Sep 29, 2016 | inicio
Sesenta sillas instaladas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Acoyte, en el porteño barrio de Caballito, trazan una metáfora viviente. Buscan emular las sesenta bancas que componen el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sillas de plástico color negro, más austeras que aquellas sobre las que reposan los legisladores durante las sesiones. En la calle, los ocupantes de los asientos son los vecinos del barrio que, por quinta vez, resisten la instalación del “shopping más grande de la Capital” que auguran los adalides del negocio inmobiliario.
La cita fue convocada para conformar un “Parlamento de Vecinos” desde el que se llamó a participar a los habitantes de Caballito y barrios aledaños como Almagro, Boedo, Villa Crespo, y Flores. Algunos de los organizadores no están agrupados, mientras que otros pertenecen a Encuentro en Defensa del Espacio Público, Corredor Verde del Oeste, SOS Caballito, Asociación de Comerciantes de Gaona y Adyacencias, y partidos políticos. El objetivo de conjunto es rechazar proyecto de ley enviado el 15 de septiembre por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura para permitir la instalación de un shopping del Grupo Irsa en los terrenos aledaños a las vías del tren y laterales al Club Ferrocarril Oeste. Por quinta vez, el gobierno porteño intenta aprobar la “deszonificación” de los terrenos ubicados sobre la Av. Avellaneda entre Fragata Sarmiento y Olegario Andrade, para que puedan ser destinados a la construcción de un megacentro comercial.
Corte de calles Acoyte y Rivadavia, en rechazo al nuevo intento de construir un shopping.
La acción del martes por la tarde no escapa a ciertas normas de civilidad: se corta medio carril de cada avenida y, cuando el semáforo se pone en rojo, los vecinos se despliegan sobre los otros carriles. Todos se repliegan cuando llega el verde.
Algunos vecinos funcionan como capas tectónicas; vienen organizados “desde la asamblea conformada en 2001”. Otros fueron parte de la resistencia a los anteriores intentos por parte de un gobierno del PRO de instalar el shopping. Hay banderas y pancartas ya gastadas, otras hechas para la ocasión. “S.O.S Caballito, barrio de casas bajas”, “Ningún shopping vende oxígeno”, “Basta de priorizar el negocio inmobiliario sobre nuestra calidad de vida” y la que más se repite: “Sí al Parque Caballito, No al shopping de Irsa”.
Las contrapropuestas al shopping no son ajenas a los impulsores del Parlamento de Vecinos que proponen que los terrenos en cuestión sean destinados a la creación de un parque. “Estamos cortando la calle porque desde 2013 se vienen presentado proyectos en la Ciudad, también hubo en Congreso, para que esos terrenos se destinen a un parque. Creemos que tiene que haber un proyecto alternativo al del Ejecutivo que garantice más espacios verdes, públicos. Ahora se está consensuando un nuevo proyecto y aspiramos que se consiga la firma de todos los integrantes de la Legislatura. Sabemos que no vamos a contar con las del PRO que tiene 28 votos y necesita 31 para su shopping. Y nosotros debemos reunir 31 para el parque”, dice el ex comunero y actual integrante de Proyecto Parque Caballito – Encuentro en Defensa del Espacio Público, Martín Iommi.
El objetivo de conjunto es rechazar proyecto de ley enviado el 15 de septiembre por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura para permitir la instalación de un shopping del Grupo Irsa en los terrenos aledaños a las vías del tren y laterales al Club Ferrocarril Oeste.
Al proyecto inmobiliario de Irsa, se suma el caso de un colegio que podría ser demolido para la edificación de emprendimientos inmobiliarios. “También estamos sufriendo muchos cortes (de servicios) frente a tanta construcción, y en particular porque en el ex Colegio Santa Rosa se pretenden construir torres donde nosotros queremos que haya una escuela y un jardín público”, agrega Iommi. Y concluye: “Estamos pensando que no solo es un momento de resistir, sino que estamos en condiciones de soñar con un parque, una escuela y un jardín, para empezar a construir, desde los barrios, la Ciudad que queremos y no que lo haga el Jefe de Gobierno con las corporaciones”
“Para construir el shopping se debe rezonificar la parcela, si lo hacen están en condiciones de levantar un edificio de 75 mil metros cuadrados, con un estacionamiento de 50 mil metros cuadrados. Estamos hablando de un barrio en donde, por ejemplo, este verano, de madrugada, los vecinos no conseguían llenar el tanque de agua ni siquiera en viviendo en un PH. Va a ser un colapso y el único interés que se está contemplando es el de IRSA. La ley dice que debe haber una audiencia pública previa a la presentación del proyecto y todavía no hubo nada, además de que no son vinculantes. Los vecinos no queremos más cemento, queremos parques”, apunta Estela mientras sostiene una pancarta.
Juan Carlos vivía en Caballito y se mudó a unas cuadras hacia Flores pero igual participa en el reclamo. “Hay una invasión tremenda de edificios por la especulación inmobiliaria, después vienen los cortes de luz, la baja presión de agua, se tuvieron que cambiar las líneas de gas. Otro problema son las torres que están sobre la Avenida Lorca, al lado de Ferrocarril Oeste, que consumen el equivalente a 16 manzanas de casas bajas. Por eso, ya sabemos lo que pasa. Y los días en que hay partido se llena de autos, imaginate lo que va a pasar con más torres o con el shopping”, explica.
“Sí al Parque Caballito, No al shopping de Irsa”, una de las consignas de la protesta.
Algunos vecinos concurren después de buscar a los chicos del colegio, hay quienes visten camisa, caras de señoras maquilladas y con perlas, y jóvenes con el termo y el mate. Tres patrulleros custodian el corte.
Con 26 años, Daniela piensa en las actividades culturales que hacen con su agrupación Felipe Vallese en el playón que está detrás de los terrenos en cuestión, y en las “cerca de 40 familias que están asentadas ahí y que pueden verse afectadas por este proyecto”. Mientras tanto, algunos pasan y preguntan por qué el alboroto, los vecinos de este lado –de la organización de la protesta- exhiben en detalle y con calma los argumentos que empiezan, finalizan y se sintetizan en #SiAlParqueNoAlShopping
Todos los consultados repiten el mismo dato: la Organización Mundial de la Salud recomienda cerca de 10m2 de espacios verdes por habitantes. La Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, sobre la base de datos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, indica que la Capital Federal no llega a los seis metros cuadrados por habitantes. “Esta es la comuna con el menor promedio, tenemos menos de un metro cuadrado de espacios verdes por persona. Entonces no necesitamos más torres, ni más negocios, necesitamos verde. Acá los parques están colmados. La alternativa no es shopping o baldío, nosotros decimos sí al parque, que esté urbanizado y donde puedas cruzar desde la avenida Avellaneda a Rivadavia sin dar vueltas”, dice Carlos, de 60 años, mientras alienta a que la gente ocupe las “bancas”.
Rodríguez Larreta aparece en la máscara de un comediante. “Sobran alumnos y sobran escuelas”, dice. Y sigue: “Estaría buena la Ciudad de Irsapolis”. La tribuna grita y chifla. Después de la alegoría, desfilan actuales y ex legisladores: Gustavo Vera (Bien Común), Javier Andrade (Frente para la Victoria), Claudio Heredia (Bloque Peronista), los radicales Hernán Rossi y Marcelo Guouman (Suma +), Alejandro Bodart (MST), y María José Lubertino (FpV). También comuneros, y referentes de partidos y organizaciones sociales.
