Abr 8, 2020 | Comunidad, Novedades
Muchas trabajadores de los comedores no pueden realizar su tarea porque pertenecen a los grupos de riesgo.
Antes de la pandemia, unos ocho millones personas acudían a comedores comunitarios en todo el país en búsqueda de asistencia alimentaria. Hoy ya son 11 millones. Está claro que para quedarse en casa hay que tener cubiertos los servicios básicos y dinero para afrontar los gastos mientras dure la cuarentena, circunstancias más bien utópicas para gran parte de la población.
Según datos del INDEC del segundo semestre de 2019, relevados en 31 aglomerados urbanos de Argentina, el 35,5 por ciento de la ciudadanía vive en hogares por debajo de la línea de pobreza, es decir que no logran satisfacer “la totalidad de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”. Dentro de este conjunto, el 8 por ciento se encuentra bajo la línea de indigencia y no cuenta con ingresos para cubrir una canasta de alimentos “que satisfaga un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas”.
La mayoría de los comedores comunitarios nacieron entre mediados de los 90 y principios de los 2000, producto de la aplicación políticas neoliberales. Actualmente siguen existiendo en villas y asentamientos, principalmente en el conurbano bonaerense. Gestionados por organizaciones sociales, políticas o religiosas, su magnitud es diversa. Los más chicos reciben entre 40 y 50 personas por comida y otros hasta 800 o 900.
Antes de la cuarentena, ocho millones de personas concurrían a comedores, hoy ya son 11 millones.
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los provee de financiamiento –el monto se calcula por cantidad de personas y comidas preparadas por día–, o bien, de alimentos frescos y secos. Como parte de las medidas de prevención del coronavirus, se les distribuyó una cartilla sobre manipulación de alimentos y una serie de recomendaciones de higiene. Sin embargo, debido al desborde de la situación, algunas sólo quedan en las buenas intenciones.
Fuentes de Desarrollo Social reconocen que el número de asistentes a los comedores no para de crecer y lo atribuyen a que el 40 por ciento de la población está empleada de manera informal. Personas que vivían de changas, vendedores ambulantes y feriantes se encuentran sin trabajo y, en consecuencia, se han sumado a los comedores.
La pandemia alcanza a estos espacios en condiciones de extrema precariedad luego de cuatro años de macrismo. Hambre, falta de trabajo y hacinamiento marcan la realidad de los sectores vulnerables. Desde Desarrollo Social, afirman que por esto la población de los barrios no logra adaptarse a las medidas de prevención y a las recomendaciones que bajan del organismo.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, en la Argentina hay un 40 por ciento de trabajadores informales.
El movimiento social Barrios de Pie cuenta con 15 comedores y 40 merenderos sólo en la Ciudad de Buenos Aires, a los que asisten más de 2.500 personas. Dos de sus referentes, Julieta Di Stefano y Lilian Susana Gómez, en diálogo con ANCCOM, detallan los obstáculos que deben atravesar por estos días
Para Di Stéfano, coordinadora de la Red de Comedores y Merenderos Comunitarios de Barrios de Pie de la Ciudad de Buenos Aires, el gran problema hoy es el hambre. En sus espacios, debieron incorporar listas de espera porque no logran cubrir la demanda de comida, hasta que se habilite más mercadería o aumenten las raciones. “Es así de duro. Hay familias en lista de espera por un plato de comida. ¿Y mientras tanto qué?”, se pregunta Di Stéfano.
Gómez es la responsable de “Corazón Abierto”, un comedor de la villa 21-24, enclavada en la triple frontera entre Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, en Capital Federal. El espacio funciona hace casi ocho años y ofrecía merienda y cena. A partir de la cuarentena, la afluencia de familias creció y se vieron obligados a sumar una comida diaria. “Agregamos almuerzo para que la gente se sostenga un poco”, cuenta Gómez.
En medio del aislamiento, los comedores deben seguir funcionando y redoblar sus esfuerzos, pero con menos trabajadores y trabajadoras, muchas de las cuales son personas mayores o con enfermedades preexistentes que discontinuaron sus labores por formar parte de la población de riesgo. La mayor parte de ellas son mujeres, quienes dedican medio día de su vida de lunes a viernes, incluso sábados, a cocinar y realizar tareas de cuidado de forma voluntaria.
