Jun 14, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Vendedores ambulantes senegaleses, en el barrio de Once
Martes 5 de junio. Emilio Lamarca y Avellaneda. Cinco de la tarde. Serigne Dame Kane, un vendedor senegalés de 30 años, está tirado en el piso, ensangrentado y rodeado de miembros de Infantería. Minutos antes, efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron reducirlo con una navaja, clavándosela en el brazo, y realizando un corte tan profundo que le perforó una arteria y provocó que el vendedor se desvaneciera en el acto. Parece una escena sangrienta de una película de Quentin Tarantino, pero no. En este caso está dirigida por el Gobierno de la Ciudad, y desafortunadamente no es una escena de película: es la cruenta realidad que viven los manteros senegaleses día a día.
“La represión ha pasado a mayores, en un Estado que no solo no garantiza el derecho a la vida, sino que procede, mediante una violencia letal, al exterminio físico de los vendedores senegaleses -dice Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres.- Si no fuera por los médicos del SAME, nuestro compañero hubiera muerto desangrado en la calle”. Kane fue trasladado al Hospital Álvarez, donde fue intervenido quirúrgicamente, debido a la perforación de una arteria y el daño de tendones que le produjo la herida. Todo con custodia policial, dado que se encontraba detenido. La causa: resistencia a la autoridad y violación de la Ley de Marca, a pesar de que no se encontraba vendiendo al momento del incidente, según aseguran sus compañeros y compatriotas, testigos del hecho. Serigne fue liberado de la Comisaría 50, en la mañana del día siguiente.
Los manteros senegaleses están sometidos a una cruenta realidad día a día.
“Está todo muy complicado –confía a Anccom T., un vendedor de Once-. Policías vestidos de civiles nos vigilan todo el tiempo. Y cuando menos te lo esperás, vienen sin aviso y te sacan todo lo que tengas. Así que tenemos miedo”. Por temor a represalias, todos los senegaleses entrevistados para esta nota pidieron no ser identificados. Para Vendedores Libres, el Gobierno de la Ciudad utiliza a las fuerzas de seguridad para doblegar a los manteros, creyendo ingenuamente que la violencia represiva eliminará a los trabajadores que procuran vender en la calle para su subsistencia.
El miércoles 6, en solidaridad con el compañero herido y en repudio al accionar policial, se realizaron cortes generalizados en el Barrio de Flores. “Lo que ocurrió con Serigne Dame Kane fue un acto más de ilegalidad y violencia contra un trabajador –sentencia Guaraz-. Profundizaremos las medidas de fuerza, tanto en metodología como en intensidad. No quedará avenida ni calle en Flores sin tomar y ser ocupadas por los trabajadores; siempre dentro del marco de la ley. La organización y energía serán las respuestas más contundentes”.
Los ciudadanos senegales afirman que policías vestidos de civiles los vigilan todo el tiempo.
Como si no hubiesen sido pocos incidentes para una semana, el viernes 8 por la mañana el Gobierno redobló la apuesta y llevó a cabo seis allanamientos de moradas de senegaleses en el barrio de Once. En ellos secuestraron mercaderías, dinero y pertenencias personales como celulares y computadoras, además de herir a 12 personas y detener a 18 más, bajo los rótulos de “atentado y resistencia a la autoridad”, trasladándolos a las Comisarías 7ma. y 18va., en donde interviene el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres.
La fiscal Celsa Ramírez fue la figura clave a la hora de los allanamientos y el armado de las causas previamente mencionadas, que ya se encuentran bajo un pedido de nulidad realizado por Verónica Heredia, abogada de Vendedores Libres. “Me sacaron todo el dinero que tenía ahorrado desde que llegué, hace siete meses, para sobrevivir aquí y para enviar a mi familia en Senegal, además del celular y la mercadería”, cuenta L., uno de los vendedores afectados por los allanamientos.
La violencia no sólo se percibe de forma explícita. El video difundido por los diferentes colectivos que se solidarizaron con los vendedores, y que muestra al senegalés apuñalado, fue censurado por todos los medios masivos. El silencio sobre lo ocurrido también es una forma de violencia. El periodista Santiago Cuneo (Canal 22) y Página 12 fueron la excepción. “Esas imágenes causaron conmoción pública –opina Guaraz-. Y lejos de infundir miedo y exterminar a los vendedores, éstos resisten a diario. Se fortalecen haciendo de la necesidad una virtud”. Paradójicamente, la venta ambulante crece inexorable, producto de las políticas actuales que aumentan la economía informal.