Además de banderas y pancartas, hay una mesa que colecta firmas para el petitorio de apoyo. Mientras algún orador lanza consignas o críticas a la gestión actual se escuchan aplausos, arengas y abucheos, según corresponda. Un vecino pasa y grita: “Acá a tres cuadras, no hay luz”.
Actualizado 28/09/2016
Sep 14, 2016 | inicio
El proyecto de implementación del voto electrónico está rodeado de llamados de atención. ANCCOM dialogó con especialistas, informáticos, politólogos y comunicadores para detallar los argumentos de quienes sostienen que el nuevo sistema pone en riesgo los principios fundamentales del voto consagrados en la Constitución Nacional y en las normas electorales. Los expertos explicaron las razones para desandar el laberíntico camino de los defensores del sistema que encierra al engendro mitad máquina, mitad papel, alertaron sobre el riesgo de elecciones controladas por escribas, y pusieron en duda las promesas de una ilusión modernizadora.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso propone el reemplazo del instrumento de votación para pasar de las boletas múltiples partidarias a la boleta electrónica. Sin embargo, sus pretensiones exceden ese punto. El texto también incluye modificaciones referidas al orden de la oferta electoral, el funcionamiento de las PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias), la unificación del calendario electoral y las atribuciones de la autoridad de aplicación, entre otros puntos.
La implementación del voto electrónico o “boleta única electrónica” está en el centro de esa discusión más amplia. El gobierno apuesta a conseguir su instrumentación como un mecanismo seguro contra el robo de boletas, el clientelismo y las colectoras.
Quienes se abocan al estudio del voto electrónico definen nuevos y viejos problemas y mencionan la presencia de otros actores con capacidades de vulnerar el proceso electoral.
Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte sobre “una reforma irresponsable”. Y sentencia: “Los problemas no se ven y entonces no se puede articular una resistencia. Es la peor amenaza desde el retorno a la democracia”.
Beatriz Busaniche- fundación Via Libre.
Javier Smaldone es programador y administrador de redes en sistemas y, como Busaniche, participó de la reunión plenaria de comisión de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto oficial. También advierte sobre ciertas debilidades de la iniciativa. “Incorporar tecnología acríticamente no es modernidad, pero acá lo que hay es un afán por agregar tecnología informática donde sea, por más que en muchos lugares no las usemos, ya sea por cuestiones de costos o confiabilidad. Nosotros no nos oponemos al uso de la tecnología informática en general, decimos que hay que tener cuidado con cómo y dónde se usa. Sí somos contrarios a su uso en la emisión del sufragio. Ahí no se debe aplicar porque el estado del arte indica que no hay garantías”, advierte.
Otra de las voces de alerta es la del matemático y especialista en seguridad de los sistemas de información Enrique Chaparro. Fue uno de los expositores del debate “Voto electrónico: mitos y verdades”, organizado por la Fundación Vía Libre que también integra. En ese marco, Chaparro advirtió que las reservas sobre el proyecto exceden las cuestiones técnicas. “Es un problema también conceptual, no podemos construir máquinas de voto electrónico seguras, ni relativamente seguras, con los conocimientos que tenemos al alcance porque sus requerimientos son distintos de cualquier otro sistema”, explicó durante la charla en el ND Ateneo de la que participó ANCCOM.
Secreto vs rapidez
Los funcionarios nacionales defensores del nuevo sistema hablan de la necesidad de exigir un sistema de votación “fácil y rápido”. Para Busaniche esas no deben ser las principales pretensiones. “El voto tiene que ser secreto, universal, y se debe preservar la integridad de la voluntad del votante. Pero cualquier implementación de voto electrónico implica desatender al menos una de estas características que el sistema electoral debe asegurar. Es el teorema de la sábana corta, si velas por la integridad lo podés hacer pero a riesgo del secreto. No es un cajero bancario, ahí garantizás la integridad de la transacción pero no podés tener secreto, y si velás por el secreto dejás desprotegida la integridad. Entonces, todas esas características son posibles de vulnerar, posibles, pero lo que es seguro es que vas a eliminar la auditabilidad por parte de los ciudadanos. Ese derecho se pierde”, sentencia.
Smaldone va incluso un poco más allá. Y subraya: “El secreto del voto tiene que ser una garantía que le debe constar al votante. Porque principalmente las personas más vulnerables, que dependen de un plan social, o incluso cualquier otra, pueden ser amenazadas por un puntero que los convenza que puede saber cómo votaron. Y ante la duda, ¿qué va a hacer el elector?”
Desde el escenario de ND Ateneo, Chaparro desandó los argumentos técnicos y advirtió que “algorítmicamente un sistema de voto electrónico no es algo particularmente complicado de construir”, pero subrayó que “el problema es pedirle que garantice cosas que son contradictorias entre sí”. “Le pedimos que el voto sea íntegro en todo su recorrido, que el votante efectivamente vote lo que pretendía votar, que se registre lo que votó y que se cuente lo que se registró. Pero además estamos pidiéndole que haya desvinculación absoluta e irreversible, es decir, en cuanto fulano emitió su voto no tiene que haber ninguna conexión posible entre ese resultado y quien lo hizo. Es imposible garantizar que se mantengan simultáneamente verificabilidad, integridad y privacidad perfectas. Al diseñar un sistema electoral uno tendría que resignar algo de eso”, explicó.
Joaquin, joven que descubrio fallas en el sistema del voto electronico en Argentina.
Fiscales, fraude, hacking
Tomás Aguerre, politólogo e integrante del colectivo Artepolítica, reivindica la presencia de los fiscales en el proceso.“El respaldo papel es solo un resguardo – insuficiente en sí mismo- para evitar inconvenientes graves del voto electrónico. Y aún si es cierto que los sistemas electrónicos pueden llegar a disminuir los riesgos con el respaldo en papel, tenés que chequear. Entonces los fiscales se necesitan igual”, explica.
Las autoridades de mesa abren las urnas donde se encuentran las boletas o respaldo en papel, deben retirarlas y acercarlas a la máquina -la misma que se usa para votar, se emplea para contar- que leerá el contenido del chip y contabilizará el voto. Allí, en teoría, se debería corroborar si lo que fue impreso en la boleta coincide y se refleja correctamente en la pantalla. No sólo si el partido o candidato es el efectivamente seleccionado sino también el número de votos que contiene el chip de la boleta.
Aguerre menciona distintos videos de las últimas elecciones provinciales en Salta en los que se puede ver que las autoridades de mesa acercan la boleta sin siquiera mirar la pantalla de la máquina.
En línea con Aguerre, Smaldone, afirma: “La base del sistema debe ser la fiscalización de los partidos y de los ciudadanos. No confío en un sistema que prescinda de los fiscales”. Y remata: “Combatir el robo de boletas con la boleta única electrónica es querer matar mosquitos a cañonazos”.
Además de la fiscalización por parte de los partidos políticos los referentes se detienen en particular en quiénes tienen la potestad para auditar el proceso. Smaldone dice que “hoy el control lo hace el ciudadano, cualquiera puede denunciar fraude”. Un sistema auditable únicamente por especialistas “es un sistema basado en la confianza en terceros”, concluye.
El voto electrónico, alertan los especialistas, podría ¿abaratar? el fraude con nuevos actores.