Di Stéfano remarca que este trabajo, de por sí altamente demandante, se ha visto perjudicado aún más por la pandemia y esto se refleja en el ánimo de las responsables de los comedores. Con frecuencia, deben lidiar con tensiones y violencias de los demandantes insatisfechos, que sospechan que “se guardan la comida”. “La presión es mucha y eso las afecta –sostiene-. Hay que contener no solo en la presencia en territorio sino también en charlas: en cómo te sentís, cómo estás, en lo subjetivo de la persona”. Con más bocas hambrientas y menos manos para repartir, los comedores rozan el colapso.
Durante los primeros días de la cuarentena, también hubo roces con la policía. Di Stéfano explica que en algunos barrios el control de la documentación es más fuerte. El problema es que muchos trabajadores y trabajadoras no cuentan con teléfono celular, ni acceso a Internet, y finalmente tuvieron que imprimir sus permisos. Por las presiones de las fuerzas de seguridad, Corazón Abierto cambió el horario de la cena. “Se estaba dando de 18 a 19, pero ahora la estamos dando de 17 a 18, porque la policía a partir de las 19 te empieza a atajar”.
El aumento abrupto de la demanda, junto con el incremento de los precios, condujo a que los comedores deban introducir cambios en sus menús a fin de volverlos más económicos y rendidores, a veces en desmedro del valor nutricional. Frutas, verduras y carnes son reemplazadas por –o combinadas con– hidratos. “El pollo al horno lo hacemos guiso. En lugar de milanesas, hacemos guiso de arroz o estofado con papa. Tenemos que hacer magia para dar la comida diaria”, asegura Gómez y Di Stéfano lo subraya: “Es increíble el esfuerzo que hacen para sostener esos lugares y poder estirar las viandas y darle de comer a más personas”.
Con la cuarentena, Barrios de Pie adoptó las recomendaciones de los ministerios de Salud y Desarrollo Social. En condiciones normales, la mayoría de los comedores prepara la comida en su espacio y recibe a las personas para que coman ahí. Hoy Corazón Abierto entreg viandas y solo acoge a un número reducido de personas. Para evitar la aglomeración en sitios cerrados, el Ministerio aconsejó esta modalidad que consiste en llenar de comida los táper de quienes se acercan y que coman en sus casas. Otra posibilidad es el bolsón, la entrega de algunos productos seleccionados para que la familia prepare su alimento. Sin embargo, solo una minoría de los comedores pudo hacerlo. Y en los casos en que se entregan viandas, sigue produciéndose concentración de personas en la puerta.
Corazón Abierto también incorporó pautas de higiene. “Poniéndonos guantes, barbijos. Los delantales, como corresponde. Y el distanciamiento de las personas”, explica Gómez. Con el financiamiento de Desarrollo Social, los comedores pudieron adquirir lavandina, detergente y alcohol en gel. Barbijos, cofias y delantales son fabricados en el Polo Textil de Barrios de Pie.
Los recursos del Estado no son suficientes. Además, las actividades que las organizaciones realizaban para conseguir fondos extra, como talleres y festivales, quedaron suspendidas. “Estamos apelando a las donaciones porque estamos sobrepasados, se triplicó la demanda en comedores y merenderos”, expresa Di Stefano.
Si bien el virus puede alcanzar a cualquiera, la pobreza estructural en los barrios más humildes plantea un panorama más complejo para sus habitantes. “No es lo mismo hacer cuarentena en clase media que en sectores populares, donde tal vez en una misma habitación viven varias personas”, opina Di Stéfano y concluye: “Todo está atravesado por la cuestión de clase y si bien esta pandemia nos puede tocar a todes, las herramientas y la respuesta a esta enfermedad es distinta de acuerdo a la clase social”.
Abr 1, 2020 | Novedades, Trabajo
En enero pasado, Prestadorxs Precarizadxs ya reclamaba por honorarios impagos de prepagas y obras sociales.
En el marco del actual aislamiento social, profesionales de la salud y la educación que trabajan en el área de discapacidad han adoptado modalidades virtuales para continuar los tratamientos de sus pacientes. Sin embargo, distintas obras sociales y prepagas se niegan a contemplar estas prácticas como prestaciones profesionales. Organizados en el colectivo Prestadorxs Precarizadxs, los trabajadores y las trabajadoras exigen al Gobierno Nacional y otras autoridades responsables que intervengan y garanticen sus ingresos.
Cuatro años atrás, al inicio del macrismo, la precarización laboral ejercida tanto desde el ámbito público como privado condujo a que psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas y psicomotricistas, entre otros, formaran la agrupación que los nuclea para reunir fuerzas y luchar por un objetivo común.
