May 22, 2019 | Géneros, Novedades
Distintas organizaciones sociales marcharán el viernes 24 hacia el Congreso de la Nación para acompañar el proyecto de Ley de Emergencia en Violencia de Género.
El próximo viernes 24 de mayo se presentará en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. La iniciativa es fruto de la unión entre diversos movimientos sociales y populares feministas: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la agrupación Somos Barrios de Pie, además de la Campaña por la Declaración de la Emergencia Nacional.
El fundamento del proyecto de ley es contundente. Las campañas y la concientización para comprender el problema social de la violencia de género son importantes pero no alcanzan para ayudar a quienes hoy sufren de violencia en su hogar. Por este motivo, exigen una reasignación de partidas presupuestarias para llevar adelante una serie de medidas inmediatas. Entre ellas se destacan crear refugios y casas de atención de día con profesionales en todo el país y brindar subsidios y asistencia económica a mujeres en situación de violencia.
Otro de los puntos centrales del proyecto refiere a la necesidad de evitar que sigan aumentando los casos de violencia doméstica en Argentina. Con este fin, se propone un plan de formación de por lo menos 100.000 promotoras en prevención de violencia contra la mujer que estén presentes en todo el territorio nacional. Este plan era parte de un conjunto de iniciativas del Movimiento Evita, impulsor de la aprobación de la Ley Micaela García, que insta a los funcionarios de los tres poderes del Estado a una capacitación constante en materia de género. Por su parte, la CTEP trabajaba en un programa nacional de independencia económica y habitacional para mujeres víctimas. Ambas ideas fueron unificadas ante la propuesta de la Campaña por la Emergencia Nacional para construir una legislación más integral y abarcativa.
Marina Cardelli, integrante de Mujeres Evita y de Seamos Libres, organización perteneciente a la CTEP, dijo a ANCCOM que apoyan el proyecto de ley porque responde a la defensa de los derechos de las trabajadoras: ‘‘La violencia, tanto física como psicológica y económica que sufren las mujeres en situaciones de crisis es cada vez más profunda. Todo el pueblo argentino sufre la crisis pero mucho más las mujeres, y mucho más todavía cuando son pobres’’. Además, recalcó la preocupación por el creciente número de femicidios y transfemicidios y afirmó que ‘‘el Estado tiene que dar respuesta urgente, sobre todo cuando existen leyes que no se cumplen’’.
El proyecto lleva la firma de las diputadas Lucila De Ponti (ME), Gabriela Cerruti (FpV), Cristina Alvarez Rodríguez (FpV), Mónica Macha (FpV), Vanesa Siley (FpV), Silvia Horne (ME), Carolina Moisés (J) y Cecilia Moreau (UNA), y espera reunir más firmantes antes de su presentación. El 24 de mayo, a partir de las 15, acompañarán las agrupaciones involucradas con una concentración y un festival musical en las inmediaciones del Congreso. ‘‘Por lo pronto esperamos que llegue al recinto y que los diputados voten afirmativamente, o tendrán que explicar la situación de absoluta vulnerabilidad y abandono que viven las mujeres víctimas de violencia en nuestro país’’, concluyó Cardelli.
Mar 25, 2019 | DDHH, Novedades
Nueve desaparecidos que vivieron en el barrio fueron homenajeados por los vecinos de Parque Chas.
Dentro del marco de la conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Colectivo Barrial de Parque Chas llevó a cabo por segunda vez el festival Memoria Viva, para homenajear a vecinos y vecinas desaparecidos en la última dictadura cívico militar. La plaza «Dominguito» Sarmiento –bautizada en el barrio como Plaza de la Memoria– se colmó de familias el sábado 23 de marzo para ser parte de un evento comunitario cuyo ejes centrales fueron el recuerdo, la solidaridad y la expresión artística.