El común de los ciudadanos no puede interpretar el proceso de auditar una elección sin ayuda externa. Un protocolo es tolerante a fallas bizantinas [aquellas que hacen que el sistema continúe, dando impresión de funcionar como se espera] cuando es posible tener una mayoría honesta que mantenga correctamente la ejecución del protocolo. Esto sucede en los sistemas manuales porque hay cooperación adversaria: el fiscal del partido A colabora con el del B no porque sean amigos sino para que el B no obtenga ventajas indebidas y recíprocamente. Nuestros sistemas manuales son resistentes a esas fallas, el problema es que cuando ponemos una máquina, que siempre es tautológica, dice cosas sobre sí misma, pero no admite un control externo inmediato en cada paso.
Smaldone completa el argumento: “La auditoría es necesaria porque el ciudadano no lo puede controlar, y nunca va a ser concluyente”.
Y Busaniche agrega otra complejidad: “Está también la cuestión de la propiedad privada porque todo lo relacionado con software está regulado por propiedad intelectual. Entonces muchas veces se ha usado a nivel internacional la cuestión de la propiedad intelectual para obturar la auditoría autónoma. En otros casos en que se permitió la auditoría, se inhabilitó la publicación de los resultados porque vulneraba la propiedad intelectual de los titulares del derecho”.
El nivel de independencia de las auditorías (la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA auditó el sistema de voto electrónico utilizado en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires) también forma parte de la discusión pendiente.
El pasado 06 de septiembre, en el ND teatro, se realizó una conferencia para que distintos panelistas expongan sobre el voto electronico y sus posibles implicancias. Organizó la fundación via libre.
Sábanas, personalismos y estructura
Los sistemas de votación electrónica implementados en el país proponen al ciudadano un menú de dos opciones: “votar lista completa” o “votar por categorías”. Este menú genera un contrapunto entre quienes sostienen que se alienta el arrastre horizontal -o por la negativa, desalienta el corte de boleta- y quienes acreditan que el sistema alienta el voto cruzado, lo que derivaría en uno de los temores de politólogos y estadistas: un gobierno dividido y la posible parálisis institucional.
Una característica que no es ajena al sistema actual de boleta partidaria es lo que popularmente se conoce como listas sábanas: “Con este proyecto de reforma tampoco se disuade la lista sábana en sentido horizontal, esto es, la lista a distintas categorías pegadas entre sí, porque la primera alternativa que ofrecerán las pantallas será la de votar la lista completa. Por otro lado, el artículo 15, que regula el diseño de las pantallas, sostiene que en el caso de candidaturas legislativas debe figurar en la pantalla ´al menos´ el nombre y apellido del primer candidato. Es decir que el elector decidiría sobre el primer candidato sin conocer nunca el nombre y apellido del resto de los integrantes de la lista”, advierte Tomás Aguerre.
Obsolescencia y medioambiente
La obsolescencia -muchas veces programada- de los electrodomésticos o máquinas que cualquier ciudadano adquiere habitualmente fuerza en cierto tiempo a mantener o renovar los dispositivos. Sin embargo, cuando se trata de tecnología implementada a procesos electorales, el problema se complejiza. “En los lugares de Estados Unidos donde se implementó el voto electrónico, tienen el problema de que las máquinas ya tienen en su mayoría más de diez años y las empresas no siempre hacen soporte o no podés comprarles porque quizás la firma ahora se dedica a fabricar otras cosas. Te atás a que esa empresa las quiera actualizar”, comenta Aguerre en diálogo con ANCCOM.
Busaniche también suma a esa explicación: “Algunos argumentan que dejar de imprimir millones de boletas en papel traerá beneficios ecológicos, pero hasta donde yo sé el papel es reciclable. En cambio las cosas que componen un equipo de votación electrónica tienen daños en toda la cadena: las toneladas de litio usadas en la fabricación de las baterías de las máquinas -esos aparatos deben tener autonomía frente a eventuales cortes de electricidad- generan daños posteriores por los residuos”.
El abogado del joven programador que descubrió fallas en el sistema de voto electronico en Argentina.
¿Integrados al mundo?
En la actualidad, sólo siete países tienen boleta electrónica para votar: Bélgica, Venezuela, Brasil, Estonia, India, Filipinas y algunos distritos de Estados Unidos. Entre los países que lo implementaron y volvieron al sistema de papel figuran Alemania y Holanda.
“Las objeciones no son ocurrencias nuestras sino que se trata de los que se está discutiendo e investigando en el mundo. El problema de las elecciones es una inquietud universal, no son cuestiones locales. Hay que atender a las experiencias internacionales, no para trasplantarlas ni despreciarlas”, explica Smaldone.
Y sentencia: “El sistema más utilizado en el mundo es la boleta única papel, también llamada ´australiana´ porque allí se implementó por primera vez en 1856. Es decir, no es una cuestión improvisada, o un capricho nuestro. En cambio el voto electrónico, la tecnología electrónica de votación tiene cincuenta años”.
Ninguno de los consultados se anima a afirmar con certeza las razones del gobierno nacional para resistirse a oír las innumerables críticas al sistema electrónico de emisión del voto. “Honestamente no sé cuáles son las razones pero sí sé que para el macrismo es llevar la campaña electoral hasta el momento mismo en que se está votando, hasta el último momento de la elección. Es saltearse todo límite que te pueda poner la ley de no hacer campaña electoral con la obra pública, es el emblema de la obra mayor del PRO y es llegar a la elección presidencial con eso sobre la mesa”, arriesga Busaniche.
Actualizada 14/09/2016
Ago 8, 2016 | inicio
Antes de empezar a andar, los grupos sirven algo caliente y reparten alfajores Guaymallén. La organización se ve por todas partes: movimientos con pecheras, gorras, banderas, carteles, viandas, micrófonos y repertorio de canciones, viandas. También tuppers con empanadas llevadas en carros, bolsones de maíz inflado para el trayecto, packs con botellas de agua. Muchos vinieron en familia, con chicos en brazos, cochecitos o de la mano. Hay planificación, no pueden improvisar en una caminata de trece kilómetros.
La movilización reunió a trabajadores de la Economía Popular de todo el país agrupados en la CTEP junto a Barrios de Pie, la CCC (Corriente, Clasista y Combativa) y otras organizaciones populares.
El tradicional paisaje de cada 7 de agosto en el barrio de Liniers está alterado. A los feligreses de la iglesia de San Cayetano se suman hoy miles de militantes de organizaciones sociales. Pero ellos no quieren ingresar al templo, sólo se proponen marchar por la avenida más larga del mundo. La Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el movimiento Barrios de Pie se preparan en el cruce de Rivadavia y Cuzco, bajo el paraguas de dos frases “Paz, Pan y Trabajo” y “Tierra, Techo y Trabajo”. Dos consignas que para el lector desprevenido puede sonar redundantes. Sin embargo, ambas tienen su historia: la primera fue la consigna de la marcha del 30 de marzo de 1982 cuando miles de trabajadores argentinos se movilizaron contra la última dictadura militar; la segunda fue recientemente pronunciada por el Papa Francisco.
Muchos vinieron en familia, con chicos en brazos, cochecitos o de la mano. Hay planificación, no pueden improvisar en una caminata de trece kilómetros.
