Abr 15, 2021 | Comunidad, Novedades
La inflación es un tema recurrente en la vida cotidiana de los argentinos. Ya casi esta naturalizado el aumento en las góndolas y en los servicios públicos. Hasta genera sorpresa cuando el valor de algún producto se mantiene. Y ni que hablar cuando se encuentran ofertas.
Pero ¿por qué pasa esto? ¿A qué responde la inflación?
Según el docente y economista Horacio Rovelli, “la inflación en Argentina tiene que ver con el tipo de cambio. Nosotros vendemos alimentos sobre el valor del dólar, que es nuestro tipo de cambio por excelencia. Entonces sube el dólar y suben automáticamente los precios. Hay una correlación muy fuerte entre la devaluación y la inflación. Entonces para que la gente pueda consumir esos alimentos que cotizan a valor dólar, les tienen que aumentar los salarios. El problema es que los salarios no aumentan. Aumenta el dólar y aumenta el precio de los alimentos.”
Por su parte, la economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Lorena Putero, explica que “la inflación argentina es un problema histórico y tiene diferentes situaciones en cada momento. Es un fenómeno inercial producto del propio crecimiento inflacionario. Macri hizo que la inflación estallara a partir del aumento desproporcionado de los servicios públicos. Estos impactan directamente en todas las producciones, por lo cual esa transformación impactó rápidamente en la inflación. Además liberó el dólar y muchísimos de los insumos que usamos en nuestras producciones son dolarizados. Estas dos cuestiones hicieron estallar la inflación”.
En este sentido, el economista y ex legislador Martin Hourest, plantea que hay que dejar de ponerle nombre y apellido a la inflación, ya que no es cosa de un solo gobierno. “La Argentina tiene un régimen de inflación alta sostenida en el tiempo. La inflación es una enfermedad multicausal que tiene que ver con un proceso muy alto de oligopolización de los mercados, con la tendencia de la sociedad a refugiarse en el dólar; con una lógica de recuperación de ingresos por vía de los precios. Y finalmente también tiene que ver, con una lógica de funcionamiento social que hace que la inflación nunca termine de derrotar a los de abajo. Es decir, destroza a los sectores formales y no formales pero nunca termina de liquidarlos del todo. Se da un proceso de desbalance estructural de la distribución del ingreso y nunca se vuelve a la situación anterior. ”
Respecto a esto último, Putero agrega que “los sectores populares son los más afectados con la inflación. Una persona que vive de changas compra la comida de la semana, por lo cual su ingreso sufre el impacto de esa semana. Pero la semana siguiente, pueden estar más caras las cosas y esa persona sigue teniendo el mismo ingreso. En cambio quienes tienen un mejor ingreso, pueden reducir ese impacto comprando más, ahorrando en determinadas monedas. O sea, cuanto menos ingresos tenés más fuerte es el impacto inflacionario”.
Ante este problema estructural y profundo, surgen los interrogantes respecto a si existe o no una solución y sobre las políticas que podrían llevarse a cabo en relación a ello.
Entre las posibles medidas que se podrían tomar, Rovelli cree necesario “aumentar las retenciones. Hay que acotar los precios internos respecto a los externos. Se venden granos de trigo porque el precio internacional es alto, entonces hay que retener un 35% acá. Del 12% actual hay que elevar las retenciones al 35% o 40%. Es decir, hay que imponer derechos a la exportación. Por otra parte, se debe declarar la emergencia cambiara, no se puede dejar que ellos manejen los ingresos como quieran. Y por último, hay que recuperar resortes que son del Estado y que no es un tema menor. Por ejemplo, este mes vence la concesión sobre la planta de la hidrovía Paraná y es un buen momento para que el Estado recupere el control respecto a lo que entra y sale de un río que es nuestro”.
Por su parte, Hourest explica que en materia de política de pequeña magnitud el Estado está haciendo algunas cosas pero, “lo que a mi juicio le falta al gobierno es que no tiene una estratégica económica consistente. Para poner en marcha a la Argentina hay que ponerse a discutir muchas cosas, como qué va a pasar con el comercio exterior o con el sistema financiero. La Argentina se hace con los argentinos, con los capitalistas argentinos y con los capitalistas transnacionales que están en el país. Sin un plan estratégico de desarrollo desde el cual discutir, se termina negociando en infinidad de mesas sectoriales los intereses de los capitales; y si el Estado no tiene una planificación de mediano plazo donde integre a ese y otros sectores para confrontar, termina discutiendo los intereses de ellos, en más o en menos, pero siempre los de esos sectores y nunca los del Estado”.