Carteles y cantos que gritan Nunca Más. Nombres y apellidos en banderines que se vuelan con la brisa. Amigos, familiares y vecinos sonrientes, mirándose a los ojos y disfrutando de una tarde distinta. Desde las 16.30, se montó un sector de dibujo y pintura para niños y niñas, seguido de un show musical infantil. A las 17, una de las organizadoras de Memoria Viva, María Luz Montoliu, dio un breve discurso inaugural y luego se presentaron diversos grupos musicales, teatrales y de danza que se llevaron vítores y aplausos. El festival finalizó con una ronda de baile que incluyó a muchos de los espectadores.
La iniciativa se originó en el año 2017, en vísperas del 24 de marzo, cuando el colectivo tuvo una reunión con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a una tala indiscriminada de árboles realizada en aquella pequeña plaza, situada en las calles Gándara y Gamarra. Por la fuerza de la protesta, se dio una negociación entre las partes y los vecinos lograron conseguir el permiso para plantar árboles nativos que ayudaran a preservar el espacio verde. ‘‘Fue gracias al aporte de la ONG Un Árbol para mi Vereda. Ellos nos donaron los árboles y nos enseñaron a plantarlos’’, indicó María Luz.
Dicha acción ecológica cobró un sentido mucho mayor con la propuesta del colectivo de utilizar los árboles plantados para reivindicar a nueve personas desaparecidas que nacieron o vivieron en Parque Chas: Clara María Rossi, los hermanos Luis Eduardo y Eugenio Osvaldo de Cristofaro, Alfonso Nelson Fontanella, Susana Siver, Juan Carlos Guzmán, Domingo Francisco Cristaldi, Adriana María Luján Poch y Esther Balestrino de Careaga, Madre de Plaza de Mayo. Poco tiempo después, se colocaron placas con sus nombres y así quedó sellado un recuerdo eterno. ‘‘El árbol para muchos familiares y organizaciones de derechos humanos es un símbolo de vida y de memoria, porque es testigo del paso de nuestra historia cotidiana’’, expresó la organizadora.
La mañana del día del festival, la plaza amaneció rodeada por una docena de efectivos de la policía y varios empleados de la Dirección de Espacios Públicos, con el argumento de que habían recibido una denuncia anónima sobre la ocupación de ese espacio. María Luz declaró que, al enterarse ella y otros miembros de la agrupación, ‘‘resolvimos hablar con ellos y explicamos que estamos ejerciendo nuestro derecho a la libre expresión y que nuestra ocupación no viola ninguna ordenanza. Vinimos a conmemorar una fecha fundamental’’. Si bien se autorizó la celebración del evento con normalidad, los miembros de las diferentes fuerzas de seguridad y prevención estuvieron presentes durante toda la jornada.
El Colectivo Barrial de Parque Chas se formó en 2015 como una asamblea abierta y horizontal de vecinos en resistencia, organizados de manera independiente y sin lineamientos partidarios específicos. Sus miembros llevan adelante diferentes actividades solidarias, culturales y sociales para mejorar la vida en el barrio y defender sus derechos. Entre ellas, han instalado tres postas de reciclaje, realizan proyecciones de películas con cine debate en espacios públicos e invitan referentes políticos de corrientes populares a dar charlas en el barrio.
Dic 24, 2018 | Comunidad, Novedades
Mediante la resolución 4055/2018 anunciada el pasado jueves 13 de diciembre, se verán eliminados y reducidos los cursos nocturnos del nivel medio tanto para jóvenes como para adultos. La medida afecta a dos decenas de establecimientos y generó un fuerte rechazo de docentes, alumnos y gremios.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su Ministerio de Educación, encabezado por Soledad Acuña, llevan adelante este abrupto recorte a pocos días de finalizar el año. Principalmente, se trata de la baja del ‘‘Plan de Estudios Comercial Nocturno’’ que se sostenía únicamente en catorce escuelas de este distrito y que ahora cierra sus inscripciones para años próximos. A esto se suma la disminución de oferta de cursos en otros nueve colegios de la modalidad bachiller. La justificación de la que se sirven las autoridades porteñas es la búsqueda de fusionar cursos que tengan poca matrícula, mientras que afirman que se trata de una reestructuración y que no se perderán puestos de trabajo.