Acá todos saben moverse entre las tacuaras y sogas de las banderas, saben cómo caminar entre un grupo que agita los brazos mientras golpea sus bombos, saben respetar los cordones de seguridad y saben qué son los cordones de seguridad. Algunos llegaron en micros desde Mar del Plata, Córdoba, La Matanza, Villegas. Otros tuvieron menos suerte: “El micro que nos iba a traer desde La Plata tuvo problemas y tuvimos que llamar a remises para poder llegar”, dice Jorge Villa del Movimiento Misioneros de Francisco, mientras camina en la cabecera de la movilización.
Santo
Son las ocho de la mañana. Dos colas desembocan en las puertas de la iglesia de San Cayetano, sobre la calle Cuzco, en el barrio de Liniers. Las dos filas están prolijamente valladas en casi todas sus cinco cuadras de extensión sobre la calle Bynon. En una de las colas declaran que llegaron al alba, no más. En la otra, la mayoría está desde ayer, por eso tienen sillas plegables, abrigos hasta las orejas y cantan con palmas para darse aliento. “Esta cola es la del sacrificio, la que podés entrar y tocar a San Cayetano, no sólo verlo de lejos”, explica una mujer con la figura del santo en cuestión en sus manos. Un drone vaga sobre las cabezas del grupo.
La Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el movimiento Barrios de Pie se preparan en el cruce de Rivadavia y Cuzco, bajo el paraguas de dos frases “Paz, Pan y Trabajo” y “Tierra, Techo y Trabajo”.
“Espiga para la abundancia, para que no falte ni el pan, ni el trabajo”, vocea una vendedora ambulante de las decenas que escoltan a los feligreses antes de llegar a la iglesia. La imagen del santo se puede ver en cada figura, miniatura, colgante o estampitas que exhiben los feriantes, pero no faltan elementos de la cultura oriental, imágenes del Gauchito Gil, venta de sábanas, juguetes, chipá, y el tradicional choripán. Las palabras de ocasión se entremezclan con referentes de la iglesia que apostados en la calle de adoquines confiesan a los visitantes, arrojan agua bendita o los invitan a “hacer una oración por los que no tienen trabajo”.
Al otro lado de la vía, la calle Cuzco se arrima a Rivadavia. Allí empiezan a desbordar los contingentes de las organizaciones convocantes. Es la previa. Ya se van a acomodar.
Son las ocho de la mañana. Dos colas desembocan en las puertas de la iglesia de San Cayetano, sobre la calle Cuzco, en el barrio de Liniers.
Mensaje
En la cabecera, antes de partir, se lee la carta que el Papa Francisco envió al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el obispo José María Arancedo, el primer día de agosto. “El pan es fácil de conseguirlo, porque en Argentina siempre alguien te lo acerca, pero el trabajo es tan difícil lograrlo, sobre todo en momentos con índices de desocupación tan altos”, escuchan los manifestantes. Un pastor de la iglesia pentecostal Dimensión de Fe recibe el micrófono y afirma que “Jesús, quien nació en la hoy Palestina bombardeada, fue torturado y asesinado por pelear por un mundo nuevo”. Luego es el turno del obispo Juan Carlos Ares quien da una bendición.
“Nosotros venimos acompañando a las cinco centrales sindicales, ahora ellos nos están acompañando a nosotros que somos los trabajadores de la economía popular”, afirma el secretario general de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro.
Los que marchan son trabajadores de la economía popular, cooperativistas, y desocupados. Hoy no se escucha hablar del Impuesto a las Ganancias. “Nosotros venimos acompañando a las cinco centrales sindicales, ahora ellos nos están acompañando a nosotros que somos los trabajadores de la economía popular”, afirma el secretario general de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro. La referencia incluye a Hugo Yasky (CTA), Roberto Baradel (SUTEBA), Eduardo López (UTE), Daniel Catalano (ATE), y algunos referentes de la CGT. Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, el legislador del Parlasur Jorge Taiana, y el intendente de San Martín Gabriel Katopodis se suman a las columnas de textiles, cartoneros y recicladores agrupados en la CTEP, cooperativistas de la construcción de la CCC La Matanza, militantes de Barrios de Pie de González Catán, productores agrícolas de La Plata.
Testimonios y consignas
Silvia camina con su casco amarillo, pantalón de trabajo beige y una camisa con la cara de uno de los líderes del Cordobazo, el dirigente clasista René Salamanca. Trabaja en una cooperativa en La Matanza donde realizan obras de agua, cloacas y construcción de viviendas. “Qué hace el Presidente (Mauricio Macri) en los Juegos Olímpicos. Esa gente [de las delegaciones deportivas] hizo mucho esfuerzo por estar ahí, pero Macri qué prioriza; el país que se está viniendo abajo o unos juegos”, se pregunta Silvia, militante de la CCC. Y continúa: “La plata, con la inflación, no alcanza. Tenés que comer, pagar los impuestos, transporte, vestirte. La situación es caótica”.
![“Qué hace el Presidente (Mauricio Macri) en los Juegos Olímpicos. Esa gente [de las delegaciones deportivas] hizo mucho esfuerzo por estar ahí, pero Macri qué prioriza; el país que se está viniendo abajo o unos juegos”, se pregunta Silvia, militante de la CCC.](https://anccom.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/07_TierraTechoyTrabajo_ALONSO__MG_8782-copy.jpg)
“Qué hace el Presidente (Mauricio Macri) en los Juegos Olímpicos. Esa gente [de las delegaciones deportivas] hizo mucho esfuerzo por estar ahí, pero Macri qué prioriza; el país que se está viniendo abajo o unos juegos”, se pregunta Silvia, militante de la CCC.
Algunos integrantes del Movimiento Misioneros de Francisco, que vinieron en remis, cuentan que son “del campo”, son productores agropecuarios de La Plata, con tradición andina. “Yo tengo trabajo pero hace falta más, también atendemos a chicos de la calle y no alcanza”, explican.
«En nuestra provincia la situación se agravó en los últimos meses, hay muchísimas más personas en los comedores y también los que piden la copa de leche» afirma Walter.
Noelia promedia los 25 años. Es de la CCC de Mataderos y trabaja en una cooperativa encargada de mantenimiento de un colegio, camina al lado de su pareja quien lleva a su bebé en brazos. No es su primera marcha.
Uno que peina canas sostiene un paraguas para cubrirse de la “lluvia de dólares” que lleva enganchados para emular las promesas presidenciales. Mientras los más jóvenes saltan y cantan: “Por eso yo te quiero dar, algo de corazón. Basta de bajos salarios, tarifazo y desocupación…”, “…estamos todos juntos nuevamente, la dignidad del pueblo no se vende, se defiende”, “…porque el hambre con Macri no se termina, soy piquetero, quiero ser gobierno, hoy salgo a luchar por un gobierno popular…”
Margarita de Villegas también milita en Barrios de Pie. Trabaja dando la copa de leche a los chicos, pero dice que por ahora no pudo cobrar. “La plata no alcanza”, aclara. Fabiana, del partido bonaerense de Laferrere, dice: “Hacemos productos de panadería. El país empezó a vivir una situación inhumana”.
En las filas de la organización Compromiso Padre Múgica levantan una veintena de pancartas de monseñor Enrique Angel Angelelli, un símbolo de la lucha contra la dictadura. Apenas unos pasos por detrás aparece un banner con la imagen de Bergoglio como Papa Francisco con la frase “hagan lío”.