Pero a la complicada situación que ya vivían, desde el 20 de marzo se sumó la cuarentena y, con ella, la negativa de varias entidades de salud a pagar las prestaciones realizadas luego de esa fecha. “Queremos que se reconozca la tarea que venimos haciendo de manera virtual hacia nuestros pacientes y sus familias”, explica en diálogo con ANCCOM Emilia Lobais, una de las integrantes de Prestadorxs Precarizadxs. La psicopedagoga se desempeña en el área de discapacidad hace nueve años y afirma que, en este contexto de emergencia sanitaria, la población con la que trabaja podría ser de las más afectadas. “Requieren acompañamiento”, subraya.
En el último petitorio de la organización, además de este nuevo problema, persisten dos reclamos previos. Uno, el pago de honorarios que obras sociales y prepagas adeudan a los prestadores. “Algunos todavía no cobraron noviembre o diciembre de 2019”, sostiene Lobais. Y el otro, la reducción del plazo entre la prestación y su cobro. “Queremos cobrar a mes vencido, como todo el universo de trabajadores y trabajadoras”, agrega.
Hoy, con suerte, cobran a 60, 90 o incluso más días después de la facturación a los centros e institutos. La mayoría tampoco se encuentra en relación de dependencia. “Más del 90 por ciento somos monotributistas”, precisa Lobais. Ni cuentan con gremios ni convenios colectivos. Esta precarización ha llevado también a la conformación e Monotributistxas Organizadxs, agrupación que en ocasiones coordina esfuerzos con Prestadorxs.
Previo a la cuarentena, los prestadores marcharon para protestar.
Desde Prestadorxs denuncian que, a la hora de establecer directivas estrictas y organizar modalidades de trabajo acordes al contexto, las respuestas del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad, han sido más bien endebles. “Hay sugerencias, recomendaciones, pero nada de carácter obligatorio”, opina Lobais.
El pasado martes 17 de marzo, la Superintendencia publicó en su sitio web un comunicado dirigido a les profesionales con el detalle de las medidas preventivas a tomar durante el aislamiento social en relación a los pacientes con discapacidad. El organismo recomienda adoptar ciertas normas de higiene y solicita que esta población se mantenga resguardada en sus domicilios. En el mismo parte de prensa, sostiene que garantizará la cobertura de las prestaciones médico asistenciales “que se vean afectadas por esta medida y se encuentren previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.
Si bien nadie podría estar en desacuerdo con las recomendaciones, desde Prestadorxs consideran que faltan medidas taxativas en caso de incumplimientos. Quedan excluidas de estas garantías, además, aquellas actividades que no están nomencladas, como las de acompañantes terapéuticos. Existen obras sociales y prepagas que están por fuera del reparto solidario de la Superintendencia, como OSDE, Policía Federal, IOMA y otras provinciales, de manera que no están obligadas a cumplir sus lineamientos.
Este vacío de reglamentación genera confusión e incertidumbre entre los trabajadores sobre la continuidad de los tratamientos y sobre su situación laboral. El reclamo principal es de una mayor claridad: “Que garanticen la unificación de criterios para que las prestaciones queden cubiertas en su totalidad y se asegure el pago de todas las aprobadas ante esta emergencia”, destaca Lobais.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tampoco ha atendido a sus reclamos. Más aún, con motivo de la emergencia sanitaria, lanzó un programa de voluntariado convocando a psicólogos y psicopedagogos dispuestos realizar tratamientos de manera online (sin percibir honorarios). “Es otra forma de precarizar nuestro trabajo”, sostiene Lobais, cuando desde el colectivo que integra pedían el permiso para seguir sus tratamientos bajo esa modalidad, tratamientos que no sólo habían sido aprobados, sino que tienen objetivos establecidos y un proceso recorrido junto con los pacientes.
La interrupción de los tratamientos es perjudicial para los trabajadores que dejan de cobrar y para los pacientes y sus familias que siguen necesitando la atención. Frente a este panorama incierto, las y los profesionales siguen conteniéndolos a distancia.
El petitorio de Prestadorxs Precarizadxs, que suma unas 17.000 firmas, sirve como refuerzo a sus reclamos. “Queremos que se haga visible que no somos cinco o diez, sino un montón de trabajadoras y trabajadores que queremos que se nos pague por nuestro trabajo”, concluye Lobais.
Mar 18, 2020 | Comunidad, Novedades, slider
Los móviles policiales recorren las calles pidiendo a los habitantes por megáfono que permanezcan en sus hogares.
