leonel Martín, planteó: “Vinimos a hacer una presentación formal de pedido de apertura de concurso para radios sin fines de lucro, porque está vigente el artículo de la ley que establece que el Estado debe garantizar y reservar un 33 por ciento del espectro para las emisoras sin fines de lucro y esto no se está cumpliendo”.
El viernes 25, un puñado de integrantes de radios sin fines de lucro se concentró frente a las puertas del organismo regulador de las comunicaciones en Argentina, ubicado en la calle Perú al 100, pleno Microcentro.
Finalmente, pasadas las 10.30, cuatro trabajadores pudieron ingresar al ENACOM. En la cobertura del hecho, el único medio audiovisual que se hizo presente fue Barricada TV, otro medio alternativo y popular que logró, a finales de junio de este año, salir al aire con alcance hacia toda la Ciudad de Buenos Aires. Natalia Vinelli, fundadora de Barricada TV y pionera en los estudios sobre comunicación alternativa, también estuvo acompañando el reclamo. En diálogo con ANCCOM manifestó: “Siempre vamos a exigirle al Estado que se abran los concursos de licencias para las radios comunitarias. Los canales comunitarios tienen todo preparado para la apertura de los concursos, que es, en definitiva, la demanda histórica del sector”. Consultada por la importancia de los medios alternativos, explicó que se trata de la posibilidad de que “circulen otras voces y, sobre todo, otras fuentes que no suelen ser consultadas por los medios tradicionales”. Y enseguida agregó: “Sin medios comunitarios, no hay democracia, porque los medios comunitarios pueden poner en circulación opiniones, miradas del mundo, perspectivas, que no son las que habitualmente nos encontramos en los medios tradicionales y que, en general, son el elemento que constituye la opinión pública”.
A las 11, los trabajadores representantes de las radios comunitarias salieron del edificio. Entre algunos aplausos y saludos, Mariano Randazzo relató la experiencia: “Vinimos a pedir que el Estado legalice nuestra experiencia de comunicación. Las radios comunitarias, alternativas y populares, son alegales, es decir, tienen la vocación de ser legales pero el Estado no arbitra mecanismos para que esto suceda”. Sin embargo, luego reveló cuál fue el verdadero objetivo de la presentación escrita: “Sabemos que no nos van a dar la licencia pero queremos tener un paraguas legal porque en el contexto de este gobierno, nuestras radios corren peligro. Esto se ha visto en otras emisoras en las que se han incautado equipos”. Ante la pregunta de si percibía una posible presión de los medios comerciales para que no se cumpla la ley, Randazzo contó que el espectro radioeléctrico está saturado y que los medios comerciales están excedidos en su potencia: “El Estado, como un actor imparcial, debería limitar esas potencias, llevar a cabo el plan técnico y reservar un tercio del espacio para los medios sin fines de lucro. Queremos que la ley nos incluya, queremos ser legales. Nosotros existimos, queremos que el Estado nos reconozca”, cerró el referente de la concentración.
“Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”.
Otro de los puntos del reclamo fue el pago del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un dinero que el Tesoro Nacional destina, a través de la LSCA, a fomentar la comunicación sin fines de lucro. Es que los FOMECA 2015 no se han terminado de pagar en su totalidad, mientras que los correspondientes al 2016 fueron convocados recién en este año, tras una movilización de los trabajadores de emisoras comunitarias. Ni hablar de los FOMECA 2017. “Hay una política deliberada de que esto no avance y que los FOMECA no se ejecuten”, señaló Leonel Martín y continuó: “Todo esto en contra de una política que consiste en un mecanismo redistributivo, que puede favorecer la democratización de la palabra y de los medios”. Inés Farina se expresó en el mismo sentido: “Me parece que se está siguiendo una línea política nacional y es lo que se observa en el recorte de los FOMECA”. “Con la creación del ENACOM, se hace un organismo mucho más dependiente del Poder Ejecutivo, con mucho menos participación de otros sectores que no sean del gobierno y por lo tanto, menos democrática la aplicación de las políticas que debe regular el ENACOM”, sintetizó Martín.