Los equipos docentes denuncian que esta acción vulnera el derecho a la educación de miles de adolescentes y adultos que, por diversas razones, no pueden asistir a los turnos escolares diurnos. En las nocturnas, que presentan un plan de 4 años para realizar el secundario, aproximadamente un 80% de los asistentes son adolescentes de entre 15 y 18 años, que deben trabajar para ayudar en sus hogares, realizan algún deporte o actividad durante el día o son padres y madres jóvenes. El 20% restante lo conforman adultos de todas las edades.
Susana Colli, profesora de historia en el área de CENS – secundaria para adultos –, miembro y vocal de ADEMyS, explicó que, cuando el Consejo Federal de Educación impuso en 2016 la Nueva Escuela Secundaria (NES), planteó determinadas orientaciones. Y las comerciales, tal y como estaban, no existirían más porque tenían menos carga horaria que el resto. Durante dos años, el proyecto de actualización de los planes de estudio estuvo difuso y ahora, de forma repentina, anuncian que las comerciales no pueden continuar funcionando porque carecerán de título. Colli dijo a ANCCOM que los funcionarios ‘‘hacen cálculos como si la educación fuera una empresa y abren o cierran de acuerdo a la oferta y demanda. Sin ninguna política de retención de matrícula, becas de estudio, rediseño de la propuesta ni gabinetes que estudien la problemática de las dificultades en el aprendizaje del adulto. En vez de readecuar las escuelas comerciales, las dejaron morir’’.
Asimismo, en referencia al afán del gobierno por unificar y mudar las instituciones, expresó que ‘‘esto es la puerta abierta al inicio de una nueva etapa en la cual se van a cerrar más cursos y más espacios. Cada escuela que cierra es una posibilidad menos de estudio de los chicos. Si van a trasladarlas a un lugar más lejano y más incómodo, aumentan las posibilidades de que deserten’’.
Por otra parte, las asociaciones sindicales UTE y ADEMyS manifestaron una gran preocupación por la precaria situación laboral de los docentes: desde 2012, en el nivel medio no se otorgan titularidades. Por ende, quienes han concursado y tomado horas por acto público a partir de ese año se encuentran como interinos y en condiciones irregulares. Con la reciente resolución, todos los profesores y profesoras de cada escuela afectada serán dados de baja. Se les dará prioridad a los titulares para ser reubicados en otros horarios y eso dejará inmediatamente sin trabajo a una gran cantidad de interinos que llevan al menos 6 años en actividad. Los suplentes, por su parte, pueden quedar también despojados de su fuente laboral al depender directamente del traslado de los titulares.
Diego Marranti, profesor del Comercial 12 y otras escuelas de la zona de Lugano, recalcó el impacto que estas modificaciones tendrán en toda la comunidad educativa: ‘‘Creemos que esta reubicación de docentes lleva a la apertura de una flexibilización laboral de los docentes de forma encubierta. El docente egoísta e individualista que trabaja a la mañana o a la tarde puede llegar a perder sus horas, si es interino, por la reubicación de un titular. Esto nos afecta a todos’’. También puntualizó que el manejo irregular de los puestos de trabajo frente a las aulas genera ‘‘mucho temor e inseguridad’’ en los docentes.
Desde el día en que se oficializó la resolución, los gremios y los docentes de cada establecimiento se organizaron para darle visibilidad al conflicto y exigir la anulación de las medidas de ajuste. El pasado miércoles 19 de diciembre, se realizó un paro de actividades en las escuelas y una gran movilización colmó la avenida Paseo Colón hacia el Ministerio de Educación. En esa misma jornada, se se llevó adelante una asamblea docente donde se consensuó un nuevo paro y movilización para el próximo jueves 27 de diciembre, fecha en la cual el gobierno anunció que realizaría la reestructuración de cargos de cada afectado. Dicha asamblea también contempló la posibilidad de no dar inicio al ciclo lectivo 2019 hasta que no se revierta el cierre de escuelas.