En la capital fueguina alguna que otra persona camina sola por las calles, va hacia su casa o a comprar pan. También es posible ver algún auto circulando. Al fondo, más allá de las luces de Ushuaia, entre las montañas violáceas, el faro Les Éclaireurs contempla la ciudad. Muchos negocios permanecen abiertos, pero desde el lunes 16 de marzo sus vitrinas y puertas tienen un cartel que en letras blancas y rojas que dice: “Atención”. Quien lea, se enterará que temporalmente sólo podrá comprar por delivery, que se han establecido horarios especiales para los grupos de riesgo, o que la capacidad habilitada de personas dentro del local ha sido reducida.
Los móviles de la Policía provincial, desde el martes 17, salieron a recorrer las calles pidiendo a los habitantes por megáfono que permanezcan en sus hogares y eviten las reuniones. Este mismo día las fuerzas federales y provinciales custodiaron a micros de turismo para trasladar a cruceristas que llegaban de la Antártida al aeropuerto de la capital fueguina, tras la orden de que dejaran la ciudad cuanto antes.
“Vivimos momentos muy duros. No solo nosotros, nuestro país, el mundo entero, ante una enfermedad que día a día va creciendo”, anunció el gobernador Melella, cuando llamó a los fueguinos a detener sus quehaceres cotidianos y a permanecer en sus casas. La provincia austral y Chaco se convirtieron así en las primeras del país en sancionar por decreto una medida semejante.
Además de la suspensión de todo tipo de actividades públicas y privadas, el decreto 0468/20 prohibió que niños, niñas, adolescentes y grupos de riesgo salgan de sus domicilios. Para eso, cada familia deberá designar un adulto responsable, quien sólo podrá salir por cuestiones laborales, para concurrir a centros sanitarios, comprar alimentos, asistir a personas pertenecientes a grupos vulnerables, o dirigirse a entidades financieras por causas de fuerza mayor o a puertos, aeropuertos y otros centros de transporte y asistencia esenciales.
“Sólo le vamos a ganar a este virus si nos detenemos, si nos quedamos en nuestros hogares”, sostuvo el mandatario.
Asimismo, el gobierno provincial pidió a los turistas que vuelvan a sus lugares de origen y solicitó que no vengan a quienes lo tenían planeado. “Es cierto que esto trae problemas económicos, pero también es cierto y mucho más doloroso que pone en riesgo la vida de muchos”, declaró el gobernador.
Cada familia debe designar un adulto responsable, quien sólo podrá salir por cuestiones indispensables.
Nicolás tiene 26 años y vive en Ushuaia. En diálogo con ANCCOM, asegura que la decisión no fue tan inesperada para la población, que seguía las noticias por medios masivos y redes sociales: “El domingo ya se hablaba por todos lados de lo que estaba ocurriendo”.
Hasta el momento, en la ciudad austral se confirmaron dos casos de coronavirus. Se trata de una madre y su hijo, ambos ushuaienses, quienes se contagiaron en un viaje a Francia. Cuando llegaron, se pusieron en cuarentena y evitaron contagiar a otros. “Fueron muy responsables y los dos están evolucionando, no tienen síntomas” asegura Ignacio Chávez, periodista del diario Ushaia24.
Desde la resolución del día 16, uno de los puntos más conflictivos habría sido la prohibición del ingreso de turistas, junto con el cierre de escuelas: “La ciudad es una de las más turísticas del país y es habitual encontrarse con miles de extranjeros en el centro”. En el instituto donde Nicolás trabaja como profesor de Educación Física, las clases quedaron totalmente suspendidas.
El gran problema fue que el pedido a los turistas desembocó en la congestión del transporte aéreo. Muchos vuelos habituales se destinaron a trasladar en primer lugar a turistas extranjeros, dejando varados en la provincia a argentinos que habían llegado de visita o por otros motivos temporales. Esta situación es particularmente crítica teniendo en cuenta que la provincia es una isla. Como tal, “el transporte terrestre es mínimo, depende en un 90% de los aviones”, explica Chávez.
La medida contempla sanciones para quien la quebrante. Sin embargo, desde el primer momento los fueguinos respetaron la cuarentena. Ignacio afirma: “Se entendió que lo que ayer era un beneficio económico hoy puede ser una catástrofe, considerando que la situación de los hospitales es la misma que en el resto del país”. Tan es así que los establecimientos sanitarios de Ushuaia y Río Grande tomaron medidas especiales para minimizar la concurrencia de personas.
Respecto a los comercios de alimentos y almacenes, el decreto permitió que permanezcan abiertos cumpliendo ciertas regulaciones. No obstante, “muchos decidieron directamente cerrar sus puertas hasta fin de mes”, señala Chávez.