La periodista Farina hizo saber a ANCCOM: “Un pueblo democrático es un pueblo que pueda garantizar que la gente se junte y pueda tener proyectos colectivos y eso enaltece a un sociedad. No es que somos comunitarios porque no nos queda otra, somos comunitarios porque lo elegimos”.
Actualizada 30/08/2017
Jul 19, 2017 | Trabajo
“Si no luchamos por lo nuestro, nadie nos va a dar nada”. La declaración es de Ana Clara Sarabia, quien en el escenario montado en Callao al 100, expresó sus sensaciones. Es que después de un mes de aquel 20 de junio, en el que los trabajadores de PepsiCo se enteraron de su condición de despedidos de la planta de Florida, la lucha sigue en pie.
Junto con el apoyo y la solidaridad de varias decenas de miles de personas, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, los operarios cesanteados se concentraron en el Obelisco desde las 17 para exigir la reincorporación en sus puestos de trabajo. Además, hubo una fuerte presencia de fuerzas de izquierda como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), con Nicolás del Caño y Myriam Bergman como referentes, el Partido Obrero y el Nuevo Más. La protesta implicó el corte de la 9 de Julio y Corrientes y, por momentos, también del Metrobús. Asimismo, la presencia policial fue mínima: a diferencia del desalojo ocurrido el jueves pasado, los efectivos se limitaron a controlar el tránsito vehicular.
Poco después de las 17.30, comenzó la movilización hacia el Ministerio. La marcha, encabezada por los trabajadores de PepsiCo, se desarrolló por la avenida Roque Sáenz Peña hasta la Casa Rosada, al canto de “Unidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode”. En un momento de la movilización se hizo presente Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien expresó: “La herramienta que tenemos la demostramos acá, en la calle. Las Madres hace cuarenta años que estamos en la calle. Basta de despidos y sí a la reincorporación absoluta de todos los trabajadores que se quedaron sin trabajo”, al tiempo que enfatizó: “La vergüenza que nos da esta política de destrucción que hay sobre el pueblo”.
La marcha continuó por Avenida de Mayo, con cantos contra Rodolfo Daer, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), y el presidente de la Nación Mauricio Macri. “No hay excusas, la planta es una multinacional que no tiene crisis. Necesitamos trabajar, queremos trabajar”, sostuvo Sonia Brizuela en diálogo con ANCCOM. La trabajadora, una más del 70 por ciento de mujeres perjudicadas por la medida de la patronal, dirigió sus declaraciones contra el Jefe de Estado: “Está trayendo hambre y miseria. No lo digo porque no respete el voto democrático sino porque es lo que se está viviendo actualmente y es lo peor que le puede hacer al pueblo, sacarle su sustento, las fuentes de trabajo”. Consultada por la posible reincorporación en la planta de Mar del Plata, la segunda que posee PepsiCo después de la de Vicente López, Sonia negó tal ofrecimiento y en cuanto a las indemnizaciones indicó: “Las sumas millonarias son una patraña y es comprobable en el libro abierto de cuentas”.
Poco después de las 17.30, comenzó la movilización hacia el Ministerio.
La movilización tomó luego la avenida Rivadavia y dobló por Callao, pasando por el Congreso de la Nación. En la manifestación, apoyaron comisiones internas de otras empresas como Mondelez, Felfort, Knorr Unilever, Hellmans Unilever y Lodisser. También se solidarizaron las organizaciones sociales Tupac Amaru y Barrios de Pie y las centrales sindicales CTERA, CTA, ATE, FOETRA (telefónicos) y AGTSYP (Subte). Una vez llegados a la sede del Ministerio de Trabajo, los trabajadores despedidos subieron a un escenario montado entre Bartolomé Mitre y Juan Domingo Perón para expresar sus sensaciones. “La empresa, el gobierno y los medios, y también el traidor de Daer, nos decían que éramos unos pocos que estábamos resistiendo a los despidos. Nos decían que la mayoría había arreglado y que solo quedábamos unos pocos protestando. Acá hay muchos compañeros y compañeras que apoyan nuestra lucha a pesar de que hayan arreglado”, expresó Camilo Mones, delegado de la comisión interna de PepsiCo.
