Sin Natalia y sin justicia

Sin Natalia y sin justicia

Natalia Sabán fue a visitar el 8 de diciembre de 2019 a su pareja y terminó con un tiro en la sien. Desde entonces, su mamá exige justica. Denuncia la pasividad del fiscal y la policía.

El 8 de diciembre de 2019 Natalia Saban (16) fue a visitar a su pareja de hacía tres meses, Matías Agustín Cano (22), junto a su amiga íntima Brenda en el barrio de Villa Hidalgo de José León Suarez. A las horas, ingresó al hospital de Boulogne con un disparo en la sien para finalmente morir dos días después en el de San Isidro. A cuatro años de su femicidio, aún no se sabe quién, ni cómo, ni por qué la mataron. A pesar de existir una recompensa de medio millón de pesos, el principal sospechoso, su novio, sigue prófugo de la justicia. Su mamá Malvina no descansará hasta que lo atrapen: “Lo único que yo pido es que lo agarren y saber la verdad, lo que realmente pasó en esa casa, si fue él o no”, expresa ante ANCCOM.

Malvina recordó la madrugada en que llegó al hospital de Boulogne para firmar el traslado al de San Isidro y mientras a su hija le daban dos horas de vida, se dirigió a la comisaría de José León Suarez para hacer la denuncia. “Fui y entré preguntando directamente por Matías Cano, como novio de ella que era. La policía actuó mal, porque ni siquiera un patrullero me mandó en ese momento. Recién mandan el día 10 a las 11 de la noche, cuando Nati ya muere. Mis hermanos un día antes habían ido a la casa del chico éste y ya no estaba. Mientras nosotros nos ocupábamos en el hospital ellos se fueron”, recuerda.

El día 9 de diciembre, el padre de Matías, Alejandro Pavón (38) manifestó que su hijo de diez años estaba jugando con el arma cuando se le disparó y atravesó la ventana donde justo Natalia  estaba con su amiga Brenda. Sin embargo, la pericia médica certificó que le habían apoyado la pistola en el cuerpo. “La historia que armaron ellos es que el nene estaba en un sillón, salió un disparó y coincidentemente le pegó en la cabeza. Quisieron cerrarlo ahí, que había sido el nene y ya está. Ahí es cuando yo empecé a hacer las marchas en la fiscalía. Le dije al fiscal, que no es ‘ya está’, no fue a un animal que mataron y ya. Que busquen pruebas, que investiguen, que lo busquen a él (Matías Cano)”, resalta.

Malvina pudo saber que antes de que la mamá de Matías la llevara al hospital a su hija baleada, estuvo media hora tirada afuera de la casa. “En vez de llevarla a Urgencias, la sacaron a la vereda y se pusieron a limpiar adentro. ¿Por qué limpiás si no tenes nada que esconder? Tuvieron tiempo de hacer de todo. La policía ya sabía a las doce de la noche lo que había pasado. Pero no, esperaron a que Nati muera para recién ahí hacer el allanamiento y ya no había nada. Se llevaron todo, dejaron la casa vacía y desde ahí nunca más lo vi”, dice.

Al día hoy, Malvina no sabe por qué aquella amiga que Natalia había acobijado en su casa, con quien pasaba la mayor parte del tiempo, no contó nada. Brenda era la única que podía dar testimonio más fidedigno de lo ocurrido en esa casa. Sin embargo declaró que no vio nada. “Siempre estaban juntas, dormían juntas, no salía una sin la otra, eran muy íntimas. Las declaraciones de ella en la Fiscalía, que fueron varias, siempre resultaron cambiantes. Hasta el día de hoy no quiere hablar de lo que realmente pasó, dijo que ellas estaban afuera fumando y que el disparo vino de adentro. Pero no quiere hablar más que eso. Algunos dicen que puede estar amenazada. Estuvo en el velorio y después nunca más se acercó para hablar con nosotros, bajaba la cabeza”, afirma la mamá de Natalia.