Al mismo tiempo, cada escuela decidió la forma de dar a conocer la problemática con diversas acciones barriales: semaforazos, volanteadas, abrazos a la escuela, charlas en plazas y otros lugares públicos, entre otras. Marranti, junto a los docentes del Comercial 12 y el Comercial 35, llevaron a cabo numerosas intervenciones callejeras para difundir la situación a los vecinos de la Comuna 8. En el Parque Lezama, el pasado 22, docentes del Colegio N° 7 Juan Martín de Pueyrredon pasaron la tarde informando a la comunidad sobre la reducción de la oferta de cursos y juntando firmas en rechazo de la misma. Y repitieon acciones este domingo.
En refuerzo de los planes de lucha, no descartan la vía legal para la protección de los interinos que quedarían cesantes: ‘‘Los docentes afectados y los sindicatos que estamos detrás de ellos ya estamos trabajando junto a la Defensoría del Pueblo el tema de qué defensa legal podemos buscar’’, afirmó Susana Colli.
Mientras los discursos oficiales refieren a la baja matrícula de las escuelas nocturnas, los números dan un panorama diverso y complejo: según datos del Observatorio Educativo UNIPE, en 2018 hay 420.000 personas que no finalizaron la escuela secundaria en CABA. De ese total, sólo 30.000 (un 7%) asisten a algún establecimiento educativo. Pero el 93% restante representa a los potenciales destinatarios de la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos de este distrito. El organismo informativo señaló la importancia de impulsar estos espacios para garantizar el derecho de cada ciudadano a completar sus estudios de nivel medio.
Nov 22, 2018 | Comunidad, Novedades
Hace pocos días, por la plataforma digital change.org, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, publicó un escrito donde menciona el proyecto de traslado del Instituto Superior de Educación Física Nº 1 «Dr. Enrique Romero Brest» de su histórico edificio en Núñez al Parque Sarmiento. Autoridades del profesorado y estudiantes manifestaron su repudio y establecieron un plan de lucha para proteger su espacio.
Al recibir la noticia a través de este insólito medio, la rectoría del Romero Brest pidió dos reuniones con las autoridades del Gobierno de la Ciudad para discutir el tema. La segunda, que tuvo lugar en el Ministerio de Educación el pasado miércoles 14 de noviembre, contó con la presencia de once consejeros directivos pertenecientes a los cuatro claustros involucrados – estudiantes, graduados, docentes y no docentes – y el rector, Raúl Supital. Por parte del gobierno, estuvieron la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y su jefe de Gabinete, Luis Bullrich, junto a un asesor de la Jefatura de Gabinete del Ejecutivo y un arquitecto. En dicho encuentro, la ministra explicó que existe un proyecto de cambio de Código de Planeamiento Urbano que incluye la enajenación de las tierras donde está ubicado el Romero Brest, así como también la salida del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), recientemente anunciada.
Pablo Caserío, profesor y consejero del claustro docente, dijo a ANCCOM que Acuña ‘‘se refirió al Romero Brest como una parcela’’ y agregó que, ante el pedido de explicaciones por parte del Consejo Directivo, ‘‘recalcó explícitamente que era una decisión del Ejecutivo que la excedía”. Las razones de esta movilización no parecen justificarse con una mejora del Instituto o una modificación estratégica para su beneficio. ‘‘Le pregunté específicamente a la ministra si había razones académicas y ella dijo que no. La razón tiene que ver con el cambio del Código de Planeamiento Urbano’’, explicó Caserío. Y concluyó: “No fue una reunión conciliadora, fue informativa”.
«Tirar instalaciones nuevas en un momento de la educación donde faltan edificios es pecaminoso. Consideramos que es un negocio inmobiliario”, dijo Gabriela Sacristán.