“Vengo por la salud pública, para que las empresas no desvirtúen nuestra profesión, la quieren transformar con sus coimas. También contra los despidos, y sobre todo por la memoria de los compañeros desaparecidos”, explica un visitador medico.
Mientras las organizaciones avanzan, los altoparlantes invitan a los vecinos de Floresta, en Rivadavia y Nazca: “Sumate a la caravana de la dignidad. Vamos a Plaza de Mayo donde tenemos una feria de productos de la economía popular.” La ambulancia de la CTEP con la cara del padre Mugica y el Che acompaña el paso al final de las columnas.
Un visitador médico transita descalzo. Es delegado sindical en Morón. “Vengo por la salud pública, para que las empresas no desvirtúen nuestra profesión, la quieren transformar con sus coimas. También contra los despidos, y sobre todo por la memoria de los compañeros desaparecidos”, explica.
La cartelería -además de las consignas de “Paz, Pan y Trabajo” y las T “Tierra, Techo y Trabajo”- siguen: “Somos lo que falta”, “basta de inflación, desocupación y del tarifazo”, “trabajo=dignidad”, “#MenosDrogas”, “en todas perdés vos: devaluación, quita de retenciones, aumento de tarifas, inflación, despidos, “merendero gaucho gil”, “el hambre es un crímen”, “quiero pan con manteca”, muchas acompañadas de globos con la leyenda “fuera Macri”. “Nuestra fe será revolucionaria o no será nada”, reza la bandera argentina que sostiene un grupo de la JP Evita. Cantan algo sobre Kosteki y Santillán, y contestan que “trabajan, estudian y militan”.
Habrá que llegar hasta Plaza Flores para que se sume más ciudadanía.
Sueltos
Emilio camina bajo una boina, con sus manos agarradas por detrás de la espalda. “Soy jubilado, tengo 89 años, vengo de Flores”, responde frente a cada pregunta.
Dos “vecinas de Flores sur, casi Bajo Flores” marchan del brazo, mientras una sostiene una banderita argentina en la mano. “Es la primera marcha a la que vengo pero estuvimos haciendo ruido contra el tarifazo”, explica una. Dicen que es importante estar porque “aumentó todo, el costo de vida es muy alto”. Promedian los 60 años. Critican que la “marcha está politizada”, pero están decididas a caminar junto a las banderas de Barrios de Pie.
Claudia también marcha del brazo con su compañero. Del otro lado ayuda el paso con un bastón. “Venimos porque tenemos pensamiento crítico. Yo ya cuento 65 primaveras”, apunta buscando una sonrisa. Y continúa: “Sabemos lo que se hizo en el pasado y no podemos dejar que Macri haga lo quiera. Hay que salir a la calle”. Claudia viene desde Flores y su pareja de Liniers. “Acá está todo, desde San Cayetano que estoy subiendo a Facebook” dice mientras desliza el índice por su teléfono celular.
“…estamos todos juntos nuevamente, la dignidad del pueblo no se vende, se defiende”.
La ex directora de un colegio de Caballito, jubilada “de las que paga ganancias”, dice por qué salió a la calle: “Para no traicionarme a mí misma, porque fui maestra villera y sé lo que padecen los chicos. También sé lo que hicieron en la Ciudad; cerraron cursos porque faltaba un alumno, no arreglaban el frente de una escuela de más de cien años que se caían los pedazos”.
“Fuimos esclavos del ayer pero dueños del mañana”, dice la remera de una decena de jóvenes y familiares de personas con problemas de adicción. “Mi hijo está en una granja de recuperación, le falta poco para salir porque son dos años de tratamiento”, se presenta una madre. “Estamos acá porque si los chicos consiguen trabajo, tienen algo en qué pensar, mantienen la cabeza ocupada”, completa.
En Parque Rivadavia unos vecinos al paso aplauden mientras exhiben orgullosos un cartel, con estética de imprenta, que dice “No al tarifazo”. Unas cuadras después, Ricardo sale a la vereda de la librería en la que trabaja, y sostiene dos hojas pegadas a un cartón escritas a mano, que dicen “basta de despidos” y “gracias pueblo”. En el camión de sonido, un vocero apunta: “El Papa dice que más importante que ser ciudadano es ser pueblo”. Y concluye: “Lo dijo Francisco, este sistema no se aguanta”.
Ya en Plaza Once las columnas de las organizaciones se nutren aún más de familias con cochecitos, personas mayores, otras organizaciones como Patria Grande y Movimiento La Dignidad que suma al menos una cuadra más de extensión. Lo mismo pasa en la Avenida 9 de Julio. Los contingentes de Barrios de Pie de Avellaneda, la CCC de Berazategui y Varela, CTEP y Movimiento Evita de Zona Sur. La gente “suelta” se multiplica en el último tramo. Algunos marchan apenas un tramo. Otros muchos prefieren llegar directamente a la Plaza.
Actualizada 08/08/2016
Ago 2, 2016 | inicio
Cinco meses después de asumir la Presidencia, Mauricio Macri diseñó un viaje estratégico. El secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Ángel Tello, voló a Estados Unidos con un objetivo claro: retomar el intercambio bilateral en el área militar con el país del norte. La agenda incluía contactos con funcionarios del Pentágono -sede del Departamento de Defensa- como la subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Rebecca Chávez, con el objeto de afinar los puntos de cooperación militar acordados entre Macri y Barack Obama en marzo, durante la visita oficial del mandatario estadounidense a la Argentina. “Es posible avanzar en la cooperación antártica. Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida”, dijo Tello al diario a La Nación poco antes de partir.
Pese a los anuncios sobre posibles acuerdos de cooperación científico militar, el gobierno nacional no publicó información respecto a los acuerdos finalmente alcanzados. Distintos especialistas consultados por ANCCOM manifestaron su desconfianza frente a los escasos datos oficiales disponibles sobre las negociaciones abiertas ¿y cerradas? con Washington.
Telma Luzzani, periodista de política internacional y autora del libro: Territorios vigilados.
Telma Luzzani, periodista de política internacional y autora del libro “Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica”, advirtió sobre la necesidad de analizar los eventuales acuerdos más allá de los títulos de ´cooperación científica´.
“Desde el año 1996, aproximadamente, Estados Unidos empieza a implementar un tipo de base llamada FOL por sus siglas en inglés (Foward Operating Location) y uno puede intuir que son las que quieren incorporar al país. Estas bases tienen una doble o triple función; por lo general cuentan con algún tipo de tropa, material tecnológico, y es desde donde recogen información de la zona -en todo el alcance que pueden tener sus radares- y hacen relevamientos a nivel de los habitantes para ir penetrando en la gente y que estos se acostumbren a ellos para que les pasen información”, puntualizó. Además, Luzzani precisó que ese tipo de bases “resultan más sencillas de justificar frente a los ciudadanos de los países donde se asientan y son menos costosas que aquellas que se pueden ver en las películas de la Segunda Guerra Mundial; que eran gigantes, con casas, polígonos de tiro y tanques”.
“Lo más grave de todo es que, según nuestras fuentes, el ofrecimiento de instalar las bases fue del gobierno argentino. Es la primera vez en el país que se llega a este extremo, eso no lo hizo ningún gobierno constitucional ni dictatorial en nuestro país”, advirtió Elsa Bruzzone.