“Ya va a ser un mes de la decisión de la empresa y estamos todos muy mal porque perder tu fuente laboral es realmente feo y más en este momento en que no hay trabajo”, señaló Mariano, operario de la planta de Florida, a ANCCOM. Consultado por los dichos circulados en los grandes medios, sobre las jugosas indemnizaciones y la correcta aplicación del preventivo de crisis, dijo: “El procedimiento preventivo de crisis que se presentó fue una mentira y las indemnización se cumplieron pero te las ofrecían bajo presión” y agregó que “había una oficina abierta que se encargaba de eso y el que quería, podía ir y arreglar, pero como nadie iba, lo que hicieron fue cerrar de golpe la planta”. El viernes último, la Cámara de la justicia laboral falló a favor de los trabajadores cesanteados, ordenando así la reincorporación a sus puestos de trabajo. Los jueces Luis Rafaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo fundaron su decisión en el hecho de que la Ley Nacional de Empleo establece que las cesantías no pueden darse antes del procedimiento de crisis, por lo que la empresa violó la reglamentación. Además, los camaristas dispusieron de una multa de cinco mil pesos por cada día en que la empresa no reincorpore a los operarios.
Al tiempo que se desarrollaba la oratoria en el escenario, los trabajadores, con ayuda de otras organizaciones, montaron una carpa frente al Congreso de la Nación. “Es para demostrar a todos que seguimos en la lucha y de pie”, explicó Mones.
Actualizada 19/07/2017
Jul 13, 2017 | Trabajo
Un gendarme por cada trabajador despedido. Más de 500 efectivos de la Gendarmería desalojaron con un violento operativo a los empleados de la planta de Pepsico de Vicente López que reclamaban por sostener su fuente laboral. Macehatazos, gases, barretas, golpes por doquier en una nueva muestra represiva que ya es marca registrada del gobierno de Cambiemos: hace unos días, con igual metodología, desalojaron a los movimientos sociales que manifestaban en la 9 de Julio y a integrantes de pueblos originarios que reclamaban por la detención de uno de sus referentes frente a Tribunales.
Esta vez, la Gendarmería ejecutó la orden que dio la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentaste. Numerosos trabajadores quedaron lastimados, otros fueron detenidos a la rastra y, con saña, los efectivos desmantelaron las carpas que los despedidos habían montado para ocupar el predio a la espera de la reincorporación.
Los días previos a la represión
“Con motivo del cese de operaciones de Planta Florida y la relocalización de su producción en otro establecimiento (…), se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes”. Palabras más, palabras menos, este es el comunicado con el que se encontraron los trabajadores de la central de Vicente López de PepsiCo, el 20 de junio pasado. Una hoja blanca, trazada por seis líneas y colgada en la puerta de la instalación, hacía saber la decisión de la empresa, sin previo aviso. “Es fuerte encontrarte con un cartelito, con las persianas bajas, en un feriado”, cuenta Martín Olivetto, uno de los despedidos. “Fue bastante sorpresivo y me pregunté qué iba hacer. Sentí mucho miedo al principio”, asegura Patricia Mora, delegada de la comisión interna, sobre el cierre de la planta de PepsiCo en Florida.
“Lo único que queremos es trabajar”, comentan los trabajadores despedidos en el acampe en la puerta de la fábrica.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. Las calles que la conforman dan muestra de una ciudad fabril: furgonetas que cargan y descargan mercadería, ciertas oleadas de humos que se pierden por el aire y nada de comercios. Luis Medina, uno de los delegados de los trabajadores de PepsiCo, sostiene: “Cuando me enteré de la decisión, sentí una total indignación y preocupación. Hace 23 años que estoy acá así que me puse a trabajar con los compañeros para contenerlos y organizarnos. Nunca habíamos tenido una situación como la que estamos viviendo. Por todo lo que represento, tengo que garantizar que todos mis compañeros estén con la moral bien alta para seguir dando esta pelea”. Se nota en el semblante de Luis la fortaleza de la que está hecho como buen representante. Mientras relucen sus sensaciones sobre el conflicto, en la esquina de Posadas y la callecita Justo José de Urquiza, algunas operarias desayunan en una de las carpas montadas delante de la fábrica. En la mesa, hay galletitas al tiempo que un mate pasa de mujer en mujer. “Lo único que queremos es trabajar. Nos organizamos para garantizar la presencia en los portones durante todo el día. Seguimos trabajando en pos de que la fábrica vuelva a abrir sus puertas”, comenta Medina.