Cada vez que a Malvina le llega un mensaje de vecinos y personas anónimas alertando la presencia de Matías en algún lugar, enseguida comienza un trámite tedioso para que la policía se apersone. “A mí me dicen que en tal lugar puede estar, voy y veo. Después le aviso a la policía, que se demora quince, veinte días. No lo buscan activamente”, comenta. No obstante, las amenazas a la mamá de Natalia no tardaron en llegar, le pedían que “pare la causa, que no se mueva más”, le dieron un botón anti pánico, pero dice que no le sirve de nada, ellos están ahí a una calle de su casa, “voy a haciendo denuncias y denuncias de cada cosa que pasa. Él está cerca”, destaca.

La comisaría 4ª de José León Suarez ya cambió cinco veces de comisario general desde el 2019 y en cada cambio Malvina se acerca a hablar para que no dejen el caso de su hija olvidado. “Es una lucha, porque empezaste con uno, después vas con otro y otro, nunca se termina. Siempre los sacan y es lo mismo, si trabajan con ellos. Entonces ¿a quién voy y denuncio? Si cuando yo salgo de una comisaría ellos saben primero. Ellos mismos le deben estar avisando que les van a hacer allanamiento, le hicieron miles pero nunca los engancharon”, remarca.

A los dos años del femicidio de Natalia, Malvina se enteró que estaban padre e hijo viviendo en Moreno. Fue hasta ahí, ubicó el lugar y le pasó el informe a la comisaría. Esperaron diez días para ir pero Matías ya no se encontraba ahí. Estaba el padre, Alejandro Pavón -quien cuando pasó el femicidio había pasado de un mes de que había salido de la cárcel por tenencia de arma y drogas- y lo detuvieron por ser el presunto facilitador del arma homicida. Sin embargo, sólo estuvo un par de semanas detenido, consiguió dos supuestos testigos que daban cuenta que él no había estado esa noche en que mataron a Natalia. “Nosotros buscamos más testigos y no había nadie más, ¿de repente aparecen estos? Es todo muy confuso”, expresa Malvina.

El pasado Día del Padre, se enteró que Matías estaba en esa casa donde mataron a Natalia, en donde hoy viven su padre y su abuela. “Supuestamente, según la policía, ellos pasaron por la casa y él no estaba afuera, pero sí podría haber estado adentro. Él tiene pedido de captura internacional. ¿Me vas a decir que tenés que esperar a un fiscal para entrar a una casa? Camina por Villa Hidalgo como si nada. No sabemos a quién recurrir ni con quién hablar. Yo hablo con el fiscal y me dice ‘sí, quédate tranquila’ y no es así, ya van a ser cuatro años que él está como si nada”, manifiesta. “Los testigos los buscaba yo, siempre me moví yo. Siempre saliendo de mí parte. Busco tanto y la justicia no te ayuda tampoco…no sabés para donde disparar. A mí me desespera que me digan que está ahí, cerca de mí”, dice Malvina.

Cuando Malvina recuerda a su hija, su expresión cambia, de repente la sonrisa entre tanta impunidad se hace inevitable. Es que Natalia “siempre estaba contenta, con su hermanos, con sus tíos, ella era la alegría, decíamos ‘acá llega la alegría’. Llega Nati y empieza la joda”, memorizó. Nati vivió siempre en el barrio, les gustaba cocinar, era fanática de Boca, iba a la cancha y no es raro ver muchas fotos de ella con esa casaca. Los sábados enseñaba danza a las niñas para combinar dos de las cosas que más amaba: bailar y pasar tiempo con los más chiquitos. “Amaba a los niños, yo tengo varios sobrinitos y ella se moría por ellos, iba temprano a buscarlos y estaba en la casa de mi mamá o los llevaba al jardín. Siempre feliz, nunca se iba a levantar de mal humor. Para ella no había gente mala, yo siempre le decía ‘no tenés que confiar en todo el mundo’, y ella respondía ‘yo soy así ma’, recordó Malvina.

Chaco es la provincia con la mayor tasa de femicidios

Chaco es la provincia con la mayor tasa de femicidios

El asesinato de Cecilia Strzyzowski puso en agenda nacional el problema de la violencia de género en la provincia norteña. Según el Observatorio de Mumalá este año ya mataron a 1,7 mujeres cada cien mil, la proporción más alta del país.

