Dic 1, 2016 | destacadas
Bajo el lema “Desclausurate”, artistas callejeros independientes realizaron, la semana pasada, una intervención de protesta organizada por los espacios culturales Construyendo Cultura y Seamos Libres. Los manifestantes buscaron recrear una situación de clausura en la que se pudo ver cómo distintas expresiones artísticas (bailes de tango, shows de música, títeres y circo) eran interrumpidas en su despliegue por el accionar de funcionarios del Gobierno de la Ciudad, representados con caretas de Darío Lopérfido -ex ministro de Cultura porteño y director artístico del Teatro Colón-, Ángel Mahler -actual ministro de Cultura- y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larretalograban romper las fajas de seguridad en un acto simbólico de resistencia.
La teatralización dio lugar a un segundo momento, la lectura con reivindicaciones para el sector: “Estamos hoy acá afirmando que existimos. Aunque el Gobierno nos niegue presupuesto, aunque nos hostiguen con inspecciones ridículas, con clausuras ilegítimas, aunque usen al Ministerio como tapadera del negacionismo como si todo diera igual, aunque no apliquen la Ley que salió cuando salimos a la calle. Vamos a seguir existiendo y no van a lograr callarnos. Vinimos por lo que nos corresponde y vinimos porque estamos siempre, porque somos parte de esta ciudad, porque mantenemos viva la cultura. Merecemos respuesta inmediata, no merecemos esperar más”, declararon.
Julieta Hantouch, de la organización Construyendo Cultura, en diálogo con ANCCOM, recupera las demandas presentadas y sostiene: “Tratamos de que sean lo más amplias posible para que no engloben solamente a los centros culturales.” En este sentido, identifica cuatro puntos:
1- Las clausuras y habilitaciones: “Siguen clausurando los espacios cotidianamente y con una intención persecutoria. Por otro lado, no se termina de implementar la Ley de Centros Culturales lo que impide que éstos puedan habilitarse de manera definitiva bajo esta Ley.”
2- Las tarifas: “Se solicita desde hace mucho una tarifa diferenciada. Los tarifazos de luz, agua y gas, sumado a la crisis económica, hicieron que disminuya mucho la convocatoria. Hay espacios que están pagando sumas cada vez más elevadas por los servicios públicos.”
3- El presupuesto 2017 del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires: “Prácticamente no contempla los espacios culturales independientes y autogestionados. Existe una distribución inequitativa ya que más de la mitad del presupuesto se destina a los grandes espacios como el Teatro Colón, el Teatro San Martín, el Centro Cultural Recoleta; el resto va a lo que queda de la cultura de Buenos Aires.”
4- La renuncia de Darío Lopérfido a la Dirección del Teatro Colón: “No aceptamos, como Sociedad, a un funcionario negacionista”.
Intervención en contra del gobierno que no cumple con la ley de centros culturales, frente al centro cultural Recoleta. Los artistas realizaban sus actividades hasta que inspectores con la cara de funcionarios vinieron a ponerles cintas de prohibición.
Lucía Gerszonswit, de la organización Seamos Libres, asegura que las olas sistemáticas de clausura, sumadas a la necesidad de reconocimiento como Centros Culturales, fue lo que impulsó al Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) -colectivo del que forma parte Seamos Libres- a presentar el proyecto de Ley de Centros Culturales. Esta normativa, que fue aprobada en forma definitiva en octubre de 2015, flexibiliza los requisitos de habilitación y funcionamiento para los pequeños centros autogestivos, evitando que sean tratados con los mismos requisitos que los grandes espacios comerciales. Define como Centro Cultural, en forma más flexible, al “espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes”. La normativa les permite, así, evitar las clausuras por “desvirtuación de rubros” que es lo que ocurre bajo la figura de “teatros independientes”, en la que muchos se ubican y a la que no terminan de adecuarse. Sin embargo, en diálogo con ANCCOM, Gerszonswit señala que el trámite de habilitación definitiva es muy lento: “Lo que tenemos algunos espacios es la habilitación provisoria”. Por estas desinteligencias y trabas burocráticas este tipo de clausuras sigue teniendo lugar, así como también las clausuras por seguimiento del “Plan de Evacuación”: “El plan te pide una planta fija de ocho empleados -cinco titulares y tres suplentes a la hora de abrir el espacio-, si no, nunca vas a poder funcionar legalmente. Para los centros culturales independientes autogestivos eso es ridículo. Un centro cultural en el que participan hasta 70 personas, difícilmente pueda tener 8 trabajadores”.