Todos los perjudicados por el cierre de la central solo quieren una cosa: trabajar. Saben que la indemnización del 200 por ciento por muy jugosa que parezca, es, al fin de cuentas, pan para hoy y hambre para mañana. “No queremos el arreglo supuestamente fabuloso que (Rodolfo) Daer piensa. La plata no te dura nada y en esta situación, menos. Solo queremos trabajar”, explica Patricia. Es que Rodolfo Daer, Secretario General del Sindicato de la Industria Alimenticia (STIA), pactó con la empresa la resolución del conflicto, cerrando cualquier posibilidad de lucha con PepsiCo. Medina y todos los despedidos también coinciden en el análisis: el cierre es político. “Siento indignación y bronca por la patronal, por el gobierno de turno, porque el Ministerio de Trabajo dejó correr el preventivo de crisis, que la empresa lo debería haber presentado treinta días antes, con los compañeros trabajando”, dice el representante gremial.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. En la foto, la basura que se acumula en las calles.
Para los despedidos, el trabajo lo es todo. Así lo hace saber Patricia: “Tenía mi vida organizada y de la noche a la mañana, me cambió todo. Tengo una bebé de diez meses y una nena de quince años; al estar separada de mi marido, soy sostén de mi familia. Si llego a perder el trabajo, no podría sostener la casa”. Consultada por cómo vive la lucha, expresa: “Se hace difícil, tedioso, porque te comen los nervios y la angustia”. De fondo, su bebé llorisquea cuando es alzada por una compañera. “Antes cobrábamos guardería que nos ponía la empresa y ahora, de repente, no la tengo más así que tengo que andar con mi bebé a cuestas. De todos modos, otra no me queda porque soy sostén de familia, entonces necesito, sí o sí, mantener mi puesto de trabajo”, agrega la delegada.
Un patrullero se encuentra en el cruce de Posadas y Roca, frente a la puerta de la planta. De vez en cuando, un auto pasa por delante del acampe, situado a cuarenta metros de los policías, mientras que los trabajadores, vestidos todos con buzo polar azul, conversan en diferentes puntos de la concentración. “La moral entre los compañeros está muy alta, la solidaridad nos sube las expectativas. Todos los compañeros que se acercan a la planta nos dan fuerzas. Acá se necesitan dos cosas para seguir en vilo: moral y plata. Por suerte, se está recaudando bastante con los festivales que organizamos”, señala Olivetto, el empaquetador. Martín tiene un hijo y como Patricia está separado y es el principal sostén de su familia. Además, no tiene casa asegurada porque alquila: “Es complicado quedarse sin plata porque uno necesita para comer y para alquilar la vivienda”, indica con tono pausado. “No tener casa es una presión que te come la cabeza todo el día”, enfatiza.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata. Sin embargo, no hay razón para tamaña decisión y así lo cuenta Luis Medina: “Lo que están haciendo es subir los ritmos de producción, desdoblar el trabajo. Los compañeros y compañeras están dejando el cuerpo al lado de las máquinas, porque la de allá es una fábrica nueva, donde no tienen una cultura de organización gremial” y continua su explicación sosteniendo que “lo que quieren es abaratar costos en pos de los trabajos de los compañeros. La fábrica de Florida fue productiva hasta el día del cierre, así que materia prima hay. Está todo dado para que sigamos trabajando”.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata.
El 7 de julio último, la patronal pidió a la justicia, mediante el fiscal Gastón Larramendi, que desaloje a los trabajadores de la fábrica. Para hacer frente a la situación, el sábado, los operarios de PepsiCo llamaron a una reunión con organizaciones para sumar apoyo a su lucha y reclamo. Desde la comisión interna se emitió un comunicado sobre el nuevo episodio: “Se trata de un pedido temerario de una empresa que está en la ilegalidad más abierta y que ya fue denunciada por lock out ofensivo, vaciamiento y discriminación”. Además propusieron movilizarse hasta el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste, para reclamar que no se acepte el requerimiento de desalojo del fiscal Larramendi. La madrugada del lunes 10 de julio, los despedidos de PepsiCo acompañados por organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y diputados del frente de izquierda, entre otros, se movilizaron hasta Juzgado. La jueza los recibió pero se negó a otorgar las garantías para que el desalojo no sea violento. La noche del martes, un helicóptero comenzó a merodear la zona de la fábrica con un notable aumento de fuerzas policiales en el perímetro de la planta. Los trabajadores denunciaron que la jueza Rodríguez Mentaste ratificó que dará curso al desalojo en horas nocturnas, como lo solicitó el fiscal.
