Jun 11, 2020 | DDHH, Entrevistas
Las voces como las de Martín Bustamante quedaron silenciadas por el promedio de los medios comerciales durante las manifestaciones en el penal de Devoto y los cacerolazos del 30 de abril. Martín tiene 56 años, es escritor, poeta y publicó dos libros: Agua quemada (2016) y El personaje de mi barrio y otros cuentos (2014), editados por Lamás Médula. También es profesor, estudia Sociología y la semana pasada terminó de cumplir su condena a prisión. Pasó sus últimos años de detención en la Unidad 48 del Complejo Penitenciario de San Martín porque un anhelo irresistible lo hizo buscar la libertad en la educación. Aceptando que no iba a poder saltar el paredón -como había acostumbrado de joven- pensó que continuar el secundario lo ayudaría a volver más pronto a su casa. Lo terminó con un promedio de 9,1 y desde ese momento no dejó de estudiar.
A poco más un mes de las protestas que llevaron el debate sobre la situación penitenciaria en Argentina a la mesa y a muchas personas a acercarse con una cacerola y un cucharón a su balcón, Bustamante cuenta cómo se vive la pandemia encerrado en la cárcel y cuál es su perspectiva sobre los hechos.
Cómo viven los presos
El 25 de marzo de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró la emergencia en materia penitenciaria por el plazo de tres años debido al incremento significativo de la población penitenciaria durante los últimos años, pasando de 10.274 personas en 2015 a 13.773 en 2019 en el Servicio Penitenciario Federal. Con una capacidad operativa de 12.235 plazas hasta el momento, este número habla de una sobrepoblación superior al 12 por ciento.
“Por el hacinamiento hicieron camas para arriba, una cosa de locos. En una sola celda para seis personas están viviendo trece, doce. Duermen la mitad de día y la mitad de noche”, comenta Bustamante.
Entre 2008 y 2018, la tasa de encarcelamiento aumentó en un 55% por lo que la población privada de libertad total se multiplicó 2,5 veces, es decir, un incremento de 57 mil personas, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El último registro sobre la población carcelaria es de diciembre de 2018 y muestra un número de 94.883 personas privadas de la libertad en total en Argentina.
“Si entra el bicho, acá nos morimos todos”, dice Bustamante, y agrega: “Hay un montón de muchachos de 30, 40, 50 años que por su estado se pueden morir tranquilamente. Porque un respirador, ¿para quién va a ir? ¿Para alguien de afuera o para alguien de adentro?”
Luego de que varios países tomaran medidas para descomprimir la población penitenciaria y que organismos internacionales y nacionales (la CIDH, la ONU, la OMS, el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura y la Procuración Penitenciaria de la Nación) se posicionaran a favor de medidas que eviten el hacinamiento en las cárceles ante un peligro de contagio masivo por Covid-19, la Cámara Federal de Casación Penal firmó la Acordada 9/20 donde recomendó una serie de disposiciones para proteger los derechos de las personas privadas de libertad en el contexto de la actual pandemia.
El eje de la recomendación es que los tribunales de cada jurisdicción adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria con mecanismos de control y monitoreo en casos particulares como personas con prisión preventiva por delitos no violentos o cuando su detención cautelar haya excedido los plazos fijados por ley; personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir su condena; personas condenadas con penas de hasta tres años; personas en condiciones de acceder al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; mujeres embarazadas o encarceladas con sus hijos e hijas; y personas con mayor riesgo para la salud ante el contagio por Covid-19.
Cada caso, de todas formas, debe ser evaluado por el juez competente jurisdiccionalmente ateniéndose a las características del mismo y cumpliendo, principalmente, con la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372).
#Cacerolazo30A
A las 20 del 30 de abril comenzó el cacerolazo con el lema de “No a la liberación de los presos”, al que se sumaron bocinazos de autos civiles y sirenas de patrulleros. El reclamo tuvo un fuerte apoyo en las ciudades del país y los medios de comunicación lo anunciaron y lo siguieron en vivo, minuto a minuto. También tuvo una amplia repercusión en redes sociales, particularmente en Twitter, con el hashtag #Cacerolazo30A y #CacerolazoContraLaImpunidad y en Change.org se juntaron casi 700 mil firmas contra las prisiones domiciliarias y excarcelaciones de presos.
“Se tergiversó mucho la demanda. Acá lo único que se estaba pidiendo en sí era que los jueces se ajusten al derecho y empiecen a largar a la gente que tienen que largar: los condenaron con un Código, que los larguen con el mismo Código”, dice Bustamante.