Desde 2020 que Chaco ocupa los primeros lugares en las estadísticas de femicidios en la Argentina. El caso de Cecilia Strzyzowski , -presuntamente asesinada por su pareja César Sena con complicidad con sus padres -Emerenciano Sena y Marcela Acuña-, originó el levantamiento masivo de la sociedad civil junto con el acompañamiento de los medios de comunicación y organizaciones feministas, evidenciando la problemática de la violencia de género en la provincia.  Según el último informe del Observatorio Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), denominado “Mujeres, Disidencias, Derechos”, desde el 1 de enero al 29 de junio del 2023 se registraron trece femicidios, ocho directos, cinco vinculados y un suicidio femicida. “Somos la provincia con la tasa de femicidios más altas del país, con 1,7 cada 100.000 mujeres”, expresa a ANCCOM Paula Ojeda,  la Coordinadora de MuMaLá Chaco.

MuMaLá nacional es una organización feminista, autoproclamada popular, porque surgió “al calor de la lucha y resistencia a las violencias de las políticas neoliberales con las compañeras piqueteras de Barrios de Pie”. Se define como “federal” porque tiene sedes con presencia en veinte provincias del país, y “disidente”, porque defiende los derechos LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexual, Trans, Travestis, Intersexual, Queer). Además, cuenta con un Observatorio Nacional llamado “MuMaLá Mujeres, Disidencias, Derechos” que ya cuenta con más de cinco años de producción de datos y estadísticas sobre femicidios, suicidios femicidios vinculados y trans-travesticidios. Por lo tanto, las altas tasas actuales no parece sorprenderle a  Ojeda, coordinadora de la sede chaqueña MuMaLá . “Es lamentable decirlo pero no nos sorprende. Lo que sí, la altura del año en la que estamos y que ya tenemos este índice tan alto. Generalmente, es más cerca de fin de año cuando ingresamos a este ranking nefasto. Sucede hace un buen tiempo ya, es triste pero lo estamos esperando”, afirma.

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, en una marcha realizada en Resistencia para exigir justicia.

Todos los meses, el Observatorio lanza un informe con datos recabados principalmente desde el seguimiento de casos que brindan los medios de comunicación. “Es un trabajo federal muy a pulmón con nuestras compañeras, revisando las noticias que salen de nuestros país”, afirma Ojeda

En este sentido, ya para 2022 el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) había registrado a Chaco, después de Tierra del Fuego, como la segunda provincia con la tasa de femicidios más altas en el país, situación que se viene repitiendo desde  2020 según los informes disponibles. Para Ojeda, estos números en las estadísticas están ligados al abordaje de la temática y su aplicación por parte del sistema judicial y policial. “Constantemente estamos diciendo que sin políticas públicas los femicidios no van a mermar. Acá tenemos mucha política pública para erradicar y sancionar la violencia de género pero a la hora de que se apliquen en el territorio es donde está la falla. Todo tiene que ver con que el accionar de la Justicia y la policía es muy lento”, afirma.

La desaparición y el presunto femicidio de Cecilia que “está conmoviendo a la sociedad y al país entero”, causó una reacción “más rápida de la Justicia, pero está totalmente relacionado con la visibilidad que se les dio desde los medios de comunicación de la provincia en primer lugar y a nivel nacional en segundo lugar”, aclara Ojeda y agrega: “También al acompañamiento  de movimientos feministas y a la indignación que generó en la sociedad que hizo que salgan a las calles a pedir esclarecimiento. Eso también hizo que la justicia actuó un poco más rápido”,  agrega.

La última vez que se registró con vida a Cecilia Strzyzowski fue el 2 de junio pasado, cuando estaba a punto de irse a un supuesto viaje a Tierra del Fuego junto con su pareja César Sena, con quien se había casado y posteriormente anulado el matrimonio. El sueño de empezar de cero con trabajo y casa en Ushuaia se truncó: los fiscales a cargo de la causa consideran que la familia Sena, que ocupaba lugares dentro de la dirigencia política de la provincia, hizo creer esa idea del viaje como parte de un “plan” para cometer el crimen y desaparecer los restos de Cecilia. Al día de hoy, sin identificación aún del cuerpo, hay siete imputados además de la pareja: Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena como coautores del presunto crimen; el chofer de ellos, José Gustavo Obregón y su mujer Fabiana González, el casero del campo que tenía la familia,  Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reinoso, estos últimos acusados de .encubrimiento agravado.