En este marco, los abogados de los trabajadores explicaron que la empresa cerró la planta de manera ilegal, ya que obvió la apertura previa del Procedimiento Preventivo de Crisis. Además, denunciaron la incompetencia de Rodríguez Mentaste, ya que es pública su amistad con el intendente Gustavo Posse y mantiene otras relaciones personales con funcionarios de Cambiemos. Lo más llamativo es que ahora, la excusa que la patronal utiliza para desalojar a los operarios, se basa en un supuesto peligro de contaminación dentro de la planta. Lo que resulta absurdo, porque de ser cierto, la misma empresa amitiría que hasta hace unos días estaba funcionando en infracción.
A pesar de la represión, los trabajadores aseguran que continuarán resistiendo y reclamando por recuperar sus puestos laborales. Los delegados, por su parte, denunciaron que en Córdoba se están importando productos PepsiCo de Chile, por lo que prosiguen con la ferviente campaña de “No comprar productos de PepsiCo”, lo que incluye marcas como Lays, Pep, Twistos, Gatorade, Mirinda, Doritos, Pehuamar, Pepsi y Paso de los Toros, entre otras.
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Mirá la fotogalería de ANCCOM sobre la concentración en el Juzgado de San Isidro para frenar la orden de desalojo sobre la planta:
Actualizada 13/07/2017
Jul 5, 2017 | Trabajo
Los despidos continúan en Argentina de manera sistemática. A los casos emblemáticos de Sancor, AGR-Clarín, Banghó y Atanor, debe sumársele ahora el cierre de la fábrica de PepsiCo, ubicada en el barrio de Florida, Vicente López. Los seiscientos trabajadores de la planta se enteraron el 20 de junio pasado, sin previo aviso, del cese de sus actividades.
Ante la noticia, el plan de acción no se hizo esperar. Tanto los delegados de la comisión interna como los operarios optaron por tomar la fábrica. Después, el viernes siguiente temprano por la mañana, realizaron un corte parcial de la autopista Panamericana Ramal Campana para visibilizar el conflicto. Sin respuesta del Gobierno y con la complicidad de Rodolfo Daer, jefe del Sindicato de la Industria Alimenticia (STIA), quien sostuvo que no están dadas las condiciones para enfrentar la posición de PepsiCo, los trabajadores se concentraron en el Obelisco. “Estamos luchando por la reincorporación de nuestros puestos de trabajo ya que no es un cierre por quiebra. El cierre es político y sindical. Nos dejaron a nosotros en la calle, de un día para el otro”, dijo María, operaria en el proceso de fabricación de papas Lays.
La concentración, iniciada 7.30 de la mañana, pronto devino en un corte parcial de la avenida 9 de Julio.
A partir de las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno Nacional, no solo los trabajadores del Estado se han visto perjudicados, sino también el empleo privado ha comenzado a percibir las consecuencias políticas. Alejandro es otro de los operarios que estuvo en la manifestación y quien, como los demás, coincide en el motivo del cierre: “Entendemos que es una cuestión política. La empresa comunicó que quiere seguir invirtiendo en Argentina pero que necesitan el cierre de esta planta, lo que no tiene un por qué. La planta es productiva y eso está demostrado”.