Si bien no se estipularon plazos puntuales para cada etapa del traslado, en la reunión se habló de momentos sucesivos. El primero implica la aprobación del cambio de Código. Luego iniciaría un proceso de otorgamiento de tierras y en paralelo se construiría el nuevo instituto en el Parque Sarmiento. Se estima que esto sucederá en un período de dos años. Luego de disculparse por la desprolijidad con la que la institución se había enterado de la decisión, Acuña avisó que se contactaría con la comunidad educativa cuando avanzara el proyecto para estipular las necesidades edilicias –como espacios deportivos, gimnasios y aulas- para las futuras instalaciones.
Docentes y autoridades del Romero Brest, por su parte, argumentan que se trata de una cuestión puramente económica que va de la mano de la toma de terrenos del CeNARD. ‘‘Creo que la verdadera batalla está en que no se reforme el Código y en que no se les permita hacer uso de esas tierras. Necesitan una aprobación especial de la Legislatura, porque es un pasaje de manos públicas a manos privadas’’, afirmó Caserío.
Que no haya reforma del Código de Planeamiento Urbano no significa una garantía para todos. “Quizás no se apruebe y nos quieran trasladar a otro lado”, dijo María Teresa López, una de las vicerrectoras del Instituto. Y continuó: “No quieren darle identidad a lo que se habla en todos lados, que quieren hacer un gran emprendimiento inmobiliario acá. No está escrito nada, pero se dice que están vaciando el Tiro Federal, el CeNARD y a nosotros”.
Si bien no hay nada confirmado con respecto a la venta del CeNARD o del Romero Brest, este lunes la Ciudad de Buenos Aires realizó la subasta del Tiro Federal Argentino, ubicado a pocas cuadras. “Acá van a hacer un movimiento inmobiliario muy interesante para ellos. No para nosotros”, dijo López a ANCCOM.
Con este panorama, se inició un plan de lucha que, en primer lugar, busca darle visibilidad a la problemática. Mercedes Semhan, vicerrectora del ISEF n°1, lleva adelante una convocatoria virtual en la plataforma change.org –la misma por la que trascendió la noticia del traslado– para juntar firmas en defensa del Instituto. En dicha publicación, Semhan menciona lo mucho que les costó obtener ese predio lindero al CeNARD y que ese sacrificio ‘‘no puede borrarse en base a otros intereses’’. La convocatoria ya posee más de 62.000 firmas.
‘‘Fue vergonzosa la forma en la que nos enteramos. Ese día no se hablaba de otra cosa en las aulas’’, afirmó Mariana, integrante de la conducción del Centro de Estudiantes.
La casa de estudios fue fundada en el año 1906 y fue la primera institución de Latinoamérica en otorgar título de Educación Física. A principios de los noventa todavía no contaba con un espacio propio. “Hasta 1994, 1999 hecho efectivo, estuvimos en un montón de lugares de prestado. Este es el primer predio nuestro. Fue cedido para Educación”, contó López sobre el terreno que perteneció al Club YPF. Con el objetivo de formar profesionales de la enseñanza y técnicos superiores del campo del deporte, el Romero Brest cuenta hoy con unos 2.000 alumnos.
Muchas de las construcciones que se hicieron en él todavía no llegan a los diez años. “Hay edificaciones nuevas que se entregaron en el 2014”, dijo Gabriela Sacristán, docente del Romero Brest. Y agregó: “Tirar instalaciones nuevas en un momento de la educación donde faltan edificios es pecaminoso. Consideramos que es un negocio inmobiliario”.
Según la docente, el traslado del Romero Brest es un ajuste “no sólo educativo, también sobre el espacio público”. El lugar de destino del Instituto sería el Parque Sarmiento, un predio de setenta hectáreas para actividades deportivas y recreativas que funciona en el barrio de Saavedra desde 1981.