En la misma línea el economista Juan Valerdi dice que “los precios máximos y Precios Cuidados pueden ser un camino a corto plazo para saldar una situación temporal. Pero no puede ser la política de lucha contra la inflación. La Argentina nunca se tomó la molestia seria de ir contra los intereses de los formadores de precios. No hay una política de combate a los abusos de los monopolios y oligopolios, principalmente los de alimentos y bebidas. Hay que articular todos los organismos del Estado que tienen derecho a incidir en los números de las empresas y así puedan evaluar cómo se forman los precios de los alimentos, qué tanto hay de verdadero y de falso en los costos que tienen esas empresas tanto de alimentos como de servicios públicos”.
El presupuesto para el año 2021 presentado por el ejecutivo nacional plantea un porcentaje de inflación anual del 29% cifra que, según el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central, sería superada ampliamente. Según este informe se espera un 50% de suba total de precios para este año.
En este sentido, Valerdi explica que “para el 4% mensual, que es lo que venimos teniendo, la proyección anual sería de un 60%. O sea, para poder cumplir con la proyección del gobierno, tendríamos que tener varios meses por debajo del 1% y eso no va a ocurrir. Porque además la inflación tiene inercias y lo que se está mirando es la inflación en los precios al consumidor”. Y agrega: “Si además, le sumas la inflación producida por liberar las tarifas de los servicios públicos privatizados, que para el gobierno representa un 7% pero en realidad aumenta un 30 o 40%, eso es imposible”.
Mar 18, 2021 | Comunidad, Novedades
Con la pandemia hablar de vacunas se volvió un tema de la vida cotidiana. Casi de un día para el otro nos fuimos enterando de procesos científicos que, en otro momento, quizás ni nos hubieran interesado. La urgencia sanitaria y la necesidad de inmunizar lo antes posible a la población, hizo que los científicos hallaran en tiempo record, una fórmula de inoculación contra el covid-19. Esto sembró dudas y esperanza, así como también género preocupación respecto a otras vacunas.
En el mes de febrero, la fundación Bunge & Born dio a conocer los resultados de su segundo Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas (ICAV). Se trata de un estudio interanual que permite analizar las variaciones en el nivel de confianza de la población respecto a las vacunas y determinar la presencia de barreras en el acceso a ellas.
“El proyecto surgió como una manera de generar información. En los últimos años se observó, en el mundo sobre todo, que muchas veces hay vacunas disponibles pero las personas no logran o no quieren vacunarse. Por supuesto, la vacunación es muy importante para poder proteger a la población, entonces la fundación empezó con este trabajo con el fin de conseguir información que pueda servir de insumo para mejorar el diseño de los programas de inmunización por parte del Estado” explica Guadalupe Nogues, doctora en Biología Molecular, docente y comunicadora científica.
El 87 por ciento de la población confía en la vacunación como estrategia sanitaria.
“Desarrollamos este proyecto en 2019 y tuvimos la fortuna de pensarlo en un momento pre-pandemia, por lo cual contamos con una línea de base sin ruido. Es decir, sin todo lo que trajo consigo el Covid. El año pasado repetimos el relevamiento y nuestra intención es sostenerlo en el tiempo. Partimos de un diagnóstico inicial en el que las tasas de cobertura en Argentina, en muchos de los casos, no son óptimas. Son muy altas pero no alcanzan los niveles deseables. Entonces nos preguntamos, cuales podrían ser las posibles causas por las que las personas no se vacunan” agrega Brenda Walter, coordinadora de Proyectos de la Fundación Bunge y Born.
El relevamiento se realizó entre octubre y diciembre del 2020 y los resultados se obtuvieron en base a 7.525 encuestas, realizadas a través de celulares, a personas mayores de 15 años de todas las regiones del país.