Salvando las distancias, el panorama durante los últimos días en los hipermercados del fin del mundo se asemeja a lo acontecido en Buenos Aires, donde fueron notorias la circulación de changos llenos y las góndolas vacías. En Ushuaia, “arrasaron con los tres supermercados que hay, Carrefour, La Anónima y Diarco”, cuenta Chávez. Los productos más comprados habrían sido los de higiene y alimentos no perecederos.
El periodista explica que, si bien el abastecimiento está garantizado, muchas veces no se llega a reponer la mercadería. No obstante, los entrevistados concuerdan en que a grandes rasgos los fueguinos permanecen tranquilos. “Solo que la gente sigue yendo a los supermercados por temor a los cierres”, observa Chávez, mientras que para Nicolás la gente está asustada “porque circula mucha información que quizás no es real”.
“No tenemos que entrar en la desesperación”, sostuvo el gobernador. Por el momento, pareciera que los habitantes de la provincia adoptaron la postura de Nicolás: “Hay que mantener la calma y cumplir con las medidas de precaución para el bien de todos”.
Ene 8, 2020 | Comunidad, Novedades, slider
A lo largo de las últimas décadas, las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales han sido ineficientes para revertir la situación de emergencia habitacional. La población en villas ha aumentado a un ritmo superior a la tasa de crecimiento vegetativo ante la incapacidad del Estado de brindar soluciones permanentes a los sectores más pobres de la sociedad. En 2017, el Registro Nacional de Barrios Populares llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri, con colaboración con organizaciones sociales, permitió identificar y mapear 4.228 asentamientos informales en todo el país en donde viven más de 3 millones de personas, es decir 1 de cada 10.
El Gran Buenos Aires (GBA) es la zona geográfica con mayor concentración. Francisco Ferrario, director de TECHO en el GBA, encuentra problemáticas similares en los asentamientos del conurbano: “La falta de acceso a los servicios básicos, precariedad en las viviendas, las inundaciones constantes y la falta de servicios de emergencia se dan en casi la totalidad de los barrios. Además, los vecinos, al no tener acceso a la escritura de su casa, viven con constante incertidumbre porque al menos el 50 por ciento de las tierras en las que están los barrios populares a nivel nacional son privadas ya que pueden ser desalojados”. Y agrega: “También es un gran problema que la policía y las ambulancias no ingresan a los asentamientos”.
La organización TECHO busca ser el nexo entre los barrios populares y el Estado para resolver cuestiones habitacionales. Financiado a través de donaciones, construye viviendas a las familias más vulnerables dentro de los asentamientos. Belén Guerrero, coordinadora de la mesa de trabajo de la entidad, explica que el modelo de trabajo ha ido cambiando en los últimos años: “Antes la línea era llegar al barrio, construir la casa y después nos íbamos. Ahora es mucho trabajo previo y posterior. Estamos trabajando con muchas personas a las que no les construimos”.
Las primeras viviendas construidas por la ONG fueron las de emergencia, que consisten en módulos de 18 metros cuadrados hechos de paneles de madera prefabricados y techo de chapa con aislante térmico, que se apoyan sobre 15 pilotes de madera para aislar la humedad del suelo. Con el tiempo, TECHO desarrolló las Viviendas Semilla, diseñadas por las familias con los materiales de la organización, que buscan superar aquella primera instancia de emergencia. “Sus habitantes pagan un porcentaje sobre el valor total, que se calcula considerando su situación económica. En ambos casos, la construcción se realiza entre la familia asignada y los voluntarios de TECHO”, detalla Guerrero, quien sostiene que actualmente “el objetivo es que los y las vecinas se apropien de barrio”. “Ellos mismos eligen las familias a las que construimos. Estamos tratando que el trabajo que hacemos sea cada vez más comunitario”, subraya.
Un ejemplo de la labor de TECHO en el GBA es el barrio Haras Trujui, ubicado en el partido de Moreno, uno de los 1450 asentamientos informales del conurbano. Trujui tiene una extensión de más de 30 cuadras donde las angostas veredas de ripio y hierbas flanquean a un lado y otro las calles de tierra. Los fines de semana, el silencio impasible sólo es interrumpido por la cumbia que llega desde la radio de alguna de las casas. Ubicado a 48 kilómetros de Capital Federal, cobija a 47 familias y se encuentra atravesado por el arroyo La Felicidad, que irónicamente suele inundar al barrio en los días lluviosos. TECHO llegó a Trujui en 2015, y luego de trabajos intensivos de relevamiento, han construido sus Viviendas de Emergencia para 21 familias.