Independientemente del carácter científico de los proyectos, Luzzani resumió: “Estados Unidos no dice que no va a venir, argumenta que se trata de bases científicas o contra el narcotráfico, que no son en absoluto bases militares y que esto es una especie de paranoia. Pero Tierra del Fuego y la Triple Frontera son dos lugares muy estratégicos a nivel de recursos naturales, y son zonas en las que pueden armar `puentes´, porque la de Tierra del Fuego estaría cerca de la base de la OTAN en Malvinas, y la de Misiones a las de Pedro Juan Caballero y Mariscal José Felix Estigarribia en Paraguay”.
Ese tipo de bases pueden estar “disfrazadas de científicas, de ayuda humanitaria, o justificadas por desastres militares o planes de asistencia por pandemias o epidemias”. Así coincidió Elsa Bruzzone, especialista en temas de Defensa nacional, Estrategia y Geopolítica, y secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA). “Entre los consensos aparece la instalación de una base para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Misiones y para la ayuda y expediciones científicas en la Antártida y en Ushuaia. La sorpresa se da en los primeros días de junio de este año cuando se difunde el Informe Mundial sobre Terrorismo (Country Reports on Terrorism) que dice que en la zona de la Triple Frontera hay un incremento de actividades que son base para el financiamiento terrorista, del Daesh, o Estado Islámico, y de otras células asentadas en Siria. El informe complementa diciendo que toda América del Sur y el Caribe son, potencialmente, zonas de influencia para el Daesh”, explicó.
Efectivamente, según consta en capítulo referido a la Argentina del Informe elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, “la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, se mantiene como un nexo regional importante de armas, drogas, piratería de bienes, tráfico de personas, falsificación y lavado de dinero todas potenciales fuentes de financiamiento para organizaciones terroristas”. Y agrega: “América del Sur y el Caribe también han servido como áreas de financiamiento y de apoyo ideológico para el ISIS y otros grupos terroristas en Medio Oriente y el Sur de Asia”.
Bruzzone agregó que a fines de diciembre de 2015 el gobierno argentino informó al Departamento de Estado que “había detectado transacciones financieras sospechosas” en la zona de la Triple Frontera. “Lo más grave de todo es que, según nuestras fuentes, el ofrecimiento de instalar las bases fue del gobierno argentino. Es la primera vez en el país que se llega a este extremo, eso no lo hizo ningún gobierno constitucional ni dictatorial en nuestro país”, advirtió.
“El pedido de informes fue girado a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que está presidida por Elisa Carrió, donde no ha tenido respuesta y podemos decir que eso también es una respuesta”, amplió Di Stefano.
Sin datos
La incertidumbre generada por la falta de información oficial sobre las negociaciones abiertas con Washington involucró al gobernador de Misiones, Hugo Passalacque, y su par de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Ambos manifestaron públicamente no tener datos sobre la posible instalación de bases en sus provincias. Para forzar la difusión oficial, Daniel Di Stefano, diputado nacional por el Frente para la Victoria de Misiones, presentó en la Cámara Baja, junto a su par Verónica Mercado, un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo Nacional que informe sobre la posible “instalación de una base militar de un país extranjero en la provincia de Misiones”.
“En Misiones existe un rumor fuerte sobre las bases y como legislador nacional por la provincia tengo el compromiso de despejar las dudas de la población porque este tipo de acuerdos implican pérdida de soberanía”, argumentó.
El proyecto de Di Stefano ingresó a Diputados el 16 de junio. Las senadoras Sandra Giménez (FpV Misiones) y María Magdalena Odarda (CC ARI Río Negro) hicieron lo propio en la Cámara Alta.
“El pedido de informes fue girado a la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que está presidida por Elisa Carrió, donde no ha tenido respuesta y podemos decir que eso también es una respuesta”, amplió Di Stefano. El legislador nacional advirtió que el debate sobre los posibles acuerdos militares con Estados Unidos “busca ser disfrazado de distintas maneras para evitar que el tema se nacionalice o que el Congreso intervenga”.
A pesar de que América del Sur cuenta con numerosas bases en su territorio, en 2014, durante la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe que se celebró en La Habana, América Latina fue declarada zona de paz. Por eso, el texto presentado por Di Stefano hace mención al equilibrio alcanzado específicamente por los países de la Triple Frontera “que trabajan hace muchos años con la intención de velar sobre la seguridad y el bienestar de sus habitantes en zonas de fronteras”. Y concluyó: “La instalación de bases militares extranjeras en el Cono Sur puede convertirse en un factor de perturbación de la paz regional existente. Debemos tomar todos los recaudos necesarios para velar por el bienestar de los pueblos libres que habitan en la región de la Triple Frontera”.
“Nunca dejaron de agitar el fantasma de la posible existencia de células de Al Qaeda”, puntualizó Bruzzone-.
Informes y diagnósticos
Los informes del Departamento de Estado norteamericano de las últimas décadas sobre la zona de la Triple Frontera -puntualizó Bruzzone- “nunca dejaron de agitar el fantasma de la posible existencia de células de Al Qaeda”. Este argumento sirvió para insistir y presionar a los gobiernos argentinos acerca de la necesidad de instalar una base en Misiones. “Desde 2003, cada tanto, aparecía en los medios el tema de la posible existencia de células terroristas, pero los informes del Departamento de Estado decían que a raíz del diálogo antiterrorista del Tres más uno firmado entre Argentina, Brasil y Paraguay, más Estados Unidos, para el control terrestre, aéreo, y fluvial de la zona de la Triple Frontera funcionaba perfectamente, por lo tanto no había alarma”, explicó.
La especialista recordó que en 2010 Estados Unidos expresó quejas porque los los gobiernos brasileño y argentino lo “dejaban un poco de lado” en la toma de decisiones. “Pero los terroristas siguen sin aparecer. Finalmente, a partir de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, los medios norteamericanos y el Departamento de Estado empiezan a agitar nuevamente la presencia terrorista en la zona de la Triple Frontera. Esta vez, si se trata de Al Qaeda, es por medio del Frente Al-Nusra [Frente de la Victoria para el Pueblo de Gran Siria] pero sobre todo es el Daesh”, definió la representante del CEMIDA.
En esa línea de razonamiento, Luzzani divisó la conformación de un relato que acompaña la expansión militar de Estados Unidos para justificar su incidencia en todo el mundo. “Ellos necesitan varias justificaciones, porque tienen un presupuesto militar altísimo, que sale de los bolsillos de los norteamericanos. Tienen que convencer a sus ciudadanos de que paguen sus impuestos para su seguridad, y que para eso también es necesario el armamentismo y las bases militares. Cuando van a hacer la guerra en Irak necesitan justificarse diciendo que hay armas de destrucción masiva, porque cuál sería sino el argumento para hacer una guerra ahí”, evaluó y subrayó: “Tienen que armar un relato que sea convincente. Como en la Triple Frontera, donde afirman que hay musulmanes del Ejército Islámico que pueden afectar no sólo a los países de alrededor sino también a ellos. Ese mismo relato sirve a los gobiernos locales para justificar que Estados Unidos venga a poner una base, porque el ciudadano también se pregunta por qué tienen que venir a poner una base. Entonces fogonean con esas mentiras y eso convence”.