El hecho que llamó la atención y al que se dirigió el debate de la sociedad fue que el juez de la Cámara de Casación Bonaerense Víctor Violini firmó un hábeas corpus colectivo dando lugar a la excarcelación o prisión domiciliaria de alrededor de dos mil presos dentro de los grupos de riesgo ante el Covid-19, entre ellos represores del terrorismo de Estado y presos que tenían su domicilio cerca de sus víctimas. Sin embargo, la Suprema Corte revocó el hábeas corpus considerando que cada caso debe ser tratado de forma particular por el juez a cargo, ateniéndose a sus características, por lo que cada uno de esos beneficios debe ser re-analizado caso por caso siguiendo los lineamientos detallados en el fallo.
“El delito te categoriza”
Bustamante nació en Landeta, Santa Fe, y se crió en José León Suárez. En el primer año del secundario lo convocaron para jugar en las inferiores de un club de primera división, pero una noche escuchó una conversación entre sus padres que lo hizo cambiar de rumbo: “Si le compramos botines al negro, los otros [sus cinco hermanos] no comen por una semana”, dijo en su charla TEDx “Saltar los muros”. Ahí comenzó a hacer sus primeros robos, a ser detenido, a escaparse y a entrar en lo que él llama “una rueda que gira con una velocidad cada vez más intensa donde el delito te categoriza”.
Sobre el sistema penitenciario, Bustamante asegura que “no está hecho para que salgas y te puedas reinsertar a ese lugar donde nunca te dieron cabida. Le dicen reinserción pero nunca estuviste insertado en la sociedad”. La solución él la encuentra en la educación. “Hay que revisar mucho los dispositivos pedagógicos dentro del encierro para poder brindarle una posibilidad a la gente que no la tuvo. Yo creo que la única manera de poder cambiar un poco la mirada de los pibes es seguir estudiando”, dice.
Sin embargo, Bustamante no habla de una aventura solitaria: “Acá nadie se salva solo. Hay que tratar de extender los brazos y darle una mano a los pibes”. Y agrega: “Cuando yo empecé a estudiar vi que estaba en el lugar equivocado, que lamentablemente la vida y el sistema te llevan puesto. Cuando uno entiende eso querés abrir la puerta para que otro también pase”.
Bustamante brinda un taller de poesía y narración oral en la sede del Centro Universitario San Martín (CUSAM) todos los martes de 14 a 17, que se encuentra temporalmente suspendido por la cuarentena. Además, los viernes a la tarde da un taller de narración oral en el campus de la UNSAM y los sábados, uno de poesía en la Villa 31, junto a Cristina Domenech -quien fuera otrora su profesora- en el marco del proyecto Scholas, que le da seguimiento actualmente vía WhatsApp.
El pasado martes 2 cumplió su condena y volvió a su casa en José León Suárez. Tiene varios proyectos editoriales, que se suman a sus dos publicaciones anteriores: Agua quemada, su primer libro, estuvo agotado y tiene poemas de lectura obligada, como el siguiente:
“Empiezo a escribir en sombras
donde calles y pasillos son torturados
con olvido.
Veo un horizonte entrecortado
que el tiempo encierra
con perversidad y tormentos.
Escribo
Me abrigo en ese rayo de sol
que atraviesa en mi nicho
Intento respirar
Intento engañar a la muerte
que oculta espera
Mientras un sueño viaja en mis venas.”
Luego de un mes en el que la situación penitenciaria durante la pandemia no volvió a ser noticia, otra frase de Bustamante queda resonando: «Si entra el bicho, acá a mucha gente la están condenando a pena de muerte».
May 12, 2020 | Novedades, Trabajo
La cuarentena preventiva y obligatoria, necesaria para proteger la salud de la población, tiene consecuencias directas difíciles para los trabajadores y la economía del país. Por esta razón, varias fueron las medidas que desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo se llevaron a cabo para asistir a personas con trabajo informal, desocupadas/os y empleados en situación de dependencia. En particular, el primero de los organismos anunció este lunes 10 el lanzamiento del programa Recuperar, consistente en créditos y subsidios para el sector cooperativo. No obstante, mientras se aguarda la instrumentación de esas medidas, los referentes de ese ámbito expresan su preocupación por una realidad que ya desde antes el aislamiento venía con fuertes complicaciones.
Si bien el dato de que las personas asociadas a cooperativas superan las 115 mil, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en junio del año pasado, poco habla de la relevancia social y material que tiene una cooperativa no solo para sus asociados y sus familias, sino también para el barrio y las entidades con las que se relaciona. Por esto, sus crisis afectan a un número mucho más elevado de individuos.
Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que nuclea a once federaciones en dieciséis provincias y reúne a 12.500 trabajadores autogestionados, dijo que “entre el ochenta y cinco y el noventa por ciento de las afiliadas a la Confederación está sin actividad económica y el quince por ciento restante que tiene alguna actividad está por debajo de la facturación habitual”.
Además, desde La Base, una fundación que acompaña con financiamiento y asistencia técnica a grupos asociativos de trabajadores autogestionados, agregaron: “Aquellas empresas que están en actividad laboral, la realizan con equipos reducidos, con grandes esfuerzos para generar, entre pocas personas, ingreso para todo el colectivo”. Desde que inició la cuarentena, La Base otorgó veinte préstamos, sumando un total de cuatro millones de pesos prestados como ayuda al sector.
Uno de los rubros más golpeados, dijo Martínez, es el gráfico. Martín Cossarini es maquinista y tesorero de Artes Gráficas Chilavert, una cooperativa de Nueva Pompeya que a mediados del año pasado estuvo en peligro debido a la amenaza de Edesur de cortar sus servicios por una deuda de 900 mil pesos, imposible de pagar, producto de las subas en las tarifas durante el gobierno de Cambiemos. Hoy, el taller sigue en funcionamiento dado que son proveedores de la industria farmacéutica y alimenticia. Sin embargo, sólo asisten aquellos trabajadores que viven cerca del taller y concurren entre dos y tres veces por semana, según la demanda de trabajo. En cuanto a la situación actual, Cossarini dijo a ANCCOM: “A nosotros nos golpea fuerte porque dependemos del día a día, como un montón de gente. Ninguna empresa recuperada tiene espalda como para aguantar una situación así. Es muy miserable lo que pudimos juntar para repartirnos”. La gráfica, además, está alineada con diversos espacios políticos de cooperativas y el tema que resuena en el diálogo entre ellos es la falta de medidas de asistencia dirigidas específicamente al sector.
En Séptimo Varón, las ventas se redujeron un 40 por ciento.
Luego de intercambios con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el colectivo logró la reactivación del Programa de Trabajo Autogestionado y, con él, la asistencia por medio de la Línea de Emergencia COVID-Línea 1. A través de esta herramienta, los trabajadores de unidades productivas autogestionadas en situaciones críticas recibirán 6.500 pesos de manera mensual durante un máximo de doce meses. Sin embargo, este monto será accesible a partir de junio y el monto continúa siendo menor al de otros tipos de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia y el Salario Complementario. Otra de las últimas políticas para el sector fue la resolución 144/2020 que autoriza a las cooperativas a utilizar, en el año en curso, todo o parte del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. Sobre este punto, Ramiro Martínez dijo que “la cifra de este fondo es insignificante”. El problema pareciera ser de carácter representativo, esgrimen desde distintos ámbitos cooperativos: los decretos 332 y 376 poseen medidas de asistencia económica que alcanzan únicamente a trabajadores en relación de dependencia, excluyendo así a los asociados a cooperativas de trabajo. A este paquete hay que sumar el anuncio de la instrumentación del ya mencionado programa Recuperar, aunque queda por ver cómo se aplica y cuánto demora.
Las trabajadoras de la cooperativa textil Nadia Echazú, ubicada en Avellaneda, no perciben ninguno de los programas de asistencia anunciados hasta el momento. Creada en 2008 por la activista Lohana Berkins, es la primera empresa social gestionada y administrada por mujeres trans y travestis. Su presidenta, Brisa Charlotte Escobar, dijo que desde el inicio de la cuarentena, la cooperativa se encuentra cerrada ya que no hay trabajo. “Las que están más complicadas -dijo- son las que salen a la calle a trabajar de noche. Ellas no tienen un ingreso. Lo único que les queda es recurrir a un comedor comunitario”. Sin embargo, la difícil situación de la cooperativa no se explica únicamente por la cuarentena: “Los cuatro años anteriores fueron terribles”, subrayó Escobar.
El gobierno anterior no tuvo políticas que favorecieran al sector: los tarifazos, un mercado interno retraído, la apertura a las importaciones y la falta de medidas para proteger a las cooperativas devino en años muy difíciles para, si no todas, la mayoría de ellas. En el caso de la cooperativa metalúrgica Cooperar 7 de Mayo, de la ciudad santafecina de Villa Constitución, el contraste fue notorio. “Tuvimos un crecimiento exponencial entre el 2003 y el 2015. Pudimos salir de las deudas que habíamos quedado y llegamos a ser casi 300 trabajadores. Como no dábamos abasto con la demanda de trabajos los hacíamos de a cinco cooperativas juntas. A partir del 2016 empezamos a resistir y a retroceder en condiciones: llegamos con lo justo a fines de 2019, con 170 compañeros en el plantel, pero con trabajo casi para 100”, dijo el presidente de la cooperativa, Cristian Horton, también presidente de FECOOTRA y tesorero de Conarcoop. Desde el 29 de marzo hasta el 24 de abril pasados, la cooperativa estuvo totalmente parada y desde hace pocos días comenzó a tener una escasa actividad.
“Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes», dice Federico Chab de Séptimo Varón.
El rubro que no sufrió un parate total pero sí la baja considerable del consumo fue el de la alimentación. Con los salones de bares y restaurantes cerrados, estas cooperativas perdieron su mayor entrada de ingresos y los mayoristas que les vendían a estos comercios, también. Séptimo Varón es una cooperativa que se especializa en la producción de quesos y lácteos y actualmente posee siete almacenes de venta al público minoristas que permanecen abiertos, cinco en la ciudad de Buenos Aires y dos en el conurbano. Sin embargo, para sus trabajadores el problema es otro. Federico Chab, encargado de administración y logística, dijo: “Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes que hoy están cerrados. El consumo se redujo al 40%”. Don Battaglia es uno de los restaurantes cooperativos que dan cuenta de esta situación. La primera semana permaneció abierto, pero ante la falta de flujo de gente cerró sus puertas. “La venta bajó un 80%. El fuerte nuestro siempre fue el salón. El delivery sumaba un poco, era un servicio más que nada para el barrio, pero ahora es lo único que tenemos y no es suficiente”, dijo Rosendo Saucedo, socio fundador y mozo de la cooperativa, ubicaba en Villa Crespo.
“Los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los autogestivos entendemos que no debe ser así», dice Federico Amigo, presidente de Por Más Tiempo.
La baja en el consumo afecta también al rubro mediático. Pilar Ferrari, presidenta de la cooperativa Fábrica de Ideas, que emite Radio Tortuga 92.9 desde la ciudad de Alta Gracia en Córdoba y posee un portal web de noticias, dijo que “un problema importante es la baja de varias publicidades y las dificultades para conseguir pauta municipal o nacional”. En la cooperativa son ocho trabajadores y, si bien durante la cuarentena están trabajando mucho, sus retiros individuales no llegan a 5 mil pesos.
Por otro lado está el caso de Tiempo Argentino, el diario administrado por los trabajadores de la cooperativa Por más Tiempo desde 2016. Para Tiempo, la venta del periódico es la fuente de ingresos más grande. Ante esta situación y alejándose de la lógica de los medios tradicionales (despidos y pagos desdoblados), desde el diario apuestan a la creatividad y a una mayor organización. Su presidente, Federico Amigo dijo que “mientras los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los medios autogestivos entendemos que eso no tiene que ser así y seguimos con nuestro compromiso de seguir informando de la mejor manera posible”.
Desde la fundación La Base sostuvieron que “la salida ante esta situación es colectiva y solidaria” y propusieron hacer consumo cooperativo y difundirlo. Por otro lado, con respecto a las medidas necesarias para el sector, Ramiro Martínez dijo que “la solución más fácil es poder igualar el Salario Complementario a la instancia del Programa de Trabajo Autogestionado. La gran mayoría de nuestras cooperativas son PyMES, la razón jurídica nuestra en la cual somos trabajadores asociados organizados nos deja por fuera de cualquier asistencia de las que fueron anunciadas”.
Abr 23, 2020 | Comunidad
“Una de las cosas que más se siente es la pérdida del lazo social y de la rutina”, dice Riva Roure.
Desde el 20 de marzo, a partir de la declaración de la cuarentena total preventiva y obligatoria, la sociedad argentina vive una situación excepcional. No sólo el aislamiento físico es una novedad sino también el conocimiento de un virus que potencialmente puede afectar a cualquier persona. Ante esta situación única en el país y en el mundo, ANCCOM conversó con diferentes especialistas en salud mental para dar a conocer cómo impacta el contexto de confinamiento y pandemia.
“Una de las cosas que más se siente -dijo María Rosa Riva Roure, médica psiquiatra directora del Hospital Interzonal Dr. José A. Esteves- es la pérdida del lazo social y de la rutina”. Sobre el distanciamiento, los profesionales destacaron, a su vez, que este debería ser físico y no social. Es decir que, a partir de las tecnologías de la comunicación, el lazo social se puede mantener y es recomendable hacerlo para no estar frente a un aislamiento subjetivo.