Fernanda Moyano vive allí hace más de 15 años y en su casa tiene un merendero llamado “Athenea”. Los vecinos la llaman “la abogada del barrio”. Ante este título Fernanda responde orgullosa: “En realidad, estudié Trabajo Social en la UNPAZ, pero me conocen en todas las oficinas municipales de Moreno de tantas veces que fui a reclamar”. Moyano resalta que el tratamiento de residuos y las inundaciones son los problemas más graves que tienen: “En Haras no hay recolección. La basura se tira en las cercanías del arroyo y cuando llueve esa basura va al zanjón, y este se tapa y se desborda, provocando inundaciones. Hemos tenido evacuaciones dos veces porque el agua nos llegaba hasta el cuello. Si tuviésemos recolección, no colapsaría el zanjón y no se inundaría”.
La falta del servicio alienta la generación de basurales a cielo abierto y las quemas, creando pésimas condiciones sanitarias para los vecinos. De hecho, el barrio es uno de los puntos del conurbano con más casos de forunculosis, problemas dermatológicos y respiratorios. “No podemos darle de comer a los nenes en el jardín por el olor que hay. Anulamos la parte de los juegos porque no se puede estar”, señala Fernanda y advierte: “Alguien se tiene que ocupar de esto y no hay ni siquiera iniciativa”.
Trujui carece de todo tipo de servicios básicos, como gran parte de los asentamientos informales del GBA. No dispone de recolección de residuos, luz eléctrica, agua corriente, servicios de salud y control policial, entre otros. Frecuentemente, el suministro de agua se obtiene por bombeo. “Hace 15 años que vivo acá –cuenta Fernanda–. Recién hace dos colocaron el tendido de agua corriente y aún no lo habilitaron. Tuvimos agua dos días, que no se podía tomar, y todavía no volvió a correr”. Estas carencias primarias abren paso a nuevas problemáticas.
Las múltiples afecciones provocadas por la contaminación empeoran a causa de los escasos servicios de salud a los que tienen acceso. Para recibir asistencia hospitalaria los habitantes de los asentamientos informales deben salir del barrio y acercarse a alguna salita disponible en los alrededores. Los de Haras deben ir hasta Santa Brígida, donde una precaria unidad sanitaria, provista de un sólo profesional por especialidad (que no siempre logra cubrirse), debe responder por todos los habitantes de la zona.
La falta de suministro eléctrico desemboca en otra situación preocupante: los constantes episodios de inseguridad: “En muchas familias, el o la responsable de la casa sale a las cuatro de la mañana y se va a Capital a laburar. Que no haya una luz es realmente peligroso”, señala Belén Guerrero. Haras Trujui descansa bajo la custodia de solamente un patrullero. Ante la ausencia de respuestas oficiales, los habitantes del barrio, junto a TECHO, instalaron un circuito de alarmas vecinales e iluminación. “Hay una ausencia total del Estado en lo que es seguridad. Como vecino no te queda otra que salir a defenderte vos. La ausencia total municipal no hay forma de darla vuelta porque desde la Municipalidad tienen un sistema estratégico para evadir los reclamos”.
Belén Guerrero da cuenta de ello: “Los asentamientos están totalmente marginados. Los vecinos sienten que los políticos están presentes en los barrios cuando necesitan alimentar su marketing político”. Un caso ilustrador le sucedió a Fernanda durante las inundaciones de Haras Trujui en julio de 2017. Moyano se contactó con la esposa del ex intendente Walter Festa, Romina Urigh, para pedirle provisiones para su merendero. Sin embargo, la visita no resultó satisfactoria: “Se bajó de una combi con 15 personas atrás y un fotógrafo. Calle de tierra, todo inundado y ella estaba en tacos aguja. Y sacaron una foto con ella agarrándome las manos y eso fue todo”, relata y añade: “Los políticos no saben ni los nombres de las calles de los barrios. Lo importante es conocer el terreno. Si lo conocés, te das cuenta de la situación en la que la gente está viviendo”.
Ferrario destaca que los encontronazos entre la organización y las autoridades municipales son frecuentes, sin importar el color partidario, y se deben a varios factores: “En principio hay falta de voluntad política. Otra cuestión es la falta de recursos en los municipios. En otras ocasiones se debe a que tienen otra visión sobre cuál es la solución al tema, cuál es la manera de mejorar la calidad de vida de esas familias”. El directivo de TECHO resalta que los diálogos más difíciles ocurren con los municipios de La Matanza, donde están la mayor cantidad de asentamientos informales en el GBA, y en Moreno, y agrega: “Poder alquilar de manera formal está plagado de requisitos que le hacen que un trabajador en negro y con un ingreso bajo es imposible. El Estado tendría que ser el que dirima esa situación y el que le otorgue una solución a las familias que están viviendo con muchas necesidades”.