A más de un mes ya sin Cecilia, la coordinadora de MuMaLá Chaco tiene la esperanza de que signifique “un caso bisagra” para que la gente salga a reclamar “por políticas públicas efectivas y reales en su aplicación en el territorio. Así como se involucró con este caso, que salga a pedir justicia por los otros femicidios que tenemos en la provincia. Es muy importante que como sociedad nos involucremos. L os femicidios son un flagelo social”, recalca.

Asimismo, la organización exige por tercera vez  la declaración de la Emergencia en Violencia de Género al Estado Nacional. “Esperamos que tenga un apoyo de la ciudadanía, porque entendemos que la sociedad está indignada por la violencia de género en nuestro país, que realmente veamos cambios y cómo realmente se puede resolver con el accionar de espacios feministas como el nuestro y con el accionar de proyectos de ley que buscan cambiar el rumbo del tratamiento de la violencia y de los femicidios”, enfatiza.

Una manifestación, cinco muertes y un perito

Una manifestación, cinco muertes y un perito

«Maelström 2001» es el documental que reconstruye, a partir de las pericias del físico Willy Pregliasco, las cinco muertes ocurridas en Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001. Desde este jueves, podrá verse en el Gaumont.

El documental Maelström 2001 reconstruye la jornada de manifestación social ocurrida el 20 de diciembre del 2001, en la que cinco personas fueron asesinadas por parte de la Policía Federal tras una represión en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Juan Pollio, director y guionista del film producido por Conicet Documental, se basó en el peritaje que realizó el físico Guillermo Willy Pregliasco para la causa que condenó a las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos de alto rango por los crímenes ocurridos ese día.

Para Juan Pollio, lograr entender que pasó ese día fue el impulsor del proyecto, “Se sabía muy poco de que hubo un juicio y condenas. A 22 años permanece bastante desordenada la lógica que tuvo ese día, cómo empezó, cómo se desarrolló, por qué la violencia policial nunca pudo controlarse ni detenerse. Tampoco se sabe cómo fueron los asesinatos ni que hubo muchos más heridos de bala de plomo de lo que se sabe popularmente. También, entender que el estado de sitio decretado por Fernando De la Rúa no prohibía la protesta social. Y que los deberes de los funcionarios y las fuerzas era velar por la seguridad de las personas que se manifiestan, todo lo contrario a lo que hicieron”, afirmó.

Para las ocho de la mañana del 20 de diciembre, pese a que la noche anterior el entonces presidente De la Rúa decretara el estado de sitio por las manifestaciones masivas, oficinistas, motoqueros, jubilados, desempleados y una gran variedad de sectores sociales comenzaron a acercarse a Plaza de Mayo con el fin de protestar en contra de la crisis económica y política que atravesaba Argentina. “Eso del reconocimiento mutuo en la masa, de reconocerse en un ‘nosotros’, de abrazarte con gente que no conocés, creo que eso está en la película. Había cierta felicidad en ese encuentro de protestar por algo, de reconocerse en un ‘juntos’”, expresó Juan Pollio.

«A 22 años permanece bastante desordenada la lógica que tuvo ese día, cómo empezó, cómo se desarrolló, por qué la violencia policial nunca pudo controlarse ni detenerse», dice Juan Pollio, director del documental.

:La distancia en el tiempo con los hechos resultó todo un desafío para el director: “Descubrí el devolverle humanidad a las víctimas. Se va olvidando y se mira como con distancia y esto se trata de volver a construir esa empatía hacia las víctimas. El objetivo era reconstruir los momentos previos, el después, cómo había sido cada uno, su historia, cómo había llegado ahí, qué les estaba pasando, por qué decidieron ir a manifestarse. Algunos tenían formación más de la militancia, otros nada que ver y era su primera manifestación, otros salían de trabajar, pasaban por ahí y recibieron un disparo. Es interesante porque también te saca un poco del lugar común que el tiempo construye sobre los manifestantes y las manifestaciones”, aseguró Pollio.