Interrogado por los padecimientos más frecuentes en este contexto, Oscar Cott, responsable del área de prensa de la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que lo que aparece en términos generales es la angustia, la ansiedad y la apatía. Esta última es un mecanismo de defensa frente a una situación que puede ser traumática e implica la desconexión y la imposibilidad de expresar sentimientos frente a dicha situación. Además de malestar, otro problema que conllevan estos padecimientos es “la desconexión que hay con el resto de las personas que están atravesando por la misma situación”, aclaró Cott.
«Hay que tener en cuenta que el desgano, la desmotivación y la dificultad con la rutina son respuestas predecibles y no está mal que una persona no tenga ganas”, explican desde el Área de Salud Mental del Cels.
Desde la perspectiva del grupo interdisciplinario del área de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “les afectades somos todes”. En diálogo con ANCCOM dijeron: “Todas las personas en este contexto hemos visto alterada de un modo significativo la cotidianeidad. Aspectos muy básicos de la vida de cada une se ven conmovidos. Entonces, esto ya en sí mismo genera una afectación generalizada. Además está vinculada a un tema de salud en el que se ponen en juego cuestiones ligadas a la enfermedad, la muerte y miedos”.
También aclararon, desde el área de salud mental del CELS, que estos efectos en la salud mental de las personas son esperables. “No somos de la idea de que hay que de primera mano empezar a psicopatologizarlos y no creemos que haya que hablar de que todo el mundo está enfermo, ansioso, deprimido como si fuera algo del orden de la enfermedad, cuando en realidad son efectos esperables. Es muy importante tener en cuenta que el desgano, la desmotivación y la dificultad con la rutina son respuestas predecibles frente a una situación tan atípica como esta y no está mal que una persona no tenga ganas”, explicaron.
El confinamiento tiene efectos diferentes según los factores materiales, las condiciones y características de las personas. “Depende muchísimo de dónde vivan. No es lo mismo una casa que un departamento y no es lo mismo un departamento con un balcón que uno interno que da a una pared o gente que depende todo el tiempo de luz eléctrica”, dijo María Rosa Riva Roure a ANCCOM.
“Es importante destacar las diferencias materiales fruto de las inequidades sociales”, sostuvo Analía Zanatta, médica psiquiatra del Ministerio de Salud de la Nación e integrante de la Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM). “No es lo mismo estar en una casa en familia con espacios diferenciados que en aquellos barrios donde hay más conglomerado de gente o en la misma habitación hay varias personas. Creo que es un transitar de dos maneras distintas frente a una misma situación con igual riesgo de vulnerabilidad de infección pero no de transitarla”, argumentó Zanatta.
La sobreinformación puede transformarse en un problema, dicen los especialistas.
Recomendaciones
Las especialistas remarcaron que la situación excepcional que existe actualmente es de carácter transitorio. Además, señalaron que mantener los lazos sociales y reforzar los solidarios resulta vital para no enfrentarse a un aislamiento social, sobre todo en adultos mayores, y sostener vínculos sanos con la comunidad. Sobre esto, Zanatta resaltó: “Es importante rescatar mucho el valor del apoyo, de la ayuda mutua y evitar ciertos términos que pueden ser estigmatizantes frente a las personas que se definen como sospechosas de tener Covid-19. En estos casos es recomendable decir ‘personas con covid’ o ‘que se están recuperando de covid’ y no asociar el virus a ningún grupo étnico ni nacionalidad”.
Otra de las recomendaciones que surge con frecuencia es mantener una rutina. Desde el área de salud mental del CELS aclararon que “no todas las recomendaciones son para todas las personas”. Por esta razón sugirieron la construcción de rutinas singulares, propias de cada persona. “De esta forma, encontrar y elegir actividades que sean significativas para cada uno -aunque sean muy pocas- posibilitan construir una rutina nueva que al menos pueda hacer que no todos los días sean idénticos”, detallaron desde la entidad.
La sobreinformación también es un problema que trae efectos en la salud mental de la población. Por esta razón, las recomendaciones de las especialistas apuntan a dosificar la información, buscar fuentes confiables y oficiales, chequear la información, no contribuir en la circulación de rumores, actualizarse una vez al día y no estar pendiente de manera constante de las redes sociales y de los programas de televisión informativos.
«Si el malestar empieza a ser insoportable para la persona es importante buscar ayuda», dicen desde el Cels.
Ayuda profesional
Si las dificultades para el desarrollo del cotidiano son muy grandes existen otras recomendaciones más específicas. “Es muy importante prestar atención a si el aislamiento o cualquier otra situación empieza a generar un malestar muy profundo y afecta los distintos aspectos de la vida de una persona. Es decir, si el malestar empieza a ser insoportable para la persona es importante buscar ayuda y consultar a través de los canales que existen actualmente”, aclararon desde el CELS.
La Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud del Ministerio de Salud bonaerense presta un servicio de atención psicológica marcando a la línea gratuita 0800-222-5462 las 24 horas de lunes a viernes, y sábados, domingos y feriados de 9 a 22. A su vez, en las provincias se están llevando a cabo programas de atención y contención psicológica desde los gobiernos, muchos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y el Colegio de Psicólogos de cada provincia.
Desde el Centro de Asistencia al Suicida, en tanto, informaron de un incremento en las consultas que reciben. Nora Fontana, la vicepresidenta de la institución y encargada de difusión, dijo: “Recibimos más consultas y por eso alargamos el horario de atención y les pedimos a los voluntarios si podían donar más horas”. El trabajo de asistencia al suicida que brinda el centro es totalmente voluntario y siempre necesita de personas que presten ayuda. En la página hay recomendaciones para evitar suicidios, para prestar atención a estos temas y saber cómo desenvolverse. En el sitio web detallan: “Si usted, o algún familiar o allegado suyo está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, no lo dude, llámenos: 135 (línea gratuita desde Capital Federal y Gran Buenos Aires) y (011) 5275-1135 (desde todo el país)”. El horario de atención es de 8 a 2 de la mañana y el llamado es confidencial, personal y anónimo.
Personas con trastornos graves
A partir de la Decisión Administrativa 490/2020 se suman a las personas con discapacidad y aquellas comprendidas dentro del colectivo de trastorno del espectro autista como personas exceptuadas del cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Por eso, pueden salir a la vía pública -siempre que no sean personas de riesgo por edad o enfermedades respiratorias- para realizar paseos breves con un único acompañante y los documentos requeridos.
En cuanto a las personas que se encuentran en manicomios, desde el grupo interdisciplinario de salud mental del CELS brindaron recomendaciones para garantizar sus derechos en tiempos de cuarentena obligatoria. Entre las principales se encuentran garantizar el derecho a la comunicación que implica el derecho a la accesibilidad y a la disponibilidad. En este punto, para no contribuir a un aislamiento simbólico de esta población propusieron el acceso a un celular por sala. Por otro lado se encuentra la importancia de asegurar que la cuarentena no signifique un recrudecimiento del encierro. Finalmente, garantizar también el derecho a la seguridad social, a la circulación y a contar con los sistemas de apoyo que sean elegidos por la persona. Por último, para mantener estable la salud mental de la población, la psiquiatra Analía Zanatta recordó: “Todos desde su lugar son importantes, todos pueden ayudar y cada uno puede contribuir a reducir el riesgo en sí mismos y en su entorno”.
Mar 25, 2020 | Novedades, Vidas políticas
Daniel tiene 28 años, vive en Merlo y se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para hacer su jornada de trabajo como vendedor de paltas en la zona de Congreso. Tomaba dos colectivos y el tren para llegar al Mercado Central y comprar su mercadería. Luego, un colectivo y dos líneas de subte lo dejaban en el lugar de trabajo que ocupaba los 13 años. El jueves pasado, ANCCOM conversó con él sobre el desarrollo de su labor en medio del distanciamiento social y la posibilidad inminente de la declaración de la cuarentena total obligatoria. “Nos está afectando una banda. Yo en general salgo para ganarme aunque sea 800 pesos por día. Ya la semana pasada, antes de la cuarentena, sacaba apenas 500, dijo. Además sostuvo: “La cuarentena total a nosotros nos arruina. No sé qué vamos a comer. No sé qué voy a hacer”.
Un discurso similar tuvo Mirna Martínez, de 36 años, vendedora de flores en un puesto de Tucumán y Callao. El negocio es un emprendimiento familiar que tienen hace 16 años su madre y su hermano, donde ella trabajaba para poder solventar los gastos que le acarrea la Carrera de Enfermería. Mirna dice tener la suerte de que su marido tiene un sueldo fijo y puede mantener los gastos de su hogar. Sin embargo, el resto de su familia no cuenta con las mismas posibilidades: “Nosotros somos independientes: no trabajamos, no hay plata. Esto es el día a día”. Hasta el jueves pasado, dice Mirna, la venta ya había caído un 70% debido a la disminución de la gente en la calle. Ahora, el puesto floral directamente está cerrado.
La mayoría de las y los vendedores destacaron también la importancia de tomar medidas preventivas de cuidado y distanciamiento. “Los últimos días estaba yendo a mi puesto más que nada porque hay una mecánica de laburo que si no vendo las revistas en determinado tiempo las tengo que pagar yo. No me quedaba otra que tratar de alivianar lo que se me iba juntando de deuda con los proveedores. Ahora no sé…”, dice Ana, de 55 años, vendedora de un puesto de diarios.