Haciendo una lectura comparativa entre los resultados de 2019 y los de 2020, Walter afirma que “se produjo una retracción del índice de confianza del 7.2%, no es muy alto pero es importante y es observable. Más allá de eso la buena noticia es que en Argentina, seguimos teniendo altos niveles de confianza en términos agregados de la población hacia las vacunas, pero habrá que ver qué sucede este año y si se confirma o no esa tendencia a la baja”.
En el 2020 el nivel de confianza resultó del 86,9 % a nivel país, mientras que en el 2019 fue del 93.7% Esta disminución se percibe en todos los grupos etarios pero se acentúa en la población mayor a 50 años. En cambio el grupo de 21 a 40 años es el que manifiesta una mayor confianza, siendo apenas un poco más elevado en las mujeres.
Por su parte, Nogues dice que la variación más significativa se dio en torno al acceso “en 2019 era de 76.6% pero para el 2020 ese valor bajó a 39.5%. Cuando indagamos sobre las posibles causas, además de las preguntas que hicimos en el 2019 sobre la confianza y el acceso, en este nuevo estudio incorporamos preguntas relacionadas con el contexto de pandemia. Una de ellas era si la cuarentena le impidió vacunarse o vacunar al más pequeño de la familia. El 35% de las personas dijo que si, con lo cual es importante entender que quizás el aislamiento resultó una nueva barrera de acceso y tuvo su impacto”.
El 72 por ciento de los encuestados manifestó que se aplicaría la vacuna contra el covid 19.
En torno a la vacuna contra el Covid-19, un 72% de los encuestados contestó que se la aplicaría. Entre quienes dijeron que no, la justificación más recurrente es que aún faltan etapas de prueba. Mientras que otra porción argumenta que prefiere esperar, que tiene temor a efectos secundarios y que es innecesario. Como bien lo aclara el informe, hay que tener en cuenta el periodo en que se recabaron estos datos (entre octubre y diciembre del 2020).
Para Walter, “el año pasado, el contexto acompañó y le dio mucha más relevancia a este tema. Las vacunas pasaron a ser una cuestión pública. Se discutió no solo en medios y en el ambiente de los expertos, sino también en la población en general y repercutió sobre todo en la confianza. Los medios también han desinformado mucho al respecto. Hubo periodistas que asumieron con muchísima responsabilidad la comunicación en ese sentido, pero también hubo interlocutores que no contribuyeron a esta discusión. Entonces fue algo que a nosotros nos preocupó mucho y nos enfocamos con más esfuerzo aún, a repetir este relevamiento para tener una línea de tiempo y entender como varían estas dos dimensiones sobre las vacunas”.
En torno a los resultados y haciendo foco en la disminución de la confianza, Walter manifiesta la preocupación por parte de la fundación, a que se consolide esa tendencia. “En vistas de lo que ha ocurrido en otros países, esto a futuro puede ser un serio problema. Pero afortunadamente, en nuestro país tenemos uno de los calendarios más completos de América y contamos con más de 20 vacunas que son accesibles y gratuitas. Esto es muy importante en términos de salud pública y tiene un impacto altísimo en la prevalencia de ciertas enfermedades. Además somos una población con una confianza muy alta hacia las vacunas, lo cual también es una muy buena noticia, pero habrá que observar qué sucede este año y si se consolida esta tendencia, sin dudas habrá que trabajar en este sentido”.
El próximo estudio se llevara a cabo en el segundo semestre de este año. Habrá que esperar los resultados para hacer un balance y evaluar, si la pandemia pudo tener o no, influencia en la confianza y acceso a las vacunas por parte de la población.
Mar 15, 2021 | Comunidad, Novedades
Con una provincia sumergida en una profunda crisis económica, social y política, en noviembre del 2020 el gobernador Mariano Arcioni, presentó ante Nación su plan productivo, el cual incluye un proyecto de rezonificación minera. La iniciativa fue vista, por gran parte del pueblo chubutense, como una provocación y reflotó la lucha anti minera que lleva sin descanso desde hace 18 años. En ese contexto, se produjo la visita del presidente Alberto Fernández a las localidades afectadas por los voraces incendios de la última semana. El primer mandatario recibió reclamos y agresiones de la población: “El problema minero debe resolverlo la provincia”, intentó desligarse.