El documental resalta parte del trabajo realizado por el físico Pregliasco, un programa en donde se sincronizaban todas las imágenes de video y de fotografías que había de ese día. Se podía filtrar por lugar y hora una escena en la medida en que hubiese material filmado desde diferentes lugares. Fue lo que le aportó al juicio que se hizo casi 13 años después del 20 de diciembre de 2001. “Es interesante esta cosa detectivesca que hace Pregliasco de encontrar herramientas en las imágenes para poder armar una cronología: desde los relojes que tienen puestos las personas, donde se puede ver en qué momento fue tomada esa imagen, a las sombras que hay en el piso por la posición del sol. Todos estos elementos empiezan a estructurar el día con imágenes analógicas que no tenían horario. Fue un trabajo que él hizo súper interesante y también apasionante”, afirmó el cineasta.

“Es interesante esta cosa detectivesca que hace Pregliasco, de encontrar herramientas en las imágenes para armar una cronología: desde los relojes de las personas a las sombras por la posición del sol», dice Pollio.

A mediados de los años 90, Pregliasco trabajaba con el doctor Ernesto Martínez en un laboratorio de propiedades ópticas de materiales, respondiendo consultas judiciales para la reconstrucción de accidentes viales. “Un día aparece gente de La Plata en un camión de Penitenciaría con un comisario esposado y un libro: era el de la comisaría donde estaba asentado que había ingresado Miguel Bru al destacamento. Cuando lo matan, lo borran de la entrada del libro y escriben otro nombre encima”, comentó el físico. Ese caso fue el puntapié para empezar a participar en peritajes de causas judiciales de violencia institucional. “Hoy el Conicet acepta las pericias como trabajos relevantes de los investigadores, no fue hace mucho que se instauró el Programa Nacional de Ciencia y Justicia, que articula las demandas del Poder Judicial con la ciencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el método científico”, comentó.

Para Pregliasco, ver todos los días por más de un año esas imágenes, lo llevó a descubrir que de la manera en que ese día la gente se manifestó, nunca más volvió a verse. “Para mí la estrella de la película es la gente en la calle’. Existía una base social que era distinta, se llega al 20 de diciembre del 2001 con una creatividad de organización social como los grupos barriales, el trueque, los movimientos piqueteros, los cacerolazos, todos unidos. Cuando la gente se embronca, actúa y esa fecha hizo que se vaya un presidente. Era una sorpresa y una indignación que a vistas de hoy suena rara, porque hoy vas a una marcha pensando en que mi cuerpo puede recibir un balazo, en ese momento era impensable que eso pudiera suceder. De alguna manera, seguía vigente el pacto del ‘Nunca Más’, ese pacto se rompe ese día”, expresó el físico.

«Estamos siendo condenados por una justicia injusta»

«Estamos siendo condenados por una justicia injusta»

Este jueves se cumplen dos años de la muerte de Micaela Rasconvsky. Sus padres organizan una marcha y exigen que el caso se investigue como un femicidio.

En la mañana del 13 de abril del 2021, Sebastián y Patricia, papás de Micaela Rascovsky quien en ese momento tenía 25 años, se enteraron a través de las palabras de su yerno Guido Pascuccio que su hija estaba muerta en el departamento que compartían los jóvenes en el barrio porteño de Villa Ortúzar. «Tu hija no se qué mierda tomó pero está muerta, está viniendo Criminalística a buscar el cuerpo», fueron las palabras que el novio de la chica disparó, para instalar la idea de un suicidio. Sin embargo, la autopsia reveló que tenía golpes, signos de defensa y de haber sido amordazada y rastros de semen de dos hombres.

A dos años de su muerte, la lucha de la familia de la víctima es por cambiar la carátula de «abandono de persona» a «femicidio”. Mientras, Pascuccio está imputado y en libertad, aunque imputado. Y este jueves, desde las 18, se realizará una marcha en Escobar, donde viven los padres de Micaela, en reclamo de justicia.