El trabajo informal y monotributista se ve afectado de manera inmediata, como ningún otro sector, por la medida decretada de cuarentena preventiva y obligatoria. Adevertidos de esta situación, el ministro de Economía Martín Guzmán y su par de Trabajo Claudio Moroni anunciaron el lunes desde la quinta presidencial de Olivos medidas para proteger al sector: la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes informales o monotributistas de clase A y B que cubre a personas entre 18 y 65 años. El ingreso implica un pago único de 10 mil pesos por el mes de abril que puede repetirse si las circunstancias lo ameriten.
“Este ingreso familiar de emergencia -dijo Guzmán- va a beneficiar a aproximadamente 3 millones 600 mil hogares en la Argentina”. La medida se dirige a personas con trabajos independientes –argentinas y argentinos nativos, naturalizados o residentes legales con más de dos años- cuyas familias no reciben otro ingreso ni están protegidas por otras prestaciones del Estado. “No es un ingreso para jubilados o pensionados, tampoco para quienes reciben programas asistenciales: es un ingreso para trabajadores que quedan en situación de vulnerabilidad”, dijo el titular de Economía. La excepción son las familias que reciben la AUH, que es un programa compatible con el ingreso familiar de emergencia.
“El sistema va a ser muy simple”, dijo Moroni. Las normas las pautará ANSES y el Ministerio de Trabajo. Según dio a conocer el ministro habrá una página web donde se podrá hacer la inscripción en un plazo entre 10 y 15 días. “Esperamos que en los primeros días de abril ya esté habilitada la aplicación”, concluyó Moroni.
Para el gobierno nacional, esta medida viene a completar el paquete económico y de ayuda social anunciada la semana pasada por los ministros Guzmán, Matías Kulfas y Daniel Arroyo. Entre las medidas económicas se encuentran la exención del pago de contribuciones patronales a sectores afectados de forma crítica por la pandemia, la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y el refuerzo del seguro de desempleo. En cuanto a las resoluciones dirigidas a las y los más vulnerables, anunciaron la implementación de un pago extraordinario de 3.103 pesos para quienes perciben la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el cobro adicional de 3.000 pesos para jubilados o pensionados con la mínima y el refuerzo en la provisión de alimentos en comedores comunitarios y espacios de contención de sectores vulnerables. Otras medidas consisten en el relanzamiento del plan Procrear y el establecimiento de precios máximos por 30 días para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos. El interrogante es si alcanzará.
Mar 4, 2020 | Comunidad, Novedades
A los chicos sin vacantes hay que sumarles otros 12 mil que asisten a Centros de Infancia y de Desarrollo Infantil.
El problema de la falta de vacantes en el sistema público educativo de la Ciudad de Buenos Aires presenta larga data y se profundizó en los últimos años, en paralelo a la crisis económica y a la decisión de muchas familias de llevar a sus hijos e hijas a escuelas públicas por no poder sostener los costos de una educación privada. Aunque la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ha declarado a lo largo de los años que “no hay faltante de vacantes en la Ciudad porque el Gobierno está obligado a brindar vacantes a partir de los 4 años”, la Constitución de la Ciudad lo desmiente. En su artículo 24 reconoce que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.
Hoy 16.364 chicos, chicas y adolescentes están en lista de espera para obtener una vacante, según datos que relevó Tiempo Argentino. La gran mayoría corresponde al Nivel Inicial (12.370), luego al Nivel Primario (3.355) y, por último, al Nivel Secundario, con 639. A esta cifra se suma la cantidad de chicos y chicas que están en los Centros de Primera Infancia (CPI) y Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), unos 12 mil. En suma, el número de chicos sin vacante en el sistema educativo público alcanza los 28.364.
Los CPI de la Ciudad de Buenos Aires dependen del área de Desarrollo Social y no tienen un abordaje educativo en el cuidado de los niños y las niñas. Según el informe “Derechos vacantes” del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), “estas instituciones están en un escenario de desigualdad de recursos con respecto a las escuelas públicas, denegando de esta manera el ejercicio efectivo de un derecho universal”.
“Tengo un amparo judicial contra la Ciudad por negar la educación pública para mi hija», dice la mamá de Jazmín.
Patricia Pines, docente y voluntaria en Vacantes Para Todxs, una organización que ayuda dando herramientas y acompañamiento a familias perjudicadas por la falta de lugar en las escuelas dijo a ANCCOM que “los Centros de Primera Infancia surgieron en la provincia de Buenos Aires para suplir la ausencia estatal”. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires estas instituciones proliferaron en los últimos años. “Pasaron de ser alrededor de 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual no es que el Estado está ausente, el Estado tiene una política pública que es de precarización, de vaciamiento y de privatización de la primera infancia en las escuelas públicas y la derivación de esa matrícula a escuelas privadas”, sentenció Pines.