EL conflicto por la megaminería chubutense lleva ya dos décadas. En el año 2002 la empresa canadiense Yamana Gold desembarcó en la ciudad de Esquel con un proyecto para la explotación de oro e intentó obtener licencia social para llevarlo adelante. “A la charla que dio la empresa, asistieron dos docentes de química de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y todo lo que escucharon no les cerraba por ningún lado. Empezaron a investigar cómo era el proceso de minería y le hicieron llegar esa información a la comunidad. Así se creó un gran movimiento social y político que es hoy No a la Mina” explica Silvia Borgia, vecina de Esquel e integrante activa de la organización.
“La población se empezó a informar y con una lucha muy sostenida se logró, en el año 2003, llamar a un plebiscito no vinculante, en el cual la gente tenía que decidir si quería o no el emprendimiento. El 81.4% de la población dijo que no. A partir de ese momento, la asamblea se sostuvo marchando los días 4 de cada mes. Este movimiento comenzó acá en Esquel y luego se extendió a toda la provincia”, agrega Borgia.
Producto de ese plebiscito, el gobierno provincial sancionó la Ley 5001 (en la actualidad ley 1768) que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto con el uso de cianuro y que, en su Artículo 2 estipula un plazo de 120 días desde la sanción de la ley, para presentar un proyecto de zonificación. “Es una ley rara y frágil porque propone en el primer artículo la prohibición y en el segundo abre la excepción. Eso nos tiene en vilo desde hace 18 años”, comenta Marina Richeri, asambleísta y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de Puerto Madryn.
En 2002 nació el movimiento «No a la mina» en Chubut.
En este marco se conforma la UACCh (Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses), que en el 2013 redacta un proyecto de ley por iniciativa popular, una herramienta de la democracia semi directa contemplada por la Constitución de la provincia. “Entró en la Legislatura en el 2014 y lo presentamos nuevamente el año pasado. Prohíbe totalmente la minería metalífera en todas sus etapas, en todo el territorio sin excepciones y prohíbe el uso de cualquier sustancia tóxica. Lamentablemente tras un escándalo de corrupción, en el que un diputado fue descubierto mensajeándose con un empresario minero en plena sesión, se anuló el debate y volvimos a tener la misma ley frágil”, explica Richieri.
El proyecto de ley 128/20 del Ejecutivo provincial pretende declarar exceptuada la zona de la meseta chubutense, comprendida por los departamentos de Gastre y Telsen, y así establecer la explotación a cielo abierto de minerales metalíferos. Si bien se estipula mantener la prohibición del uso de cianuro durante todas las etapas del proceso minero, no esclarece que tecnologías y sustancias serían las habilitadas para extraer los minerales. Desde la UACch se denuncia la inconstitucionalidad, ya que el plazo de 120 días que dicta la Ley 5001 para la presentación del proyecto de zonificación está más que vencido.
Los argumentos expuestos en dicho proyecto, describen al área de la meseta como atrasada, improductiva y postergada, por lo cual el establecimiento de la actividad minera permitiría su desarrollo. “La población está conformada mayoritariamente por comunidades Mapuches – Tehuelches que viven, históricamente, del pastoreo de cabras y ovejas. Si bien esta el acuífero de Gastre Sacanana, el agua es un recurso escaso en la zona y nunca se ha tomado la decisión política de explotarlo. El abandono en relación a políticas productivas, sumado a la caída del valor de la lana y a un fuerte proceso de desertificación por falta de lluvias, hace que muchas de estas comunidades tengan problemas para alimentar a sus animales y cultivar sus huertas. A pesar de esto, quieren seguir con estas actividades y rechazan fuertemente la explotación minera” explica la historiadora Liliana Pérez, oriunda de Comodoro Rivadavia.
En esta sentido, Richieri dice que “hay una violación de los derechos humanos. El Artículo 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), al cual nuestro país adhirió, dice que ante un proyecto en el cual los bienes comunes estén en peligro o sean utilizados, las comunidades aborígenes deben ser consultadas y ser partícipes del mismo. Esto nunca ocurrió y hay que denunciarlo. Por otra parte, se elaboró sin consultar a ninguna entidad científica reconocida local”.