‘Miqui’, como la llaman sus padres, estuvo 17 años de su vida yendo y viniendo con su mamá a hospitales desde la localidad de Maquinista Savio a la Ciudad de Buenos Aires para tratarse por su labio leporino. «Eso la hizo fuerte, amaba tanto ir a esos lugares que dijo: ‘El día de mañana quiero ser médica y quiero ayudar como me ayudaron a mí’, recuerda Sebastián.

Al crecer concretó su deseo y comenzó a estudiar medicina en la UBA. De esa manera conoció en la parada del colectivo, yendo a la universidad, a una mujer que vendía pan casero y no le alcanzaba para comprar los remedios para su esposo. «Ella se fue a la facultad y habló con Dios y María Santísima para que le consiguiera ese medicamento. Al otro día se los dio a la señora. Esa era Mica, esa personita que nunca te iba a dejar tirado. El ayudar era algo muy fuerte en su esencia», agrega.

Micaela y Guido Pascuccio se habían conocido en 2018 pero no coincidieron más que un par de meses. Volvieron a reencontrarse en tiempos de pandemia y decidieron comenzar una relación con proyección de conformar una familia. Pero el sueño de Micaela se vio truncado al desarrollar un embarazo molar -aquel que se produce cuando el embrión crece en las trompas de Falopio- y que le podría haber causado un cáncer. 

«Mica me contaba que discutía mucho después de haber perdido el embarazo. El sábado anterior a su muerte, me dice que habían discutido y que él le había pegado tres cachetadas. Era la primera vez que ella me decía que le había levantado la mano. Yo la  quise ir a buscar, pero ella volvió a acceder ante el pedido de disculpa de él, esas maniobras que hacen los psicópatas, perversos. Ella quería quedarse y resolver», dice Patricia.

Su mamá asegura que Micaela estaba comenzando a visualizar la manipulación por parte de él. «Recién estaba empezando a correrse del lugar de culpable por haber perdido un embarazo y que él la hacía sentir así», afirma. Y agrega que la chica le había pedido préstamos que en realidad tenían como destinatarios a los padres de Pascuccio.

Es que Micaela tenía una relación de cercanía con sus suegros: el día anterior a su fallecimiento, los contactó para pedirles ayuda y así sacar a su hijo de las drogas. «Si ella tenía que trabajar más y pagar un tratamiento para él, lo hacía, pero sí o sí Guido necesitaba una ayuda para sacarlo de la cocaína. Cuando conocimos al suegro personalmente, le preguntamos por esa conversación que había tenido con Micaela, pero la negó. Y cuando la Fiscalía nos entrega todos los chats impresos y vemos la charla hasta le mandó fotos de los golpes que recibía y le dijo que no se podía ni levantar de la cama», comenta Sebastián. Horas después Micaela murió.

Pascuccio, al contradecirse en la indagatoria entre su relato y las pruebas que había al momento, quedó detenido y se caratuló la causa como «homicidio/femicidio». Sin embargo, cuando el expediente llegó a la Cámara de Casación para ser confirmada o rectificada la imputación, aún faltaban pruebas por recabar, por lo que la cambiaron a “abandono de persona agravada por el vínculo”.

«Él declara que estaba durmiendo a las cuatro y media de la madrugada y se despierta porque escuchaba ruidos en el living, se levanta y la ve a Mica convulsionando dando ‘saltos’ en el piso. Por eso, supuestamente los golpes que presentaba Mica, por eso también tenía los nudillos pelados. Tenía los deditos mordidos, trece golpes en su cuerpo y semen de dos masculinos en su ropa interior. Todo era por la convulsión…ironía mía. Acá hay un cuerpo que habla, que se defendió», expresa su padre.

Después de un año y medio preso, y al no tener la condena firme, el juez Manuel Gorostiaga le permitió a Pascuccio pagar una fianza de tres millones de pesos para conseguir la excarcelación e incluso le permitió vacacionar en Mar Chiquita.

Sus padres intentaron demostrar el femicidio pagando de forma particular la cuantificación de la droga en el cuerpo de Micaela. No pudieron, los insumos sólo entran por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “Como no está esa prueba y no hay una cámara que muestre que a Mica la podrían haber drogado, para quizás realizar un abuso, para matarla de manera vengativa por lo que había hablado con los padres o algo que mi hija haya visto, la calificación queda hoy como abandono de persona agravada por el vínculo, ejerciendo por violencia de género y lesiones leves”, expresa Patricia.