Uno de los lugares que sufrió la clausura luego de aprobada la Ley fue Centro Cultural El Sótano, en el barrio de Paternal. Gaspar Badano, uno de sus miembros, afirma: “Contamos con visitas constantes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que es el organismo que inspecciona que los espacios estén regularizados y cumplan las normas de seguridad. Pero hace un mes, en octubre, vinieron con la clara idea de cerrar, porque se supone que encontraron motivos de clausura, pero no nos dieron tiempo para subsanarlos. Dijeron que había gente bailando (que está prohibido en la Ley de Teatro Independiente), dijeron que había un matafuegos al que le faltaba una oblea, que el Plan de Evacuación (aunque provisorio) no era definitivo. Vinieron claramente con la idea de cancelar las actividades. Lo peor fue que estuvimos dos semanas cerrados y para un espacio como el nuestro, que es 100% autogestionado, en el que las actividades que hacemos son las que nos permiten pagar el alquiler, sueldos, comprar mercadería, la mitad del mes fue perdido. A un atropello, que ya se veía en el plano económico con el aumento de las tarifas y los impuestos, se suma este otro que ayuda poco a seguir fomentando la cultura en la ciudad de Buenos Aires”.
En una situación similar, el Centro Cultural El Surco -en el barrio de Boedo- se encuentra hace cuatro meses clausurado. Gonzalo Iñiguez, explica a ANCCOM: “Nosotros nunca nos acomodamos a la Ley de Teatros Independientes. Si bien varios centros estamos habilitados bajo esta figura, le estamos pidiendo una ley distinta. Por nuestra propia naturaleza caemos en la ilegalidad, ya que no nos contiene. Entonces nuestro reclamo es que cesen las clausuras hasta que se articule como corresponde la ley de centros culturales”. Y agrega: “Necesitamos poder hablar, además, de sobrefomento: ¿Por qué no hay presupuesto para la cultura en los territorios? ¿Por qué no están contempladas en el presupuesto del año que viene las asignaciones que tenían, por ejemplo, las escuelas del sur de la ciudad, si hay una suba del 27% en general para cultura? Todo queda para los megaeventos culturales, para la centralidad y para una élite artística que solamente pueden consumir unos pocos. Entonces, creo que está claro hacia dónde apunta la política cultural del Gobierno de la Ciudad. Nuestro reclamo, en ese sentido, es demostrar que somos un montón de centros culturales que venimos de distintas experiencias políticas, sociales y hasta comunicacionales. Demostrar que estamos unidos y que queremos una respuesta que pueda integrar lo que nos está pasando a todos juntos. No vamos a esperar a que sigan cerrando centros”.
Actualizada 01/12/2016
Nov 17, 2016 | inicio
El sábado se presentará, frente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el proyecto de la denominada Ley Cascioli. La propuesta, ideada por la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), ingresó a la Legislatura con el apoyo de parte importante de los funcionarios de la Cámara y busca fomentar el desarrollo de las revistas culturales independientes, declarar la producción autogestiva como patrimonio cultural de la Ciudad y construir políticas públicas para su fortalecimiento. Además Intenta, según se expresa en el documento, saldar una deuda que el Estado porteño mantiene, de antaño, con el sector.
“La Ley Cascioli es sólo una parte de todo el trabajo que queda por delante. Hay que apuntar a un proyecto nacional. Vemos que se tomaron medidas para otros ámbitos de la comunicación que no alcanzaron al nuestro. Sin ir más lejos, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual -más allá de la derogación parcial de artículos- deja afuera al sector gráfico. Durante el gobierno de la Alianza, mediante la Resolución 256/2000 se desreguló el circuito de distribución de diarios y revistas que tenía determinadas condiciones que protegían al canillita que ya no están más. En los últimos 12 años, si bien hubo avances en otros sectores, en el de las revistas culturales hubo una gran desprotección por parte del Estado”, señala, a ANCCOM, Santiago Kahn presidente de AReCIA y editor de la revista Maten al Mensajero.