Al respecto, el CONICET-CENPAT elaboró un documento en el que refleja su preocupación respecto al tema, y solicita el retiro del proyecto de su tratamiento legislativo. A su vez, explica que gran parte de la comunidad científica de Chubut declinó la invitación de Arcioni a participar de la mesa de trabajo sobre un proyecto que ya estaba hecho. “Nuestra institución recomienda debates abiertos, donde la exposición de los resultados de estudios e investigaciones que aportan al desarrollo productivo de la provincia sean parte de un proceso participativo. No hay debate sin espacios de reflexión, aporte técnico y comunitario para la diversificación productiva”, sentencia el informe.
El proyecto presentado por la UACCh nunca se trató, después que se interrumpiera una sesión legislativa tras el escándalo desatado tras descubrirse a un diputado intercambiando mensajes con un empresario minero.
Por su parte, una veintena de entidades avaló la actividad minera en la provincia a través de un informe técnico, el cual afirma ser un aporte para enriquecer el debate. Una de estas entidades es la Asociación Sindical del Personal Jerárquico Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). “Quisimos dar nuestra visión profesional de la actividad minera. Desde luego que todo informe en este rubro tiene que tener una base científica y un balance objetivo de la situación” declaró Marcelo Mena, secretario general de la institución.
“La idea es que podamos permitir el desarrollo de las comunidades creando cooperativas, emprendimientos y que la minería solo sea el motor de arranque. A eso es a lo que apuntamos y el motivo por el que firmamos este informe”, explicó Mena y continúo “es muy importante el rol que cumple la posición anti minera en defensa del medio ambiente y del agua. Tienen que estar dentro de los controles y ser parte de la cadena de custodia de esas muestras. Nosotros queremos una industria que sea una casa de cristal, para que toda la sociedad sepa exactamente lo que está pasando”.
De aprobarse la zonificación, la compañía canadiense Pan American Silver (ya instalada en Gastre) podría llevar adelante su proyecto Navidad, que prevé la explotación por un mínimo de 18 años de un yacimiento de plata, considerado uno de los más grandes del mundo.
En esta coyuntura, surgieron sospechas respecto a posibles intereses mineros detrás de los incendios simultáneos, ocurridos la semana pasada en siete localidades cordilleranas de la provincia. Más de 200 familias se quedaron sin vivienda y perdieron todo. La presencia del gobernador y del presidente Alberto Fernández para solidarizarse con los damnificados, colisionó con las protestas anti mineras y agresiones, por parte de algunos manifestantes, al vehículo que trasladaba a los mandatarios. Según las organizaciones ambientalistas, se trata de infiltrados. En este marco, el proyecto de rezonificación sería tratado en lLegislatura este martes 16 de marzo. Desde las asambleas que claman “No a la mina”se anunciaron para ese día manifestaciones en toda la provincia y en la puerta de la casa de la provincia de Chubut en CABA.
Feb 16, 2021 | Comunidad, Culturas, Novedades
MURGA AMANECIDOS DE PALERMO
Febrero nos tiene acostumbrados a la música, el baile y colorido del carnaval. Todos los años durante cuatro días, las calles de la ciudad vibran alegría, fiesta y cultura. Pero con la pandemia aún acechando e índices de contagios no muy alentadores, las agrupaciones artísticas tuvieron que organizarse y pensar una forma alternativa, para llevar adelante la celebración del dios Momo.
“Los festejos no van a ser de la manera tradicional, van a ser distintos y aggiornados a la realidad sanitaria que tiene el país. Las agrupaciones artísticas del carnaval venimos trabajando desde mayo del año pasado, reuniéndonos por zoom y pensando que tipo de carnaval íbamos a tener en el 2021” comentó Felipe Fiscina, director del centro de murgas “Los Arlequines de la R” de Belgrano y delegado ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.“En estas reuniones fuimos construyendo dos proyectos: uno de regreso a los ensayos y otro de carnaval alternativo. Ambos fueron presentados el 26 de agosto al gobierno porteño, para que supieran como pensábamos nosotros que tenía que ser el carnaval y así, trabajáramos juntos”explicó.
“El 28 de diciembre en una reunión general se decidió, con más del 90% de los votos, suspender los festejos tradicionales, es decir, los corsos callejeros, gratuitos y barriales. Hasta esa fecha aún manejábamos la posibilidad de alguna participación con público, pero los números de casos iban en aumento y finalmente, las murgas fuimos quienes decidimos suspender este festejo de carnaval tradicional. Siempre pensando en el otro, velando por el cuidado propio y el de los vecinos, que para nosotros es fundamental” desarrolló el delegado.