También son víctimas de allanamientos y de secuestros de mercaderías, dinero y pertenencias.
El martes pasado en la sede de la Defensoría de la Ciudad los vendedores senegaleses detenidos en los allanamientos (entre los que también estuvo presente Serigne Dame Kane) se reunieron con el coordinador de violencia institucional Demián Zayat. Y aunque fue una jornada en la que se decidieron diversas acciones judiciales a seguir, los propios senegaleses afirman que los intentos de la Defensoría han sido inútiles al competir con el accionar ilegal del Gobierno.
Para el sábado 16 está prevista en el Obelisco una convocatoria popular organizada en apoyo a los senegaleses y en repudio al accionar policial. “La gente es muy buena con nosotros –sostiene D., otro de los vendedores de Once-. Sentimos su apoyo tanto cuando nos compran mercadería como cuando van a las marchas a mostrarse en contra de la policía”.
“Nosotros no molestamos a nadie –subraya L., uno de los senegaleses entrevistados por ANCCOM-. Luchamos como cada persona para enviar dinero a nuestras familias y darles un futuro mejor a nuestros hijos. No fumamos, no tomamos. De hecho, en cinco días terminamos el ayuno de un mes por Ramadán” (ritual musulmán, cuya religión profesan). L. tiene una certeza de por qué los persiguen: “Es porque somos negros, no hay otra explicación”.
May 23, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Mañana del lunes 14 de mayo. Sarmiento 3120. Entre Anchorena y Ecuador. Barrio de Once. Migrantes senegaleses, haitianos y dominicanos. Desalojados. 37 familias fueron violentamente expulsadas del hotel donde vivían. La medida fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de la Defensoría de la Ciudad, teniendo como principales afectados a vendedores ambulantes. Desalojados y denigrados.
Jackson, miembro de la comunidad senegalesa que se hizo presente en el lugar, expresó su indignación al respecto: “No saben dónde llevar a sus hijos, ni dónde dejar sus cosas. Hay niños discapacitados. Esto es realmente horrible”. Se les impide trabajar, y además se les obstaculiza su situación habitacional. “Es un ensañamiento particular del Gobierno hacia las familias extranjeras de color”, expresaba una mujer de paso, que se encontró siendo testigo involuntaria del hecho.
Este acontecimiento fue de mayor gravedad al sucedido hace un mes, durante la mañana del sábado 14 de abril, cuando luego de una serie de violentos incidentes que involucraban a la Policía y a los manteros senegaleses, se desató una reacción popular en el barrio porteño de Flores que tuvo como consecuencia la detención tanto de vendedores senegaleses, como de testigos que pasaban por el lugar.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres, afirma que “este tipo de persecuciones son comunes en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires”.
Todos los detenidos de aquel sábado de abril, hicieron una denuncia colectiva en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, donde Demian Zayat es el coordinador de un programa contra la violencia institucional. “Está operando muy bien, y se articula con nosotros y los vendedores para recibir las denuncias y demás”, afirmó Guaraz.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres.
Pero el episodio del lunes 14 y su predecesor del mes de abril fueron tan sólo los más mediáticos del último mes. Guaraz afirma que la represión hacia los manteros data del año 2011: “El Gobierno de la Ciudad contrataba barras para pegarles y sacarles la mercadería. Sin embargo ellos resistieron porque están hechos de la ‘necesidad’, de la situación que les tocó vivir. Los senegaleses son muy solidarios entre ellos y son duros. No los van a sacar fácilmente”. Vendedores Libres está pensando en tomar medidas de fuerza para visibilizar la situación y crear lazos solidarios con los compañeros cuyos derechos están siendo vulnerados.
El mayor peligro con que amenaza este gobierno es el que afecta a la vida. Muestra de esto es el asesinato de Massar Ba, uno de los más fervientes representantes de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), el 7 de marzo de 2016. La causa se encuentra sin avances al día de la fecha.
Una de las premisas de la política migratoria de la República Argentina consiste en reconocer derechos fundamentales de los seres humanos, sin importar su origen, sin embargo la realidad de las leyes demuestra lo contrario. Es el caso de los migrantes de origen senegalés, que no cuentan con regulación migratoria que les facilite radicarse en el país de forma legal, debido a la inexistencia de una embajada de su país en la Argentina. Esto les impide a su vez, poder trabajar en blanco (siendo la relación de dependencia requisito excluyente para los inmigrantes extra-MERCOSUR) e insertarse plenamente en la sociedad, además de la imposibilidad de acceder a los mismos beneficios que otros migrantes.
«Los senegaleses son una parte invisibilizada de la sociedad», dice Omar Guaraz, de Vendedores Libres.