“La Ley Cascioli es sólo una parte de todo el trabajo que queda por delante», dice el editor de la Revista Maten al mensajero.
Según el informe del último censo anual que la Asociación realiza sobre los socios, el 70 % de revistas culturales independientes en Argentina se edita en Buenos Aires y el 30% en el resto del país. De los datos obtenidos se observa una progresiva contracción del sector, con una baja fuera de la zona metropolitana, que se traduce en una disminución en el número de publicaciones. Además, se registra un aumento en el uso del soporte digital: “El 66% de los editores utiliza papel y el 70% publica a través de plataformas digitales”. Este estado de alerta en el sector, se relaciona con la falta de políticas regulatorias y las continuas devaluaciones, argumenta Kahn: “Muchos de los insumos que utilizamos están dolarizados, son importados. Esto sumado a la cartelización del papel, hace que sea cada vez más difícil o más caro imprimir publicaciones. La desregulación del mercado de distribución y papel favorece la concentración empresaria”.
“Lo que exigimos es una reparación histórica. Hay un sector que fue desprotegido y el Estado tiene que encargarse de arreglar esa situación, promoviendo y cuidando de él”, asegura Kahn. En este sentido, agrega que el proyecto normativo en Ciudad, que contempla tanto a las revistas que se producen en papel como a las digitales, prevé: “La asignación de un porcentaje de la pauta oficial porteña a los medios producidos en Capital Federal. La promoción de la producción de revistas nuevas a partir de diferentes concursos y premiación de revistas ya existentes. Y promueve créditos blandos para el desarrollo productivo por parte del Banco de la Ciudad. Muchas de las revistas no acceden a créditos con tasas accesibles para producir más y mejor, para crecer”, sostiene.
“El 66% de los editores utiliza papel y el 70% publica a través de plataformas digitales”.
Andrés Cascioli
La Ley, que lleva el nombre de Andrés Cascioli – fallecido editor creador de la revista Humor de Ediciones de la Urraca-, será presentada el sábado 19 de noviembre frente a la Defensoría del Pueblo, sitio en el que funcionaba la mítica publicación. El acto-homenaje contará con la participación de familiares de Cascioli y periodistas destacados que lo conocieron como Mona Moncalvillo, Carlos Ulanovsky, Rep, Miguel Grinberg, muchos de los cuales trabajaron con él.
El escritor y periodista Miguel Grinberg expresa a ANCCOM: “Con Cascioli saqué Mutantia en los 80, fue mi única revista que llegó a kioscos (Eco-contemporáneo y Contracultura eran muy subterráneas). Él, a través de Ediciones de la Urraca, siempre abría caminos para que la gente se animara, tuviera o no dinero, a sacar sus revistas y por eso en la Humor había una sección que dirigía Gloria Guerrero en la que se le daba mucha bolilla a las revistas “subtes” y a los grupos de producción rockeros independientes. Siempre daba oportunidades a la gente sin recursos. No era un mecenas, sino que tenía la estructura y la hacía rendir al máximo y tenía también los talentos que hacían falta para convertirlos en realidad”. En cuanto a que la Ley por el reconocimiento de las revistas culturales independientes lleve su nombre, argumenta: “La Ley lleva el nombre de un luchador para luchadores. Las revistas de este tipo que tienen un potencial crítico son las que abren un poco la cabeza de la gente para darse cuenta de que el asunto no es tener un millón de dólares para invertirlo en una revista sino tener un millón de personas que sean alcanzadas por la verdad, por la justicia social, por la solidaridad y por los ideales de autonomía que es una antigua lucha de los trabajadores en todo el mundo. No tengo que extenderme demasiado para decir que es una lucha de clases, de los que detentan el poder y deciden quién tiene derecho a existir y los que luchan por existir y no tienen ningún derecho”.
Kahn, por su parte, coincide y plantea un desafío para el sector: Cascioli es el símbolo de un editor independiente que la peleó. Fue víctima de manejos horrendos de la administración del Estado: se le negó pauta oficial, los juicios por los cuales se perdió el edificio de la revista Humor, donde hoy está la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, juicios que inclusive, actualmente, la viuda y la hija siguen enfrentando. Nos parece que refleja lo que llamamos ‘memoria con futuro’, que implica no pensar que todo lo que hacemos nosotros hay que inventarlo de cero. Hubo un montón de producción cultural durante décadas, que se hizo en condiciones incluso peores que las nuestras, y que son un ejemplo para recuperar, también para decir esto no debería pasar más”.