En esta etapa, se introdujo la figura de violencia de género porque se demostró que tenía golpes infringidos de hasta cinco días atrás.  “Hasta el momento es eso, nosotros peleamos por la carátula que corresponde, nosotros sabemos que lo de Mica fue un femicidio.”, enfatiza la madre.

«Un periodista nos preguntó porqué pensamos que Mica, a pesar de toda esa violencia que vivía, no se fue. ¿Sabés por qué no se fue? Por culpa nuestra, por haberla criado con tanto amor, porque siempre le enseñamos que si amás nunca sueltes la mano y hoy con el diario del lunes me arrepiento. Quería ayudar, lo quería sacar, que haga un tratamiento, porque esa era la manera de ser de Mica”, comenta Sebastián. Patricia remarca: “Acá no hemos fallado nosotros como papás, no ha fallado Mica como persona, como mujer. Ha fallado la otra parte que ha abusado, que ha ejercido todo tipo de violencia hacia mi hija, la física, la psicológica y la económica”.

Además, los padres reclaman la falta de perspectiva de género en los profesionales judiciales. «Fuimos condenados el 13 de abril por Guido Pascuccio y el otro asesino. Vamos a estar condenados hasta el día cerremos los ojos. Pero también estamos siendo condenados por una justicia injusta. Hay un porcentaje de culpa que tiene la víctima para la justicia, por no irse, por callar, por no denunciar en el momento”, dice Sebastián. «Es importante que se sepan las cosas, que se dejen de tapar, de callar. Hoy cargamos con este dolor, entonces si sabemos algo es que por lo menos la muerte de Mica tiene que servir, o yo por lo menos me lo propongo como mujer, que otras mujeres abran los ojos y estén alertas, porque hombres como Guido Pascuccio están en todos lados. No vamos a parar, si era lo único que teníamos Miqui», cierra Patricia.

En ese marco, hoy, desde las 18, los familiares de Micaela realizarán una marcha de velas en Escobar, que partirá desde la Plaza del Campito, de esa ciudad.

 

Presentan en la ONU un informe alternativo sobre las personas con discapacidad en la Argentina

Presentan en la ONU un informe alternativo sobre las personas con discapacidad en la Argentina

Organizaciones de la sociedad civil advierten sobre barreras estructurales y la aplicación de viejos paradigmas médicos que son discriminatorios.

Durante esta semana, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está en Suiza mostrando los avances en políticas públicas en relación a las establecidas por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Naciones Unidas, al cual se adhirió desde el año 2008. Como contraparte, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), en conjunto con otras organizaciones civiles argentinas, también presenta en ese país un Informe Alternativo ante la ONU donde advierten la existencia de barreras estructurales y la persistencia de un viejo paradigma médico que discrimina y excluye, dificultando la autonomía y el acceso a derechos de las personas con discapacidad funcional y psicosocial.

Gabriela Troiano es parte de la elaboración del informe de REDI y la encargada de defenderlo en Ginebra. “Esta convención, tiene la particularidad de que fue redactada por las organizaciones a nivel mundial de personas con discapacidad. Es una cuestión clave. Por eso, el lema es ‘nada sobre nosotros, sin nosotros’. Instauró el modelo social de la discapacidad, en donde elimina el criterio de que si en una familia hay una persona con discapacidad es solo responsabilidad de la familia, sino que toma como una responsabilidad social”, expresó la docente universitaria, también, y miembro del Consejo Provincial por la Discapacidad Visual en Representación de la Sociedad Civil. Además, declaró que “la discapacidad está fundada en la existencia de barreras, no en la condición de la persona, más allá de que esa condición la tiene. Las barreras pueden ser físicas, como por ejemplo el tema de las rampas. Pero hay también  barreras comunicacionales y actitudinales”

Las barreras físicas, como el acceso al transporte público con autonomía para las personas con discapacidades no se salda con un tema económico, “En el país los pasajes son gratuitos pero cuando vamos a la parte de realmente acceder, la mayoría de los micros fuera de CABA no tiene pisos bajos. Entonces, las personas con discapacidad no pueden subir, tampoco los adultos mayores. Somos personas, el Código nos establece que somos iguales ante la ley, pero en la práctica no nos vamos a poder mover o corremos ciertos riesgos. O por ejemplo, yo tengo discapacidad visual y ante un semáforo que no tiene sonido, no voy a poder cruzar. Estas barreras hacen que las personas no puedan acceder en igualdad de condición y oportunidades que las personas sin discapacidad”, afirmó Troiano. 