“Estados Unidos no dice que no va a venir, argumenta que se trata de bases científicas o contra el narcotráfico, que no son en absoluto bases militares y que esto es una especie de paranoia. Pero Tierra del Fuego y la Triple Frontera son dos lugares muy estratégicos a nivel de recursos naturales…», afirmaba Luzzani.
¿Y los recursos naturales?
La posibilidad de control sobre recursos naturales clave aparece como fantasma detrás de los rumores. “Si uno mira en la página del Pentágono, se puede ver que ellos hacen proyectos a largo plazo, y en esos proyectos dicen lo que piensan, no lo ocultan. Dicen que quieren tener el acceso necesario a los recursos para cuando ellos lo necesitan. Mientras tanto no los van a tocar”, afirmó Luzzani.
Bruzzone completa: “Cuando se leen todos los documentos del Pentágono, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, de la CNA Corporation que está compuesta por altos jefes militares y navales norteamericanos, más otros estudios complementarios, lo que dicen es que Estados Unidos tiene que militarizar el mundo, expandirse a través de bases militares ubicadas cerca de las zonas donde hay recursos naturales para tener el acceso y control cuando llegue el momento”.
Y advierte que los puntos elegidos en el continente “rodean recursos naturales: agua dulce, hidrocarburos, minerales, insumos para la producción de alimentos y medicamentos, y biodiversidad. Todos recursos estratégicos que Estados Unidos no tiene porque los depredó”.
Ambas especialistas subrayan que San Ignacio, en Misiones, es uno de los puntos más importantes de carga y descarga del Acuífero Guaraní -tercer reservorio de agua dulce del mundo- compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Otro punto es la zona de la Triple Frontera, desde donde también se accede al control de la Amazonia. Y con la base en Ushuaia, se ratificaría el control que tiene la OTAN en Malvinas, y desde donde ejerce el control de “toda la zona del Atlántico Sur, el Estrecho de Magallanes, el Pasaje de Drake –tramo de mar que separa a ambos continentes- y el Canal de Beagle”. Sobre la plataforma marítima argentina, donde hay yacimientos de hidrocarburos, existen nódulos polimetálicos que son concentraciones de minerales altamente estratégicas para el uso de la industria aeroespacial y militar. Además, es la zona de mayor variedad y volumen de peces en el mundo. A su vez, Malvinas está muy cerca de la Antártida, el continente con mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, con hidrocarburos y minerales estratégicos.
Actualizado 02/08/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Ajustes en los presupuestos de programas sociales y cooperativos, aumento en la demanda de alimentos de los grupos vulnerables y pocas respuestas oficiales. Las organizaciones que nuclean a los sectores más golpeados por los tarifazos y las restricciones en inversión social coinciden en esos tres grandes ejes de diagnóstico para describir los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones Tupac Amaru y Barrios de Pie dialogaron con ANCCOM para repasar las demandas de sus bases -en muchos casos protagonistas de protestas callejeras, cortes de calle y ollas populares en las últimas semanas- y caracterizar el vínculo propuesto por la administración de Mauricio Macri.
Dina Sánchez es dirigente del Movimiento Darío Santillán que, junto a otras siete organizaciones, integra el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El espacio aglutina a cerca de mil trabajadores de cooperativas. Ella viaja todos los días desde Glew, provincia de Buenos Aires, a Capital para trabajar, junto a 250 cooperativistas, en limpieza e higiene urbana. “Nosotros siempre firmábamos los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad a principios de año, a esta altura ya habíamos renovado y teníamos definidos los aumentos y la cantidad de puestos de trabajo. Ahora tardaron hasta para negociar, igualmente no dejamos de trabajar porque si no se les hace más fácil echarnos diciendo: `Estos no quieren trabajar´. Seguíamos con el mismo sueldo desde junio del año pasado hasta ahora, que nos impusieron un aumento del 23%. Igual, de más puestos de trabajo, ni hablar”, grafica.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
El coordinador de Barrrios de Pie, Daniel Menéndez, advierte sobre un escenario negativo para los sectores más vulnerables. «Todo el arco social, político, y religioso coincide en que estamos en una situación marcada por el deterioro. Este escenario se agudiza por la inflación y la generación de nuevos pobres que según las mediciones del Observatorio Social de la UCA ya rondan el millón y medio de personas”, subraya.
Para Menéndez, ese nuevo estado de cosas se muestra sin disimulos en el aumento de la demanda por alimentos en los comedores, una pintura que también coinciden en realizar los intendentes del conurbano bonaerense. “Es algo distintos a los últimos años, la situación empeoró y ahora están haciendo estallar los comedores a los que se acercan un montón de chicos por un plato de comida. Incluso Margarita Barrientos reconoció que aumentó un 50% la asistencia a los comedores, y por eso también se abren nuevos. A la vez, hay preocupación por el aumento del 20% del salario, porque siguen estando atrasados, y los programas de empleo terminan siendo un complemento de las changas de los trabajadores en negro, como por ejemplo en la construcción o el de las mujeres que hacen trabajo doméstico”, explica.
Julia Rosales es dirigente de la CCC Zona Norte (Capital), la organización que nació junto al movimiento de trabajadores desocupados en el año 2001 “cuando se vino el mundo abajo y quedó un montón de gente afuera del sistema”.
En la actualidad, la CCC de esa zona impulsa cooperativas de trabajo que se ocupan principalmente de la higiene y limpieza urbana, a la vez que promueven comedores sociales que reciben en su mayoría a los vecinos del Barrio Mitre. “Antes venían 40 familias, ahora vienen 100, y cuando hay hambre también se nota porque la gente se pelea más por las porciones. Hay menos trabajo y mucha inflación. Si antes las capas medias tenían alguna trabajadora doméstica ahora, frente al aumento de tarifas, ya no la contratan y esa mujer queda sin trabajo y viene al comedor”, dice Julia.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
La organización cuenta con 150 personas en cooperativas de trabajo. “Son principalmente mujeres para las que es muy difícil volver al sistema cuando ya se cayeron, porque son grandes, con hijos, sin dientes”, retrata.
Y puntualiza. “Tenemos que ponernos firmes sobre la base de que somos útiles. Acá trabajamos en cuatro cuadrillas, algunas en el Parque Sarmiento, y también tenemos otras cuatro en centros de primera infancia. Esto es en nuestra zona, pero en el resto de la Ciudad hay más. Esa es la mitad de la gente que viene a nuestros comedores, pero la mayoría no tiene trabajo”.
Una de las organizaciones más afectadas por el cambio de gobierno fue la Túpac Amaru, cuya líder, Milagro Sala, aún permanece detenida en Jujuy. El coordinador nacional del espacio, Alejandro «Coco» Garfagnini, describe la nueva realidad. “Muchos compañeros pasaron de ser cooperativistas a desocupados. Ahora el desafío nuestro es empezar a organizarlos. En los diez años de avance que tuvimos como organización popular logramos agrupar, a partir del trabajo, a un montón de compañeros, no sólo desde las cooperativas de obra pública sino también de fábricas y emprendimientos. Pero hoy la gran mayoría, sobre todo los de obra pública, están desocupados porque el programa se cerró”, dice Garfagnini en referencia a uno de los principales planes de construcción de vivienda, el Programa de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en el año 2003 por el Ministerio de Planificación Federal y con el que se construyeron cerca de 56 mil viviendas, según indicó el dirigente. “Era un programa que generaba casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país y se terminó porque el gobierno nacional querrá hacer negocios con empresas y no con las cooperativas. En la misma situación están los compañeros de la CNCT que también tenían cooperativas de obra pública. Todos los que integrábamos el programa llegamos a ejecutar en 2015 el 15% del presupuesto de viviendas nacionales”, remata.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Las cooperativas de trabajo comenzaron a multiplicarse en Argentina a partir de la crisis del 2001. Desde entonces, el sector “ha inventando trabajos para poder vivir”, dice Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que agrupa a sectores como cartoneros, empresas recuperadas, cooperativas populares, campesinos, vendedores ambulantes, constructores, y pequeñas unidades productivas, entre otros. El derecho de agremiación es una de sus principales demandas: “Sabemos que el desarrollo del capitalismo hace que se concentre la economía y que los trabajadores ya no se vuelven a incorporar a ese lugar una vez que quedan afuera, pero nos cuesta que las centrales sindicales nos tengan en cuenta. Vamos siempre a acompañar al sector formal pero es hora de que como trabajadores de la economía popular tengamos personería gremial para contar con obra social y aportes”.