La concentración, iniciada 7.30 de la mañana, pronto devino en un corte parcial de la avenida 9 de Julio. El Metrobús funcionó con total normalidad pese que a metros la movilización se volvía cada vez más potente. Organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, centros de estudiantes y banderas políticas, colmaban la escena. Nicolás del Caño, precandidato a diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), estuvo en el reclamo: “El despido lo han hecho de manera ilegal, sin presentar el recurso preventivo de crisis. La legislación obliga a que en caso de despedir a una cantidad importante de trabajadores, se tiene que justificar la crisis previamente. Acá, ni siquiera se justifica, sabemos que tienen ganancias multimillonarias. No pueden demostrar ningún tipo de crisis”. También Myriam Bergman, abogada y precandidata a diputada nacional por el PTS, asistió a la concentración. En diálogo con ANCCOM, indicó: “El caso PepsiCo lo conozco de cerca, se han llenado los bolsillos todos estos años a costa de la salud y la vida de los trabajadores y, de un día para el otro, cierra, dejándolos en la calle. Siempre, en estos casos, lo que hay que destacar es que buscan reabrir en este mismo lugar o en otro, pero con condiciones laborales a la baja”.
Organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, centros de estudiantes y banderas políticas, colmaron la escena.
Pronto, el sol adquirió su protagonismo en la fría mañana. Ya era de día cuando las agrupaciones, con los trabajadores de PepsiCo a la cabeza, realizaron un rodeo por sobre el Obelisco, ante la atenta mirada de transeúntes y automovilistas. “No queremos más despidos, no queremos represión, para los trabajadores, ya la reincorporación”, cantaban los operarios de la planta de Vicente López, mientras la Policía de la Ciudad acompañaba la marcha desde sus márgenes. La comisión directiva AGTSyP (el sindicato del subte), la de Foetra (de los telefónicos), AGD-UBA, y seccionales de SUTEBA fueron algunas de las organizaciones que se solidarizaron con la protesta. “Venimos a apoyar a los trabajadores de PepsiCo ante el cierre fraudulento de la empresa y exigiendo la reincorporación inmediata para que vuelvan a trabajar”, dijo Pablo Iturrez, docente y parte de la conducción de SUTEBA Escobar, al tiempo que agregó: “Hay que ser solidarios, se trata de la solidaridad de clase y hay que hacerla efectiva, por eso estamos acá, acompañando la lucha”.
A las 9.30, Camilo Montes, delegado de la comisión interna, agradeció el acompañamiento de los diferentes sectores, a través de un megáfono. “Estamos de pie, junto a todas las organizaciones sociales. Llamamos a todos los trabajadores del país que también salgan a manifestarse. La CGT tiene la responsabilidad principal por no hacer nada, Daer nos traicionó y el sindicato, cuando reclamamos un paro, nos dijo que teníamos que aceptar la plata de la indemnización”, enfatizó Montes.
El control policial, siempre presente.
Luego, el corte en el epicentro de la Ciudad se transformó en una marcha hacia el Ministerio de Trabajo. Los operarios de PepsiCo encabezaron la incursión por Corrientes, mientras que la policía corría por ambas veredas, en su intento por llegar a la avenida Leandro N. Alem y bloquear el paso antes que ellos. Una vez llegada a la intersección entre estas calles, la movilización se desvió por Alem, en sentido hacia Retiro, costeando la larga fila de uniformados con escudos. Al llegar al Ministerio, se montó un acampe, esperando ser recibidos por las autoridades. “El día en que me enteré estaba en el cine con mi familia. Me avisaron en un grupo de WhatsApp, con una foto del cartelito que había pegado la empresa en la puerta de la planta. Fue un baldazo de agua fría porque me encontraba con mi familia y, de golpe, me di cuenta que me quedaba sin trabajo”, le contó Alejandro Sosa de PepsiCo a ANCCOM. María, otra de las perjudicadas por la medida, sostuvo: “Fue muy sorpresivo, uno no cae al principio, pero después, atando cabos, te vas dando cuenta que lo estaban armando de a poco, junto con el gremio”. Para cualquier persona, quedarse sin trabajo es una situación desesperante: “El trabajo es mi sostén de familia. Sin trabajo no podés pagar los impuestos, no podés comer”, agregó María.
Los seiscientos trabajadores de la planta se enteraron el 20 de junio, sin previo aviso, del cese de sus actividades.
“Estamos luchando por la reincorporación de nuestros puestos de trabajo ya que no es un cierre por quiebra. El cierre es político y sindical. Nos dejaron a nosotros en la calle, de un día para el otro”.
Actualizada 05/07/2017