Estas necesidades se vieron potenciadas a nivel nacional durante la gestión de Mauricio Macri. Según datos del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, la inseguridad alimentaria alcanza al 32,1% de los argentinos, es decir 14 millones de personas. Esto representa un aumento del 13% en comparación con los datos del período 2014-2016. “En estos cuatro años de crisis económica grande, fue un deterioro de las situaciones sociales en los barrios, el crecimiento de la cantidad de familias en los propios barrios, aunque todavía no lo tenemos cuantificado. También, un aumento en la cantidad de comedores, el que tenía 20 pibes pasó a tener 50”, afirma Ferrario. Fernanda admite que al principio del mandato de Macri recibía 30 familias en su merendero, mientras que hacia el final de 2019, ese número aumentó a 300.
La renovación de las autoridades municipales genera expectativas cautelosas en Fernanda: “Hay un 50 por ciento de que haya mala onda con la nueva gestión y un 50 de que eso no pase. Espero que la nueva intendenta de Moreno, Mariel Fernández, no repita los errores de Walter Festa, a pesar de que pertenezcan al mismo partido”.
Ferrario aporta otro punto de vista de cara a la gestión futura ya que ve con buenos ojos la reciente creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat a nivel nacional: “Puede ser un buen paso para darle una visión más integral a la problemática y buscar soluciones más de fondo”. Aunque, igual que Fernanda, es precavido: “Siempre todo cambio de gestión es una oportunidad y una amenaza a la vez. En este nuevo período será clave la lucha colectiva junto con otras organizaciones y barrios para poder gestionar políticas que sean positivas en la vida de la gente”.
Dic 12, 2019 | DDHH, Novedades
El filme abordara las vivencias de Germán y dos compañeros en el hospital, desde la perspectiva de los pacientes.
El documental Los fuegos internos. El arte de salir del manicomio narra la amistad entre tres pacientes neuropsiquiátricos que logran externarse. Producido por un colectivo integrado por artistas, usuarios del hospital y especialistas en salud mental y ciencias sociales, relata el vínculo entre Germán y sus dos compañeros de la sala, Miguel y Daniel. En diálogo con ANCCOM, Laura Lugano, una de las cuatro directoras de la película, y Jorge Deodato, ex interno y quien interpreta a Germán, cuentan sus experiencias durante el proceso de realización.
El Cisne del Arte es un dispositivo de arte y salud mental en el que participan voluntarios de disciplinas artísticas y sociales. Allí se desarrollan talleres creativos y de comunicación que, orientados por el psicoanálisis, están destinados a personas en proceso de externación o internadas en el Hospital “Dr. Alejandro Korn” de Melchor Romero, en La Plata. Para Deodato, funciona como “un espacio conjunto donde compartir un mate, una comida, una charla, en los que se puede expresar lo que uno quiere”. Los fuegos internos nació en este marco.
En 2012, Germán Cauwlaert se encontraba en tratamiento cuando el psicólogo Alberto Justo le propuso desplegar uno de sus oficios –el de filmar– para El Cisne. Cauwlaert aceptó. Junto con otros miembros del espacio conformaron un equipo y asumieron los distintos roles del proyecto para llevar adelante la idea. La pregunta fue qué historia contar.
Se decidió que el filme abordara las vivencias de Germán y dos compañeros en el hospital, desde la perspectiva de los pacientes. La dirección estuvo a cargo de Laura Lugano, Ana Santilli Lago, Ayelén Martínez y Malena Battista, antropólogas y amigas desde su paso por la licenciatura en la Universidad Nacional de La Plata. Laura Lago, coordinadora general de El Cisne, asumió la producción.
“Cuando estuve en el hospital no se apagaron mis fuegos internos”, fue la frase de Cawlaert que bautizó a la película.
El título estuvo desde el comienzo. Según Lugano, en una de las charlas preliminares, Cauwlaert dijo: “Por suerte, cuando estuve en el hospital no se apagaron mis fuegos internos”. Laura explica que él veía a esos fuegos como una especie de motor que lo empujó a salir, y que aquella imagen resultó tan fuerte que definió el nombre. “Pudimos ir viendo los fuegos internos como ese lugar subjetivo que abre posibilidades. Esa decisión y potencialidad de lanzarse a la acción”, subraya.