Siguiendo las concepciones de la Convención, Troaino afirma que lo que hay que eliminar son las barreras según la necesidad de cada persona: “No depende de la condición que uno tiene, sino del ambiente en el que te desenvuelves. Si una persona con silla de ruedas vive en un lugar donde tiene rampas por todos lados y pisos bajos en los colectivos, no son las mismas condiciones que otro usuario de silla de ruedas que vive en calle de tierra. Por eso se tiene en cuenta no solo la patología sino también el entorno social”, afirma.

Según Troiano, la falta de estadísticas y datos sobre las situaciones de las personas con discapacidad es otra de las barreras que impiden la elaboración de medidas acordes, destacadas en el informe como actitudinales. “Por ejemplo, el último Censo Nacional del país abarcó una sola pregunta acerca de la existencia en el hogar de personas con discapacidad pero no cuántas había. Para poder elaborar políticas públicas hay que tener información. Las personas con discapacidad visual no tuvimos acceso al censo digital, porque no era apto para lectores de pantalla y era engorroso”, explicó la docente.  

Un eje importante del informe presentado ante la Convención, que trunca la autonomía de las personas con discapacidad es la propia capacidad jurídica. “El Código Civil que se modifica en el 2015, saca la figura de curatela pero establece capacidad restringida, que es casi lo mismo y las personas que ya venían con el proceso anterior tienen que hacer todo un proceso judicial para eliminarla. Como no hay un protocolo estandarizado en la justicia, muchas veces no tienen en cuenta lo que la persona dice sino lo que dice el médico. Entonces no decide la persona sino que está decidiendo otro, se lleva adelante por patología, algo que discutimos mucho”, señala.

En este sentido, Ana Heredia, investigadora del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y Terapista Ocupacional, expresa: “El derecho a la autonomía que la justicia imposibilita jurídicamente, bajo esta curatela, es a poder decidir sobre sus bienes y hasta en lo cotidiano. Se pide al Estado que se revise ese acceso a la justicia que tienen sobre todo las mujeres y niñas con discapacidad. ¿Por qué no se decide cuáles van a ser los sistemas de apoyo y los ajustes razonables como plantea el Código Civil? Falta esa armonización legislativa que teóricamente se avanza pero en la práctica es donde nos cuesta encontrarlo. Todo depende de las dificultades que las personas con discapacidad van encontrando”, afirma.

La terapista Heredia, que también participó en la elaboración de otro informe para Naciones Unidas de REDI sobre los derechos de la mujer con discapacidad en la Argentina, destacó la falla en el acceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al no ejercer su consentimiento. “No está regulada la utilización de métodos anticonceptivos de mujeres que están institucionalizadas sin su consentimiento. Esto tiene que ver con el derecho a la salud sexual reproductiva y es una práctica cotidiana. Las mujeres con discapacidad no tienen el derecho a maternar. Es un derecho negado, ligado al modelo rehabilitador anterior que no tenía en cuenta la opinión del usuario. Hay un cambio de paradigma pero hay muchas instituciones que siguen paradas bajo este modelo más tutelar. Se niega la sexualidad de la persona con discapacidad y en las mujeres es mucho más fuerte esa negación.”

En este sentido, Heredia remarca la importancia de una mirada interseccional en las políticas públicas: “La importancia que tiene pensar medidas que sean integrales y que puedan entender las diversidades funcionales. Desde un enfoque integral para no caer en esas miradas reduccionistas del cuerpo y de todo el prejuicio que hay. Muchos de los puntos son situaciones que venimos denunciando en distintos niveles donde se requiere que el Estado sea controlador y el mecanismo que regule estas cuestiones”.