Con el objetivo de mantener viva la alegría y que no se pierda la identidad del carnaval, las agrupaciones artísticas junto al Ministerio de Cultura de la Ciudad, presentarán una agenda con múltiples actividades. Entre ellas se destacan: “La ciudad se viste de carnaval”, que invita a decorar las esquinas, plazas y espacios donde tradicionalmente se llevan a cabo los corsos. La muestra fotográfica “No me sueltes Carnaval” que circulará por distintas plazas y espacios verdes, junto a la realización de “murgales”, que serán 14 murales en distintos sectores de la ciudad. Y la campaña “4 banderines 4”, que la explica Carlos Jesús, director del centro de murgas Soñadores de Villa Pueyrredón: “La idea es que cada integrante de la murga, cada vecino, cada comercio tenga colgados de sus vidrieras, balcones, mochilas, cuatro banderines que representan los cuatro días de carnaval. Con esto intentamos que no se pierda la mística y la magia” dijo.
Por otra parte desde Vivamos Cultura, la plataforma de contenidos digitales del Ministerio de Cultura porteño, se transmitirán las presentaciones de numerosas agrupaciones, sin público presencial, durante los cuatro días de carnaval y todos los fines de semana de febrero. “Además va a haber una placaen cada lugar de ensayo, con un código QR para que la gente desde su celular, pueda acceder a todo el trabajo que se vaya haciendo por streaming”, agregó Jesús.
Así como otras actividades culturales tuvieron que adaptarse a la virtualidad, las murgas debieron tomar la misma vía para poder transmitir su arte. “Nadie esperaba la pandemia, así que tuvimos que adaptarnos. Nosotros somos murgueros de la calle, de las esquinas, de los barrios, del club y hoy salir por una plataforma virtual es rarísimo.Aunque presentarse 8 o 10 personas frente a cuatro cámaras y que nos vean de todo el país, es importante. Antes llegábamos a un corso con 4 mil personas, ahora al salir por una plataforma o un canal de YouTube, no solo te ven en todo el país sino en el mundo. Cruzamos fronteras”, reflexionó Jesús.
Según explicó Fiscina, la idea es que estas actividades se sumen y ya queden formando parte de las celebraciones tradicionales. “Queremos que en la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires, se incluyan eventos relacionados con el carnaval durante todo el año. No queremos que febrero sea exclusivo de las murgas y después no existamos durante 11 meses. Buscamos que se transmita lo que hacemos durante todo el año”.
Si bien se encontró una alternativa para mantener viva la llama del carnaval, para quienes forman parte de las murgas y lo viven desde adentro sin dudas no es lo mismo.
Para Ricardo Binstein, miembro de la murga “De Paso Cañazo” de Villa Soldati, el carnaval significa mucho. “Estoy en esto hace 11 años, espero febrero todo el año y cuando llega me encuentro con esto. Siento que me cortaron las piernas, porque esto es lo que amo y por eso lo hago. Desde que comenzó febrero, junto a unos amigos, empezamos con la movida de subir fotos de años anteriores y todos en algún momento lloramos”. Y continuó: “Pero también, y poniéndolo del lado lógico, entiendo que tenemos que cuidarnos y cuidar a la gente”.
“Yo salgo a bailar en la murga desde los 6 años, anduve por Almagro, Saavedra, por todos lados siguiendo a mi viejo, porque lo mío es una herencia familiar. Desde que me hice cargo de esta murga hace 20 años, nunca dejé de salir. Es dificilísimo porque uno tiene una rutina, tiene un trabajo durante todo el año y no tener febrero es como una revolución, es un dolor de estómago, es como cuando querés algo y no lo tenés”, expresó con congoja Carlos Jesús.
Para sus integrantes la murga es un lugar de esparcimiento, de descarga y alegría pero también es solidaridad. “Los integrantes de la murga siempre estamos ayudando al barrio. Durante la pandemia que no podíamos ensayar, todos los sábados hicimos ollas populares. También juntamos ropa y tratamos de darle una mano a la gente que lo necesita. Soldati es un barrio bastante humilde”, contó Binstein y siguió: “También fue una forma de sentirnos acompañados, de ayudar y de llevar alegría a la gente desde otro lado”.