Los hombres senegaleses escapan de situaciones de extrema pobreza, arribando al país sin otra opción que refugiarse en la ayuda de sus propios compatriotas y en las organizaciones sin fines de lucro sostenidas por ellos. En la actualidad, la comunidad ronda las cuatro mil personas, entre las que se destacan mayormente hombres de entre dieciocho y veinticinco años, que llegan para instalarse y establecer una base en la ciudad para, después de un tiempo, al lograr cierta seguridad económica, regresar a Senegal. Generalmente se desarrollan en el sector informal, en gran medida en la venta ambulante (la actividad que más se realiza en su lugar de origen), aunque algunos ocupan puestos en seguridad privada y servicios gastronómicos u hotelería. Unos pocos, además de trabajar durante todo el día en las calles, realizan una carrera universitaria porque sueñan con un futuro mejor. Residen en todo el territorio nacional, pero su presencia es mayoritaria en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Trabajan principalmente en los barrios de Once, Palermo, Liniers, Flores y San Telmo, lugares donde sufren las redadas policiales y el decomiso de las mercaderías. Sin dejar de lado, además, la discriminación que sufren por parte de la sociedad en general.
“Son la parte invisibilizada de la sociedad, aunque no son los únicos”, explicó Guaraz. “La justicia fue colonizada y transformada en ‘injusticia’. Te pueden privar de tu libertad, te pueden procesar, te pueden armar causas judiciales. Lo mismo que les está pasando a los manteros le va a pasar a la sociedad”, concluyó.
El Decreto Migratorio de enero del 2017 avala la deportación de toda persona extranjera ingresada en el sistema penal, independientemente de ser culpable o inocente y siendo el margen de apelación mínimo. ¿Se toman prevenciones para que las medidas de fuerza llevadas a cabo por los vendedores no terminen resultando funcionales a las políticas migratorias del gobierno?
Para protegerse del accionar del Estado, desde Vendedores Libres se apuesta a la organización como plan de lucha para sobrevivir, involucrando a la mayor cantidad de trabajadores posible, organizándolos, buscando testigos, armando grupos de Whatsapp para compartir las denuncias con legisladores, diputados y con la Defensoría de la Ciudad, entre otros.
La mayoría de los inmigrantes senegaleses trabajan en la venta ambulante.
Por otro lado, Moustafa Sene, representante y vicepresidente de la Asociación de Residentes Senegaleses de la Argentina, se mostró en desacuerdo con la postura de Vendedores Libres y otras organizaciones que alientan manifestaciones de protesta: “La lucha es desde otro lugar y de otra forma. La noción de prevención es muy importante. Los que vivimos dentro de la comunidad, sabemos y sentimos lo que pasa. Nosotros ya fuimos varias veces a esas comisarías, al juzgado y a la Defensoría. Lo que podemos hacer ahora es buscar otra alternativa. Ver cuáles son los proyectos que tiene el Gobierno de la Ciudad, cómo podemos hacer para que los chicos se capaciten y sepan que ‘el lugar prohibido es prohibido’ y no se puede seguir luchando para seguir en la calle. No se puede mandar a la gente a enfrentarse con la policía, sabiendo que no podés pararlos. Porque lo que generas son antecedentes penales para esa gente que hoy ya está en problemas (ya sea con la venta, con la vivienda). La violencia de la policía es otra cosa, y en cualquier momento que ellos cometan una infracción contra uno de nosotros de manera injusta, estaremos listos para denunciarlos. Pero no vamos a acompañar a nadie en esa forma de lucha porque no es nuestro modo. Hubo varios jueces que se preocuparon frente a la cantidad de causas en estos últimos años cuando la comunidad era una de las más tranquilas. Uno de los pedidos de Migraciones, es que eviten las causas judiciales, ya que frente a ellas tendrán serias dificultades para negociar una amnistía. Ahora, llevar a cabo ciertos actos es darle una mano a la criminalización del migrante senegalés. ¿Quién sabe de lo que es capaz la policía si te tienen en la mira? Son capaces hasta de plantarte delitos”, sentenció Sene.
Sólo en el mes de abril, se registraron más de 50 detenciones contra vendedores senegaleses en el barrio de Flores. La venta ambulante es una picazón que el gobierno no para de rascar. Vendedores Libres denuncia una política de exclusión, violencia y xenofobia extremas orquestada mediante un accionar ilegal. Y como una parte más de este plan, sin pan, sin trabajo, y ahora sin techo. Desprotegidos. Denigrados. Desalojados.