Diálogo con el gobierno
Junto con las crecientes demandas sociales, las organizaciones enfrentan también el desafío de interactuar y reclamar ante un nuevo gobierno. “Hay diálogo pero para discutir giladas. Nos hablan de la herencia, y sólo hay excusas, no canales que permitan resolver los problemas. Nosotros reclamamos por alimentos y por programas de empleo porque están desactualizados, más en este contexto de emergencia social por el ajuste brutal que estamos viviendo. Creemos que tiene que haber un aumento del 50% de los ingresos porque no es suficiente lo que nos pretenden imponer”, subraya Menéndez, desde Barrios de Pie.
Julia Rosales coincide con esa apariencia conciliadora de Cambiemos porque “diálogo con el gobierno hay, pero con pocas respuestas”. Y sentencia: “Son dialogadores pero después migajas. Somos como tercerizadas para el gobierno y no les conviene que nosotros le cobremos barato porque frente a las auditorías después tienen que justificar por qué las cooperativas del PRO –que funcionan en las Comunas como pequeñas empresas- les cobren mucho más”.
En el Frente Popular Darío Santillán marcan como un hito del nuevo vínculo la toma del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se realizó el 11 de mayo pasado junto a otras organizaciones. “Nos recibieron el vicejefe de Gabinete Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, quienes se comprometieron a conservar los 250 puestos de trabajo, pero no a aumentarlos y nos dijeron que nos iban a dar un incremento de nuestros ingresos cercano a nuestro reclamo. Una semana después fuimos al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde nos dijeron que desconocían aquel acuerdo, como si nosotros estuviésemos locos. Mirá si vamos a levantar un acampe, a las tres de la mañana, porque se nos da la ganas”, puntualiza Dina Sánchez.
La CTEP da cuenta de los acuerdos firmados. «Nosotros logramos unas 16 unidades ejecutoras, donde el gobierno va a hacer que podamos coordinar el dinero que es para obras. En un principio era una cantidad de plata pero ahora es bastante menos. También hicimos un acuerdo por el tema de viviendas, otro por problemas alimentarios, también trabajo autogestionado, y para fábricas recuperadas”, explican desde la organización.
El diálogo, sin embargo, tiene doble vara. “Nosotros no tenemos ninguna instancia de diálogo con este gobierno”, explican los referentes de la Tupac Amaru. Con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, el único distrito que mantiene un diálogo institucional es Chaco. “Con el macrismo no te podes confiar. Nosotros nos dimos cuenta cómo eran al poco tiempo que asumieron cuando hicimos los acampes, por las actitudes que tuvieron y después cuando detuvieron a Milagro y a otros seis compañeros”, subrayan.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Perspectivas
“Hay un parate económico que va a seguir porque el gobierno tiene la voluntad de provocar una recesión para que los precios bajen. Tenemos que llevar adelante medidas que busquen menguar esas políticas económicas, por eso nos seguimos reuniendo con distintos sectores, incluso religiosos, como las parroquias, para que podamos convocar a un diálogo, y también pensamos movilizar a los hipermercados y continuar con las ollas populares”, describe el referente de Barrios de Pie.
Desde la CTEP, el diagnóstico incluye una mirada política sobre la región. “Hay un contexto de retroceso regional. Acá la transferencia de recursos que hizo el gobierno a los sectores más concentrados, indica que más allá de pelear por el trabajo autogestionado y las tarifas, vamos a estar en una situación muy dura”.
Julia Rosales cuestiona las promesas futuras de Macri. “El gobierno les dio a las mineras, a los exportadores, y hablan de la herencia pero eso lo puede decir unos meses pero después ya es la forma en la que ellos decidieron resolver la crisis. Hay gente que tiene bronca, sobre todo la clase media que es la que lo votó. Y ahora ya no hablan de la recuperación del próximo semestre, ahora dicen que va a venir el año que viene”, advierte.
Desde el Movimiento Darío Santillán, Dina remarca las contradicciones del gobierno de Cambiemos en la Ciudad. “Si un día se juntan con nosotros y después lo niegan, ya no podemos confiar en nadie. Por eso decimos hay que estar más alertas. Notamos que con este gobierno, a nivel nacional, las cosas fueron muy duras y muy seguidas. La opinión del conjunto de los compañeros de las asambleas que se hacen en los barrios es que vamos a luchar, porque no nos alcanza. Cómo se puede vivir con 4500 pesos si hay que pagar boleto, alquiler, luz, comida. Es una locura”.
La CTEP visualiza la articulación política como la principal herramienta para hacer frente a la nueva realidad y demandas crecientes. «Cuando sufrís una derrota en el campo popular, cada uno va por sus demandas pero hay que hacer un trabajo político, además de lo reivindicativo, y definir qué tipo de país queremos. Para afrontar la crisis necesitamos organizar a todos los sectores y pedir por el salario complementario. Hay un montón de necesidades y por eso tenemos que luchar por una política que yo llamaría defensiva de los derechos conquistados. Lo cierto es que la crisis no nos agarra desprevenidos, no estamos en el 2001», resume Castro.
La perspectiva de las organizaciones para los próximos meses en ningún caso prescinde de las manifestaciones, las ollas populares, las intervenciones frente a hipermercados, entre otras tácticas y métodos de lucha. “A pesar de que hay personas que dicen que no existen espacios de unidad, que estamos fragmentados, yo puedo decir que no veo eso, creo que hay un alto nivel de articulación en el movimiento popular en general. El tema de Milagro tuvo una reacción impresionante, fue muy rápida, tuvimos la solidaridad de más de 40 organizaciones sociales, sindicales y del campo popular”, expresa el coordinador de la Tupac Amaru.
Archivo ANCCOM. Movilización por la liberación de Milagro Sala en el centro porteño el 18 de enero de 2016.
La CTEP analiza una próxima movilización que exprese a todos los sectores de la economía popular para romper con el discurso de los `plancitos`y pelear por un salario universal complementario.
Más allá de las diferencias, las organizaciones apuestan a reinvidicar su lucha alrededor de la única consigna del derecho al trabajo. “Nadie nos regaló nada, lo que logramos lo hicimos con la lucha. La primera conquista es tener un plan social para no morir de hambre pero no nos van a comprar con bolsas de alimentos, con planes, nosotros queremos trabajo”, resume la dirigente de la CCC.
Actualización 15/06/2016