Por su parte Jesús cuenta que durante el aislamiento estricto, intensificaron las tareas que ya venían haciendo. “Armamos una asociación dentro de la murga que se llama Soñadores en acción y con el lema ´estamos donde tenemos que estar`, comenzamos repartiendo 40 platos de comida y en noviembre llegamos a 400 platos. El colectivo murguero es muy solidario entre nosotros y con todos los vecinos”.
“La pandemia y tener que pensar un carnaval alternativo, afianzó el vínculo entre las agrupaciones. Murgas que antes tenían recelos dejaron de lado y pudimos trabajar juntos. Todos pasamos por la misma pasión y estamos enamorados del carnaval. Este año no estamos en las calles pero vamos a seguir estando. No nos van a sacar nunca, somos patrimonio cultural. Pero ahora lo importante es cuidarse, cuidar a nuestra familia y a la gente que nos sigue”, finalizó Jesús.
Feb 3, 2021 | Comunidad, Novedades
El surgimiento inesperado de la pandemia por el covid-19 puso a la salud en el foco de atención, dejando al descubierto las carencias del sistema. El Estado debió invertir y tomar medidas urgentes para asegurar la atención de la población contagiada. En este contexto y haciendo un balance de 2020, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, planteó la necesidad de reformular el sistema de salud y llevarlo hacia una integración entre el sector público, el privado y el de las obras sociales. El tema desató el debate y genera controversias entre diferentes sectores, pero ¿qué implica esta idea?
“Esto no es algo del momento, lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Para entender de qué se trata, es necesario poner en contexto cómo se ha sido deteriorado el sistema de seguridad social en Argentina. Durante la última dictadura militar, se desarrollaron políticas del Banco Mundial que determinaron un proceso en etapas, las cuales se completaron con celeridad durante la década del 90. El año 1994 fue catastrófico ya que se renovó la Constitución y en ella, el tema de la salud, se redujo a un solo artículo que define a los pacientes como consumidores, lo cual automáticamente remite al mercado”, dice el médico sanitarista Jorge Rachid. “Sobre la base de esos antecedentes históricos y de la gran fragmentación actual –agrega-, se comienza a elaborar, hace ya muchos años, los aspectos que tengan que ver con recrear un sistema de salud integrado, que no elimine los actores actuales sino que los complemente”.
En la misma línea, el doctor Mauricio Klajman, director médico nacional de la Obra Social de Televisión, explica que la idea “es unir lo desunido. Se trata de que haya complementariedad entre todos los subsectores, de tal manera de que se gaste menos, se mejore la calidad de atención y la equidad. Todos somos iguales ante la ley pero algunos son más iguales, porque los que vivimos en grandes ciudades tenemos mayor acceso a la salud. El 60% de la tecnología instalada está en el AMBA y 30 kilómetros a la redonda, ahí ya te das cuenta la inequidad que hay”.
«Hay un gasto excesivo en salud y el rédito es bajo porque el sector privado necesita hacer negocios”, sentencia, Chertkoff.
Por su parte, el sanitarista José Carlos Escudero agrega que “la salud de lucro aumenta mucho los gastos y toma decisiones con respecto a la epidemiología y las enfermedades, lo cual es grave porque el fin es ganar plata. O sea, entre la ciencia y ganar plata, suelen inclinarse por ganar plata”. El especialista continúa: “En Argentina, donde los gobiernos nacionales y populares no tienen ni la cuarta parte del poder real, hay que negociar con factores de poder en el sistema de salud, para que la solución sea medianamente buena y no del todo mala.”
“La salud no es un comercio, es un derecho fundamental y está en la declaración de los principios universales del hombre. Nuestro país ha adherido a esas leyes, entonces la salud de todos los habitantes es un derecho y no un comercio. Hay un gasto excesivo en salud y el rédito es bajo porque el sector privado necesita hacer negocios”, sentencia, por su lado, la docente y sanitarista Liliana Chertkoff.
Tras la posibilidad de que el gobierno nacional impulse este sistema integrado de salud, los principales referentes del sector privado y de las obras sociales sindicales más grandes salieron a manifestar su desconfianza. Sobre todo, luego de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto el aumento del 7% anunciado para los servicios de las empresas de medicina prepaga y solo permitiera una suba del 3,5%.