La zona sur de la Ciudad de Buenos Aires históricamente es la más afectada. El informe de OUBA informa que “el mapa de la distribución de los CPI marca la abrumadora presencia de estas instancias paliativas en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias que están atravesando una fuerte crisis económica. Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza aún más su situación de exclusión social”. Sin embargo, Pines aclara que este año recibió quejas de muchos otros lugares de la ciudad. “Eso antes era algo casi exclusivo de zona sur, no pasaba en otros barrios. Pero ahora esta problemática se extendió”, dijo.
Otros problemas se suman al de la falta de vacantes. “Paralelamente no se construyen escuelas infantiles, se intenta el cierre de los institutos de formación docente y se cierran escuelas infantiles como la del Hospital Ramos Mejía. Es un combo que en realidad apunta a tercerizar la escuela pública”, afirmó Pines a este medio. Desde 2018, el Gobierno de la Ciudad buscó trasladar la Escuela Infantil Nº 6 del Hospital Ramos Mejía al establecimiento de la Manzana 66, creado para que funcione un nuevo jardín gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas. De esta manera, las nuevas vacantes que se pensaban abrir quedaban en gran parte ocupadas por los chicos y chicas que iban a ser trasladados: se abría una escuela para cerrar otra y el problema de las vacantes queda sin solución aparente. Ayer, a partir del incansable esfuerzo de madres y padres y el amparo colectivo que presentaron contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial dictaminó finalmente la nulidad absoluta del cierre, fusión y/o traslado de la escuela.
“Si se van a construir nuevas escuelas que no sean nuevos edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas donde se construya y se habilite más matrícula”, dijo en diálogo con ANCCOM Micaela López Rodríguez, una de las fundadora de La Vacante es un Derecho, otra organización que acompaña y asesora a familias víctimas que no pueden inscribir a sus hijos en los establecimientos estatales. Además, sostiene que es necesario “hacer un seguimiento sobre lo que pasa con aquellos edificios donde funcionaban escuelas que se mudan a establecimientos nuevos, que deliberadamente el Gobierno de la Ciudad deja caer en pésimas condiciones para después derribar las construcciones y rematarlas a amigos del poder de turno”.
Los Centros de Primera Infancia pasaron de ser 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Dentro del problema de la falta de vacante surge uno particular vinculado a la cuestión de género. Según Mónica Tarducci, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, “en su enorme mayoría son las mujeres las que están a cargo (del cuidado de la infancia)”, y son ellas quienes se ocupan de lo relativo a los traslados y del “acompañamiento en los pedidos de las escuelas o la comunicación con las y los docentes”. Micaela López Rodríguez señala que “el problema de la falta de vacante lo terminamos resolviendo en la mayor parte de los casos las feminidades: el problema afecta directamente en el trabajo o las ocupaciones de la mujer”. A su vez agrega: “Poder conseguir vacantes a nuestros hijos no es solamente algo que viene a hacer respetar los derechos de los niños, sino también a dignificar las tareas de cuidado y a entender que todas las personas que ejercen estas tareas tienen la misma necesidad de trabajar, de desarrollarse profesionalmente o de descansar y tener tiempo de ocio”.
Este es el caso de Jazmín, madre que se encuentra en la lista de espera para conseguir vacante para su hija de un año en el jardín maternal del Hospital Tornú: “En este momento me encuentro con un amparo judicial contra el Gobierno de la Ciudad porque niega la educación pública para mi hija y me obliga a tener que caer en la educación privada, lamentablemente”. Un proceso similar vive Carolina, madre de una hija de dos años y medio, que quiso buscar este año vacante para ella pero por segundo año consecutivo le fue negada. Su situación, como la de muchas madres y familias es complicada. “Actualmente soy madre soltera, y desempleada –cuenta-, lo que me dificulta horrores conseguir un trabajo. No tengo familiares disponibles que la puedan cuidar, todos trabajan, y pagar una niñera o un jardín privado menos, porque no cuento con los recursos económicos para hacerlo y poder salir a conseguir trabajo”.
La solución, sostiene Micaela López Rodríguez, no tiene que ver únicamente con construir nuevas escuelas. “También es necesario frenar la política de construcción de Centros de Primera Infancia en detrimento de la de escuelas públicas, no construir edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas que habiliten más matrícula y poner el ojo sobre el presupuesto educativo y la cantidad enorme de partida presupuestaria que sustenta a la educación de gestión privada a través de subsidios”, dijo a este medio.