Los compañeros de Germán, Daniel Degol y Miguel Godoy, encarnan los personajes homónimos que además están inspirados en sus historias. Cauwlaert prefirió permanecer tras la cámara. Deodato, que lo interpretó, señala que “el personaje terminó siendo una fusión entre las experiencias de los dos”. El acostumbramiento al hospital funcionó como el hilo conductor entre una y otra.
Deodato nunca había actuado antes. Estaba en tratamiento cuando el psicólogo Justo –que también aparece en el documental– lo impulsó a intentarlo. “Me vino a visitar en momentos que yo estaba muy alejado del alta. Pero él veía como una posibilidad que lo obtenga”, recuerda Deodato.
A la voluntad inicial se sumó el aporte de Julia Portella, quien enseñó a todo el equipo técnicas de videodanzas para mejorar la actuación frente a cámara. Deodato considera que estos aprendizajes fueron muy importantes: “Me fue dando pautas de un lenguaje artístico corporal según lo que quería expresar”, remarca.
El documental comenzó a realizarse en 2012 y terminó de filmarse este año.
El documental comenzó a rodarse en 2012 y se terminó este año. El Cisne del Arte nunca se había embarcado en un proyecto así. “Fue un desafío plantearse una creación colectiva de estas dimensiones”, dice Lugano. Sin embargo, confiando en que tenían cubiertas las condiciones simbólicas, las y los mentores del film se embarcaron en la búsqueda de insumos materiales.
A fines de 2012, el equipo obtuvo una beca de creación grupal del Fondo Nacional de las Artes (FNA). “Fue el puntapié que nos permitió iniciar el proceso”, explica. Pero con el tiempo el documental crecía y el dinero se agotaba. Había material suficiente para realizar un largometraje, pero la beca no alcanzó para costear por completo la idea inicial.
Sin perder las esperanzas, se embarcaron en una nueva búsqueda de financiamiento. En 2016, otra vez gracias al FNA, recibieron una beca de Formación Grupal en Montaje Cinematográfico. Ese año ganaron el subsidio Quinta Vía Digital del INCAA. Para afrontar la edición, también lanzaron una campaña de financiamiento colaborativo a través de la plataforma Ideame.
Las directoras fueron descubriendo a posteriori las referencias teóricas que habían guiado su trabajo: la didáctica del juego, la educación popular, y las perspectivas de la antropología. En cambio, sí encararon una investigación previa de referencias cinematográficas. “Vimos qué recursos artísticos nos servían para contar la historia que queríamos. Un documental que nos marcó bastante fue The Devil and Daniel Johnston”, comenta Lugano.
El mensaje a transmitir fue acordado en sucesivas charlas. Lugano lo presenta como “una visión al mismo tiempo alentadora y crítica sobre las problemáticas de salud mental” y opina que se distingue de las pocas producciones cinematográficas que existen sobre el tema de la locura en tanto que se posiciona en el punto de vista de los pacientes. “Fue contribuir al reconocimiento de las personas que están atravesando esta situación y desde otro lugar, no desde los estigmas o del diagnóstico patologizante que suelen tener las instituciones y la sociedad”, sostiene.
Según Deodato, el documental sirve para mostrar la dinámica que se vive en los hospitales y el rol del acompañamiento mutuo en esas circunstancias. “Es muy importante que (los médicos) hayan tomado la decisión de escuchar. Yo estaba muy mal y ni siquiera tenía la idea de que existía otra forma de salir”, recuerda.
A días de arrancar el nuevo año, resulta curioso que en la película se habla de la Ley de Salud Mental, la cual dispone que para 2020 deberían cerrar todos los manicomios. “Lo que encontramos ahora es una realidad muy lejana”, manifiesta Lugano. Más aún, las medidas políticas tomadas en los últimos cuatro años implicaron un retroceso. “Además de falta de recursos, hubo una vuelta a la lógica más manicomial”, asegura.
Si bien para ella la existencia de la ley es positiva, las posibilidades materiales de concretar sus objetivos parecen escasas. “Faltan recursos y voluntades políticas”, afirma, aunque confía en los profesionales, colectivos de trabajadores y acompañantes terapéuticos activos que están trabajando para lograr “una transformación desde adentro”.
Deodato no tiene planes de seguir actuando, pero continúa en El Cisne del Arte, participando de un programa de radio y un taller de música. A quienes estén atravesando un proceso similar al suyo, recomienda: “Que no aflojen nunca con el tratamiento ni con lo que a uno le gusta hacer. Que resistan cuando quieran imponerles algo por la fuerza. Que sepan que tienen el derecho a ser oídos y respetados”.
Los fuegos internos puede verse en el Gaumont desde el 12 hasta el 18 de diciembre inclusive.