Otros institutos de formación docente han manifestado su solidaridad, así como el Instituto Superior de Educación Física N° 2 Federico Dickens, también situado en Capital Federal. El reclamo también traspasó nuestras fronteras, ya que la rectoría recibió la adhesión por vía virtual del INEF de España, un referente mundial de las ciencias del deporte y la educación física.
“Hasta 1994, 1999 hecho efectivo, estuvimos en un montón de lugares de prestado. Este es el primer predio nuestro. Fue cedido para Educación”, contó María Teresa López
Por su parte, el estudiantado no es ajeno a los hechos. Tras la reunión en el Ministerio, el Centro de Estudiantes convocó a una asamblea en las que se debatió un plan de acción, y entre las posibilidades circula la idea de tomar el instituto por tiempo indeterminado.
‘‘Fue vergonzosa la forma en la que nos enteramos. Ese día no se hablaba de otra cosa en las aulas’’, afirmó Mariana, integrante de la conducción actual y única lista del Centro de Estudiantes. Es un hecho que, a raíz del proyecto UniCABA, aumentó significativamente la participación y la militancia estudiantil en el ISEF N°1, pero es difícil lograr un compromiso colectivo. ‘‘Cuesta interpelar e involucrar a los pibes. Somos futuros docentes, y tenemos que hacer llegar a esa idea a los estudiantes y al afuera’’. Con respecto a la asamblea del pasado jueves, que contó con un gran número de presentes, opinó que fue útil ‘‘para saber cómo estamos parados los estudiantes frente a esta situación y con qué fuerza contamos para llevar adelante una toma’’.
Sin embargo, el sector estudiantil de la institución presenta posturas divididas sobre los métodos de protesta. Hay grupos que no apoyan la toma debido a la consecuente pérdida de clases, que pone en riesgo la continuidad del año académico completo. ‘‘A los que trabajamos además de estudiar, nos mataría perder este año, se alarga muchísimo la carrera’’, explicó Tatiana, estudiante de primer año. Algunos aceptan la medida pero sólo en última instancia, y creen que sería apresurado tomar ahora el profesorado: ‘‘No creo que tenga sentido hacer la toma ahora. Yo estoy de acuerdo, pero si la hacés ahora perjudicás a los ingresantes del año que viene, a los que egresan, incluso a todos los trabajadores docentes y no docentes que están acá todos los días. Hay que pensar que afecta a todos’’, opinó Owen, estudiante de segundo año.
Mercedes Semhan dijo que les costó obtener ese predio lindero al CeNARD y que ese sacrificio ‘‘no puede borrarse en base a otros intereses’’.
Con el dictamen firmado el pasado viernes, se votará la UniCABA en el recinto el jueves 22 de noviembre. Dado que hay mayoría de representantes del oficialismo – 34 legisladores sobre un total de 60 – es factible que la iniciativa se apruebe. Para ese día se espera un paro docente que abarcará todos los niveles de enseñanza y los estudiantes del Romero Brest, junto con los otros 28 profesorados, se movilizarán a la Legislatura.
Oct 31, 2018 | Novedades, Trabajo
Los obreros de la planta metalúrgica de Canale Redepa SA, situada en la localidad bonaerense de Llavallol, recibieron en los últimos días telegramas de despido que no solo darían fin a la incertidumbre que se mantenía desde hace un mes sino que más de 80 personas quedan sin trabajo.
Luego de que una de las unidades de Grupo Canale, Industrias Alimenticias Mendocinas Sociedad Anónima (IAMSA) fuera declarada en quiebra el 1 de octubre, la planta de Llavallol dejó de recibir materiales y órdenes de trabajo. Los empleados, sin respuesta por parte de las autoridades y con tres meses de salario impago, cumplieron durante ese lapso su horario de trabajo y realizaron un buffet autogestionado para sustentarse.