«Cascioli es el símbolo de un editor independiente que la peleó. Fue víctima de manejos horrendos de la administración del Estado», comenta Santiago.
Actualizado 17/11/2016
Sep 28, 2016 | destacadas
En el contexto de un nuevo derrame tóxico en la mina Veladero, que administra la empresa Barrick Gold en cercanías de la ciudad de Jáchal, San Juan, se estrenó Olvídalos y volverán por más, un documental que indaga sobre la explotación minera, su vínculo con el neoliberalismo, y sus consecuencias. En diálogo con ANCCOM, su realizador, Juan Pablo Lepore, comparte la motivación inicial detrás del filme y su posición respecto a la problemática. “La idea fue investigar cuáles son los males que nos aquejan, por qué se produce la contaminación a gran escala, con el consentimiento de quién, y qué es lo que está haciendo la gente para defenderse –plantea-. En ese sentido, en 2009 empezamos a hacer una serie de entrevistas. Viajamos por Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Canadá, reuniendo argumentos y conociendo experiencias de autogestión, de organización de la tierra, de ocupaciones, de latifundios, de vecinos en lucha contra la megaminería”.
“Para ellos, nosotros somos un basurero, somos motivo de extracción, de saqueo, de despojo”, dice en el filme el periodista y referente ambiental recientemente fallecido Javier Rodríguez Pardo, uno de los testimonios que recogió este trabajo estrenado el jueves pasado en el cine Gaumont, que busca aportar al debate sobre la actividad minera y a la promoción del cuidado de los recursos naturales. Con especial énfasis en la situación argentina, y a partir de entrevistas a especialistas y material de archivo, el documental recoge también casos paradigmáticos de otros países del continente americano, llevando la problemática a un plano internacional. Lepore logra articular una visión de denuncia que invita a reflexionar sobre los intereses que se esconden detrás del extractivismo multinacional y los impactos que produce en el medioambiente y en la sociedad.
“La idea fue investigar cuáles son los males que nos aquejan, por qué se produce la contaminación a gran escala, con el consentimiento de quién».
Los casos que incluiste en el documental remiten a países que son disímiles entre sí. ¿Qué diferencias y similitudes encontraste en cuanto al tratamiento de esta problemática y a las formas de lucha que adoptan?
Si analizamos la militancia concreta, la actitud frente a estos monstruos multinacionales y este activismo militante, vemos muchísimas similitudes. La megaminería tiene metodologías que se repiten en todos los países. Lo vivimos en Quebec con la avanzada del gobierno de Jean Charest en el 2012: el procedimiento de ir de pueblo a pueblo, de convencer a los pobladores de que el extractivismo es la única salida para poder hacerse rico, de que la minería es la única forma de trabajo que puede haber en estos lugares, es el mismo que encontramos acá. El neoliberalismo, en este sentido, se planta de maneras similares. Necesitamos organizarnos y eso me llevó a pensar que los problemas son los mismos y que es importante socializar las experiencias concretas, exitosas, para poder mostrarlas como síntesis. Con respecto a las diferencias, en Toronto, por ejemplo, estuve preso unos días por filmar; eso es una locura que acá es difícil que se dé (si bien pasan otras cosas). Creo que allá la seguridad, la policía, y todo el aparato estatal es bastante represivo y la gente, ante esto, es más tranquila, menos pasional. En los países latinoamericanos salimos mucho a las calles y si hay algo que nos molesta, nos organizamos y nos defendemos frente a eso. En el primer mundo es más difícil. Si bien hay resistencias, en la mayoría de los lugares están muy adormecidas. Quizás nosotros tenemos menos cosas, o menos que perder, y entonces nos arriesgamos y podemos enfrentar con más fuerza y ganas a todo este sistema.
¿Cuándo estuviste preso y por qué?