“Una cosa son las grandes obras sociales y otra las prepagas que, obviamente, se van a oponer a esto porque les quitan un negocio muy importante. Si esto se reforma para que cada cual vuelva a su subsector, ellos pueden llegar a perder afiliados. Entonces obviamente los intereses creados son monstruosos. La medicina prepaga ha crecido de una manera escandalosa” explica Klajman.
«El 60% de la tecnología instalada está en el AMBA y 30 km a la redonda, ahí ya te das cuenta la inequidad”, dice Klajman.
Para Chertkoff “el sector privado, que tan alterado está con este tema, tomó cuatro o cinco puntos del proyecto que elaboró el Instituto Patria y con eso argumentan su terror a que los confisquen y se queden sin recursos, pero nada más alejado de la realidad. Lo que se busca es optimizar lo que cada uno tiene e interactuar. Tenemos que hacer frente a esta pandemia y esta es una oportunidad muy interesante para poder trabajar en forma secuencial, sin prisa pero sin pausa, y lograr un sistema de salud integrado”.
Rachid, quien además forma parte del comité de expertos que asesora al gobernador bonaerense Axel Kicillof, comenta: “Yo me reuní con más de 60 gremios y no es verdad que están todos en contra. Lo que sucede es que hay unos pocos que manejan el mayor caudal de afiliados, y esto es así por las políticas de desregulación aplicadas en el pasado y que aún continúan vigentes. Cuando se discute esto y se les muestra la historia, se dan cuenta de cómo les sacaron recursos a todos los sistemas solidarios. La Argentina tiene que retomar un camino de soberanía sanitaria o va a seguir siendo el pasto de programas elaborados en otros países u organismos, que a través del caramelo de la financiación, se quedan con la programación, el desarrollo y la información de los sistemas sanitarios argentinos.”
Si bien la pandemia permitió visibilizar y tapar los baches más urgentes del sistema sanitario, los déficits no son solo del orden edilicio o de falta de insumos. Hay otros problemas que no son nuevos y que un sistema integral de salud ayudaría a resolver.
Según Chertkoff “hay deficiencias estructurales por falta de conocimiento, es decir, estamos formando médicos que desconocen cómo funciona el sistema de salud. Si vos le preguntás a un profesional qué es el sistema de salud no te lo puede responder. Las deficiencias están en la ignorancia, en el desconocimiento. ¿Cómo se puede resolver eso? Transmitiendo en cada uno de los sectores, difundir haciendo un trabajo metodológico para todo el equipo de salud (médicos, enfermeras, kinesiólogos, personal de maestranza, etcétera)”
Por otra parte, Klajman plantea que “en la medida en que todos los profesionales de la salud estén bien preparados, realicen el diagnóstico, el tratamiento como corresponde y de la mejor manera posible, a la larga esto redunda en mejores prestaciones y de calidad. Esto no pasa siempre, porque existen problemas muy serios como el pluritrabajo. Si alguien tiene que trabajar en tres lugares para poder vivir, le queda poco tiempo para estudiar”. Y agrega: “Otro tema importante es la curricula de la Facultad de Medicina. Hay que adaptarla a los tiempos que corren”.
“Hay una cultura sanitaria que se ha centrado en la atención de la enfermedad, por sobre el fortalecimiento de la salud”, explica Rachid y profundiza: “El neoliberalismo produjo un cambio de paradigma y se pasó de la prevención a la cronificación de las enfermedades. El sistema de lucro nos necesita enfermos y crónicos. No nos necesita ni muertos ni sanos, porque no les damos ganancia. Y esto está relacionado directamente con el desarrollo desmedido de la industria farmacéutica que avanza sobre gente cada vez más joven”.
En este sentido, Escudero asegura que “el gasto en medicamentos es un tercio del gasto nacional en salud. Es en gran parte un ´curro´ de asignación no científica, y de darle luz verde a medicamentos que sirven poco y a valores muchísimo mayores de lo que cuesta fabricarlos. De manera que yo atacaría, prioritariamente, el mercado capitalista salvaje de medicamentos antes que tomar cualquier otra medida para el sector salud”. Las cartas ya están sobre la mesa, parece ser el momento adecuado para sentarse a debatir y hacer del sistema integrado de salud una realidad que beneficie a todos los argentinos.