Antes de que llegara la noticia, en Llavallol se respiraba indignación a pesar de la calma característica del barrio. Desde la estación de tren podían observarse diversos carteles con el pedido de los trabajadores: ‘‘En Canale queremos trabajar y cobrar’’. A un costado del portón de la fábrica y sobre unas improvisadas mesas hechas con tablones, se vendían hamburguesas y choripanes cocinados en una vieja parrilla. Pocos autos circulaban por la calle Santa Catalina, mientra que algunas bicicletas y peatones que frenaban a colaborar con su compra.
Dentro de la enorme construcción gris donde, hasta hace poco tiempo, se fabricaban las latas de alimentos de Canale, gobierna el silencio. La imponente maquinaria metalúrgica completamente apagada, los pocos materiales que quedaron cubiertos de polvo y el fuerte olor a encierro dan cuenta de la situación, que bordea el abandono.
Maquinarias apagadas en la fábrica sin funcionamiento.
‘‘Desde marzo venimos arrastrando pagos fraccionados. El pago siempre fue irregular. Y ahora llegamos a octubre con tres meses acumulados de deuda’’, cuenta Julio Retamazo, trabajador del sector de litografía desde hace más de diez años. El panorama de los cien obreros metalúrgicos de Llavallol es incierto porque Redepa SA no se ha declarado en quiebra hasta el momento. Con respecto a IAMSA, explica que ‘‘ellos tienen la quiebra con continuidad laboral, nosotros estamos abandonados’’.
Grupo Canale posee tres plantas en Mendoza, una en Catamarca y una en Llavallol. Camilo Carballo es el principal propietario, con el 50% de las acciones de Canale Llavallol. El otro 50%, que pertenecía a IAMSA, quedó en manos de un juez y un síndico. Al estar la base central en Catamarca, las negociaciones para reflotar la empresa se encuentran muy lejos del sur del conurbano bonaerense. La Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), por su parte, mandó esta semana a un representante a Catamarca para seguirle el rastro a Carballo, aunque comparten la misma incertidumbre que sus afiliados. Según el testimonio del grupo obrero, el empresario no se ha apersonado en la planta a hacerse cargo de la situación. Además, la fábrica actualmente carece de autoridades, ya que han renunciado sus dos directivos.
El panorama de los obreros metalúrgicos de Llavallol es incierto porque Redepa SA no se ha declarado en quiebra hasta el momento.
Al dialogar sobre el día a día de este último mes, los rostros se enrojecían y las voces temblaban. ‘‘A todos nos cayó muy mal’’, ‘‘muchos tenemos deudas y también hijos que mantener’’, ‘‘tantos años de trabajo tirados al tacho de basura’’, expresaban varios en simultáneo. Del total de trabajadores, un 80% tienen 20 o más años de antigüedad, llegando a casos en los que se encontraban a pocos meses de jubilarse. Sobre la iniciativa de crear un buffet atendido por ellos mismos, comentaban que cualquier cosa era mejor que estar adentro de la fábrica ociosa: ‘‘Ahí adentro es un cementerio… te volvés loco o te largás a llorar’’, dicen los operarios.
A pesar de todo, la voluntad y la energía se renuevan: se han organizado caravanas por el barrio para informar a los vecinos de lo que estaba pasando y también se gestionó un festival musical en la calle para recaudar fondos. Canale Llavallol es el segundo hogar de un gran número de familias y es un emblema para el barrio y para todo el partido de Lomas de Zamora. Los vecinos se solidarizan, contribuyen con lo que pueden y apoyan al colectivo de obreros en sus diferentes formas de lucha.
Actualmente, y con los telegramas en mano, los obreros organizaron un acampe pacífico en las puertas de la fábrica para reclamar por sus puestos de trabajo y por el pago de la deuda salarial. ‘‘Si hay que hablar con el diablo, hablemos con el diablo, pero hay que salvar esto’’, sentenciaba Julio unos días atrás, generando asentimientos del resto.
Canale Llavallol es el segundo hogar de un gran número de familias y es un emblema para el barrio y para todo el partido de Lomas de Zamora.