Fue en el 2010, para la cumbre del G20 que se hizo en Toronto, el 26 de junio. La presidenta viajó para reunirse con Peter Moon y otros empresarios de las mineras más importantes de Canadá (recordemos que el 60% de las mineras, más importantes del mundo, son de capitales canadienses). Se presentó junto con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y los gobernadores de las provincias mineras para cerrar el tema de la Ley de Glaciares que le exigía el proyecto Pascua-Lama. En ese momento, surgieron una serie de protestas en contra del encuentro de presidentes, y con la cámara salí a filmar los arrestos masivos (cerca de mil personas por día). Una locura, un presupuesto de más de un billón de dólares gastados tan sólo en seguridad. Me detuvieron por filmar y me armaron una causa. Estuve retenido diez horas. Dos meses más tarde me fueron a buscar a mi departamento para llevarme a un centro de detención en Toronto, en el que permanecí 22 días privado de mi libertad. Si bien es una experiencia que no se la deseo a nadie, me sirvió para fortalecerme en la lucha y para entender que las decisiones pueden tener consecuencias, pero que es necesario no bajar los brazos.
Ambientalistas de Jáchal (San Juan) y miembros de la Multisectorial Antiextractivista.
¿Con qué otras dificultades te encontraste durante el proceso de producción de la película?
El tema económico fue y sigue siendo una dificultad. Este es el tercer largometraje que hacemos sin el subsidio del INCAA. Sí tenemos el apoyo de los estrenos colectivos DOCA, organización a la que pertenezco y gracias a la cual podemos estrenar en el Gaumont y otros espacios INCAA del país. Seguramente en algún momento podremos acceder y aplicar el subsidio al documental. Soy consciente de que estamos estrenando esta película con una actualidad que es imposible lograr con los tiempos del INCAA. Eso es algo que asumimos y costeamos todos los voluntarios que formamos parte del Colectivo Documental Semillas. Creemos que es indispensable que todas estas producciones se sigan haciendo, con o sin presupuesto.
-¿Qué aspectos positivos rescatás del camino recorrido en la realización del filme?
El recibimiento de la gente, siempre contar con el apoyo de las asambleas, de todos los protagonistas que están poniendo el cuerpo en la lucha contra esta avanzada neoliberal, que en este largometraje lo vemos a través de la megaminería, pero estamos hablando del agronegocio, del fracking y de muchas otras cosas que van a aparecer.
En el documental haces referencia a casos exitosos que se manifestaron en contra de la megaminería, como son los de Famatina y Chilecito y Chubut, por ejemplo. ¿Cuál creés que es el camino en la lucha contra esta actividad?
Creo que el apoyo de las organizaciones es indispensable. Individualmente no somos fuertes, necesitamos organizarnos por una cuestión de supervivencia. El sistema lo hace, actúa desde el aparato estatal, desde los medios de comunicación, desde las empresas, todo coaccionado para que el capital rija en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza. Necesitamos cada vez multiplicar más la palabra para que se sepa lo que está pasando, para poder decidir, para frenar este sistema, y proponer al mismo tiempo otro alternativo, más equilibrado, que tenga que ver con el respeto por los derechos humanos y a la madre tierra.
-Jáchal fue noticia nuevamente por el derrame tóxico ocurrido en la mina Veladero, el pasado 8 de septiembre. Ahora, el Ministerio de Ambiente pidió la suspensión de las actividades de Barrick Gold hasta que haya un mayor control y monitoreo ¿Cuál es tu posición al respecto?
Es una trampa comunicacional. Necesitan hacer algo porque se les viene el pueblo encima. El gobierno es netamente neoliberal, manejado por los CEOs de las empresas. No hay posibilidad de diálogo. Lo único que quieren es que las empresas hagan la mayor extracción posible, que se lleven la mayor cantidad de recursos; ellos se quedan con su parte, y esto en detrimento de toda la población, como lo hemos visto en el documental. La maniobra del ministro de Ambiente, en este sentido, es hacer este juego de la democracia, pero es simplemente una careta. No van a ofrecer ninguna solución a las personas. Van a querer apagar el fuego cuando la gente salga a las calles y así hasta que todo estalle y haya una crisis donde la gente pueda elegir otra cosa. Ahí es donde la organización es fundamental para poder armar un proyecto alternativo a todo este sistema que se nos presenta como irrebatible, como la única posibilidad.
«Viajamos por Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Canadá, reuniendo argumentos y conociendo experiencias de autogestión, de organización de la tierra, de ocupaciones, de latifundios, de vecinos en lucha contra la megaminería”.
Actualizado 28/09/2016
